LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Birmania: la exportación de bosques a China

Los bosques de Asia están siendo destruidos a una velocidad asombrosa. China, que se ha transformado prácticamente de la noche a la mañana en el segundo importador de troncos del mundo después de los Estados Unidos, tiene mucho que ver con esta situación. (El volumen de troncos sin procesar que llega a China se ha más que triplicado desde 1998, superando hoy los 15 millones de metros cúbicos).

El consumo interno crece rápidamente, mientras la floreciente clase media china compra casas nuevas y Beijing emprende la construcción de enormes proyectos de ingeniería civil. Por otra parte, el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio ha llevado a bajar a cero los aranceles de la mayoría de las importaciones de madera y ha producido la rápida expansión de la industria de exportación en diversos rubros, desde celulosa y papel, hasta muebles y artículos de decoración, principalmente con destino a los mercados de Estados Unidos y Europa.

En 1998, después de que la República Popular sufriera las consecuencias de las devastadoras inundaciones causadas por la deforestación, Beijing prohibió el madereo en las zonas altas del río Yangtze y el río Amarillo y adoptó medidas para una reducción drástica de esa actividad en otras provincias. Pero cada vez hay mayor evidencia de que simplemente se exportó el problema. Para compensar la escasez de madera y satisfacer la demanda de consumo de su economía en expansión, China está devorando los bosques de los países vecinos, en gran medida a través del madereo ilegal que conlleva la destrucción de enormes extensiones de bosques primarios prístinos.

Al compás de su extraordinario crecimiento económico, China se ha convertido en el mercado con mayor velocidad de aumento de la demanda de madera tropical del mundo. Sus importaciones de productos derivados de los bosques aumentaron 75% el año pasado, llegando a US$ 11.200 millones. Sus fábricas de muebles se expanden a un ritmo de 40% anual.

El comercio de madera dirigido a China es tan masivo que está provocando remordimientos incluso entre aquellos que le venden. “Es el mayor error que hemos cometido” declaró Bao Youxiang, jefe del Ejército del Estado Wa Unido, un ex-grupo guerrillero que ha logrado convertirse en la autoridad regional en el noreste de Birmania. “Hemos destruido nuestro medio ambiente”, afirmó. “Debido a la falta de ingresos, las autoridades locales se vieron forzadas a vender este recurso a China. Es el único recurso que tenían”.

Hasta hace muy poco tiempo, Birmania era uno de los países que contaba con mayor cobertura boscosa en todo el mundo. Sus extensos bosques primarios se contaban entre los más ricos y con mayor diversidad biológica del planeta. Todavía hoy contienen más del 80 por ciento de los árboles de teca, además de muchas otras especies raras de madera de árboles latifoliados. Pero sus bosques primarios, que antes cubrían el 60 por ciento del país (en la década de 1960), ahora cubren menos del 30 por ciento. Y este porcentaje sigue disminuyendo a un ritmo acelerado.

Cuando en la década de 1990 se impusieron sanciones económicas a la dictadura militar birmana, el régimen respondió con un aumento radical de las concesiones madereras y las exportaciones de madera para reforzar sus ingresos y mantener el poder. Hoy el país tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo.

Más del 9% de los ingresos de divisas legales de Birmania en 2002 provinieron del madereo, según datos oficiales. Pero se cree que el monto real de los ingresos generados por la madera es más del doble de esa cifra, al sumar los montos provenientes de actividades de madereo ilegales o no registradas.

A pesar de estar supuestamente en vigencia una prohibición de madereo en el territorio Wa, el ministerio forestal de Birmania otorgó nuevas concesiones madereras a las autoridades regionales de Wa y otras regiones sobre las fronteras norte y este del país. De acuerdo a los informes de los medios locales, las autoridades birmanas tienen como objetivo duplicar sus ingresos por exportaciones de madera.

El problema es aún más complejo debido a la participación importante en el negocio maderero de los señores de la droga y las autoridades militares. Es frecuente que los narcotraficantes inviertan en compañías madereras como forma de blanquear el dinero de sus ganancias. Y el régimen militar ha otorgado valiosas concesiones madereras a sus cómplices comerciales y aliados políticos a cambio de su apoyo.

Según un informe detallado publicado por Global Witness sobre el auge del comercio maderero, “la población local ha recibido muy pocos beneficios en términos económicos, pero los poderosos se han enriquecido”.

