Con fecha 27 de diciembre de 2001, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, de Colombia, envió al Presidente de la República, Doctor Andrés Pastrana Arango, y demás autoridades nacionales, una carta en la que (entre otras muchas cosas), denuncia que durante los primeros veinte días de diciembre la empresa "Maderas del Darién" ha estado realizando extracción maderera en el sitio conocido como Mendoza, perímetro de San José de La Balsa, La Balsa, Bocachica, San Higinio, dentro del Territorio Colectivo del Cacarica. Los límites de la cuenca del Cacarica bordean el Parque Nacional Los Katios, que alberga uno de los niveles de biodiversidad por kilómetro cuadrado más altos del mundo.

Las Comunidades Afrocolombianas Forzosamente Desplazadas de la Cuenca del Cacarica en el Chocó, provisionalmente asentadas en Turbo, Bocas del Atrato y Bahía Cupica, han venido denunciado la deforestación ilegal e indiscriminada de sus territorios por parte de la empresa YIREH. La misma aparentemente está operando en conexión con la compañía maderera "Maderas del Darién" (Boletín 28 del WRM).

La explotación forestal que se denuncia supone el desconocimiento de los derechos de las comunidades afrocolombianas contemplados en la Ley 70, por la cual se les da reconocimiento legal a sus territorios. Los canales artificiales abiertos por la empresa maderera dejan a las comunidades más expuestas a las fuerzas paramilitares, en la medida en que posibilitan el acceso y rápido movimiento ofensivo y de control desde los lugares de presencia militar.

También se expone que habitantes del municipio de Riosucio han testimoniado y confirmado la instalación de bases armadas en Cacarica, como parte de la nueva etapa de la estrategia militar que comprende la cooptación de la población afrocolombiana y mestiza y su vinculación a propuestas económicas como la producción de coca y palma aceitera.

Después de 3 años de denuncias de corte ilegal de madera por la empresa Maderas del Darién, las familias del Cacarica continúan siendo testigos de cómo grandes maquinarias extraen su recurso maderable, encontrando solamente justificaciones y omisiones de parte de las autoridades ambientales nacionales y de los organismos de control, y complicidad de las entidades territoriales de manejo ambiental como Codechocó.

La defensa territorial no sólo ha significado acciones de hostilidad contra las familias retornadas, sino que incluso se acusa a la propia comunidad de la deforestación, desconociendo la responsabilidad de la empresa maderera, omitiendo en el caso de la autoridad competente el nombramiento de la Junta del Consejo Mayor elegida de acuerdo con los procedimientos de la ley 70, y avalando nombramiento de nuevas Juntas que no cuentan con el respaldo de las comunidades retornadas. Este accionar propicia todo tipo de abusos de poder.

"Como sucede ante la exigencia de justicia y de Reparación Moral", se dice en la carta, "ni las acciones de Tutela, ni las citas con el Ministro del Interior y del Medio Ambiente han servido para respaldar el congelamiento de la compra y venta de tierras, para evitar que los intereses particulares asociados al gran capital estén por encima de los intereses colectivos y comunitarios".