- La necesidad de escuchar y aprender de las comunidades locales

Los diferentes casos que se abordan en este boletín describen una amplia gama de situaciones en las que los bosques están siendo destruidos o conservados. Contrariamente al discurso de muchos expertos, estos casos muestran que la deforestación está más ligada a las políticas aplicadas por los gobiernos que a las acciones que desarrollan las comunidades locales. Además, nos muestran que en los casos en que se están conservando los bosques, esto es más el resultado de los esfuerzos de la comunidad organizada que de la acción gubernamental.

El madereo comercial, legal e ilegal, es claramente una causa central de la deforestación, pero los gobiernos lo continúan promocionado. Las grandes compañías, en su mayoría extranjeras, cosechan los beneficios mientras los impactos recaen sobre las comunidades locales y dentro de las mismas, especialmente sobre las mujeres y los niños.

No hay duda de que las represas hidroeléctricas a gran escala destruyen grandes áreas de bosques y con ellas las fuentes de sustento de las poblaciones locales. Sin embargo, se las continúa promocionando. Nuevamente, los beneficios van a parar a manos de grandes compañías, muchas de ellas extranjeras, en tanto las comunidades locales sufren las consecuencias.

La historia de la explotación y el transporte de petróleo y gas en el trópico es una historia de violaciones de los derechos humanos y destrucción del medio ambiente. Ecosistemas boscosos enteros son destruidos, incluyendo la corta de los árboles, la desaparición de la fauna y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. A pesar de la creciente oposición local, se siguen fomentando actividades relacionadas con el petróleo y el gas.

La minería es otra industria extremadamente contaminante y destructiva, que produce importantes impactos sobre los pueblos locales. Otra vez los beneficios son para las compañías extranjeras cuyas actividades están fomentadas y respaldadas por los gobiernos nacionales.

Incluso una actividad aparentemente benigna como el turismo es muchas veces causante de la destrucción de los bosques para dar paso a grandes infraestructuras diseñadas par atraer turistas extranjeros.

La plantación de árboles a gran escala para la producción de celulosa o como sumideros de carbono también tiene por resultado la destrucción del bosque, directa e indirectamente, y afecta a ecosistemas enteros, incluyendo la biodiversidad, los suelos y las aguas y a las fuentes de sustento de las poblaciones locales. Sin embargo, sigue siendo fomentada a nivel nacional e internacional.

Además, muchas políticas gubernamentales, tanto sectoriales como macroeconómicas, causan la pérdida de bosques. Puede parecer que esas políticas no guardan relación alguna con los bosques, pero su resultado final sobre los mismos puede resultar devastador. Por ejemplo, la promoción de determinados cultivos comerciales para la exportación, o las altas tarifas de la electricidad, pueden fomentar la sustitución de bosques por cultivos agrícolas o la corta de árboles para la producción de carbón. A pesar de eso, las políticas de los gobiernos continúan ignorando estos impactos.

En el marco de los ejemplos mencionados anteriormente, es muy difícil para las comunidades locales proteger los bosques que constituyen su hogar y su fuente de sustento. Sin embargo, a pesar de las dificultades, continúan luchando por lograr este objetivo. No solamente hacen esfuerzos para oponerse a los proyectos de "desarrollo" que afectarán sus vidas, sino que al mismo tiempo tratan de construir alternativas para el uso sustentable de esos bosques, entre las cuales el manejo comunitario de bosques es quizás la más conocida.

En resumen, resolver la crisis de los bosques implica cambiar aquellas políticas, nacionales e internacionales que están afectando a los bosques, y en su lugar aplicar nuevas políticas para brindar a las comunidades locales un marco adecuado para que puedan proteger aquello que es de su interés proteger. Los gobiernos, las agencias multilaterales y bilaterales, las empresas y otros actores importantes deben comenzar por escuchar a las comunidades y aprender de ellas. Ése sería el mejor punto de partida para asegurar la supervivencia de los bosques y de sus pueblos.

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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

AMERICA DEL SUR

- Bolivia: gasoducto de Shell y Enron en el Bosque Chiquitano

La construcción del gasoducto Bolivia – Brasil, que realizaron las petroleras Shell y Enron, ha afectado un área de 6 millones de hectáreas de bosque Chiquitano, en el cual habitan 178 comunidades indígenas y campesinas, que por cientos de años han estado en manos de los indígenas chiquitanos y ayoreos.

Para otorgar el crédito de 200 millones de dólares necesarios para la construcción del gasoducto, la agencia norteamericana de fomento a las exportaciones, OPIC (Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero) exigió a Enron la implementación de un plan de conservación del bosque seco Chiquitano.

Para cumplir el requisito exigido por la OPIC, las empresas Enron, Shell y su subsidiaria en Bolivia TRANSREDES crearon el "Programa para la Conservación del Bosque Chiquitano" que luego pasó a llamarse Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), asociándose con 4 ONGs. A mediados del año 1999 una de las organizaciones que originalmente era parte del Programa renunció alegando "falta de transparencia, conflictos de intereses entre los ejecutores y falta de representación y participación de los sectores afectados en la toma de decisiones".

El compromiso firmado entre las empresas petroleras Enron y Shell y las ONGs conservacionistas, establece un financiamiento de 30 millones de dólares para 15 años (provenientes de aportes voluntarios efectuados por dichas empresas), para ser utilizados en actividades de conservación resultantes de un plan previamente elaborado por la Fundación (FCBC).

Pero como era de prever con la Shell y Enron por detrás las cosas no iban por buen camino. A mediados del año 1999, la CPESC (Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz) presentó la primer denuncia contra la Fundación por violación de leyes y derechos de pueblos indígenas. A partir de ese momento una cadena de acciones legales ha comenzado. Las irregularidades y anomalías que se denuncian contra la FCBC son muchísimas. Se refieren a que el trabajo de la FCBC crea división entre las organizaciones actuantes en la zona, avasalla territorios y comunidades indígenas y campesinas sin contar con su acuerdo y consenso, establece convenios ilegítimos que no consideran las opiniones de las comunidades locales, realiza investigación científica que atenta contra los derechos intelectuales de las comunidades, negocia con recursos naturales que no le pertenecen, entre otras.

Las pueblos chiquitanos, guarayos, ayoreos y guaraníes afectadas demandan que:

Se efectivicen las garantías constitucionales y administrativas vigentes que impidan el funcionamiento y operación de la FCBC en el bosque seco chiquitano mientras no exista el consenso de las organizaciones y comunidades afectadas; que el Gobierno nacional aplique la ley garantizando respecto de los derechos campesinos e indígenas y exija a las empresas Enron y Shell den cumplimiento a las resoluciones emitidas por autoridades competentes; que las instancias gubernamentales competentes, no den curso a la solicitud de personalidad jurídica solicitada por la FCBC; que se de participación directa de las organizaciones campesinas e indígenas en las instancias de decisión y administración para la conservación del bosque chiquitano; reorientar los mecanismos de conservación del bosque chiquitano en el marco de las leyes vigentes y especialmente restituyendo y garantizando la vigencia de los derechos estipulados en el Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por ley 1257 de 1991.

Una vez más, son los pueblos indígenas quienes intentan proteger el bosque, que por años han manejado sustentablemente, frente a la destrucción provocada por el "desarrollo" y disimulada con supuestos proyectos de conservación que constituyen un atentado más contra sus derechos.

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- Brasil: el derecho de Aracruz y el derecho de la gente

 artigo em portugues

La creciente concentración de tierras por parte de Aracruz Celulose en Espirito Santo y extremo sur de Bahia y su posterior plantación con monocultivos de eucaliptos está generando una creciente oposición. Una muestra de esto fue el Seminario Internacional organizado en el mes de agosto por la Asamblea Legislativa del Estado de Espirito Santo, sobre el eucalipto y sus impactos (ver boletín 49 del WRM). Sin embargo, los organismos responsables del estado no parecen estar aun dispuestos a encarar los estudios necesarios para reglamentar esta actividad.

Frente a la inacción de los organismos competentes, el Movimiento Alerta Contra el Desierto Verde decidió documentar los impactos ambientales resultantes de las plantaciones de eucalipto y para ello realizó un relevamiento fotográfico en propiedades rurales de la empresa Aracruz Celulose en el extremo sur del estado de Bahía, recorriendo más de 4 mil kilómetros en los municipios de Prado, Alcobaça. Caravelas, Teixeira de Freitas, Mucuri y Nova Viçosa. Posteriormente, tres técnicos de las organizaciones que componen el Movimiento analizaron esta información y concluyeron que no solo no se está cumpliendo con la legislación ambiental brasilera, sino que tampoco se hace un seguimiento adecuado por parte de los órganos ambientales competentes, por lo que se justifica plenamente una investigación exhaustiva a partir de las pruebas documentadas. Dicho relevamiento está disponible (en portugués) en: http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Cepedes.html 

Pero las plantaciones de monocultivos forestales a cargo de empresas transnacionales no sólo tienen impactos ambientales, sino también sociales, derivados de la creciente concentración de tierras en un contexto en el que miles de campesinos están exigiendo tierra para trabajar. Un caso concreto es el de la hacienda Barba Negra en Espirito Santo, recientemente adquirida por la empresa Aracruz Celulose. En ese predio de 400 hectáreas viven 12 familias, a las que la empresa había dado plazo para desocupar hasta el 5 de setiembre.

