• Brasil: carta de la sociedad civil al Fondo Prototipo de Carbono sobre las plantaciones de eucaliptos de Plantar S.A.

• Colombia: política antisindical en plantaciones de palma aceitera

• Guyana: Conservación Internacional acusada de "grave falta de respeto" hacia los pueblos indígenas

• Perú: el complejo tema de la tala ilegal en la mira del gobierno

LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Brasil: carta de la sociedad civil al Fondo Prototipo de Carbono sobre las plantaciones de eucaliptos de Plantar S.A.

El PCF (Prototype Carbon Fund - Fondo Prototipo de Carbono) es el fondo del Banco Mundial que moviliza recursos para promover el mercado de dióxido de carbono, donde las empresas que contaminan --mayoritariamente situadas en los países del Norte-- pueden "negociar" con los productores forestales que supuestamente secuestran carbono, mayoritariamente situados en los países del Sur. Y es ante el PCF que, representantes de decenas de entidades, movimientos cívicos, iglesias así como diputados, ediles y ciudadanos de los estados brasileños de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahía y Rio de Janeiro, elevarán una carta. En ella expresan su preocupación por la expansión de los monocultivos en gran escala de eucaliptos, que han provocado una serie de impactos sociales, económicos, ambientales y culturales negativos. También manifiestan su perplejidad y sorpresa de que la empresa forestal Plantar S.A. haya presentado un proyecto en el PCF.

Las empresas del sector forestal, como es el caso de Plantar S.A., se instalaron en los años 60 y 70, en plena dictadura militar, y aprovecharon atractivos incentivos fiscales. El resultado fue la expulsión de sus tierras de los indios Tupinikim y Guaraní, las comunidades negras tradicionales y miles de agricultores, aumentando el desempleo y la desesperación de esas poblaciones locales que quedaron sin la tierra, la biodiversidad y el agua que permitían su subsistencia.

Las empresas que plantan eucaliptos en Minas Gerais afirman que sus plantaciones de árboles disminuyen la "presión" sobre la vegetación nativa, en este caso la mata atlántica y el cerrado. Pero olvidan mencionar que los casi dos millones de hectáreas de plantaciones en el Estado se hicieron a costa de quemar gran parte de la mata atlántica y el cerrado. Por otro lado, en la medida que por ley las empresas no pueden ser propietarias de gran parte de esas tierras que pertenecían al estado, recurrieron a métodos fraudulentos y contratos de arrendamiento para ocupar miles de hectáreas de cerrado, expulsando a las poblaciones locales de sus tierras, impidiendo el uso colectivo tradicional de este tipo de vegetación por las comunidades locales y atentando contra su forma de vida y sustento.

La empresa Plantar S.A Reflorestamentos fue fundada en 1967 y se dedica a tres actividades:

- prestación de servicios forestales a grandes empresas, principalmente del sector de la celulosa;
- siderurgia del hierro colado (producción de hierro en lingotes);
- plantación de eucaliptos en tierras propias (cuenta con 280.000 hectáreas de plantaciones de monocultivos de eucaliptos --cerca de 10 millones de plantas cada vez más clonadas-- para extracción de madera y producción de carbón, con el que abastece a su siderurgia, cerrando así el negocio).

La empresa cuenta con una certificación del FSC (Forest Stewardship Council), concedida en 1998 por la certificadora SCS y referida a tan solo el 4,8% de sus tierras, donde tiene plantaciones de eucaliptos. La certificación le sirve a Plantar para vender los llamados "créditos de carbono" y ha sido cuestionada por una serie de omisiones graves (ver http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/fsc.html ), una de las principales es que las comunidades locales no fueron consultadas, por lo cual ese sello no garantiza un "buen manejo forestal".

La región de Curvelo, donde la empresa Plantar pretende instalar su proyecto de "secuestro" de carbono, es una región de cerrado que ya ha sido afectada por plantaciones de eucaliptos que secaron los ríos en cuyas nacientes fueron plantados y contaminaron la fauna local con los agrotóxicos aplicados para su manejo. Otro conflicto importante con esta empresa se refiere a la construcción en el año 2000 de un nuevo vivero que implicó desviar casi 5 km un camino tradicionalmente utilizado por numerosos pobladores de la zona para evitar que el "polvo" del camino afectara las plantas de eucalipto del vivero, perjudicando a estudiantes, profesores y la comunidad en general que todavía hacen el trayecto a pie. Además, para abastecer a su vivero construyó tres represas en el riachuelo Boa Morte, desviando el agua que consume la población de los alrededores y afectando su calidad. Los vecinos se han movilizado para exigirle a la empresa por lo menos la instalación de un sistema de decantación del agua que sale del vivero.

