• El Corredor Biológico Mesoamericano: ¿conservación o apropiación?
• Mesoamérica: la opinión de los pueblos indígenas sobre áreas protegidas
• Honduras: Reserva de Río Plátano cuestionada
• La visión de la organización indígena COICA sobre áreas protegidas
• Perú: visita al "Parque de la Papa"

LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- El Corredor Biológico Mesoamericano: ¿conservación o apropiación?

La idea de una serie de áreas naturales protegidas que estén unidas por zonas aledañas de amortiguamiento donde se desarrollen actividades de baja intensidad resulta sin duda atractiva. Sería un esquema que podría llegar a garantizar la continuidad del paisaje o hábitat y evitar la fragmentación provocada por actividades industriales como la agricultura y la forestación en gran escala, la urbanización u obras como carreteras y represas. Eso es lo que pregona la letra del proyecto denominado Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

Pero también es cierto que cuando ese proyecto se da en una Mesoamérica cuyo contexto es el de un avance feroz de los intereses empresariales hacia la captación de áreas que hasta ahora habían estado fuera del mercado --como los recursos genéticos o el agua--, de una gran desigualdad, del despojo cada vez mayor a las comunidades que fueron las que permitieron que perdurara toda la rica biodiversidad de la región, surgen serias dudas.

Los orígenes del CBM pueden rastrearse en 1992, cuando en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Cumbre de la Tierra) y del Convenio Centroamericano de Biodiversidad, se encomienda al Consejo Centroamericano de Areas Protegidas el desarrollo del Sistema Mesoamericano de Parques Nacionales y Areas Protegidas "como un efectivo corredor biológico mesoamericano". Luego, en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 1994, se menciona el desarrollo de corredores biológicos y de áreas protegidas y se establece el compromiso por parte de los presidentes de establecer el Corredor Biológico Centroamericano. También en 1994, la Universidad de Florida, Estados Unidos, bajo los auspicios del Proyecto Paseo Pantera, publicó un informe sobre la factibilidad de establecer un corredor biológico en Centroamérica.

El acuerdo estableciendo formalmente el concepto del Corredor Biológico Mesoamericano fue firmado en febrero de 1997. La región de Mesoamérica la constituyen los cinco estados sureños de México (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco) y los siete países centroamericanos: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El proyecto se adopta oficialmente en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica de julio de 1997, realizada en la Ciudad de Panamá, y su ejecución compete a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) (documento del proyecto en http://www.biomeso.net/GrafDocto/PRODOC-CBMESPAÑOL.pdf ).

El proyecto se circunscribe a una región especial de 768.000 km2 de tierras y paisajes considerada una de las regiones del planeta con mayor biodiversidad --10% o 12% de toda la biodiversidad del mundo, dependiendo de la longitud que se le reconozca --, habitada por más de 40 millones de personas. Se trata de un punto de encuentro de las dos biotas americanas (la neoártica que habita en el norte y la neotropical que habita en el sur del continente), con lo que el istmo se convierte en un embudo en el cual se condensa el movimiento migratorio de todo tipo de especies, individuos biológicos y genes.

El CBM surge en un momento en que el mundo empieza a reconocer en la biodiversidad un valor planetario. Pero también, ese reconocimiento se inserta en un contexto en el que todo es rápidamente convertido en mercancía. La captura de carbono y agua, la retención de suelos, la conservación de la biodiversidad, el filtrado de las aguas, todo eso es presentado como un "servicio ambiental" que puede ser rentable. El concepto de "servicios ambientales" redituables cumple la función de crear un marco económico amplio dentro del cual se pueda transitar de la propiedad colectiva fragmentada y de la pequeña propiedad de estos servicios a la privatización de las Areas Naturales Protegidas, las cabezas de cuenca, los cauces de los ríos y los mantos freáticos, los conocimientos, los códigos genéticos, etc., por parte de mega empresas. La propuesta de los servicios ambientales engloba también la bioprospección --para preservar in situ especies que pueden ser privatizadas o comercializadas por medio de las patentes--, y el ecoturismo.

Es así que la conservación pasa a ser un negocio más, pero también sirve como un pretexto atractivo para captar fondos destinados al "desarrollo sostenible", sea éste lo que sea. Se establece un ordenamiento territorial de Mesoamérica en función de los servicios y bienes ambientales que puedan brindar los ecosistemas que se pretende proteger. La idea podría parecer interesante si no fuera que hasta hoy no existe una definición exacta de lo que es el desarrollo sostenible; el término se ha convertido en una quimera que puede significar cualquier cosa dependiendo de quien la use.