También aquí, frente a la inacción de los organismos competentes frente a la empresa, la sociedad civil tomó cartas en el asunto y el 4 de setiembre un grupo de 200 familias de trabajadores rurales sin-tierra ocuparon la hacienda Barba Negra. José Brito, Coordinador Estadual del Movimiento Sin-Tierra (MST), afirma que "los ocupantes deben permanecer en la tierra haciendo valer el derecho a la reforma agraria".

En definitiva, en la región se está viviendo una contradicción entre dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho de una empresa a adquirir tierras para destinarlas a la plantación de eucaliptos y por otro lado el derecho de la gente local a una vida digna y a la conservación de su ambiente natural. La Asamblea Legislativa del Espirito Santo tiene ahora la oportunidad de interceder en favor de la población local levantando el veto impuesto por el gobernador a la ley que busca reglamentar el plantío de eucaliptos en el estado. Por su lado, el gobierno central tiene la oportunidad, a través de su Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, de destinar sus recursos a proveer de tierra a las miles de familias que la están exigiendo para poderla trabajar. El futuro próximo dirá cual de los dos derechos --el de una empresa o el de la población local-- prima sobre el otro.

Artículo basado en información obtenida de: Geise Pereira da Silva, correo electrónico: geiseps@terra.com.br ,"Sem-Terra ocupam fazenda da Aracruz Celulose" - Secretaria do MST; "Levantamento iconográfico em propiedades de Aracruz Celulose" - Cepedes.

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- Chile: la forestería comunitaria como modelo alternativo

El modelo forestal chileno es conocido en Latinoamérica por el uso de alta tecnología en el cultivo del pino y el eucalipto a gran escala, el rápido crecimiento de las exportaciones y los subsidios estatales a las plantaciones. Poco se dice de los impactos sociales y ambientales de estas plantaciones de rápido crecimiento.

El desafío de encontrar alternativas a dicho modelo con mayores niveles de sustentabilidad desde los puntos de vista económico, ambiental y social con un mayor nivel de pertinencia cultural nos lleva a mirar hacia otras formas de manejo del bosque que practican comunidades campesinas e indígenas.

Desde tiempos prehispánicos, las comunidades indígenas utilizaron sus bosques para la satisfacción de una amplia gama de necesidades. Múltiples productos eran cosechados y recolectados, incluyendo frutos, hongos, tallos, plantas medicinales, leña, madera y forraje. Los bosques también eran parte de un paisaje cultural donde reglas tradicionales regulaban el acceso a los recursos del bosque, dejando zonas excluidas y evitando los problemas de lo que se ha llamado "la tragedia de los espacios comunes".

Luego del proceso de colonización de los territorios indígenas, solo una pequeña parte de los bosques nativos quedó bajo el control de las comunidades y la deforestación se extendió fuertemente por el centro y sur de Chile. A pesar de lo anterior, aún existen extensas zonas de bosques habitados por comunidades indígenas y campesinas que han heredado parte de esta tradición de uso múltiple del bosque. En forma silenciosa, con muy poco apoyo externo, la forestería comunitaria continúa practicándose y ha contribuido a la persitencia de las comunidades y de sus bosque nativos.

En el uso múltiple del bosque y en las reglas comunitarias de control y acceso a este recurso se encuentran algunas claves de la sustentabilidad de la forestería comunitaria. Para obtener diversos productos y servicios de los bosques se requiere mantener la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Si existen reglas que ordenan el acceso a diversas zonas y productos del bosque, la conservación y la equidad en la distribución de los beneficios son más fáciles de alcanzar.

La continuidad de esta forma de uso del bosque no está garantizada, particularmente en el contexto actual en el que existen fuertes presiones externas sobre los bosques. Las ciudades del sur de Chile demandan crecientemente leña para uso doméstico e industrial, las plantaciones forestales se extienden rodeando a las comunidades y sustituyendo bosques nativos aledaños y se establecen grandes proyectos de explotación de los bosques nativos para tableros o astillas.

Por otra parte, las propias comunidades indígenas y campesinas han sufrido fuertes transformaciones. La obtención de ingresos y empleo a partir de los bosques es una demanda más fuerte que en el pasado. La reglas tradicionales de uso del bosque comienzan a debilitarse en las nuevas generaciones.

La complejidad del tema es aún mayor si se considera las demandas de la sociedad nacional y global para que las comunidades sigan conservando sus bosques por su creciente valor como fuente de servicios ambientales tales como paisaje, biodiversidad, producción de agua y almacenamiento de carbono.

Como respuesta a esta situación, en los últimos 5 años han surgido diversas iniciativas de apoyo a la forestería comunitaria en Chile provenientes de agencias de cooperación internacional asociadas a organizaciones nacionales gubernamentales y no gubernamentales. Se pretende levantar un modelo de desarrollo forestal distinto, que contribuya a la conservación de los bosques y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

Se trata de un movimiento muy incipiente en comparación al modelo predominante, que requiere mucha sistematización de experiencias, investigación participativa, difusión y promoción. Si este esfuerzo inicial es exitoso, se demostrará la urgente necesidad de apoyo para la forestería comunitaria tanto por parte del Estado como de los ciudadanos. Las universidades deberán incluirla en sus programa docentes y de investigación y los consumidores comenzarán a preferir los productos y servicios de bosques manejados por comunidades en forma sustentable.

La situación chilena no aparece como una excepción entre los países con bosques del hemisferio sur. Al igual que el modelo forestal industrial construye redes internacionales que hacen posible su existencia, la forestería comunitaria debe avanzar en la formación de redes que contribuyan efectivamente a generar un movimiento que tenga impactos en el terreno, se incorpore a las agendas públicas y privadas, se internalice en las universidades y centros de investigación y se instale en la conciencia ciudadana.

Por: Rodrigo Catalán. correo electrónico: catalanr@terra.cl 

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- Ecuador: continúan las acciones para detener el oleoducto

Una segunda carta conjunta de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos internacionales está circulando, instando al presidente del banco de financiamiento alemán, el Westdeutsche Landesbank (WestLB), al Primer Ministro del Gobierno Federal del Estado de Nordrhein Westfalen, NRW (principal accionista del WestLB), y a los dos ministros responsables por las finanzas y la economía en NRW, a detener el apoyo financiero al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el megaproyecto petrolero ecuatoriano (el texto completo de la carta está disponible en: http://wrm.org.uy/alerts/september01.html)

Como ya informáramos en el boletín 45 del WRM, el plan entre el gobierno ecuatoriano y el consorcio de OCP implica la construcción de un nuevo oleoducto de 500 km. de largo que transportaría entre 390.000 y 450.000 barriles de crudo pesado por día, proveniente de concesiones petroleras en la región de bosques tropicales en el este del país, conocida como el Oriente, a refinerías en Esmeraldas en la costa del Pacífico.

El proyecto de US$ 1.100 millones, demorado durante 10 años principalmente a causa de la inestabilidad política y económica del país y por los riesgos detectados en el proyecto, fue aprobado finalmente por el Gobierno de Noboa a pesar de la creciente oposición pública, y su finalización está prevista para mediados del 2003.

La concesión a OCP Ltd., que duplicará la producción actual de petróleo de Ecuador, es por un período de 20 años e involucra la propiedad, construcción y operación de un oleoducto para crudos pesados. El proyecto es el primero de su tipo en ser ejecutado bajo las nuevas regulaciones en Ecuador que permiten la propiedad y la operación privada de infraestructuras de hidrocarburos. Esta ley, conocida como TROLE II, es parte de las medidas del paquete económico de rescate estipulado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el gobierno ecuatoriano, debido a los casi US$ 16.000 millones de deuda externa y la quiebra de la banca comercial. Los acreedores internacionales impulsan este proyecto como el principal instrumento para la recuperación económica y como la condición previa más importante para otorgar sus créditos.

El drástico aumento esperado en la producción de petróleo, bajo un programa denominado Apertura 2000, dará lugar a un nuevo auge de la exploración petrolera, que el gobierno estima en más de US$ 2 mil millones. La meta es duplicar la producción y las exportaciones de petróleo y privatizar la infraestructura petrolera para atraer inversiones extranjeras a la recientemente "dolarizada" economía del país. Buena parte de las reservas de crudo pesado que podrán fluir a través del oleoducto que comenzará en Lago Agrio (Amazonia), probablemente se encuentren en áreas prístinas y protegidas de gran biodiversidad y alta actividad turística.

Sin haber efectuado una evaluación apropiada de los impactos adversos a largo plazo sobre las áreas prístinas, la salud pública y los recursos hídricos de la región amazónica, el consorcio avanza con su controvertida propuesta de construcción de la ruta norte del oleoducto, a pesar de la fuerte oposición entre los científicos, el sector de turismo ecológico, las comunidades locales y los propietarios de tierras, y sin que haya existido una discusión pública adecuada sobre las rutas alternativas. Quienes critican el proyecto sostienen que éste viola la Constitución de Ecuador, que exige la consulta previa a las comunidades afectadas.

