• Brasil: plantaciones de eucalipto de Plantar, créditos de carbono y pobladores locales
• Chile: urge reorientar política forestal desde monocultivos de árboles hacia bosques
• Colombia: proyecto de plantaciones de palma aceitera pone en peligro biodiversidad del Chocó
• Ecuador: la gente dijo no a las plantaciones en reunión ministerial

LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Brasil: plantaciones de eucalipto de Plantar, créditos de carbono y pobladores locales

Una carta con más de 50 firmas de ONGs, iglesias, movimientos y sindicatos brasileños fue enviada a los inversores del Fondo Prototipo de Carbono (FPC) del Banco Mundial el 26 de marzo de 2003, exhortándoles a no comprar créditos de carbono provenientes del controvertido proyecto Plantar en Minas Gerais, Brasil. La carta (disponible en www.sinkswatch.org, ver también Boletín N° 65 del WRM) afirma que Plantar no representa ni desarrollo limpio ni sustentable, que la compañía ha violado continuamente las leyes laborales y que no posee una evaluación de impacto ambiental (EIA), requisito exigido por la ley.

En una carta de fecha 11 de abril de 2003 al FPC, Plantar refuta todas las críticas y preocupaciones planteadas en la carta de las ONGs, acusando al WRM y a la organización brasileña FASE-ES de "una tremenda falta de conocimiento o comprensión".

Plantar no reconoce que la carta está basada en una investigación en profundidad de las operaciones de la compañía, realizada por miembros de FASE-ES, y documentada en un informe encargado por el WRM. Esa investigación incluye visitas al área y extensas entrevistas a pobladores locales, y se puede consultar en http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/fsc.html

Como era de esperar, la compañía reaccionó negando todos los hallazgos de la investigación e inició una campaña a nivel local, que incluyó cosas absurdas como afirmar que "ONGs de Espírito Santo y Uruguay trabajan para aumentar el desempleo en el municipio de Curvelo" (periódico Folha de Curvelo, 16 de abril de 2003). El subtítulo del artículo afirma que "amparadas por intereses internacionales, las Organizaciones no Gubernamentales elaboran informe equivocado contra Plantar S.A. e intentan bloquear recursos que podrían ser invertidos en el municipio".

Ante la reacción de Plantar tanto FASE-ES como el WRM decidieron rechazar la invitación de la compañía de realizar una reunión, y en su lugar visitar el área de la plantación y escuchar a los pobladores locales afectados. La decisión se vio reforzada por el hecho de que en su último mensaje Luiz Carlos Goulart, Gerente de Desarrollo Sustentable de la compañía, informó que no sería posible visitar las plantaciones de Plantar --alegando falta de tiempo-- y que la reunión se realizaría en las oficinas de la compañía. En esas condiciones, no tenía sentido reunirse con la compañía.

Los representantes de FASE/WRM visitaron el área el 15 de mayo y se reunieron con los residentes locales. El impacto general de las operaciones de la compañía fue resumido por una pobladora que dijo simplemente: "Plantar acabó con todo lo que teníamos". El significado de esta frase nos quedó claro cuando los pobladores nos mostraron el área. Dentro de las plantaciones lo único verde eran los plantines y los árboles de eucalipto. El resto era marrón, como resultado de la aplicación generalizada del herbicida glifosato (Round-up). El agua se había secado o había sido contaminada con sustancias agroquímicas, privando así a los pobladores locales de los peces que acostumbraban pescar y comer. La fauna local, que constituía un elemento importante para el sustento de los pobladores, también había desaparecido, convirtiendo en burla los carteles con la advertencia "Prohibido cazar y pescar". "¿Cazar y pescar qué?, si la compañía ya mató todo", dijo enojado uno de los pobladores.

Los residentes informaron también sobre la presión ejercida por Plantar para que firmaran una carta de apoyo a la compañía, que sólo quienes no trabajaban o dependían en forma directa de la compañía se podían dar el lujo de no firmar, a su propio riesgo. También nos mostraron la carretera pública cerrada por la compañía, obligándoles de esa forma a viajar distancias mucho más largas para llegar a sus hogares. La razón esgrimida por Plantar para cerrar el camino --una decisión que se tomó sin consultar a los pobladores locales-- fue que querían evitar el polvo proveniente del mismo ya que ¡afectaba a las plantas del vivero de la compañía!

