• Argentina: poblaciones y bosques amenazados por empresa minera canadiense
• Brasil: investigación cuestiona certificación de dos plantaciones por el FSC
• Chile: policía al servicio de empresa forestal asesina a joven mapuche
• Uruguay: ¿qué es lo que está certificando el FSC?

   

LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

La ciudad de Esquel, se encuentra enclavada sobre las márgenes del Arroyo Esquel entre cerros cuyas faldas forman un imponente anfiteatro, realzado por bosques marginales de la región de los bosques subantárticos y en particular de la llamada selva Valdiviana, en la Provincia de Chubut, al Oeste de la Patagonia Argentina. Sus 31.000 habitantes viven y disfrutan de un entorno que ellos describen como una ciudad cuya naturaleza sorprende al viajero todas las estaciones del año por paisajes de inusitada belleza, árboles milenarios, ríos y cientos de espejos de agua protegidos por enigmáticos bosques. Muchos de sus habitantes se sienten orgullosos de anunciar que cultivan el respeto y el cuidado por la naturaleza. Pertenecen a una comarca donde quienes "habitamos aspiramos a que nuestros hijos y nietos puedan disfrutarla".

Este sentimiento parece no ser de mucha importancia para quienes promueven la instalación de una planta de tratamiento minero con cianuro para la explotación de oro a sólo 5 kilómetros aguas arriba de esta hermosa ciudad. Lamentablemente, éste sería sólo el primero de muchos otros proyectos de extracción minera, que afectarán a toda la región andino patagónica y en general a toda la cordillera de Los Andes de Argentina y Chile, debido a los privilegios otorgados a las multinacionales a través del Tratado de Integración Minera, firmado en diciembre de 1997.

La extracción del oro es una de las actividades más destructivas y contaminantes. La de Esquel en particular sería extremadamente depredadora, ya que se realizaría dinamitando 42.000 toneladas de roca por día, de las cuales se molerían 3000 toneladas hasta reducirlas a polvo, que serían luego tratadas con cianuro de sodio disuelto en agua. Como consecuencia, en forma inmediata aumentaría el consumo de agua, sin que se haya estudiado el potencial agotamiento de arroyos, lagunas y vertientes usadas en los campos y la ciudad. Habría además problemas sonoros por las explosiones y generación de polvos, especialmente durante el verano y riesgos de accidentes de todo tipo durante el transporte y uso de estas enormes cantidades de cianuro, considerado uno de los venenos más potentes que se conocen., además de ácido sulfúrico y otros compuestos letales. La calidad de vida de los habitantes, se vería enormemente afectada, tal como lo afirma un reciente informe elaborado por la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE, cuyo texto completo puede leerse en: http://www.wrm.org.uy/paises/Argentina/esquel.html . Se comprometería además irreversiblemente el potencial turístico de la región conocida internacionalmente por su aún naturaleza prístina.

Haciendo uso de las facilidades y privilegios otorgados por el gobierno --tales como la exoneración total del pago de impuestos-- la Meridian Gold, multinacional de capitales canadienses, dueña del 90 % del paquete accionario de la empresa argentina El Desquite SA, obtendría ganancias que superarían los 1.000 millones de dólares "a cambio de unas docenas de puestos de trabajo y regalías prácticamente inexistentes", como también afirma el informe de RENACE.

La empresa no ha escatimado medidas para convencer a la población local de que no habrá contaminación ni fugas tóxicas, haciendo alarde del mito de la responsabilidad ambiental de las empresas canadienses. Sin embargo, es sabido que esto es solamente un mito, ya que "las peores repercusiones sociales y ecológicas de los últimos 15 años se pueden atribuir a algunas de las mayores empresas de Canadá, respaldadas por sus más respetadas instituciones privadas, financieras y gubernamentales", tal como lo afirma el informe del WRM sobre empresas mineras canadienses, que se encuentra disponible en: http://www.wrm.org.uy/publicaciones/mineria.html

En ambos informes se pueden encontrar ejemplos de la irresponsabilidad con la que han actuado las empresas y los desastres ambientales producto de ella. Sin embargo, las empresas utilizan todo tipo de métodos para que la población no reaccione mientras ellas "vacían las montañas": los llevan de visita a otros países, dan charlas para la comunidad y amenazan a quien se oponga. Algunos han mordido ingenuamente el anzuelo de las promesas de trabajo, que ya están desmintiendo las autoridades mineras y del supuesto desarrollo, que como ya ha ocurrido, es para pocos a expensas de los bienes públicos.

