LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Brasil: cortan carretera contra expansión de plantíos de eucalipto

El 8 de marzo pasado, tuvo lugar una gran movilización en la carretera BR-101 Norte del estado brasileño de Espírito Santo, en la localidad de São Mateus. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, con nutrida participación de mujeres, cerca de 600 indígenas Tupiniquíes y Guaraníes, representantes de Quilombos (comunidades afrobrasileñas), miembros del Movimento de trabajadores rurales Sin Tierra (el conocido MST) y del Movimento de Pequeños Agricultores (MPA, integrante de Vía Campesina), ocuparon la carretera y detuvieron el tránsito.

La elección de esa carretera no fue al azar. Por ella pasan unos 39 camiones por hora transportando troncos de eucalipto a las fábricas de la empresa Aracruz Celulose, así como celulosa proveniente de la empresa Bahia Sul.

L@s manifestantes integran el Movimiento Alerta contra el Desierto Verde, que lucha contra los grandes monocultivos de árboles en el país. El objetivo central de esta manifestación fue protestar contra el Plan Nacional Forestal del Gobierno Federal, que pretende ampliar a corto plazo las plantaciones de árboles en 2 millones más de hectáreas (de los actuales 5 a 7 millones de hectáreas).

Una de las empresas que se beneficiaría de esa ampliación sería Aracruz Celulose. Establecida en tiempos de la dictadura militar con recursos del gobierno federal, la empresa cuenta actualmente con unas 220 mil hectáreas plantadas con eucaliptos en el Estado de Espírito Santo. Gran parte de esas tierras pertenecía a comunidades quilombolas e indígenas y fue tomada a la fuerza por la empresa, o comprada a precios muy por debajo de su valor. Expulsados de sus tierras, los afrodescendientes e indígenas pasaron a engrosar los cinturones de la ciudad de São Mateus y se calcula que 60 de sus barrios periféricos están formados básicamente por expulsados de la tierra por Aracruz Celulose. También se denunció que en el municipio de Conceição da Barra, 47% de las tierras del municipio son destinadas a monocultivos de eucaliptos.

En las plantaciones de eucalipto se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos que destruyen la biodiversidad y contaminan a la gente, el agua y el suelo. Es así que se pierden tierras buenas para la agricultura pero que no son usadas para producir alimentos, sino celulosa para su exportación a Europa y Estados Unidos, con la que allí producen fundamentalmente papel higiénico. Quienes se benefician de este modelo son un reducido sector de Brasil y en particular la industria europea que produce las máquinas y la tecnología para el sector de la celulosa y el papel.

El año pasado se denunciaron ante el gobierno federal los crímenes ambientales de la empresa, pero hasta la fecha no se ha adoptado ninguna providencia para detener los abusos. Es por eso que con la movilización en la ruta l@s manifestantes expresaron su protesta por la omisión del gobierno federal y el gobierno estadual con relación a las denuncias, además de buscar el apoyo de la comunidad para la lucha por la tierra.

Decenas de pancartas dejaron en claro que l@s manifestantes quieren una reforma agraria, la producción de alimentos saludables y la devolución de las tierras indígenas y quilombolas, hoy ocupadas por la mega-empresa Aracruz Celulose. Algunas de las leyendas decían: “Aracruz Celulose: invasora de tierras indígenas y quilombolas"; "MST y MPA: actúan contra el monocultivo de eucalipto y de caña".

L@s manifestantes anunciaron que si no se atienden sus reivindicaciones, seguirán nuevas manifestaciones. Consideran que esas banderas de lucha deberían ser las prioridades de un gobierno popular y que es inaceptable que el gobierno del Presidente Lula privilegie al reducido sector de grandes plantaciones de eucalipto y producción de celulosa para exportación, cuya cadena productiva consume vastas sumas de dinero público pero genera muy pocos empleos. Por ejemplo, la construcción de la nueva fábrica de celulosa de Veracel Celulose, en el Estado de Bahia, costará más de 1.000 millones de dólares, pero generará apenas 400 puestos de trabajo permanentes. Las que más sufren este tipo de “desarrollo” son las mujeres, pues pierden sus tierras y con ellas su sustento.

