LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Bolivia: áreas protegidas a disposición de las petroleras

Con un proceso de participación pública muy dudoso en algunos casos y despertando enérgicas reacciones en contrario en otros, el proyecto de Ley de Áreas Protegidas ha sido sometido a consulta. En general se rechaza su pretensión de legalizar el ingreso de empresas petroleras y mineras a áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, el Parque Amboró y el Madidi. Las organizaciones campesinas de Cochabamba dijeron que si las áreas protegidas son para las petroleras o empresas de extracción de madera, entonces prefieren que no existan.

Las empresas petroleras acuden a los más altos niveles de gobierno para hacer aprobar proyectos de exploración sísmica, tendido de ductos y explotación petrolera dentro de áreas protegidas y territorios indígenas, tratando de reducir al mínimo el cumplimiento de las exigencias ambientales y sociales y sin respetar los planes de manejo y zonificación. A ello se suma el otorgamiento de concesiones mineras ligadas al poder político. Ocho empresas petroleras obtuvieron 24 concesiones para explorar y explotar hidrocarburos en nuevas áreas protegidas de Bolivia, según datos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Andina, Total, Chaco, Repsol, Maxus, Petrobras y Don Wong son algunas de las empresas que se dedican a tales operaciones en las áreas bolivianas de preservación.

De aprobarse el proyecto de ley, se desmantelarían las propuestas de uso sustentable de la biodiversidad, como la Empresa de Ecoturismo Indígena Mapajos en la Reserva y Territorio Indígena Pilón Lajas, los proyectos comunitarios de ecoturismo en el Parque Amboró (La Chonta, Mataracú, Villa Amboró) y otros en la Reserva Eduardo Abaroa y en el Parque Sajama y en todas las áreas protegidas de Bolivia. Según José Coello, del Sernap, los ingresos por concepto de turismo en zonas de preservación de la naturaleza pueden generar más que los réditos de la explotación de petróleo. En Bolivia recién empieza la actividad turística en las áreas y ya genera más de 4 millones de dólares, sólo en la región del Madidi.

El proyecto de ley establece la readecuación y recategorización de todas las áreas protegidas para su homologación mediante ley lo cual implica que los parques nacionales donde existe interés petrolero podrán ser recategorizados para permitir el ingreso de esas actividades; este sería el caso de los parques Amboró y Madidi. Si bien establece una excepción en las zonas núcleo, parques y santuarios, la protección se reduciría a pequeñas islas de conservación, como ocurre en Pilón Lajas, una de las más importantes áreas protegidas de la región andino amazónica de Bolivia, que forma parte del corredor ecológico Vilcabamba (Perú) - Amboró (Bolivia).

Es claro que de aprobarse el proyecto de ley uno de los primeros resultados sería la aprobación del proyecto de exploración sísmica de la Petrobras, en espera en el Ministerio de Medio Ambiente. Para la exploración sísmica se trazan líneas rectas de 1,5 a 4 m de ancho a través de bosques, ríos, cultivos o poblados, retirando la cubierta vegetal o lo que se encuentre en ella, con el fin de ubicar estructuras geológicas de almacenamiento de hidrocarburos, mediante equipos detectores. Además se construyen caminos, helipuertos, campamentos, zonas de almacenamiento de material y equipos, causando la deforestación de extensas superficies de bosque, el vertido de contaminantes en ríos, suelos y aire, impactos a la fauna del lugar. Las poblaciones de estos territorios sufren la invasión de campamentos de trabajadores ajenos al lugar, quienes alteran totalmente la vida de la comunidad.

La mayoría de las disposiciones legales sobre áreas protegidas prohíben expresamente la realización de actividades nuevas de explotación de hidrocarburos, minería y madera. Por lo tanto, a pesar de que las leyes sectoriales de hidrocarburos y minería han definido estas actividades como prioridad nacional, la aprobación de licencias ambientales no está garantizada y ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones ecologistas, sociales y comunidades locales. En 2001 el departamento de Santa Cruz y numerosas instituciones nacionales lograron detener la aprobación de la licencia ambiental para la petrolera Andina (Amoco), que pretendía ingresar al Parque Amboró, donde hay proyectos de ecoturismo, albergues, proyectos de investigación y capacitación que hacen del mismo una de las áreas de conservación más promovidas e importantes de Santa Cruz.

