|
| |
|
Indice
- Opinión
- Am. del Sur -
Am. Central-
Am.
del Norte - -Am.
Latina - Africa-
Oceania --
Archivos del Carbono - General
|
|
LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS - Birmania: reactivan planes de construcción de la represa de Weigyi Financiada por el Banco Mundial y puesta en funcionamiento por primera vez en 1964, la represa Bhumiphol en la provincia de Tak al noroeste de Tailandia, nunca funcionó a plena capacidad. En marzo de 1994, los embalses de las represas de Bhumiphol y Sirikit (ambas financiadas por el Banco Mundial) contenían apenas el 7 por ciento del total de su volumen utilizable. La solución del gobierno tailandés al problema es proponer la construcción de nuevas represas en el río Salween en la frontera entre Tailandia y Birmania, para poder desviar el agua al embalse de Bhumiphol. El río Salween corre a lo largo de varios kilómetros de la frontera con Tailandia. Cruza montañas y bosques tropicales que hasta no hace mucho tiempo fueron escenario de insurrecciones armadas. Tailandia pretende privar al río Salween y a otros ríos que corren a lo largo de la frontera, de una parte del agua producto de las lluvias abundantes del monzón, desviándola hacia los embalses de sus propias represas y usar también ese recurso natural como fuente de energía eléctrica. Recientemente volvieron a activarse los planes de la Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia (EGAT) de construir la represa de Weigyi entre la provincia de Maehongson en Tailandia y el estado de Karen en Birmania. La alteración del curso de agua que provocará la represa afectará río arriba una zona que alcanzará los 380-400 km hacia el norte. Una vez finalizada, la represa de Weigyi tendrá 168 metros de alto, con una capacidad de generación de 4.540 MW y un costo estimado de US$ 6 mil millones. La ONG ambientalista TERRA (Towards Ecological Recovery and Regional Alliance), con sede en Tailandia, afirma que el embalse, con un nivel de agua normal de 220 metros de alto, sumergirá entre 6.000 y 8.000 hectáreas de tierras, lo que implicará el desplazamiento de miles de pobladores Karenni del estado birmano de Kayah. Pero la medida del daño todavía debe ser investigada, aunque un informe de la EGAT a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado prevé la probable destrucción de miles de hectáreas de bosques a ambos lados del río Salween. No obstante, la represa de Weigyi requiere todavía la aprobación oficial de Rangún, que ya firmó en diciembre pasado un contrato con el Grupo MDX, con sede en Tailandia, para la construcción de una represa de 3.300 MW en Tasarng, en el estado de Shan, 400 km río arriba. La organización birmana Liga Nacional para la Democracia, de Aung San Suu Kyi, ya confirmó desde el 4 de enero, día de la independencia de Birmania, que se opone firmemente a las inversiones extranjeras mientras no se sostengan conversaciones reales entre la oposición y el gobierno militar. Los pueblos Shan, Karen y Karenni también han expresado desde 1993 su condena a los proyectos de represas. "Es una cuestión de vida o muerte", dijo un representante Karenni. "La represa de Weigyi podría dividir en dos a los Karenni. Sería el clavo final en nuestro ataúd. La construcción de una represa en el Salween tendrá sobre nosotros impactos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los Karenni perderemos nuestra fuente de alimentos". Artículo basado
en información obtenida de: "Environment Dam in Karen State
will still flood Shan State", Shan Herald Agency for News, 20 de
febrero de 2003, distribuido a traves de la lista electronica owner-irn-mekong@netvista.net
; "A paradoxical Alliance, Thailand taps Burma's rivers",
