LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Birmania: pobreza entre rubíes, zafiros y jade

Birmania posee una fama justificada por sus ricos depósitos de piedras preciosas, entre las que se incluyen rubíes, zafiros y jade. La localidad de Mogok, ubicada en la zona este de la División de Mandalay en la frontera del estado de Shan, ha sido el centro de la extracción de rubíes y zafiros durante ochocientos años.

Las compañías mineras que operan en Mogok pasaron primero a ser controladas por capitales británicos en 1888. Posteriormente, fueron nacionalizadas en 1962 después del golpe militar liderado por el General Ne Win. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, eran empresas relativamente pequeñas y producían un daño limitado al medio ambiente circundante. Desde 1989, ha habido un cambio significativo y se han ido imponiendo operaciones de minería a gran escala que han transformado la industria.

El rápido aumento en la participación de actores no locales, así como de capital y equipos, ha acelerado también la devastación ecológica de la región. Entre 1989 y 1992, los equipos de minería modernos han causado extensos daños, especialmente en los alrededores de Mogok y Mineshu. En el proceso, los empresarios locales han sido desplazados por la competencia y la corrupción crecientes. Hoy son trabajadores mal pagos que trabajan para intereses empresariales externos. Otro efecto ha sido la migración gradual de trabajadores y pequeños empresarios desde Mogok a las zonas mineras de Shwe Gin, en la División de Pegu. Muchos mineros y agricultores Karen locales, a lo largo del proceso, han sido víctimas de los mismos problemas sociales, económicos y ambientales que indujeron a estos empresarios a dejar Mogok en primer lugar.

La expansión de formas intensivas de extracción de recursos, en la mayoría de los casos, no es sustentable. Las actividades mineras se realizan en un contexto que no cuenta con una supervisión regulatoria. Las personas que trabajan en las minas durante la estación lluviosa se arriesgan sistemáticamente a morir ahogados debido a la ocurrencia de riadas o al derrumbe de los muros de retención. Los trabajadores que clasifican las gemas después de extraídas con frecuencia hacen su trabajo bajo el sol ardiente, porque gran parte de la zona circundante ha sido talada y no hay sombra. Según informan los trabajadores de las minas, es raro que se permitan los descansos y habitualmente deben enfrentar condiciones de abuso verbal y físico por parte de los soldados contratados por las compañías para custodiar la seguridad del sitio.

Más recientemente se han utilizado presas de varios niveles con mecanismo de alimentación por gravedad y cribas. Pero con la llegada de los intereses empresariales externos, los mineros han comenzado a realizar la extracción de oro con medios hidráulicos. Éste es un método altamente destructivo que utiliza bombas diesel para arrojar chorros de agua presurizada a través de una manguera que se apunta a la ribera de un río o a un lado de un afloramiento rocoso. La enorme presión simplemente arrasa grandes cantidades de roca y tierra. Los sedimentos con contenido de oro se canalizan después a través de una larga presa que en general está recubierta de mercurio líquido (azogue). El mercurio captura las partículas más finas de oro mediante un proceso químico llamado fusión y éstas posteriormente se separan. La mezcla sobrante de desechos y barro contaminado se la lleva después el río aguas abajo. Dado que el mercurio es altamente venenoso para seres humanos y animales, esta práctica ha sido prohibida en muchas partes del mundo. Actualmente, no se sabe si estas sustancias químicas están siendo usadas en estas dos localidades, aunque sí son ampliamente utilizadas para extraer oro en otros lugares de Birmania. Cualquiera sea el caso, el daño ambiental ha sido grave.

