• Filipinas: pueblos indígenas y el Convenio sobre Diversidad Biológica
• Indonesia: la lucha por la autonomía
• Laos: el impacto de la represa Nam Theun 2 sobre los pueblos indígenas
• Rusia: mapeo de los territorios Evenki en Siberia central

- Filipinas: pueblos indígenas y el Convenio sobre Diversidad Biológica

El archipiélago filipino es extremadamente rico tanto en diversidad cultural como en diversidad biológica. Es uno de los 12 países con mega diversidad biológica del mundo y alberga más de 127 grupos culturales principales.

Sin embargo la biodiversidad se ha reducido en forma drástica y el país está considerado como uno de los más importantes "hotspots" del planeta (los sitios con la mayor riqueza en materia de especies de plantas y animales y a la vez los más amenazados, requiriendo urgentes medidas de conservación). En ese contexto, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es sumamente pertinente para el país y viceversa. Las organizaciones indígenas han venido afirmado que la historia de erosión de la biodiversidad en las tierras de pueblos indígenas está vinculada a su conversión en concesiones mineras y de madereo ofrecidas a través de relaciones políticas y a proyectos de "desarrollo" a gran escala inadecuados, como represas, plantaciones, etc. Las disposiciones del CDB más pertinentes para los pueblos indígenas filipinos son las que se están discutiendo y adelantando en el Grupo de Trabajo Intersesional Abierto Ad Hoc sobre la Instrumentación del Art. 8(j) y disposiciones relacionadas. En las últimas dos Conferencias de las Partes(COP) del CDB (COP5 en 2000 y COP6 en 2002), gran parte del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo del Artículo 8(j) fue aprobado como decisiones oficiales del CDB. Un aspecto de este trabajo que resulta particularmente importante para el tema del presente artículo, es el llamado a la participación efectiva de las comunidades indígenas locales en la elaboración de políticas y manejo de la biodiversidad a nivel local, nacional, regional e internacional.

Sin embargo, el CDB podría no estar totalmente abierto a otorgar un pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, aunque existe una comprensión cada vez mayor de que el medio ambiente y los derechos humanos se deben tratar en forma integrada y no en forma sectorial. Como lo expresara Vicky Tauli Corpuz, Directora ejecutiva de la Fundación Tebtebba (Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación y Educación sobre Políticas) con sede en Baguio: "Si bien ha establecido los derechos del estado-nación sobre los recursos genéticos, el CDB solamente reconoció la necesidad de respetar, preservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que expresan estilos de vida. El derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales a tener control sobre sus recursos genéticos ni siquiera está incluido. No obstante, gracias al lobby persistente de los pueblos indígenas y el apoyo de las ONGs y los gobiernos solidarios con esta causa, la elaboración del Artículo 8j abrió un espacio para que las partes contratantes tengan en cuenta los vínculos entre el respeto al conocimiento, las innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y los derechos de estos pueblos sobre sus territorios y recursos genéticos".

Filipinas ha sido considerado como uno de los países más activos y progresistas de Asia (y posiblemente del mundo) en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la creación de legislación para instrumentar algunas de las recomendaciones que surgen del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en relación con la bioprospección. Dichas leyes fueron elaboradas antes del establecimiento del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8(j) del CBD. En mayo de l995, el Presidente Ramos firmó la Orden Ejecutiva 247 (EO247), sobre Establecimiento de Pautas y Fijación de un Marco Reglamentario para la Prospección de Recursos Biológicos y Genéticos, sus Subproductos y Derivados con Fines Científicos, Comerciales y Otros. Entre las disposiciones referidas a las comunidades culturales indígenas (CCI), la EO247 establece que la Comisión Inter-Institucional sobre Recursos Biológicos y Genéticos (IACBGR, por su sigla en inglés), creada por la misma Orden, en virtud de la Sección 7 (e) tiene el mandato de "Garantizar la protección de los derechos de las comunidades indígenas y locales en las que se realiza la recolección o las investigaciones, ... La Comisión Inter-Institucional, después de realizar consultas con los sectores afectados, formulará y emitirá las pautas para llevar a la práctica las disposiciones sobre el consentimiento informado previo". En los últimos meses se aprobó una nueva Ley sobre Fauna que tendrá un impacto importante en el alcance y la instrumentación de la EO 247. Las reglamentaciones y reglas de instrumentación (RRI) todavía no están terminadas y la propia ley todavía no entró en vigencia, pero se espera que tenga un gran impacto sobre la definición y el proceso de bioprospección.