André and Louis Boucaud, Le Monde Diplomatique, http://mondediplo.com/2000/02/10boucaud - Filipinas: avanza oposición contra refinería de níquel de Sumitomo Corporation en Palawan Aún cuando en 1992 el gobierno local de la isla de Palawan, en un intento por frenar la destrucción y degradación de los bosques del país, canceló las concesiones otorgadas a empresas madereras (ver Boletín 38 del WRM), no detuvo con ello la amenaza a la integridad de las tierras de las comunidades indígenas de Filipinas. Es que también hay empresas mineras que procuran llevar adelante su negocio a pesar de la oposición de las comunidades locales y las advertencias del daño ambiental que causarán sus actividades. El proyecto de instalación de una millonaria refinería de níquel financiado en un noventa por ciento por la minera gigante japonesa Sumitomo Metal Mining Corp. y el diez por ciento restante por Rio Tuba Nickel Mining Corp. (RTNMC) --una empresa de los hermanos Ronaldo y Manuel Zamora que tiene años operando en la región--, extraería 10.000 toneladas de níquel. La producción se realizaría durante un lapso de 20 años, comenzando este año e incrementándose en los años sucesivos. Las actividades de explotación en Río Tuba tienen como escenario la región sudoriental de la isla de Palawan. Con más de mil islas e islotes ricos en flora y fauna tropical esparcidos en 1,5 millones de hectáreas, Palawan es la provincia más grande de Filipinas y hogar de varios grupos indígenas entre los que se encuentran los tagbunau, pala'wan, tau't bato y batak. La población indígena de Río Tuba se ha organizado y sumado a otros integrantes de la comunidad para defender su tierra, su salud y su forma de vida. Las toxinas producto de las operaciones mineras han afectado visiblemente las fuentes de agua debido a que las represas diseñadas para contener los desechos se desbordan en la época de lluvias; lo que a su vez ocasiona que los ríos se obstruyan con cieno. Los problemas en la piel y problemas respiratorios que presentan los habitantes de las comunidades, se los achacan al polvo y desechos provenientes de un socavón lateral de la mina. El proyecto que se propone será otro golpe a los cientos de pescadores, agricultores y pueblos indígenas cuya supervivencia depende de un ambiente saludable. En 1991 se formó la red Palawan NGO Network, Inc. (PNNI), integrada por organizaciones sociales y no gubernamentales de la provincia, a cuyo nombre el Centro de Asistencia Legal Ambiental (ELAC, por su sigla en inglés), con el apoyo de la organización internacional Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), presentó el 3 de abril de 2002 un documento ante el Departamento de Manejo Ambiental (EMB) para impedir que se avalara la construcción de un millonario complejo para la refinación de níquel. En el referido documento se hacía un análisis crítico de los impactos ecológicos, legales y políticos del proyecto de minería, señalando que viola varias leyes, políticas y directrices del país. El proyecto se asienta y afecta áreas ubicadas dentro de los dominios ancestrales de la comunidad pala'wan. Más de 30 familias de esa comunidad que habitan dichos territorios luchan por reafirmar sus derechos ancestrales a la tierra con el fin de mantener sus medios de vida y temen que en el proyecto se utilicen crestones de piedra caliza de Sitio Gutok, un afloramiento considerado como sitio sagrado. Por todas esas consideraciones ELAC argumentó que no debía otorgarse un Certificado de Observación Ambiental al referido proyecto minero. Denunció, además, que la evidente oposición de la comunidad demuestra que la empresa no cuenta con el consentimiento de la comunidad. Ello supone una violación de la Ley de Derechos Indígenas, que exige que la empresa obtenga el "consentimiento previo libre e informado" después de presentar abiertamente las intenciones y el alcance de la actividad que se propone llevar a cabo, de manera que la comunidad entienda claramente la situación. De acuerdo con el informe que ELAC presentó ante el Departamento de Manejo Ambiental, RTNMC utilizó tácticas falaces para obtener las firmas de los dirigentes indígenas y otros grupos, las cuales anexó posteriormente a su declaración de impacto ambiental. Los habitantes de las comunidades y varios grupos como ELAC han denunciado públicamente las formas tramposas con las que la empresa logró el respaldo: "a muchos se les pidió que firmaran una hoja de asistencia que luego resultó ser una carta de apoyo al proyecto de la minera". El 10 de julio de 2001, el secretario Heherson Álvarez