Fuentes locales han informado que las actividades de minería, en especial la minería hidráulica, en los alrededores de los municipios de Mogok y Shwe Gin han producido un modelo de problemas común, que incluye:

* El colapso de los lechos de los ríos debido a la extracción de cieno y tierra de las riberas, base de sostén de árboles y muros
* Aumento de los niveles de erosión del suelo
* Aumento de los niveles de sedimentación
* Reducción de poblaciones de peces debido a cambios en la temperatura del agua
* Aumento de la contaminación del agua debido a los desechos mineros (es decir, los materiales finamente triturados que sobran después de la extracción de la mena o mineral deseado)
* Aumento de la contaminación del agua debido a lodo líquido o drenaje ácido de las minas (la mezcla de desechos, agua y sustancias químicas, en general cianuro o mercurio)
* Aumento de la contaminación del agua debido a las pérdidas de combustibles diesel y petróleo de las bombas y otros equipos de minería.
* La pérdida de estanques y otras fuentes de agua dulce, como pequeños arroyos, debido al bombeo excesivo.
* La destrucción de campos arables debido a las “zanjas profundas” y el uso indiscriminado de equipos pesados (por ejemplo topadoras).
* Aumento del uso de madera para construir presas y reforzar túneles subterráneos
* Aumento del uso de productos no madereros del bosque (por ejemplo bambú y ratán).

Dada la realidad política y económica de Birmania, la mayoría de la población no tiene mucho para elegir. Los habitantes de estas regiones de Birmania, simplemente, están atrapados entre dos poderosos: el ejército y los intereses de las empresas. Con pocas alternativas viables a su disposición, muchas comunidades se sienten obligadas a participar en la explotación no sustentable de sus propios recursos naturales, incluso a pesar de saber que están destruyendo los ecosistemas que necesitan para su propia supervivencia.

Trozos extractados de “Capitalizing on Conflict. How Logging and Mining Contribute to Environmental Destruction in Burma”, por Earth Rights International with Karen Environmental & Social Action Network, octubre de 2003. El informe completo se puede descargar en el sitio http://m1e.net/c?11841838-pSMLVzXzp5lzM%40347152-DvtuggLI338vc

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- Filipinas: oposición a política de minería

Se estima que aproximadamente 40% del territorio de Filipinas ha sido entregado en forma de concesiones a compañías mineras multinacionales. Sin embargo, este proceso no ha transcurrido sin oposición. Desde la región de Cordillera en el norte de Filipinas hasta la región sudoriental de la isla Palawan, los grupos indígenas Subanen, Tagbunau, Pala'wan, Tau't bato y Batak (ver Boletines N° 11, 28 y 67 del WRM) han luchado para defender sus territorios de los impactos masivos de la minería.

Este año, la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo inició una política de promoción de la minería en el país. En este marco, se inició un proceso nacional de consulta en cooperación con la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que ha enfrentado una fuerte oposición de varios grupos de la sociedad civil que se han reunido en la Conferencia Nacional sobre Minería (National Mining Conference - NMC). Han organizado un "aluvión de faxes" a nivel nacional para el 3 de diciembre, como forma de expresar la oposición unificada al Marco de Política Nacional de Minerales y a la Ley de Minería de Filipinas de 1995.

Como lo expresa esta organización, su oposición se basa en las siguientes razones:

“a. La ley está basada en un marco económico orientado a la exportación, una política que sigue siendo un factor esencial para conducir la economía del país a la quiebra.

b. La ley ha abierto nuestra riqueza mineral a la explotación absoluta por parte de
inversores extranjeros, entregando así nuestro patrimonio nacional y nuestra soberanía a entidades corporativas que controlan el capital y los conocimientos técnicos.

c. La ley no está basada en la realidad de Filipinas. Nuestro país es un archipiélago con ecosistemas frágiles y las áreas donde están localizados los minerales están habitadas principalmente por pueblos indígenas.

d. La ley no garantiza el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y su derecho a la autodeterminación.

e. La ley continua distorsionando el desarrollo de nuestra economía que podría lograrse en primera instancia mediante el fortalecimiento de la agricultura y el impulso de la industrialización nacional, en vez de simplemente atraer las inversiones extranjeras para las industrias extractivas como la minería".