Otro de los aspectos fuertemente cuestionados del proyecto, es que para sus autores la biodiversidad es un asunto de flora, fauna y microorganismos. Han olvidado que las leyes vigentes en el país definen que la biodiversidad tiene un componente "intangible", que se refiere a los conocimientos colectivos o valor cultural asociado. Esas mismas leyes reconocen la tuición de las comunidades locales sobre este componente.

El proyecto de ley no solo legaliza las actividades petroleras, mineras y madereras en las áreas protegidas sino que coloca a los "usuarios" de estas actividades en los Comités de Gestión, como "actores de la gestión de Áreas Protegidas", olvidando que son precisamente estas actividades y las empresas que las realizan las principales causantes de los problemas de contaminación y degradación allí donde operan.

Artículo basado en información obtenida de: "Proyecto de ley de Areas Protegidas a la medida de las petroleras", 25 de agosto de 2003, comunicado de prensa de FOBOMADE, correo electrónico: comunicacion@fobomade.org.bo ; "Las áreas protegidas afectadas por 24 concesiones petroleras", El Deber, 26 de junio de 2003, http://www.el-deber.net/20030626/nacional_6.html

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- Brasil: condiciones de trabajo de las mujeres en las plantaciones forestales

En muchas regiones de Brasil, la sustitución de zonas de bosque y suelos agrícolas por plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles reclutó la fuerza de trabajo entre hombres, mujeres y niños. En el caso de Minas Gerais, la plantación comprende una serie de actividades desempeñadas por las mujeres a la par de los hombres, salvo la tarea de tala, que es una actividad masculina por excelencia.

La contratación de las trabajadoras se basó en la mayor aptitud de las mujeres para desarrollar determinadas tareas, tales como la producción de plantas en los viveros, actividades que requieren mayor delicadeza. También en algunos casos se encarga a las mujeres la aplicación de hormiguicidas en la superficie plantada con eucaliptos.

A medida que las plantaciones se fueron expandiendo y que la lógica del trabajo cambió, dadas las especificidades técnicas de la producción de árboles, en algunos casos el trabajo femenino pasó a ser simplemente una forma de incorporación directa de trabajo barato, que además contribuyó a rebajar los salarios de los trabajadores masculinos.

Las condiciones laborales de las trabajadoras, pues, tienen mucho en común con las de los hombres, pero puede establecerse algún grado de diferenciación con relación a su trabajo en los viveros. En las plantaciones de dos grandes empresas forestales (V&M y Plantar), se ha comprobado una gran cantidad de lesiones reiteradas provocadas por grandes esfuerzos, a pesar de lo cual continúan trabajando, muchas de ellas con sus manos hinchadas y vendadas. También son aquejadas de enfermedades reumáticas, probablemente causadas por la constante exposición al agua fría en los viveros y a un ambiente general frío en el invierno.

En esas dos plantaciones no hay políticas específicas que contemplen la situación de la mujer, lo cual las perjudica tanto a ellas como a sus hijos. Como no existen guarderías cercanas al lugar de trabajo, a las trabajadoras les resulta prácticamente imposible seguir amamantando a sus bebés luego de los cuatro meses de licencia por maternidad establecidos por ley, con lo que aumenta la desnutrición. Generalmente salen de su hogar a las 5:30 de la mañana y regresan muy avanzada la tarde, ya que a la jornada de trabajo se agrega que tienen que regresar obligadamente en el transporte de la compañía, el cual demora casi una hora o más, pues va recogiendo a todos los trabajadores y trabajadoras por las plantaciones.

En entrevistas realizadas en Curvelo, Minas Gerais, a mujeres que trabajan en plantaciones se reveló que una de las principales quejas que tenían era la necesidad básica de agua potable. Una de las entrevistadas informó que había días en que el agua salía de los bebederos completamente turbia y rojiza, lo cual hace sospechar de una posible contaminación con los agrotóxicos utilizados por esas empresas, algunos de los cuales están prohibidos en las listas internacionales. Tal vez haya que unir ese dato con los numerosos casos de enfermedades cerebrales de trabajadores que han sido dados de baja y de una alta incidencia de cáncer en la zona.