La visita al área simplemente confirmó los hallazgos de los investigadores de FASE y fortaleció la convicción de que la compañía no debe recibir la certificación del FSC ni debe ser incluida en el Fondo Prototipo de Carbono como posible candidata para recibir créditos de carbono en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.

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Chile: urge reorientar política forestal desde monocultivos de árboles hacia bosques

Esta época de procesos cada vez más acelerados en ancas del desarrollo tecnológico también es escenario de una pérdida igualmente vertiginosa de los recursos naturales por su sobreexplotación para hacer posible un modo de producción, consumo y vida que cierra el círculo vicioso.

En ese marco, la paulatina pérdida del bosque nativo no es una cuestión menor, sobre todo porque es irreparable. En el contexto urbano puede resultarle difícil al ciudadano común --alejado de los ciclos y ritmos de los procesos de la naturaleza y de su observación y vivencia-darse cuenta de lo que, en el caso de Chile, está sucediendo en la región sur. Y cuando lo sepa, quizá ya sea demasiado tarde.

Pero antes de entrar en los detalles, importa señalar que lo de Chile no es de ninguna manera un caso aislado. La situación es muy similar en muchos otros países, donde se promueven los monocultivos de árboles mientras el bosque continúa siendo destruido y en muchos casos sustituido por monocultivos de especies exóticas. Sin embargo, resulta imprescindible destacar lo que ocurre en este país, dado que el "modelo chileno" está siendo promovido en América Latina como un ejemplo exitoso a ser imitado por otros gobiernos, cuando lo cierto es que se trata de un modelo que ya ha demostrado ser social y ambientalmente insustentable.

Chile ha firmado y ratificado una serie de convenciones, protocolos y tratados internacionales: de Biodiversidad, de Desertificación, de Cambio Climático, de la Capa de Ozono, la Agenda XXI, el Proceso de Montreal con su Carta de Santiago, y muchos otros, que serán letra muerta de no existir una política y una institucionalidad forestal capaz de ponerlos en práctica.

Por otro lado, procesos como los Tratados de Libre Comercio firmados recientemente, sólo contribuirán a que el deterioro de los bosques y su posible desaparición ocurran con mayor rapidez, por la falta de regulación y las directivas que promueven el aumento de las plantaciones forestales, hoy convertidas en el segundo producto de exportación de Chile, pero a expensas de la gente y de su ambiente.

Dos empresas concentran más de un millón 300 mil hectáreas con extensos monocultivos y el total de monocultivos de árboles alcanza los 2 millones 200 mil hectáreas, cuestión que ha tenido un enorme impacto social y ambiental, provocado la migración de las comunidades en amplios sectores rurales y el empobrecimiento de los campesinos. Problemas socioeconómicos delicados son los que se han producido en la Araucanía, donde subsisten los graves conflictos de las empresas forestales con las comunidades indígenas y con pequeños agricultores.

Para desmedro del bosque nativo, se sigue promoviendo la plantación de especies exóticas. El Decreto Ley 701 bonifica la mal llamada "reforestación", contemplando beneficios económicos que alcanzan --nominalmente-- hasta el 90 por ciento de los costos de plantación en el caso de pequeños propietarios de suelos no agrícolas o degradados, sin establecer prácticamente ninguna diferencia entre la forestación con especies nativas y la plantación con especies exóticas. Y ahora hay mayores facilidades. Este año se han destinado 13 millones de dólares para los Bonos de Securitización Forestal (para plantar pinos y eucaliptos en terrenos de pequeños propietarios), un instrumento creado por la Fundación Chile, junto con la Corporación de la Madera, la Corporación de Fomento y el Ministerio de Agricultura.

Mientras tanto, el proyecto de ley de fomento del bosque nativo, que tal vez se envíe al Congreso próximamente, contemplaría sólo 5 millones de dólares como aporte del Estado, para el primer año. La Región de los Lagos, donde están los bosques más biodiversos, se está convirtiendo rápidamente en un paisaje monótono de pinos y eucaliptos para abastecer la inmensa planta de celulosa que la empresa Arauco construye actualmente en San José de la Mariquina.

Quienes denuncian este estado de cosas consideran que es necesario que se mejore el acceso a la información, la divulgación y la educación relativas al bosque nativo, para que exista una cultura de conservación y uso sostenible, y que para apoyar la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad para la preservación de ecosistemas es urgente identificar una lista de sitios prioritarios que logre el cumplimiento de las leyes nacionales y de los tratados internacionales ratificados por Chile en los temas relativos a la protección de los recursos naturales y que contemple una definición de bosque con criterio ecológico.