El 29 de octubre de l997, el Presidente firmó la Ley Nacional N° 8371, una ley para Reconocer, Proteger y Promover los Derechos de las Comunidades Culturales Indígenas y los Pueblos Indígenas, mediante la creación de una Comisión Nacional de Pueblos Indígenas que establezca mecanismos de instrumentación y asignación de fondos para estos y otros fines. Esta ley es conocida comúnmente como la "Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (LDPI) de 1997". Desde 1997, se han puesto en evidencia muchos puntos fuertes y débiles de la ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, de forma tal que hoy, si bien hay muchos grupos indígenas que siguen pensando que la ley se puede usar positivamente, otros exigen su anulación. Al margen de las ambigüedades teóricas y prácticas de la ley (especialmente con relación al uso confuso de los conceptos dominios ancestrales y tierras ancestrales, siendo estas últimas una reclamación individual, que abrió las puertas a la manipulación y comercialización de tierras indígenas), una de las críticas principales fue que la Comisión Nacional sobre Pueblos Indígenas (CNPI) no representa a los Pueblos Indígenas, dado que los Comisionados fueron principalmente designados por el Presidente sin una consulta previa (especialmente bajo la Administración Estrada) y que fueron corruptos o ineficientes, o ambas cosas. La CNPI fue sometida a una reestructura radical durante 2001, y a mediados de ese año se eligió un grupo nuevo de Comisionados a través de un proceso más participativo a nivel provincial, regional y nacional. Ahora parece existir más confianza en que la CNPI trabajará verdaderamente en función de los intereses de los pueblos indígenas.

Filipinas se puede considerar un campo de prueba interesante para los enfoques del tema del manejo de la biodiversidad que se basan en la participación y en los derechos. Dos ejemplos de ello son la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAPI) de 1992, y el uso de la ley de derechos de los pueblos indígenas. La ley de áreas protegidas fue pensada para crear un sistema de áreas protegidas amplio y para integrar la participación de las comunidades locales en el manejo de estas áreas protegidas y en la toma de decisiones sobre las mismas. Está previsto que el enfoque participativo tenga lugar principalmente a través del Consejo de Manejo de Áreas Protegidas (CMAP), compuesto por funcionarios gubernamentales, ONGs y representantes de las comunidades locales. Pero varias ONGs y organizaciones de base comunitarias, señalan que en muchos casos el CMAP no ha funcionado en forma efectiva, debido a una serie de limitaciones que varían, desde la falta de documentos en los idiomas locales y la falta de recursos para realizar reuniones en talleres, hasta el hecho de que el presidente del CMAP es un funcionario gubernamental y que los pobladores locales, en general, son reacios a expresar sus preocupaciones en presencia de funcionarios del gobierno. Por este motivo, en última instancia, el poder de la toma de decisiones sigue estando firmemente en manos del gobierno.

Debido al temor a perder el control sobre sus recursos y su destino, algunos grupos indígenas optan entonces por usar la ley LDPI para garantizar sus derechos sobre la tierra, su cultura y su vida, en vez de confiar en los mecanismos de participación propuestos en forma externa. Un caso ilustrativo es el de los Calamian Tagbanwa de la isla Coron, islas Calamianes, Palawan Norte. Los Tagbanwa de la isla Coron viven en una asombrosamente bella isla de piedra caliza, rodeada por aguas que alguna vez fueron ricas en recursos marinos, su principal fuente de sustento. Hacia mediados de la década de los 1980, sin tener la tenencia legal segura de esas tierras, la invasión creciente de pescadores migratorios, empresarios turísticos, políticos en busca de negocios con tierras y organismos del gobierno interesados en controlar los diversos recursos de la isla, trajo como consecuencia una pérdida rápida del control sobre los recursos terrestres y marinos de la isla, hasta el punto de llegar a una situación de escasez de alimentos. Los Tagbanwa reaccionaron creando la Fundación Tagbanwa de la Isla Coron (TFCI, por su sigla en inglés) en 1985 y solicitando un Acuerdo de Administración Comunitaria de Bosques. En 1990 se les otorgó un acuerdo de administración que abarcaba toda la isla y la pequeña isla vecina de Delian (un total de 7.748 hectáreas). Poco después descubrieron que su principal fuente de sustento, las aguas del mar que rodean la isla, se estaban degradando a un ritmo alarmante debido a la dinamita, el cianuro y otras formas de pesca ilegal y destructiva.

