Colombia: proyecto de plantaciones de palma aceitera pone en peligro biodiversidad del Chocó

La región del Chocó (75.000 km2 de superficie sobre la costa del Pacífico Colombiano) es un ecosistema estratégico por su diversidad natural y cultural y presenta la mayor concentración de biodiversidad del mundo en cuanto a número de especies por hectárea (ver Boletín 44 del WRM). De la superficie original de bosques heterogéneos, queda tan solo un 40% en pie, resultado principalmente de la colonización, la expansión de la frontera agrícola, la ganadería y la explotación maderera.

El Bajo Atrato, en la cuenca del río Atrato, que forma parte de esa región biogeográfica, está en estado de alerta. La Defensoría del Pueblo, a través del documento Explotación Maderera y Derechos Humanos Bajo Atrato-Chocó, expresa la profunda preocupación de los miembros de los consejos comunitarios del Bajo Atrato (Cacarica, Jiguamiandó y de Curvaradó, entre otros), por un proyecto de palmicultura (plantaciones de palma aceitera) a realizarse en el municipio de Riosucio.

Se trata de un proyecto de la empresa Urapalma S.A, compañía que no integra el convenio de concertación para una producción más limpia que había sido suscrito por la federación Fedepalma, los Ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, y varias empresas ambientales.

El objeto del proyecto es la siembra de 20 mil hectáreas de palma (variedades Ekona y Ekona X lame) en los departamentos de Chocó y Antioquía. El primer bloque es de 9 mil hectáreas, 6.500 de la citada compañía y 2.500 de Asopalma (empresa promovida por la anterior, en la que están asociados campesinos de la región a quienes se les asignó un lote de 5 hectáreas a cada uno).

Para una etapa posterior está prevista la instalación de una planta extractora en la zona para la producción de 35.000 toneladas de aceite crudo en cinco años. En la actualidad se está en proceso de conformar las asociaciones de habitantes de la zona en Paravandocito y Munguidó para sembrar 380 hectáreas. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de diferentes entidades, entre ellas los Ministerios de Agricultura y Desarrollo, el Banco Agrario (que concedió un crédito de hasta un 80 % de los costos directos de operación en la etapa improductiva), FINAGRO, el Fondo de Inversiones para la Paz (fuente de los recursos del ICR --Incentivo de Capitalización Rural-- para el cultivo de palma aceitera) y de la Gobernación de Antioquía.

No se ha realizado un proceso de consulta con las comunidades étnicas, no se ha tramitado el concepto de viabilidad ambiental, ni se han solicitado los permisos para concesión de aguas y aprovechamiento forestal ante las autoridades ambientales con jurisdicción en los mencionados departamentos de Codechocó y Corpourabá, desconociendo así la normativa ambiental y étnica que rige para esta zona.

Los grupos paramilitares que actúan en la región han servido a los propósitos de este proyecto, para el cual la tenencia colectiva de los territorios de la zona por parte de las comunidades constituye un obstáculo. En ese sentido, la arremetida contra la guerrilla obedece a una estrategia militar pero también económica del sector privado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha denunciado que es evidente que no existe una intervención estatal para enfrentar estructuralmente la acción armada encubierta a través del paramilitarismo, en tanto que se continúa desconociendo los derechos de las comunidades afrodescendientes y se amplía la siembra ilegal e ilícita de la palma aceitera amparada por la protección armada.

Como en tantos otros lugares de la región tropical, la diversidad natural y cultural corre el riesgo de desaparecer para ser sustituida por extensos monocultivos que sólo sirven a intereses empresariales dedicados a la producción y comercialización de aceite de palma. Y al igual que en casi todos los demás casos, la resistencia a la apropiación de territorios por parte de las empresas comienza a surgir cada vez con mayor fuerza.

Artículo basado en información obtenida de: "Alerta por Palmicultura en el Bajo Atrato", enviado por Gonzalo Díaz Cañadas, Fundación Beteguma, Fundador del Periódico Citará, www.citara.ipfox.com , correo electrónico: periodicocitara@hotmail.com ; "Graves violaciones de derechos humanos en Jiguamiandó y Curbaradó [Chocó]", por Justicia y Paz , 23 de diciembre de 2002, http://colombia.indymedia.org/news/2002/12/854.php

Fuente: Boletín Nº 70 del WRM, mayo de 2003