LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Brasil: Red Alerta Contra el Desierto Verde reclama cambio de modelo forestal

Cien organizaciones de Espírito Santo, Bahía, Río de Janeiro y Minas Gerais, se reunieron los días 28 y 29 de junio en Porto Seguro, Bahía, en el II Encuentro Nacional de la Red Alerta Contra el Desierto Verde. Dichas organizaciones elaboraron una carta que será enviada al Presidente Lula, a parlamentarios y al Banco Mundial, exigiendo que se preste mayor atención al problema que se describe a continuación:

"L@s abajo firmantes, representantes de comunidades quilombolas*, Tupinikins, Pataxós, Guaraníes, pescadores y campesinos y decenas de organizaciones presentes en el II Encuentro Nacional de la Red Alerta Contra el Desierto Verde, movimiento que lucha contra la expansión de los monocultivos de eucaliptos para la producción de celulosa y carbón vegetal en Espírito Santo, Bahía, Río de Janeiro y Minas Gerais, denunciamos las graves violaciones de los derechos económicos, culturales y socio ambientales cometidas por este complejo agroindustrial exportador.

Durante las últimas cuatro décadas, dicho complejo ha destruido la forma de vida de las comunidades locales. Las empresas del sector siguen invadiendo sus tierras y originando el éxodo rural con la consiguiente dispersión de muchas comunidades. En dichas regiones los ríos han sido degradados por la contaminación, debido al uso intensivo de pesticidas y a un proceso de desecación vinculado a la plantación en gran escala, lo que compromete la pesca y la calidad y cantidad de agua potable. La empresa Aracruz Celulose desvió el Río Dulce para asegurar el consumo abusivo de 248 mil metros cúbicos al día, incluso gratuitos, de sus tres fábricas de celulosa.

Con su discurso pro desarrollo, las empresas han estimulado una enorme migración de trabajadores en busca de las promesas de empleo. Lo que hoy queda de todo esto son miles de ex trabajadores, muchos mutilados por el trabajo malsano, despedidos como resultado de un proceso violento y nefasto de automatización y tercerización. La pérdida de la dignidad de estas personas se manifiesta al constatar la existencia de un alto índice de prostitución infantil en los barrios donde viven los ex trabajadores abandonados. Y las personas que oponen resistencia en medio de los monocultivos de eucaliptos están perdiendo su identidad y su riqueza cultural y sufriendo literalmente un proceso de aislamiento profundo. Quienes se oponen a dicho proyecto inhumano están expuestos a intentos de cooptación e incluso amenazas de muerte.

Lamentablemente, el Estado ha sido cómplice de las prácticas de dichas empresas. Hace cuatro décadas que otorga préstamos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y permisos ilegales para plantaciones -sin respetar las áreas de preservación permanente- y fábricas, una de ellas construida sobre una antigua aldea indígena. Además, las empresas exportadoras tienen deudas con la previsión social (INSS, en portugués) y se benefician de la Ley Kandir, lo que origina situaciones dramáticas como la de Espírito Santo, donde el gobierno de dicho estado le debe a la empresa Aracruz Celulose más de 100 millones de reales de créditos del ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios). Al mismo tiempo, el Estado no le ha dado a la población local ninguna otra opción; al contrario, cada vez se muestra más en connivencia con los intereses empresariales en detrimento de su responsabilidad social y, en vista de este vacío, las empresas asumen algunas funciones del Estado, generando una perversa relación de dependencia y desestructurando la organización social de las comunidades locales.

Las organizaciones firmantes entienden que las consecuencias de todos estos problemas se relacionan con el actual modelo de desarrollo financiado por el gobierno central y por organismos internacionales cuyo único objetivo es lucrar con la financiación en detrimento de la forma de vida de las poblaciones mencionadas.

Los intentos de revertir los daños causados por estrategias empresariales perversas, por ejemplo con la introducción del sello verde del FSC (Consejo de Manejo Forestal) en el manejo sustentable de monocultivos de árboles, no han podido revertir los mencionados impactos negativos y, lo que es peor, son insuficientes para reorientar la lógica de este modelo agroindustrial. Recordamos incluso un informe reciente, elaborado por un grupo de investigadores de la Red Alerta Contra el Desierto Verde, que muestra la flagrante insustentabilidad de las plantaciones de eucaliptos de las empresas Plantar y V&M Florestal en Minas Gerais, ambas certificadas por el FSC.

