- Brasil: más celulosa para exportación genera más exclusión

Se inició en el Norte de Espírito Santo, en el Extremo Sur de Bahia y en el Noreste de Minas Gerais un nuevo ciclo de aumento de la producción de celulosa de eucalipto para exportación, con la inauguración en el año 2002 de la nueva fábrica de Aracruz Celulose. Esta empresa aumentó su producción anual de celulosa de 1,2 a 2,0 millones de toneladas, con previsiones de llegar a 2,4 millones de toneladas. Veracel Celulose, de propiedad de Aracruz y de la sueco-finlandesa Stora Enso, está construyendo en este momento su primera fábrica de celulosa de eucalipto, la mayor del mundo, con una capacidad productiva de 900 mil toneladas al año. Bahia Sul Celulose, de propiedad de Suzano Papel e Celulose, triplicará su producción anual de celulosa y pretende llegar a 1,7 millones de toneladas. Cenibra, del grupo japonés Japan Brazil Paper and Pulp, duplicará su producción anual a 1,7 millones de toneladas.

Con estos aumentos, la región, que ya contaba con la mayor producción del Brasil de celulosa de eucalipto para exportación, aumentará su producción anual de 2,7 millones de toneladas a 6,7 millones de toneladas de celulosa.

Las fábricas de celulosa surgen en la región como símbolos del desarrollo y del progreso, y son prestigiadas en sus inauguraciones por presidentes de la república. Sin embargo, muchos aspectos llaman la atención, tales como:

- el gigantesco volumen de inversiones públicas en la construcción de una fábrica de celulosa. La nueva fábrica de Aracruz consumió aproximadamente mil millones de reales (USD 310 millones) del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El BNDES prestó aproximadamente mil quinientos millones de reales (USD 470 millones) para que Veracel pudiese construir su nueva fábrica.

- la generación directa de empleos es pequeña, en comparación con el volumen de las inversiones; en el caso de la nueva fábrica de Aracruz, extremadamente automatizada, se crearon solamente 173 empleos en un país con un alto nivel de desempleo.

- la promesa de puestos de trabajo en la construcción de una fábrica de celulosa atrae a un gran número de trabajadores a la región. Muchos de ellos, aún sin conseguir trabajo, terminan quedándose. A falta de otras opciones de empleo y de infraestructura local, es común constatar un aumento de los problemas sociales en las comunidades próximas a las fábricas de celulosa como el hambre, la violencia, el uso y el tráfico de drogas y la prostitución infantil.

- las tecnologías y máquinas principales utilizadas para el proceso de fabricación de la celulosa y la tala de eucalipto, son importadas de Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza y Alemania, de empresas como Andritz-Ahlstrom, Kvaerner, Metso, Jaakko Poyry, ABB, Siemens y Voith Paper. Por ello, no sorprende que el European Investment Bank (EIB) y el Nordic Investment Bank (NIB) hayan financiado, por ejemplo, la construcción de la fábrica de Veracel, con USD 80 millones (EIB) y USD 70 millones (NIB) respectivamente. Cabe destacar que aproximadamente 95% de la celulosa producida se exporta nuevamente a los países del Norte, principalmente a Europa, y se destina, mayoritariamente, a la producción de papel descartable.

- el consumo de agua es muy alto; a vía de ejemplo, las tres fábricas de Aracruz consumen 248.000 m3 por día. Esto significa aproximadamente el consumo de agua de una ciudad con 2,5 millones de habitantes, considerando un consumo promedio de 100 litros por persona por día. Para ello, la empresa desvió tres ríos en la región y construyó, sin respetar la legislación ambiental, un canal que trae agua de un río interestadual. Y todo eso sin pagar un centavo por el agua.

- A pesar de la introducción de tecnologías ambientalmente menos perjudiciales, en el año 2002 Aracruz Celulose produjo todavía 203,8 mil toneladas de celulosa utilizando cloro elemental para blanquear el producto, provocando la formación de organoclorados, productos extremadamente tóxicos como la dioxina.

- La exportación de celulosa garantiza a las empresas la exoneración del principal impuesto, el ICMS (impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios), llevando por ejemplo, a la situación contradictoria y preocupante en Espírito Santo, donde el gobierno del estado debe 266 millones de reales (USD 84 millones) a la empresa Aracruz.

- Se inició asimismo un nuevo ciclo de expansión de las plantaciones de eucalipto en la región para garantizar materia prima para las nuevas fábricas. De esta forma, la plantación de monocultivos de árboles prevaleció sobre la tan necesaria reforestación con especies nativas. Cientos de productores rurales perdieron su sustento y empleo, porque las tierras donde trabajaban y vivían fueron compradas por las empresas. La reforma agraria se vio gravemente perjudicada en una región con más de 7000 familias sin tierra acampadas y esperando por tierra.

Estos y otros factores muestran como la producción de celulosa en gran escala beneficia principalmente a las empresas que plantan eucalipto y a un grupo pequeño de trabajadores permanentes, además de a empresas, bancos y consultores europeos. Los grandes perjuicios, directos e indirectos, son sufridos por las comunidades locales, lo que llevó a la creación, hace cinco años, de la Red Alerta contra el Desierto Verde, una resistencia articulada de comunidades locales, movimientos rurales y entidades de apoyo, que luchan contra este nuevo ciclo de expansión que fortalece la lógica desigual y excluyente de un modelo de desarrollo impuesto a la población.