A través de una Orden Ejecutiva aprobada en 1993 que permitió que el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitiera Reclamaciones de Título de Dominio Ancestral (RTDA), y con la ayuda de una ONG nacional (PAFID), lograron en 1998 obtener el primer Certificado de Título de Dominio Ancestral (CTDA) emitido en el país. Este certificado, que incluia la tierra y las aguas marinas, otorgó el título de dominio sobre un total de 22.284 hectáreas. Los Tagbanwa hicieron mapas de gran calidad de sus territorios, desarrollaron un Plan de Manejo de Dominio Ancestral, y siguieron la evolución de la ley de derechos de los Pueblos Indígenas, utilizándola con éxito para obtener un nuevo Certificado de Título de Dominio Ancestral a principios de 2001. El título implica que los Tagbanwa poseen actualmente el control de la toma de decisiones con relación al uso y manejo sustentables de los recursos de la isla. Como lo expresara Aguilar, Presidente de la TFCI: "somos un ejemplo viviente de cómo los pueblos indígenas pueden utilizar con éxito la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas". El certificado de reclamación (CRDA) y el certificado del título (CTDA) fueron utilizados inmediatamente cuando la isla Coron fue seleccionada como uno de los 8 sitios de aplicación del Programa Nacional de Áreas Protegidas Integradas (un programa del Departamento de Medio Ambiente financiado por la Unión Europea) en el período 1996 a 2001. La intención final del Departamento de Medio Ambiente fue (y sigue siendo) definir a la isla entera como Área Protegida, pero hasta ahora esto no se ha materializado, porque los Tagbanwa temen perder una vez más el control sobre la isla, aunque se les prometió una participación mayoritaria en el Consejo de Manejo de Áreas Protegidas. Habiendo conseguido un Título de dominio prefieren apegarse al enfoque de manejo de recursos basado en los derechos, en vez de aceptar un enfoque participativo incierto a través del Consejo de Manejo. Son varias las comunidades indígenas de otras partes del país que pretenden obtener un Certificado de Título de Dominio Ancestral sobre sus territorios y aguas como herramienta para garantizar sus derechos.

Los casos anteriores sugieren que el CDB puede convertirse en un convenio útil para los pueblos indígenas de Filipinas, sólo si contribuye al desarrollo de procesos participativos que realmente confieran a los pueblos indígenas un cierto grado de control sobre la toma de decisiones, y, lo que es todavía más importante, si reconoce y promueve abiertamente un vínculo más fuerte entre la biodiversidad, la cultura y el conocimiento indígenas y los derechos indígenas sobre sus territorios y recursos, aceptando enfoques de manejo sustentable y conservación de la biodiversidad basados en los derechos.

A pesar de estos avances positivos e interesantes que han tenido en el país los enfoques participativos y basados en los derechos, es importante destacar que en el marco más amplio de las políticas de desarrollo y medio ambiente, el paradigma de crecimiento económico del gobierno filipino y su compromiso con la agenda de la globalización de la OMC, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se orienta a continuar con el proceso de conversión de la tierra para usos industriales (un ejemplo notorio es la Ley de Minería de 1995). Esto inevitablemente aumentará la pérdida de diversidad biológica y cultural. La forma en que se resuelvan estas tensiones y las prioridades que prevalezcan ejercerán una influencia profunda en el futuro de la biodiversidad y de los pueblos indígenas en Filipinas.