Parecería que en Chile no existe una política forestal (en el sentido del uso sustentable del bosque), y que lo que en realidad existe es una política destinada casi exclusivamente a la promoción de los monocultivos forestales. Y lo peor es que esa política ha sido tan exitosa, que amplias áreas de bosques han desaparecido para ser sustituidas por interminables filas de pinos y eucaliptos que alguien definió acertadamente como "milicos plantados": verdes, en fila y avanzando.

Esa inexistencia de una política de defensa de los bosques ha sido corroborada en numerosos informes, el último de los cuales es el Informe País 2000, realizado por la Universidad de Chile para la Comisión Nacional del Medio Ambiente (http://www.elbosquechileno.cl/infpais34.html).

Es hora de terminar con el engaño de que las plantaciones de pinos y eucaliptos son "bosques". Las plantaciones son plantaciones y los bosques son bosques. Así de fácil. Ningún monocultivo de árboles puede cumplir con ninguna de las funciones sociales y ambientales que cumple el bosque chileno, por lo que urge la aprobación de una verdadera legislación forestal que asegure el uso sustentable y la restauración del único recurso forestal chileno: el bosque nativo.

Artículo basado en información obtenida de: "Chile necesita una política forestal", Voces del Bosque, verano 2003, Nº 34, Defensores del Bosque Chileno, http://www.elbosquechileno.cl/politica34.html ; "DL 701: Aprovechar la herramienta que hay",http://www.elbosquechileno.cl/701.html , Defensores del Bosque Chileno.

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Colombia: proyecto de plantaciones de palma aceitera pone en peligro biodiversidad del Chocó

La región del Chocó (75.000 km2 de superficie sobre la costa del Pacífico Colombiano) es un ecosistema estratégico por su diversidad natural y cultural y presenta la mayor concentración de biodiversidad del mundo en cuanto a número de especies por hectárea (ver Boletín 44 del WRM). De la superficie original de bosques heterogéneos, queda tan solo un 40% en pie, resultado principalmente de la colonización, la expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la explotación maderera.

El Bajo Atrato, en la cuenca del río Atrato, que forma parte de esa región biogeográfica, está en estado de alerta. La Defensoría del Pueblo, a través del documento Explotación Maderera y Derechos Humanos Bajo Atrato-Chocó, expresa la profunda preocupación de los miembros de los consejos comunitarios del Bajo Atrato (Cacarica, Jiguamiandó y de Curvaradó, entre otros), por un proyecto de palmicultura (plantaciones de palma aceitera) a realizarse en el municipio de Riosucio.

Se trata de un proyecto de la empresa Urapalma S.A, compañía que no integra el convenio de concertación para una producción más limpia que había sido suscrito por la federación Fedepalma, los Ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, y varias empresas ambientales.

El objeto del proyecto es la siembra de 20 mil hectáreas de palma (variedades Ekona y Ekona X lame) en los departamentos de Chocó y Antioquía. El primer bloque es de 9 mil hectáreas, 6.500 de la citada compañía y 2.500 de Asopalma (empresa promovida por la anterior, en la que están asociados campesinos de la región a quienes se les asignó un lote de 5 hectáreas a cada uno).

Para una etapa posterior está prevista la instalación de una planta extractora en la zona para la producción de 35.000 toneladas de aceite crudo en cinco años. En la actualidad se está en proceso de conformar las asociaciones de habitantes de la zona en Paravandocito y Munguidó para sembrar 380 hectáreas. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de diferentes entidades, entre ellas los Ministerios de Agricultura y Desarrollo, el Banco Agrario (que concedió un crédito de hasta un 80 % de los costos directos de operación en la etapa improductiva), FINAGRO, el Fondo de Inversiones para la Paz (fuente de los recursos del ICR --Incentivo de Capitalización Rural-- para el cultivo de palma aceitera) y de la Gobernación de Antioquía.

No se ha realizado un proceso de consulta con las comunidades étnicas, no se ha tramitado el concepto de viabilidad ambiental, ni se han solicitado los permisos para concesión de aguas y aprovechamiento forestal ante las autoridades ambientales con jurisdicción en los mencionados departamentos de Codechocó y Corpourabá, desconociendo así la normativa ambiental y étnica que rige para esta zona.