En Esquel se ha repetido el mismo esquema. Invitados por la empresa, un grupo de vecinos viajó recientemente a Antofagasta, al Norte de Chile a visitar un emprendimiento minero que se realiza en medio del desierto más árido del mundo, imposible de ser comparado con esta región, vecina al Parque Nacional Los Alerces, donde existen bosques (de Fitzroya cupressoides) de más de 2000 años, un verdadero sagrario natural.

Por otro lado, el Auditorio Municipal de Esquel fue el escenario de una vergonzosa conferencia --por el cúmulo de errores e inexactitudes-- dictada por un representante de Dupont, una de las empresas que posiblemente venda el cianuro, mientras representantes locales de la Dirección de Minas repartían folletos de Dupont y el propio Director ayudaba con la proyección de las imágenes.

Para completar el panorama, la Dra. Silvia González, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia, recibió amenazas telefónicas luego de haber presentado en escuelas de la ciudad un trabajo científico sobre los efectos del cianuro.

Pese a todo, esta comunidad, al igual que la de Tambogrande en Perú, de Los Encuentros en Ecuador, del Planalto en Colombia, de San Carlos en Costa Rica, está dispuesta a defender sus tierras, sus bosques y su calidad de vida y a exigir a las autoridades nacionales que no permitan el saqueo.

Artículo basado en información obtenida de Silvana Buján, correo electrónico: ecosil@speedy.com.ar, Informe preparado por RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista, http://www.esquelonline.com/esquel.htm, http://www.rebelion.org/ecologia/esquel071102.htm

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- Brasil: investigación cuestiona certificación de dos plantaciones por el FSC

Un grupo de siete investigadores evaluó las certificaciones de la empresa V&M Florestal Ltda. (Vallourec & Mannesman), que en 1999 obtuvo la certificación del FSC para toda su área de 235.886 hectáreas, a través de la certificadora SGS, como asimismo las de Plantar Reflorestamentos S.A., que recibió la certificación de SCS por un área de 13.287 hectáreas. Con dicha certificación, V&M Florestal se convirtió en la empresa con más área certificada en el Brasil. Del total del área, 128.326 hectáreas están plantadas con eucaliptos, mientras que el resto, 107.560 hectáreas, son áreas de cultivos abandonados y áreas de "cerrado", la vegetación boscosa típica de la región (el cerrado es una sabana tropical en la cual la vegetación herbácea coexiste con más de 420 especies de árboles y arbustos dispersos). Plantar tiene cerca de 280.000 hectáreas, lo que significa que sólo certificó el 4.8% de sus tierras. Se trata entonces de dos megaempresas del sector de plantación de eucaliptos en Brasil, cuya producción se destina a la fabricación de carbón vegetal.

Casi todo el eucalipto que planta V&M Florestal se utiliza para fabricar tubos de acero en la fábrica V&M de Brasil. Ambas empresas tienen un solo propietario y casi todo el capital es francoalemán. A su vez, Plantar S.A., una empresa de capital brasileño, utiliza su eucalipto para la fundición de hierro, salvo el área certificada por el FSC, cuya madera se utiliza para producir carbón para asado. Plantar también pretende participar en el "mercado del carbono" vendiendo bonos de las plantaciones. En resumen, las actividades principales de las empresas evaluadas son el plantío y extracción de eucalipto para la producción de carbón.

Comprobamos que las empresas certificadoras SGS y SCS cometieron una serie de irregularidades durante el proceso de certificación:

- No realizaron un estudio profundo del contexto que rodea a las empresas que plantan eucalipto y menospreciaron una serie de aspectos sociales, económicos y ambientales importantes;

- Escucharon a pocos "actores involucrados" y sólo a los menos críticos. Y, es más, no escucharon a los "actores involucrados" más importantes y, por consiguiente, no obtuvieron informaciones fundamentales sobre una serie de problemas serios que involucran a las empresas;

- No quedó claro si las condiciones y recomendaciones de hecho revirtieron el evidente incumplimiento de determinados principios y/o criterios del FSC y si se está haciendo el seguimiento adecuado al cumplimiento de esas condiciones y recomendaciones;

- No difundieron el resumen público de la certificación para que lo conociera la sociedad civil local y regional, incluso los organismos públicos; SGS ni siquiera puso a disposición en la internet una versión del resumen público en portugués, el idioma oficial de Brasil.