Lo cierto es que, según testimonian varias organizaciones de la región, a 3 años de haber iniciado un proyecto de 16,6 millones de dólares, los resultados no son nada alentadores. Las áreas protegidas de la zona continúan estando altamente amenazadas y los proyectos piloto impulsados por el CBM no han provocado ningún cambio sustancial en esta situación. El hecho de que el diseño se haya planteado sin intentar enmendar problemas ya conocidos induce a pensar que por detrás hay otros intereses diferentes a los de la conservación, y que lo que se está intentando es maquillar de verde el "desarrollo" convencional.

La estrategia del pago por los servicios ambientales es presentada como una alternativa económica para los pueblos de Mesoamérica, agobiados por el peso de fuertes e históricas deudas externas. Pero, a su vez, no puede perderse de vista que el contexto en el cual se daría esa mercantilización es el de un mundo de "libre mercado" en el cual las transnacionales llevan todas las de ganar en la medida que la creciente acumulación de capital y poder les permite tener el control hegemónico de todo el ciclo de producción, transformación, comercialización, distribución. Esa dinámica es continua y por eso, en una nueva acometida, las transnacionales buscan ahora apropiarse de los códigos genéticos --materia prima del negocio de la ingeniería genética-- y del agua --cuya creciente escasez la convertirá en un recurso estratégico.

Por otro lado, es importante ubicar al CBM en el contexto del Plan Puebla Panamá (PPP), que fue propuesto por el presidente mexicano Vicente Fox y aceptado por los demás jefes de Estado de la región en 2001. El PPP contempla la construcción de carreteras, puertos marítimos, tendidos eléctricos y comunicaciones de fibra óptica, represas hidroeléctricas, oleoductos, gasoductos, ferrocarriles, aeropuertos, canales secos y de agua, así como corredores industriales y maquiladoras. Con ello se vincularía la zona a los requerimientos del comercio y el mercado internacionales.

En ese marco parecería que la implementación del CBM de alguna manera da el mensaje de que hay una zona protegida cuya conservación se garantiza, pero que el resto queda desprotegido y sujeto a una utilización insustentable, que es lo que ocurriría con el PPP. Pero tarde o temprano las actividades depredadoras terminan afectándolo todo, pues conservación y depredación son irreconciliables. Hay además una contradicción inherente a la coexistencia de los dos proyectos, en la medida que el PPP concibe una red de corredores de infraestructuras interoceánicos que interrumpen en varios puntos el flujo entre las biotas del norte y del sur que circulan en los corredores biológicos transmesoamericanos. Los cortes que imponen los megaproyectos e infraestructuras (en el Canal de Panamá, en Honduras y en el Istmo de Tehuantepec, principalmente) se suman además a todas las destrucciones ambientales que ya han venido ocurriendo previamente en la región mesoamericana. Y para aumentar la esquizofrenia, en convivencia con los corredores de conservación se promueve el establecimiento de corredores de plantaciones forestales, que se promocionan como zonas de reforestación y como sumideros de carbono.

Los pueblos de la región ya tienen una amarga experiencia con los megaproyectos, que han ocasionado problemas graves como la falta de reconocimiento de las asimetrías económicas y sociales, el debilitamiento de los Estados, la privatización de los bienes y servicios públicos, el aumento de la vulnerabilidad de indígenas, mujeres y jóvenes, la subordinación de la seguridad y soberanía alimentaria, el crecimiento del sector informal, la disminución de la protección social, el saqueo de los recursos naturales, la destrucción de los pequeños y medianos productores y de la producción nacional en general.

Tanto el CBM como el PPP cuentan con el financiamiento del Banco Mundial. En el caso del CBM, además del Banco Mundial, varios países donantes, principalmente de Europa, Japón y Estados Unidos, además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han comprometido un aporte de 470 millones de dólares para la realización de proyectos de carácter nacional y regional. Es poco probable que la presencia de estos organismos y de estos gobiernos en el CBM sea casual. Es mucho el dinero que se mueve en torno a estos proyectos, que dan lugar a numerosos estudios, diagnósticos, consultorías y asesorías, y muchas veces de ahí a la asociación con empresas privadas para actividades de bioprospección e inversiones en Areas Protegidas. No puede desconocerse que hay fuertes intereses empresariales y geopolíticos interesados tanto en dar impulso al Plan Puebla Panamá como en apropiarse de una biodiversidad de la que se espera obtener elevadas ganancias.

