LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Argentina: por una Patagonia sustentable, contra la minería

La Patagonia argentina es una vasta región de 800.891 km2 que encierra una gran variedad de ecosistemas. Topográficamente pueden identificarse dos ambientes: el andino (compuesto por la Cordillera de los Andes Australes, con bosques, lagos y ríos) y el extrandino (zona de mesetas y estepa).

Durante años, la Patagonia ha sido minuciosamente explorada desde el cielo y cateada en el terreno por centenares de geólogos de todas las nacionalidades. El resultado es un mapa de concesiones mineras. Todo ese proceso --más la creación de redes de influencia en los gobiernos provinciales que permitieron la aprobación de leyes favorables a las empresas inversoras-- se ha hecho a espaldas de la población.

Desde el ámbito político tradicional la respuesta ha sido nula. Hasta hace poco, la cuestión ambiental no era tenida en cuenta y predominaba el prejuicio de que ‘crecer’ es algo siempre bueno, un proceso ‘necesario’ que tiene costos altos e inevitables. Luego se dijo que había que apostar a las tecnologías verdes, a las normas IRAM [organismo de certificación nacional], a las carpetas de impacto ambiental o a cuestionables estudios de costo/beneficio.

En otras palabras, lo que dicen es “Alto! ¿Adónde cree que va? Pase por caja, por favor!”, porque si contaminar es negocio, producir el show de la descontaminación y la prevención también. Los controles ambientales --“minería sí, pero con control”-- son sólo parte de la misma mentira. Los hechos demuestran todo lo contrario: los tóxicos de Mina Angela --cianuro y mercurio-- se enterraron en la mina y ahora los drenajes ácidos se filtran aguas abajo. Los informes sobre la “remediación” realizada a costos millonarios por el estado argentino parecen haberse esfumado de la Dirección de Minas de la provincia de Chubut. Lo mismo ocurrió con los análisis de aguas realizados por Gendarmería en Andacollo, en la Provincia de Neuquén, donde derrama su veneno la Andacollo Gold.

En otros casos --no pocos-- se recurre a la violencia directa o indirecta para acceder a la naturaleza y literalmente “explotarla”, devastando los cerros, contaminando ríos y lagos, deforestando amplias superficies de bosques.

Los “éxitos” económicos de algunos países generaron una gigantesca deuda ecológica que ocultaron bajo la alfombra por más de dos siglos y que por cierto no figura en las estadísticas. Lo que comúnmente llamamos “economía”, entonces, es solo la fina y rutilante capa exterior de algo que esconde monumentales destrozos, sufrimiento y explotación humana en todo el mundo. Destrozos que se externalizan (una palabra elegante para expresar que se ocultan), como los residuos químicos, la pérdida de biodiversidad e incalculables daños de tipo social.

El gran desafío industrial, científico y político no es seguir “siempre para adelante”, como repetirían obedientemente los tripulantes del Titanic, sino buscar caminos diferentes, impulsados por una ciudadanía protagonista.

En ese sentido, las movilizaciones contra la minería de los autoconvocados de Esquel (provincia de Chubut), Andalgalá (Catamarca), San Juan (San Juan), Andacollo (Neuquén), Jujuy (Jujuy), Ingeniero Jacobacci (Río Negro) y nuevas que se van incorporando y aportan visiones críticas, sumadas a las Mapuche-Tehuelche, que dan lecciones de teoría económica a los que se consideran a sí mismos el centro intelectual o político del mundo, del país o de las provincias. Hay una ciudadanía interconectada que rechaza al sistema porque descubre sus inconsistencias y las vive en carne propia. Esta incipiente red, variada, amplia, democrática, múltiple, confusa, inmadura si se quiere, pero también integradora, productiva y creativa, le está dando respuestas --y generando alternativas-- a un sistema fraudulento, empobrecedor y plagado de conflictos por donde se lo mire.

Los mapas centralistas, especialmente los mapas que ‘designan’ o ‘disponen’ usos territoriales, como en el caso de la minería (pero es igualmente aplicable al petróleo, los transportes, o cualquier otra actividad en gran escala) deberán ser revisados totalmente. Quienes hablan de minería ‘nacional’ y definen, con la misma mentalidad extractivista, a la cordillera como ‘recurso’ y a las montañas como ‘obstáculo’ para la obtención de metales o minerales, están del mismo lado que las mineras, solo que proponen agregar una oblea celeste y blanca que dice ‘Extracted in Argentina’.