En consecuencia, la Conferencia plantea las siguientes demandas:

“1. Cancelación de todos los permisos de minería ya otorgados y declaración de una moratoria a las actividades de minería en gran escala.

2. Formulación de una nueva Política Nacional de Minerales que respete la integridad de la Creación, cumpla verdaderamente con los principios del desarrollo sustentable, defina claramente el papel de la industria minera en el fortalecimiento de la economía del país basada en el apoyo al desarrollo agrícola y la industrialización nacional, asegure el respeto a los derechos humanos básicos y fortalezca los procesos democráticos.

3. Legislación de un nuevo código de minería en base a esa nueva Política Nacional de Minerales.

4. Con el fin de que la Oficina de Minas y Geociencias mejore su práctica de procesos democráticos: transitar un proceso de consulta muy exhaustivo que asegure que las personas que han sido y serán las más perjudicadas por las operaciones mineras sean plenamente consultadas, posibilitar la expresión de los sentimientos y demandas de los pobladores, y garantizar la difusión de los resultados de la consulta para posibilitar comentarios y aportes. También promovemos la formación de un organismo intersectorial que estudie el impacto de las políticas de minería.

5. Reconocimiento y respeto al derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la autodeterminación. Esto no se verá disminuido por los mecanismos que aseguren los permisos de acceso a los territorios de pueblos indígenas para implementar proyectos de desarrollo como la minería.

6. La resolución de los temas pendientes de las comunidades afectadas por la minería, (la limpieza de los ríos Mogpog y Boac, el conflicto entre los pueblos Subanon de Siocon y TVI, los derechos de los pequeños mineros en Diwalwal, la contaminación del río Abra por parte de la Lepanto Consolidated Mining Corporation, la rehabilitación de las zonas de minería a cielo abierto de la Benguet Corporation, el reclamo de una iniciativa popular de los pobladores de Didipio, la protesta popular contra la Western Mining Corporation, etc.) en vez de la aprobación apresurada de una Política Nacional de Minerales claramente favorable a la industria minera.

7. Realización de una evaluación de los impactos sociales y ambientales de los casi ocho años de instrumentación de la ley 7942 y sus instrumentos regulatorios.”

Estos grupos de la sociedad civil exigen: “Dejen que se oigan las voces del pueblo. La fortaleza de un gobierno solo puede garantizarse si éste satisface las aspiraciones básicas y las demandas de la mayoría que todavía vive marginada y oprimida”.

Artículo basado en información obtenida de: “Urgent Action - 'fax barrage' on Philippines' National Minerals Policy process”, 3 de diciembre de 2003, http://www.minesandcommunities.org/Action/action50.htm

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- Indonesia: trágica inundación en Sumatra resultado de un proyecto de carreteras

El controvertido proyecto de la red de carreteras de Ladia Galaska, cuya construcción lleva ya más de un año, con un costo de US$ 1,2 millones, vinculará la costa occidental de Aceh con la costa este de Sumatra del norte. Más de 90 kilómetros de los 505 kilómetros que está previsto tenga la carretera, atraviesan el bosque relativamente prístino de las tierras altas centrales del Parque Nacional Mount Leuser; un hecho que implicaría notorios impactos negativos permanentes sobre el medio ambiente.

El debate en torno al proyecto se reavivó cuando el 2 de noviembre una enorme riada cobró más de 150 víctimas mortales y numerosos desaparecidos en el Parque Nacional Mount Leuser, cerca de la provincia indonesia de Sumatra del Norte.