Todo esto se da en un contexto de desempleo, de desinformación de los trabajadores y trabajadoras con respecto a sus derechos y de pérdida de acceso a los recursos naturales con los que antes satisfacían varias de sus necesidades. Es así que muchas trabajadoras no reciben asistencia médica, pero no saben cómo llevar el caso ante la justicia. A eso se agrega que se las hace sentir culpables por accidentes o enfermedades ocurridos en el desempeño de sus tareas. Por otro lado, sienten temor de perder el empleo o de no recibir más el paquete de alimentos básicos que les asegura el Convenio Colectivo y con el que cuentan para la comida básica de la familia.

Las empresas plantadoras llegaron a la región prometiendo desarrollo. Sustituyeron a la vegetación de "cerrado" por monocultivos de árboles, eliminando así todos los bienes y servicios que ese ecosistema brindaba a sus habitantes y en particular a las mujeres. A cambio, éstas recibieron el "beneficio" de empleos como los que se describen. ¿A eso llaman desarrollo?

Artículo basado en información obtenida de: "Agricultores e asalariados das plantações florestais em Minas Gerais: quais problemas?", Múcio Tosta Gonçalves, http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2002/textos/D72.PDF ; "Certifying the Uncertifiable. FSC Certification of Tree Plantations in Thailand and Brazil", World Rainforest Movement, agosto de 2003; y datos aportados por Rosa Roldán, correo electrónico: rroldan@alternex.com.br

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- Perú: Ex-Im Bank rechaza financiar proyecto de Camisea

En 1980 la empresa Shell, madereros y misioneros evangélicos forzaron el contacto con el pueblo indígena Yora, ocasionando la muerte de aproximadamente el 50% de la población a causa de epidemias. Las organizaciones indígenas solicitaron al gobierno la creación de una reserva de tierra, lo que obtuvieron en 1990. En la Reserva del Estado Nahua Kugapakori a favor de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, habitan pueblos como los Yora y Chitonahua pertenecientes a la familia lingüística Pano, los pueblos denominados Nanti y diversos subgrupos Matsigenka con variedades lingüísticas dentro del conjunto etnolingüístico Arawak. Existen además pueblos indígenas en aislamiento aún no identificados en el alto Serjali y Timpía.

En el año 2000, el gobierno peruano otorgó derechos de explotación del lote 88 al consorcio petrolero Pluspetrol Perú Corporation S.A. (operador) por un plazo de 40 años. El sitio, ubicado en el río Camisea, está en el corazón del bosque húmedo tropical del Urubamba y tres cuartas partes del mismo se hallan dentro de la Reserva Nahua Kugapakori. En otros boletines ya nos hemos referido a los enormes perjuicios que este proyecto ha traído, tanto a las comunidades y pueblos indígenas de la zona, como a la rica biodiversidad de bosques primarios tropicales únicos (ver Boletines 56 y 62 del WRM) y divulgamos el pedido de acción que lanzara Oilwatch al respecto (ver http://www.wrm.org.uy/pedidos/Peru0703.html ).

El Proyecto Camisea no tiene planes eficaces para monitorear el bienestar de los poblados impactados durante la vida del proyecto, ni planes para responder en caso de que la situación empeorara. La incidencia de crimen, prostitución, enfermedades transmitidas sexualmente y alcoholismo se ha incrementado con la inmigración de trabajadores y colonos a las comunidades ya establecidas. Por otro lado, la presencia de la economía de mercado distorsiona la economía de autosubsistencia, modificando los patrones de consumo y trastocando la cadena alimenticia de las poblaciones indígenas.

La enorme presión sobre los recursos naturales a consecuencia de la apertura de los bosques primarios para construir el gasoducto, campamentos, planta, líneas sísmicas, caminos de acceso y ductos entre los pozos y planta, ha abierto vías de acceso a la zona que facilitan el movimiento de gente al interior de los bosques primarios, lo cual contribuye en el largo plazo a la fragmentación y deforestación del bosque y es también una enorme amenaza para los recursos naturales de las comunidades locales.

