• Argentina: los "bosques del silencio" o las plantaciones de pinos en las Yungas
• Brasil: nace una esperanza para pueblos y bosques
• Chile: organización ambientalista cuestiona estándares del FSC en plantaciones
• Ecuador: palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó

LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Argentina: los "bosques del silencio" o las plantaciones de pinos en las Yungas

La región fitogeográfica de las Yungas, o selva nublada, consiste en un bosque húmedo que se presenta en sectores montañosos vinculados a la cordillera de los Andes. Desde Venezuela se extiende en forma discontinua por Ecuador y pasa a través de Perú y Bolivia hasta el noroeste de Argentina, donde sus extremos relictuales se manifiestan en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. En general, la conservación de esta zona está concebida en régimen de Parques Nacionales: Baritú y el Rey en la provincia de Salta, Calilegua en la provincia de Jujuy y Campo Los Alisos en la provincia de Tucumán. Las Yungas es uno de los ambientes con más alta biodiversidad de Argentina, y también está entre los ecosistemas más amenazados del mundo, principalmente por su rápida fragmentación y destrucción.

Con una altitud que va de 300 metros a más de 4000 metros, las Yungas pueden dividirse en cuatro zonas de pisos altitudinales: Selva Pedemontana (selva al pie de la montaña), de transición y de tipo subtropical, que alberga el 30 % de toda la biodiversidad de este valioso ecosistema; Selva Montana, Bosque Montano o Bosque de Aliso (estas dos zonas han sido bastante devastadas por la tala selectiva de sus especies maderables autóctonas) y Pastizales de Altura o Pradera Montana, relativamente conservada por su difícil acceso.

Se estima que un 67% de la superficie original de la selva pedemontana argentina ha desaparecido y el resto ha sido modificado. La actividad agrícola que acompañaba las concentraciones urbanas en esta zona hasta principios del siglo XX, y que comenzó a reemplazar la selva, se caracterizaba por la diversidad de la producción --cultivos de yerba, té, chirimoyas, mangos, café-- para el abastecimiento de las necesidades locales. Pero a partir de la primera década del siglo XX, con la inauguración del tendido del ferrocarril y el establecimiento de ingenios tabacaleros y azucareros --como el Ingenio Ledesma, en Jujuy--, hay un cambio de modelo y el país ingresa a una economía de escala con características comerciales e industriales. Vastos sectores de la selva pedemontana son reemplazados por extensas plantaciones de monocultivos intensivos (caña de azúcar, banana, citrus) destinados a la exportación. Este proceso implicó la concentración de la propiedad de la tierra en manos de poderosos grupos económicos, en algunos casos multinacionales y en otros capitales nacionales y provinciales en forma de sociedades anónimas o bajo el dominio de familias representantes del capital agroindustrial del noroeste argentino (ingenios, aserraderos, productores de fruta y hortalizas). Esa apropiación se realizó en desmedro de la población local, provocando marginación, emigración rural y desempleo y desconociendo los derechos de las comunidades nativas, como los Kollas, quienes han habitado esas tierras desde hace siglos y desempeñan un papel protagónico en la defensa de las Yungas (ver Boletín Nº 18 del WRM).

En los últimos años, la alteración de las Yungas se ha agravado por un nuevo factor de destrucción: las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles, centradas en especies exóticas de rápido crecimiento (pino, eucalipto, grevillea, paraíso gigante). Este tipo de plantaciones han sido promovidas y financiadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial, para abastecer primordialmente a la poderosa industria de celulosa y papel y satisfacer el consumo desmedido que exige el empaquetado de mercancías dentro del modelo actual de globalización de los mercados. Últimamente los monocultivos de árboles también se presentan como "la solución" al cambio climático en tanto actuarían como sumideros de carbono. ¡Y para eso se talan bosques autóctonos! (ver boletines 38, 39 y 52 del WRM).

Jorge Baldo, Biólogo Maestro en Vertebrados, Francisco Cornell, Técnico en Turismo, y Freddy Burgos, Guardaparque, están unidos por su pasión por las aves y el convencimiento de que si no hacen algo al respecto para protegerlas, dentro de poco no va a quedar nada. Los tres viven en el barrio Los Perales de la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy, enclavada en el paisaje bellísimo de la selva Montana, entre los 1200 y 1500 metros. Hasta la fecha han identificado 240 especies de aves, algunas endémicas de la región de las Yungas --como Grallaria albigula--, otras visitantes del hemisferio norte --como Hirundo rustica, Riparia riparia, Elanoides forficatus, Ictinia mississipensis, Vireo olivaceus--. Son también testigos del peligro y denuncian los resultados de un censo que dio 189 especies de aves en un bosque contra 23 en una plantación de pinos de igual superficie.