El gobierno de Yakarta responsabilizó a los madereros ilegales por la inundación. Sin embargo, una investigación realizada por la Unidad de Manejo de Leuser financiada por la Unión Europea, concluyó que las inundaciones fueron ocasionadas por desprendimientos de tierras en la parte norte del parque que bloquearon el río Bohorok, llevando a que éste finalmente rompiera bruscamente el bloqueo, dando lugar a una enorme riada. Los opositores al proyecto de carreteras afirman que ésta ha sido la causa de la tragedia, argumentando que ha distorsionado el medio ambiente del parque Leuser y que está generando una situación que podría conducir a un desastre ambiental todavía mucho peor. Hay también una sensación de el proyecto de Ladia Galaska acelerará la destrucción de la última zona importante de bosque tropical que todavía queda en la isla de Sumatra.

El Foro Indonesio sobre Medio Ambiente (Walhi) ha entablado una demanda legal contra el gobernador de Aceh, Abdullah Puteh, en relación con la construcción de la carretera y busca la detención del proyecto. Yarrow Robertson, director de la Unidad de Manejo de Leuser, que ha dedicado más de veinte años al estudio del ecosistema de Leuser, afirmó que la ruta planificada a través del parque nacional hasta Bohorok, el lugar de la última inundación, como parte del proyecto de Ladia Galaska, traería aparejados además otros problemas. Argumenta que aceleraría la erosión de las pendientes montañosas y atravesaría más de 1.000 ríos y arroyos. Como resultado, 580 poblados por debajo de la ruta se verían enfrentados al riesgo potencial de desprendimientos de tierras y nuevas inundaciones catastróficas. Según Robertson: "las inundaciones y desprendimientos de tierras en Aceh y Sumatra del norte serán 100 veces peor si se construye la carretera de Ladia Galaska”. Destacó que en la medida que hay 1.000 ríos que circulan a través del ecosistema de Leuser, es probable que éstos se desborden en forma anual, y si cada río matara cada vez a 10 personas, podrían llegar a morir diez mil personas.

Parece razonable analizar detenidamente las razones que se alegan para la realización de esta obra. El gobierno de Aceh argumenta que la carretera es necesaria para mejorar la economía de las aisladas tierras altas centrales, que están conectadas al resto de la provincia por un solo camino mal mantenido. Sin embargo, los ambientalistas sugieren que fácilmente se podría reemplazar esta carretera, que no logró superar la evaluación de impacto ambiental, por una vía férrea que no causaría tanto daño ambiental por invasión al bosque. En realidad, la carretera, al parecer, sólo beneficiaría a algunas pocas personas, mientras que el agua del ecosistema de Leuser es sostén de más de dos millones de agricultores.

Sin duda, el fácil acceso al bosque facilitará y promoverá las actividades de madereo. Hay, además, acusaciones de que el respaldo del gobierno a la construcción de la carretera ha sido motivado por el hecho de que la misma será una mina de oro para los funcionarios locales que pueden repartir contratos de construcción a las compañías madereras y un dividendo adicional para los alcaldes locales que aprobarán los permisos de madereo. También se verán beneficiadas varias plantaciones de palma aceitera adyacentes a la ruta proyectada.

Las jerarquías gubernamentales todavía están divididas en torno al tema. Mientras el Ministro de Bosques M. Prakosa y el Ministro de Estado para el Medio Ambiente, Nabiel Makarim han expresado su oposición al proyecto, el Ministro de Asentamientos e Infraestructura Soenarno parece estar a favor, y ha sostenido que el proyecto de carreteras no significará un aumento en el madereo ilegal.

Si finalmente el proyecto se llevara a cabo, los principales beneficiarios serían un puñado de personas poderosas. En el otro extremo de la cadena, los pobladores locales y su medio ambiente deberían sufrir las consecuencias negativas: inundaciones, desprendimientos de tierras, pérdida de bosque, de biodiversidad y de sustento. Todavía hay tiempo de impedir que esto suceda.

