• Camerún: los Bagyeli luchan para hacerse oír

• Kenia: grupo indígena a la espera de fallo legal el 1 de octubre
• Ruanda: desposeído pueblo Twa presiona para lograr reconocimiento
• Uganda: los Batwa se organizan para reafirmar sus derechos

- Camerún: los Bagyeli luchan para hacerse oír

Desde el siglo XIX los derechos de propiedad de los habitantes de los bosques de Camerún no han figurado siquiera en las decisiones importantes de los gobernantes. Todos los territorios de bosques, definidos como vacíos y sin propietario ("vacant et sans maitres"), pasaron a ser propiedad del estado y muchos bosques fueron abiertos a la explotación maderera, lo que significó que se impidiera el acceso para la caza a esas zonas a los Bagyeli, los Baka, y otras comunidades recolectoras y cazadoras, también conocidas como "pigmeos", cuya presencia a lo largo del sur de Camerún es anterior al Estado colonial.

Al convertirse Francia en el siglo pasado en el poder colonial dominante, todas las tierras de Camerún pasaron a propiedad del Estado, a pesar de que casi todas ellas han sido tradicionalmente administradas bajo principios de derecho consuetudinatio. Ese sistema persiste hasta el día de hoy (solamente el 2,3% de las tierras de Camerún fue regularizado con títulos de propiedad desde 1974) y la mayoría de los territorios de bosques ubicados fuera de las áreas protegidas continúan siendo extremadamente vulnerables a distintos tipos de explotación llevada a cabo por agentes externos a los bosques. Rara vez se consulta a los pobladores locales sobre la manera en que se deben manejar esas tierras, y en las pocas consultas públicas que se llevan a cabo, los pueblos indígenas son particularmente marginados. Por ejemplo, recién ahora las comunidades locales están siendo informadas por el Departamento Oceánico de Camerún acerca de los múltiples impactos del nuevo oleoducto que atraviesa sus tierras y que facilita la exportación de petróleo desde los campos del sur de Chad a través de una estación costera de bombeo cercana a Kribi, en Camerún.

La instalación del muy cuestionado oleoducto Chad-Camerún apoyado por el Banco Mundial, que cruza esta región de bosques del suroeste camerunés ha causado la pérdida de tierras y bosques de distintas comunidades, y actualmente existen pruebas sobre las pérdidas sufridas por las comunidades indígenas Bagyeli en dos áreas geográficas diferentes. Primero, en la zona del oleoducto la construcción ha significado el desmonte total en una franja de 30 metros de ancho que atraviesa zonas de caza, recolección y cultivo, lo que ha conducido a la pérdida de tierras y acceso a los recursos en los que se basaba tradicionalmente el sustento de los Bagyeli. El programa de compensación del oleoducto exacerbó estas pérdidas ya que algunos Bagyeli fueron expulsados de las tierras que ocupaban por otros pobladores locales, quienes a su vez robaron esa compensación argumentando que el oleoducto les estaba quitando las tierras que utilizaban para producción agrícola. Ni un solo Bagyeli ha recibido compensación individual alguna por las pérdidas experimentadas por la construcción del oleoducto.

En segundo lugar, el anuncio oficial del establecimiento del Parque Nacional de Campo-Ma'an produjo nuevas restricciones sobre la caza y el acceso al bosque en las áreas tradicionales de los Bagyeli cerca de la frontera con Guinea Ecuatorial. La protección de esta importante área, atravesada por un camino utilizado para la exportación maderera, forma parte de la compensación ambiental por el oleoducto. Sin embargo, su nueva condición de parque nacional implica que las comunidades cazadoras y recolectoras Bagyeli, que habitan allí desde tiempos inmemoriales, pueden ser acusadas de cometer delitos por seguir procurando su sustento. Estos ejemplos demuestran la total indiferencia de los planificadores del oleoducto hacia el problema de la tenencia de la tierra y los sistemas de sustento locales.

