LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Bangladesh: "Salven al Sundarban, salven al pueblo dando poder de participación a la comunidad"

El Sundarban es el manglar no fragmentado más grande del mundo, y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997. Sin embargo, hoy está a punto de ser destruido (ver Boletines 44, 66 y 72 del WRM) a pesar de la determinación y de la valiente resistencia --incluso hasta la muerte-- de los pueblos nativos, que se oponen a la acción destructiva en aras del lucro que llevan adelante principalmente la industria del cultivo de camarón (ver Boletín 51 del WRM), y las actividades de exploración de las compañías petroleras y de gas (ver Boletines 15 y 72 del WRM).

En la Reserva de Bosque del Sundarban está en marcha un proyecto de Conservación de la Biodiversidad, financiado por el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y los gobiernos de Holanda y Bangladesh. ¿Se trata de otro caso más del criterio de conservación que dispone de enormes cantidades de fondos de las agencias internaciones y que finalmente apunta a promover proyectos de "desarrollo"? ¿Cómo se toma en cuenta a la población? O en todo caso, ¿cómo se beneficia? ¿Cómo podremos ver más allá de las declaradas intenciones que siempre se dicen buenas?

El Proyecto de Conservación de la Biodiversidad del Sundarban (SBCP, por sus siglas en inglés) ha sido criticado por el SBCP Watch Group (Grupo de Vigilancia del SBCP), una iniciativa de los pobladores y de las organizaciones populares de la Zona de Impacto del Sundarban, que ha exigido la reelaboración del proyecto para que el mismo contemple las preocupaciones e intereses de la población local.

En primer lugar, el proyecto fue elaborado y realizado con un enfoque de arriba hacia abajo. Aunque supuestamente apunta a desarrollar un "sistema de manejo racional de la vida silvestre" y a "asumir actividades que contemplen una mayor toma de conciencia sobre el medio ambiente", el proyecto no reconoce la antigua sabiduría de la cultura tradicional de los pueblos nativos que han vivido en forma sustentable del ecosistema durante muchas generaciones.

Por otra parte, el proyecto permite, favorece y promueve actividades comerciales a gran escala que ya han demostrado ser perjudiciales para la población pobre y para el medio ambiente.

La industria camaronera, una actividad altamente depredadora y contaminante --realizada en beneficio de las grandes compañías-- que amenaza a la biodiversidad y aumenta el desempleo por el desplazamiento de los pescadores artesanales, tiene permiso para seguir actuando, y no hay en el proyecto ninguna política dirigida a lograr un cultivo viable del camarón. El proyecto deja que las cosas sigan su rumbo, permitiendo que la depredadora acuicultura comercial del camarón domine la economía. Por cierto, este "desarrollo" está muy lejos del "manejo racional de la vida silvestre". Y no es el resultado de la falta de "conciencia sobre el medio ambiente" de las comunidades. Fue precisamente su gran compromiso con las formas de sustento sostenibles y con los derechos de los pueblos a sus propios recursos lo que impulsó a Korunamoyee Sardar a resistir a costo de su propia vida la invasión de la industria camaronera.

Es bastante sospechoso que el SBCP promueva ensayos de silvicultura, una "fuerte" base de datos de temas forestales para "usuarios internacionales" (!) y un programa social de forestación de propiedad privada que se ubicaría fuera del Sundarban. El Grupo de Vigilancia del SBCP cree que todo esto probablemente conduzca a la implantación de plantaciones de monocultivos de árboles y no al manejo comunitario del bosque basado en la biodiversidad y en principios ecológicos.

La principal solución que promueve el SBCP para la reducción de la pobreza es el turismo ecológico, y el gran énfasis que se pone en esta solución no tiene debidamente en cuenta los posibles efectos destructivos de esta actividad en un ecosistema tan sensible como el del Sundarban. Se ha escrito mucho y hay numerosos casos de proyectos anteriores y actuales --incluso en otras partes del Asia del Pacífico-- que muestran que esos programas son monopolizados por las grandes compañías trasnacionales de turismo, dejando beneficios marginales a las comunidades y causando grandes daños al medio ambiente.