Por otro lado, sin duda que existen intereses genuinos que apuntan a la conservación de la diversidad tanto biológica como cultural y que ven al CBM como una alternativa viable para lograr ese objetivo.

La discusión en torno a las bondades o maldades del CBM debe darse entonces en el marco del tipo de desarrollo que se implemente en la región. De triunfar el modelo del Plan Puebla Panamá, el CBM será simplemente parte del paquete de saqueo y degradación de los recursos de la región. De predominar una visión socialmente justa y ambientalmente respetuosa, resultado de la participación informada, real y libre de las poblaciones locales, la idea de un sistema de áreas protegidas que haga las veces de corredor biológico en la región podría ser un paso importante en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y en el uso adecuado de los recursos naturales.

Artículo basado en información obtenida de "PPP y corredor mesoamericano, otra forma de invasión externa", Angélica Enciso L., La Jornada, http://www.geocities.com/investigaccion_rural/ ; "Comunicado de prensa del IV Foro Mesoamericano Por la Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos", 9 de julio de 2003, http://www.4foromesoamericano.com/noticias.htm ; y comentarios de Andrés Barreda, UNAM - Universidad Nacional de Mexico, correo electrónico: barreda@laneta.apc.org ; Piedad Espinosa, Trópico Verde, correo electrónico: mailto@tropicoverde.org , http://www.tropicoverde.org ; Magda Lanuza, Fundación Hijas e Hijos del Maíz, correo electrónico: elia35@yahoo.com

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- Mesoamérica: la opinión de los pueblos indígenas sobre áreas protegidas

Al analizar el tema de las áreas protegidas, resulta imprescindible conocer la opinión de quienes allí habitan, puesto que la creación de tales áreas normalmente resulta en impactos sobre las poblaciones locales. En ese sentido, hemos extractado parte de la declaración de los Pueblos Indígenas de Mesoamérica ante el Primer Congreso Mesoamericanos de Areas Protegidas (marzo de 2003), que expresa con claridad sus puntos de vista y reivindicaciones. En sus considerandos la declaración dice:

"1.- Que los pueblos indígenas hemos analizado y concluido que los decretos de Areas Protegidas emitidos por los Estados han sido instrumentos legales que lesionan y violan de manera reiterada y sistemática los procesos propios de ordenamiento territorial de los pueblos indígenas, además de ser instrumentos que han servido para continuar con el despojo de nuestros territorios, y prohibir el acceso y uso de espacios que para nosotros son sagrados, para posteriormente concesionar a particulares el uso y usufructo de áreas protegidas, sin que exista, por dichas concesiones, el debido retorno de los beneficios que bien pudiesen ser utilizados para el fortalecimiento de las capacidades de nuestros pueblos.

2.- Que los procesos de toma de decisiones de las políticas, planes, programas y proyectos relacionadas con áreas protegidas, se han efectuado sin la participación, consulta, consentimiento previo e informado y sin la participación plena y efectiva de nuestros Pueblos.

3.- Que el concepto CO-MANEJO de áreas protegidas es incompatible con la visión y cosmovisión de los pueblos indígenas, dado que nuestra visión de territorialidad y conservación de la biodiversidad no se limita a la acumulación de capitales, en tanto que para nosotros las llamadas áreas protegidas son parte de nuestra casa, pues se encuentran en nuestros territorios ancestrales.

4.- Que el diseño de investigaciones, planes, programas y proyectos así como su ejecución, se han desarrollado de manera unilateral y con la exclusión de nuestros Pueblos, a pesar de que hemos sido los principales actores garantes en la conservación de nuestros espacios territoriales con o sin decretos de los Estados, lo cual queda demostrado cuando se traslapan mapas de Areas Protegidas con mapas de Pueblos Indígenas.

5.- Que el abordaje del tema "visión étnica sobre áreas protegidas" como simposio final de la agenda del Congreso manifiesta una práctica racista y discriminatoria, en relación de los Pueblos Indígenas, superada en el marco internacional en la Organización de las Naciones Unidas.

Por lo anterior Declaramos:

1) Que la gestión de las Areas Protegidas entre las partes interesadas (Estados, Investigadores, ONG’s, etc.) y los Sujetos de Derecho (Pueblos Indígenas), debe pasar primero y como pre-requisito fundamental por el reconocimiento a la libre determinación de nuestros Pueblos.

2) Debe formularse un marco jurídico que garantice la plena participación de los Pueblos Indígenas en el proceso de manejo, conservación, protección y administración de las áreas protegidas establecidas dentro de sus territorios.