Artículo basado en información obtenida de: “Road to Ruin”, Marianne Kearney, South China Morning Post, 12 de noviembre de 2003; “Sumatra floods put spotlight on logging and roadbuilding”, Shawn Donnan y Taufan Hidayat, 24 de noviembre de 2003; “Government told to reconsider road project in Leuser park”, Apriadi Gunawan y Muninggar Sri Saraswati, The Jakarta Post, 12 de noviembre de 2003; enviado por Watch Indonesia!, correo electrónico: watchindonesia@snafu.de, sitio web: http://home.snafu.de/watchin/Index-engl.htm ; “Walhi pushes Ladia Galaksor suit for environmental damage”, Nani Farida, The Jakarta Post, 18 de noviembre de 2003, http://www.ecologyasia.com/NewsArchives/nov2003/thejakartapost.com_20031118_1.htm

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- Tailandia: SmartWood suspende certificación del FSC de dos plantaciones

El 1º de diciembre de 2003, SmartWood suspendió la certificación del Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés) de dos plantaciones de teca de la Organización Forestal Industrial. SmartWood está acreditada por el FSC para evaluar si las actividades forestales se adecuan a los principios del FSC para un buen manejo de bosques o plantaciones (ver Boletines del WRM Nº 48, 64 y 72).

La OFI fue creada en 1947 como compañía maderera estatal. Cuando en 1989 el gobierno impuso una moratoria al madereo, varias ONGs tailandesas exigieron que la OFI fuera clausurada. Desde entonces, la empresa ha tratado de reinventarse como compañía de plantaciones. Con el certificado del FSC suspendido, la OFI no puede aducir que hace un buen manejo en alguna de sus plantaciones.

De hecho, al talar sus plantaciones de teca, la OFI está alentando la tala ilegal. Veerawat Dheeraprasert, el presidente de Foundation for Ecological Recovery (Fundación para la Recuperación Ecológica), una ONG tailandesa, explica que: “Si la OFI hace actividades de tala, hay más posibilidades de que exista madereo ilegal porque la OFI estará cortando y vendiendo madera a los aserraderos, los cuales pueden fácilmente mezclar los troncos de OFI con otros de origen ilegal”.

Cuando SmartWood concedió a la OFI su certificado FSC en junio de 2001, también estableció 26 condiciones, de las cuales 15 deberían ser cumplidas en el plazo de un año. Un año después, SmartWood definió que había 12 condiciones que la OFI no había cumplido, a pesar de lo cual no suspendió el certificado. En lugar de eso propuso 13 requerimientos de acción correctiva, seis de los cuales debían ser cumplidos en el plazo de seis meses.

En enero de 2003, SmartWood descubrió que la OFI no había cumplido cuatro de los 13 requerimientos de acción correctiva. Aún así, SmartWood tampoco suspendió el certificado, sino que estableció seis requerimientos de acción correctiva, todos ellos para ser aplicados “de inmediato”.

En junio de 2003, SmartWood comprobó que la OFI todavía no había cumplido cinco condiciones y dos requerimientos de acción correctiva. Cinco meses después, finalmente, SmartWood suspendió el certificado.

La certificación de la OFI fue controvertida desde un principio. En noviembre de 2000, antes de que SmartWood emitiera el certificado, la ONG tailandesa TERRA publicó un artículo sobre la certificación, en su revista “Watershed”. La organización Rainforest Foundation incluyó un estudio de caso sobre la OFI en su crítica al FSC realizada en noviembre de 2002, titulada “Trading in Credibility”. En abril de 2003, la Fundación para la Recuperación Ecológica escribió al FSC exigiéndole que retirara el certificado. El Boletín del WRM informó sobre este asunto en diversas oportunidades (ver Boletines Nº 48, 64 y 72 del WRM), y en agosto de 2003, el WRM publicó un libro titulado “Certificando lo incertificable”, que incluye un estudio detallado de mi autoría sobre la certificación de la OFI.

Sin la presión de este monitoreo de la sociedad civil es posible que SmartWood no hubiera suspendido el certificado.