Los siguientes son algunos de los principales incumplimientos por parte de las empresas de los Principios y Criterios del FSC que se comprobaron durante la investigación:

- tanto en la empresa V&M Florestal como en Plantar, se comprobó que no se realizó el Estudio e Informe de Impactos Ambientales (EIA/RIMA), una exigencia legal para llevar adelante cualquier emprendimiento que cause potenciales impactos ambientales en Brasil. Como se comprobó, se está en un punto muerto entre, por una parte, los técnicos del organismo estatal responsable, el Instituto Estatal de Bosques, que exigen el estudio y, por otra parte, V&M Florestal, que no quiere que se realice dicho estudio.

- Hay fuertes indicios de que gran parte de las tierras de las empresas eran lo que en Brasil se denominan tierras "devolutas", o sea, tierras de uso comunal y, por consiguiente, pertenecientes al Estado. Por lo tanto, las empresas no podrían haberlas comprado. Aun así, en busca de tierras, las empresas consiguieron arrendar dichos terrenos al gobierno dictatorial de los años 1970, mediante contratos con la agencia estatal Ruralminas por un plazo de 20 años. En estos últimos años, dichos contratos empezaron a expirar, lo que amenaza la continuidad de la tenencia.

- Hay conflictos por la tierra con propietarios locales que tienen plantaciones de eucalipto de la empresa en sus fincas.

- Desde setiembre de 2002, una Comisión Investigadora Parlamentaria, instalada en el Parlamento del Estado de Minas Gerais, está con la mira puesta en las empresas V&M Florestal y Plantar S.A., para investigar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la industria extractiva de Minas Gerais. En marzo de 2002, la Comisaría Regional de Trabajo sometió a proceso a ambas compañías por no respetar las leyes laborales brasileñas. Actualmente, el Ministerio Público de Trabajo las está enjuiciando mediante una Acción Civil Pública por los cargos de prácticas ilegales de tercerización, de trabajo degradante y precario.

- La mayoría de los trabajadores que trabajan en las áreas certificadas son tercerizados, con muchos menos derechos y beneficios que los empleados fijos de las empresas; destacamos que las tareas que ellos realizan son extremadamente pesadas y peligrosas. De acuerdo con el Ministerio Público de Trabajo, hay una "lista negra" en las dos empresas evaluadas, lo que indica que las empresas persiguen a los trabajadores y a sus dirigentes, por lo que violan los acuerdos 87 y 98 de la OIT.

- Las plantaciones de eucaliptos no generan beneficios sociales, ambientales ni económicos para las comunidades vecinas. Las zonas de "cerrado", que siempre han sido utilizadas por las comunidades debido a su extraordinaria biodiversidad, fueron cercadas por la empresa, lo que impide que dichas tierras sean usadas colectivamente por las comunidades locales. El "cerrado" siempre ha tenido todas las condiciones para un uso y manejo sustentables, generando trabajo e ingresos.

- La deforestación del "cerrado" y la plantación de eucaliptos por parte de las empresas provocó la desecación de ríos y nacientes de agua, la disminución de la flora y la fauna de la región, estimuló la erosión y envenenó a trabajadores, a la fauna y a los recursos hídricos existentes con agrotóxicos. La empresa V&M Florestal continúa utilizando el herbicida oxyfluorofen, definido como tóxico y persistente por el propio FSC en el año 2000, de acuerdo con el informe de seguimiento de SGS de 2001.

- Cerca del 25% de las plantaciones de eucalipto de V&M Florestal están instaladas en una región con precipitaciones anuales de unos 1000 mm, cantidad desaconsejable para este tipo de plantío a gran escala, tal como lo testifican los ríos, cañadas y humedales secos en la región.