Asimismo, la Red se manifiesta en contra de la aplicación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en las plantaciones extensivas de estas mismas empresas mineras, porque considera que dicho mecanismo sigue favoreciendo a los países del Norte en la medida que no tendrían que reducir las emisiones de contaminantes que contribuyen al calentamiento global, y porque al aumentar la superficie de las plantaciones, el MDL agrava el empobrecimiento de las poblaciones del Sur.

Afirmamos que hay contradicciones entre la inversión en dicho complejo agroindustrial y el Plan Hambre Cero del gobierno central. Por una parte, cuantiosas inversiones, como la de la fábrica que planea construir Veracel Celulose en Bahía, siguen privilegiando un monocultivo que en su gran mayoría se destina a la producción para la exportación a los países ricos y genera escasos empleos, legitima el latifundio, impide la reforma agraria y aumenta todavía más el éxodo rural y la desesperación de miles de familias que se quedarán sin tierra y sin sustento. Por otra parte, el gobierno lanza un Plan Hambre Cero que intenta estimular la producción de alimentos, mientras que las mejores tierras de labranza siguen siendo ocupadas por plantaciones de árboles. No se puede lograr las metas de la política macroeconómica sacrificando las condiciones de vida, salud y trabajo y las formas de vida de los trabajadores y de las comunidades que necesitan agua, tierra, pesca y caza para no verse obligadas a engrosar el contingente de desempleados de las ciudades.

No basta con buscar salidas provisorias dentro del actual modelo de desarrollo. Hay que cambiar radicalmente el rumbo de un modelo que gira en torno a la acumulación de capital y del consumo desenfrenado y construir otra lógica de desarrollo en la que el aspecto central sea el ser humano -hombre y mujer- en su totalidad, y que cambie la forma en que se utilizan los recursos naturales del planeta. Conscientes de la insustentabilidad del modelo actual, los movimientos y comunidades que integran la Red Alerta contra el Desierto Verde discuten y llevan adelante nuevas experiencias productivas que valoran la biodiversidad y los conocimientos locales y que, por lo tanto, construyen otra relación con el ambiente.

En vista del dramático e insustentable contexto socio ambiental que hemos trazado y que afecta directamente a muchos miles de personas, las comunidades y organizaciones que firmamos a continuación consideramos inaceptable la propuesta del sector de ampliar las plantaciones de 5 millones de hectáreas a 11 millones de hectáreas en los próximos 10 años. Asimismo, entendemos que es una necesidad imperiosa y sobremanera urgente que la elaboración del nuevo Plan Plurianual (PPA) y la política industrial del gobierno contemplen la suspensión de la expansión de los monocultivos de árboles de rápido crecimiento en Brasil. Porto Seguro, 29 de junio de 2003 (siguen firmas)."

* Derivado de "quilombo": refugio de esclavos que huían de sus amos. [N. de la T.]

Por: Red Alerta Contra el Desierto Verde, correo electrónico: winnie.fase@terra.com.br

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- Chile: bosques para la gente o monocultivos para las empresas

Mentir a la población es una de las herramientas más comunes utilizadas por gobiernos y empresas forestales en todo el mundo para imponer el modelo de monocultivos de árboles a gran escala. Chile tiene gran experiencia en ese tipo de engaños. Sin embargo, cada vez son más quienes se organizan para luchar contra la injusta política gubernamental que favorece a las empresas y para defender los verdaderos bosques chilenos.

Apoyada por la Corporación de la Madera, se ha lanzado recientemente en Chile, por tercera vez la engañosa campaña "Bosques para Chile". Esta campaña aparece en televisión y medios de prensa mostrando la importancia y el valor de los bosques, pero con imágenes de plantaciones de pino radiata, originario de los Estados Unidos. El gobierno también continúa dando su apoyo al engaño. En un diario local en referencia a esta campaña publicitaria puede leerse que "Para el Ministerio de Agricultura esta iniciativa representa una interesante oportunidad para poder destacar a uno de los recursos ambientales y productivos más relevantes de Chile, como son los bosques y las actividades derivadas de ellos. También porque con esta iniciativa se está invitando a la sociedad chilena a conocer y valorar más nuestros bosques, a hacerlos parte de nuestras vidas cotidianas y de nuestro quehacer como sociedad".