Artículo basado en información obtenida de: “Índios, quilombolas, sem terra e pequenos produtores param carretas da Aracruz e Bahia Sul Celulose em protesto contra a política do Governo Federal de apoio à expansão do plantio de eucalipto”, Vitória, 08 de março de 2004, declaración de MPA, MST, FASE/ES; “Manifestação pára carretas da Aracruz Celulose na BR-101” y “Polícia Rodoviária tenta liberar carretas da Aracruz Celulose na BR-101”, Ubervalter Coimbra e Apoena, seculodiario.com - 08/03/2004, materiales enviados por FASE, correo electrónico: geise.fase@terra.com.br

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- Ecuador: The Nature Conservancy conspira con Embajada de Estados Unidos y AID para aprobación de Ley de Biodiversidad

Trazar los antecedentes de la presión estadounidense sobre la política ecuatoriana podría llevarnos muy lejos en el tiempo y muchas páginas. No obstante, para analizar los recientes sucesos podemos citar la cumbre ministerial del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) realizada en Miami en noviembre de 2002, en que Estados Unidos perdió poder y tuvo que aceptar la propuesta de Brasil de un "ALCA más flexible". También fue decisiva la formación del Grupo de los 22 (por iniciativa de Brasil, China, India, demandando la eliminación de los abultados subsidios agrícolas del Norte) durante la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio celebrada en Cancún.

Frente a los obstáculos a sus intereses de expansión comercial, Estados Unidos ha buscado una estrategia que pasa por la firma de tratados bilaterales, impulsados intensamente por el gobierno de Bush. Con ellos logran mantener barreras proteccionistas en algunos sectores industriales e introducir nuevos mecanismos para enmascarar aranceles adicionales.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, presentó el 18 de Noviembre del 2003 al congreso de ese país una carta en la que describe las razones de política exterior y comercial de negociar un área de libre comercio con Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

Y una cosa trae la otra. Para suscribir un tratado bilateral con Estados Unidos y “acceder a su mercado”, el país en cuestión debe hacer una serie de cambios. La Embajadora Kristy Kenney declaró que para que el Ecuador llegue a la mesa de negociaciones de un convenio bilateral de libre comercio, debe hacer una serie de cambios de legislación en el campo ambiental, de biodiversidad, de propiedad intelectual y laboral, entre otros.

Es en este marco que surge en Ecuador la presión para que se apruebe una controvertida Ley de Biodiversidad que promueve, entre otras cosas, el control estratégico de las áreas ricas en biodiversidad. El 15 de enero de este año tuvo lugar una importante reunión en las oficinas de The Nature Conservancy (TNC) en Quito. Los asistentes, además de integrantes de la ONG anfitriona, eran representantes de las ONGs ambientalistas ecuatorianas CEDA (Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental), Ecociencia, Fundación Natura, Fundación Rumicocha, --algunas de ellas “socias“ de TNC--, y de la Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos (AID).

El objetivo de la reunión era “Plantear una estrategia de cabildeo a alto nivel, donde se designen los roles y tareas de las organizaciones socias de TNC, AID y Embajada Americana, con el fin de presionar a los miembros del Congreso Nacional en la aprobación en segundo debate de la Ley de Biodiversidad”. Definieron así una primera etapa de “perfil bajo” (durante dos meses), durante el cual se trabajaría con los miembros de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica del Congreso Nacional para la aprobación del Informe de Ley de Biodiversidad. A continuación un cabildeo intenso con los bloques de partidos políticos para la aprobación de la ley en el plenario y por parte del Presidente de la República, con acercamiento y cabildeo ante la Asesoría Jurídica de la Presidencia y miembros del Partido Sociedad Patriótica. La segunda etapa sería de “perfil alto”, con presión a través de una campaña masiva, intensa, de corta duración, a través de radio, televisión y prensa, de comunicación y publicidad de la ley.