Por otro lado, no hay agua en la meseta en las cantidades que los megaemprendimientos la requieren. Por lo tanto la bombearán de donde sea: se secarán los pozos, las aguadas y los mallines [ambientes húmedos poblados con especies forrajeras naturales] donde pasta el ganado. La actividad minera --que podrá dar trabajo apenas a un puñado de personas por un tiempo acotado-- competirá destructivamente con otras actividades rurales de larga data en la región, aumentado el despoblamiento del campo y la desertificación, y el hacinamiento en los cordones de miseria urbana.

Hay un cambio político paradigmático en donde una ciudadanía activa empieza a identificar y fijar objetivos económicos generales, y a pensar en cómo lograrlos. Este conjunto de organizaciones sociales y personas quiere, por ejemplo, que ningún metal que salga de Argentina sea usado para motivos bélicos, ni para joyería y decoración de lujo, ni para competir con mercados latinoamericanos, ni para inundar luego a los argentinos con productos cuyo valor agregado queda en otras latitudes.

Exigen que en caso de que se considerara algún tipo de minería, en escala acotada y para fines muy claros --para una economía real, social y ecológicamente hablando, para nutrir un mercado local de artesanos, pequeñas y medianas industrias, para cubrir necesidades regionales y nacionales-- habría que partir de una base totalmente diferente, controlando la totalidad del ciclo: ambiental, tecnológico, laboral, financiero, la renta y el destino de cada mineral o metal que se extraiga.

Las organizaciones sociales de la Patagonia exigen que las tierras que se pretende destinar a la minería, y las que las rodean, sean usadas para cubrir las necesidades básicas de los argentinos, y dedicadas íntegramente a la agricultura orgánica, la recreación, la salud, la educación, a múltiples actividades de alto valor agregado o simplemente como espacio para vivir con voluntaria sencillez. Quieren además recuperar las tierras robadas y que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Con ese territorio, con las mismas condiciones impositivas, favores y subsidios que supo conseguir para sí el sector minero, se pueden ofrecer tierras para nuevas colonizaciones para un millón de familias, comunidades solidarias o cooperativas argentinas, y crear fuentes de trabajo digno, creativo y sustentable por siglos, frente a los 26.000 sueldos, ‘regalías’ y devastación que propone esta política minera que, en el mejor de los casos, tiene un horizonte de 10 o 15 años.

Algunos dirán que es difícil de lograr, lo cual tal vez sea cierto. Pero es infinitamente preferible al delirio destructivo y parasitario actual.

Artículo basado en información obtenida de: Entrevista de Verónica Contreras al profesor Andrés M. Dimitriu, publicada en La Bitácora, Patagonia, Argentina, Nº 23, otoño de 2004, correo electrónico: slainte@ciudad.com.ar ; “Calcatreu”, publicado en Argenpress.info, http://www.argenpress.info/nota.asp?num=010771

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- Brasil: rotunda manifestación contra el desierto verde y a favor de la vida

En la ciudad de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, con la presencia de un delegado del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, se llevó a cabo en los días 6 y 7 de mayo el tercer Encuentro convocado por la Red Alerta Contra o Deserto Verde. Esta Red, integrada por más 100 entidades, reunió a decenas de representantes del Movimiento de los Sin Tierra, campesinos, pueblos indígenas, quilombolas (comunidades afrobrasileñas), pequeños agricultores y movimientos sociales de los estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia y Rio de Janeiro.

El panel que dio inicio al encuentro estuvo compuesto por un delegado nacional del Movimiento de los Sin Tierra, una delegada de las comunidades afrobrasileñas, un geógrafo de Minais Gerais, una integrante del Secretariado Internacional del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM) y un representante del Ministerio de Medio Ambiente. Salvo este último, todos los demás panelistas expresaron su solidaridad con los afectados por las plantaciones y explicitaron las razones que motivaban su oposición a los monocultivos a gran escala.

La presentación del Sr. Nelson Barbosa, representante de la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, provocó una tremenda conmoción entre los participantes del evento. El habló sobre la necesidad de plantar árboles para obtener madera, agregando que las estadísticas muestran que en el correr de su vida, una persona de 65 años ya “consumió” 367 árboles. Por ende, sostuvo que era necesario fomentar los planes de reforestación y crear empleos para alcanzar la meta del gobierno de “Hambre Cero”, para lo cual proponía llegar a algún tipo de acuerdo con los allí presentes.