- Las empresas tienen un plan de manejo solo instrumentado para las áreas de eucalipto y no para las demás áreas. En el caso de V&M Florestal, el 46% del área certificada no tiene un plan de manejo implementado. Luego de haber recibido la certificación, esta empresa comenzó a presentar relevamientos de flora y fauna y planes de seguimiento para esas áreas, objetivando un plan de manejo, que hasta el día de hoy no está implementando.

- La empresa V&M de Brasil, que compra todo su carbón a V&M Florestal, continúa comprando carbón de madera de "cerrado" para abastecer a sus altos hornos y sin tener información sobre la cadena de custodia, es decir, que no hay garantías de que el carbón certificado provenga realmente de las Unidades de Manejo Forestal certificadas.

El informe concluye que es necesario que el FSC divida su sello en dos nuevos: uno para el manejo de bosques nativos y otro para el manejo de plantaciones. De estos estudios de caso queda claro que los Principios 1 a 9 fueron elaborados para el manejo de bosques nativos y que en su gran mayoría son absolutamente inadecuados para plantaciones de monocultivos de árboles, cuyas características específicas son totalmente diferentes a las de un bosque nativo, diversificado y heterogéneo. Además de eso, se acrecentaría mucho la transparencia y la credibilidad del FSC frente a los consumidores, si éstos pudieran diferenciar de donde proviene el producto que compran: de una plantación "industrial" realizada por una megaempresa con árboles exóticos, instalados en medio del "cerrado"; o de una cooperativa de comunidades locales que maneja de manera sustentable el "cerrado" y sus especies nativas y propias.

Para "construir" un nuevo sello para la certificación de plantaciones, que sea creíble, es necesario que se discutan principios y criterios específicos, a partir de un debate profundo, que involucre necesariamente a las comunidades locales, para garantizar que las futuras plantaciones certificadas ofrezcan beneficios sociales, culturales, ambientales y económicos. Ello implicará introducir un mínimo de biodiversidad de especies en cada plantío, garantizando el uso múltiple y el aprovechamiento de los productos forestales por las comunidades locales, la estabilidad ecológica en el sitio y una mejor adaptación de la plantación a su ambiente.

Por consiguiente, el FSC tiene dos caminos: continuar certificando millones de hectáreas de plantaciones, perdiendo cada vez más su credibilidad y perjudicando a las comunidades locales, o rever la certificación de grandes plantaciones, entrando en un nuevo rumbo, respetando y queriendo beneficiar a las comunidades locales y su ambiente, además de aumentar su credibilidad y, por lo tanto, su confianza ante el consumidor.

Por: Marco Antônio Soares dos Santos André, Rosa Roldan, Fábio Martins Villas, Maria Diana de Oliveira, José Augusto de Castro Tosato, Winfried Overbeek, Marcelo Calazans, correo electrónico: fasees@terra.com.br

El WRM ha producido un informe sobre este estudio de caso, que pronto estará disponible (en portugués e ingles) en http://www.wrm.org.uy/inicio

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- Chile: policía al servicio de empresa forestal asesina a joven mapuche

El Pueblo Mapuche en Chile lleva años de lucha contra las empresas forestales nacionales y transnacionales y contra el Estado por recuperar sus tierras. El avance de la invasión forestal de monocultivos de árboles en la VIII, IX y X Regiones, donde la población mapuche supera los 337.000 habitantes trae consigo el etnocidio territorial Mapuche. La falta de tierras, la destrucción cultural y ambiental en el ecosistema de las comunidades colindantes con las plantaciones, hace que muchos se levanten en su autodefensa. Sin embargo, el poder económico de las empresas, bajo el fomento y protección del Estado chileno, reprime toda movilización mapuche por medio de los tribunales, la policía y acciones de terceros.

Muchos han caído en la lucha mapuche por la recuperación de sus territorios y una nueva víctima acaba de fallecer a manos de la policía puesta al servicio de las empresas forestales. El 7 de noviembre, en el interior del Fundo Santa Elisa, actualmente en manos de la Empresa Forestal Mininco S. A (perteneciente a uno de los grupos más poderosos de Chile), en una de las más brutales y despiadadas incursiones de la policía chilena, el joven Edmundo Alex Lemún, de 17 años de edad, resultó gravemente herido tras recibir en su cabeza una bala disparada por el cuerpo de Carabineros de Chile. El día 12 de noviembre el joven fallece en el hospital.