En esas plantaciones no hay lugar para la biodiversidad. Son "desiertos verdes" que han perdido la multifuncionalidad de un ecosistema, y los lugareños han percibido bien esa realidad cuando los han bautizado como los "bosques del silencio". ¿Hasta dónde se impondrá el silencio sobre los pueblos y los bosques?

Artículo basado en información obtenida de: material enviado por Freddy Burgos, correo electrónico: nyctibius@yahoo.com.ar ; "Las Yungas, informe completo", Ing. Martín M. Herrán, Biol. Pablo G. Perovic, Dra. Patricia Marconi, Geol. Néstor Aguilera, http://www.jaguares.com.ar/yungas/informe.html ; "La biodiversidad, los bosques y la gente. Casos de Argentina , Brasil y Colombia", Ecoportal.net, http://www.ecoportal.com.ar/noti/notas452.htm

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- Brasil: nace una esperanza para pueblos y bosques

En el 2002 la esperanza venció al miedo. En el 2003 la esperanza se podrá concretar en un acuerdo político entre los electores de clase media, que asolados por el desempleo y empobrecidos por la política económica les perdieron miedo a los cambios, y los electores populares, que acosados por la pobreza y la violencia ya no temen ser felices.

Intrínsecamente vinculada a las expectativas de cambio de la deteriorada situación social está la posibilidad de dar un giro a la política ambiental. Según declaraciones del hoy presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva: "Es claro que hoy día la principal presión sobre los recursos naturales la causa la situación de miseria que afecta a una parte de la población más pobre. El Partido de los Trabajadores (PT) no ve la protección del medio ambiente desvinculada de otras políticas estructurales de combate a la pobreza, como la reforma agraria, la política agrícola, la recuperación de los ríos y manantiales, la política nacional de saneamiento ambiental. Sin duda, se evitarían muchas situaciones de riesgo ecológico y humano en nuestro país si la gente que se ve obligada a emigrar a la periferia de las ciudades o a las zonas de protección ambiental pudiera permanecer en su lugar de origen, amparada por políticas públicas adecuadas.

Por eso nuestras propuestas apuntan a conciliar la protección ambiental con la generación de empleo, teniendo como base muchas experiencias que han sido desarrolladas por asociaciones y cooperativas de productores, gobiernos municipales y estaduales, movimientos sociales y ONGs. Incluso es necesario realizar un relevamiento socioambiental por zonas en Brasil que permita identificar la solución más adecuada para cada ecosistema y sector social. En general, como es sabido, la población más pobre vive en zonas de riesgo y para sobrevivir termina causando más impactos sobre el medio ambiente. Para estos casos tendremos programas de recuperación ambiental que den ocupación a dichas personas.

Con respecto a la Amazonia, patrimonio natural, cultural, económico y social estratégico para Brasil y el planeta, es importante aclarar que vamos a cambiar las políticas de asentamiento y también las agrícolas, que han sido devastadoras y no generan empleos ni ingresos para la población local. La Amazonia es vista como una frontera en la que buscar lucros rápidos y fáciles, sin pensar en las consecuencias en el medio ambiente y las comunidades. Cuando se habla de "ocupación de la Amazonia", a menudo prevalece la idea errónea de que se trata de un vacío demográfico, una especie de tierra de nadie. En realidad, en la región viven nada menos que 20 millones de brasileños, aparte de haber muchas experiencias que concilian protección ambiental, objetivos sociales, innovaciones tecnológicas e institucionales y beneficios económicos significativos".

Como una primera medida que da señales promisorias, el nuevo gobierno designó a la senadora Marina Silva como ministra de Medio Ambiente. Según la ministra, su llegada al ministerio es el resultado de un proceso histórico que pasa por la experiencia del ambientalista y ex líder cauchero Chico Mendes, asesinado en 1988, y por los gobiernos del PT en el estado de Acre. La ministra convivió con el ambientalista de los 17 a los 28 años y participó en todas las acciones en contra de la devastación de la Amazonia que él organizó, como asimismo en defensa de los caucheros de Acre. "Lo que hoy está ocurriendo es sólo una demostración de que el sueño de Chico Mendes no fue en vano y que las semillas que él plantó con seguridad dieron muchos frutos", declaró.