3) Que el Estado reconozca y respete la plena vigencia de los derechos colectivos y colaterales de los Pueblos indígenas sobre sus territorios, como es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros.

4) Garantizar que el Estado provea a los Pueblos Indígenas, recursos financieros, técnicos y administrativos para el manejo de áreas protegidas.

5) Garantizar que las iniciativas a desarrollarse en áreas protegidas debe ser obligatoriamente bajo la consulta, consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.

6) Dar plena vigencia al principio de igualdad de derechos y oportunidades en la toma de decisiones.

7) Asegurar que los ingresos resultado del uso y usufructo de las áreas protegidas deben ser invertidos y distribuidos para el desarrollo de las comunidades que habitan en áreas protegidas, así como en la reestructuración de los ecosistemas.

8) Rechazamos el Protocolo Centroamericano de Acceso a los Recursos Genéticos y a los conocimientos tradicionales que marginan y no reconocen nuestros derechos.

Con lo anterior queremos dejar constancia de cuales son los pre-requisitos fundamentales para la implementación del co-manejo entre las partes interesadas y los pueblos indígenas, bajo una política de cooperación, y darnos una oportunidad para que las futuras generaciones: vean, creen y se recreen en un mundo tan rico en diversidad biológica, al menos como el que nos ha sido heredado, así como nuestro entender de una responsabilidad compartida, en tanto Pueblos Originarios de Mesoamérica.

Declaración de los Pueblos Indígenas de Mesoamérica ante el Primer Congreso Mesoamericanos de Areas Protegidas, Managua, Nicaragua, 9 de marzo del 2003.

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- Honduras: Reserva de Río Plátano cuestionada

Para gran parte de la población de Honduras, la Reserva de Biosfera del Río Plátano es motivo de orgullo nacional, ya que a la belleza escénica de la zona se suma su riqueza biológica y cultural, cuya conservación estaría asegurada para las futuras generaciones. Sin embargo, otra parte de la población – la más importante - no piensa lo mismo.

La reserva se ubica en la zona atlántica de Honduras, en territorio de los indígenas Miskito, que conviven con porcentajes menores de indígenas Pech y de poblaciones Garífunas. Al igual que las demás reservas de biosfera del mundo, las 830.000 hectáreas que la componen (7% del territorio del país), están divididas en la zona núcleo (intocable), la zona tampón (con uso restringido) y la zona de uso productivo. El área se caracteriza por una enorme riqueza en materia de diversidad de plantas y animales, así como por su importante diversidad cultural.

Como también ocurre en otras reservas similares, la población local nunca fue consultada acerca de la creación de la reserva y menos aún informada acerca de las restricciones que ello impondría a su uso. Para comprender la injusticia que esto implica, es necesario resaltar dos cosas:

- que el área estaba habitada por Miskitos mucho antes de la creación de la República de Honduras
- que mediante el uso sustentable de los recursos naturales, los Miskitos (y demás habitantes nativos de la zona), aseguraron que el bosque fuera conservado en excelente estado.

Es decir, que además de desconocerse sus derechos ancestrales a la tierra, se les "premia" por la conservación del bosque declarándolo como reserva de biosfera y poniéndoles restricciones al uso de sus recursos.

No se ponen sin embargo, las mismas restricciones a quienes han destruido los bosques de la región y que aún siguen extrayendo caoba y otras maderas valiosas del área declarada como reserva: los madereros.

Un poblador Miskito local – que prefirió mantenerse en el anonimato – señala la presencia de muchas empresas madereras en la zona, que obtienen permisos de corta de COHDEFOR (Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal). Sin embargo, "la gente nativa no consigue permisos y cada tanto van presos por cortar algún árbol". Eso contrasta con el hecho de que "el Estado nunca detuvo a nadie vinculado a los madereros".

La razón por la que la persona entrevistada no quiso dar su nombre tiene su explicación en que "han habido asesinatos y amenazas constantes a líderes que hacen denuncias contra los madereros. Uno de los amenazados es el líder Miskito Don Aldo Allen".

Mientras los madereros siguen sus negocios con el apoyo explícito o implicito de las autoridades, a los pobladores locales se les prohíbe el acceso a determinadas zonas y se les imponen restricciones de caza, pesca y extracción de madera y plantas.