Su "crimen" fue el de participar en un intento de recuperación de tierras llevado a cabo por su comunidad. La muerte de Lemún, víctima de la represión en medio de la lucha por los derechos territoriales, enluta a todo el Pueblo Mapuche y genera una extrema tensión en la zona. Queremos hacer llegar nuestra solidaridad al Pueblo Mapuche y a la familia de Edmundo Alex en momentos tan difíciles y apoyarlos en su dura lucha por sus derechos.

Artículo elaborado en base a información obtenida de: MAPUEXPRESS, http://www.mapuexpress.net ; correo electrónico: mapuche@mapuexpress.net ; Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu, http://www.soc.uu.se/mapuche , correo electrónico: jorge.calbucura@soc.uu.se

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- Uruguay: ¿qué es lo que está certificando el FSC?

En Uruguay, todos los bosques están protegidos por ley y su explotación está prohibida, salvo que medie autorización expresa de los organismos encargados de velar por su conservación. Por lo tanto, la certificación es en este país una herramienta totalmente innecesaria para asegurar la conservación de los bosques. Sin embargo, basta entrar a la "lista de bosques certificados " de la página web del FSC para descubrir que existen 75.000 hectáreas de "bosques" certificados en el país. Claro que al ver los detalles uno se entera de que en todos los casos se trata de plantaciones y no de bosques.

Más allá de nuestra discrepancia total con la pretensión de que las plantaciones sean consideradas "bosques", interesa mostrar algunas de las contradicciones entre la certificación de estas plantaciones y los propios lineamientos del FSC. Esa contradicción surge de la lectura de las dos primeras líneas de la introducción a los principios y criterios del FSC, donde se dice que "Es ampliamente aceptado que los recursos forestales, y las tierras relacionadas con ellos deberían ser manejados para atender a las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras".

Dado que el FSC equipara a las plantaciones con bosques y que en el principio 10 (plantaciones) establece claramente que "Las plantaciones deberán ser planeadas y manejadas de acuerdo con los Principios y Criterios del 1 al 9 y con los Criterios del Principio 10", resulta obvio que lo que se dice en la introducción es aplicable a las plantaciones.

La pregunta es entonces: ¿es que las plantaciones en Uruguay (y en particular las certificadas) atienden "las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras".

Si bien en este artículo nos vamos a centrar en el tema de las necesidades sociales y económicas, cabe señalar que los monocultivos forestales a gran escala implantados en Uruguay atentan claramente contra su ecología. En efecto, en este país las plantaciones se instalan principalmente en ecosistemas de pradera, resultando en la destrucción de los mismos y de su fauna asociada. Por ende, es absurdo pensar que puedan "atender las necesidades ecológicas" del país, sino que se trata de un proceso equiparable al que todos denunciamos en los trópicos (la sustitución de bosques por pastizales), pero de signo inverso: la sustitución de praderas nativas por "bosques".

Establecido lo anterior, nos enfocaremos ahora sobre las necesidades sociales y económicas. El plan de promoción de la forestación lanzado en 1988 por el gobierno prometió la generación de empleos y el ingreso de divisas por un aumento de las exportaciones de productos forestales. Para lograr esos objetivos, el estado uruguayo realizó una fuerte inversión, incluyendo subsidios directos, exoneraciones impositivas, créditos blandos e inversiones en infraestructura. Al año 2000, el estado había destinado al sector US$ 69 millones bajo la forma de subsidios directos. El total de exoneraciones impositivas (al área plantada y a los bienes importados), ascendía a US$ 56 millones, en tanto que los préstamos blandos se estimaban en US$ 55 millones. Finalmente, la inversión en infraestructura totalizaba US$ 234 millones. En resumen, la sociedad uruguaya en su conjunto aportó 414 millones al desarrollo forestal. ¿Qué beneficio recibió esa sociedad?