Los pueblos indígenas exigen, entre otras cosas, la paralización del proyecto y el retiro de las empresas contratistas, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el respeto del derecho de los pueblos indígenas en aislamiento a decidir el momento y la forma de interactuar con los demás, asegurar mecanismos de participación indígena directa en el control, evaluación y monitoreo independiente del proyecto, la constitución de un Fondo, con participación indígena directa, destinado al manejo ambiental del bosque amazónico en el área de afectación del Proyecto Camisea, sancionar los daños ecológicos irreversibles y exigir su prevención y compensación.

Por otra parte, constituye una buena noticia que el directorio del Ex-Im Bank de los Estados Unidos, que debía aportar 270 millones de dólares al controvertido proyecto, haya decidido votar en contra del financiamiento. La decisión es una sombra que se cierne sobre un crédito de 75 millones de dólares para Camisea por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo directorio decidió por tercera vez consecutiva no tratar dicho tema.

Evidentemente, las presiones en contra por las razones ambientales han pesado. También hay sectores en Estados Unidos que no comparten la idea de que el BID apoye un proyecto tan cuestionado que todo indica beneficiaría más que nada a algunas grandes empresas sospechosamente vinculadas a personajes que son firmes contribuyentes de las campañas del presidente George Bush. Tal es el caso de Kellogg Brown & Root (KBR), filial de la antigua compañía del Vicepresidente Dick Cheney, Haliburton, la cual tiene ahora el negocio de reconstruir la infraestructura petrolera de Irak.

Es de esperar que esta decisión del Ex-Im Bank contribuya a la detención de este proyecto y que el BID adopte una decisión similar.

Artículo elaborado en base a información obtenida de: "Declaración de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Vida, el Territorio y el Ambiente", enviado por Correo Indígena, N° 33 - Lima, 28 de agosto de 2003, correo electrónico: coppip@amauta.rcp.net.pe ; "Financing for Peru’s Camisea Project Voted Down by U.S. Ex-Im Bank", comunicado de prensa de Amazon Watch, Amigos de la Tierra, Bank Information Center, Environmental Defense, Amazon Alliance, Institute for Policy Studies, 28 de agosto de 2003, enviado por Atossa Soltani, correo electrónico: asoltani@igc.org ; "Bush, the rainforest and a gas pipeline to enrich his friends", The Independent, http://news.independent.co.uk/world/americas/story.jsp?story=428887 , enviado por Amazon Alliance, correo electrónico: amazon@amazonalliance.org

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La forestación --impulsada con la ley forestal de 1987 y referida a la plantación en gran escala de monocultivos exóticos-- prometió traer infinidad de beneficios para el país: exportación, industria, miles de nuevos puestos de empleo. Subsidios, exoneraciones impositivas en la importación de máquinas y equipos industriales, la contribución inmobiliaria, el impuesto al patrimonio, también créditos del Banco Mundial y del República, y la posibilidad de que las sociedades anónimas pudieran ser propietarias de tierras mediante excepciones a la ley, fueron algunos de los beneficios que recibieron los emprendedores.

"Con la experiencia de haber invertido en mi propio campo, le recomiendo que estudie estas oportunidades, y siga mi ejemplo", invitaba el entonces presidente Luis Alberto Lacalle, que más de un dolor de cabeza tuvo por sus tejes y manejes en el asunto forestal. Llegaron capitales españoles, finlandeses, estadounidenses y canadienses a instalarse en territorio oriental.

Uruguay multiplicó, en poco más de diez años, la cantidad de hectáreas utilizadas en forestación. De las 45 mil hectáreas de nuevas plantaciones existentes a principios de los años noventa se llegó hoy en día a más de 600 mil. Según el censo agropecuario de 2000 del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, la forestación ha dado trabajo permanente a 2.962 personas, si bien la condición de trabajo zafral que tiene impide saber a ciencia cierta cuántos empleos genera. Hay otra dificultad: el índice de trabajo en negro es muy alto, sobre todo en las subcontrataciones.

Reclutados en pequeños pueblos, en los boliches, en las estancias donde se desempeñan como peones, llevados por la necesidad de trabajar, y eso sumado a que muchos desconocen sus derechos laborales o tienen miedo a que el reclamo termine en despido, o por ser menores de edad, los monteadores terminan aceptando las condiciones que se les ofrecen sin protestar.