del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó un certificado ambiental al proyecto, certificando que el referido proyecto no provocará un impacto ambiental negativo importante y que el proponente ha observado todos los requerimientos del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho certificado fue luego respaldado por el Consejo de Palawan para el Desarrollo Sostenible, un organismo administrativo que regula los proyectos ambientales de la provincia. El fallo va en contra de los temores fundados de que gran parte del proyecto se realizará en una zona donde no se permiten actividades pues incluye una región costera con arrecifes de coral. Los expertos que estudiaron la declaración de impacto ambiental presentada por RTNMC encontraron que faltaban detalles sobre el proyecto. A su vez, la empresa no respondió debidamente las preguntas referidas a cómo impediría la filtración de sulfuro y otros peligrosos efluentes de la fábrica. En setiembre, ELAC se reunió con el senador Robert Jaworski, a raíz de lo cual éste adoptó una resolución senatorial cuestionando el certificado ambiental. Posteriormente hubo otra resolución más con relación a este tema. Como consecuencia, en diciembre pasado el senado realizó una investigación en la que representantes de las ONGs, comunidades indígenas y musulmanas y agricultores de Palawan presentaron su caso. El senado prometió realizar una investigación y la gente está ahora a la espera de que este cuerpo intervenga decididamente para asumir la defensa del ambiente y de los pobladores de Palawan. Artículo basado
en información obtenida de: "Pueblos indígenas de
las Filipinas se oponen a la expansión de una mina de níquel",
Drillbits & Tailings, Volumen 7, Nº 7, 5 de septiembre de 2002,
"Project Underground" cbaldi@moles.org;
"Planned nickel plant in Palawan under fire", Jofelle Tesorio,
Inquirer News Service, http://www.inq7.net/reg/2002/jan/28/reg_6-1.htm
; Administrative Order Nº 2000, http://www.psem.ph/download_files/dao-mine%20waste3.pdf
- Indonesia: reapertura de fábrica de celulosa de Indorayon enfrenta fuerte oposición local La reapertura de la fábrica de papel y rayón PT Inti Indorayon Utama en Porsea, Sumatra del Norte, ha desatado nuevamente una fuerte oposición local. La fábrica, ubicada en el centro de un distrito densamente poblado cercano al lago Toba --una de las más grandes reservas de agua dulce del Sudeste Asiático-- libera contaminantes al medio ambiente, generalmente sin filtrar, contamina el agua y el aire de la región y destruye las bases de la vida de la población Batak local. Durante los años noventa, evidencia científica demostró que esta fábrica era responsable de distintos perjuicios a la salud de la población local: afecciones de la piel, enfermedades respiratorias y problemas del sistema nervioso son consecuencia de la producción de celulosa y rayón. Por otra parte, la tala --esencial para la producción-- ha tenido efectos devastadores sobre la agricultura local: deslizamientos de tierra, fluctuaciones incontrolables en el suministro de agua, daños a plantas y peces. La población local tiene una larga historia de oposición a la fábrica y a las plantaciones que la alimentan (ver boletín 14 de WRM). Las ONGs y las iglesias indonesias que se han sumado a la protesta contra la reapertura de la fábrica cuentan con el apoyo de la Misión Evangélica Unida (UEM por sus siglas en inglés). En una carta a la presidenta indonesia Megawati Sukarnoputri, la UEM, junto a Misereor, el Trabajo Diaconal de la Iglesia Evangélica Alemana, Watch Indonesia! e INFID, piden al gobierno la no reapertura de la fábrica, para evitar los riesgos a los que se verán sometidos la población y el medio ambiente. A pesar de que los ambientalistas y el entonces Ministro de Medio Ambiente habían advertido desde un principio sobre las consecuencias previsibles del proyecto, éste fue implementado con el respaldo de Suharto, el anterior mandatario del país. Luego de la caída de Suharto y como resultado de las protestas masivas de la población, se detuvo temporalmente la producción, pero desde ese entonces la compañía ha