Y continúa diciendo: "Por su amplia distribución a lo largo de parte importante de nuestra geografía, por su rica diversidad de formaciones y especies, por albergar parte importante de nuestra biodiversidad, por ser fuente de conservación de aguas y suelos, y por ser espacios para la recreación y el turismo, los bosques son parte sustantiva de nuestra realidad social y económica".

Leyendo estos primeros dos párrafos cualquiera podría pensar que es una loable iniciativa, si no fuera porque en realidad lo que se pretende promocionar es el monocultivo de pinos, ya que de ahí en más el artículo continúa refiriéndose a los bosques y a las plantaciones sin diferenciar cuales son los que brindan los beneficios a los que se hace referencia más arriba.

Esta confusión no existe a la hora de decidir a quien se le brinda apoyo. Como analizáramos en detalle en el boletín No. 70, se continúan subsidiando las plantaciones forestales de especies exóticas, mientras todavía se está pensando que tipo de apoyo dar a los bosques.

Motivados por la injusticia de esta situación, el 26 de junio de 2003 se reunieron en la ciudad de Temuco alrededor de 450 representantes de comunidades indígenas y pequeños propietarios de bosques de la IX y X Región, para celebrar el Primer Encuentro Nacional de Pequeños Propietarios de Bosques de Chile, con el objetivo de compartir necesidades y propuestas para promover la conservación y el manejo sustentable del bosque e informar al país sobre esta situación. Un buen punto de partida hacia lo que denominaron Movimiento Social por los Bosques de Chile.

Como resultado de este encuentro se realizó una declaración que hemos publicado en nuestra página web en: http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/gente.html de la cual extractamos algunas ideas fundamentales del sentir de las comunidades con relación a los bosques y el apoyo que reclaman de las autoridades.

El bosque nativo del sur de Chile constituye un patrimonio económico, cultural y biológico de inmenso valor tanto para el país como para el mundo. Sin embargo, los pequeños propietarios de bosque, alrededor de 90 mil familias sólo en la IX región, se encuentran en una situación social y económica muy deteriorada y sin acceso a programas o recursos públicos para conservar sus bosques que abarcan más de 1,5 millones de hectáreas.

Esta contradicción obedece fundamentalmente a la falta de políticas y estrategias de apoyo y promoción a la economía campesina e indígena, a la conservación y manejo sustentable del bosque y a la ausencia de una Ley de Bosque Nativo en el país, ley que espera desde hace 12 años su aprobación. Es además consecuencia de políticas económicas que dan prioridad a la explotación de los recursos naturales y a la inversión privada de gran escala orientada a la exportación. Se suma a esto, la falta de comprensión y sensibilidad respecto del pueblo mapuche, huilliche y campesino, que hace que éstos sean un sector marginado y débilmente integrado a la economía nacional.

Las organizaciones de los pequeños propietarios de bosques demandan que se promueva la Ley de Bosque Nativo en Chile y proponen que se priorice el subsidio al pequeño propietario de bosque nativo y que se promueva la indemnización de las empresas transnacionales forestales hacia los pequeños propietarios, como una forma de reparar los efectos causados por la sustitución de bosques por plantaciones.

A la vez que se oponen a que los subsidios sigan favoreciendo al empresario o propietario grande, reclaman también que se promueva y practique un manejo adecuado a la situación particular del bosque, la cultura y formas de manejo tradicional y que dé oportunidad a que los campesinos y comunidades mapuche y huilliche puedan conservar sus bosques. Por último, demandan que se implementen actividades educativas a todo nivel, para poder alcanzar respeto de los valores y aportes del bosque en todos sus sentidos para beneficio de la gente.

Frente a esas demandas, el gobierno tendrá que optar entre seguir impulsando el modelo de monocultivos forestales promovido durante la dictadura Pinochetista (para beneficio casi exclusivo de los grandes grupos económicos) o apoyar a las comunidades indígenas y campesinas en el manejo sustentable del bosque. Un paso imprescindible en ese sentido consiste en que reconozca que las plantaciones no son bosques. Entonces sí, la consigna de "Bosques para Chile" comenzará a tener algún sentido.