Los Bagyeli no poseen documentos de identidad (requisito exigido por las leyes de Camerún), sufren una severa discriminación social y tienen escaso acceso a los servicios de salud y educación. La mayoría de ellos no poseen tierras de cultivo propias, y cultivan para sus vecinos más fuertes a cambio de alimentos. La marginación social y el sufrimiento continuo que experimentan estas comunidades desde la propuesta de construcción del oleoducto las ha llevado a ponerse en contacto con ONGs nacionales e internacionales para elaborar estrategias que aseguren sus derechos ante las autoridades de conservación (que han iniciado un diálogo con representantes de los Bagyeli de los alrededores de Campo) y con representantes del gobierno local y del oleoducto, quienes anteriormente no habían estado dispuestos a pedir la opinión de los Bagyeli.

Con el apoyo de Forest Peoples Programme (FPP) y de dos organizaciones no gubernamentales locales (Planet Survey y Centre pour l'Environnement et le Développement -CED), los Bagyeli han comenzado a obtener documentos de identidad y a relacionarse regularmente con funcionarios gubernamentales y representantes del proyecto del oleoducto, quienes han accedido a reunirse con ellos para negociar medidas de compensación regionales. El FPP y sus asociados también apoyarán a los Bagyeli para que generen sus propios datos para realizar mapas comunitarios del uso de la tierra, usando la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por su sigla en inglés), en colaboración con las comunidades mayoritarias Bantú. El CED se encargará de elaborarles los mapas finales. Esos mapas constituirán la base para futuros diálogos entre las comunidades Bagyeli y Bantú, los representantes de áreas protegidas, los organismos gubernamentales y las autoridades del oleoducto para obtener la seguridad y los derechos comunitarios sobre la tierra para los Bagyeli.

Por: John Nelson, Forest Peoples Programme, correo electrónico: johnnelson@blueyonder.co.uk

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- Kenia: grupo indígena a la espera de fallo legal el 1 de octubre

El 1º de octubre es la fecha prevista para la audiencia del caso presentado ante la Suprema Corte del país por un grupo indígena que habita el bosque Mau de Kenia. Esta audiencia representa el intento más reciente del pueblo Ogiek en su esfuerzo por proteger al bosque --que es su hogar-- de la destrucción.

Durante décadas los Ogiek han luchado --primero contra el colonialismo británico y luego contra el gobierno keniata-- por vivir en paz en el bosque Mau, donde han habitado por siglos. La actual demanda de los Ogiek se retrotrae a 1997, cuando el grupo presentó su caso en la corte para evitar que el gobierno realizara el relevamiento y asignación a terceros de las tierras del bosque Mau. Mas tarde ese mismo año, la Suprema Corte ordenó que ninguna tierra del bosque Mau fuera asignada a colonos hasta que todas las controversias pertinentes fueran resueltas en la corte. Pero después de años de amenazar con expulsar a los Ogiek del bosque Mau, el gobierno anunció en 2001 que desafectaría de la condición de reserva a unas 35.000 hectáreas del bosque. La desafectación eliminaría su condición de "área protegida", permitiendo el asentamiento en esos territorios de colonos provenientes de otras partes de Kenia. Por este motivo, los Ogiek interpusieron un recurso legal, alegando que el gobierno estaba ignorando la orden de la Suprema Corte de 1997, ya que la anterior demanda de los Ogiek aún no había sido resuelta.

Los planes de desarrollo de Kenia amenazan tanto a los Ogiek como al bosque Mau, uno de los mayores complejos hídricos de África del Este. Los expertos dicen que la reducción de los bosques de Kenia tendría consecuencias ambientales peligrosas. El bosque Mau es una cuenca de captación hídrica vital. Según los científicos, el bosque produce alrededor del 40 por ciento del suministro de agua del país. Si bien el modo de vida de los Ogiek es autosustentable, el gobierno ha eximido a tres compañías poderosas de la prohibición de explotación maderera, permitiéndoles continuar con la explotación del bosque Mau, destruyendo así el ecosistema Ogiek en el cual éstos recolectan miel, cazan animales en forma selectiva y cultivan vegetales.

Aunque acuerdan con el gobierno en que Kenia carece de suficiente tierra agrícola, quienes apoyan a los Ogiek sostienen que el presidente Daniel Arap Moi está más interesado en recompensar a sus seguidores que en aumentar el suministro de alimentos de sus conciudadanos, y que la mayor parte de la tierra ha sido entregada a los socios cercanos de Moi. Joseph Kamotho, el ministro de Medio Ambiente recientemente destituido que ha caído en desgracia con Moi, declaró que el asunto de las tierras de los Ogiek fue utilizado por "funcionarios gubernamentales inescrupulosos para obtener más tierra para sí mismos".

