• Guyana: empoderamiento de pueblos indígenas a través del mapeo participativo

• Perú: proyecto gasífero de Camisea perjudica derechos de pueblos indígenas

• Surinam: compañías madereras chinas y derechos tribales

• Venezuela: mapeando un camino hacia el futuro

- Guyana: empoderamiento de pueblos indígenas a través del mapeo participativo

A pesar de décadas de presiones sobre sucesivos gobiernos para obtener el pleno reconocimiento legal de sus derechos tradicionales a la tierra, los 55 a 60.000 amerindios de Guyana todavía se encuentran en una de las situaciones más precarias de América del Sur en materia de tenencia de la tierra: muchas comunidades no poseen ningún tipo de título legal sobre sus tierras, mientras otras sólo cuentan con un título inseguro que apenas cubre una fracción de su territorio ancestral, y que puede ser revocada en cualquier momento en forma unilateral por el Ministerio de Asuntos Amerindios. Desde la independencia nacional en 1966, el estado guyanés solamente ha entregado títulos por 6.000 de las 24.000 millas cuadradas que según la recomendación de la Comisión de Tierras Amerindias (CTA) --un organismo establecido por los británicos en 1966 para resolver el problema de los territorios amerindios en respuesta a la persistente presión de los movimientos de base-- debieron haberse otorgado. Los pueblos indígenas se quejan de que las promesas incumplidas del gobierno en materia de derechos sobre la tierra constituye un robo a gran escala de sus territorios ancestrales realizado por parte del estado.

Las áreas no tituladas en los llamados "territorios estatales" están sujetas a concesiones de minería y madereo otorgadas por el gobierno central sin consulta previa a las comunidades amerindias. Las concesiones de oro y diamantes, por ejemplo, abarcan aproximadamente el 35% del país, un área que afecta a muchos de los territorios tradicionales de los pueblos Akawaio, Macusi, Wapichan y Wai Wai. Las comunidades indígenas protestan reclamando que la extracción de recursos comerciales, mal regulada y dominada por intereses externos provenientes de la costa, ha causado daños ambientales en sus territorios y trastornos sociales y culturales en sus comunidades.

La lucha indígena por la seguridad de tenencia de la tierra y su rechazo por la explotación destructiva de los recursos existentes en sus tierras dio un gran paso adelante en 1991 con la formación de la Asociación de Pueblos Amerindios (APA). La APA vincula a más de 80 comunidades amerindias que representan a nueve pueblos indígenas de Guyana. Muchas de las "unidades" locales de APA se vinculan con la oficina central en Georgetown a través de una red de radios. La APA trabaja para promover los derechos indígenas a nivel nacional, para mantener informadas a las comunidades sobre las políticas, leyes y proyectos del gobierno que puedan afectar su bienestar, y para hacer llegar las preocupaciones de los pueblos amerindios locales al gobierno central. Una parte esencial de la actividad de la APA es la realización de talleres de capacitación para líderes indígenas sobre leyes nacionales e internacionales relacionadas con los derechos indígenas y los recursos naturales.

En 1994, líderes amerindios de la Región 7 de Guyana y el personal de APA mantuvieron una reunión con el Presidente del país para presionar nuevamente por la obtención de títulos inalienables sobre la totalidad del territorio ancestral que abarca 3.000 millas cuadradas en el tramo superior del río Mazaruni. En respuesta, el Presidente los desafió a demostrar cómo utilizaban sus tierras y cuestionó por qué reclamaban la propiedad sobre un territorio tan extenso.

Después de una serie de reuniones en las seis comunidades amerindias del tramo superior del Mazaruni, los pueblos Akawaio y Arekuna decidieron que debían mapear su territorio tradicional y demostrar que todos los bosques y sabanas en su territorio han sido utilizados y ocupados por ellos de acuerdo a sus costumbres durante generaciones. Estuvieron de acuerdo en que elaborar su propio mapa ayudaría a demostrar que su punto de vista sobre la propiedad, la tenencia y el uso de recursos es muy diferente al del gobierno.