Mostrando indignación por lo que acababan de escuchar, pero conservando el respeto y aportando ejemplos contundentes, durante más de dos horas muchos de los participantes hicieron saber al representante oficial la falacia de su argumentación. A continuación damos, sólo algunos ejemplos de los innumerables testimonios.

Un representante indígena hizo saber claramente al delegado gubernamental que la gente no estaba en contra del gobierno, porque dijo “El gobierno es nuestro” y agregó “estamos en contra de la expansión de las empresas a costa de nuestra superviviencia”.

Una joven de 20 años, integrante de una comunidad de Nova Venécia, en el Estado de Espírito Santo, aclaró que los monocultivos de árboles a gran escala no se realizan para proveer a las comunidades de madera sino para proveer a las grandes empresas de materia prima barata para sus plantas de celulosa o carbón para la siderurgia. Encontró ridículo que se culpara a las comunidades de la deforestación e irónicamente sugirió que el Sr. Barbosa se hiciera invitar por Aracruz Celulosa, una de las empresas de celulosa más grandes del mundo, para poder constatar el impacto de los monocultivos en las comunidades vecinas.

Un representante de la Federación de Trabajadores Rurales y Agrícolas del Municipio de Mucurí en el Estado de Bahia, recalcó el hecho de que no se podía hablar de reforestación cuando en realidad lo que se estaban promoviendo eran monocultivos a gran escala; no se podían confundir las plantaciones con los bosques. Mientras que los bosques son “una dádiva de la naturaleza, el monocultivo es un crimen”, enfatizó.

"La palabra sustentabilidad está ligada a durabilidad y no hay nada más durable que la agricultura indígena", agregó otro participante. "Los pueblos indígenas han demostrado que son capaces de poder mantener los bosques porque lo hicieron durante miles de años. Los 50 años de Revolución Verde no han hecho más que causar estragos", finalizó.

Un integrante del MPA (Movimiento de los Pequeños Agricultores) aseguró que son muchos más los empleos que se perdieron que los que se han generado con las plantaciones y la instalación de plantas de celulosa. Dio detalles sobre las inversiones realizadas y lo que esto hubiera significado en materia de generación de empleos de haberse apoyado a pequeños agricultores en vez de a grandes multinacionales del papel. De acuerdo a las cifras aportadas por el gobierno en materia de inversión, por cada empleo generado en el sector de la celulosa se ha invertido alrededor de US$ 330.000.

Un representante del movimiento Hip- Hop, un joven de las “fabelas” (barrios marginados de Brasil) aclaró con dolor y pena que no se puede hablar de “hambre cero” mientras se promueven políticas que agravan el hambre.

Concisa, seria y rápidamente una integrante de la organización FASE, cuestionó a Barbosa la índole de los números que había presentado. "Si quiere hablar de números, sería bueno saber el número de pequeños productores que han perdido su tierra, el número de pozos de agua que se han secado, el número de ríos que se han contaminado, el número de gente que por año se muere de hambre y los números de las recaudaciones de las grandes empresas plantadoras instaladas en Brasil", dijo.

Otro participante enfatizó que es imposible llegar a algún acuerdo con las comunidades mientras el gobierno tenga acuerdos con las empresas y las beneficie, mientras viola los derechos de las comunidades y ni siquiera considera a sus integrantes como seres humanos. "Acudimos al llamado realizado por el Presidente y trabajamos mucho y voluntariamente en la elaboración de un plan para que el gobierno tomara medidas que favorecieran a las comunidades. ¿Dónde están esos documentos y esos planes? ¿Cuándo comenzarán a llevarse a cabo?" preguntó indignado un representante de la organización bahiana CEPEDES.

Antes de retirarse, el representante del gobierno prometió hacer saber a la Ministra las graves denuncias que había escuchado y aseguró que él personalmente estaría siempre defendiendo a los pequeños agricultores ya que durante muchos años de su vida se había dedicado a esa tarea.

Finalizadas las presentaciones del panel, los participantes, divididos en grupos de discusión, analizaron los impactos negativos de los monocultivos a gran escala en la población local y en las relaciones de trabajo en la industria. También discutieron la relación de los monocultivos industriales de árboles con los problemas de la tierra, la biodiversidad, el modelo energético, los derechos humanos y la violencia.