Mientras continúa la gradual destrucción de su bosque, la comunidad no ha encontrado justicia en los corredores de la corte. Por más de un año el caso Ogiek ha sido postergado repetidamente en la corte debido a problemas de procedimiento. En febrero, fue pospuesto porque el fiscal a cargo estaba fuera del país. En abril, fue reagendado nuevamente luego de que los fiscales argumentaran que no habían tenido tiempo para presentar sus alegatos de réplica. En julio, el juez asignado al caso estuvo ausente y el juez sustituto estableció una audiencia para octubre. Los abogados de los Ogiek esperan que estas frecuentes postergaciones terminen pronto, pero hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna señal de querer resolver el caso rápidamente.

Muchos observadores creen que los cambios que podrían producirse en la política keniata en los próximos meses podrían ayudar al progreso del caso Ogiek en la corte. La ley keniata le prohíbe a Moi presentarse a la reelección para su cargo en las próximas elecciones presidenciales, a realizarse en diciembre. "El país después de Moi será diferente y los casos presentados por los Ogiek podrán ser finalmente resueltos luego de las elecciones", declaró John Kamau de Rights Features Service, una organización con base en Kenia que ha estado monitoreando el caso Ogiek. "En ese momento Moi no tendrá el poder para proteger a sus amigos, a menos que lo haga a través de apoderados".

Además, los borradores de propuestas para una nueva constitución keniata podrían ser de ayuda para los Ogiek. Kamau señaló que el proyecto de una nueva constitución también exige nuevas leyes sobre la tierra y la protección de las comunidades indígenas contra la discriminación. "Si se adopta la nueva constitución, los Ogiek podrán respirar con alivio", dijo Kamau. "Pero hay mucho por hacer para sensibilizar a los políticos respecto a estos temas". El proyecto, que debe ser aprobado por el parlamento, también crearía un nuevo cargo, el de Primer Ministro, que sería electo por la asamblea nacional. El presidente, quien actualmente tiene un control casi exclusivo de las políticas de gobierno, estaría limitado a asumir "responsabilidades especiales" en temas como la unidad nacional. Al reducir los poderes presidenciales, la constitución propuesta haría más difícil al sucesor de Moi la postergación del caso Ogiek.

Una serie de grupos, tanto keniatas como internacionales --incluidos el Consejo para el Bienestar Ogiek, Rights Feature Service, Survival International y la Digital Freedom Network-- han desarrollado una campaña internacional para proteger al bosque Mau y la forma de vida de los Ogiek. El sitio web de la campaña (www.ogiek.org) contiene noticias y otras informaciones sobre los Ogiek.

Por: Bobson Wong, Digital Freedom Network, correo electrónico: bwong@dfn.org

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- Ruanda: desposeído pueblo Twa presiona para lograr reconocimiento

Los habitantes indígenas de Ruanda son los Twa, un pueblo "pigmeo", que originariamente vivían como cazadores y recolectores en los bosques de gran altitud alrededor de los lagos del área de Albertine de África Central, hoy en territorio de los países de Ruanda, Burundi, Uganda y República Democrática de Congo (RPD). En algunas partes de la RDC, los Twa todavía pueden vivir una existencia basada en el bosque. Sin embargo, en la mayoría de las demás áreas los Twa han tenido que abandonar su estilo de vida tradicional porque sus bosques han sido destruidos por el madereo, la agricultura y los proyectos de "desarrollo". Las áreas de conservación de la fauna y la flora, establecidas para proteger las cuencas hídricas y las poblaciones de gorilas, implicaron el desalojo de comunidades Twa en Ruanda, la RDC y Uganda, a pesar de que los Twa tradicionalmente no cazan gorilas y sus actividades no afectan las funciones de las cuencas. Al igual que en el caso de muchos otros pueblos pigmeos, los derechos de los Twa a los territorios y recursos de los bosques no son reconocidos ni por las leyes escritas ni por las leyes tradicionales, y los desalojos se realizan sin compensación ni entrega de tierras alternativas.