En 1995 comenzó el proyecto de mapeo en el sitio, con apoyo técnico de la APA y ONGs internacionales, entre las que se encontraban Forest Peoples Programme y Local Earth Observation. Un equipo de cuatro mapeadores indígenas recibió capacitación durante seis semanas en trabajos de mapeo y uso de la tecnología Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por su sigla en inglés). Durante nueve meses se efectuó el mapeo del territorio para indicar límites, asentamientos actuales y pasados, recursos naturales y sitios culturales, usando nombres y categorías definidas por las propias comunidades de acuerdo con su idioma y tradiciones. El mapa comunitario final muestra toda la cuenca del tramo superior del río Mazaruni cubierta por una capa impresionante de nombres de lugares indígenas, usos indígenas de la tierra múltiples y extensos, cementerios y áreas tradicionales especiales como "bodawa" (reservas de caza y pesca). Desde su publicación en 1998, el mapa ha sido elogiado por muchas personas y organismos, incluidos la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial. Lamentablemente, el gobierno de Guyana sigue negándose a aceptar el mapa como un reclamo legítimo de los indígenas sobre la propiedad de la tierra.

Sin amilanarse por la terquedad del gobierno nacional, las comunidades amerindias de toda Guyana se han inspirado en el proyecto de mapeo del tramo superior del Mazaruni. Desde 1998, la APA ha realizado nuevos proyectos con sus propios cartógrafos indígenas que fueron capacitados para digitalizar mapas básicos, ingresar datos de campo e imprimir mapas borrador para la verificación de las comunidades participantes. Este equipo interno ha trabajado con comunidades Arawak, Carib, Wapichan, Wai Wai y Akawaio para realizar cuatro nuevos proyectos de mapeo comunitario que abarcan un total de 14.000 millas cuadradas. Otros dos proyectos están actualmente en preparación y hay varios más planificados. Los equipos de mapeo local de todos estos proyectos fueron capacitados por un instructor amerindio Arekuna que participó en el primer proyecto de mapeo.

Quienes han participado en las actividades de mapeo destacan que en muchos aspectos los proyectos han sido una experiencia de empoderamiento. Resaltan que el conocimiento tradicional se ha visto revitalizado en la medida que los jóvenes trabajaron con los mayores para reunir la información para los mapas. El mapeo también elevó la conciencia de las comunidades de base sobre temas referidos al uso de la tierra y el manejo de recursos. El mapeo comunitario ha demostrado ser una herramienta útil para la defensa de los territorios indígenas. Un número creciente de mapeadores indígenas capacitados están hoy en condiciones de usar la tecnología GPS y sus propios mapas para determinar con precisión las concesiones de recursos que se superponen con sus fronteras. De igual manera, pueden detectar casos en los que las compañías han incursionado en tierras indígenas, trazar esa infracción en un mapa y demostrar a la compañía que se introdujo en territorio amerindio sin autorización. Ya ha sucedido que las compañías se han visto obligadas a retirar sus equipos al ser confrontadas con esta fuerte evidencia.

Los beneficios del trabajo de mapeo comunitario pionero de Guyana, hoy se están difundiendo a otros países. El instructor indígena ya ha ayudado a comunidades amerindias del vecino Surinam a mapear sus territorios tradicionales en el tramo inferior del río Marowijne. Las lecciones prácticas obtenidas a través de los proyectos de mapeo innovadores de la APA ahora se comparten con organizaciones de pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana que están preparando un proyecto para realizar su propia demarcación de sus territorios tradicionales. Una lección de Guyana resulta clara: la combinación de generación de capacidad a nivel de los poblados en los temas de los derechos sobre la tierra y el mapeo participativo pueden constituir una herramienta de empoderamiento para una estrategia de defensa territorial efectiva.