Como suele ocurrir, el proyecto de conservación del Sundarban pone énfasis --y dinero-- en la capacitación de profesionales y el pago a consultorías técnicas, estudios de factibilidad, monitoreo y demás, pero carece de una revisión histórica de los impactos sociales y ambientales negativos producidos por la construcción de carreteras, puentes, alcantarillas, terraplenes, represas y pólderes en la Zona de Impacto y más allá, que han ocasionado daños ecológicos y ambientales masivos en toda la región, incluso en el Sundarban.

En consideración de esos y otros defectos del proyecto, el grupo de vigilancia está preparando el lanzamiento de una Campaña de defensa con el objetivo de lograr que el SBCP vuelva a elaborarse procurando beneficiar a los habitantes de la Zona de Impacto del Sundarban, especialmente la población pobre, en base a las percepciones de los pobladores, los resultados de los estudios y el análisis de documentos secundarios. También apunta a desarrollar un fuerte Grupo de Predicción que estudie las consecuencias de cualquier tipo de intervención futura de las instituciones financieras internacionales en la región de la costa suroeste de Bangladesh.

La población del Sundarban ha hablado, y su voz ha resonado tan fuerte como para que el Banco de Desarrollo Asiático tome la decisión de volver a diseñar el proyecto. La consigna de los Grupos de Vigilancia del SBCP es: "Salven al Sundarban, salven al pueblo dando poder de participación a la comunidad". Es una demostración de que cualquier proyecto de conservación genuino debe hacerse para la gente y con la gente, en particular con quienes tienen la experiencia de conservación acumulada de varias generaciones que han habitado esta región.

Artículo basado en información obtenida en: "ADB in South-West Coastal Region of Bangladesh. Two Case Studies", julio de 2003, enviado por Marcus Colchester, FPP, correo electrónico: marcus@fppwrm.gn.apc.org

inicio

- Filipinas: un enfoque de conservación basado en los derechos de los pueblos indígenas

Filipinas ha sido considerado como uno de los países más activos y progresistas de Asia en términos de la elaboración de políticas y leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y aseguran su participación en la toma de decisiones y el manejo de áreas protegidas. Sin embargo, son los propios pueblos indígenas quienes están buscando los caminos adecuados para asegurar la conservación y el respeto de sus derechos.

La Ley del Sistema Nacional de Areas Protegidas Integradas (SNAPI) fue aprobada en 1992 con el objetivo de crear un sistema amplio de áreas protegidas e integrar la participación de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y la gestión de las áreas protegidas. El enfoque participativo se aplica supuestamente en gran medida a través del Consejo de Manejo de Areas Protegidas (CMAP), integrado por funcionarios gubernamentales, ONGs y representantes de las comunidades locales.

Los derechos de los pueblos indígenas comenzaron a ser reconocidos en forma más explícita en 1993, con la emisión de la Orden Administrativa N° 2 (OA 2) del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DMARN), que permite la demarcación de dominios ancestrales y la entrega de Certificados de Reclamación de Dominios Ancestrales (CRDA) y Certificados de Reclamación de Tierras Ancestrales (CRTA) a las comunidades indígenas. Si bien estos certificados no constituyen títulos, permiten a los titulares indígenas tener cierto grado de control sobre lo que va a pasar en sus territorios. Estas disposiciones basadas en los derechos fueron fortalecidas en octubre de 1997 con la proclamación de la largamente esperada Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (LDPI) realizada por el Presidente Ramos. Una de las características de la LDPI es la concesión de un derecho colectivo a la tierra a través del Certificado de Título de Dominio Ancestral (CTDA) y de derechos individuales mediante el Certificado de Título de Tierra Ancestral (CTTA).