Las denuncias apuntan al trato "especial" que recibe la empresa de parte de las autoridades, en la medida que no dispone de un Estudio e Informe de Impacto Ambiental de sus actividades, un requisito legal para cualquier emprendimiento que tenga el potencial de causar impactos ambientales.

Por otro lado, se han denunciado las pésimas condiciones de trabajo de la empresa en la producción de carbón vegetal y corte de eucalipto -- tercerización ilegal y trabajo esclavo e infantil-- que han dejado un trágico saldo de trabajadores accidentados y con problemas de salud o incluso casos fatales. La empresa ha sido auditada por la Repartición Regional de Trabajo y citada ante una comisión parlamentaria. A su vez, la ocupación de las zonas de cerrado ha contribuido a una crisis de la economía local basada en los productos de esa vegetación nativa. Varias fábricas de productos alimenticios de Curvelo cerraron por falta de materia prima, aumentando el desempleo ya de por sí generalizado a medida que Plantar fue adoptando estrategias para bajar los costos y asegurar la rentabilidad del negocio.

Las denuncias son el resultado de los testimonios aportados por las comunidades aledañas a las plantaciones de la empresa forestal Plantar S.A., y de conversaciones con el Ministerio Público Federal del Trabajo, trabajadores y ex trabajadores de la empresa, diputados y sindicalistas de la región.

Los firmantes de la carta manifiestan su interés en la promoción de actividades económicas que respeten los intereses de las comunidades y de la naturaleza, se oponen a los proyectos que representan lo contrario --como es el caso del proyecto de Plantar S.A.-- y exhortan a buscar otras tecnologías no contaminantes, que generen empleos dignos y preserven y recuperen el ambiente, un requisito esencial para la supervivencia y por consiguiente el futuro de las comunidades locales.

Por último, afirman que el proyecto de Plantar no puede ser considerado como un mecanismo de "desarrollo limpio" y exhortan a los inversionistas a no invertir en el proyecto.

Artículo basado en información obtenida de: Carta pública ante el PCF, enviada por FASE-ES, correo electrónico: fasees@terra.com.br ; "Relatório de Avaliação da V&M Florestal Ltda. e da Plantar S.A. Reflorestamentos ambas certificadas pelo FSC - Forest Stewardship Council", Novembro 2002, encomendado por WRM/FOE, http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/fsc.html

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Cuanto más se planta más derechos se pierden. En Colombia hay aproximadamente 170.000 hectáreas sembradas de palma aceitera. Testimonios de un delegado de la organización de trabajadores del sector palmero, relacionado con las empresas Oleaginosas Bucarelia y Oleaginosas Las Brisas, denuncia las malas condiciones de trabajo en las plantaciones de palma aceitera en el departamento de Santander, además de las presiones e incentivos para debilitar a los sindicatos del sector. Oleaginosas Bucarelia cuenta con 4.700 hectáreas y la otra empresa con unas 2.800, todas ubicadas en Puerto Wilches, Santander.

Según palabras de este trabajador: "La estrategia de las empresas para debilitar y eliminar los sindicatos se basa en planes de retiro voluntario con indemnizaciones superiores a lo otorgado por ley. Muchos compañeros se han ido de las empresas y por lo tanto de la organización sindical, pero vuelven a laborar en el sector con el régimen de condiciones impuesto por las empresas a través de cooperativas. La política de los empresarios tiende a reducir las conquistas convencionales alcanzadas durante 20 o 30 años de lucha. Se comenta por parte de algunos empresarios que las empresas en las cuales los trabajadores están organizados sindicalmente son menos competitivas, y además esos trabajadores son renuentes a aceptar las condiciones de trabajo que esas empresas quieren imponer, condiciones que atentan contra la salud y la dignidad de los trabajadores.

En definitiva, lo que plantean es que las organizaciones sindicales deben desaparecer. Otra modalidad que fomentan las empresas es que los campesinos se vuelvan parceleros de palma ahorrándose así costos laborales. Luego, estos campesinos deben vender la materia prima a las empresas al precio que ellas imponen. La gente gana menos y no tiene ninguna garantía de seguridad social".

Evitando la organización de los trabajadores, las empresas evitan también los reclamos por el bajo salario y por uno de los mayores problemas que enfrentan los trabajadores que es el de las pésimas condiciones de trabajo. "Por ejemplo: a medida que la palma es más vieja es también más alta, y por lo tanto las condiciones de cosecha del racimo y poda de la mata propician accidentes. Los trabajadores que se desempeñan en la cosecha se quejan de dolores en sus cervicales y son comunes los accidentes cuando son alcanzados por las hojas que tienen muchas espinas. Por otro lado, en las plantaciones también se fumiga para el control de plagas y no se sabe qué impactos en el ambiente y en la salud ocasionan esos productos".