Por: Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, correo electrónico: tom@fppwrm.gn.apc.org

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- Perú: proyecto gasífero de Camisea perjudica derechos de pueblos indígenas

En diciembre de 2000 la compañía Pluspetrol con sede en Argentina ganó la concesión para extraer gas natural de la cuenca de Camisea en el sudeste de Perú. Sin embargo, la intención de Pluspetrol de realizar operaciones sísmicas y de perforación dentro de la reserva estatal de los Nahua/Kugapakori ha dado inicio a una controversia debido a los impactos potenciales que sufrirían los habitantes indígenas que viven en esa zona en aislamiento voluntario y en etapas iniciales de interacción directa con la sociedad nacional. El Bloque 88 se superpone con la reserva de los Nahua/Kugapakori, establecida por el estado en 1990 para proteger a los grupos indígenas Nahua y Kugapakori (también conocidos como los Nanti) de los peligros del contacto con la sociedad nacional. El grupo encabezado por Pluspetrol también incluye a la compañía estadounidense Hunt Oil y a la corporación coreana SK.

Las críticas apuntan a las consecuencias físicas del proyecto, que pueden ser potencialmente devastadoras: el aumento del acceso de personas ajenas a la reserva intensificará la presión sobre sus recursos y expondrá a sus habitantes a enfermedades contra las que tienen poca o ninguna resistencia. En forma igualmente grave el proyecto viola derechos de los pueblos indígenas acordados internacionalmente, y atenta contra el derecho de negarse a tener contacto que actualmente ejercen estos pueblos, que viven en aislamiento voluntario. El proyecto está actualmente en el momento crucial para su aprobación o reprobación. En efecto, el apoyo de los bancos estadounidenses, que actualmente están evaluándolo, es esencial para que pueda seguir adelante, pero los activistas están presionando a los bancos para que nieguen la financiación hasta tanto el proyecto no resuelva el tema de los derechos de los pueblos indígenas dentro de la reserva.

La reserva de los Nahua/Kugapakori, con una superficie de 443.887 hectáreas, es el hogar ancestral de los pueblos Nahua, Nanti y Matsigenka. La mayoría de estos grupos están en las etapas iniciales de interacción directa con la sociedad nacional peruana. Estos grupos en interacción inicial (a excepción de los Nahua) no hablan español, tienen solo un contacto directo esporádico con algunas otras comunidades indígenas que viven fuera de la reserva, y son altamente vulnerables a las enfermedades introducidas y a la explotación de personas ajenas a la reserva. Al mismo tiempo hay algunos Nanti y otros pobladores de origen étnico no determinado que han elegido evitar todo contacto directo con la sociedad nacional y viven en estado de aislamiento voluntario. Al elegir el aislamiento voluntario, estos pueblos están ejerciendo su derecho de decir no al contacto directo con la sociedad nacional. Estos grupos son aún más vulnerables a las enfermedades introducidas y viven en las cabeceras más alejadas de los ríos Timpia, Serjali y Paquiria, incluida el área donde se realizan las pruebas sísmicas. La federación indígena peruana FENAMAD afirma que "el contacto de estos pueblos con personas ajenas a la reserva constituiría una grave amenaza contra su derecho a la salud, la identidad cultural, bienestar y posesión de tierras... y contribuye a su extinción como personas individuales y como pueblos indígenas". Se estima que la población total de la reserva es de entre 1.000 y 2.000 personas.

Pluspetrol ha admitido que son posibles los encuentros no deseados con los pueblos que viven en aislamiento voluntario en la zona de pruebas sísmicas en las cabeceras de los ríos Paquira y Serjali. Las pruebas en la reserva comenzaron en mayo de 2002 y Pluspetrol aseguró a sus críticos que "no se promoverán esos contactos", que se redujo el área sísmica para evitarlos y que se han puesto en marcha planes de contingencia. Los planes consisten en enviar grupos de pobladores indígenas locales antes de la llegada de los grupos de ensayo sísmico y en vacunar a todos los trabajadores contra enfermedades potencialmente contagiosas. En realidad no está claro qué es lo que está sucediendo en el lugar. Algunos trabajadores locales de Pluspetrol dicen que hay informes que reportan haber visto "indígenas desnudos o no contactados" pero que no así encuentros directos.