Como resultado se elaboró un documento que conjuntamente con una carta, los alrededor de 200 participantes entregaron personalmente en el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) y también en la Secretaría Nacional de Planeamiento. En un recorrido que duró alrededor de 4 horas por calles céntricas de la ciudad de Belo Horizonte los participantes repartieron cientos de volantes que acompañaron con una clara consigna: ¡Basta ya de eucalipto! ¡Queremos reforma agraria! ¡Si el campo no siembra, la ciudad no come!

En la carta (cuyo texto completo se encuentra disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/reivindica.html ) dirigida al gobierno del Estado de Minas Gerais se exige la reparación de un conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales directamente violentados por los plantíos industriales de árboles a gran escala, tanto para celulosa como para siderurgia. Además, se dan pautas de medidas urgentes que deben tomarse, como la devolución a las comunidades de las 280 mil hectáreas de tierras públicas que fueron arrendadas a empresas privadas, acompañadas de un programa de reconversión agroextractivista.

En el documento que denominaron “Manifiesto contra el desierto verde y a favor de la vida” (cuyo texto completo se encuentra disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/manifiesto.html ) las comunidades toman posición sobre el desastre socio-ambiental causado en los últimos 35 años por los monocultivos de eucalipto y pino para abastecimiento de los complejos siderúrgicos y de celulosa, perjudicando diversos ecosistemas y poblaciones de su territorio, su diversidad biológica, social y cultural, causando expropiación, desempleo, éxodo y hambre.

Es por esta razón que la Red reafirmó el concepto de que ¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES!

Las poblaciones perjudicadas solicitaron al gobierno la creación de políticas públicas para poder recuperar ese pasivo socioambiental desastroso y que se tomen acciones que fortalezcan la diversidad biológica, cultural y agroecológica.

Quizás lo más importante que sucedió en este Encuentro y lo más difícil de trasmitir a través de esta nota es la fuerza de convicción y la alegría que se mantuvo en las expresiones de todos y todas las participantes. La fuerza de convicción de que un verdadero cambio social no será posible sin la eliminación de los monocultivos a gran escala, y la alegría de saber que comunidades de Brasil y de muchas partes del mundo están en ese camino.

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- Ecuador: mujeres de Sarayaku en contra del terrorismo del ejército

El 17 de Abril, más de 400 soldados de las fuerzas especiales del ejército ecuatoriano ingresaron al Destacamento Tigre, ubicado en la frontera sudeste con Perú, en la provincia de Pastaza, supuestamente para “capturar, neutralizar y aniquilar a dos columnas guerrilleras” detectadas en la zona. Este territorio pertenece a la comunidad Kichwa Yana Yaku, sede de la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), a la cual también ocuparon sorpresivamente 80 militares en la misma fecha, acusándola de ser el “eje de apoyo logístico” de supuestos grupos subversivos.

Aún cuando después de haber rastreado la zona durante 15 días el ejército no encontró prueba alguna de supuestos grupos subversivos, el 30 de abril, 60 soldados fuertemente armados volvieron e invadieron la comunidad de Yana Yaku, acusándola de ser “el eje de apoyo logístico” de los grupos insurgentes. Fuertemente armados con fusiles, metralletas, lanza granadas, lanza cohetes y otros armamentos pesados, allanaron viviendas y otras infraestructuras comunitarias, así como también amenazaron con armas y verbalmente a las mujeres que ofrecieron resistencia, decomisaron instrumentos de cacería, invadieron los huertos familiares buscando supuestas plantaciones de coca y tomaron por asalto la escuela causando pánico entre los niños. La comunidad denunció que los militares obligaron a los hombres de la comunidad a tomarse fotografías portando sus escopetas de cacería como “prueba de actividades subversivas”.

Paralelamente a estos operativos, el ejército incrementó la militarización del territorio de la comunidad Kichwa de Sarayaku –una comunidad a orillas del Río Bobonaza en Pastaza--, que ha venido defendiendo sus derechos frente a la gestión petrolera. Las mujeres de Sarayaku expresan su profunda consternación e indignación sobre esas operaciones que denuncian están vinculadas al llamado “Plan Patriota”, una controvertida operación militar que desplegaría alrededor de 15.000 tropas en los bosques tropicales de Colombia y Ecuador, como parte del Plan Colombia, abiertamente apoyado por los Estados Unidos. Las mujeres de Sarayaku también dicen que la creciente violencia del proceso de militarización de los territorios indígenas de Pastaza va en apoyo de la agresiva política petrolera emprendida en la provincia de Pastaza por el que en ese entonces actuara como Coronel del ejército y actual Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez.