Por: Maurizio Farhan Ferrari, Forest Peoples Programme, correo electrónico: mfferrari@pd.jaring.my

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- Indonesia: la lucha por la autonomía

Desde la caída de la dictadura de Suharto en 1998, una pujante lucha a escala nacional por el reconocimiento de los derechos indígenas ha encontrado eco en Indonesia. Personificado en la Alianzi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN - Alianza de los Pueblos Gobernados por la Tradición del Archipiélago), este movimiento reclama el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras así como el derecho a un gobierno autónomo. Basado en el reconocimiento constitucional de la adat (tradición), el movimiento busca devolver a las comunidades el poder perdido a favor del Estado en las reformas centralizadoras de las décadas de 1960 y 1970. Pak Nazarius, un Dayak de Kalimantan del Oeste y Coordinador de AMAN para la región central, afirma:

"Durante la época colonial, Indonesia fue colonizada pero las comunidades mantuvieron su libertad. Con la independencia, el país obtuvo la libertad pero se colonizaron las comunidades. Para no ser una continuación de la dictadura, la reforma nacional debe implicar que las comunidades tradicionales obtengan la libertad".

AMAN estima que entre 60 y 120 millones personas viven en comunidades regidas todavía por el sistema consuetudinario, en una población nacional de 200 millones. Estas personas reivindican derechos sobre todo o casi todo el territorio de bosques del país, pero se enfrentan a obstáculos importantes. Según las leyes forestales nacionales, aproximadamente el 70% del territorio indonesio fue clasificado como Bosques Estatales dentro de la jurisdicción del Departamento Forestal. La mayoría de esos bosques fueron luego arrendados a empresas madereras y plantadoras, quienes bajo un supuesto manejo forestal sustentable han destruido los bosques del país a un ritmo de 1,2 millones de hectáreas al año durante las últimas dos décadas. Esa tasa aumentó a 3 millones de hectáreas al año, de acuerdo a la organización ambiental nacional WALHI, principalmente para saciar el apetito voraz de las compañías nacionales de madera contrachapada y celulosa, que pueden llegar a consumir 70 millones de metros cúbicos de madera al año (superando en más de tres veces a la ya de por sí demasiado optimista estimación oficial de 20 millones de metros cúbicos anuales de cosecha nacional sustentable de madera).

Dentro de los Bosques Estatales, todos los derechos de propiedad están extinguidos por definición, aunque se puede permitir a las comunidades tradicionales que cosechen algunos productos del bosque en la medida que las compañías locales lo autoricen. Pero fuera de los Bosques Estatales, de hecho también se niegan los mecanismos de reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra. En ese contexto, AMAN forma parte de un amplio movimiento de la sociedad civil que reclama reformas radicales en el manejo de los recursos naturales, de acuerdo a principios constitucionales que reconocen que los sistemas actuales de jurisdicción sobre los recursos naturales y de tenencia de la tierra, son las principales causas de la injusticia social, los conflictos y el saqueo ambiental.

Las políticas nacionales de desarrollo han desmembrado los territorios indígenas, desde el punto de vista físico y también mediante la superposición de jurisdicciones administrativas. A pesar de eso, los pobladores quieren que se les devuelva la autoridad total sobre sus tierras. Pak Nazarius lo explica de la siguiente manera:

"En mi comunidad entendemos que tenemos derechos sobre nuestras tierras y los recursos naturales que están tanto por encima como por debajo de ella. Todo lo que hay hasta el cielo nos pertenece. Varias leyes y políticas han clasificado a nuestros bosques como Bosques Estatales y a los minerales como propiedad del Estado. Nosotros no lo vemos así. Tengo pelos en mis brazos, sobre mi piel. Ambos son míos. También me pertenecen la carne y los huesos que están debajo. También son míos. Nadie tiene el derecho de quitármelos. Pero la política ha separado esas cosas, y de esa manera nos ha cortado en pedazos. Queremos que se nos devuelva la tierra en su integridad".

Las demandas de los indígenas se ven favorecidas hasta cierto punto por la descentralización administrativa establecida por ley en 1999. Esas reformas incrementaron el poder de la clase política local, intensificando por un lado la presión sobre los recursos naturales para generar ingresos con los que pagar los costos administrativos locales y llenar los bolsillos de los funcionarios y sus cómplices locales, pero por otro lado también implican un acercamiento del gobierno a las comunidades indígenas. En el sur de Sulawesi, por insistencia de los indígenas, se han promulgado leyes locales que reconocen la autoridad de las "lembang", las instituciones territoriales nacionales del pueblo Toraja. En el oeste de Java, un decreto departamental reconoce ahora los derechos territoriales de 52 aldeas Baduy. Estas reformas presagian un gran cambio en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, con resultados muy diversos, para bien o para mal, en los cerca de 360 distritos con gobierno autónomo que integran Indonesia en la actualidad.