Los bosques de Ruanda comenzaron a ser talados hace cientos de años cuando los agricultores Hutu y los pastores Tutsi que llegaban a la región despejaban las tierras para dedicarlas a la agricultura y el pastoreo. Ruanda no sufrió la devastación producida por el comercio árabe y europeo de esclavos y su población aumentó en la medida en que otros pueblos buscaban refugio allí. Los jefes locales fomentaron el establecimiento de nuevos pobladores en sus tierras porque su poder e ingresos aumentaban al crecer el número de "clientes" que tenían. La población de Ruanda creció de 1 millón a 7 millones entre las décadas de 1940 y 1980. Durante el período colonial, los territorios en poder de los clanes fueron redistribuidos, y a partir de la década de 1960 la política gubernamental alentó a los agricultores a expandir su actividad hacia zonas de pasturas, humedales y bosques, como los alrededores del Parque Nacional de los Volcanes, y a emigrar hacia el este a tierras de pastoreo con menor densidad de población. Entre 1970 y 1986, la superficie de tierra cultivada aumentó 56%, en tanto que el promedio de superficie de las parcelas sufrió una disminución progresiva, pasando de 3 hectáreas por familia en 1949 a 0,7 hás en 1990. A mediados de la década de 1980, casi toda la tierra disponible para la agricultura ya había sido utilizada, con excepción de las áreas comprendidas en los parques nacionales.

Se considera que hasta fines de la década de 1970, la distribución de tierras fue relativamente equitativa. Ruanda podía alimentar a su población; los pequeños productores eran más productivos que los grandes. Sin embargo, el método principal de los agricultores para aumentar la producción de las parcelas cada vez más pequeñas fue reducir el período de barbecho, lo que determinó el agotamiento de la fertilidad del suelo.

Actualmente, Ruanda tiene 8,3 millones de habitantes, con un promedio de densidad de población de 315 personas por kilómetro cuadrado (800 por km2 en el noroeste), siendo el país más densamente poblado de África. El noventa por ciento de la población depende de la agricultura de subsistencia para sobrevivir. La falta de tierras y la desigualdad en la distribución de la tierra empeoró después de mediados de la década de 1980 cuando el gobierno expropió tierras para la construcción de viviendas para la clase media, para proyectos paraestatales y para el desarrollo industrial. La tierra también se concentró en manos de una nueva elite rica con ingresos no provenientes de la agricultura o empleadas en los numerosos proyectos extranjeros de asistencia, que podía comprar tierras a los pequeños agricultores endeudados o hambrientos.

Los bosques de Ruanda se redujeron drásticamente, pasando del 30% aproximadamente a comienzos del siglo XX a 7% de la superficie total del país en la actualidad. En 1934, el complejo de bosques Mukuru-Gishwati-Volcans en el norte de Ruanda era un macizo boscoso compacto de 833 kilómetros cuadrados. Hacia 1955, ya se había dividido en tres masas boscosas separadas, y para 1998, solamente quedaba en pie el 18% del bosque original. Nyungwe, el bosque más grande del sur del país, perdió 26% de su superficie durante el mismo período. Actualmente, su superficie es de apenas 87.000 hectáreas. A su vez, el 49% de los bosques de montaña de Ruanda desapareció entre 1934 y 1998.

El desmonte para la agricultura y el pastoreo ha contribuido a la reducción de la cobertura boscosa, al igual que la cosecha de leña y madera para la construcción de viviendas y la minería en pequeña escala. La producción de cultivos para la exportación también es un factor que incide en la destrucción de los bosques: la mitad de los bosques alrededor de los volcanes del norte fue despejada para el cultivo de piretro en la década de 1960, y las zonas lindantes con los bosques de Nyungwe fueron taladas para instalar plantaciones de té. Después del genocidio de 1994, en el que 800.000 Tutsis y Hutus moderados fueron asesinados por extremistas Hutus, el proceso de depredación de los bosques se agudizó con el establecimiento de campos de refugiados con gran necesidad de consumo de combustible justo en la frontera con la RDC y la necesidad de rehabilitar a miles de refugiados que volvían a Ruanda después de largos períodos de exilio. Los refugiados fueron ubicados principalmente en las zonas de lo que eran antes áreas protegidas, incluida la Reserva de Mutara, dos tercios del Parque Nacional de Akagera y el bosque Gishwati.