Y todavía queda sin contestar una pregunta obvia: si en los últimos 30 años los ingresos por petróleo no lograron mitigar la pobreza ni mejorar el estándar de vida del país, sino que muy por el contrario, las comunidades que viven en las regiones en que se produce petróleo o cerca de las refinerías sufren en carne propia los impactos sociales y ambientales de la producción petrolera, incluso los índices de cáncer más altos y otras enfermedades degenerativas de Ecuador, y su calidad de vida continúa empeorando, ¿por qué razón "más de lo mismo" produciría un cambio?

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AMERICA CENTRAL

- Honduras: nace la Redmanglar latinoamericana

Treinta delegad@s de 10 países latinoamericanos se reunieron en Choluteca, Honduras, del 27 al 30 de agosto, para constituir la REDMANGLAR, cuyo objetivo central es el de defender los manglares y los ecosistemas costeros, garantizando su vitalidad y la de las poblaciones que viven en relación con ellos, frente a las amenazas e impactos de las actividades susceptibles de degradar el ambiente, principalmente las industriales.

Como objetivos específicos, la Redmanglar se plantea:

1.- Detener la expansión de las actividades económicas industriales inapropiadas en los ecosistemas costeros por considerarlas destructivas.

2.- Fortalecer el desarrollo integral de las comunidades locales y sus organizaciones de base y promover los intercambios, conocimientos y experiencias.

3.- Recuperar las arreas remanentes de manglares y ecosistemas costeros degradados, en abandono u ocupadas ilegalmente por las industrias para su reincorporación al uso, manejo y custodia de las comunidades.

4.- Denunciar y frenar los intentos de legalización y el financiamiento internacional de la acuacultura industrial, la industria turística y otras.

5.- Obtener de los estados, gobiernos y empresarios el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas.

6.- Incidir y demandar para que los gobiernos adopten políticas, cumplan y expidan leyes y otros instrumentos legales en concordancia con tratados internacionales que permitan la conservación de los manglares y ecosistemas costeros.

7.- Divulgar, promover y articular los esfuerzos locales por la defensa de los recursos naturales y las comunidades locales.

8.- Sensibilizar y capacitar sobre el valor del manglar y de los ecosistemas costeros a nivel nacional e internacional.

9.- Fomentar como principio y estrategias la solidaridad internacional en apoyo a los objetivos de la REDMANGLAR.

10. Denunciar aquellas actividades industriales que actualmente están afectando fuertemente los manglares y ecosistemas costeros, principalmente la camaronicultura y el turismo industrial.

La Secretaria Ejecutiva de la red estará localizada en Honduras (Coddeffagolf) durante los próximos dos años, por lo que las personas y organizaciones interesadas en integrarse a la misma pueden solicitar información a la siguiente dirección: cgolf@sdnhon.org.hn 

Artículo basado en información proporcionada por Elmer López, 4/9/01, correo electrónico: elmer.lopez@dialb.greenpeace.org 

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- Jamaica: deforestación vinculada a minería, agricultura y turismo

Jamaica, la tercera isla más grande del Caribe está dominada por una extensa cordillera. La isla estuvo en algún momento casi completamente cubierta por bosques, que se dividen en cuatro tipos principales, cuya distribución está determinada por el patrón pluviométrico: bosque seco en las montañas y tierras bajas del sur, bosque intermedio en las tierras altas del centro del país, bosques húmedos y muy húmedos en Cockpit Country y en las Montañas John Crow, y bosques tropicales muy húmedos (en tierras bajas y montañas).

Actualmente las tierras bajas de Jamaica han sido taladas principalmente para dedicarlas a la agricultura, y en total se han perdido más de 75% de los bosques originales. Los bosques que quedan son en su mayoría secundarios y solamente el bosque de montaña en la parte más remota e inaccesible de la isla ha sobrevivido sin alteraciones.

El huracán Gilbert sembró el caos en Jamaica en 1988, con lluvias torrenciales y vientos fortísimos. A continuación hubo grandes inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron un gran número de muertos, personas sin vivienda y gran parte de la infraestructura del país destruida. Pero no toda la culpa debe atribuirse a la naturaleza. La creciente deforestación de las montañas jamaiquinas y la erosión del suelo resultante empeoró el impacto del huracán.

El país tiene un triste record en cuanto a la velocidad de la deforestación, en gran parte debido al rápido crecimiento de la industria turística y la expansión de la agricultura, principalmente las plantaciones de café. En la medida que la industria turística reemplaza playas y bosques por medio de la construcción de nuevos hoteles y carreteras, las prácticas agrícolas inadecuadas sobre las tierras en donde antes crecían los bosques producen una erosión del suelo acelerada que causa sedimentación aguas abajo e inundaciones. Como una reacción en cadena, esto determina la degradación de los arrecifes de coral que rodean la isla.

Pero las minas de bauxita, la segunda industria generadora de divisas después del turismo, son consideradas como la principal causa de deforestación en Jamaica. Por un lado, esta actividad destruye grandes áreas de bosque debido a que la bauxita se extrae en minas a cielo abierto, que requieren la remoción total de la vegetación y del horizonte superficial del suelo. Pero al mismo tiempo, las minas de bauxita son causa indirecta de deforestación debido a la apertura de vías de acceso dentro de los bosques. Una vez que los caminos de acceso han sido despejados, los madereros, los productores de carbón, los comerciantes de varas para tutores destinados a la producción de ñame hacen su entrada, devastando los árboles en las áreas mineras y en sus alrededores. Por lo tanto la minería es responsable por graves procesos de deforestación mucho más allá de las propias áreas mineras.

Kaiser, propiedad de la compañía del mismo nombre con sede en EE.UU., Alumina Partners (Alpart), propiedad conjunta de Kaiser y Norwegian Hydro, y Alcan, propiedad de Alcan Canada y el gobierno de Jamaica, son los actores principales cuyos intereses en las minas preceden a cualquier otro de acuerdo a las leyes jamaiquinas.

En los últimos años, la deforestación ha llevado al deterioro de más de un tercio de las cuencas de Jamaica, secándose ríos y arroyos, produciendo escasez de agua en ciudades y poblados. La diversidad de la fauna y la flora también es amenazada por la destrucción de los bosques, lo que lleva a la pérdida de las formas tradicionales de vida, el conocimiento sobre las plantas locales y su uso medicinal y de otros tipos.

Aunque existen actualmente planes y proyectos para el manejo sustentable de los bosques existentes y la restauración de las áreas degradadas a través de actividades de plantación de árboles, resulta evidente la necesidad de abordar las causas directas y subyacentes que han llevado a la deforestación, para crear las condiciones apropiadas para lograr esa meta. Y si las minas de bauxita son la "causa principal de deforestación en Jamaica", entonces ése deberá ser el punto de partida para revertir el proceso.

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- Nicaragua: indígenas obtienen importante victoria en batalla legal

La comunidad indígena Mayagna Awas Tingni obtuvo una importante victoria en la batalla legal contra el gobierno de Nicaragua. El 17 de setiembre de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su sentencia en la que declara que Nicaragua violó los derechos humanos de la comunidad Awas Tingni y ordenó al gobierno reconocer y proteger los derechos legales de la comunidad a sus tierras tradicionales, recursos naturales y ambiente.

La sentencia de la Corte tiene consecuencias muy importantes. "Sienta un precedente a escala internacional", declaró James Anaya, consejero especial del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, que representa a la comunidad Awas Tingni. "Los miembros de la comunidad han luchado durante décadas para proteger sus tierras y recursos naturales contra las omisiones negligentes del gobierno y la usurpación de las compañías madereras. Esta decisión reivindica los derechos por cuya defensa ellos han luchado durante tanto tiempo".

Hay muchos conflictos similares sobre tierras y recursos en toda América. Este caso es el primero de este tipo en ser resuelto por la Corte Interamericana. Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales. Pero si un gobierno no demarca los territorios de los pueblos indígenas, entonces los derechos territoriales de estos pueblos quedan en una situación incierta.

El gobierno nicaragüense ha aprovechado esa confusión y ha otorgado concesiones a compañías extranjeras para talar gran parte del bosque tropical donde vive la comunidad. Pero ahora el más alto tribunal de derechos humanos del hemisferio dice que Nicaragua y otros países deben proteger los derechos de los pueblos indígenas.

La comunidad Awas Tingni lidió durante años en los tribunales nicaragüenses para proteger sus tierras y recursos naturales. Pero el sistema jurídico de Nicaragua no atendió los intereses de la comunidad. Entonces, en 1995, el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno de Nicaragua, a nombre de la comunidad Awas Tingni. La comisión es un órgano independiente de la Organización de los Estados Americanos.

La petición denunció el patrón del gobierno nicaragüense de otorgar concesiones madereras a compañías extranjeras sobre las tierras tradicionales de las comunidades indígenas sin consultarlas. La comisión decidió a favor de la comunidad, pero el gobierno no aplicó las recomendaciones de medidas de reparación. En junio de 1998, la comisión elevó el caso a la Corte Interamericana.

En su sentencia, la corte estableció que Nicaragua violó la ley internacional de derechos humanos, al negar a la comunidad su derecho a la propiedad, la protección judicial adecuada e igualdad ante la ley para su protección. La corte consideró que las protecciones legales para las tierras indígenas aplicadas por Nicaragua eran "precarias e ineficaces". Ordenó al gobierno demarcar las tierras tradicionales de la comunidad Awas Tingni y establecer nuevos mecanismos jurídicos para demarcar las tierras tradicionales de todas las comunidades indígenas de Nicaragua.