Artículo elaborado en base a la Declaración "Bosques Nativos para la Gente", enviada por Rodrigo Catalán de "Fondo Bosque Templado", correo electrónico: catalanr@terra.cl ; Angélica Hernández M., Agenda Regional de la Araucanía (Grupo AGRA) correo electrónico: agendaregional@terra.cl ; El Mercurio, domingo 22 de junio de 2003, http://www.agricultura.gob.cl/opinion_subsec.php?cod_opinion=666

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- Paraguay: indígenas no contactados en peligro

Los últimos indígenas no contactados de la cuenca sur del Amazonas están siendo cercados por todos los frentes. Después de la invasión gradual de su último refugio, ya no tienen dónde esconderse. Pero si el gobierno paraguayo toma medidas, los indígenas podrán mantener sus tierras y evitar las enfermedades que amenazan con diezmar su población.

Estos indígenas son miembros de la tribu Ayoreo (con un total de 5000 integrantes) que una vez ocupó gran parte del norte de Paraguay y el sudeste de Bolivia. Esta región forma parte del Chaco, una extensión con baja densidad de población, de montes bajos, praderas y pantanos. Los Ayoreo son cazadores-recolectores que viven de los abundantes recursos naturales de su tierra; cazan jabalíes y armadillos, recolectan miel silvestre y plantan calabazas, maíz y habas en la estación lluviosa.

Durante el siglo pasado la mayor parte de las tierras de los Ayoreo fueron ocupadas por foráneos. En Paraguay, los estancieros talaron los bosques de madera valiosa y establecieron vastas estancias ganaderas. Desde los años veinte, miles de menonitas europeos establecieron colonias en el Chaco; sus estancias y granjas lecheras atrajeron a los especuladores de tierras, cuyas compañías son propietarias actualmente de gran parte del territorio Ayoreo.

Más recientemente llegaron a los territorios Ayoreo los misioneros fundamentalistas de la New Tribes Mission (NTM) estadounidense. La NTM ha tratado de convertir a muchos Ayoreo y estableció una colonia en un lugar llamado Campo Loro.

En 1979 y 1986, los indígenas "evangelizados" se internaron en el bosque, con apoyo de la NTM, para ubicar a los indígenas Ayoreo no contactados pertenecientes a un grupo conocido como los Totobiegosode: "pueblo del lugar del jabalí". Al menos cinco de los Ayoreo "evangelizados" murieron durante estas expediciones, cuando los indígenas no contactados se defendieron ante los intentos de capturarlos. Muchos de los Totobiegosode trasladados a Campo Loro murieron al poco tiempo debido a enfermedades. Las campañas de Survival y otras organizaciones detuvieron estas "cacerías humanas".

Un número desconocido de Ayoreo-Totobiegosode permanecen en el bosque, resistiendo activamente el contacto con foráneos. Por evidencias como huellas y chozas abandonadas se sabe que existen varios grupos familiares que habitan un área extensa.

En 1993, los Ayoreo-Totobiegosode obligados a salir del bosque presentaron una reclamación de tierras al gobierno en nombre de sus parientes que todavía permanecían en el bosque. Con la ayuda de una ONG local, el Grupo de Apoyo a los Totobiegosode, los indígenas solicitaron la propiedad o la protección de 550.000 hectáreas de su tierra, menos de un quinto de su territorio ancestral de 2,8 millones de hectáreas.

Desde que la reclamación fue enviada, el gobierno ha otorgado 67.400 hectáreas en propiedad a los indígenas y ha prometido otorgar 116.000 hectáreas más. También se establecieron interdictos sobre el total de las 550.000 hectáreas, para evitar que los terratenientes y otros colonos talen los bosques y realicen cualquier otra actividad en esas tierras. Pero a pesar de los mandatos judiciales, recientemente se ha producido una alarmante ola de incursiones, algunas de las cuales provocaron que los Totobiegosode del bosque huyeran abandonando sus chozas, las que luego fueron encontradas vacías.

En junio las máquinas excavadoras abrieron senderos hacia el bosque de la parte sudeste del territorio indígena, en tierras de propiedad de las compañías Veragilma y Falabella. Se talaron senderos para permitir el acceso a montes de palo santo, una madera dura con alto valor comercial. Al mismo tiempo, las autoridades del gobierno regional del Alto Paraguay están impulsando una nueva colonización de estas tierras. Un enorme camino fue despejado por los colonos menonitas en una estancia llamada Yvy Porá: esto perturbó a los Totobiegosode que viven en la zona, provocando su huida. Se han despejado otros caminos en las estancias Nieto y Gorostiaga en el sur y el oeste del territorio Ayoreo.