El análisis independiente de la evaluación ambiental (EA) realizada por Pluspetrol, que solicitaran las federaciones indígenas nacionales y locales COMARU y AIDESEP, concluyó que "no es posible asumir que el plan (de contingencia) podrá evitar en forma efectiva los impactos perjudiciales, como la difusión de enfermedades introducidas, que podrían resultar fatales para estas poblaciones aisladas". De hecho, cuando la empresa Shell Oil realizó exploraciones preliminares en la región en los años 1980, más de la mitad de la población Nahua murió como resultado de enfermedades respiratorias contraídas de los madereros. Pluspetrol respondió afirmando que están en proceso de crear un programa de control ambiental comunitario independiente, 3 meses después de comenzados los trabajos en la reserva. Los informes de haber avistado indígenas no contactados, si bien fueron negados por Pluspetrol en Lima (cuyos representantes declararon que los informes se refieren a las poblaciones "tradicionales Matsigenka" en la parte inferior del Camisea, dejando sin explicar la desnudez de los indígenas o que se los avistara en zona sísmica) confirman la conclusión del análisis independiente: "no importa cuántas precauciones se tomen, la única política totalmente efectiva es evitar trabajar en áreas que se sabe que están habitadas por esos grupos". Aparte de los riesgos físicos de encuentros inadvertidos, el trabajo en áreas que se sabe que están habitadas por estos grupos perjudica el derecho de estos pueblos a evitar todo contacto directo con la sociedad nacional, que actualmente están ejerciendo.

La EA de Pluspetrol reconoce que los habitantes de las reservas se verán afectados directa e indirectamente por el proyecto, que tiene planteada la construcción de tres pozos y la exploración sísmica en un área de más de 800 km² de bosque tropical, dentro del territorio de la reserva. La revisión independiente de la evaluación ambiental identifica, sin embargo, muchas amenazas, como, por ejemplo, el aumento de la colonización, la reducción de la base de recursos y el deterioro de la salud que no fueron reconocidos por la evaluación ambiental. En consecuencia, existe en forma correspondiente una falta de medidas concretas para abordar adecuadamente estos problemas. El Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT se refiere a los derechos de los pueblos indígenas a participar en la formulación, instrumentación y evaluación de planes de desarrollo que puedan afectarlos. Asegurar una consulta adecuada no es simplemente una responsabilidad de la compañía, sino una obligación del estado peruano, que ratificó el Convenio 169 de la OIT.

Si bien Pluspetrol ha realizado algunas visitas a los asentamientos de los Nanti, Nahua y Matsigenka, no se han divulgado detalles de esas visitas ni se han identificado o creado metodologías de relacionamiento con grupos, que, en general, saben poco o nada de español y mucho menos de explosiones sísmicas. Uno de los grupos Matsigenka que vive entre los ríos Paquiria y Camisea afirma que fueron persuadidos de dejar sus hogares por los grupos de avanzada de Pluspetrol. Los ex residentes de Shiateni dicen que se mudaron cuando uno de estos grupos de avanzada les dijo que el ejército los arrestaría o serían diezmados por las enfermedades si no se reubicaban en otro lugar. Estas afirmaciones fueron negadas por Pluspetrol que afirma que sus grupos de avanzada solo establecieron contacto para informarles sobre los planes de Pluspetrol. La compañía sostiene que la reubicación fue una decisión independiente tomada como parte de un movimiento tradicional y estacional. Una conclusión posible es que esto ilustra los desafíos de comunicar los impactos de la exploración de gas a pueblos que casi no comprenden el español y que mucho menos pueden comprender conceptos que les son ajenos como propiedad, dinero o explosiones sísmicas. No está claro si se trata de un caso genuino de reubicación forzosa. En cambio sí resulta evidente la naturaleza apresurada, asistemática y poco transparente de estas visitas, cuyo propósito es instrumentar el proyecto con el menor reconocimiento posible de los derechos de los pueblos indígenas de la reserva.