Cuando SmartWood suspendió el certificado de OFI, también estableció 16 requerimientos de acción correctiva, cinco de los cuales deben ser cumplidos antes de que pueda volver a otorgarse el certificado a la OFI. Entre los requerimientos de acción correctiva de SmartWood figuran dos relativos a la cadena de custodia (término técnico para referirse al seguimiento de la madera desde el la plantación hasta el uso final). Más de dos años después de emitido el certificado de la FIO, SmartWood pide ahora a la OFI “mejorar el sistema de la cadena de custodia de manera que documente sistemáticamente el movimiento de los troncos desde los bloques de corta hasta el área en que se dejan en depósito”.

La clara implicancia es que actualmente la OFI no puede hacer un rastreo confiable de su madera. En este caso no hay forma de saber de qué plantación proviene la madera de la OFI –o incluso si la madera es legal o ilegal.

Una de las actividades más controvertidas de la OFI es su papel en la subasta de madera cortada ilegalmente. Cuando las autoridades descubren madera que ha sido cortada ilegalmente, la derivan a la OFI para que realice una subasta.

Para las arcas menguadas de la OFI, esas subastan son una fuente importante de ingresos. Para los madereros, son una forma de convertir la madera ilegal en madera legal.

Suraphon Duangkhae, secretario general de Wildlife Fund Thailand, describe cómo las compañías madereras envían a los trabajadores a los bosques a talar árboles ilegalmente. “Luego les piden al funcionario forestal que arreste a los trabajadores”, comenta. “Pero cuando el funcionario forestal llega a la zona no hay trabajadores, tan solo troncos. ¡Entonces arresta los troncos! Luego la OFI realiza una subasta y la empresa que está por detrás de la escena regresa y gana la subasta”.

En 1997 la OFI se vio envuelta en un gran escándalo en torno a actividades de tala. Los leñadores estaban cortando árboles ilegalmente en el Parque Nacional de Salween y sellaban fraudulentamente los troncos para que apareciera que su origen era Birmania. Quizás increíblemente --más que nada porque el funcionario forestal que reveló la estafa también hizo pública la participación de los funcionarios de la OFI -- la OFI estaba entre las organizaciones responsables de almacenar los troncos confiscados. Quizá no tan increíblemente, en abril de este año, más de la mitad de los troncos confiscados habían “desaparecido”. En mayo, la OFI recibió la orden de que los troncos fueran llevados a un campo de la armada en Saraburi, para impedir que fueran hurtados.

Recientemente, el gobierno tailandés comenzó a hacer preguntas difíciles acerca de la legalidad de 100.000 troncos de teca hundidos en el lago Chiang Saen, en el norte de Tailandia. Archa Land Company, propietaria de los troncos, aduce que se los compró a la OFI. El problema es que nadie puede demostrar el origen de los troncos. El periódico The Nation reprodujo comentarios del Primer Ministro tailandés Thaksin Shinawatra: “Creo que es más que probable, que en un volumen tan grande de madera, parte de la misma sea ilegal. Hay muchas formas de falsificar los registros y hay funcionarios corruptos involucrados en la maniobra”. Como para confirmar los temores de Thaksin, 200 troncos se prendieron fuego misteriosamente –el día previo a que el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Prapat Panyachatraksa, fuera a inspeccionarlos.

El 12 de diciembre de 2003, un editorial de The Nation señaló que para resolver el tema de la tala ilegal en Tailandia, el gobierno debe analizar el papel de la OFI. La certificación del FSC ha empeorado la situación permitiendo a la OFI exportar su madera, haciendo así “aún más conveniente la tala ilegal”. El editorial preguntaba “si Tailandia todavía necesita a la OFI, un organismo que parece hacer más mal que bien a los esfuerzos nacionales de conservación de los bosques”. Los titulares de la editorial no dejan dudas sobre la opinión de The Nation: “Hagan lo correcto: terminen con la OFI”.

Por: Chris Lang, e-mail: chrislang@t-online.de

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