Por: Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo electrónico: marcus@fppwrm.gn.apc.org

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- Laos: el impacto de la represa Nam Theun 2 sobre los pueblos indígenas

En julio de 2002, el Banco Mundial publicó un "marco de referencia" para su involucramiento en la propuesta de construcción de la represa Nam Theun 2. El documento explica cómo el Banco pretende decidir si aprueba o no un préstamo de US$ 100 millones como garantía frente al riesgo político de la represa de 1.000 MW propuesta.

La represa, cuyo costo es de US$ 1,5 mil millones, ha sido estudiada durante más de una década. La empresa a cargo del proyecto, Nam Theun 2 Electricity Company (NTEC) es un consorcio en el que participan Electricité de France con Harza Engineering, la Electricity Generating Company of Thailand, Ital-Thai y el gobierno de Laos. Sin la garantía del Banco Mundial, los financiadores comerciales no se arriesgarán a invertir en el proyecto.

En caso de ser contruida, la represa determinaría el reasentamiento forzado de más de 5.000 indígenas. El agua del reservorio de 450 kilómetros cuadrados se desviaría través de una central eléctrica al río Xe Bang Fai, otro afluente del Mekong. De acuerdo a un estudio independiente realizado recientemente, 130.000 personas, muchas de los cuales son indígenas, obtienen "importantes beneficios de sustento" del río Xe Bang Fai y sus afluentes. En mayo de 2002, Bruce Shoemaker, uno de los autores del estudio, explicó ante una Audiencia del Congreso de EE.UU. que si se construye la represa, "se alterará radicalmente el flujo del río, cambiarán los ciclos de crecientes, y quedarán sumergidos los rápidos (las mejores zonas de pesca)".

En su marco de referencia, el Banco Mundial afirma que "La preparación del proyecto se ha centrado en mitigar esos impactos negativos asegurando que el diseño e instrumentación de los planes relacionados con todas las políticas de salvaguardia del Banco se ejecuten cumpliendo con las normas del Banco o excediéndolas".

Lo que el Banco no menciona en su documento es que el proyecto ya ha tenido un impacto importante sobre las comunidades indígenas que viven en el área propuesta para el reservorio. Desde hace por lo menos 10 años, una compañía maderera de Laos manejada por el ejército, Bholisat Pattana Khed Poudoi (BPKP), ha estado talando el área del reservorio en la meseta de Nakai. En 2000, una investigación del Banco Mundial descubrió que BPKP también estaba realizando operaciones de madereo a gran escala en los bosques que rodean el reservorio, que están supuestamente protegidos.

El Grupo Asesor Internacional (IAG, por su sigla en inglés) designado por el Banco Mundial para controlar el proyecto, confirma que el madereo está afectando a las comunidades indígenas. En abril de 2001, el IAG informó que "la tala progresiva de bosques y otras formas de vegetación de la meseta previendo la inundación del área ha determinado la disminución de las áreas de recolección de alimentos y otros productos no madereros, incluidos materiales para la construcción de viviendas". En una carta al vicepresidente del Banco Mundial, el IAG escribió: "Los poblados que visitamos están sumergidos en un nivel de pobreza más bajo del que tenían hace cinco años o más, si eso es posible."

Los indígenas que viven en la meseta de Nakai y los bosques circundantes pertenecen a 28 grupos étnicos distintos, según el antropólogo James Chamberlain, contratado por el Banco Mundial en 1996. Entre estos pueblos, Chamberlain destacó la presencia de "grupos etnolingüísticos Vietic [que] no han sido clasificados correctamente, y varios otros como los Atel, los Malang, los Arao y los Salang-X, que hasta ahora eran completamente desconocidos."

Sin embargo, NTEC contrató a otro consultor, Stephen Sparkes, que trabajaba para Norplan, una firma consultora noruega. Sparkes escribió que "Después de realizar trabajo de campo en el área, me he referido a la meseta como una 'cultura de crisol de etnias y pueblos', porque cada vez es más difícil distinguir un grupo de otro".