Marina Silva promete seguir una política de realizaciones en el sector. Ha dicho que el nuevo gobierno no puede atarse a "la lógica de lo posible", sino que debe adoptar otra postura frente a los desafíos. "Necesitamos concluir la etapa del no se puede y pasar a la del cómo podemos hacerlo", afirmó. Con respecto a su designación, considera que es "una señal de que en el gobierno Lula el tema ambiental desempeñará un papel estratégico por ser un país sobremanera diverso y, por eso, es necesario que haya una relación ética entre quienes tienen tecnología y dinero y los que tienen conocimientos tradicionales y recursos naturales".

De acuerdo con Marina, las prioridades del ministerio que está a su cargo son la Amazonia, la preservación de los recursos hídricos, el combate a la deforestación y el problema de los asentamientos urbanos. "En primer lugar, queremos lograr que la política ambiental actúe conjuntamente con las demás acciones del gobierno y, en segundo lugar, tenemos que tener una política ambiental que privilegie el desarrollo sustentable", dijo la ministra.

La petista subrayó la importancia de la participación de la sociedad en las decisiones sobre política ambiental y criticó la falta de control para hacer cumplir las leyes del sector. Según Marina, es necesario "potenciar las instituciones para que puedan hacer cumplir la ley".

Artículo basado en información obtenida de: "Em defesa do meio ambiente", Luiz Inácio Lula da Silva, Linha Aberta. Brasil, 11 de junio, http://www.lainsignia.org/2002/junio/ecol_007.htm ; "2003 promete ser um ano "quente", Correio da Cidadania, http://www.correiocidadania.com.br/ed327/editorial.htm ; "Para Marina, Lula mandou recado para Bush com anúncio de ministério", Ricardo Mignone, Folha Online, http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u43391.shtml

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- Chile: organización ambientalista cuestiona estándares del FSC en plantaciones

De acuerdo con la información disponible en la página web del FSC, siete empresas tienen sus "bosques" certificados en Chile, abarcando una superficie total de 262.168 hectáreas. Sin embargo, sólo una de esas empresas (Las Cruces S.A.) está realmente manejando un bosque, de una extensión de tan sólo 3.588 hectáreas. Todas las demás (258.580 hectáreas) son monocultivos de árboles, que lamentablemente siguen siendo considerados como "bosques" por el FSC.

En su propia página web (en la sección "why do we do it" - "por qué lo hacemos") el FSC establece su objetivo de "proporcionar un esquema de etiquetado realmente independiente, internacional y creíble en materia de madera y productos madereros. Esto proporcionará al consumidor una garantía de que el producto proviene de un bosque, que ha sido evaluado y certificado como siendo manejado de acuerdo con estándares sociales, económicos y ambientales previamente acordados". Esta aseveración es claramente falsa en el caso de Chile, por la sencilla razón de que el FSC no puede dar ninguna garantía al consumidor de que el producto que adquiere proviene de un "bosque" bien manejado, dado que el propio bosque no existe; a menos que los monocultivos de árboles exóticos sean considerados como bosques.

Es importante resaltar que el FSC promueve el establecimiento de estándares nacionales para la certificación, acordes con sus principios y criterios generales. Chile es uno de los países donde existe una "iniciativa nacional" (que incluye a empresarios forestales y ONGs) que apunta a ese objetivo. Sin embargo, la adopción de estándares nacionales no es una tarea sencilla, tal como se desprende de los párrafos siguientes, escritos por una activista chilena defensora de los bosques (Malú Sierra), quien ha estado profundamente involucrada en ese proceso. Malú hace la descripción de una visita realizada a una de las plantaciones certificadas (Predio El Guanaco: 4,138 hectáreas), perteneciente a la empresa Forestal Millalemu (del Grupo Terranova), en la Comuna de Quirihue en el sur de Chile, vinculando sus percepciones a los problemas de la certificación de plantaciones:

"Después de muchos meses --en verdad han sido años-- de discusiones en la mesa de trabajo, con papeles y transparencias proyectadas, siempre en las ciudades del sur o en Santiago, Forestal Millalemu (con más de 120.000 hectáreas de plantaciones certificadas en Chile) nos invitó a terreno a conocer una de sus plantaciones, certificada por el FSC. El caballeroso gerente en Chile, Jorge López, sacrificó sus hermosos mapas para que el grupo del Comité de Plantaciones supiera donde estábamos, exactamente. La lluvia no nos dio tregua; cada vez que bajábamos de los vehículos todo terreno, en pleno noviembre, exactamente el día 7, el fenómeno de El Niño regalaba con lluvia a esa zona de secano interior. Y nos empapaba a nosotros, no del todo preparados. Tampoco estábamos preparados para ver la imagen de los cerros afeitados de árboles en la Cordillera de Quirihue.