Los Ayoreo-Totobiegosode han estado huyendo de las incursiones en sus territorios durante décadas, y han dejado bien en claro que no quieren establecer contacto alguno: en 1994 y 1998 dispararon flechas contra las topadoras que operaban en sus tierras. El desmonte de sus tierras es ilegal, y si continúa, pondrá a los Ayoreo no contactados en grave peligro de verse envueltos en conflictos violentos y caer nuevamente víctimas de enfermedades.

Artículo reproducido de E-News de Survival International, 23/7/03

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- Venezuela: desarrollo turístico ocasiona graves impactos al manglar

Durante los últimos 15 años, las autoridades municipales de Colina, apostando al desarrollo turístico, han otorgado terrenos aledaños al Manglar de la Vela. La consiguiente construcción de viviendas y locales comerciales ha implicado que esos terrenos fueran rellenados con escombros, lo cual se ha hecho a expensas del ecosistema y del espacio necesario para el crecimiento del manglar.

En respuesta a esta situación, y preocupados por los impactos de la actividad turística sobre el frágil ecosistema, representantes de Vigilante Voluntarios Ambientales y de la Asociación Ecologista para la Preservación Ambiental (AEPA-Falcón) formularon una serie de denuncias. Se realiza una inspección ocular en el Manglar de la Vela (la Salinita) con presencia de autoridades Municipales, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, el propietario del terreno y un representante de la ONG AEPA-Falcón, que resulta en la paralización de las actividades de relleno en la zona aledaña al puente de acceso a la Vela de Coro hasta tanto no se presente, por parte del propietario del terreno, el proyecto de desarrollo turístico que se pretende construir en el humedal.

El manglar es un ecosistema fundamental para la protección de la costa frente a las inclemencias climáticas. Es también refugio, hogar y fuente de alimento de numerosas especies de fauna y flora, y brinda una serie de bienes y servicios a los pobladores que habitan en sus inmediaciones y que en gran medida dependen del manglar para su supervivencia.

El desarrollo de la industria turística, que implica la construcción de carreteras, calles, grandes edificaciones, tala o relleno de áreas de mangles, genera grandes impactos en la medida en que modifican sustancialmente este ecosistema.

Hoy, a más de un año de estas denuncias, hay quienes se empeñan en promover ese desarrollo turístico en el Municipio de Colina a expensas del manglar, sin cuestionar el costo ambiental y social que acarrea. Ni siquiera se cuenta con una Evaluación y Estudio del Impacto Ambiental en el "Manglar de la Vela" que mida los daños ocasionados en el ecosistema.

Mientras se espera por un pronunciamiento valedero por parte de las autoridades nacionales, en terrenos cercanos al manglar se sigue rellenando para construir viviendas con permisos otorgados por las autoridades municipales de Colina.

En defensa de los ecosistemas costeros y de la vida comunitaria, quienes hoy se ven afectados por esta actividad y con el apoyo de organizaciones ambientalistas de Venezuela, de la Red Manglar Latinoamericana y de Greenpeace Internacional, exigen que se asegure mayor protección al manglar. Reclaman también a las autoridades que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental y que de acuerdo con los resultados obtenidos, se reparen los daños ambientales cometidos. Pero lo más importante es que se den a conocer los resultados finales a las instituciones y organizaciones involucradas en el conflicto ambiental, así como a la comunidad en general.

Los pobladores locales siguen a la espera de que se elabore un "plan para el manejo ambiental sustentable del Manglar de la Vela".

AEPA-Falcón reclama a las autoridades municipales de Colina y a las autoridades garantes del derecho ambiental y humano en el país, la elaboración de ordenanzas o decretos que protejan el ecosistema de mangle y que realicen un pronunciamiento valedero para solucionar este conflicto ambiental, garantizando la protección del manglar, su diversidad y el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las comunidades afectadas.

Artículo elaborado en base a información enviada por Anelis Teolinda Moya, correo electrónico: aepafalcon@hotmail.com , "A un año del conflicto AEPA-Falcon exige mayor protección al Manglar de la Vela"

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