Las preguntas obvias son: ¿No es ésta una ingerencia abierta en los asuntos internos de un país soberano? ¿Es aceptable que una embajada extranjera conspire abiertamente para presionar a un parlamento popularmente electo para la aprobación de una ley hecha a su medida? ¿Para quién es tan importante esta ley? ¿A qué intereses beneficiaría y a quienes perjudicaría?

El caso es que este proyecto de ley habilitaría, entre otras cosas, la privatización de las áreas protegidas y el desconocimiento de los derechos colectivos. En su Art. 21 autoriza “la participación de … organizaciones no gubernamentales de conservación, e instituciones de investigación” en la planificación, coordinación, control y evaluación del manejo del sistema nacional de áreas naturales protegidas. El Art. 29 autoriza al Ministerio del Ambiente a dar participación a entidades públicas, privadas o mixtas a través de concesión, delegación y otras figuras legales, a los bienes y servicios del Patrimonio de Áreas Protegidas. Y ahí entra a tallar TNC.

TNC es una poderosa ONG de Estados Unidos cuya estrategia para el acceso y manejo de áreas protegidas a nivel mundial encaja perfectamente dentro de la estrategia de Estados Unidos de control del espacio en países --como el Ecuador-- ricos en biodiversidad (ver también artículo sobre Indonesia en este boletín). Es así que TNC ha recibido generosas donaciones del gobierno de Estados Unidos para contratos o compra de tierras, que llegaron a 147 millones de dólares entre 1997 y el 2001 y otros 142 millones de dólares en el año 2000.

En su afán de hacer coincidir los resultados ambientales con los negocios, TNC trabaja con grandes empresas. Es más, varias de ellas integran su directorio. Algunas de las compañías con mala reputación ambiental, que han contribuido con TNC para la compra de tierras y otras actividades son la petrolera BP, General Motors, Orvis, MBNA, Centex House, Georgia Pacific Corp., 3M, Bank of America, Busch Entertainment, The Republic of Tea, the Home Depot, American Electric Power, Boeing, General Electric, Merril Lynch, Millstone Coffee.

Los estrechos lazos que existen entre ciertas ONGs conservacionistas y las instituciones de investigación de los Estados Unidos con el sector empresarial privado deben ser seguidos muy de cerca por tod@s quienes apuestan a una defensa real de la naturaleza, de la cual el ser humano también forma parte y sobre la cual tiene responsabilidad. Algunos pueblos antiguamente así lo entendieron y actuaron en consecuencia, pero el desarrollo neoliberal moderno, con sus conocimientos econométricos y técnicos y sus urgencias de año fiscal, cada vez más pierde pie en materia de sabiduría e incluso instinto de conservación.

El pueblo de Ecuador sabe de esto, y está alerta, una vez más, en defensa de su pasado y su futuro.

Artículo basado en información obtenida de: “Alerta urgente desde el Ecuador. The Nature Conservancy conspira con Embajada de Estados Unidos y la AID para la aprobación de Ley de Biodiversidad”, Comunicado de Acción Ecológica enviado por Cecilia Chérrez, Acción Ecológica/Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, correo electrónico: instituto@accionecologica.org ; “El TLC bilateral Ecuador-Estados Unidos oculta demasiado”, Acción Ecológica, http://alainet.org/active/show_text.php3?key=5639 ; “Ayuda Memoria Reunión de Estrategia Ley de Biodiversidad”, Enero 15 del 2004.

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- Ecuador: campaña para lograr la libertad de Floresmilo Villalta

Floresmilo Villalta es un campesino de 63 años que desde 1997 junto a muchos otros campesinos enfrenta persecución, amenazas y agresiones de la empresa maderera BOTROSA, por el sólo hecho de reclamar que les sean devueltas sus tierras, dadas en concesión en forma ilegal a la compañía.