Forestal Millalemu tiene como su principal propietario al empresario suizo Stephan Shmidheiny --uno de los primeros en adherirse al concepto de desarrollo sustentable-- y sus plantaciones en Chile se supone que son la máxima expresión del concepto de sustentabilidad, tanto económica como social y ambiental. Se supone ...

El sello verde FSC asegura que Millalemu no sustituye bosque nativo por plantaciones, pero no le exige que, allí donde retoñe el bosque, lo deje crecer, haciendo un trabajo de cosecha más cuidadoso de sus plantaciones. Vimos el renoval de roble bajo los pinos plantados hace 20 años, listos para la cosecha. Con ella se irán los robles que atestiguan que allí, mucho antes de 1994, hubo sustitución de bosques por plantaciones. El sello del FSC les exige también realizar medidas de mitigación en el suelo: ya no queman los desechos después de la cosecha --lo que es un avance-- sino que los muelen y los dejan en el suelo para que, al cabo de ocho a diez años, se vuelvan a convertir en tierra.

El FSC pone también condiciones sociales, y vemos pasar viejas micros (buses), que transportan a los obreros de regreso de las faenas. Antes se hacía en camiones descubiertos. En esta zona no hay comunidades indígenas, por lo que la empresa no tiene problemas en materia de reivindicación de tierras por parte de sus propietarios originales. Pero sí los tienen con los Mapuche en otros de sus predios, por lo que esas plantaciones no han podido ser certificadas.

Lo que el FSC no recomienda, hasta el momento, es el método de cosecha. Y el método usado en las plantaciones en Chile es el de la tala rasa, lo mismo que en Estados Unidos, de donde viene además, el árbol exótico más usado hasta ahora en las plantaciones chilenas: el pino insigne o pino de Monterrey (Pinus radiata). Entre sus principios, el FSC fija criterios generales que deben ser desarrollados en cada país para adaptarlos a cada realidad. Y en Chile aún no se han definido, debido justamente a la posición de los empresarios forestales ya certificados, algunos de los cuales postulan que no debe haber límites ni siquiera a las dimensiones de las talas rasas. Una de las justificaciones es que las grandes empresas, como Mininco (que no está certificada), cosechan hasta 2.000 hectáreas continuas.

Es importante señalar que Chile es un país montañoso y que por lo tanto las cosechas a tala rasa, que siempre impactan negativamente los suelos, aquí son doblemente graves, porque la inmensa mayoría de las plantaciones están instaladas sobre pendientes superiores a los 35 grados. De hecho, es precisamente por ello que está prohibida por ley la tala rasa de bosque nativo. En consecuencia, es claro que desde el punto de vista ambiental, el método de cosecha a tala rasa no puede ser aceptable en ninguna plantación y menos aún en una certificada.

En Chile las discusiones pueden durar todavía un buen tiempo, pero Defensores del Bosque Chileno renunció en el Comité Técnico de Plantaciones a su participación en el proceso, aunque no al directorio de ICEFI (Iniciativa Chilena de Certificación Forestal Independiente), ni tampoco al FSC. Si van a ser cincuenta hectáreas o quinientas, cosechadas a tala rasa, ya es irrelevante. No estamos de acuerdo en lo absoluto con la tala rasa, y no vemos avances significativos en las reuniones. Y lo más grave es que se pasa por alto --se deja para futuras precisiones-- el cómo deben instalarse las nuevas plantaciones forestales que deseen certificarse ambientalmente, de manera de no dejar nunca los suelos descubiertos, especialmente en zonas de pendiente donde, pese a todas las mitigaciones, se sigue produciendo erosión.

El consumidor que pone su confianza en el sello FSC no querría ver estas imágenes. Lamentablemente, yo las vi y todavía las retengo en mis pupilas".

Artículo basado en informe de Malú Sierra, Defensores del Bosque Chileno: "Visita al Predio El Guanaco, Forestal Millalemu, Comuna de Quirihue", correo electrónico: gondwana@adsl.tie.cl

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- Ecuador: palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó

En el Ecuador, los bosques de Esmeraldas, forman parte del último reducto de bosques tropicales de la costa del Pacífico en América. Estos bosques hacen parte de la región biogeográfica del Chocó, uno de los 10 "Hot spots" del planeta, que se extiende desde el Sur de Panamá hasta el Norte de Esmeraldas. En esta zona hay unas 10.000 especies de plantas de las cuáles unas 2.500 son endémicas. Este es el hogar de los pueblos Awá, Chachi y Tsachila, así como de comunidades afro ecuatorianas que mantienen formas de vida tradicional.