Las mujeres denuncian el doble discurso de los altos mandos militares, que por un lado proclaman públicamente su respeto por la Constitución y la democracia, mientras que por el otro amenazan las vidas de integrantes de comunidades, en flagrante violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Frente a estos hechos, la Asociación de Mujeres Indígenas de Sarayacu (AMIS) expresan su solidaridad con las mujeres y niños de la comunidad de Yana Yaku, y declaran: “Apoyamos los ideales de la propuesta de desarrollo alternativo de Sumak Kausai [la filosofía de vida del pueblo Kichwa], y al mismo tiempo apoyamos las propuestas presentadas por el pueblo Kichwa de Sarayaku ante el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas:

1- Inmediato retiro de los efectivos militares que se encuentran abusando y amenazando la integridad psicológica, convivencia pacífica y actividades productivas de la comunidad de Yana Yaku y la comunidad Jatun Molino en la jurisdicción de Sarayaku.

2- Que el conjunto de comunidades del Pueblo Kichwa y demás nacionalidades indígenas que habitamos tradicionalmente en la Provincia de Pastaza, jamás permitiremos ningún tipo de ocupación militar que a pretexto de montajes realizados por los mismos militares pretenden respaldar actividades petroleras en territorios indígenas de Pastaza.

3- Establecimiento de responsabilidades y destitución de la Dra. Clara Fernández, Jueza encargada del Ministerio Público de Pastaza, involucrada en los repudiables hechos.

4- Exigimos al Congreso Nacional, un juicio político del Comando Conjunto (Gral. Octavio Romero) y a los Comandantes de la Cuarta División Amazonas (Gral. Gonzalo Tapia) y de la 17 Brigada de Selva de Pastaza (Crnl. Fausto Rentaría) por atentar contra los derechos de los pueblos indígenas, derechos de la mujer, derechos de los niños y crear un ambiente de inseguridad en las comunidades, así como también por el derroche innecesario de ingentes cantidades de recursos económicos y logísticos que son patrimonios del pueblo ecuatoriano.

5- Conformación de una comisión interinstitucional integrada por la Comisión de Asuntos Amazónicos del Congreso Nacional, organismos de Derechos Humanos, Iglesia Católica, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CONAIE, y representantes de medios de comunicación, para investigar profundamente y aclarar a la opinión pública nacional e internacional sobre estos graves abusos y calumnias a la moral, honestidad, transparencia y dignidad de los pueblos indígenas de Pastaza.

6- Solicitar una comisión integrada por enviados de la ONU, la OIT y la OEA para investigar directamente la violación de los derechos indígenas de Pastaza.

7- Solicitar la intervención de la ALDHU y los diversos organismos de derechos humanos del Ecuador, para precautelar la paz y la integridad de las comunidades indígenas de Pastaza.

8- Denunciar ante el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

9- Realizar una Asamblea de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza en la comunidad de Yana Yaku para solidarizarse con los habitantes y adoptar acciones encaminadas a precautelar los derechos a la vida y a la paz del pueblo Kichwa de Pataza, con presencia de la CONAIE.

10- Indemnización a la comunidad de Yana Yaku por los daños y perjuicios económicos y productivos, psicológicos y a la moral, causados por las incursiones que afectaron el desarrollo normal de la comunidad.

11- Como Asociación de Mujeres Indígenas de Sarayaku “AMIS“, en solidaridad con las mujeres de la comunidad Yana Yaku, demandamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos de la Mujer y la Familia, consagrados en la Constitución de la república, por tanto damos las atribuciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ejecuten la demanda correspondiente en contra de la Dra. Clara Fernández, Jueza encargada del Ministerio Público de Pastaza.

Por otra parte afirmamos que la lucha del pueblo de Sarayaku por su dignidad, respeto a su territorio, a sus proyectos y sueños de un desarrollo alternativo, no es una lucha aislada, es la decisión de todas las comunidades Kichwa de base de la OPIP y demás sectores que se identifican con esta causa, por lo tanto la OPIP, jamás permitirá ningún tipo de abuso de ningún sector, sean estos petroleros, gubernamentales y militares”.