Los campesinos hace años ya que reclaman al gobierno que los proteja de las agresiones de BOTROSA y que les garantice su seguridad por el derecho que los asiste, legalmente reconocido por el Congreso Nacional, el Ministro Fiscal y el Tribunal Constitucional que entre otros se han expedido en su favor. (Ver Pedido de Acción de mayo 2003 en http://www.wrm.org.uy/pedidos/mayo03.html )

En lugar de ser la tierra devuelta y los campesinos indemnizados, tal como dispusiera el Ministerio Público, Floresmilo Villalta junto a 14 campesinos fueron acusados de actos terroristas por parte de la empresa BOTROSA.

En este momento la vida de Floresmilo está en peligro, ya que ha sido encarcelado y amenazado de muerte dentro de la penitenciaria de Esmeraldas en Ecuador, por lo que solicitamos enviar mensajes de apoyo, responsabilizando por la integridad física de Floresmilo a la empresa maderera BOTROSA y al Gobierno Nacional y solicitando la inmediata libertad de los campesinos detenidos.

Dirigir la correspondencia al presidente de la Corte Superior de Esmeraldas, Abogado Victor Guicapi FAX (593-6) 271 1002; al Ministro de Gobierno Ing. Raúl Baca Carbo FAX (593-2) 258 0067 / TEL 2584914.

A continuación copiamos la carta enviada por el Dr. Patricio Benalcázar Alarcón, Presidente de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – Federación Internacional de Derechos Humanos INREDH – FIDH Ecuador.

Quito, 19 de marzo del 2004

Abogado Victor Guilcapi Camacho
PRESIDENTE
CORTE SUPERIOR DE ESMERALDAS
Esmeraldas.-

De nuestra consideración:

Señor Juez:

Por medio de la presente queremos denunciar ante usted el atropello cometido por el agente fiscal de Esmeraldas con sede en Quinindé Abogado Ider García Delgado y la actuación del juez 4to de lo Penal de Quinindé Abogado Germán Moya Mondragón en contra de FLORESMILO VILLALTA, campesino de 63 años que enfrenta desde 1997 persecución, amenazas y agresiones de la empresa maderera BOTROSA.

Estos hechos que han sido confirmados por el Tribunal Constitucional; la Defensoría del Pueblo; la Comisión de Asuntos Indígenas y la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional; la Contraloría General del Estado; el Ministerio del Ambiente; la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción; la Ministra Fiscal Mariana Yépez inició también un expediente fiscal sobre este asunto; todos estos documentos públicos señalan que FLORESMILO VILLALTA y otros campesinos de la zona han sido desalojados de su predio y deben ser indemnizados, además reconocen que la empresa está ilegalmente en tierras de Patrimonio Forestal del Estado en el sector de conflicto con los campesinos.

Por estos antecedentes este proceso se enmarca dentro de una persecución a FLORESMILO VILLALTA, por parte de la empresa maderera BOTROSA a través de su poder económico y político. La víctima, de la cual el Estado a través de sus instituciones ha señalado que debe ser indemnizado, se convierte en "autor intelectual" de actos terroristas por el solo testimonio de la empresa BOTROSA por medio de su representante legal Pedro José Arteta.

Por estas razones demandamos la libertad inmediata de FLORESMILO VILLALTA, que la CORTE SUPERIOR revise el proceso instaurado y la actuación del Fiscal y del juez en todos los procesos instaurados contra FLORESMILO VILLALTA y 14 campesinos en el juzgado cuarto de lo Penal de Quinindé. Le recordamos que ya existe una queja ante el Consejo de la Judicatura por parte del ex Defensor del Pueblo Dr. Raúl Moscoso por las actuaciones realizadas en este juzgado en contra de FLORESMILO VILLALTA y de campesinos del sector de las Golondrinas y de la Parroquia Malimpia.