luchando incesantemente para reiniciarla, al parecer con éxito. Aunque el Ministro de Medio Ambiente indonesio recomendó la clausura definitiva de la planta a principios del año 2000, el gobierno autorizó a la gerencia de la empresa a reiniciar las operaciones en noviembre de 2002. Desde entonces, se han repetido enfrentamientos violentos entre la población local y la policía, con un saldo de dieciocho manifestantes encarcelados, entre ellos dos pastores de la Iglesia Cristiana Protestante de Batak (HKBP por sus siglas en inglés), una de las iglesias miembro de la UEM. La ONG local KSPPM y la rama de Sumatra del Norte del grupo ambientalista WALHI también apoyan a los manifestantes. Grupos locales han instalado un centro de crisis y una cocina en el barrio vecino de Tarutung para ayudar a las víctimas del conflicto. Un hombre de Porsea que participó en un enfrentamiento en Jakarta declaró: "Al gobierno no le importa el medio ambiente, no le importa el daño que ha causado Indorayon ni tampoco lo que quiere la población local. El gobierno toma partido por la compañía, pero el noventa por ciento de la comunidad no quiere a Indorayon aquí". Artículo basado
en información obtenida de: "UEM against the reopening of
pulp mill in Indonesia. Indorayon puts human life and environment at
risk", Press Release, enero 30, 2003, enviado por Watch Indonesia!,
watchindonesia@snafu.de
; "Thousands protest reopening of Indorayon pulp plant", Down
to Earth, Newsletter No. 56, febrero de 2003, dte@gn.apc.org
; http://dte.gn.apc.org - Laos: la lucha estilo Banco Mundial contra la corrupción en la represa Nam Theun 2 El año pasado, presumiblemente en un intento por mejorar su empañada imagen, el Banco Mundial publicó un llamativo folleto: "10 cosas que usted nunca supo sobre el Banco Mundial". El punto número siete de la lista es la afirmación "El Banco Mundial es líder en la lucha contra la corrupción en todo el mundo". El folleto añade: "El Banco Mundial está trabajando para lograr una total integración de las medidas de buen gobierno y de lucha contra la corrupción a su trabajo operativo y de planificación. El Banco también ha asumido el compromiso de asegurar que los proyectos que financia estén libres de corrupción". Lamentablemente, en su participación en la propuesta represa Nam Theun 2 de 1.000 MW, el Banco parece haber olvidado su lucha contra la corrupción. El Banco ha financiado una serie de estudios sobre este proyecto de US$ 1,5 mil millones, y sin la garantía de riesgo parcial de US$ 100 millones del Banco Mundial, los financiadores comerciales no se arriesgarán a prestar su dinero al proyecto Nam Theun 2. El Banco ha pospuesto por muchos años su decisión sobre si otorgar o no esa garantía. A pesar de que quizás la represa no se construya nunca, ya se talaron los bosques en el área del reservorio. Desde principios de los años 90, la compañía Bolisat Phathana Khet Phoudoi (BPKP - Mountainous Region Development Corporation) administrada por el ejército de Laos se ha beneficiado de la concesión para talar el área de 450 km2 del reservorio en la meseta de Nakai. Una vez desaparecidos los bosques, el gobierno de Laos revocó la concesión de madereo de la BPKP y la compañía colapsó. El 14 de enero de 2003, el gobierno designó a un nuevo director interino para la BPKP, Sisaleuay Khounbathao, quien previamente fuera Sub-Director de Mejoramiento Comercial de la Oficina del Primer Ministro. Sisaleuay ha sustituido a Bounmy Chithphanya, director de la BPKP durante los últimos cinco años. Aunque la compañía debía hacer frente a deudas importantes, Bounmy declaró al periódico Vientiane Times, "Todavía no estamos en quiebra porque tenemos el apoyo del Partido y el Estado". Los bosques de la meseta de Nakai fueron vendidos al mejor postor, y la compañía que vendió los troncos está fuertemente endeudada y sólo puede sobrevivir a través del apoyo del gobierno. Pero el colapso de la BPKP no debería sorprender a nadie en el Banco Mundial. En 1997, la organización International Rivers Network (IRN) escribió al Banco Mundial cuestionando la participación del Banco en el proyecto Nam Theun 