La pérdida de recursos biológicos afecta a la totalidad de Ruanda, pero especialmente a los Twa que dependían originalmente del bosque. Los derechos tradicionales de los Twa a los bosques nunca fueron reconocidos ni por los gobernantes locales ni por las leyes coloniales, lo que ha determinado que en la medida en que se han talado los bosques, los Twa se han convertido en ocupantes ilegales sin tierras propias, con la excepción de unas pocas familias que recibieron tierras de los Mwamis, los antiguos reyes de Ruanda. Los Impunyu, el último pueblo Twa habitante de los bosques, fueron desalojados del bosque Gishwati en las décadas de 1980 y 90 para dejar lugar a proyectos financiados por el Banco Mundial, cuyo objetivo era mitigar la presión humana sobre los bosques aumentando la oferta de productos forestales mediante plantaciones industriales de eucalipto y el desarrollo de una industria láctea productiva utilizando pasturas de las áreas de bosque degradado. Irónicamente, estos proyectos que pretendían proteger los bosques tuvieron el efecto contrario: hacia fines de 1994, dos tercios del bosque original se habían convertido en zonas de pasturas, casi todas las cuales fueron asignadas a amigos y relaciones del Presidente. Durante todo este proceso, no se instrumentó ningún tipo de medida de reparación ni compensación para los Twa ni tampoco estuvieron incluidos entre los miles de pobladores empleados por los proyectos. Los refugiados que retornaron y se instalaron en el área, despejando tierras para la agricultura de subsistencia, ahora han destruido completamente el bosque.

Los proyectos de conservación expulsaron a las comunidades Twa de Ruanda de la reserva de bosques de Nyungwe en 1998 y del Parque de los Volcanes (el parque más antiguo de África, creado en 1924 con el nombre Parque Nacional Albert). Los Twa más ancianos que habitan en la parte sur de Ruanda recuerdan que cazaban búfalos y elefantes en el bosque de Nyungwe y llevaban los cuernos y colmillos a los Mwami como tributo. Hoy apenas unos pocos Twa tienen trabajo en los parques como mano de obra ocasional o rastreadores; no tienen participación en la administración ni en la toma de decisiones sobre el parque. Si bien algunas agencias de conservación están realizando proyectos de desarrollo que incluyen a las comunidades Twa que habitan alrededor del Parque de los Volcanes y el bosque Nyungwe, éstos no abordan en general el problema central de la tierra y el acceso a los recursos del bosque.

El problema de la tierra en Ruanda es grave, y la situación de los Twa de Ruanda es muy precaria. En 1991 se informó que a nivel nacional sólo entre 50 y 57 % de los hogares contaban con la extensión mínima de tierra (0,7 há.) necesaria para alimentar a un núcleo familiar promedio de 5 personas. Pero la situación de los Twa es mucho peor, sólo 1,5% de los hogares Twa encuestados en 1993 y 1997 por el Forest Peoples Programme y las organizaciones Twa, disponían de tierra suficiente para alimentar a sus familias. Desde la época de la colonia virtualmente no ha habido distribución de tierras a los Twa: en 1995, 84% de los Twa con tierras todavía vivían en parcelas que les fueran entregadas por los Mwamis. La debilidad política de los Twa les hace vulnerables a la expropiación de las tierras que poseen actualmente por parte de agricultores vecinos o autoridades locales. Los pantanos que suministran arcilla para la alfarería tradicional de las comunidades Twa a menudo son asignados por las autoridades locales a otros grupos para actividades agrícolas.

Los Twa son el grupo más pobre de la sociedad ruandesa, carecen de acceso a la educación formal, vivienda y atención médica. Muy pocos de ellos saben cultivar, y la mayoría vive de la alfarería, trabajos ocasionales y de pedir limosna. Los Twa son marginados y discriminados debido a su identidad, y prácticamente no tienen representación en la administración local o nacional de Ruanda, ni en los procesos de toma de decisiones. Fueron víctimas del genocidio de 1994, en el que según las estimaciones perdieron 30% de su población, en comparación con el 14% de la población general. Las pérdidas de los Twa nunca han sido reconocidas por el gobierno rwandés posterior al genocidio. Sienten que han sido olvidados en la reconstrucción post-genocidio de la sociedad ruandesa.