Con esta sentencia, la lucha de una sola comunidad indígena de la Costa Atlántica de Nicaragua se ha convertido en una victoria para todos los pueblos indígenas de las Américas. Esta sentencia exige que todos los países de las Américas reflexionen sobre la forma en la cual tratan a los pueblos indígenas dentro de sus fronteras.

Artículo basado en información obtenida de: Indian Law Resource Center (Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas), Comunicado de prensa, "Landmark Victory for Indians in International Human Rights Case Against Nicaragua", 21 de setiembre de 2001, enviado por Tom Griffiths, correo electrónico: tom@fppwrm.gn.apc.org (Para un resumen detallado del caso de Awas Tingni y de la sentencia del tribunal, ver www.indianlaw.org ).

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AMERICA DEL NORTE

- EE.UU.: declaración de Project Underground sobre los ataques del 11 de setiembre

Los integrantes de Project Underground, nos sentimos profundamente afectados y entristecidos por los violentos ataques a la vida humana y a las posibilidades humanas en Nueva York, Virginia y Pennsylvania. Nuestra organización condena y deplora la transformación de decenas de seres humanos en armas para matar miles de personas y aterrorizar a millones. Compartimos el sentimiento de indignación, miedo y pérdida que despiertan estos ataques y hacemos presente nuestra más profunda condolencia por los muertos y heridos, y nuestra solidaridad con todos aquellos que no tendrán a su lado a sus seres queridos esta noche.

Las últimas víctimas de la violencia y el terror sin sentido no están solas. A través de nuestro trabajo nos hemos unido a aquellos que han visto morir a sus seres queridos, que han experimentado el terror en muchas formas, que han visto sus ciudades arder ante sus ojos, y que han visto derrumbarse sus culturas ante el peso aplastante de la violencia. Hemos estado a su lado cuando exigieron justicia; y siempre nos han recordado que su situación no es muy diferente de la nuestra. Mientras ahora buscamos a nuestros propios seres queridos, mientras enfrentamos el terror y la violencia en nuestras propias ciudades, percibimos nuevamente la verdad de esta afirmación.

Hoy nuestra sociedad es presa del miedo. Pero lo más preocupante es que habrá quienes intentarán usar ese miedo para infringir una nueva ola de terror. Nos causan horror aquellos que tras la tragedia de hoy solo pueden hablar en términos de dólares y centavos. Observamos como los operadores mercantiles se refugian en la "seguridad" del petróleo y del oro y eso nos recuerda que esta "seguridad" ha sido comprada con la sangre de las comunidades con las que nosotros trabajamos.

Nos produce dolor y consternación que algunos puedan usar este día sangriento como el pretexto para un odio mayor o para reducir las libertades. Exhortamos a todos a no dirigir su ira hacia las comunidades étnicas o religiosas. A quienes podrían aumentar el poder del racismo o el poder de controlar el disenso político después de esta tragedia no se les debe permitir que tengan la posibilidad de hacerlo.

Nos embarga un profundo temor ante el impacto que podrían tener los ataques militares revanchistas y la escalada militar que podría resultar de una respuesta militar de los Estados Unidos. Nunca antes ha estado tan claro para el pueblo de los Estados Unidos de América que el sufrimiento sin sentido infligido a civiles por medio de ataques aéreos es moralmente inaceptable.

Lamentablemente, todas nuestras preocupaciones se ven reforzadas por las conexiones tan estrechas que existen entre los funcionarios de las máximas jerarquías del Gobierno de los Estados Unidos y la violenta represión de las comunidades con las que trabajamos. Sinceramente esperamos que las distintas fuentes de fortaleza del pueblo de esta tierra y la solidaridad entre ellos demuestren que son lo suficientemente poderosas para impedir que nuestros miedos se usen para crear una nueva ola de sufrimiento.

Project Underground, Berkeley, California, 11 de setiembre de 2001. Correo electrónico: cbaldi@moles.org 

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AFRICA

- Congo, R.D.: ¿se convertirá Zimbabwe en miembro del club de madereros?

La República Democrática del Congo (RDC) posee casi la mitad de los bosques tropicales de África y el 6% de los bosques tropicales del mundo, y la zona fue designada recientemente por las Naciones Unidas como uno de los bosques más importantes del planeta.

Hasta hace poco tiempo, debido a carencias en materia de vías de comunicación terrestres y al conflicto permanente, las empresas dedicadas a la explotación de madera tropical no habían centrado su atención en este país. Pero ahora una compañía de Zimbabwe ha obtenido el derecho a explotar 33 millones de hectáreas de bosques de la RDC, el 15% del total de su superficie y diez veces el tamaño de Suiza. Supuestamente, esto es resultado de un acuerdo entre el gobierno de la RDC y representantes del presidente de Zimbabwe Robert Mugabe, a cambio de ayuda militar contra fuerzas rebeldes en el este del país, y es a la vez un desesperado intento de recuperar algunas de las pérdidas en las que incurrieron los líderes de Zimbabwe a raíz de su intervención en la RDC.

La concesión de madereo fue otorgada a Socebo, una subsidiaria de Cosleg (Pvt) Ltd. Cosleg es una joint venture entre la irónicamente denominada Operación Legitimidad Soberana (Operation Sovereign Legitimacy, Osleg,), una compañía controlada en gran parte por el ejército de Zimbabwe, y Comiex-Congo, una empresa cuya propiedad mayoritaria pertenece a la familia del Presidente de la RDC Joseph Kabila. Se espera que la operación rinda ganancias de hasta US$ 300 millones durante los dos o tres años que llevará extraer la madera más valiosa de las concesiones.

La intención es explotar cuatro concesiones, ubicadas en las provincias de Katanga, Kasai, Bandundu y Bas-Congo, y de cada una de ellas Socebo espera producir más de 150.000 metros cúbicos de madera por año a capacidad plena. El inicio de la explotación de todas las concesiones estaba programado para el 30 de abril de 2001 pero, según nuestro conocimiento, las fechas de inicio no se cumplieron. Al parecer la causa de este retraso es que la compañía no ha logrado recolectar los fondos necesarios, estimados aproximadamente entre US$ 30 y 40 millones por concesión, de los cuales más de la mitad serían solicitados a mercados financieros.

La madera sería exportada (dado que Zimbabwe se autoabastece), aunque una parte podría ser utilizada para consumo nacional en la RDC. En esta etapa no está claro a dónde exactamente serán exportados los troncos, pero es probable que la madera extraída de la concesión de Katanga sea exportada por ferrocarril a Zambia y finalmente a Durban (Sudáfrica), de donde saldría a países fuera de la región. Las demás concesiones están situadas más al norte y debido a las malas condiciones de las carreteras, es probable que la madera sea trasladada por el río. Actualmente el 80% de los rolos exportados desde la RDC pasa por Congo-Brazzaville y su destino final es el mercado europeo. A juzgar por las tendencias regionales, Francia sería casi seguramente uno de los importadores principales (como lo es en los casos de Camerún, Gabón y Liberia).

La explotación maderera en la RDC ha sido realizada durante más de 60 años por lo que se ha convertido efectivamente en un cártel, compuesto por intereses franceses, belgas y algunos alemanes. Si una compañía no es miembro de este cártel, se considera extremadamente difícil o imposible que pueda operar en concesiones para la explotación maderera. ¿Se convertirá Zimbabwe en un nuevo miembro de este "club" exclusivo y destructivo?

Artículo basado en información obtenida de: "Zim loggers to ravage rainforest", Jason Burke, The Mail&Guardian, 4 de setiembre de 2001; The World Guide 2001/2002; Global Witness, briefing document, 26^th August 2001, http://www.oneworld.org/globalwitness/press/bd_zimbabwe.htm 

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- Eritrea: uso sustentable de bosques amenazado por políticas gubernamentales

Las tierras bajas del oeste de Eritrea son la extensión más oriental del Sahel, ubicadas entre la frontera de Eritrea con Sudán y las tierras altas eritreas y etíopes. Sus elevaciones y planicies están cubiertas principalmente por vegetación baja semiárida y bosques de sabana, y están interrumpidos por tres valles de ríos cubiertos por bosques muy densos, algunos de ellos mixtos de palma "dom" y acacia, siendo el resto bosques puros de palma dom (Hyphaene thebaica).

Seis grupos étnicos viven allí, constituyendo varios cientos de miles de personas con sistemas de supervivencia diferentes, caracterizados por la flexibilidad para enfrentar los numerosos desastres naturales y causados por el ser humano, que han causado estragos durante los últimos cuarenta años. Importantes sequías y la guerra han llevado al colapso del sistema agrícola, numerosas muertes y éxodos en masa de la población como refugiados. Entre 1998 y 2000, las tierras bajas fueron invadidas por ejércitos etíopes.

En todas las épocas, los productos del bosque juegan un papel fundamental para el sustento de los pobladores. Todas las tribus dependen en gran medida del bosque para cubrir sus necesidades de subsistencia (vivienda, herramientas y algunos alimentos), en tanto que la fibra de la palma dom es la fuente principal de ingresos monetarios para la mayoría de la población de las tierras bajas (pertenecientes a las tribus Tigre, Beni Amer e Hidareb).