En esas condiciones, no es extraño que escaseen las fuentes de trabajo y aumente la pobreza. El Estado centra su acción en la protección de los bosques, pero a costa de la gente local. La situación es sintetizada por nuestro entrevistado cuando dice: "Somos ricos, pero administramos pobreza. La reserva no generó empleos, salvo para gente de afuera".

Sin embargo, el Estado obtiene dinero a través de la reserva, que es parte importante del Corredor Biológico Mesoamericano. Entre quienes aportan recursos financieros se destacan el World Wildlife Fund, Nature Conservancy, GTZ (Agencia Internacional Alemana para el Desarrollo), Departmento del Interior de EE.UU. y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

Lamentablemente, esos recursos financieros no están sirviendo para mejorar la situación de la población local; por el contrario, la reserva ha resultado en el empeoramiento de sus condiciones de vida. "La gente le tiene miedo a la palabra 'reserva', porque el resultado es que le quitan todos sus derechos. Muchos ni siquiera saben que están dentro de una reserva".

Pese a las dificultades, los Miskitos y otras poblaciones locales están desarrollando acciones por el reconocimiento de sus derechos. Entre ellas se destaca el tema de la titulación de la tierra. La gente está exigiendo que se extiendan títulos de propiedad a las comunidades (no títulos individuales). Unido a esa reivindicación, exigen que la reserva y su manejo queden en manos de los indígenas. Que no es más que exigir justicia.

Artículo elaborado en base a: información obtenida en entrevista a indígena Miskito anónimo, julio 2003; Eco-Index: Río Plátano Biosphere Reserve Integrated Management Program http://www.eco-index.org/search/results.cfm?ProjectID=135

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- La visión de la organización indígena COICA sobre áreas protegidas

La gran Amazonía, que se extiende sobre aproximadamente 7.584.331 km2 (*) es poseedora del bosque tropical húmedo más extenso del mundo, con flora y fauna que constituyen, por sí solas, más de la mitad de la biota mundial, conformada por cientos de miles de plantas y millones de animales, muchos aún desconocidos por la ciencia occidental. Al mismo tiempo, sus aguas representan entre 15 al 20% de toda la reserva de agua dulce del planeta Tierra y solo el gran Río Amazonas vierte el 15.5% de las aguas no saladas al océano Atlántico.

En este mundo de extraordinaria diversidad de especies, estamos los Hunikuin, Shuar, Yine, Kichwa, Tagaeri, Machsco y tantos otros centenares de Pueblos milenarios denominados indios, protectores de nuestros territorios, en los que está casi el 100% de bosques y su biodiversidad hoy existentes. Amenazada por factores políticos, económicos y sociales, la Amazonía se encuentra en un proceso continuo de ocupación, tensiones, conflictos, daños humanos y ambientales, justificados por el mito de la integración, de la necesidad de aliviar la pobreza de otras regiones y tratando de encontrar allí el modelo del desarrollo sustentable sobre la base del conocimiento ancestral y formas de relación armónica pueblos indígenas - naturaleza.

Los diversos intereses sobre los recursos estratégicos existentes en la Amazonía (uranio, petróleo, níquel, zinc, cobre, oro, recursos genéticos, entre otros), han hecho de esta vasta región un lugar propicio para la generación de conflictos, habiendo creado figuras y conceptos para adjudicar adjetivos a la naturaleza bajo la figura de áreas protegidas, como parques nacionales, reservas forestales, faunísticas, ecológicas, etc. Los impactos sobre nuestros territorios han sido enormes, por la superposición de falsos intereses de conservación a nuestros derechos territoriales, sin tomar en cuenta nuestra existencia desde tiempos inmemoriales. Ninguna de estas figuras representa garantía de protección verdadera de los territorios indígenas afectados por las 181.251 hectáreas de zonas protegidas en los países de la Cuenca Amazónica, ya que son absorbidas por intereses de explotación minera, petrolera, maderera, colonización y turismo. Como ejemplo citamos lo sucedido en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), donde ocurrió recientemente el genocidio del Pueblo Tagaeri, precisamente por la instigación permanente de los traficantes de madera sin que el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, haya podido ejercer ninguna autoridad ni control.

Por otro lado, los planes de manejo de las áreas protegidas no han tomado en cuenta de manera adecuada la existencia de los habitantes locales, forzándoles a migrar a otros espacios donde ya existen otros actores sociales.