Todo lo anterior y en particular la política empresarial de intentar debilitar a los sindicatos a través del aumento de trabajadores empleados por medio de cooperativas y de contratistas individuales, llevó a SINTRAINAGRO, la mayor organización de trabajadores agrarios del país, a plantear la necesidad de unificar los sindicatos de esa rama con la idea de conservar las conquistas logradas hasta el momento y de buscar la sindicalización en las empresas que aun no tienen sindicato. Gracias a la organización de los trabajadores, en Bucarelia y Las Brisas se logró la firma de algunos convenios colectivos y ahora los trabajadores de algunas cooperativas están también exigiendo mejores condiciones laborales.

Es de señalar que en este artículo sólo hemos hecho referencia a los impactos sociales del cultivo de palma aceitera, pero que a ellos se suman además los graves impactos ambientales de este modelo de monocultivo a gran escala, que se repiten en todas las regiones y países donde se instalan, entre los que se destacan los impactos sobre la biodiversidad, los suelos y el agua.

Artículo basado en información obtenida de: SIREL, Sindicatos, Nº 43, 25 de noviembre 2002, entrevista de Gerardo Iglesias, Rel-UITA a Hernán Correa, Secretario General de SINTRAINAGRO y Secretario de Asuntos Agrarios de la CUT.

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- Guyana: Conservación Internacional acusada de "grave falta de respeto" hacia los pueblos indígenas

La Asociación de Pueblos Amerindios (APA) ha expresado profunda preocupación por la firma de un Memorándum de Entendimiento para establecer un área protegida en la región sur de Guyana, afirmando que el mismo constituye una "grave falta de respeto" a las tribus locales.

La región sur de Guyana es considerada uno de los pilares del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Conservación Internacional y el gobierno de Guyana firmaron el 23 de noviembre un Memorándum de Entendimiento en el que acuerdan colaborar para que se declare área protegida a la región sur de Guyana. Según los términos del Memorándum de Entendimiento, Conservación Internacional, entre otras cosas, debe proporcionar un millón de dólares para la creación de un mecanismo financiero que sustentaría los costos a largo plazo del manejo de las áreas protegida de Guyana. La institución proporcionará otro millón de dólares en el caso de que el gobierno declare área protegida a la región sur de Guyana antes del 30 de junio de 2003. El Memorándum de Entendimiento también compromete a Conservación Internacional a buscar financiamiento por parte de donantes privados, gobiernos y organismos internacionales para aumentar el capital del mecanismo financiero propuesto.

El comunicado de prensa de APA emitido el 28 de noviembre (el documento completo -en inglés- puede ser leído en: http://www.wrm.org.uy/countries/Guyana/areas.html ) expresa la preocupación de la organización de que el acuerdo con Conservación Internacional se firmó aún cuando el gobierno no ha terminado de formular el proyecto de Reglamentaciones de Áreas Protegidas y todavía está revisando la Ley Amerindia. También acusa a Conservación Internacional de no consultar a las seis comunidades Wapishana de la región sur de Guyana, parte de cuya tierra ancestral estaría comprendida en el territorio propuesto como área protegida y cuyo estilo de vida, al igual que el de los Wai-Wais, probablemente se vea afectado. Las seis comunidades Wapishana están localizadas en Shea, Maruranawa, Awarenawa, Aishalton, Karuadanawa y Achiwib.

Pero según el director regional de Conservación Internacional, el General de División retirado Joe Singh, hay comunidades Wai-Wai en Masakanari y Erefoimo, y después de las visitas realizadas por funcionarios de Conservación Internacional y del gobierno así como de los informes sobre las demás comunidades elaborados por el Profesor George Mentore, que domina con fluidez la lengua Wai-Wai, los Touchaus, una comunidad sureña, solicitaron por escrito al gobierno que iniciara el proceso para la creación del área protegida.

La respuesta de Singh al comunicado de APA afirma que el Memorándum de Entendimiento es el comienzo de un proceso en el que se consultará a todas las partes interesadas a nivel nacional, regional y comunitario. Según Singh, consultar a las comunidades Wapishana antes de la firma del Memorándum de Entendimiento hubiera sido contradictorio con su relación con el gobierno.

Singh sostiene que en las consultas se recogerán las distintas visiones de los grupos que han sido identificados y que las mismas se presentarán al gobierno. El proceso, dice, sería similar al que tiene lugar actualmente para establecer un área protegida en la región de las Montañas Kanuku.

El comunicado de APA afirma que al enterarse de las visitas a los Wai Wai y de la carta enviada al gobierno, los Touchaus escribieron a Conservación Internacional expresando su preocupación por el sitio propuesto, que se superpone con las tierras ancestrales Wapishana, destacando que Conservación Internacional todavía no ha visitado a las comunidades Wapishana.