Artículo basado en información obtenida de: “Myanmar mired in a deforestation crisis”, Geoffrey York, Globe and Mail, http://www.globeandmail.ca/servlet/story/RTGAM.20040513.wmyanmar0513/BNStory/International/ ; “A Conflict of Interest: The uncertain future of Burma's forests", Global Witness (octubre de 2003), http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00046.html ; “A reckless harvest”, Geoffrey York, Newsweek, http://bulletin.ninemsn.com.au/bulletin/eddesk.nsf/All/017D7A2BB842501ECA256CB400071927

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- Laos: la guerra de EE.UU. contra la droga lleva al aumento de la pobreza

Cuando el Secretario de Estado Colin Powell presentó los informes del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en los distintos países correspondientes al 2003, obviamente tenía la esperanza de que el escándalo de la tortura sistemática de los prisioneros iraquíes perpetrada por las fuerzas estadounidenses nunca saliera a la luz. "El Presidente Bush considera la defensa y el fomento de los derechos humanos una vocación especial de los Estados Unidos", afirmó Powell en su discurso.

Dejando de lado la asombrosa hipocresía del régimen de Bush, el informe de EE.UU. sobre derechos humanos en Laos de 2003 es verdaderamente preocupante. El "desempeño del gobierno de Laos en materia de derechos humanos sigue siendo malo, y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo muy graves", afirma el informe.

Durante más de una década, el gobierno de Laos ha estado instrumentando un programa para desalojar a los Pueblos Indígenas de sus hogares ancestrales en las montañas y trasladarlos a zonas de tierras bajas del país. En su informe, el Departamento de Estado de EE.UU. destaca que durante el 2003, el gobierno de Laos "aceleró esfuerzos" para reubicar agricultores de las tierras altas en zonas bajas, "de conformidad con el plan del gobierno de poner fin a la producción de opio en el 2005 y a la agricultura de tala, roza y quema en el 2010”.

El programa de reasentamiento del gobierno de Laos supone una reestructura completa de la sociedad rural en Laos. Cientos de poblados, muchos de ellos de Pueblos Indígenas, han sido trasladados desde las montañas hacia zonas bajas. En teoría, el gobierno proporciona servicios como carreteras, escuelas y atención médica a una serie de "puntos focales" en las áreas bajas y "alienta" a los pobladores a trasladarse. En realidad, los “funcionarios distritales y provinciales utilizan la persuasión y, en algunos casos, las órdenes verbales para alentar a los poblados a reubicarse, especialmente en las provincias del norte", según el informe de derechos humanos de los Estados Unidos.

Un trabajador extranjero que se desempeña en el área de desarrollo en Laos, quien solicitó permanecer en el anonimato, describe la realidad de la vida en los "puntos focales" diciendo que: “En demasiados casos las alternativas económicas para los pobladores reubicados constituyen condiciones de servidumbre moderna. Las jóvenes acaban en los burdeles y los hombres son explotados en calidad de trabajadores inmigrantes ilegales en la vecina Tailandia".

El informe de EE.UU. confirma que “el resultado fue que en algunos distritos los trabajadores reubicados se vieron expuestos a condiciones de mayor pobreza, hambre, desnutrición, susceptibilidad a enfermedades y aumento de la mortalidad".

Sin embargo, en el norte de Laos, gran parte de la reubicación se realiza con el apoyo del gobierno de EE.UU., en nombre de su "guerra contra la droga". Desde 1989, el gobierno de EE.UU. ha entregado US$ 38 millones al gobierno de Laos para actividades de control de drogas.

Muchos pobladores en el norte de Laos, entre ellos Pueblos Indígenas, producen opio como cultivo comercial. La venta de opio es con frecuencia la única fuente de ingreso para comprar alimentos y medicamentos.

Si bien Laos es el tercer productor de opio del mundo, su producción es mucho menor que la de Afganistán y Birmania, y su exportación es muy baja. Aún cuando se terminara totalmente con la producción de opio en Laos, esto no tendría impacto sobre la disponibilidad de heroína en EE.UU. o Europa. Sin embargo, la Oficina Internacional de los Estados Unidos sobre Narcóticos comentó en un informe de marzo de 2004 que la “heroína que se trafica es la razón de la preocupación internacional sobre la situación del opio y la heroína en Laos”.

La guerra contra la droga en Laos se inició en 1989 con un “proyecto de desarrollo integrado laosiano-estadounidense” en la provincia de Houa Phan en el noreste de Laos. El proyecto apuntaba a reducir el cultivo de opio e incluía la construcción de carreteras e infraestructura de irrigación, supuestamente para proporcionar formas de sustento alternativas a los productores de opio. El proyecto estuvo envuelto en acusaciones de corrupción, problemas de mala construcción de infraestructura y percibido como un enorme derroche. Una carretera construida en el marco de este proyecto debió ser reconstruida el año pasado a un costo (para los contribuyentes estadounidenses) de US$ 500.000. Algunos de los pobladores reasentados han vuelto a las tierras altas.

A pesar de los problemas, EE.UU. ha ampliado su “asistencia” anti-droga a proyectos en las provincias de Phonsaly y Luang Prabang. Otros gobiernos, entre ellos Alemania, se han unido a estas actividades con proyectos integrados de desarrollo o desintoxicación en áreas de cultivo de opio.