Además de esto, hay incumplimiento de las pocas legislaciones existentes en los países de la región, resultado de un sistema económico destructivo del medio ambiente que facilita licencias de operación sin considerar los principios humanos y sociales básicos de los pueblos indígenas. Tal es el caso de la presencia de compañías petroleras en territorio Huaorani (provincia de Pastaza, Ecuador), en donde se ha adjudicado los siguientes bloques petroleros: Petroecuador, Bloque 14 de Vintage; Bloque 16 a Repsol-YPF; Bloque 21 a Kerr MacGee; Bloque 31 a Pérez Compac.

Para nosotros, los impactos son aún más complejos, considerando las prácticas habituales de asistencialismo, división y cooptación para justificar los supuestos acuerdos o consultas a las comunidades, pueblos y organizaciones.

Como forma de superar estos conflictos es indispensable asegurar las garantías de nuestros territorios como medio de protección de la naturaleza. Lo anterior debe ser respetado y apoyado principalmente por los gobiernos, porque es la mejor garantía de hacer conservación con la presencia de vida humana, que la representamos los pueblos indígenas. Entonces, solo así se pondría en práctica la declaración de principios de la Cumbre de la Tierra, la Agenda 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Foro Intergubernamental sobre Bosques, y de los otros instrumentos internacionales de relevancia en materia ambiental.

En los casos en que se superponen las áreas protegidas a nuestros territorios, se debe reconocer nuestra preexistencia y los derechos ancestrales consecuentes existentes, incluso antes de la adopción de cualquier norma legal de reconocimiento del uso y manejo de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, así como la responsabilidad de co-administración con la participación de nuestras instituciones de gobierno local.

Por lo visto, esta relación de áreas protegidas – territorios indígenas, ha generado mas desencuentros que encuentros, siendo necesaria la implementación de planes de acción prácticos y de respeto a nuestra existencia como pueblos en nuestra diversidad ante los sistemas o criterios creados por intereses económicos o por ocupación territorial. Entonces, básicamente resaltamos los siguientes planteamientos:

- La preeminencia de nuestros derechos territoriales sobre cualquier figura de protección, así como el libre acceso y control de los recursos naturales existentes.
- La prohibición de todo tipo de actividades extractivas externas en las áreas protegidas ya declaradas y garantizar a los Pueblos Indígenas los beneficios económicos por los servicios ambientales.
- La eliminación de superposición de áreas protegidas, en particular aquellas que afectan a nuestros territorios.
- La participación directa de nuestras organizaciones representativas en la toma de decisiones políticas, jurídicas y otras que nos afecten.

(*) Bolivia 824.000 km2; Brasil 4.982.000; Colombia 406.000; Ecuador 123.000; Guyana 5.780; Perú 956.751; Venezuela 53.000; Surinam 142.800 y Guyana Francesa 91.000..

Por: Sebastião Haji Manchineri, Coordinador General de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), Quito, julio 29 de 2003

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- Perú: visita al "Parque de la Papa"

En las alturas de los Andes peruanos se está llevando a cabo una iniciativa única de conservación a cargo de indígenas, que busca preservar la gran variedad de papas domésticas, que son uno de los elementos más importantes de la biodiversidad de la región. El Parque de la Papa fue una idea de una organización dirigida por indígenas denominada Asociación Cultural Quechua - Aymara ANDES y está siendo instrumentado por una asociación de seis poblados Quechua en las montañas al sur de Pisac en el Valle Sagrado de los Incas. En el marco de esta iniciativa, los 8.000 pobladores de las seis comunidades de Amaru, Pampallacta, Quyo Grande, Sacaca, Paruparu y Chahuaytire han acordado reunir las 8.661 hectáreas correspondientes a sus seis títulos de tierras comunales y manejarlas en forma conjunta para el beneficio colectivo. Su objetivo es conservar su paisaje, sus formas de sustento y sus estilos de vida, y revitalizar sus instituciones y leyes consuetudinarias.

La agricultura de secano sigue siendo el fundamento del sistema agrícola local, dominada en esta elevada altitud (las tierras están entre 3.600 y 4.600 metros sobre el nivel del mar) por las papas. La riqueza de la región se basa en el increíble número de 1.200 variedades de papa, que nombran, conocen y manejan los pobladores locales. Se cree que el área se encuentra dentro del "centro de origen" de la papa, y la gran mayoría de las papas (una parcela de cultivo típica pueden contener entre 250 y 300 variedades) son para consumo local y para el comercio de trueque regional. Este comercio tiene importante valor nutricional y también económico, permitiendo a los habitantes de las tierras altas intercambiar los carbohidratos y la carne que ellos producen (bajo la forma de papas, conejillos de indias, llamas y alpacas), por la proteína vegetal de los granos y pseudogranos andinos que se producen en las tierras ubicadas a altitudes medias y por las vitaminas y ácidos grasos esenciales de las frutas y verduras cultivadas en los huertos subtropicales en las tierras bajas que descienden hacia la Amazonia. Este tipo de comercio vertical ha sido parte integral de la economía de la región desde la época preincaica.