Desde la aprobación de estas leyes, han salido a la luz los puntos fuertes y las debilidades. En muchos casos la Ley del SNAPI ha mejorado la participación de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y el manejo de las áreas protegidas. Varias ONGs y organizaciones de base comunitarias, sin embargo, resaltan que en varios casos el Consejo de Manejo de Areas Protegidas no ha funcionado en forma efectiva debido a distintas limitaciones, que van desde la falta de documentos en las lenguas locales y de recursos para las reuniones y talleres, hasta el hecho de que el presidente del Consejo es un funcionario gubernamental y los pobladores locales en general son reservados al expresar sus preocupaciones ante funcionarios gubernamentales, lo que lleva a que el poder de tomar decisiones siga estando en gran medida en manos del gobierno.

Con relación a la LDPI (Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas), si bien muchos grupos indígenas todavía la consideran un instrumento legal que pueden utilizar para proteger sus derechos, otros han exigido su anulación. Al margen de las ambigüedades teóricas y prácticas de la ley, una de las críticas principales ha sido que la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) no representa verdaderamente a los pueblos indígenas, ya que varios de sus comisionados fueron designados por el Presidente sin una consulta adecuada y --especialmente bajo la administración Estrada-- eran o corruptos o ineficientes, o ambas cosas. Durante 2001 la CNPI fue sometida a una reestructura radical, y a mediados de ese año se instituyó un nuevo grupo de comisionados, seleccionados mediante un proceso más participativo a nivel provincial, regional y nacional.

Infundida de nuevo entusiasmo, la Presidenta Gloria Magapagal-Arroyo anunció en su discurso presidencial a la nación que cada año se otorgarían 100.000 hectáreas de Certificados de Título de Dominio Ancestral (CTDA). Pero debido a la falta de un presupuesto adecuado y a otras debilidades internas, sólo se otorgaron dos CTDA antes de finalizar el 2002. El presidente de la Comisión fue reemplazado nuevamente a principios de 2003. Si bien los pueblos indígenas filipinos todavía tienen esperanzas de que la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas trabaje verdaderamente por los intereses de los pueblos indígenas, existe también el sentimiento de que es necesario resolver los problemas que aun están pendientes y que se debe fortalecer a la CNPI dotándola de recursos humanos, institucionales y financieros.

El caso de la isla Coron en las Islas Calamianes, en Palawan norte, es particularmente ilustrativo de la forma en que se puede utilizar la LDPI, y a la vez del posible conflicto entre la Ley del SNAPI y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los indígenas Tagbanwa de la isla Coron viven en una isla de piedra caliza de asombrosa belleza, rodeada por aguas que solían ser ricas en recursos marinos, principal fuente de sustento de este pueblo. Hacia mediados de los años 1980, desprovistos de una tenencia legal segura sobre su medio ambiente, la creciente invasión de pescadores inmigrantes, empresarios turísticos, políticos en busca de negocios inmobiliarios y organismos gubernamentales interesados en controlar distintos recursos de la isla, significó que este pueblo perdiera rápidamente el control sobre sus recursos terrestres y marinos, hasta el punto de sufrir escasez de alimentos.

Reaccionaron estableciendo la Fundación Tagbanwa de la Isla Coron en 1985 y solicitando un Acuerdo de Administración Comunitaria del Bosque (AACB). En 1990 se les concedió este Acuerdo, abarcando la totalidad de la isla y la pequeña isla vecina Delian (por un total de 7.748 hectáreas).

Sin embargo, poco después se dieron cuenta de que su principal fuente de sustento, las aguas marinas que rodeaban la isla, estaban siendo degradadas a un ritmo alarmante por la pesca con dinamita, cianuro y otras formas de pesca ilegales y destructivas. Mediante la OA 2 del DMARN y la ayuda de una ONG nacional, Philippine Association For Inter-cultural Development (PAFID), en 1998 lograron obtener el primer CRDA del país que incluía las tierras y las aguas marítimas, por un total de 22.284 hectáreas. Realizaron un mapeo de alta calidad de sus territorios, un Plan de Manejo Sustentable del Dominio Ancestral, e hicieron un seguimiento exitoso de la LDPI, usándola para obtener un CTDA a principios de 2001. Pero a mediados de 2001 se reestructuró la CNPI y todos los CTDA están sometidos a revisión, incluido ese título.