En un intento por cumplir con el plazo establecido para la erradicación del opio en 2005, funcionarios del ámbito provincial y distrital han comenzado a instrumentar medidas draconianas para eliminar el cultivo de opio. Han enviado al ejército, brigadas de jóvenes, grupos de estudiantes y al Sindicato de Mujeres a las áreas de cultivo de opio para cortar las plantas de amapola.

Como resultado, muchas comunidades de las tierras altas han presenciado la destrucción de su único cultivo comercial, sin recibir ayuda para buscar alternativas a la producción de opio.

El opio puede producir efectos devastadores sobre comunidades, familias y personas, especialmente cuando el uso del opio se generaliza en un poblado. Pero cuando los adictos al opio pierden la posibilidad de cultivar el producto para autoabastecerse, se ven obligados a comprar en los poblados vecinos. A menudo son tentados a comprar alternativas más baratas y peligrosas como los derivados de metanfetaminas. “Esto ha tenido consecuencias mucho más graves que las que nunca tuvo el opio para las comunidades locales y está llevando a un mayor empobrecimiento y al deterioro cultural”, afirmó el trabajador extranjero anónimo.

El programa conjunto de EE.UU. y Laos contra la droga hasta ahora no ha ayudado a reducir la cantidad de opio en Laos. En 2003, según el gobierno de EE.UU. la producción potencial de opio era de 200 toneladas, lo que significa un aumento del 11% respecto de la cifra del año anterior. La Oficina Internacional de los Estados Unidos sobre Narcóticos explica en su informe de marzo de 2004 que la erradicación de plantas de amapola en áreas accesibles está llevando a los traficantes a contratar campesinos para que cultiven amapolas en zonas más remotas.

El gobierno de Laos espera obtener más financiación para sus actividades contra la droga. Ha solicitado formalmente un préstamo de US$ 10 millones del Banco Mundial para un proyecto que sería instrumentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).

A través del mecanismo de la erradicación del opio y del “desarrollo”, el gobierno de Laos, con el respaldo complaciente de EE.UU. y otros gobiernos del norte, está entregando tierras pertenecientes a los Pueblos Indígenas para su madereo, para convertirlas en plantaciones industriales de árboles, inundarlas para crear represas hidroeléctricas, excavarlas para la extracción de minerales o declararlas “protegidas” en nombre de la conservación de la naturaleza.

Con su apoyo a los programas de reasentamiento del gobierno de Laos, concluye el trabajador extranjero anónimo, la guerra del gobierno de EE.UU. contra la droga “empobrece a miles de personas, promueve el deterioro cultural y refuerza el poder de los elementos represivos en el gobierno de Laos, que ya han demostrado ser contrarios a las necesidades, derechos y sistemas de sustento de las minorías étnicas del país".

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de

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- Vietnam: el gobierno reprime a los pueblos indígenas

El gobierno vietnamita respondió en forma brutal a las manifestaciones pacíficas realizadas por los Pueblos indígenas en las tierras altas de la región central de Vietnam en abril. La policía utilizó gases lacrimógenos, porras eléctricas y cañones lanza agua para evitar que los manifestantes entraran en Buon Ma Thuot, capital de la provincia de Dak Lak. La policía tuvo la ayuda de hombres armados con barras de metal, palas y machetes. La represión dejó como saldo al menos diez personas muertas y cientos de heridos. Muchos de los manifestantes no retornaron a sus poblados después de las protestas y continúan desaparecidos.

Los pueblos indígenas, conocidos en su conjunto como Montagnards que habitan en las tierras altas del centro de Vietnam, exigen libertad de religión y la devolución de sus tierras ancestrales.

En la última década, cientos de miles de pobladores de la etnia vietnamita han emigrado a las tierras altas centrales, ya sea por iniciativa propia o a través de programas de trasmigración promovidos por el estado. Los Montagnards han presenciado como grandes áreas de sus tierras de granja, agricultura migratoria, y también sus bosques han sido convertidos en plantaciones de caucho, café y árboles de crecimiento rápido, o han sido inundadas para dar lugar a la creación de represas para centrales hidroeléctricas o proyectos de irrigación.

En febrero de 2001, los Montagnards organizaron manifestaciones pacíficas en las capitales provinciales de las tierras altas. Las autoridades vietnamitas movilizaron miles de policías y soldados que disolvieron violentamente las protestas.

Desde entonces la policía ha arrestado a cientos de personas, aplicando en algunos casos torturas para lograr confesiones. Varios cientos de Montagnards se han ocultado y viven en guaridas camufladas en los bosques o las plantaciones de café, en escondites debajo de las casas de otras personas o en cavernas en las montañas.