Los altos picos alrededor del borde del valle también contienen otros aportes importantes: humedales y lagos altos, ruinas incas, el poco frecuente cóndor y otras variedades de fauna silvestre, pero el Parque de la papa es holístico, y su objetivo principal es establecer un régimen de manejo que funcione en base a la ley consuetudinaria y el conocimiento tradicional, de tal forma que reúna toda la tierra bajo un sistema único, pero que permita la máxima flexibilidad para las iniciativas de los agricultores individuales y las opciones de los diferentes poblados.

La autoridad del Parque es compartida entre los poblados, cada uno de los cuales elige un Presidente para coordinar el trabajo de la Asociación, y se hacen esfuerzos concertados para integrar la comprensión y las creencias religiosas tradicionales en el manejo. Se ofrecen libaciones de "chicha" (la bebida alcohólica local), a los "dioses" locales, que están presentes en las montañas, manantiales y rocas circundantes, en todos los eventos comunales. La Madre Tierra –la Pachamama- todavía es profundamente reverenciada y reconocida en la adoración sincrética de la Virgen María, reflejando el fuerte rol que desempeña la mujer en el orden social tradicional. Los poblados mantienen la costumbre del casamiento a prueba por un año, que puede ser disuelto por la mujer, si así lo desea.

Varias ONGs internacionales han brindado su apoyo al proyecto, entre ellas el Programa de Sistemas de Alimentación, Agrobiodiversidad y Formas de Sustento Local del IIED y la Fundación Rockefeller. La iniciativa también está respaldada por un Comité Internacional de Apoyo, entre cuyos miembros se encuentran Hamdallah Zedan, Secretario ejecutivo del Convenio sobre Diversidad Biológica, Juan Mayr Maldonado, ex Ministro de Medio Ambiente de Colombia, y artistas de cine y activistas por los derechos humanos entre otros. Recientemente el Parque de la Papa negoció un acuerdo con el Centro Internacional de la Papa, con sede en Lima, miembro del grupo CGIAR, que ha llevado a la repatriación de 206 variedades adicionales de papa. Actualmente, estas variedades son cultivadas por los poblados de Pampallacta y Chahuaytire con el fin de compartirlas con los demás poblados una vez que se disponga del número suficiente de papas para semilla. El objetivo a largo plazo de la Asociación es reestablecer en el valle las 4.000 variedades de papa que se conocen en el mundo.

Pero no se trata de un proyecto que mire hacia al pasado. Se están aplicando nuevas tecnologías junto con las antiguas. Se han establecido invernáculos en los poblados para suministrar verduras a los comedores escolares; las integrantes de la cooperativa de mujeres están capacitándose para elaborar y editar digitalmente videos para registrar y compartir el conocimiento de las variedades de papa y cómo manejarlas, usando la lengua local, el Quechua. Si bien la Asociación se opone a la patentación del conocimiento indígena, la cooperativa está produciendo medicinas tradicionales para la venta local, con distribución de beneficios. También se está generando una base de datos del conocimiento de la medicina tradicional para protegerlo de la biopiratería.

Las comunidades también están reestableciendo bosques en tierras críticas. Se han creado viveros para producir miles de plantines de especies nativas. El objetivo es regenerar los bosques nativos, muchos de los cuales fueron talados en el siglo XVIII para suministrar madera a las minas de plata españolas. Actualmente, la principal especie de árbol en las laderas montañosas es el eucalipto, plantado en las décadas de 1940 y 1950, que aunque es valorada por ser de crecimiento rápido y la principal fuente de leña, es por lo demás de uso limitado. "Hemos observado que el eucalipto seca la tierra. Las especies nativas no lo hacen, y además fertilizan el suelo. Las especies nativas son útiles para producir medicinas, fertilizantes, leña y forraje... Los árboles son muy importantes para nosotros y quizás también nos protegen de la contaminación de otros lugares", señala Paulina Gihuaña, integrante de la cooperativa de mujeres.