Los trabajos en la reserva comenzaron en mayo de 2002 y sin embargo el relacionamiento con sus habitantes ha estado regido hasta el momento por las presiones de los cronogramas de trabajo, más que por el respeto a sus derechos reconocidos internacionalmente, o la preocupación por su salud y seguridad. Los problemas más preocupantes son: las graves carencias de la EA con relación a los impactos indirectos para los habitantes de la reserva, los riesgos reales de encuentros potencialmente fatales entre los grupos sísmicos y los pueblos en aislamiento voluntario, y el incumplimiento, tanto por parte de Pluspetrol como del estado, de su obligación legal de realizar consultas, como explícitamente lo establece el Convenio 169 de la OIT. Y lo que quizás sea aún más preocupante, las actividades del proyecto violan los derechos de los pueblos que viven en aislamiento voluntario de negarse al contacto directo con la sociedad nacional. Teniendo presentes todos esos defectos, los grupos de activistas deben apoyar los hallazgos del análisis independiente, que llama al gobierno peruano a "proteger a estas poblaciones prohibiendo las actividades industriales dentro de la reserva". También es necesario exhortar a los bancos estadounidenses a rechazar las propuestas de financiación hasta que los consorcios de Camisea tomen en cuenta los derechos fundamentales de los habitantes de la reserva; la decisión de los bancos está prevista para diciembre de 2002.

Por: Conrad Feather, Shinai Serjali, correo electrónico: conrad@serjali.org . Para obtener más información sobre la reserva Nahua/Kugapakori y sus pueblos indígenas visite los sitios web http://www.serjali.org y http://www.onr.com/cabeceras/

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- Surinam: compañías madereras chinas y derechos tribales

Las compañías madereras chinas son una presencia relativamente nueva en América del Sur. En Surinam, al menos dos de ellas están instaladas desde 1997. La ampliamente difundida prohibición del madereo dentro de China, impulsada, en parte, por las inundaciones devastadoras causadas por la pérdida de bosques, es una de las razones obvias de la internacionalización de la actividad maderera china. Según las estadísticas del gobierno surinamés en los años 2000-01, las compañías madereras chinas fueron por lejos las mayores productoras de madera rolliza y China fue por lejos el primer destino de exportación de rolos de madera surinamesa, cuadruplicando los valores del destino que ocupó el segundo lugar.

Este breve artículo analiza una zona de Surinam donde los chinos han establecido sus operaciones, el impacto de estas operaciones sobre el pueblo Saramaka, una de las seis tribus Marunes que viven dentro de las fronteras de Surinam, y las medidas tomadas por los Saramaka para lograr que se respeten sus derechos. Los Marunes son descendientes de esclavos fugados que lucharon para liberarse de la esclavitud y establecieron comunidades autónomas y viables a lo largo de los ríos más importantes del interior de los bosques tropicales de Surinam en los siglos XVII y XVIII. Su liberación de la esclavitud, sus derechos a tierras y territorios y a la administración autónoma de los mismos fueron reconocidos en tratados realizados con el gobierno colonial holandés en la década de 1760 y reafirmados en tratados posteriores en la década de 1830.

El pueblo Saramaka es una de las tribus Marunes más grandes, con una población de alrededor de 20.000 personas, que se distribuyen en más de 70 poblados a lo largo del río Surinam, uno de los principales del país. La propiedad del territorio Saramaka se divide entre varios clanes matrilineales. Los miembros de los clanes tienen derecho a cazar, pescar, cultivar y recolectar productos del bosque en el área de propiedad de su clan, pero la propiedad sigue siendo un derecho colectivo del clan. A pesar de esto, el gobierno de Surinam actualmente sostiene que los Saramaka y otros pueblos indígenas y Marunes no tienen derecho a sus tierras y recursos, y que los mismos son en su totalidad propiedad del estado, que los puede explotar en cualquier momento.

Los Saramaka se enteraron de que se había entregado una parte de su territorio en concesión a una compañía maderera, cuando en 1997 llegaron a la región los empleados de una empresa china que se hacía llamar NV Tacoba. Cuando los Saramaka cuestionaron a la compañía, se les dijo que la compañía contaba con permiso del gobierno y que cualquier intento de interferir en sus operaciones sería castigado con prisión. Una compañía china llamada Jin Lin Wood Industries apareció en la zona en el año 2000. Esta compañía está relacionada con la Ji Sheng, otra compañía china que realiza actividades en territorio Saramaka. También se descubrió recientemente en territorio Saramaka una concesión de 150.000 hectáreas otorgada a la empresa china NV Lumprex. Lumprex y Tacoba son propiedad en última instancia de China International Marine Containers (Group) Ltd., una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta compañía utiliza la madera para hacer tablas para pisos de contenedores de embarque. Por último, otra compañía china conocida como Fine Style también está operando en territorio Saramaka.