Como organización estaremos vigilantes del ilegítimo proceso seguido en contra de FLORESMILO VILLALTA.

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón
PRESIDENTE INREDH – FIDH Ecuador

cc. Dr. Hugo Quintana Presidente CORTE SUPREMA

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- Paraguay: bosques y comunidades a merced de un modelo insustentable

El Paraguay, un país eminentemente agrícola, se encuentra ante el falso dilema de elegir entre la tecnología o “continuar en el atraso”.

La tecnología aplicada a la agricultura en los últimos 40 años --a partir de la Revolución Verde, con su paquete de agrotóxicos y ahora transgénicos-- ha prometido superar los inconvenientes que atentan contra la producción agrícola y solucionar el hambre.

Ahora, ¿qué hay de malo con la tecnología a la que tanta gente se opone, o qué hay de malo con el "atraso" del cual otros cuantos se quejan? Históricamente, la agricultura se ha desarrollado por miles de años en huertas familiares, chacras y extensiones de tierra que no superaban las 10 hectáreas por familia. El incremento de la demanda externa de productos agrícolas ha incitado a grupos capaces de acceder a grandes créditos a aumentar el área de siembra con el fin de obtener mayores beneficios económicos.

Paraguay no ha escapado a esta tentación. De las 10 hectáreas de cultivos variados de las fincas familiares, pasamos a fincas en las que se planta 1000 hectáreas, o mayores superficies de tierra, con una sola especie. Esto ha causado que grandes bloques de bosque, cerrado e incluso humedales sean transformados en áreas de cultivo empresarial en nuestro país.

¿Ha solucionado este “progreso” el problema de la alimentación adecuada para la población del país? Hoy, los productos agrícolas de consumo se han vuelto escasos, caros e insalubres para el consumidor común. Las estadísticas de la FAO demuestran que los niveles de desnutrición y extrema pobreza han crecido abruptamente en los últimos 40 años y se han potenciado en los últimos 10 años.

Si los paquetes tecnológicos supuestamente aumentan y mejoran la calidad y cantidad de los productos, ¿por qué en realidad hay más hambre y pobreza? La respuesta es casi obvia: porque nos han mentido y nos han vendido la idea de que la tecnología solucionaría todos los problemas y traería grandes beneficios para todos. Es así que hemos contaminado nuestras fuentes de agua, talado nuestros bosques, degradado nuestros suelos; hemos expulsado a pueblos indígenas enteros de sus territorios, conservados por ellos durante miles de años, condenándolos a una vida miserable en las calles de nuestras ciudades; hemos expulsado también a miles de familias campesinas, que se suman continuamente a la gran masa de los refugiados ambientales; hemos asumido deudas que no podríamos pagar con el solo fin de usar lo "último" de los avances tecnológicos.

¿Estamos mejor que antes? La respuesta es indudablemente “no”. Hoy en el Paraguay, uno de cada dos habitantes es pobre y uno de cada cuatro compatriotas está por debajo de niveles de extrema pobreza, en especial en el campo. La mayoría de estos han vendido sus tierras cediendo a la tentación o la presión de los terratenientes, o han sido expulsados por los mismos con amenazas y con pulverizaciones de agrotóxicos. Otros, habiendo implementado en sus tierras el "avance tecnológico", se han dado cuenta que hoy sus tierras ya no producen; se han desertificado por la carga química y la mala práctica impuesta por dichos "avances" tecnológicos. La tecnología nos ha vuelto más pobres, más desnutridos, ha empobrecido nuestro ambiente y está comprometiendo seriamente nuestro futuro.

Sin embargo, el 80% de los productos que consumimos siguen proviniendo de pequeñas fincas familiares, en tanto que la producción de las grandes empresas agrícolas solo satisface la demanda de los mercados de países industrializados. Este modelo de producción se ha basado en la expulsión de comunidades, tanto indígenas como campesinas, de sus tierras de origen, que han perdido así su potencial de desarrollo sustentable heredado a lo largo de generaciones, han visto alterada y degradada su cultura, desarrollada en función de la conservación de su hábitat.