Mediante la regeneración de bosques nativos, los pobladores esperan promover el desarrollo de especies de pájaros y animales y hacer el área más atractiva para los turistas, que ya acuden regularmente a sus poblados. Con el objetivo de desarrollar el "agroturismo", el Parque de la Papa ya está en conversaciones con el Instituto Nacional de Cultura para acordar un sistema de manejo conjunto de los sitios arqueológicos y las áreas sagradas. El Parque también está desarrollando un programa autónomo para controlar el turismo y asegurar que la población local se beneficie en forma equitativa. Está prevista la creación de un nuevo centro de investigación y para visitantes con el objetivo de ayudar en la administración, comercialización y coordinación. El nuevo sentido de unidad que se ha desarrollado entre las comunidades ya ha generado además otros beneficios. Se ha superado en gran medida una larga historia (en ocasiones violenta) de conflictos de tierras entre las comunidades, en parte gracias el restablecimiento del festival tradicional de los límites, en el cual se celebran cada año los vínculos de cada poblado con la tierra recorriendo a pie sus límites. Como observara el presidente de la Asociación, Wilbert Quispe: "Antes de este proyecto estábamos divididos y perdíamos nuestra diversidad, las papas nativas, la fauna y muchas otras cosas….también estábamos olvidando cómo manejar esta diversidad. Nuestro objetivo es reunir a nuestros poblados para restaurar nuestras formas tradicionales de manejar nuestro paisaje".

El Parque de la Papa se puede considerar como la expresión de un poderoso movimiento social, cuyas corrientes se pueden sentir a lo largo y ancho de los Andes, de pueblos indígenas que están recuperando el control de sus tierras y su patrimonio. Los orígenes de este resurgimiento cultural se remontan en gran medida a las reformas de tierras de los años 1960 y principios de los 1970, que desmantelaron el antiguo sistema de haciendas y redistribuyeron las tierras como terrenos comunales entre los pueblos andinos. En los primeros años después de las reformas, muchos observadores afirmaron que habían sido un fracaso. Incluso a pesar de que muchos campesinos recuperaron el control de sus tierras, la producción agrícola disminuyó, los ingresos se redujeron y se estancaron las exportaciones.

Sin embargo, ese comienzo decepcionante se explica ahora por la falta de continuidad de las políticas agrarias gubernamentales. Cuando el General Velasco, promotor de la reforma agraria, fue derrocado, dejaron de aplicarse las políticas, sistemas de crédito y paquetes de extensión agrícola necesarios para asistir a los agricultores restituidos. Asimismo, los cuatro siglos anteriores de dominación de los hacenderos impusieron obediencia y debilitaron la iniciativa de los campesinos. Paradójicamente, el hecho de que los hacenderos hayan mantenido intencionalmente a sus peones aislados de la educación e incluso del aprendizaje del español, también ayudó a preservar sus tradiciones, sus cultivos, sus instituciones tradicionales y su lengua.

Actualmente, una generación más experimentada y psicológicamente liberada está redescubriendo su poder: las instituciones consuetudinarias de manejo del agua y la tierra están reviviendo, se vuelven a enseñar formas tradicionales de danza, canto y música, los sistemas de curación y las medicinas tradicionales vuelven a ser utilizadas, y las coaliciones políticas, que invocan los nombres de los Incas del siglo XIV como Pachacutec, han logrado el control de numerosos consejos locales y municipalidades.

No todos los organismos gubernamentales ven estas reafirmaciones de la cultura y la identidad indígena con el mismo entusiasmo. Los proponentes indígenas del Parque de la Papa todavía deben convencer a la agencia peruana a cargo de los Parques Nacionales, INRENA, de que el Parque debe ser reconocido como parte del sistema de áreas protegidas de Perú. Si bien el sistema revisado de categorías de áreas protegidas de la UICN podría reconocer con facilidad a un parque bajo propiedad y control indígena de este tipo como "paisaje protegido" según la categoría V ["manejado principalmente para la conservación del paisaje, donde la interacción de las personas ha producido un paisaje distinto que requiere protección"], las actuales leyes de conservación de Perú no prevén la existencia de áreas de este tipo bajo control local. Sin embargo, estas anomalías tendrán que cambiar, porque son el legado de un modelo colonial antiguo de conservación que ya no se ajusta a las leyes internacionales de derechos humanos y de conservación ratificadas por Perú, como el Convenio 169 de la OIT y los Artículos 8j y 10c del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Por Marcus Colchester, Forest Peoples Programme (correo electrónico: marcus@fppwrm.gn.apc.org ), basado en una visita de campo de agosto de 2003, con especial agradecimiento a Alejandro Argumedo de la Asociación Andes.

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