Artículo basado en información de: “Manifiesto de la Asociación de Mujeres Indígenas de Sarayacu ‘AMIS’ frente a la acción terrorista de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la comunidad Kichwa Yana Yaku, en Pastaza”; “Militarización sigue en las comunidades indígenas de Pastaza en Ecuador”, por la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, http://www.earthrights.org/news/Yanayakuspanish.shtml ; “Acción terrorista de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la comunidad Kichwa de Yana Yaku, Pastaza. Declaración de la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), Consejo de Gobierno del Territorio Autonómo de la Nación Originaria del Pueblo Kichwa de Sarayaku (TAYJASARUTA)”, 1 de Mayo de 2004, http://www.llacta.org/organiz/coms/com574.htm

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- Ecuador: ¡Floresmilo Villalta fue puesto en libertad!

Acabamos de recibir la excelente noticia de que el viernes 21 de mayo Floresmilo Villalta recobró su libertad y de inmediato viajó a la comunidad de Las Golondrinas a reunirse con su familia y amigos.

Representantes de la organización ecuatoriana Acción Ecológica nos hicieron saber su agradecimiento, en nombre de Floresmilo, por la "increíble respuesta" ante la campaña internacional organizada en favor de este campesino de 63 años de edad, cuyo único "delito" fue pretender defender los bosques de su región de la explotación maderera de la poderosa empresa BOTROSA.

Le deseamos muchas felicidades a Floresmilo y agradecemos efusivamente a tod@s quienes, con su apoyo, colaboraron a su liberación. ¡Muchas gracias!

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- Surinam: el pueblo de Galibi habla fuerte y claro sobre las áreas protegidas

La reserva natural de Galibi es famosa en el mundo por ser el lugar donde anidan cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción. Establecida en 1969, la reserva abarca unas 400 hectáreas y recibe un flujo permanente de turistas desde Estados Unidos y otras partes del mundo.

Es mucho menos conocido que también forma parte del territorio ancestral del pueblo Kalinya, en la zona baja del río Marowijne, que ha sufrido directamente las consecuencias de la creación del área protegida.

Ricardo Pané, jefe de la aldea de Galibi, uno de los poblados indígenas más grandes de la costa nororiental del país, habla fuerte y claro sobre este punto:

“Los pueblos indígenas somos los primeros habitantes originales del país. Hemos mantenido una relación de siglos con nuestras tierras y el medio ambiente en que vivimos. Hemos manejado por siglos la naturaleza y sus recursos naturales. Gracias al manejo sustentable de los pueblos indígenas todavía hoy tenemos biodiversidad y naturaleza. Si hubiéramos ‘desarrollado’ la tierra como lo hicieron los países occidentales, hoy estaríamos viviendo en un gran desierto seco. La creación de áreas protegidas ha sido necesaria para proteger a la naturaleza, pero no de los pueblos indígenas que las habitan sino de la ambición insaciable de las compañías y la sociedad de consumo que buscan siempre obtener cada vez más productos”.

“Otro aspecto importante de las áreas protegidas es que han sido establecidas sin nuestro consentimiento. En el caso del área protegida de Galibi, una delegación gubernamental vino a Galibi por unas pocas horas. Engañaron a los dirigentes del pueblo de ese momento, diciéndoles que solamente intentaban hacer trabajos de investigación en la zona. Cuando volvieron tres meses después, la zona ya había sido declarada área protegida por el gobierno. Los pueblos indígenas fueron obligados a reubicarse de inmediato y a suspender todas sus actividades en la zona. El gobierno y el Servicio Forestal reclamaron entonces toda la zona. Yo fui testigo de todo eso cuando era niño y pude ver la forma irrespetuosa en que los funcionarios del Servicio Forestal trataban a los habitantes locales”.

“Consideramos estos sucesos como algunas de las numerosas violaciones de nuestro derecho a las tierras que hemos habitado y utilizado durante tantos siglos. Un encuentro rápido de funcionarios del gobierno con el pueblo para anunciar que se ha creado un área protegida no puede considerarse como una participación real en la toma de decisiones. Tenemos otras tradiciones y estructuras que deben ser respetadas por el gobierno. Recién ahora somos plenamente concientes de los impactos que tienen las áreas protegidas y otras iniciativas”.