También en tiempos de paz y cuando los niveles de lluvia permiten al menos algunos cultivos y pastoreo, los miembros más pobres de la comunidad o los que no pueden cultivar tierras (como muchas viudas de guerra), se ganan la vida cortando, tejiendo y vendiendo palma. También las nueces de la palma dom son un alimento de último recurso en la estación de hambre antes de las cosechas, y en los años de sequía se transforman en un alimento básico para muchos.

Otro grupo étnico, los Kunama, tiene un enfoque diferente sobre el bosque. Cortan muy poca palma para obtener ingresos, pero recolectan alimentos de veinte o más especies de árboles. Entre ellas se incluyen la palma dom y otras especies a las que valoran como alimento de reserva para los años de sequía cuando fracasan los cultivos: para ellos los bosques ribereños son su seguro, más que una fuente regular de ingresos.

La capacidad de resistencia del sistema agrícola reside en la cosecha del bosque, que permite sobrevivir a los campesinos pobres y a comunidades enteras durante los años malos. Pero los servicios de extensión agrícola del gobierno de Eritrea se han enfrentado al sistema tradicional, en parte debido a la creencia infundada de que el corte de la hoja de palma se realiza de forma que daña al árbol, pero principalmente porque el gobierno tiene otras prioridades: los bosques ocupan tierra fértil con napas de agua subterránea altas, ideales para realizar agricultura irrigada de cultivos comerciales como cebollas y bananas. Aumentar la producción de esos cultivos es una prioridad central para el gobierno, de forma de generar divisas a través de exportaciones y atraer las inversiones.

En cambio, la población local valora mucho el bosque, lo que ha sido un factor esencial para su conservación. Los pobladores han establecido patrones de cosecha regidos por reglas informales y tienen una comprensión profunda de la naturaleza de la regeneración y el crecimiento de la palma dom. Estos sistemas evitan el corte excesivo restringiendo la posibilidad de acceso y el corte excesivamente frecuente, y han demostrado ser sustentables durante muchas generaciones.

Artículo basado en información obtenida de: "Tress for semi-nomadic farmers: a key to resilience", Stephen Connelly and Nikky Wilson, LEISA magazine, abril de 2001, http://www.ileia.org/2/17-1/10-11.PDF 

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- Sudáfrica: donde se acepta como un hecho que las plantaciones de árboles impactan sobre el agua

El establecimiento de monocultivos de árboles de rápido crecimiento siempre está acompañado por un debate sobre el tema del agua. La gran mayoría de los expertos forestales niega que las plantaciones tengan impactos sobre el agua, utilizando en general el argumento de la ausencia de estudios científicos para contrarrestar las denuncias de los pobladores locales sobre el agotamiento de los recursos hídricos ocasionado por las plantaciones.

En ese contexto, Sudáfrica representa una excepción, porque nadie aquí niega que las plantaciones afectan los recursos hídricos, y lo que resulta todavía más interesante es que esa unanimidad se basa en investigaciones realizadas a lo largo de muchos años.

Dado que la mayor parte de las plantaciones forestales de Sudáfrica se han establecido en las principales zonas de captación de agua de la región, esto ha producido graves consecuencias en la disponibilidad de agua, más específicamente para los usuarios corriente abajo. La preocupación sobre el impacto de esas plantaciones de árboles sobre las fuentes de suministro de agua existente fue articulada por primera vez a comienzo del siglo XX. La extensión y la naturaleza pública del debate eventualmente condujo en el año 1936 a la creación de un programa de investigación hidrológica auspiciado por el estado. A pesar de la cantidad cada vez mayor de evidencia que ilustraba en forma bastante clara que los suministros de agua se redujeron ante la presencia de plantaciones comerciales de árboles, fue recién en 1972 que se creó un régimen regulatorio, el Sistema de Permiso de Forestación (Afforestation Permit System). El estado buscó entonces regular las plantaciones comerciales de árboles a través de la emisión de permisos, para mitigar así el impacto negativo que estas plantaciones tienen sobre las fuentes de suministro de agua.

En los años posteriores las deficiencias del régimen regulatorio de 1972 se hicieron evidentes. Aunque se habían introducido una serie de recomendaciones basadas en el creciente cuerpo de evidencias recogido por investigación adicional, se realizaron apenas unos pocos cambios sustanciales. Fue recién durante el clima político de evolución y cambios de los años 90 cuando se introdujeron cambios significativos en la regulación del sector de cultivo de árboles. El motivo subyacente para la intervención del estado en el sector fue asegurar que las escasas reservas hídricas de Sudáfrica se utilizaran en forma más equitativa, eficiente y efectiva. Se dispuso que cualquier actividad, incluso el cultivo de árboles, que tuviera por resultado la reducción de las reservas de agua debía registrarse como actividad de Reducción de los Cursos de Agua, y se debía obtener un permiso para continuar con esa actividad. También se tomaron en consideración otros problemas como el impacto de las plantaciones comerciales de árboles de crecimiento rápido sobre la biodiversidad, la sustentabilidad ecológica y la estética.

Aunque los resultados de la investigación hidrológica utilizados para establecer el marco legislativo para las actividades de plantación de árboles han sido a menudo cuestionados, todas las disputas se han centrado más en las cantidades de agua que se alega que consume la industria, que en el hecho que las plantaciones comerciales son los usuarios principales del agua y especialmente de las aguas subterráneas. La esencia del debate "plantación-agua" existente en Sudáfrica entonces se caracteriza principalmente por una industria que argumenta a favor de su derecho económico de competir en pos de un recurso escaso, a saber, el agua, y no por una negación de esta industria de que las plantaciones comerciales de árboles consuman una cantidad significativa de agua. En otras palabras, esto último es aceptado como un "hecho" y no como una "falacia".

Los expertos forestales y los gobiernos de otros países en los que se promueven y desarrollan plantaciones de árboles de crecimiento rápido deberían seguir el ejemplo de Sudáfrica en vez de continuar negando lo que es cada vez más obvio: que estas plantaciones agotan los recursos hídricos.

Artículo basado en información obtenida de: Harald Witt, resumen de su exposición ante el Seminario Internacional sobre los Impactos del Eucalipto, Brasil, Espirito Santo, 21-23 de agosto de 2001. Correo electrónico: Witth@nu.ac.za 

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- Zambia: causas de la deforestación vinculadas a políticas gubernamentales

La deforestación está considerada como uno de los problemas ambientales prioritarios en Zambia y la conversión de tierras boscosas en tierras agrícolas, así como la recolección de madera para producción de carbón parecen ser las principales causas de pérdida de bosques. La conclusión simplista es entonces que la "pobreza" o "los pobres" son los culpables de la deforestación.

Sin embargo, existen varias causas subyacentes que se relacionan con las políticas de liberalización económica del gobierno que no han sido adecuadamente investigadas, fuerzas que influyen en la conversión de los bosques en tierras de cultivo y en su desmonte para la producción de carbón. Además, algunos estudios han vinculado el aumento de la deforestación a políticas económicas como la devaluación de la moneda y la eliminación de los subsidios agrícolas, que aumentaron los requisitos de superficie para cultivos que se desarrollan en tierras recientemente desmontadas, lo que lleva a pronosticar más deforestación debido a la eliminación de los subsidios a los fertilizantes y una vuelta a la modalidad de cultivos migratorios.

Es importante destacar que durante la primera mitad del siglo XX, la producción de cultivos tradicionales en Zambia estuvo dominada por la agricultura migratoria (el sistema "citemene"), que simboliza el uso efectivo del suelo tropical por parte de los pueblos indígenas. Durante muchos años, los campesinos de Zambia talaron árboles, quemaron las ramas y utilizaron las cenizas como fertilizante para el suelo. Debido a la naturaleza del suelo, este método dio buenos resultados y la tierra se podía utilizar durante 5 años antes de dejarla descansar. Sin embargo, este sistema fue rechazado por los intereses coloniales, sin molestarse en averiguar por qué los campesinos lo utilizaban, por considerarlo atrasado y destructivo, empujando a los campesinos a realizar una agricultura sedentaria.

Con la "revolución verde" y el aumento de la influencia europea y urbana, los cultivos se hicieron más permanentes. Se promocionaron los fertilizantes químicos y en los años 70 se introdujo el maíz híbrido, llevando a los campesinos a depender de los fertilizantes subsidiados. El uso excesivo de fertilizantes incrementó la capacidad de carga de la tierra pero causó la erosión del suelo, su acidificación y la pérdida de fertilidad. La eliminación de los subsidios agrícolas en los años 90 tuvo consecuencias sobre el sustento de los pobladores rurales, quienes tuvieron que buscar nuevas fuentes de ingresos para pagar los insumos agrícolas más caros.

