LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Argentina: victoria de comunidad Wichí contra deforestadora

La Comunidad Hoktek T'oi del Pueblo Wichí (Provincia de Salta, Argentina) acaba de ganar una resonante victoria en su acción contra el gobierno provincial por el permiso que en 1996 la Secretaría de Medio Ambiente otorgó a la empresa Los Cordobeses S.A. para deforestar 1.838 hectáreas del territorio tradicional de la comunidad (ver boletín Nº 49 del WRM).

Antes de que el permiso fuese otorgado, la Comunidad Hoktek T’oi lo impugnó a nivel administrativo. Tres años después, cuando la empresa deforestadora pidió la prórroga del permiso, la Comunidad volvió a impugnarlo.

A nivel judicial, la causa fue tenazmente sostenida por los Wichí. Después del rechazo de sus recursos administrativos, interpusieron en 1999 una Acción de Amparo en contra de la Secretaría Provincial de Medio Ambiente. Rechazado por tres tribunales del ámbito provincial, el Amparo fue elevado a la Corte Suprema de la Nación. El 8 de setiembre de 2003, la Corte Suprema finalmente, y en forma firme y definitiva, hizo lugar al recurso.

La Corte Suprema pronuncia que la Comunidad Hoktek T'oi "había sido desoída en las alegaciones que formuló con relación a la tutela de sus derechos". Asimismo destaca que la autorización y prórroga de la deforestación adolecían de ilegalidad manifiesta por no haber respetado ni el derecho indígena consagrado en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, ni la evaluación previa del impacto ambiental y social exigida por la legislación vigente. De esta manera, la Corte Suprema confirma, por primera vez, la obligación que tiene el Estado argentino de asegurar “la participación de los pueblos indígenas en la gestión vinculada a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

Extracto del comunicado “Victoria Wichí” de la Comunidad Hoktek T'oi, firmado por Roque Miranda, José Neri Ruiz y Marcos Elías, enviado por John Palmer, correo electrónico: johnpalmer@fastmail.fm

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- Ecuador: compartiendo experiencias contra monocultivos de árboles

En la segunda quincena de setiembre de este año, la ONG ecuatoriana Acción Ecológica organizó en Quito un encuentro nacional en torno al tema “Las plantaciones no son bosques”. El 20 y 21 de setiembre, aproximadamente 40 organizaciones representativas de movimientos indígenas, campesinos, afroecuatorianas, ONGs y parlamentarios de Ecuador, además de representantes de Brasil, Chile y Uruguay, analizaron la problemática de las plantaciones e intercambiaron experiencias acerca de las mismas. El encuentro se dio en el marco de la actual discusión en Ecuador en torno a un plan de forestación del gobierno, que podría implicar la promoción de monocultivos de árboles a gran escala en amplias áreas del país.

Paulo Cesar Scarim, en representación de la Red Alerta contra el Desierto Verde, de Brasil, compartió la experiencia de las luchas de resistencia en su país contra la expansión de lo que llaman “desierto verde” --las enormes extensiones de plantaciones comerciales de eucaliptos. Visitó además comunidades de la provincia de Esmeraldas, región que originalmente tenía abundantes bosques tropicales y manglares, así como comunidades de Muisne y Daule, donde las empresas --como el caso de Eucapacific, un consorcio japonés que ha comprado muchas tierras para la plantación de eucaliptos-- llegan prometiendo empleos en un medio empobrecido. Pero la deforestación, los proyectos de colonización y más recientemente las camaroneras y las plantaciones de palma africana, de teca y eucalipto terminan por dejar a la región desprovista de sus riquezas originales. El resultado es que cunde el desempleo y hay un aumento creciente del éxodo rural hacia la periferia de las ciudades.

Sergio Alcamán, un delegado indígena Mapuche compartió la experiencia vivida en Chile con los monocultivos de pinos y eucaliptos, que no sólo implicaron impactos sobre suelos, aguas y biodiversidad, sino que significó la apropiación de amplias áreas del territorio Mapuche por parte de las empresas forestales durante la dictadura pinochetista. Pese a ello, la resistencia Mapuche crece día a día.