Las concesiones de las compañías chinas, que fueron otorgadas sin siquiera notificar a los Saramaka, son vigiladas por personal del ejército surinamés en servicio activo, que porta armas militares. Según testigos oculares, estas compañías han causado daños ambientales generalizados y han restringido sustancialmente la capacidad de los Saramaka de usar sus recursos forestales. Un testigo Saramaka, por ejemplo, declaró: "Los soldados me dijeron: 'Deja en paz a los chinos, vete a cazar allí (a un área ya talada por los chinos). Pero no dejes que los chinos te vean'. Y me fui allí: por donde uno mirara sólo había destrucción, el bosque estaba destruido. En Paramaribo (la capital) nadie sabe lo que están haciendo los chinos. ¿No debería alguien controlar las actividades de madereo de los inversores extranjeros? Los chinos cortaron cientos de árboles, los arrasaron hasta otro lugar y allí los apilaron. Los abandonaron en el bosque porque ya no los necesitan. Para nosotros, los pueblos del interior, resulta terrible ver los árboles de cedro talados, que son tan importantes para nosotros. Y toda esta destrucción también ha hecho huir a los animales".

Después de descubrir que el territorio había sido entregado a compañías madereras, los Saramaka comenzaron a organizarse y a realizar una serie de reuniones. Decidieron presentar reclamaciones formales ante el gobierno de Surinam solicitando la anulación de las concesiones y el reconocimiento legal de sus derechos sobre sus territorios. Se presentaron tres declaraciones entre octubre de 1999 y octubre de 2000, ninguna de las cuales recibió respuesta. Frente al silencio de las autoridades y el aumento del madereo, los Saramaka decidieron solicitar la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) y presentaron una demanda ante este organismo en octubre de 2000. En esa petición se citaba la falta de reconocimiento del estado de Surinam a los derechos de los Saramaka sobre sus tierras y recursos según las definiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la violación de ésos y otros derechos a causa de las concesiones madereras y mineras otorgadas en territorio Saramaka.

El 8 de agosto de 2002, la CIADH solicitó al gobierno de Surinam que "tome las medidas adecuadas para suspender todas las concesiones, incluidos los permisos y licencias de madereo y explotación minera y otras actividades de desarrollo de recursos naturales en tierras usadas y ocupadas por los 12 clanes Saramaka, hasta que la Comisión haya tenido la posibilidad de investigar los reclamos sustantivos alegados en el caso". Este tipo de solicitud, conocida técnicamente como medida precautoria, apunta a proteger al pueblo Saramaka contra las violaciones de los derechos humanos y la degradación ambiental causada por las compañías madereras que operan en territorio Saramaka, mientras la CIADH investiga la situación, y es un instrumento que se aplica solamente en casos extremos que plantean una amenaza de daño inmediato e irreparable.

Esta solicitud fue emitida después de que los Saramaka destacaron la necesidad urgente de la intervención inmediata de la CIADH para evitar los daños irreparables a la integridad física y cultural de su pueblo ocasionada por las actividades madereras. En su artículo en apoyo a la intervención de la CIADH, el Dr. Richard Price, antropólogo y experto académico de primer nivel sobre el pueblo Saramaka, plantea que de no aplicarse medidas de protección inmediatas, "el resultado más probable será el etnocidio, la destrucción de una cultura ampliamente considerada como una de las más creativas y vibrantes de toda la diáspora africana", y también que "el uso de tropas del ejército de Surinam para 'proteger' a los trabajadores chinos que destruyen los bosques de los que dependen los Saramakas para su sustento, construcción de viviendas y actividades religiosas es un grosero insulto a las ideas de los Saramaka sobre su soberanía territorial. … La presencial del ejército en el bosque sagrado de los Saramakas, con órdenes explícitas de protegerlo contra los Saramakas, en representación de los chinos, es la afrenta final a la integridad cultural y espiritual. Por autorización unilateral y a través de las concesiones madereras y mineras a compañías chinas, el gobierno postcolonial de Surinam intenta suprimir algunos de los derechos más sagrados y venerables de los Saramaka. En este sentido, la destrucción del bosque significaría el fin de la cultura Saramaka".