La privatización de la generación de electricidad, impuesta en muchos países por el FMI y el Banco Mundial, significó el aumento de los precios de las tarifas eléctricas y afectó la política de electrificación, impulsando a los pobladores locales a utilizar el carbón como fuente de energía. La introducción del carbón como fuente de energía urbana en la ciudad de Lusaka significó un nuevo incentivo para que las comunidades rurales de Zambia central comenzaran a desmontar las tierras boscosas para suministrar carbón al mercado urbano. Los ingresos provenientes de la producción de carbón se utilizaron para satisfacer las necesidades de sustento de los hogares y en algunos casos se invirtieron en la producción agrícola después de la eliminación de los subsidios: un producto del bosque se había transformado en una fuente de subsidio de la producción agrícola. En el sistema agrícola tradicional los árboles se talaban y quemaban, pero con la transformación del carbón en un producto de mercado, los árboles talados se convertían en carbón para la venta y la tierra se cultivaba para producir tanto alimentos como cultivos comerciales.

En resumen, son las políticas del gobierno, y no "los pobres", las que están en la raíz misma de la deforestación en Zambia. Son las políticas gubernamentales las que han llevado a abandonar el cultivo migratorio sustentable y a sustituirlo por la producción de cultivos insustentables de la "revolución verde". Las altas tarifas de electricidad han impulsado a la gente a utilizar carbón en vez de electricidad. La promoción por parte del gobierno de algunos cultivos comerciales como el girasol, la soja y el algodón, han incentivado la destrucción de los bosques. Es el gobierno entonces quien debe hacerse responsable, no solamente por el proceso destructivo pasado y presente, sino, lo que es más importante, por adoptar las medidas necesarias para resolver el problema.

Artículo basado en información obtenida de: IDRC, Knowledge and Development, http://idrinfo.idrc.ca/Archive/ReportsINTRA/pdfs/v19n1e/108939.pdf ; "Land cover transformation in Central Zambia: role of agriculture, biomass energy and rural livelihoods" de E. N. Chidumayo, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Zambia http://coe.asafas.kyoto-u.ac.jp/news/PastExper2001Jan/PastExper2001_Paper_Chidumayo.htm 

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ASIA

- Este Asiático: Conferencia Ministerial sobre madereo y comercio ilegales

Todos los países participantes de la Conferencia Ministerial del Este Asiático sobre Aplicación de Leyes Forestales y Gobernabilidad (FLEG, por su sigla en inglés), que tuvo lugar en Bali, Indonesia, acordaron aprobar una Declaración ministerial de 13 puntos en la que se comprometen, entre otras cosas, a tomar medidas inmediatas contra los delitos forestales. La conferencia duró tres días y asistieron aproximadamente 150 participantes de más de 15 países.

En el primer punto de la declaración los participantes destacaron que llevarían a cabo acciones inmediatas para intensificar los esfuerzos nacionales y fortalecer la colaboración bilateral, regional y multilateral para abordar las violaciones de las leyes forestales, en particular el madereo ilegal, el comercio ilegal asociado y la corrupción.

El Ministro de Bosques de Indonesia, M. Prakosa, afirmó: "Debemos tomar medidas severas contra el madereo ilegal. Hay pautas que indican que el madereo ilegal se realiza en complicidad con el comercio ilegal. En consecuencia, el combate contra el madereo ilegal nacional y el control del comercio ilegal son dos acciones que debemos realizar en forma conjunta".

Varias ONGs indonesias que participaron en la conferencia y observaron muy de cerca el proceso de elaboración de la declaración, elogiaron el trabajo de la conferencia por haber logrado plantear varios temas importantes, como la corrupción generalizada entre los burócratas y la importancia de respetar los derechos tradicionales de las comunidades locales e indígenas sobre los bosques. En relación a este punto, Longgena Ginting, del Indonesian Forum for the Environment (Walhi) afirmó que "antes esos temas se consideraban tabú, pero en esta conferencia los participantes los discutieron en forma franca y abierta. Valoramos eso". Pero además Ginting desafió a los gobiernos a transformar de inmediato la declaración en programas concretos y sólidos.

Las ONGs también expresaron su desilusión por el hecho de que ningún funcionario del gobierno de Malasia asistiera a la conferencia, teniendo en cuenta que ese país tiene una enorme industria maderera que consume una gran cantidad de madera talada en forma legal e ilegal en los bosques de Indonesia.

Los países participantes también se comprometieron a involucrar a los actores relevantes, incluyendo a las comunidades locales, en el proceso de toma de decisión en el sector forestal, como forma de promover la transparencia, reducir las posibilidades de corrupción, asegurar una mayor igualdad y minimizar la influencia indebida de los grupos privilegiados.

Además, se propuso la revisión de los marcos de referencia de las políticas forestales nacionales existentes e introducir reformas adecuadas a las políticas, incluso en lo relativo al otorgamiento y control de concesiones, subsidios y capacidad de procesamiento excesiva, para evitar las prácticas ilegales.

Longgena Ginting de Walhi exhortó al gobierno indonés a tomar de inmediato medidas severas contra toda actividad de madereo ilegal, incluso llevando ante los tribunales a las compañías madereras que utilicen madera talada ilegalmente. "También pedí al gobierno que comenzara a investigar a fondo la actividad de madereo ilegal en el Parque Nacional de Tanjung Puting, en Kalimantan Central, que se sostiene es respaldada por Abdul Rasyid, un miembro de la Asamblea Consultiva del Pueblo", afirmó.

Artículo basado en información obtenida de: Jakarta Post, 14.9.01, enviado por Watch Indonesia! Correo electrónico: watchindonesia@snafu.de 

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- Filipinas: sembrando árboles y terror

A principios de los años 50, Filipinas todavía tenía cerca de 100.000 km2 de bosques primarios, que se habían reducido a 10.000 km2 en 1988. Los beneficiarios principales de esa destrucción fueron las compañías madereras y los consumidores de madera en el exterior, mientras que el principal promotor fue el propio gobierno, que abrió el bosque al "desarrollo".

Ahora el gobierno está interviniendo otra vez en forma negativa en el sector forestal, aunque en este caso con el pretexto de "plantar bosques". Ha propuesto un plan de "desarrollo industrial de árboles" para los próximos tres años, que implica la asignación de 500.000 hectáreas en "áreas abiertas y boscosas" a compañías privadas nacionales y extranjeras, supuestamente para frenar la dependencia del país de la madera importada. Las regiones a ser cubiertas por los Acuerdos de Manejo Forestal Integrado (IFMA, por su sigla en inglés) para estas inversiones son el valle de Cagayan, las Cordilleras, el norte de Mindanao y Caraga, todas ellas con poblaciones tribales importantes. Sólo en Caraga ya hay cinco empresas que han firmado acuerdos y que invertirían US$ 100 millones para "desarrollar" aproximadamente 111.000 hectáreas en Agusan del Sur, donde ya están operando 13 compañías en el marco de los IFMA.

Este tipo de proyectos de desarrollo sigue un ciclo de despojo y violencia, con costos terribles para la población local. El patrón es siempre el mismo: primero llegan los soldados, siembran el terror para desplazar a los habitantes locales o para desalentar a la oposición, y después se instrumenta el proyecto.

Ese fue el caso de los pobladores Lumad en Agusan del Sur. Lumad es un término Bisayan que significa "nativo" o "indígena". El término ha sido adoptado por 15 de los 18 o más grupos étnicos de Mindanao para distinguirse de los demás pobladores mindanaos, moros o cristianos. Actualmente los Lumads de Mindanao son 2,1 millones del total de 6,5 millones de indígenas a nivel nacional. El Centro de Derechos Legales y Recursos Naturales (LRC, por su sigla en inglés) denunció que un poblado completo de Banwaon fue obligado a dejar sus tierras y hogares en el mismo momento en que el gobierno anunciaba orgullosamente los proyectos. El 22 de julio los soldados revisaron cada casa en Tabon-tabon, barangay Mahagsay, buscando a un guerrillero del NPA, pero en su lugar encontraron a Juan Flores, un maestro de la escuela-misión del grupo Religiosos del Buen Pastor en Kimambukagyang. Aunque Flores afirmó su inocencia, los militares lo torturaron y lo interrogaron durante horas, hasta que al final, al no encontrar evidencias, lo liberaron.

Pero Flores no fue la única víctima. El 21 de julio, también en San Luis, los soldados torturaron a Lolong Badbaran y Eddie Badbaran, ambos cortadores de caña (ratán) en Banwaon. También detuvieron a Dino Rueda, un conductor de motocicleta, y a Linda Loyola, una mujer de 60 años, que habían presenciado la tortura de los Badbaran. Los cuatro fueron atados a los postes de una choza y no fueron liberados hasta el día siguiente. "El gobierno sabe que el pueblo de Banwaon se opondrá con fuerza a la pérdida de más tierras tribales," afirmó Otto Precioso, un líder de Banwaon. "Por eso están aterrorizando a las comunidades."

Lo que está sucediendo en San Luis no es diferente de lo que le ha sucedido a la tribu Ata-Manobo en Talaingod, Davao del Norte, donde miles de hectáreas de tierras ancestrales fueron expropiadas por la compañía de madera contrachapada C. Alcantara & Sons, para convertirlas en plantaciones de árboles en el marco de un IFMA. Cuando los Lumads decidieron enfrentar el hecho, incluso declarando una pangayaw (guerra de venganza) en 1994 después de que cientos de Ata-Manobo fueron obligados a evacuar esa ciudad debido a la militarización), el gobierno decidió reforzar sus tropas en Talaingod, convirtiendo a los soldados en verdaderos guardias de seguridad de la compañía. El terror en Talaingod continúa hasta el día de hoy.