El trabajo de Sparkes contó con la aprobación de NTEC, y posteriormente la empresa a cargo del proyecto describió a los pueblos habitantes de la meseta de Nakai como "pueblos indígenas en general, ya que no existen diferencias significativas entre los grupos".

A pesar de que los pobladores de la meseta no fueron consultados antes de que BPKP talara sus bosques, NTEC afirma en su sitio web que "se realizaron más de 242 consultas públicas, sesiones informativas de participación y reuniones a nivel local, regional, nacional e internacional para el proyecto Nam Theun 2".

Más de 200 de esas "consultas" se realizaron entre febrero y junio de 1997 en poblados de la meseta de Nakai y a lo largo del río Xe Bang Fai. En ese momento BPKP ya estaba talando el área del reservorio.

Bárbara Franklin, una asesora contratada por el Banco Mundial para hacer el seguimiento del proceso de consulta del proyecto fue extremadamente crítica en relación con dicho proceso.

Después de las presentaciones del equipo de consulta de NTEC, Franklin preguntó a pobladores seleccionados al azar qué cambios traería la represa a sus poblados y señaló que en sus respuestas "muchos de los pobladores describían imágenes idílicas, diciendo cosas como: 'Todo será mejor porque esta gente va a venir a ayudarnos' ".

Franklin presentó más evidencia de que la información que los consultores de NTEC manejaron en sus presentaciones fue excesivamente optimista y tendenciosa. En poblados a lo largo del río Xe Bang Fai, cuyo reasentamiento no está planteado en el marco del proyecto, se encontró con pobladores que le dijeron que ellos también deseaban ser reasentados.

En realidad, muchos pobladores simplemente no entendieron las presentaciones de NTEC, realizadas en idioma lao. Franklin señaló que en algunos poblados del río Xe Bang Fai, hay muchos pobladores que no hablan lao con fluidez. El resultado, según ella, fue que "muchos participantes comprendieron poco o nada de la reunión".

Los consultores de NTEC tampoco mejoraron su actuación en las presentaciones visuales. Durante las presentaciones en los poblados del río Xe Bang Fai, el equipo de consulta mostró a los pobladores un corte transversal del canal propuesto que llevaría agua desde la central eléctrica al río Xe Bang Fai. Se prevé que el canal destruirá 60 hectáreas de arrozales de los pobladores. En base a sus conversaciones con los pobladores después de la reunión, Franklin comentó que "la mayoría de los pobladores creyeron que estaban viendo la imagen de un pozo de agua".

En sus conclusiones, Franklin establece que "no queda claro si las mujeres y las minorías étnicas que no hablan lao fueron consultadas en la forma significativa que exigen las Directivas Operativas del Banco Mundial". Sin embargo, los ejemplos que presenta en su informe, muestran con total claridad que los pobladores no fueron consultados en forma efectiva.

NTEC afirma en su sitio web que se ha "comprometido a ayudar a los hogares afectados a hacer una elección informada sobre reasentamiento y compensación". En otras palabras, la elección informada ofrecida por NTEC no tiene que ver con si los pueblos indígenas quieren que se inunden sus tierras, que se destruyan sus ríos y que se talen sus bosques o se les prohíba el ingreso en nombre de la conservación y ni siquiera si quieren que exista un gran proyecto hidroeléctrico en su territorio.

En su lugar, NTEC presenta a los pueblos indígenas de la meseta de Nakai una opción simple: o se mudan o se ahogan.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de

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- Rusia: mapeo de los territorios Evenki en Siberia central

Las montañas entre los ríos Yenisei y Lena son una de las últimas regiones no devastadas de bosque boreal ("taiga") en Eurasia. Esta región es el hábitat de aborígenes cazadores y pastores como los Evenki, Ket, Sel'kup, Sakha y Dolgan. A pesar de que los colonizadores cosacos utilizaron los ríos Yenisei, Lena y el tramo inferior del río Tunguska como ruta principal para dominar e integrar el este siberiano al Imperio Ruso en el siglo XVII, el altiplano siberiano central se salvó de la mayoría de las trastornos del industrialismo ruso y soviético de los siglos XIX y XX. La "taiga" siberiana central sigue estando escasamente poblada y es uno de los principales nichos ecológicos de aves acuáticas, renos migratorios y domésticos, y alberga a varias especies de animales, desde el zorro ártico a la codiciada marta del Yenisei. A pesar de que los rusos son mayoría en las pocas ciudades y aldeas urbanas de la región, los aborígenes cazadores y pastores de renos continúan siendo los amos de los vastos espacios rurales, al igual que durante el siglo XVII.