“Durante la guerra civil en el interior de Surinam (1987-92) se detuvieron todas las actividades de la zona y en 1989 volvimos a ocupar el área protegida. Después de la recuperación de la vida económica a comienzos de la década de 1990, ante la fuerte presión nacional e internacional tuvimos que negociar la situación del área”.

“El gobierno y algunas organizaciones ambientalistas han sacado provecho y recibido muchos fondos en nombre de la protección de las tortugas. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos sido retratados como los malos, los que roban los huevos de las tortugas para venderlos ilegalmente. Es verdad que el robo de huevos fue importante en los años 90 cuando la situación económica del país era terrible y se recurría a cualquier forma de ingreso para poder sobrevivir. Pero al mismo tiempo, el gobierno no tomó ninguna medida contra los militares y los funcionarios aduaneros que compraban y comerciaban los huevos. Tampoco actuaron contra las compañías pesqueras extranjeras que mataban a las tortugas marinas en el mar y las ahogaban en sus redes. En los ámbitos nacional e internacional éramos el grupo al que resultaba más fácil identificar como los culpables”.

“Mientras tanto, ha aumentado nuestra conciencia, especialmente entre los más jóvenes, y nos hemos organizado. Hay una organización comunitaria para la protección del medio ambiente, la Fundación para el Manejo Natural Sustentable en Alusiaka (STIDUNAL), que manejará el área protegida de Galibi en cooperación con STINASU. Nuestra visión es que en el futuro tendremos el manejo completo del área protegida y esto fue acordado cuando formulamos los términos de cooperación con STINASU. Queremos incluir la protección de las tortugas marinas como parte integral de nuestro plan general de desarrollo para la comunidad. Sin embargo, no podemos hablar de proteger animales sin hablar al mismo tiempo del bienestar de los pobladores”.

“Las organizaciones internacionales tienen que tener en cuenta ese factor. No pueden seguir entregando fondos que sólo benefician a un pequeño grupo de personas y animales. En el papel hay programas muy buenos para combatir problemas como la pobreza y para proteger al medio ambiente, pero la comunidad prácticamente no recibe ningún beneficio y no sabe qué se hace con el dinero. Es necesario aplicar un enfoque integral, y no sectorial, en la gestión responsable de los programas de protección ambiental. Y ése no es precisamente el caso en la actualidad”.

“Lo mismo puede decirse del tema de los derechos territoriales; si no se reconocen y se aseguran legalmente nuestros derechos a la tierra, no aceptaremos que el gobierno y las organizaciones internacionales obtengan más autoridad y control sobre nuestras tierras. Con el apoyo de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana y de las organizaciones no gubernamentales internacionales, hicimos un mapa de nuestras tierras y recursos. Hemos presentado este mapa y una serie de peticiones al gobierno, pero aún estamos esperando que nos den una respuesta adecuada”.

“Por este motivo, nuestra meta es asegurar la mayor participación, sobre la base de la igualdad y la plena información y participación en la toma de decisiones, la ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos ambientales. Queremos el manejo conjunto de las áreas protegidas y en un futuro la autogestión de acuerdo con nuestras propias costumbres y tradiciones. No rechazamos a la ciencia o la técnica no indígenas, pero durante cientos de años hemos desarrollado nuestros propios sistemas de manejo y éstos deben ser la base del manejo de la reserva natural y del resto de nuestras tierras. La protección ambiental y el manejo del área protegida deben formar parte de un enfoque integral que incluya el medio ambiente, el desarrollo y el reconocimiento y respeto por los derechos de los pueblos indígenas, en especial nuestro derecho de propiedad sobre nuestras tierras tradicionales, nuestros territorios y recursos y nuestros sistemas de conocimiento. Pedimos a los donantes y organizaciones ambientalistas que nos brinden un apoyo directo, y no mediado por otras agencias que usan esos recursos para su propio beneficio y que no son transparentes. Los pueblos indígenas tenemos la voluntad de cooperar sobre la base del respeto mutuo y la igualdad, y sólo pedimos lo mismo de los demás”.

Artículo basado de información seleccionada y adaptada de: “Protected Areas in Suriname: A Voice from Suriname's Galibi Nature Reserve”, Ricardo Pane, Cultural Survival, http://www.culturalsurvival.org , enviado por Amazon Alliance for Indigenous and Traditional Peoples of the Amazon Basin, correo electrónico: amazon@amazonalliance.org , http://www.amazonalliance.org

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