Joel Virador, secretario-general de Karapatan en Mindanao del Sur, afirmó la semana pasada que las nuevas plantaciones de los IFMA conducirían a los mismos abusos que se sufrieron en Talaingod y en todos los demás lugares. "Estamos seguros de eso porque ha sido nuestra triste historia que cada vez que se instrumentan determinados intereses económicos en Mindanao, son precedidos por fuertes despliegues militares y en consecuencia, de abusos contra la población", afirmó. "La tortura de ciudadanos es parte de la política del gobierno para reprimir la resistencia contra los proyectos antipopulares", añadió.

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- Indonesia: Banco Asiático de Desarrollo no financiará represa de Mamberamo

En respuesta al artículo sobre Indonesia publicado en el boletín anterior del WRM, hemos recibido el siguiente mensaje de Bartlet W. Edes, Encargado de Relaciones Externas y Vínculo con ONGs (External Relations Officer & NGO Liaison) del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por su sigla en inglés):

"Estimado Sr. Carrere:

Soy un lector habitual de su boletín electrónico. Noté que el Boletín N° 49 del WRM contiene un artículo sobre la Represa de Mamberamo en Indonesia. En él se informa que el Banco Mundial no financiará el proyecto, pero que "... aún se ignora si el Banco Asiático de Desarrollo comparte ese mismo punto de vista y si financiara o no el proyecto".

Por la presente le hago saber que el Banco Asiático de Desarrollo no está financiando la construcción de esa represa y no tiene intención de hacerlo. Le estaré muy agradecido si difunde esta información entre sus lectores, que de otra forma, recibirán la falsa impresión de que el ADB está evaluando la posibilidad de financiar ese proyecto.

En el futuro, ante cualquier inquietud sobre los proyectos o políticas del ADB no dude en ponerse en contacto conmigo.

Le saluda atentamente",

Bart W. Edes, correo electrónico: bedes@adb.org 

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- Laos: proyecto de represa Nam Theun 2 resulta en aumento del madereo

El Banco Mundial está al borde de tomar la decisión de otorgar un préstamo de US$ 100 millones como garantía para la represa de generación hidroeléctrica de Nam Theun 2 propuesta en Laos. Sin la garantía del Banco Mundial los inversores comerciales no se arriesgarán a prestar dinero a un proyecto de joint venture con el ex "régimen comunista" de Laos (ver Boletín 44 del WRM).

Hace cuatro años, el Banco Mundial creó un Grupo Internacional de Asesoría (GAI) "para brindar una evaluación independiente del manejo del Grupo del Banco Mundial de los temas ambientales y sociales relacionados con el proyecto hidroeléctrico Nam Theun 2 propuesto".

Sin embargo, en vez de proporcionar una "evaluación independiente", el GAI se ha transformado en un promotor entusiasta del proyecto. En lugar de examinar si el proyecto cumple con las normas del Banco Mundial, el GAI recomienda que "proyecto debería pasar a la etapa de evaluación [por parte del Banco Mundial] y a su concresión".

De hecho, el proyecto viola varias normas del Banco. Las normas del Banco sobre bosques, por ejemplo, establecen que "la participación del Banco en el sector forestal, apunta a reducir la deforestación, aumentar la contribución ambiental de las áreas boscosas, reducir la pobreza, y fomentar el desarrollo económico". En el caso del proyecto Nam Theun 2, una compañía maderera de Laos dirigida por militares ha talado buena parte de los 470 kilómetros cuadrados del área a ser ocupada por el reservorio de la represa y al mismo tiempo ha talado áreas de bosque fuera del área del embalse. El proyecto ya ha contribuido a aumentar la pobreza, en la medida que los pobladores han perdido sus bosques a manos de las compañías madereras, y son excluidos de las áreas remanentes de bosques para preservar la biodiversidad.

En mayo de 2000, el Banco Mundial publicó un informe, "Misión de Investigación sobre el Madereo: Informe Técnico", donde se documentan ejemplos de madereo fuera del área del reservorio de la represa. La Misión describió el madereo en distintas áreas supuestamente fuera de los límites habilitados para madereo como "sistemático", "extensivo", "difundido", y "a gran escala". Informó sobre la existencia de "madereo reciente sistemático y a gran escala (cientos de tocones)" dentro del Área Nacional de Conservación de la Biodiversidad (NBCA, por sus siglas en inglés). El proyecto de represa de generación hidroeléctrica sostiene que la NBCA será conservada a través del financiamiento de quienes impulsan el proyecto.

La Misión también detectó "madereo a gran escala, sistemático" en las áreas en las que se planifica la reubicación de los pobladores a ser desalojados para dar lugar a la represa. En vez de señalar que este madereo está relacionado con el proyecto, e infringe claramente las normas del Banco Mundial sobre bosques y reasentamiento involuntario, el GAI informó en marzo de 2001, que "se sentía alentado por varios cambios en el sector forestal" y que "la gran mayoría de las acciones ilegales" habían sido detenidas. El informe del GAI simplemente ignora el perjuicio que ya ha sido causado por el madereo.

El madereo relacionado con el proyecto ha favorecido el desarrollo de una considerable industria de la madera en el área. El informe del GAI analiza las "presiones para la tala" y menciona a una compañía taiwanesa, Chang Lin, que ha construido un "complejo de procesamiento de madera muy grande en las afueras de Laksao", que está procesando árboles del género Fokienia para la exportación. Uno de los productos de la fábrica es el enchapado para exportación a Europa y Australia. La Misión del Banco Mundial señala que Fokienia es una especie relativamente rara y que las únicas fuentes cercanas a la fábrica se encuentran en el Área Nacional de Conservación de Biodiversidad y en el área de Extensión del Norte, zona que el propio GAI ha recomendado "en forma firme y reiterada" que debe ser protegida "por su biodiversidad única".

La fábrica de Chang Lin es sólo una parte de la capacidad excesiva de procesamiento de madera de esta zona de Laos, parte de una industria que ha crecido como resultado directo del madereo de la represa propuesta de Nam Theun 2.

En 1996, Margules Groome Poyry, una subsidiaria australiana de Jaakko Poyry, la firma consultora de temas forestales más grande del mundo, elaboró un "Informe Forestal" sobre el proyecto Nam Theun 2. De acuerdo a los consultores, las exigencias de una industria forestal en expansión deben satisfacerse mediante un programa de plantaciones. Agregan que "el uso de mano de obra de los poblados reasentados, en combinación con programas de capacitación y administración adecuados podrían suministrar importantes cantidades de fibra de madera en el futuro". En otras palabras, los pobladores desalojados para dar paso a la represa serán empleados en las plantaciones de árboles que suministran fibra de madera para el mercado mundial. El conocimiento sobre los bosques de los pobladores, sus medios de sustento y su cultura simplemente se harán desaparecer.

Cuando el Grupo Internacional de Asesoría del Banco Mundial visitó Ban Sailom, uno de los poblados de los que ya se habían trasladados pobladores para dar paso al proyecto de la represa, los pobladores los recibieron entregándoles plantas de orquídeas del bosque. El informe del GAI comenta que "la generosidad hacia los visitantes es una característica de la cultura del pueblo, pero la conservación de la naturaleza no lo es". El GAI recomienda "la educación en la conservación de la naturaleza" que incluya videos, diapositivas y carteles para los pobladores desalojados para dar paso a la represa.

Este incidente pone en evidencia el análisis tendencioso propio del GAI. En vez de centrarse en los problemas ambientales y sociales asociados a un proyecto hidroeléctrico masivamente destructivo, el GAI parece decidido a mostrar a los pobladores como una amenaza para los bosques.

En vez de involucrarse todavía más en este desastroso proyecto, el Banco Mundial debería rechazar el proyecto de generación hidroeléctrica Nam Theun 2 y comenzar un proceso de compensación a los pobladores que han visto perjudicados sus bosques y sus fuentes de sustento a consecuencia de este proyecto.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de 

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- Sri Lanka: deforestación, mujeres y bosques

Cuando decimos que la pérdida de bosques aumenta en todo el mundo, no estamos hablando simplemente de árboles. Estamos perdiendo no sólo los recursos físicos (plantas, animales e insectos), sino un tesoro irrecuperable de conocimiento local, que en Sri Lanka, como en muchos otros países, ha sido conservado principalmente por las mujeres. Sin embargo, la contribución de las mujeres a los bosques se oculta detrás de sus tareas domésticas, dado que sus actividades vinculadas al bosque están directamente relacionadas con las tareas de actividades de mantenimiento del hogar. Los bosques proporcionan los tres elementos vitales para las mujeres: alimento, combustible y forraje.

Las mujeres han aprendido y enseñado durante mucho tiempo cuáles son las especies comestibles de los bosques, cuáles son medicinales, cuáles son de quema rápida o lenta, etc. En su participación en la supervivencia diaria, las mujeres de las zonas rurales tienen un gran saber sobre los distintos usos de los recursos naturales. Como tales, tienen el necesario potencial para planificar y diseñar, y tienen la capacidad para cambiar la presente situación negativa.