2. En la carta, IRN cita un Estudio de impacto económico realizado por la firma consultora Louis Berger, que fuera financiado por el Banco. En el informe se destaca que BPKP funciona principalmente fuera del control del gobierno central y recomienda: "Como empresa estatal autónoma, BPKP debería tener un Directorio y una contabilidad fiduciaria que rindiera cuentas al Ministerio de Finanzas, para facilitar el control de sus actividades". Ninguna de las recomendaciones de Louis Berger fue tomada en cuenta, hasta este año. Bajo la dirección de Sisaleuay Khounbathao, el director recién designado, hay planes en marcha para que la empresa establezca un consejo directivo, un directorio, departamentos y grupos y sucursales de BPKP. El informe de 1997 de Louis Berger también afirmaba que "los intereses comerciales de BPKP seguirán orientándose hacia el mantenimiento de cuotas de madereo más altas que las adecuadas para un régimen de cosecha sustentable, y hacia la apertura de acceso a áreas previamente intocadas". Esto es precisamente lo que ha hecho BPKP. Según un informe de 2001 sobre manejo de bosques en Laos realizado por el Banco Mundial, Suecia y Finlandia: "Las últimas misiones del Banco Mundial han evaluado la extensión del madereo no autorizado, ilegal, no planificado e ilícito en Áreas Nacionales de Conservación de Biodiversidad (NBCA, por su sigla en inglés) y en el área de la cuenca de Nam Theun 2 donde el madereo está prohibido". El informe también destaca que existen "infracciones graves de madereo en las NBCA de Nakai Nam Theun y otras áreas que el gobierno de Laos había declarado como áreas protegidas contra el madereo". Además del madereo del área del reservorio, BPKP ha llevado a cabo reasentamientos relacionados con el proyecto y construido casas para los pobladores reasentados. El informe de 1997 de Louis Berger destaca que la empresa se había postulado a la licitación de contratos relacionados con el proyecto de la represa, cuando al mismo tiempo era miembro de la comisión del gobierno de Laos que decidiría sobre la adjudicación de esas licitaciones. En noviembre de 1997, la entonces directora del Banco Mundial en Laos, Ngo Zi Okanjo Iwella declaró a Power in Asia: "BPKP tendrá que competir con otras empresas privadas en licitaciones públicas relacionadas con el proyecto". El problema del conflicto de intereses de BPKP no fue tomado en cuenta. Iwella confirmó a Power in Asia que era consciente de que había "temas gubernamentales" relacionados con el proyecto Nam Theun 2. Sin embargo, en relación a BPKP Iwella declaró: "En experiencias pasadas en actividades rurales regionales hemos tenido una relación constructiva con BPKP. Pero también sabemos que hay temas conflictivos asociados con esta compañía en el pasado y debemos asegurar que esos problemas no se repitan en el futuro". La "relación constructiva" del Banco con BPKP ha servido de poco para evitar que la compañía acumule enormes deudas mientras tala vastas áreas de bosque. Hace ya mucho tiempo que se espera una revisión de cuentas pública y detallada de las operaciones de BPKP, centrada especialmente en sus operaciones relacionadas con el Banco Mundial y el proyecto Nam Theun 2. La publicación estatal Vientiane Times informó recientemente que: "El Banco Mundial y el Gobierno de la República Popular Democrática de Laos, están trabajando de común acuerdo para establecer que los beneficios del Proyecto que recibirá el Gobierno de la República Popular Democrática de Laos, sirvan en forma efectiva al desarrollo a largo plazo del país". Los ingresos obtenidos del madereo del área del reservorio son beneficios del proyecto. Si los planes para la represa Nam Theun 2 no existieran, tampoco existiría la concesión de BPKP para talar los bosques de la meseta de Nakai. Los pobladores de la meseta de Nakai, que han presenciado cómo BPKP les roba sus bosques, tienen derecho a saber a dónde fue a parar el dinero. Por: Chris Lang, correo
electrónico: chrislang@t-online.de
|
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Maldonado 1858
11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
wrm@wrm.org.uy