El caso presentado por los Saramaka constituye el primer cuestionamiento a la omisión de Surinam de reconocer los derechos territoriales indígenas y tribales realizado ante un organismo internacional de derechos humanos. Si tiene éxito, este caso puede representar un precedente que beneficiará a otros pueblos indígenas y marunes en Surinam. Actualmente el caso está a la espera de la decisión sobre los méritos por parte de la CIADH. Los Saramaka han solicitado a la CIADH que medie en un arreglo amistoso que permita lograr un acuerdo negociado para el retiro de las concesiones madereras y el reconocimiento de los derechos territoriales de los Saramaka. Si este recurso fallara, los Saramaka solicitan que el caso sea juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su resolución definitiva.

Hasta la fecha, Surinam no ha respondido de ninguna forma a los alegatos realizados en la petición, a pesar de las reiteradas solicitudes de información sobre el caso efectuadas por la Comisión. Por otra parte, y a pesar de la importante cobertura de prensa de la solicitud de medida precautoria de la CIADH, el gobierno de Surinam no ha tomado ninguna medida para cumplir la solicitud ni para proteger los derechos de los Saramaka a los territorios que han ocupado y usado tradicionalmente.

Por: Fergus MacKay, Coordinador, Programa de Derechos Humanos y Legales, Forest Peoples Programme, correo electrónico: fergus@euronet.nl

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- Venezuela: mapeando un camino hacia el futuro

El río Caura en Venezuela es el afluente más largo del Orinoco que todavía no ha sido contaminado o dividido, en el que no se han construido represas y que no ha sido desviado por la minería, la construcción de carreteras, el madereo y los proyectos de desarrollo a gran escala. En sus tramos superiores tienen su hogar dos grupos étnicos, "indígenas amazónicos". Uno de ellos es el de los Ye'kwana, que son un pueblo con una tradición sumamente desarrollada de agricultura itineraria y de construcción de grandes viviendas colectivas cónicas, y que han habitado esta zona por lo menos tanto como pueden relatar las crónicas. El otro grupo es el de los Sanema (Yanomami del norte), que son un grupo más móvil de cazadores, recolectores y agricultores incipientes, que ingresaron a esta zona desde el sur hace aproximadamente un siglo. En total, cerca de 3.500 indígenas dispersos en aproximadamente dos docenas de asentamientos ocupan cuatro millones de hectáreas del río, el bosque y la montaña que se extienden entre los asentamientos "criollos" de la frontera en la parte inferior del río y la frontera con Brasil hacia el sur.

Los relatos y cantos Ye'kwana hablan de un tiempo primordial en que Kuyujani, uno de los héroes de su cultura, atravesó los límites del territorio creando y dando nombre a las grandes montañas, las cataratas, las rocas sagradas y los estanques de agua. Esas historias, que reflejan los profundos lazos espirituales que unen a los Ye'kwana con su tierra, establecen al mismo tiempo sus derechos sobre la misma. La espiritualidad Sanema también está profundamente imbuida de un conocimiento del poder de los espíritus de los bosques y de los seres animales con los que se comunican los chamanes Sanema, y en los que se incorporan a través de sueños durante los cantos nocturnos y mediante el uso de alucinógenos durante los rituales diurnos. Cuando un Sanema se enferma, el chamán recurre al poder de esos espíritus tutelares para combatir las fuerzas malignas que causan la enfermedad. Ocultos a nuestros ojos durante el día, los espíritus se pueden percibir en las voces rugientes de las cataratas, en la luz que brilla y se desgrana a través de la espuma, en el goteo del agua de los estanques, en las horquetas de los árboles gigantes del bosques y en el llamado de los animales y los pájaros. El bosque está vivo, no sólo como "ecosistema" rico en madera y "recursos", sino también como una verdadera asociación de significado y poder, que otorga su identidad a estos pueblos.