Sin embargo, en los últimos años se han producido hechos positivos. Los Twa de Ruanda se han organizado, y crearon ONGs para presionar y lograr mejorar su situación. Estas organizaciones han presentado una petición al Presidente de Ruanda y a la Comisión encargada de revisar la constitución de Ruanda, exigiendo una acción positiva sobre la tierra y la educación, y solicitando medidas especiales para su representación en los procesos gubernamentales. La ONG Twa "CAURWA" está trabajando con 70 asociaciones Twa locales, ayudándolas a obtener tierras, aprender a cultivar y a practicar actividades generadoras de ingresos que no estén vinculadas con la agricultura, como la fabricación de baldosas, la cestería y la alfarería. Estas actividades se complementan con trabajo de apoyo a nivel local, nacional e internacional, y la generación de capacidad para permitir que los Twa jueguen un rol activo en procesos nacionales como la Estrategia para la Reducción de la Pobreza de Ruanda, las cortes gacaca tradicionales que juzgarán a los miles de prisioneros acusados de crímenes relacionados con el genocidio y el proceso de unidad y reconciliación nacional, que busca cerrar las heridas causadas por la larga historia de luchas étnicas de Ruanda.

Por: Dorothy Jackson, Forest Peoples Programme, correo electrónico: djackson@gn.apc.org

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- Uganda: los Batwa se organizan para reafirmar sus derechos

Los Batwa (conocidos como "pigmeos") son los pueblos indígenas que habitan el suroeste de Uganda. De acuerdo con los registros históricos y la historia oral, los Batwa eran los únicos habitantes de esas tierras por lo menos hasta mediados del siglo XVI. Han sido principalmente cazadores y recolectores, algunos en los bosques montañosos y otros en los bosques de sabana o en ambientes lacustres.

Los Tutsi ingresaron a esa zona después de 1550. Si bien se reconoció su propiedad sobre los bosques de montaña, los Batwa fueron considerados como sirvientes dentro de las cortes del Rey. Aproximadamente desde 1750 los clanes Hutu comenzaron a ingresar a la zona, y desde 1830 los Tutsi buscaron establecer un gobierno más directo sobre el territorio, lo que llevó al enfrentamiento de ambos grupos. Los Batwa jugaron un papel importante en esos conflictos y los Tutsi no hubieran podido establecerse o conservar esa región como parte del reino sin el apoyo de los arqueros Batwa. Algunos Batwa se establecieron en posiciones poderosas y reclamaron el tributo de los Hutu de los alrededores, pero la mayoría pagaba tributo a los reyes Tutsi llevándoles marfil, pieles de animales y carne. Durante todo ese tiempo (y hasta el momento de su expulsión forzada de los bosques en 1991 por los conservacionistas) los Batwa también canjearon carne, miel y otros productos de los bosques a cambio de otros productos de las comunidades vecinas.

En 1991, se crearon los Parques Nacionales de Bwindi y Mgahinga, ocasionando un gran sufrimiento a los Batwa y otras comunidades locales vecinas. En 1995, el Fondo para la Conservación comenzó a funcionar en forma plena. A pesar de la violación de los derechos humanos y territoriales de los Batwa, la creación de los Parques Nacionales fue financiada por el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por su sigla en inglés), que otorgaron 4,3 millones de dólares para asistir al manejo de recursos y la conservación de la biodiversidad en los Parques Nacionales de Bwindi y Mgahinga. El Parque Bwindi abarca una superficie de 321 km2, en tanto que la del Parque Mgahinga es de 33,7 km2. Estos parques constituyen islas de bosque húmedo tropical y bosque de tierras altas dentro de una región densamente cultivada. Los Batwa son por lejos el grupo más afectado, ya que han dejado de tener acceso a los recursos del bosque, por lo que su participación en la economía local, basada en los productos del bosque, ha sido destruida y han quedado reducidos al papel de trabajadores sin tierra. Casi el 20% de los ingresos de los Parques está destinado a su manejo, el 20% a investigación y el 60% al desarrollo de las comunidades locales. Como consecuencia del desarrollo de una política de Pueblos Indígenas (tal como lo exige el Banco Mundial), y en reconocimiento al devastador impacto que tuvo la creación de los Parques Nacionales sobre los Batwa, una parte del presupuesto del Fondo para desarrollo comunitario fue asignado a los Batwa, siendo el elemento más importante el proceso de compra de pequeñas parcelas de tierra en forma individual para familias Batwa.