Sin embargo, estos bosques están siendo destruidos a un ritmo impresionante, debido a la deforestación provocada por el monocultivo de palma africana y la industria maderera, que han contado hasta ahora con la complicidad del gobierno nacional.

El 8 de agosto del 2002 el Presidente ecuatoriano Gustavo Noboa emite el decreto ejecutivo 2691, elaborado conjuntamente entre los ministerios del Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores. Este decreto designa para uso agrícola, un polígono de 50.000 hectáreas. en el Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas. De esta superficie 5.000 hás. son de Patrimonio Forestal del Estado ecuatoriano, más de 5.000 hás. son tierras ancestrales afro americanas, y más de 1.000 hás. son tierras indígenas Awá. Constitucional y legalmente, las tierras comunitarias son indivisibles e intransferibles. Este decreto tiene como objetivo no declarado legitimar la sistemática expropiación de tierras ancestrales y Patrimonio Forestal del Estado que desde hace algunos años vienen realizando las empresas palmicultoras en el norte de Esmeraldas. Las palmicultoras han ido arrebatando la tierra de las comunidades mediante compras ilegales y desplazamientos forzosos de las familias ancestrales. Este decreto va dedicado específicamente a los empresarios palmicultores, entre los cuales se encuentran familiares del presidente saliente Gustavo Noboa Bejarano.

Dentro de esta política de despojo se está aprovechando la coyuntura generada por el Plan Colombia en la frontera norte del país. Para mitigar los efectos del conflicto se crea la Unidad de Desarrollo del Norte (UDENOR), con fondos para apoyar a las comunidades ubicadas cerca de la frontera con Colombia. Estos fondos, sin embargo, al amparo del decreto mencionado, están siendo usurpados por los mismos empresarios palmicultores y no por las comunidades afectadas.

La constitucionalidad de este decreto ha sido cuestionada por la CONAIE, Acción Ecológica y otras organizaciones locales y ambientales mediante la interposición de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente no ha cumplido con su responsabilidad de controlar el proceso de deforestación en Patrimonio Forestal del Estado, y la adjudicación ilegal de estas tierras, por parte del INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) a las empresas madereras ENDESA y BOTROSA, parte del grupo Peña Durini, uno de los más poderosos del país. En investigaciones realizadas en el predio el Pambilar dentro del Bloque 10 de Patrimonio Forestal del Estado (uno de los muchos predios cuestionados) por el Ministerio del Ambiente en el año 2000, se identificó y comprobó que las 2.800 hás. del predio en cuestión fueron ilegalmente adjudicadas, por parte del INDA a la empresa BOTROSA. A partir de este caso, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción demostró que por lo menos otras 18.000 hás. de bosques fueron ilegalmente adjudicadas. El informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción provocó la intervención de la Contraloría General del Estado que, en julio del 2002, inició un examen especial al Ministerio del Ambiente y al INDA para identificar el estado de las adjudicaciones de los predios ubicados en Patrimonio Forestal, y establecer las responsabilidades administrativas civiles e indicios de responsabilidad penal, cometidos tanto por los funcionarios como por los actores directamente involucrados.

En este proceso la ministra del Ambiente, Lourdes Luque, también familiar del Presidente Noboa, se ha hecho de la vista gorda, y ha actuado a paso de tortuga beneficiando así a las empresas palmicultoras y madereras.

En octubre del 2002 el Tribunal Constitucional emite un fallo a favor de un amparo constitucional presentado por campesinos de la zona que fueron despojados de sus tierras, y demanda la sanción de los funcionarios involucrados en estas adjudicaciones ilegales, así como la devolución de las tierras e indemnización de los afectados por parte de las madereras ENDESA Y BOTROSA.

El bosque tropical ecuatoriano, albergue de una enorme diversidad cultural y biológica está a punto de desaparecer. No cabe en este proceso el concepto de explotación forestal certificada, como lo pretenden las empresas madereras ENDESA Y BOTROSA, que han presentado ante SMARTWOOD y el FSC una solicitud para certificar su explotación. Tampoco cabe creer que plantaciones o proyectos de reforestación pueden sustituir el bosque primario original.

En este escenario el gobierno entrante del Coronel Lucio Gutiérrez enfrenta un gran desafío para conservar lo poco que queda aún de bosque primario. Quizás lo único que pueda salvar el bosque es la declaración de una moratoria indefinida a la explotación comercial del bosque.

Por: Ivonne Ramos, Acción Ecológica, correo electrónico: creativo@uio.satnet.net

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