A su vez, el representante de Uruguay (Ricardo Carrere, del secretariado del WRM) relató la experiencia en su país y en muchos otros países tropicales y subtropicales, donde los impactos sociales y ambientales de los monocultivos de árboles generan luchas en su contra, que poco a poco se van uniendo a escala internacional, ampliando y profundizando así el movimiento de oposición.

El encuentro realizada en Ecuador posibilitó el intercambio de experiencias entre países que ya cuentan con cientos de miles (Uruguay) o con millones de hectáreas (Chile y Brasil) de monocultivos de árboles, con un amplio grupo de organizaciones ecuatorianas, donde el área ocupada por plantaciones amenaza ahora extenderse. Tanto en esos como en muchos otros países se constata que las plantaciones homogéneas de árboles con fines comerciales resultan en la pérdida de tierras por parte de las comunidades tradicionales, una profunda modificación de la estructura económica y social de la zona, la deforestación y la utilización intensiva del suelo y de productos químicos que destruyen los suelos, los ríos, los manglares y la biodiversidad de riquísimos ecosistemas tropicales.

También se llegó a la conclusión de que era necesario observar con cautela las estrategias mundiales actuales tales como las certificaciones, los servicios ambientales y los corredores ecológicos, para no caer en una trampa.

En todos lados surgen movimientos de resistencia con diversas tácticas y ritmos, y la tónica de solidaridad y de búsqueda de una organización de las resistencias en sus múltiples etapas derivó en diversas agendas y la perspectiva de un trabajo en red. Con ese objetivo se creó en enero de 2003 la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA), en la que participan tanto Acción Ecológica como la Red Alerta contra el Desierto Verde y el WRM. Pocos días antes, la RECOMA se había reunido en Cartagena, Colombia, con el objetivo de elaborar estrategias comunes para enfrentar a la amenaza de las plantaciones. El intercambio de experiencias del encuentro en Ecuador que comentamos constituye un componente importante de la estrategia elaborada y el balance positivo de la misma augura la continuación de este tipo de intercambios.

Artículo elaborado en base a información de: informe de Paulo Cesar Scarim – Asociación de Geógrafos Brasileños- ES / Red Alerta Contra el Desierto Verde, enviado por el autor, correo electrónico: pscarim@hotmail.com ; complementado con información adicional aportada por Ricardo Carrere.

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- Uruguay-Argentina: lucha conjunta contra planta de celulosa

Como tantos otros países del Sur, Uruguay fue convencido (por la FAO, el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón entre otros) de que debía promover la plantación de árboles a gran escala. Desde el principio fue muy claro que el objetivo era producir suficiente materia prima para la producción de celulosa y por ello se promovió fundamentalmente la plantación de eucaliptos.

Los abundantes subsidios directos e indirectos que fueron canalizados al sector plantador (estimados en más de 400 millones de dólares), tuvieron el resultado esperado: se plantaron más de 600.000 hectáreas. Ahora llega el momento de empezar a cosechar la madera y el país no cuenta con ningún plan para el desarrollo del sector maderero. En ese contexto llega la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) con un proyecto de planta de celulosa a ser instalada sobre el río Uruguay y el gobierno la recibe con los brazos abiertos.

ENCE no es un actor nuevo en el país. La empresa se instaló en 1990 en Uruguay, comprando tierras y plantando 50.000 hectáreas de eucaliptos destinados a abastecer sus plantas de celulosa en España, donde a su vez cuenta con 100.000 hectáreas de eucaliptos. Su historia es por demás oscura, tanto en Uruguay, donde está registrada como Eufores, como en su país de origen.

En España fue llevada a juicio por crímenes ambientales luego de décadas de contaminación de la Ría de Pontevedra. Después de largos años fue finalmente condenada y sus ejecutivos sentenciados a multas y penas de prisión. Sin embargo, su "legado" ambiental aún lo siguen sufriendo quienes habitan en las cercanías de sus tres plantas de celulosa. Es interesante resaltar que en Pontevedra (donde hubo y hay la mayor oposición a ENCE), ahora produce celulosa TCF (totalmente libre de cloro), en tanto que en Huelva y Navia aplica el proceso ECF (con dióxido de cloro). Por supuesto que el proceso que pretende instrumentar en Uruguay no es el más limpio, sino el que utiliza dióxido de cloro.