Además de haber sido expulsados de sus bosques por la fuerza e impedidos de utilizar sus recursos, los Batwa de Uganda sufren una grave discriminación por parte de otras comunidades. Este pueblo experimenta la marginación y discriminación, la falta de tierras, de acceso a la educación formal y al empleo, e incluso para asegurarse un espacio en el cual ubicar temporalmente sus viviendas deben realizar largas jornadas de trabajo en campos de otros. No tienen representación, ni a nivel local ni nacional. Ahora, en vez de poder vivir de los bosques utilizando sus habilidades tradicionales, deben vender su fuerza de trabajo (e inlcuso mendigar) para asegurarse el sustento.

Para empeorar las cosas, ha habido movimientos muy lentos en términos de logros de algunas formas de compensación para los Batwa por la pérdida de sus territorios. La compra de pequeñas parcelas de tierra para familias Batwa por parte del Fondo de conservación comenzó finalmente a llevarse a cabo recién en el año 2000. Hoy, según el fondo de Conservación del Bosque Impenetrable de Mgahinga y Bwindi (MBIFCT, según su sigla en inglés) un total de 131 hectáreas fueron adquiridas para los Batwa. Los propietarios originales de estos bosques fueron "compensados" con 131 hectáreas, y lo que es más, muchos más indígenas Batwa ni siquiera cuentan con esa miserable parcela de tierra. El problema se ha vuelto aún más complejo, ya que a comienzos de la década de 1990, los 4,3 millones de dólares de financiación del Fondo fueron colocados por el Banco Mundial y el GEF en un fondo de inversión en un paraíso fiscal. Por lo tanto, la financiación para el Fondo de Conservación ha dependido del comportamiento del mercado internacional de valores. La caída pronunciada de los mercados de valores determinó la reducción de los ingresos del Fondo. Como resultado, en julio de 2002 el Fondo anunció que iba a recortar completamente el componente Batwa de su presupuesto. Ya no se comprarían más tierras para los Batwa, pero el Fondo continuaría financiando los demás aspectos del Parque Nacional, incluidos los guardias del Parque, que son quienes mantienen a los Batwa fuera del bosque por la fuerza. La propia investigación del Banco Mundial sobre el impacto de los Parques Nacionales sobre los Batwa estableció que sin el componente Batwa, el trabajo del Fondo simplemente empeoraría la situación de los Batwa y por ende actuaría en contra de la Política de Pueblos Indígenas del Banco. Esta situación parece concretarse ahora. ¿Se podrá contar con suficiente presión internacional para asegurar que el Fondo continúe instrumentando el componente Batwa, o existirán elementos de prueba suficientes como para someter el caso a la justicia internacional reclamando la devolución de los bosques al pueblo Batwa?

El Forest Peoples Programme ha apoyado a los Batwa en la creación de su propia organización indígena, conocida por la sigla UOBDU (Organización Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda) con sede en Kisoro, en el suroeste de Uganda. La UOBDU co-representa a los 3000 o más Batwa dentro de los 3 distritos (Kisoro, Kabale y Kanungu), donde existen comunidades Batwa. La organización cuenta con un Comité de Representación Batwa, que los representa en los encuentros y talleres con el Fondo de Conservación (MBIFCT). La organización ha estado haciendo campaña por la tierra y el acceso a los bosques y ha representado los puntos de vista de los Batwa en las reuniones con representantes del gobierno y con ONGs. Además de continuar luchando por este tema, el UOBDU también ha significado un vehículo para que los Batwa puedan volver a desarrollar las habilidades perdidas y permitirles aunar su experiencia técnica en los temas de conocimiento de los bosques como un primer paso para reafirmar sus derechos y mejorar su calidad de vida.

Por: Penninah Zaninka, correo electrónico: zaninkap@utlonline.co.ug y Justin Kenrick, correo electrónico: J.Kenrick@socsci.gla.ac.uk

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