Alexis Silva, de 30 años, llegó desde Salto a Treinta y Tres a trabajar para la empresa Otalin S.A., que explota en la estancia La Candela un predio de 250 hectáreas forestadas con eucaliptos. El traslado de gente de un departamento a otro es algo habitual en esta actividad y es también una forma de ejercer presión sobre los trabajadores. Lejos de casa patalear es más complicado.

El trabajo en la tala es pesado. El hacha para hacer astillas pesa entre 5 y 9 Kg. y cada tronco de 40 a 100 Kg. La actividad comienza con el sol y termina cuando oscurece, de domingo a domingo, descansando arbitrariamente cada 15, 20 o 43 días. Suelen almorzar avena con cocoa y durante el trabajo sólo agua, que no la procura el patrón, aún cuando la reglamentación lo obliga a ello. A proveer agua potable, claro, y no de la cañada como ha sido el caso. La cena es la única comida real en todo el día.

Mientras dura el trabajo los monteadores, salvo excepciones, permanecen en los montes y deben ingeniárselas como sea. Casillas y aripucas utilizando chapa, bolsas de nailon, ramas, tablas, maderas, o cualquier otro material. Las camas pueden ser ramas gruesas de eucalipto, a veces con colchón. Bañarse como puedan, cenar, algún toque de acordeón con teclas un poco comidas por los ratones y a dormir.

Otra tarea es la del motosierrista, que derriba el árbol evitando que se produzcan accidentes y de manera que vuelva a crecer de forma adecuada. Una vez en el piso el ramero quita las ramas y marca con aceite quemado cada 2,4 metros; el hombre de la motosierra corta por las marcas y el pelador quita la corteza de cada uno de los rolos. Una vez terminado esto se hacen pilas de diez palos de base por dos metros de altura, que luego son puestas en una zorra y trasladadas a los camiones que las llevarán al puerto. También se trabaja haciendo astillas para leña, que implica tirar el árbol, desgajarlo, cortarlo, rajar la astilla y hacer la pila. Sea cual sea el trabajo, por día es difícil ganar más de 150 o 200 pesos (US$ 5,5 - 7), siempre que el contratista no estafe y antes de los descuentos de rigor...

"Me pareció que es una estafa lo que están haciendo ahí (en Otalin). Yo estuve tres meses y con la plata más grande que salí fue con 1.000 pesos (US$ 35). Lo que hacía iba todo para el almacén", cuenta Rubén, de 20 años. En otros casos los patrones pagan parte del sueldo con bonos para ser canjeados en almacenes con los que las empresas tienen algún acuerdo, o en la propia estancia.

Cuando Alexis pasó a desempeñarse como motosierrista tuvo que comprar la herramienta, que los patrones le vendieron a 600 dólares descontados en cuotas de su sueldo. La nafta, el aceite, las cadenas, limas, todo le fue cobrado ("repuesto de mango de hacha 60 pesos", quedó registrado en una de las boletas), aún cuando el reglamento obliga al empleador a que se encargue de esos costos.

Rubén y Alexis enumeran los peligros del trabajo: desde una astilla que salga disparando y vaya directo a un ojo, a una mala maniobra con el brazo mecánico y que los palos caigan sobre alguien, pasando por un árbol que cae sobre un compañero que está pelando, o la cadena de la motosierra que revienta y lastima las piernas, una simple resbalada cuando se utiliza la herramienta...

La suma de irregularidades, abusos, el incumplimiento en los pagos, fue lo que ocasionó que los monteadores, impulsados por Silva, se decidieran a hacer la denuncia. Pero sólo algunos están dispuestos a seguir con las acciones judiciales; otros han comentado que saben que eso está bien pero que tienen miedo de "hacerse mala fama" y que no los vuelvan a contratar, "y el trabajo hay que cuidarlo".

Los inspectores del Ministerio de Trabajo estuvieron allí y comprobaron que las condiciones de vida y trabajo son como las describieron. Por ahora el trámite sigue su curso. Para Alexis el gran objetivo era difundir la historia. "Si me dan trabajo de vuelta, agarro, pero no en las mismas condiciones, por eso estoy luchando".

Fragmentos y adaptación del artículo "Empleos semiesclavos de la forestación. Los monteadores", Mariana Contreras, Brecha, 15 de agosto de 2003, correo electrónico: contreritas@adinet.com.uy

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