En materia de generación de empleo, el resultado es desastroso. De todas las actividades agropecuarias, la ganadería extensiva de vacunos y de ovinos ha sido siempre considerada en Uruguay como la peor en cuanto a cantidad de empleos generados por hectárea. Ya no más: la forestación ha demostrado ser aún más negativa.

De acuerdo con los datos del censo agropecuario del 2000, el número de trabajadores permanentes por cada mil hectáreas forestadas es de 4,49. La ganadería de vacunos de carne genera 5,84 empleos permanentes en la misma extensión de tierra, en tanto que la ganadería de ovinos provee 9,18 empleos. Y éstas, junto a la producción mecanizada de arroz (7,75) son las peores cifras. En el extremo opuesto se encuentran la producción para autoconsumo (262 empleos/mil hás), de aves (211), la viticultura (165), la horticultura (133) y la producción de cerdos (128), en tanto que en el medio se ubican la producción de vacunos de leche (22), los servicios de maquinaria (20) y los cultivos cerealeros e industriales (10).

En resumen, en un total de 660.000 hectáreas, la forestación ha generado apenas 2962 empleos permanentes. Si tomamos en cuenta que las plantaciones forestales han desplazado a otras actividades agropecuarias y que todas las demás actividades generan más empleos permanentes que la forestación, se llega a la conclusión de que esta actividad ha significado una pérdida neta de empleos permanentes en el sector agropecuario. En efecto, suponiendo que la superficie forestada hubiera continuado ocupada por la explotación vacuna u ovina, en el primer caso los empleos hubieran ascendido a 3854, en tanto que en el segundo habrían sido 6058. Queda claro entonces que el remedio ha sido peor que la enfermedad y que la forestación ha contribuido a expulsar trabajadores del medio rural. Si a esto le agregamos las malas condiciones de trabajo (bajos salarios, escasa seguridad, mala alimentación y alojamiento, dificultades de sindicalización), la informalidad (que implica la inexistencia de beneficios sociales) y la zafralidad, resulta claro que la forestación no atiende en absoluto las necesidades sociales de la población rural.

En materia económica, la situación no es mucho mejor. En efecto, la forestación prometió incrementar el ingreso de divisas, pero el 80% de las exportaciones vinculadas al sector forestal consiste en madera rolliza (o sea, troncos), en tanto que el 20% restante está compuesto por madera aserrada. Es decir, que el 80% de lo exportado no genera ningún puesto de trabajo industrial, en tanto que el otro 20% consiste en una transformación mínima de la materia prima que por ende tampoco resulta un generador de empleos de importancia.

A su vez, los ingresos provenientes de estas exportaciones tampoco significan ingresos de divisas importantes si se los compara con la superficie de tierra ocupada por el sector. En efecto, el sector forestal está exportando anualmente por valores que rondan entre los 35 y los 45 millones de dólares, cifras que lo ubican en los lugares más bajos de la canasta de exportaciones (que totaliza anualmente entre 2.000 y 2.500 millones de dólares). Si se lo compara con el arroz (sector que también genera pocos empleos por hectárea), vemos que éste, con una superficie sembrada promedio de unas 150.000 hectáreas (es decir, más de 4 veces menos que la ocupada por el sector forestal), llega a generar anualmente unos 200 millones de dólares por exportaciones (o sea, unas 5 veces más que lo obtenido por el sector forestal). Es decir, que la forestación tampoco cumple con el objetivo señalado en la introducción de los principios del FSC de "atender a las necesidades económicas" del país.

Las preguntas que se hace el movimiento ambientalista uruguayo son: ¿cómo es posible que el FSC esté certificando estas plantaciones, que no cumplen con ninguno de los requisitos planteados por el propio FSC? ¿Cómo es posible que las ONGs ambientales y sociales que participan en el FSC permitan que esto ocurra? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que cada plantación certificada debilita las campañas que hacemos para evitar que se siga destruyendo nuestro ambiente?

Es evidente que algo está funcionando mal y esperamos que los miembros del FSC se aboquen a buscarle soluciones, tanto para bien de la gente y el ambiente de países como Uruguay, como para asegurar la propia credibilidad de un sistema de certificación que fue creado para asegurar la protección de los bosques y no para darle un barniz "verde" a monocultivos forestales social y ambientalmente insustentables.

Por: Ricardo Carrere

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