El CRDA y el CTDA fueron utilizados inmediatamente cuando la isla Coron fue seleccionada como uno de los ocho sitios incluidos en el Programa Nacional de Areas Protegidas Integradas (PNAPI). La intención final del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales era (y sigue siendo) clasificar toda la isla como área protegida, pero esto todavía no se ha concretado porque los Tagbanwa temen perder una vez más el control de la isla. Habiendo obtenido un título de dominio sobre la isla, prefieren mantener su enfoque de manejo de los recursos basado en los derechos que aceptar un enfoque participativo incierto a través del Consejo de Manejo de Areas Protegidas. Una de las razones principales mencionadas por los Tagbanwa con relación a su rechazo del proyecto PNAPI fue el hecho de que la isla Coron fue seleccionada como uno de los ocho sitios para el proyecto, lo cual se hizo sin haberlos consultado e informado. Varias otras comunidades indígenas en otras regiones del país están buscando obtener un CTDA sobre tierras y aguas como herramienta para asegurar sus derechos a los recursos terrestres y marinos.

Este caso ilustra adecuadamente los conflictos potenciales entre el Sistema Nacional de Areas Protegidas y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de la isla Coron podría en realidad también ser considerado como el uso por parte de una comunidad indígena de una ley basada en los derechos para apoyar un área conservada por la comunidad (ACC) contra el uso por parte del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de una ley de áreas protegidas participativas para promover la formación de un área protegida según declaración estatal. Esto plantea preguntas importantes sobre la política de conservación: ¿cómo pueden reconocerse y protegerse los esfuerzos de conservación de las comunidades locales (como las ACC)? ¿Necesitan reconocimiento legal? ¿Cómo pueden complementar las áreas protegidas más convencionales declaradas por el estado, o en ciertos casos, ser preferidos?

El caso de los Tagbanwa de la isla Coron demuestra que cuando una comunidad indígena está firmemente decidida a proteger sus recursos naturales y sus derechos, y cuenta con el apoyo adecuado (como leyes disponibles y ONGs que la apoyen), puede realizar acciones efectivas para obtener el reconocimiento de sus derechos y para proteger los ecosistemas de los cuales depende. También demuestra que para los pueblos indígenas resulta más efectivo invertir tiempo en utilizar un enfoque basado en los derechos para el manejo de la biodiversidad para así obtener un título de comunidad privada a través de la LDPI, que aceptar un enfoque participativo como el que ofrece el SNAPI, donde el tema de quién es el que detenta realmente el poder dentro del acuerdo participativo plantea serios problemas. Este caso también ilustra la dicotomía entre las áreas protegidas oficiales (declaradas por el estado) y las áreas conservadas por la comunidad.

Los Tagbanwa utilizaron una ley innovadora que reconoce los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas y la ley consuetudinaria (a pesar de sus limitaciones) en una iniciativa que podría definirse en sentido amplio como un área conservada por la comunidad (ACC) y rechazaron un plan gubernamental para clasificar la isla como área protegida (AP). Es en realidad un caso de conflicto entre ACC y AP, que podría evitarse o resolverse si el gobierno comenzara a reconocer y aceptar el valor de las ACC y a considerarlas un enfoque complementario válido a las AP convencionales.

Por: Maurizio Farhan Ferrari, Forest Peoples Progamme, correo electrónico: mfferrari@pd.jaring.my , y Dave de Vera, PAFID, correo electrónico: pafid@info.com.ph

inicio

- Indonesia: pueblo Dayak en la primera área protegida con manejo conjunto

El Parque Nacional Kayan Mentarang, ubicado en el interior de Kalimantan Oriental, en el Borneo indonesio, limita con Sarawak al oeste y con Sabah al norte. Con 1,4 millones de hectáreas así declaradas, es el área protegida de bosque tropical más grande de Borneo y una de las más extensas del sudeste asiático.