En Uruguay, Eufores (ENCE) nunca fue multada ni sentenciada, aunque no por no haber hecho los méritos suficientes, sino por la falta de contralores, en particular en lo referente al cumplimiento de las normas laborales. Quienes trabajan o han trabajado para Eufores narran historias terribles sobre las condiciones de trabajo imperantes entre los contratistas que trabajan para la empresa.

Con ese historial, no resulta sorprendente que haya surgido un movimiento de resistencia a la instalación de esta planta de celulosa, que estaría ubicada sobre el río Uruguay, aguas arriba de la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. Lo novedoso es que ese movimiento de resistencia no se limita a Uruguay, sino que también incluye a ambientalistas de Argentina, país con el que se comparte el río Uruguay y que por ende también podría ser afectado por la contaminación proveniente de la planta.

El día 4 de octubre, ambientalistas de ambos países llevaron a cabo una acción conjunta, que debía realizarse en el medio del puente internacional que une a ambos países en las cercanías de Fray Bentos. Los ciudadanos uruguayos fueron impedidos de cruzar el puente por las fuerzas de seguridad, en tanto que del lado argentino sólo se autorizó el cruce de una pequeña delegación (encabezada por el intendente de la vecina ciudad de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino) impidiendo que las más de 800 personas que se congregaron allí pudieran participar de la acción.

Una vez cruzado el puente se juntaron con los activistas uruguayos y todos juntos se dirigieron a Fray Bentos, donde el intendente Martínez Garbino entregó al intendente de Río Negro Francisco Centurión la "Declaración de Gualeguaychú", elaborada por una asamblea ciudadana de entidades de esa ciudad, donde manifestaban su oposición a la instalación de la planta.

La acción tomó tal estado público, que los principales actores gubernamentales uruguayos se vieron obligados a salirle al cruce (desde el vicepresidente hasta el ministro de Relaciones Exteriores), apelando a la consabida "defensa de la soberanía", la "no injerencia en asuntos internos", que nunca aplican cuando se trata del embajador de los Estados Unidos o de representantes del Fondo Monetario Internacional. Del lado argentino, el presidente Néstor Kirchner encomendó a su Canciller, Rafael Bielsa plantear formalmente al gobierno uruguayo su preocupación por la posible contaminación de un curso de agua compartido, cosa que hizo pocos días después en reunión con el presidente de Uruguay Jorge Batlle.

El revuelo generado por "la cruzada" abrió puertas hasta entonces cerradas al movimiento ambientalista uruguayo. Radios, diarios y hasta informativos televisados dieron por primera vez la oportunidad a la ciudadanía de informarse a través de los medios masivos de comunicación acerca de las razones de quienes se oponen a los monocultivos forestales (y a las plantas de celulosa asociadas a los mismos) y que bregan por un país ambientalmente sano y socialmente justo. La esquizofrenia oficialista frente a "la cruzada" de un grupo de ciudadanos de un pueblo hermano tuvo el resultado opuesto al buscado: la apertura informativa sobre esta problemática hasta entonces silenciada.

La cruzada fue un éxito y la lucha continúa. Ambientalistas de ambos países, agrupados desde el año 2001 en la Red Socioambiental, consideran ahora la implementación de nuevas acciones conjuntas para impedir la instalación de la planta de ENCE. Mientras los gobiernos hablan de integración, los pueblos comienzan a integrarse efectivamente.

Por más información visite: http://www.chasque.net/guayubira/mbopicua/index.html

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- Venezuela: plan de gobierno pone en peligro el bosque de Imataca

El bosque nativo de la Reserva Forestal de Imataca, en el extremo oriental del país, con imponentes bellezas escénicas y una rica diversidad biológica, cumple un papel fundamental en la protección de suelos y aguas --de los ríos Yuruan, Cuyuni, Orinoco, Brazo Imataca, río Grande, Botanamo, Barima, Orocaima-- y es también reserva cultural y sagrada de pueblos indígenas.