Sin embargo, las políticas de "desarrollo" y la creciente formalización de la propiedad de la tierra, generalmente por línea masculina, han contribuido mucho a empeorar la situación económica de las mujeres. Como los hombres tienen más posibilidades de desempeñarse dentro de la economía comercial, su relación con el bosque se basa casi exclusivamente en la producción de madera vendible. Las políticas gubernamentales se centran principalmente en la producción de madera y la plantación de árboles. El paradigma desde el cual operan es abrumadoramente tecnológico y su objetivo central consiste en cumplir con los requisitos del estado y no de las comunidades individuales. En la tierra que antes era usada por esas comunidades, hoy se han establecido sistemas de producción de cultivos compartimentados orientados al mercado, creándose así una oposición entre el sector forestal oficial y los pobladores locales.

El trabajo informal de las mujeres, que es esencial en la supervivencia de los hogares, no es reconocido. Por ejemplo, la deforestación ha significado que el tiempo y la energía que se gasta en la recolección de leña haya aumentado enormemente. No solamente las mujeres tienen que caminar más para encontrar menos, sino que llevan pesadas cargas a lo largo de distancias grandes (hasta 35 kgs durante 10 kms), lo que perjudica su salud. La necesidad de conservar la leña entonces afecta la dieta familiar, disminuyendo su variedad y su contenido nutricional, lo que acrecienta el efecto negativo en el deterioro de la salud. Ésta es solamente una de las variadas tareas que se ha vuelto más difícil a consecuencia del avance de la deforestación.

Cada vez más las mujeres tienen que realizar trabajo pago adicional fuera de sus hogares, trabajando en plantaciones de tabaco o de té. Las plantaciones actúan en competencia directa con las mujeres en la obtención de leña, como por ejemplo, en la que se utiliza para el secado del tabaco. Los hombres son responsables por la obtención de la leña industrial, en tanto que la recolección de leña para el hogar es un trabajo que es dejado para las mujeres.

En esta situación, los huertos de las mujeres, casi la única área en donde éstas conservan su autonomía, adquieren una importancia creciente y las mujeres reaccionan ante los cambios en la situación aumentando la diversidad de las plantas y árboles que cultivan ellas mismas, lo que representa otra de sus contribuciones a la conservación de la biodiversidad..

Sin embargo, como propietarios legales de la tierra, los hombres pueden decidir vender los árboles como cultivo comercial, y los hombres son el punto focal a la hora de recibir los subsidios y los servicios. Por esto, las políticas de desarrollo deben necesariamente cambiar e incluir las necesidades y los conocimientos de las mujeres dentro de una estrategia holística. No solamente porque esto sería más igualitario, sino porque sería mucho mejor para asegurar el uso sustentable del bosque.

Artículo basado en información obtenida de: Anoja Wickramasinghe, Deforestation, Women and Forestry. The case of Sri Lanka, revisado por Clare Hillyard Melia, http://www.gn.apc.org/peacenews/issues/past/2390/pn239015.htm 

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OCEANIA

- Sumideros de carbono australianos: buenos para los inversores, malos para el medio ambiente

El acuerdo de compromiso alcanzado el pasado mes de julio en Bonn sobre las emisiones de gases de efecto invernadero incluye una definición renegociada y ampliada de sumideros, que permite incluir a las plantaciones de árboles dentro de los sumideros de carbono. Esto ciertamente es una buena noticia para los comerciantes en emisiones de carbono. No así para el clima del planeta Tierra.

Ahora, los inversores internacionales, las compañías de generación eléctrica o cualquier otro tipo de emisores de gases de efecto invernadero podrán plantar árboles como el eucalipto en cualquier lugar, y podrán de esa forma seguir bombeando dióxido de carbono en su calidad de propietarios del contenido de carbono almacenado en la madera de esos cultivos de árboles, que ahora han adquirido la etiqueta de sumideros de carbono.

El día después del acuerdo, el Hancock Natural Resources Group con sede en Estados Unidos anunció que establecería una compañía en Australia (Hancock New Forests Australia), para permitir a los inversores y a los productores de gases de efecto invernadero comprar árboles que absorban carbono y por ende ganar créditos de carbono.

El portavoz de la compañía, David Brand, se mostró muy entusiasmado por el acuerdo. No es sorprendente: Hancock lanzó una ofensiva para la obtención de capitales por valor de $ 200 millones de dólares australianos para la primera de una serie de fondos de inversión en plantaciones de árboles en Australia. El carbono absorbido por los árboles podrá ser negociado por los inversores como créditos en un mercado internacional y se prevén buenos dividendos a partir de una inversión de bajo riesgo. La base del negocio radica en que es más barato lograr las metas de reducción de emisiones con este método, que reducir las emisiones en forma real.

El emprendimiento de Hancock no es el primer negocio de sumideros de carbono en Australia. Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) concretó el año pasado una operación por $ 120 millones de dólares australianos con New South Wales State Forests, el programa de inversión en carbono respaldado por el gobierno, consistente en la plantación de 40.000 hectáreas de árboles, a cambio de la propiedad de la madera y de los créditos de carbono resultantes.

Tony O’Hara, gerente de inversiones de State Forests, anunció que otras dos operaciones de gran importancia podrían concretarse en el futuro cercano. Se pronostica un aumento pronunciado en las inversiones, no solamente en sumideros de carbono, sino también en muchos otros programas por los cuales las compañías podrían potencialmente aprovechar los créditos de carbono, como el reciclaje del gas metano proveniente de rellenos sanitarios. Australia es tan dependiente de los combustibles fósiles con alta emisión de gases de efecto invernadero, que casi cualquier medida parece más barata que reducir seriamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

En tanto los intereses industriales siguen diseñando triquiñuelas nuevas para evadir la reducción de las emisiones de carbono y al mismo tiempo aumentar sus propios beneficios, los problemas generados por el cambio climático continúan representando una grave amenaza para las generaciones presentes y futuras.

Artículo basado en información obtenida de: "Gippsland becomes a carbon sink", Geoff Strong, The Age, http://www.theage.com.au/news/state/2001/07/28/FFXRPSLUMPC.html; "Australia eyes fledgling carbon sink industry", Jackie Woods, enviado por Yuri Onodera from FOE/Japan, yurio@iea.att.ne.jp 

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- Islas Salomón: la alternativa a las operaciones a gran escala

Un nuevo informe sobre los impactos sociales del desarrollo sobre las comunidades de las Islas Salomón ha puesto en evidencia que las empresas con base en las aldeas fortalecen la vida familiar y del poblado. El informe "Caught Between Two Worlds" (Atrapados entre dos mundos), concluyó que por el contrario, las empresas a gran escala como las madereras y plantadoras a menudo generan tensiones, más trabajo para las mujeres, y perjuicios para la forma de vida de las aldeas.

El Director del Fondo para el Desarrollo de las Islas Salomón (SIDT por su sigla en inglés), Abraham Baeanisia, expresó que los hallazgos de este informe son importantes en la medida en que las Islas Salomón buscan reconstruir su economía. Baeanisia declaró: "Queda claro que la calidad de vida de las aldeas mejora con las pequeñas empresas y se deteriora con las actividades comerciales a gran escala. Las empresas de las aldeas generan muchos puestos de trabajo y actividad económica y también representan una fuente de ingresos para el gobierno. El estudio refuerza la necesidad de apoyar el desarrollo en base a empresas en las aldeas para reconstruir nuestro país".

El informe es un proyecto conjunto del SIDT, Greenpeace y la investigadora y autora Pam Oliver, especialista en impactos sociales. Está basado en entrevistas realizadas a pobladores de Marovo en 1999.

"Atrapados entre dos mundos" ofrece soluciones a los perjuicios que el madereo industrial le ocasionara a familias y comunidades, como por ejemplo, la adopción de modelos de pequeña y mediana empresa. Recomienda poner fin a la financiación y promoción de las plantaciones a gran escala y a los proyectos de madereo industrial, establecer un programa de compensaciones a la comunidad y restauración para las aldeas que se vieron muy afectadas por los emprendimientos de madereo o plantaciones, y que las agencias de financiamiento brinden asistencia a los gobiernos que se aparten de la dependencia del madereo industrial.

De acuerdo a estadísticas gubernamentales recientes, el ritmo de la actividad de madereo apenas se ha reducido si se lo compara a la situación previa a la crisis de las Islas Salomón. Las actividades económicas a pequeña escala, como el turismo ecológico y la producción de madera ecológica han sufrido mucho debido a la retracción de los turistas debido al colapso de la infraestructura interna.

El especialista en bosques de Greenpeace, Grant Rosoman afirmó: "Si bien el madereo industrial puede proporcionar dinero rápidamente en el corto plazo, el estudio de Marovo demuestra que los costos sociales pueden ser muy altos y la generación real de riquezas y los beneficios a largo plazo muy pequeños. Instamos a las agencias de financiamiento a considerar paquetes de financiamiento condicionados que ayuden a los gobiernos de la Melanesia a apartarse de su dependencia del madereo industrial no sustentable".

"Atrapados entre dos mundos" complementa al informe "Islands Adrift" (Islas a la deriva), un estudio económico que halló que las opciones de emprendimientos de pequeña escala (como la pesca en los arrecifes, la recolección de cohombros de mar o beche-d