Los grupos paramilitares que actúan en la región han servido a los propósitos de este proyecto, para el cual la tenencia colectiva de los territorios de la zona por parte de las comunidades constituye un obstáculo. En ese sentido, la arremetida contra la guerrilla obedece a una estrategia militar pero también económica del sector privado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha denunciado que es evidente que no existe una intervención estatal para enfrentar estructuralmente la acción armada encubierta a través del paramilitarismo, en tanto que se continúa desconociendo los derechos de las comunidades afrodescendientes y se amplía la siembra ilegal e ilícita de la palma aceitera amparada por la protección armada.

Como en tantos otros lugares de la región tropical, la diversidad natural y cultural corre el riesgo de desaparecer para ser sustituida por extensos monocultivos que sólo sirven a intereses empresariales dedicados a la producción y comercialización de aceite de palma. Y al igual que en casi todos los demás casos, la resistencia a la apropiación de territorios por parte de las empresas comienza a surgir cada vez con mayor fuerza.

Artículo basado en información obtenida de: "Alerta por Palmicultura en el Bajo Atrato", enviado por Gonzalo Díaz Cañadas, Fundación Beteguma, Fundador del Periódico Citará, www.citara.ipfox.com , correo electrónico: periodicocitara@hotmail.com ; "Graves violaciones de derechos humanos en Jiguamiandó y Curbaradó [Chocó]", por Justicia y Paz , 23 de diciembre de 2002, http://colombia.indymedia.org/news/2002/12/854.php

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Ecuador: la gente dijo no a las plantaciones en reunión ministerial

En casi todos los países los monocultivos de árboles a gran escala se han impuesto y desarrollado una vez que se ha logrado modificar las leyes de cada país de tal forma que empresarios nacionales y extranjeros obtienen todo tipo de beneficios, subsidios directos e indirectos, exenciones impositivas y hasta créditos blandos y reintegros por plantaciones a gran escala. Es esta la forma mediante la cual las empresas han transferido sus costos a los ya muy empobrecidos pueblos en un negocio mediante el cual sólo obtienen ganancias, utilizan gratuitamente los recursos, buena tierra, agua, mano de obra barata y además están protegidos por la ley, para que nadie se queje. En casi todos los países esto se ha logrado mediante una campaña de mentiras, engañando a gobernantes y pueblos, y si es necesario también utilizando métodos no tan "democráticos", tales como amenazas, atentados y muerte para los que se opongan. En este momento en Ecuador, las empresas están presionando al Gobierno a tomar medidas que las favorezcan. Sin embargo, la tarea no les resultará fácil y el proceso ya presenta algunas peculiaridades muy interesantes.

A diferencia de otros países, el Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador tomó la excelente iniciativa de convocar a un Seminario/Taller para formular un "Plan Nacional de Forestación y Reforestación", que se realizó entre los días 28 y 30 abril en la ciudad de Quito. El objetivo de este taller, según lo explicitaba la invitación cursada por el Ministerio es que el plan se formule "con participación comunitaria, que sea integral" y que cuente "con el trabajo activo de todos los actores", "integrando los componentes socio ambiental y productivo-económico". En este sentido, parece --afortunadamente-- diferenciarse de otros planes nacionales de forestación aprobados en muchos de nuestros países a espaldas de la gente.

En la mayoría de los países donde se han impuesto los supuestos planes de forestación, estos han sido producto de consultorías extranjeras. Sólo a modo de ejemplo cabe recordar que el plan nacional forestal mexicano fue elaborado por la consultora finlandesa INDUFOR, el "Plan Maestro para el Sector Forestal Tailandés" fue elaborado por la consultora Jaakko Pöyry (también finlandesa) y el Plan Maestro de Uruguay fue elaborado por la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA). La participación estuvo totalmente ausente en todos estos procesos.