Muchos intentaron huir hacia Camboya, pero en 2002, bajo la presión de Vietnam, el gobierno camboyano cerró los campos de refugiados en la frontera con Vietnam. Actualmente, las fuerzas de seguridad camboyanas deportan a todos los Montagnards que intentan cruzar la frontera desde Vietnam. Se los obliga a volver a Vietnam y al ingresar al país son golpeados, detenidos o encarcelados.

El gobierno de Vietnam ha encarcelado a un total de 124 Montagnards por períodos de hasta 13 años, acusados de delitos como “desestabilización de la seguridad”, “distribución de propaganda” u “organización de migraciones ilegales” de Montagnards a Camboya.

El gobierno también ha puesto restricciones a los viajes a las tierras altas centrales, no permitiendo el acceso de periodistas y diplomáticos. Los Montagnards que intentan comunicarse con el mundo exterior corren el riesgo de ser arrestados. Están prohibidas las reuniones de más de dos personas, al igual que el “protestantismo Dega”, una forma del Cristianismo que según afirma el gobierno, está vinculada a las demandas separatistas de los Montagnards.

La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, informa que la policía ha rodeado poblados, fincas y bosques donde se sospecha que puede haber militantes Montagnard o líderes de la iglesia escondidos. En estos procedimientos de búsqueda de personas, las fuerzas de seguridad a menudo golpean a los pobladores y destruyen sus viviendas.

Para empeorar las cosas, el gobierno tiene planes de construir una serie de represas hidroeléctricas en las cuentas de los ríos Se San y Sre Pok, dos afluentes del río Mekong que corren desde las tierras altas centrales de Vietnam hacia Camboya.

La represa de Yali Falls sobre el río Se San en Vietnam fue finalizada en 1999. Esta represa ha causado problemas graves para las comunidades camboyanas que viven aguas abajo. Varias personas han muerto ahogadas en riadas producidas por la liberación súbita de agua de la represa, y la mala calidad del agua ha causado erupciones cutáneas y problemas estomacales. La producción pesquera del río Se San se ha reducido en forma drástica.

En caso de construirse, las represas propuestas en las cuentas de los ríos Se San y Sre Pok producirían el desalojo de 12.500 personas como mínimo, entre ellas muchos Montagnards, y se agravarían los problemas aguas abajo.

En 2002, las empresas consultoras SWECO, Statkraft Engineering y Norplan finalizaron la Etapa 1 de un Estudio de Plan Hidroeléctrico nacional en Vietnam, con financiación de los gobiernos de Suecia y Noruega.

El texto de la Etapa 1 del estudio está lleno de expresiones que refieren a la participación y consulta de las partes interesadas. Sin embargo, propone la construcción de varias represas en el río Se San, sin hacer ninguna mención a la represión gubernamental en las tierras altas centrales.

Los expertos de SWECO, Statkraft Engineering y Norplan explican que “para promover el desarrollo” en la cuenca del Se San “el gobierno ha iniciado programas de reforestación, erradicación del hambre y reducción de la pobreza, así como de desarrollo de infraestructura”. Y añaden que las políticas del gobierno vietnamita para la cuenca del Se San “apuntan a mejorar el desarrollo socioeconómico".

La realidad de las políticas del gobierno en las tierras altas centrales es radicalmente otra.

Una mujer del grupo indígena Ede describió a Human Rights Watch lo sucedido a los Montagnards cerca de Ban Ma Thuot el 10 de abril de 2004: “Alrededor de mil personas intentábamos escapar de la matanza a manos de policías y civiles. Nos golpearon con barras de metal y palos. Los heridos tenían sangre en sus gargantas, narices, bocas y ojos. Los que intentaron esconderse en la plantación de café fueron atrapados, apaleados y asesinados allí mismo".

Por supuesto, es muy poco probable que los asesores de las empresas constructoras de las represas se arriesguen a incomodar a sus clientes en el gobierno vietnamita haciendo mención a algún tema desagradable como la represión, especialmente cuando existe la posibilidad de lograr futuros contratos. La empresa SWECO ganó un contrato de Electricity of Vietnam para elaborar el diseño técnico de la represa Se San 3, después de haber recomendado que la represa siguiera adelante en la Etapa 1 del Estudio de plan hidroeléctrico nacional.

Para Brad Adams de Human Rights Watch resulta claro que el gobierno de Vietnam lleva adelante una escalada en la represión de los Montagnards. Exhorta a las Naciones Unidas y los gobiernos que, como el de Suecia y Noruega, están proporcionando asistencia a Vietnam a “asumir un papel más activo en la crítica y prevención de violaciones tan graves de los derechos humanos".

Los gobiernos de Suecia y Noruega, al apoyar la construcción de represas en Vietnam, que llevará a más desalojos y a la inundación de extensas zonas de tierras agrícolas, están ayudando a empeorar la crítica situación de los derechos humanos en el país.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de

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