La historia del paisaje natural del parque está inexorablemente entrelazada a la historia de su pueblo. Aproximadamente 16.000 Dayak viven dentro de este Parque nacional o en sus inmediaciones. Las comunidades que viven dentro y alrededor del parque todavía se rigen en gran medida por la ley consuetudinaria o "adat" para la resolución de sus asuntos cotidianos y el manejo de los recursos naturales en su territorio tradicional. El jefe tradicional (kepala adat) administra la ley consuetudinaria con la ayuda del consejo tradicional (lembaga adat). Todos los funcionarios elegidos a nivel del poblado y los líderes destacados de la comunidad integran un consejo tradicional. Existen áreas de bosque tradicional bajo la condición de protección o bajo régimen de manejo estricto. "Tana ulen", por ejemplo, es una tierra cuyo acceso está restringido, limitado. Es una extensión de bosque primario rico en recursos naturales como ratán (Calamus spp), hojas de mangle (Licuala sp.), madera dura para la construcción (por ejemplo, Dipterocarpus spp, Shorea spp, Quercus sp), peces y animales de caza, todo lo cual tiene un alto valor de uso para la comunidad local.

La Reserva Natural, creada en 1980, establecía la categoría de protección estricta, que implica que no se permiten actividades humanas dentro del área protegida. El WWF junto con el LIPI (Instituto de Investigación Indonesio) y los pobladores locales desarrollaron un programa de investigación en ciencias sociales de largo plazo ("Cultura y conservación", 1991-1997) y realizaron el mapeo comunitario experimental para demostrar que las comunidades dependían de los recursos del bosque y tenían derechos legítimos sobre las tierras. Los resultados proporcionaron las pruebas necesarias para que en 1994 se recomendara un cambio de categoría de Reserva Natural a Parque Nacional (en los cuales se permite realizar actividades tradicionales).

El tema de los derechos sociales, y especialmente la falta de seguridad en materia de tenencia de tierras, fue identificada por el equipo del WFF como un tema clave y un área de prioridad a abordar en el período 1996-2000. Aunque los Dayak habían estado viviendo en el área y habían utilizado los recursos del bosque durante siglos, el bosque que habitaban y manejaban era un "bosque estatal" de acceso abierto, por lo que el Estado podía decidir asignar derechos de explotación o crear un área de conservación sin necesidad de obtener previamente el consentimiento de las comunidades locales. Estas comunidades tenían muy poco poder en sus intentos por defender el bosque o proteger su fuente de sustento económico contra los intereses de las compañías madereras, la exploración minera o los recolectores externos de productos del bosque.

En tales circunstancias, el proyecto WWF Kayan Mentarang desarrolló una estrategia y un programa de actividades de campo que llevarían al reconocimiento legal de los reclamos y derechos "adat", de forma de permitir a las comunidades indígenas continuar usando y manejando los recursos del bosque en el área de conservación. Las actividades incluyeron: mapeo comunitario; evaluaciones cualitativas del uso y la disponibilidad de recursos del bosques con valor económico; talleres para el reconocimiento de la categoría "tana ulen" o bosque bajo manejo consuetudinario tradicional; planificación participativa para las recomendaciones de zonificación y el nuevo trazado de los límites externos del parque; redacción de reglamentaciones "adat" o tradicionales para el manejo del parque nacional; fortalecimiento de las organizaciones locales y desarrollo institucional.

Después de varias reuniones y discusiones entre los diez líderes "adat" de las tierras tradicionales en torno al área del parque, se formó la Alianza de los Pueblos Indígenas del Parque Nacional Kayan Mentarang (FoMMA), que se estableció formalmente el 7 de octubre de 2000. Sus objetivos principales eran crear un foro para transmitir las aspiraciones de las comunidades indígenas y debatir temas relativos al manejo del Parque nacional y los recursos naturales en las tierras tradicionales del parque. FoMMA trabaja para garantizar la protección del bosque y el uso sustentable de sus recursos naturales, para la protección de los pueblos indígenas, y también se preocupa por el aumento de su prosperidad económica. Actualmente, representa legalmente a los pueblos indígenas en la Junta de Políticas del Parque, una nueva institución creada para presidir el manejo del Parque. La Junta de Políticas incluye representantes del gobierno central (organismo gubernamental para la Protección del Bosque y la Conservación de la Naturaleza), los gobiernos provincial y distrital, y FoMMA. Los principios de funcionamiento de la Junta hacen hincapié en la importancia de la coordinación, la competencia, las responsabilidades compartidas, y la asociación igualitaria entre todos los actores. La Junta fue establecida formalmente en abril de 2002 mediante un decreto del Ministerio de Bosques, que también explicita que el parque estará bajo un sistema de manejo de carácter colaborativo (por primera vez en Indonesia).