Al mismo tiempo, este modelo de producción a gran escala se ha basado en la deforestación para destinar las tierras a la explotación agrícola. De acuerdo con cifras oficiales (MAG/GTZ), en 1945 el país contaba con 8.805.000 hectáreas de bosques, que cubrían el 55% del territorio nacional. A fines de la década de los 60, los bosques se habían reducido a 7.042.000 hectáreas (44%). El proceso de deforestación se fue acelerando y en 1991 el área boscosa se había reducido a 2.403.000 hectáreas que apenas cubrían el 15% del país. Ese proceso de destrucción aún continúa y al día de hoy el área boscosa apenas alcanza el 7%.

Entonces, no se trata de enfrentar el dilema de adquirir tecnología o estar condenados al atraso, sino de plantear un modelo de gestión de los bienes naturales y de desarrollo sustentable de las comunidades, en el que se tengan en cuenta factores sociales, económicos, culturales, ambientales y, por sobre todo, donde prevalezca el bien común a través de la activa participación democrática de todos los sectores sociales.

Por: Robert Rolón, Programa Economía Solidaria, Sobrevivencia-Amigos de la Tierra Paraguay, correo electrónico: eco_nomia@sobrevivencia.org.py

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- Perú: Consorcio Forestal Amazónico amenaza desalojar a comunidad asháninka

La comunidad asháninka de Churinashi de la provincia de Atalaya en la región amazónica de Perú, atraviesa una situación de violencia y amenazas de desalojo forzoso de sus tierras, territorios y recursos, sobre las cuales posee derechos ancestrales reconocidos en la Constitución peruana, de conformidad con la ratificación por parte del Perú del Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, incorporado en 1993 a la legislación nacional mediante la Resolución Legislativa Nº 26253.

El Consorcio Forestal Amazónico, una de las empresas madereras transnacionales más grandes del país, ha obtenido una concesión maderera en el territorio de Churinashi, en violación de los derechos de la comunidad asháninka. Esto ha ocurrido sin que medie consulta alguna y recurriendo a la manipulación, la corrupción y la violencia para desplazar a la comunidad de su territorio ancestral.

La zona está inmersa en una inestabilidad total ante la situación de violencia e intimidación. A través de una reciente resolución aprobada por las autoridades judiciales de la provincia de Atalaya, se ha notificado a la organización indígena local Organización Indígena de la Región de Atalaya (OIRA), que en caso de que los comuneros no se reinstalen fuera del área de la concesión se haría un uso inminente de las “fuerzas de orden público”.

La organización indígena amazónica AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) ha solicitado todo el apoyo posible para la campaña de defensa de la comunidad asháninka, y pide que se envíen cartas al Presidente Toledo, con copia al Ministro de Agricultura, el Sr. León, para reclamar el apoyo a las demandas de las organizaciones indígenas representativas.

Algunas de las demandas son:

* Que se ponga fin de inmediato a la actual situación de violencia y temor mediante un justo reconocimiento de los derechos legítimos de los pueblos indígenas.
* Que se excluya la totalidad del territorio de la comunidad de Churinashi de la concesión otorgada al CFA.
* Que se cancelen todas las concesiones al CFA, ya que el Consorcio viola las normas nacionales e internacionales y representa una grave amenaza para la integridad de los pueblos indígenas, sus comunidades, sus tierras, sus territorios y sus recursos.

Si desea apoyar estas demandas puede enviar una carta al Presidente del Perú. Una carta modelo está disponible en:
http://www.forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/
s_america/peru_model_let_atayala_mar04_sp.htm

Por: Emily Caruso, Forest Peoples Programme, Correo electrónico: emily@forestpeoples.org , http://forestpeoples.gn.apc.org

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