A pesar de las buenísimas intenciones del Ministerio de que el plan fuera elaborado participativamente, por la vía de los hechos los sectores empresariales se aseguraron de limitar dicha participación. Los conferencistas nacionales e internacionales invitados, en su gran mayoría "expertos" en monocultivos forestales a gran escala, tenía a cargo la tarea de demostrar el éxito del modelo en países como Brasil, Chile y Uruguay. Entre verdades a medias, gráficas y números, en resumidas cuentas sólo pudieron afirmar que en sus países las áreas de plantaciones se incrementaron y que algunos empresarios ganaron mucho dinero. La acentuación de las crisis económicas de dichos países, los conflictos con las comunidades locales y los impactos económicos, sociales y ambientales negativos producto de la expansión de los monocultivos, sólo formaron parte de la exposición de la única representación internacional no convocada por los empresarios, una integrante del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, especialmente invitada por el Ministerio. Gracias a esta invitación, el público asistente tuvo acceso a información documentada sobre los innumerables impactos socioambientales de los monocultivos forestales (y las innumerables luchas locales contra los mismos en numerosos países del mundo), que estuvieron ausentes en las presentaciones de los demás panelistas. Ello fortaleció la participación de l@s representantes de comunidades indígenas y campesinas, que en Ecuador ya tienen suficientes ejemplos sobre los impactos de este tipo de plantaciones.

Paradójicamente los integrantes de las comunidades no fueron invitados a exponer sus puntos de vista. Peor aun, sus voces fueron silenciadas en la mayoría de las oportunidades en que se manifestaron en desacuerdo o pretendieron incluir modificaciones en los "Talleres" a los que se denominó "Forestería Social y Actividades Agroforestales" y "Bosques de Protección". Pero fue en el taller denominado "Bosques de producción industrial y comercial" (que debería haberse denominado "monocultivos a gran escala"), donde definitivamente toda oposición fue limitada, censurada y desvirtuada por un moderador volcado abiertamente en favor de los monocultivos forestales.

Las pocas representaciones de organizaciones civiles, campesinas e indígenas del Ecuador, que participaron del evento con el apoyo de la organización local Acción Ecológica, indignadas por la manipulación de la que eran objeto la gran mayoría de l@s participantes, decidieron elaborar una declaración que fue leída minutos antes del cierre del evento, a pesar de la oposición del empresario Montenegro, de la maderera ENDESA /BOTROSA, quien manifestaba a gritos que "aunque no sé de que van a hablar las organizaciones, no tienen derecho a que se les dé la oportunidad de manifestarse, ya que bastante tiempo tuvieron durante estos tres días" (sic).

En dicha declaración (cuyo texto completo se encuentra disponible en nuestra página web en http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/DeclaraciondeQuito.rtf) l@s firmantes hicieron público el agradecimiento al Ministerio del Medio Ambiente por la iniciativa, pero lamentaron el hecho de que la metodología no facilitara la participación y que las empresas madereras hubieran monopolizado el evento, que se convirtió "en un foro para promocionar plantaciones industriales, desconociendo las denuncias, argumentos y propuestas de las comunidades, que reconocemos en las plantaciones forestales industriales una de las principales amenazas para nuestros bosques nativos, nuestro bienestar e incluso nuestra sobrevivencia".

Además, la declaración aportó ejemplos concretos en los que las plantaciones forestales comerciales a gran escala en Ecuador no fueron una alternativa de desarrollo sino que, por el contrario, provocaron problemas tales como deforestación, disminución de fuentes de agua, reducción de la fertilidad del suelo, pérdida de biodiversidad, apropiación de tierras de las comunidades, aumento de riesgo de incendios y reducción de las zonas de conservación.

Las organizaciones firmantes consideraron además "que debe iniciarse un proceso participativo en donde las comunidades intervengan con miras a la elaboración de un Plan Nacional sobre Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, en donde se incluyan las estrategias de conservación, regeneración y restauración de los bosques y otras áreas naturales, especialmente para la protección de las fuentes de agua, flora, fauna y suelo, porque las plantaciones no son bosques."

En resumen, el reciente evento llevado a cabo en Ecuador constituye una experiencia muy importante. Por un lado, porque el gobierno auspició un proceso participativo que abrió puertas a actores normalmente dejados de lado como las comunidades indígenas y campesinas. Por otro lado, porque mostró la capacidad de manipulación del sector maderero, que se adueñó del evento y quiso ponerlo al servicio de sus intereses empresariales. Pero también porque los sectores realmente interesados en la conservación ambiental y en la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso sustentable de los recursos naturales pudieron finalmente sortear los obstáculos y hacer oír su propia voz. Es de esperar que el gobierno --que seguramente va a ser objeto de enormes presiones por parte del sector empresarial maderero-- tome en cuenta estas posiciones y las incorpore a sus políticas, para que éstas beneficien a las comunidades locales y al país en su conjunto, asegurando al mismo tiempo la conservación ambiental.

Por: Ana Filippini, correo electrónico: anafili@wrm.org.uy

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