Esa situación relativamente estable fue interrumpida recientemente con el pasaje de la ex Unión Soviética al mercado capitalista monopólico. El altiplano siberiano central es hoy en día considerado como una vasta "reserva" de petróleo, gas, carbón, metales pesados y productos forestales. Las compañías petroleras rusas nacionales y extranjeras compiten por acceder a los recursos del subsuelo de la región, así como también a los derechos para construir los caminos, oleoductos y gasoductos necesarios para transportar combustibles y madera a los mercados extranjeros. Los aborígenes de la región, alguna vez llamados la vanguardia socialista de pastores y cazadores, buscan ahora un nuevo marco legal para recuperar su derecho a expresarse en el clima de cambios políticos y económicos que los rodea.

La organización Forest Peoples Programme, en colaboración con la Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON, por sus iniciales en inglés), ha comenzado a capacitar a los pastores y cazadores evenki para que elaboren sus propios mapas de sus tierras tradicionales, usando dispositivos portátiles de los Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por su sigla en inglés) y el software Sistema de Información Geográfica (GIS). Se espera que con estas herramientas, la asociación de defensa de los derechos de los aborígenes locales pueda hacer mejor uso de la legislación rusa que controla el acceso de las compañías a la taiga.

El mapeo del uso de la tierra es un tema que tiene connotaciones políticas en la Federación Rusa. La legislación soviética existente y las nuevas leyes rusas regulan el acceso a mapas topográficos y a la tecnología GPS en ciertas escalas. De todas maneras, la legislación federal aprobada recientemente carga a los cazadores aborígenes y no aborígenes con la responsabilidad de presentar al gobierno federal los mapas y descripciones de sus tierras tradicionales, si pretenden ser protegidos de la explotación industrial. La Ley Federal que protege los "territorios de uso tradicional de la tierra" permite a las comunidades locales de pueblos aborígenes y no aborígenes quitar sus tierras del registro federal de reservas de territorios, y así destinarlas a usos tradicionales, no industriales. El desafío de este proyecto en colaboración ha sido encontrar una forma de utilizar las herramientas de mapeo modernas de modo tal que se respeten las leyes vigentes, y también se obtenga información tan exacta como sea posible sobre la ubicación de sitios tradicionales para su protección. Hoy por hoy, los principales consorcios petroleros de la región están dispuestos a escuchar propuestas razonables para la protección de determinados lugares que se destinarían a actividades tradicionales y existe gran optimismo en la región para alcanzar una solución negociada.

El proyecto conjunto FPP/RAIPON comenzó su trabajo en la zona más al norte del distrito autónomo evenki, en los espacios de la taiga bañados por el tramo inferior del río Tunguska y el río Vilui. De todas formas la región es vasta y se enfrenta a diversos problemas. En el distrito norteño de Ilimpei, el desarrollo industrial todavía no amenaza en forma inmediata a cazadores y pastores de renos. Sin embargo ya comenzó la destrucción de asentamientos tradicionales y espacios para la caza en los condados más sureños del distrito alrededor del pueblo de Osharavo. Más allá de las fronteras del distrito autónomo evenki, en el condado de Turukhansk, provincia de Irkutsk, y en el distrito autónomo de Taimyr, la explotación industrial avanzó a pasos agigantados sobre las tierras aborígenes ya ocupadas por gasoductos, minas a cielo abierto y bloques de bosques talados. Aún resta mucho trabajo por hacer en Siberia y el FPP está más que abierto a la colaboración con otras organizaciones de derechos humanos que quieran compartir esta experiencia de mapeo de uso de la tierra.

Por: David G. Anderson, Forest Peoples Programme, correo electrónico: david.anderson@abdn.ac.uk

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