Hace mucho tiempo que el gobierno de Venezuela considera al río Caura como una fuente potencial de energía hidráulica. Una represa propuesta en las cataratas de Para, donde el poderoso Caura cae con estrépito más de cien metros hasta la parte inferior del río, significaría la apropiación del río en su totalidad. Una segunda represa propuesta más arriba en el río Mereveri, tributario principal del Caura, desviaría más de la mitad del agua del río hacia el vecino río Paragua, para complementar el agua que fluye actualmente a través de la represa de Hurí en el Caroni. Ambas opciones significarían la inundación de las tierras más ricas de agricultura y caza de los indígenas y exigirían su reubicación forzada. La electricidad de estas represas se exportaría a Brasil para alimentar el desarrollo en el Estado de Roraima y se transportaría mediante las líneas de transmisión que ya atraviesan las tierras del vecino pueblo Pemón. Los ecologistas apenas pueden adivinar las consecuencias ambientales de estas obras, especialmente para los millones de hectáreas de bosques de pantano en la parte inferior del río, que probablemente se secarían si se construyeran las represas. Sin embargo, los indígenas son muy claros al respecto: no quieren las represas.

Para enfrentar estas amenazas, los pueblos Ye'kwana y Sanema formaron su propia asociación interétnica a la que llamaron Kuyujani. La asociación (y la red de transmisores de radio que instalaron) vinculan a todos los asentamientos dispersos del río, que se reúnen anualmente para elegir representantes políticos y decidir estrategias para manejar los desafíos a los que se enfrenta la cuenca del río (las minas de oro, la frontera agrícola, el turismo y la energía hidroeléctrica) y las mejores formas de presión para obtener el reconocimiento de sus derechos a la tierra. Con la asistencia técnica del Forest Peoples Programme, y con la financiación de las organizaciones IUCN-Netherlands, Rainforest Foundation y Nouvelle Planete, los indígenas realizaron el mapeo de su territorio. Esto implicó que un equipo capacitado de Ye'kwana y Sanema visitó cada asentamiento y se desplazó en canoa y a pie hasta cada área de importancia de su dominio. Después, usando dispositivos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), "georeferenciaron" toda esta información para trazar un mapa base con la ayuda de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. El resultado es un mapa enorme y detallado, de gran colorido, que muestra los nombres indígenas de todas las características de su territorio. Ahora, como parte de un segundo proyecto, el Kuyujani está elaborando un "plan de manejo" para esta área, en base a talleres autogestionados a nivel comunitario, para establecer el sistema tradicional de manejo de recursos y complementarlo con las ideas occidentales de manejo de recursos a través de la capacitación de ocho miembros de la comunidad en la Universidad en el campo de ciencias biológicas.

Estas iniciativas pioneras han ayudado a promover un cambio en la política nacional hacia los indígenas. En 1999, Venezuela aprobó una nueva Constitución que reconoce por primera vez el derecho de los "pueblos indígenas" a su "hábitat". En 2001, el Congreso venezolano aprobó una ley que establece un mecanismo para el reconocimiento de esos "hábitats", que fuera fuertemente influenciada por el modelo de Caura. La Comisión Nacional necesaria para promulgar esta ley fue establecida en agosto del mismo año. A principios de 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió informes de que el Congreso venezolano también ratificó la Convención 169 de la OIT. Mientras tanto, continúan las discusiones sobre una nueva ley orgánica de pueblos indígenas, que asegure un mayor reconocimiento de sus derechos e instituciones. El Kuyujani, en tanto, ha presentado la primera solicitud oficial a la Comisión Nacional para obtener el reconocimiento legal del Caura Superior como hábitat de los Ye'kwana y los Sanema. Los líderes del Kuyujani también han brindado asesoramiento y capacitación a otras comunidades indígenas de la Amazonia venezolana para realizar mapas y reclamar sus territorios. En tanto el gobierno venezolano mantenga su compromiso con esta nueva política progresista, se habrán sentado las bases para un reconocimiento a nivel nacional de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras.

Por: Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo electrónico: marcus@fppwrm.gn.apc.org

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