Después de décadas de marginación y despojo, los últimos sucesos en el Parque Nacional Kayan Mentarang ofrecen esperanza a las comunidades indígenas de Kalimantan. Es cada vez más evidente que los objetivos de conservación rara vez pueden alcanzarse o sostenerse a través de la imposición de políticas y proyectos que producen impactos negativos sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los enfoques alternativos y progresistas que toman verdaderamente en cuenta las necesidades y derechos de los pobladores locales y aseguran su plena participación en el manejo de la biodiversidad y en la toma de decisiones ofrecen una plataforma más sólida a la protección ecológica y la mejora de las formas de sustento de los pueblos. Hay esperanzas de que el acuerdo de manejo conjunto que se está aplicando en Kayan Mentarang cumpla con estos objetivos.

Por Cristina Eghenter, WWF Indonesia Kayan Mentarang Project, awing@samarinda.org ; Martin Labo, Alliance of the Indigenous People of Kayan Mentarang National Park (FoMMA), dolvina@indo.net.id y Maurizio Farhan Ferrari, Forest Peoples Programme, mfferrari@pd.jaring.my

inicio

- Vietnam: la represa de Na Hang -¿la realidad del desarrollo sustentable?

Jordan Ryan, director en Vietnam del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está muy interesado en el desarrollo sustentable. En mayo de 2002 se hizo el lanzamiento público de una sociedad entre organismos de asistencia, ONGs y ministerios del gobierno, para proteger el medio ambiente de Vietnam. En esa ocasión Ryan anunció: "Si tenemos éxito, algún día se dirá de esta nueva sociedad que ‘hizo realidad el desarrollo sustentable en Vietnam’".

Pocas semanas después, esta vez durante la firma de un proyecto de 2 millones de dólares denominado Vietnam Agenda 21, Ryan declaró: "El desafío es convertir en realidad el desarrollo sustentable en Vietnam".

Uno de los proyectos del PNUD en Vietnam se denomina Conservación de los Recursos de las Areas Protegidas (PARC, por su sigla en inglés). El proyecto cuenta además con la financiación conjunta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, o GEF por su sigla en inglés) y abarca tres áreas protegidas, entre ellas la Reserva Natural de Na Hang, en el norte de Vietnam. El gobierno vietnamita creó la reserva en 1994 para proteger el hábitat de la mayor población del langur ñato Tonkin, una especie de mono que está seriamente amenazada y que se encuentra solamente en cuatro sitios, siendo Na Hang uno de ellos (ver Boletín Nº 55 del WRM).

A principios de junio de 2002, la empresa Song Da Construction Corporation realizó una fiesta en Na Hang para celebrar el comienzo de las obras de construcción de la represa hidroeléctrica de Na Hang. La represa de 342 MW inundará una de las zonas ribereñas más hermosas de la Reserva Natural de Na Hang, en especial el bosque prístino adyacente a la zona donde habita el mono langur ñato Tonkin, el cual es muy sensible a cualquier tipo de alteración.

A fines del año pasado, la empresa Song Da Construction Corporation había excavado más de dos millones de metros cúbicos de tierra y roca del sitio de la construcción. Un puente de cemento cruza ahora el río Gam y ya se ha desalojado a la primera de las 3.300 familias que serán desplazadas para dar lugar al embalse detrás de la represa.

PARC concedió a la empresa consultora Scott Wilson Asia-Pacific el contrato para dirigir la Reserva Natural de Na Hang. En una evaluación ambiental preliminar de la represa, llevada a cabo en el marco del proyecto PARC, Scott Wilson escribió: "Una represa en Na Hang tiene el potencial de provocar impactos importantes en los recursos naturales de la zona y también en la población local, tanto la población que será reasentada como la que permanecerá en la zona".