APA califica las acciones de Conservación Internacional como una "grave falta de respeto" hacia las comunidades Wapishana, que "deberán convivir con un área protegida, mucho después de que los empleados de estas organizaciones se hayan retirado".

También expresa sus expectativas de que la nueva Ley Amerindia aborde el problema de los títulos de propiedad de las tierras ancestrales y otros temas, y manifiesta su preocupación porque muy probablemente las comunidades no tengan una oportunidad justa de obtener estos títulos de propiedad si se les impone prematuramente un sistema de área protegida.

APA recalca que Guyana ha contraído obligaciones internacionales específicas de reconocer y respetar los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente les han pertenecido o han ocupado o utilizado de alguna otra forma. También constata que resulta difícil comprender por qué el Memorándum de Entendimiento establece junio de 2003 como plazo para proceder a la declaración de los bosques del sur como área protegida, cuando existen tantos temas pendientes.

"Si no se abordan seriamente estos problemas, las áreas protegidas y la conservación de la diversidad biológica no solamente se establecerán a expensas de los derechos y las formas de vida de los pueblos originales de Guyana, sino que además no serán sustentables", agrega la organización.

Fuente: "Amerindian group slams memo on southern forest protected area. Conservation group says all stakeholders to be consulted", SN, 4 de diciembre de 2002. Artículo enviado por Fergus MacKay, Forest Peoples Programme, correo electrónico: fergus@euronet.nl

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- Perú: el complejo tema de la tala ilegal en la mira del gobierno

El Ministerio de Agricultura de Perú afirmó recientemente que la tala ilegal de madera, especialmente de la caoba, funciona como el narcotráfico o el contrabando, tratándose de una red organizada y poderosa que amenaza el proceso de ordenamiento del bosque que el Gobierno ha emprendido.

De acuerdo con el ministerio, el problema radica en que nunca se había tomado la decisión firme de luchar contra la tala ilegal y que se descuidó el control de la cadena de comercialización, constituida en el soporte financiero de esta actividad.

Con el objetivo de comenzar a abordar el tema, el ministerio decidió instalar una comisión multisectorial --presidida por el ministro-- encargada de diseñar y poner en práctica una estrategia para enfrentar este problema. Esa comisión también diseñará estrategias que determinen el retiro de los extractores forestales ilegales de las zonas reservadas, de las concesiones forestales y de los territorios de comunidades indígenas no contactadas, así como de proponer medidas de reforma legal para sancionar la tala ilegal y las acciones que sean necesarias para combatir a quienes comercialicen esta madera.

Sin embargo, es importante resaltar que lo anterior es claramente insuficiente para encarar un tema tan complejo como el de la tala ilegal, cuya solución requiere la elaboración de una estrategia que abarque una amplia gama de temas --que van mucho más allá de simples medidas de contralor legal-- entre los que nos interesa enfatizar los siguientes:

- el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas (contactados o no, en áreas protegidas o no)

- la seguridad de tenencia de la tierra (tanto en zonas boscosas como no boscosas)

- el control de la industria maderera y en particular de las grandes empresas del sector, principales beneficiarias y financiadoras de la tala ilegal

- la revisión de la política de demarcación de áreas protegidas, que deberá contar con el consentimiento previo informado de las comunidades que allí habitan (a excepción del caso de las comunidades no contactadas) y respetando su derecho a ser los principales beneficiarios de los recursos del bosque

- las políticas macroeconómicas y sectoriales (industriales, energéticas, de transporte, etc.), que promueven la extracción excesiva (legal o ilegal) o que generan las condiciones para la explotación insustentable

- las políticas económicas y sociales que originan las condiciones de pobreza y marginación que llevan a muchas personas a involucrarse en operaciones de tala ilegal de madera.

Lo anterior no agota la diversidad de temas que deben ser necesariamente tomados en consideración para abordar el problema. El gobierno dio un primer paso en la dirección correcta al invitar a los actores involucrados en el problema: extractores, pueblos indígenas, comerciantes, organismos no gubernamentales y el Estado, a integrar la comisión multisectorial recientemente establecida. Con el transcurso de los meses se verá si esa comisión es capaz de encarar el tema en toda su complejidad, aportando soluciones equitativas para que quienes habitan el bosque y dependen del mismo puedan utilizarlo de forma tal de asegurar tanto sus necesidades básicas como la conservación del bosque en su conjunto. Esperamos que así sea.

Artículo basado en información obtenida de El Comercio: "Fuerte mafia maneja tala indiscriminada",
http://www.elcomercioperu.com.pe/Noticias/Html/2002-11-05/Nacional4707.html , enviada por WWF Perú, correo electrónico: adriana@wwfperu.org.pe

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