Imataca tiene una superficie de 38.219 kilómetros cuadrados, de los cuales más de tres millones de hectáreas, o sea 80% de su extensión, son bosques tropicales húmedos. Seis de cada diez metros cuadrados de territorio están legalmente bajo algún régimen de protección ambiental, pero ahora quedaría afectado por el nuevo Proyecto de Decreto de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de IMATACA, elaborado por el Ministerio del Ambiente.

Dicho plan, según las autoridades, limita la actividad minera hasta (un máximo de) 11% del área contra el 38% previsto en un decreto anterior de 1997. Pero sus críticos argumentan que constituye una legalización frontal de la minería, habilitando la prospección, exploración, explotación, procesamiento, transformación y transporte de minerales metálicos y no metálicos, en una zona que por su elevada fragilidad ecológica y su bajísima capacidad de regeneración una vez intervenida se sitúa en la categoría de “bosques en peligro de desaparecer”. Alexander Luzardo, del Colegio de Sociólogos , considera que la nueva norma afectaría “el derecho de la sociedad venezolana de preservar a perpetuidad sus bosques en condiciones prístinas”, lo que tiene un valor para las futuras generaciones superior al beneficio económico inmediato.

El propio informe final para el Ordenamiento de la Reserva Forestal Imataca, realizado por el Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y el Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales, en Diciembre de 2002 reconoce que “el aprovechamiento forestal y minero produce impactos sobre los suelos, la hidrografía, el micro clima, la vegetación, la fauna, las comunidades humanas y la diversidad biológica en general”.

Por otro lado, la relación agua-bosque es indivisible y la deforestación que indefectiblemente trae aparejada la minería, interrumpe la protección y el flujo continuo del agua, cuya protección es vital para el futuro de la vida en el planeta.

La organización ecologista Amigransa reclama al Presidente Chávez el cumplimiento de los compromisos asumidos durante su campaña electoral, en la cual manifestó públicamente, que, si para sacar el oro había que acabar con los bosques, entonces se quedarían con el bosque. Presenta los siguientes puntos:

1) Ratifican la Visión Global del Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca

2) Proponen que el Ministerio del Ambiente declare un área importante de los Bosques de Imataca, como Parque Nacional Imataca.

3) Solicitan que se excluya el uso minero del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal Imataca.

4) Solicitan sanear a Imataca de los focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la Reserva Forestal de Imataca y que se prohíba el otorgamiento de nuevas concesiones e infraestructura minera en Imataca.

5) Solicitan una moratoria a la explotación forestal en Imataca.

6) Exhortan a que el Ministerio de Ambiente promueva con tiempo una discusión nacional amplia, con una participación interactiva real.

7) Exhortan al gobierno a concluir la Demarcación de los Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, previo a cualquier ordenamiento y asignación de usos en Imataca.

El desarrollo sostenible del país debe verse como un asunto integral y no como un aprovechamiento de recursos aislados, dice Amigransa, y pregunta: “¿necesitamos para sobrevivir destruir también los bosques de Imataca? ¿No debemos mas bien salir de una vez por todas de esa política extractiva–rentista, que sometería también a Imataca, con este Plan, a una salvaje explotación forestal y minera? La entrega de este Territorio de casi 4 millones de hectáreas a empresas nacionales y trasnacionales madereras y mineras, ameritaría una discusión nacional más amplia, una participación activa y protagónica, mucho análisis sobre el desarrollo que queremos, cómo lo queremos y dónde lo queremos”.

Amigransa invita a enviar cartas a la Ministra del Ambiente Ana Elisa Osorio, para comunicarle la preocupación que causa el Proyecto de Decreto de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de IMATACA, elaborado por dicho ministerio ( http://www.wrm.org.uy/pedidos/octubre03.html )

Artículo elaborado en base a información obtenida de: “La reserva forestal de Imataca. Un bosque insustituible en peligro de desaparecer”, declaración de la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana-AMIGRANSA, 16 de octubre, 2003, enviada por Amigransa, correo electrónico: amigransa@cantv.net ; “Abrirán reserva a explotación minera”, Humberto Márquez, IPS, publicado en Tierra América, http://www.tierramerica.net/2003/1018/acentos.shtml

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