Sin embargo, la página Web de PARC no hace mención alguna a la represa de Na Hang. La página Web de PARC enumera las amenazas que enfrenta la reserva natural y cita a la "agricultura y conversión de la tierra … la explotación de madera, la caza de fauna salvaje y la producción insustentable de productos forestales menores".

De modo similar, algunos de los que proponen la construcción de la represa no hacen mención alguna a la Reserva Natural de Na Hang cuando analizan la represa de Na Hang. En abril de 1999, un consorcio de empresas consultoras comenzó un Estudio de un Plan Hidroeléctrico Nacional en Vietnam, con fondos de los gobiernos de Suecia y Noruega. La represa de Na Hang figura en la lista de represas que los consultantes recomendaron construir. Los consultores, SWECO Internacional (de Suecia), Statkraft Engineering y Norplan (Noruega), no hacen mención alguna a la Reserva Natural de Na Hang en sus recomendaciones.

En un borrador de informe inicial elaborado en 1999, los consultores escribían: "No hay especies raras registradas específicamente en el sitio del proyecto y aparentemente las zonas protegidas no están muy cercanas". Y añadieron: "Será necesario verificarlo. No es posible predecirlo en esta etapa". Los consultores escribieron esto cinco años después de que el gobierno vietnamita estableciera la Reserva Natural de Na Hang.

Si bien la construcción de la represa ya comenzó, el financiamiento del proyecto sigue estando en duda. La empresa estatal Electricity of Vietnam (EVN) deberá suministrar 43 millones de dólares para cubrir los costos del proyecto. El gobierno ya ha pagado 85 millones de dólares a EVN para actividades de desmonte de tierra y reasentamiento.

EVN está procurando conseguir 260 millones de dólares a través de préstamos comerciales de bancos vietnamitas. Serán necesarios otros 80 millones de dólares para pagar equipos técnicos.

Pero los bancos vietnamitas parecen reticentes a financiar el proyecto. Un alto ejecutivo del Banco Industrial y Comercial de Vietnam declaró a la publicación Vietnam Investment Review: "Lo difícil es que [los bancos vietnamitas] ya han participado en varios proyectos energéticos grandes en 2002". Un alto ejecutivo del Vietcombank comentó que era poco probable que dicho banco financiara él solo el proyecto. "Tendríamos que trabajar con otros [bancos] para ofrecer préstamos en consorcio", expresó.

En febrero de 2003, Dinh Quang Tri, subdirector general de EVN, manifestó que EVN estaba estudiando la posibilidad de pedir a proveedores extranjeros de equipos que los ayudaran a financiar el proyecto. "Abriríamos una licitación en la cual el inversionista extranjero proveedor de equipos pudiera cubrir también el financiamiento, o bien EVN podría utilizar el método de pago diferido", declaró Tri.

Se ha informado que la empresa Song Da Construction Corporation está trabajando con varias firmas internacionales, entre ellas Alstom (Suiza), Shanghai Electric Corporation, el Grupo DongFang y el Grupo Harbin (China), Energomachexport y Technopgomexport (Rusia), Siemens (Alemania) y VA Tech (Austria).

En noviembre del año pasado, el periódico Vietnam Economic Times informó que el gobierno de Francia había aceptado conceder una donación para el proyecto hidroeléctrico de Na Hang. La noticia se conoció poco después de que el Presidente de Vietnam, Tran Duc Luang, realizara una visita a Francia.

En ocasión del lanzamiento del proyecto Vietnam Agenda 21, Jordan Ryan, del PNUD, comentó: "Para tener un desarrollo sustentable es necesario que Vietnam responda preguntas incómodas y realice opciones difíciles". Sin embargo, los "expertos" internacionales altamente remunerados que trabajan para el PNUD, el FMAM, Scott Wilson, SWECO International, Statkraft Engineering y Norplan, ni siquiera han formulado preguntas incómodas sobre la represa de Na Hang y su impacto en los bosques, la población y la flora y fauna de la Reserva Natural de Na Hang.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de

página anterior

inicio