Por: Winfried Overbeek FASE/ES, correo electrónico: winnie.fase@terra.com.br

inicio

- Algo huele mal en el sur de Chile

Transcurridos 22 meses de construcción y con un retraso de casi cinco años de acuerdo a lo programado por Celulosa Arauco y Constitución (Celco), filial forestal del Grupo Angelini, el pasado 30 de enero Alejandro Pérez, Gerente General de Celco, anunciaba el inicio de la producción de su “Histórica Inversión”: la Planta Valdivia en la Región de los Lagos. El retraso se debió a la resistencia de organizaciones ciudadanas, ecologistas, indígenas, campesinas y particularmente de los habitantes de la localidad costera Mehuin, quienes por mas de tres años se movilizaron exitosamente para impedir que Celco llevara sus desechos líquidos a la Bahía Maiquillahue.

No había transcurrido un mes de iniciado el funcionamiento y las comunas cercanas alzaron su voz por los insoportables olores que provenían de la Planta de Celulosa: San José de la Mariquina por el Oeste (a cerca de 10 Km de la planta), Lanco y Loncoche por el Norte (cerca de 30 Km) y Valdivia por el sur (cerca de 60 Km), dependiendo de la dirección de los vientos se sentían agredidas por la fetidez del monstruo de Arauco.

El proyecto original contemplaba la construcción y operación de una planta industrial para la obtención de 550 mil toneladas anuales de celulosa Kraft blanqueada de pino radiata y eucaliptos que requerirá 2,24 millones de m3 y 563.000 m3 respectivamente, equivalentes a aproximadamente 5.000 hectáreas por año. El sistema de blanqueo es el ECF (Elemental Chlorine Free o libre de cloro elemental), que se promociona en forma engañosa tratando de hacer creer que el proceso no usa cloro (en este caso se usará Dióxido de Cloro), que no es el Sistema TCF (Total Chlorine Free o totalmente libre de Cloro). La vida útil del proyecto es de más de 20 años, considerando una inversión de US $ 1.045 millones.

El volumen de los impactos de acuerdo a los datos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se pueden apreciar en la información que entrega la propia empresa. En emisiones a la atmósfera se lanzarán al aire 2,4 ton/día de Material Particulado; 3,04 Ton/día de Dióxido de Azufre (SO2); 4,69 Ton/día de Óxidos de Nitrógeno (NOx) y 0,25 Ton/día de Compuestos de Azufre Reducido (TRS) responsables del olor característico del proceso de producción de celulosa. En descarga de Residuos Líquidos, 900 Litros/Seg. (RILES) y 250 lit/sg de Aguas de enfriamiento; en total, 1.145 Litros/Sg descargados al río Cruces. Adicional a esto se generan 1450 m3/mes de lodos provenientes del tratamiento terciario de Riles y 40.100 m3 /año de otros residuos sólidos.

El problema no se reduce a malos olores. Lo que comenzó con denuncias de la comunidad afectada por los olores nauseabundos arrastrados por el viento, terminó con una serie de irregularidades. Con lentitud y cierta tardanza las autoridades ambientales y sanitarias iniciaron acciones de fiscalización ante las reiteradas protestas ciudadanas. Las evidencias fueron tajantes y se determinó que la empresa no tenía sistema de control, abatimiento y monitoreo de los gases, al tiempo que inició sus faenas en febrero pasado sin contar siquiera con la recepción municipal de obras, pago de patentes y autorizaciones sanitarias, infringiendo de manera flagrante la resolución ambiental del proyecto.

Además, la empresa fue sorprendida con ductos adicionales que descargan residuos industriales líquidos que no fueron incluidos en el EIA. Cabe mencionar que los residuos industriales líquidos de la planta son vertidos al cauce del río Cruces el cual constituye el principal cuerpo hídrico del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, sitio protegido por la convención RAMSAR y a cuyo cuidado ambiental el gobierno de Chile se ha comprometido.

La empresa sigue vendiendo ilusiones. Lo siguiente forma parte de las promesas ambientales de Arauco frente a la oposición que desde 1995 han sostenido organizaciones ciudadanas. “La planta utilizará la más moderna tecnología para producir celulosa blanqueada” o “La tecnología utilizada resuelve los problemas de efluentes líquidos, residuos sólidos y gases”. En otros pasajes es más específica: “el color del efluente no será perceptible” y será “una planta sin problemas de olores”. “Las emisiones de TRS no serán detectables por el olfato humano en los lugares poblados aledaños al sitio del proyecto”. (Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Celulosa Valdivia, Agosto de 1997). “El proyecto Valdivia usará la última y mejor tecnología ambientalmente disponible, lo que la convierte en una de las tres mejores plantas de celulosa del mundo”. (Mario Urrutia gerente de ingeniería del proyecto. Diario Estrategia 1996).

Transcurridos cinco meses de funcionamiento, los hechos revelan la falta de seriedad de las promesas asumidas por la empresa. El Servicio de Salud abrió dos sumarios que terminaron con la sanción de multa máxima por 1000 UTM (US$ 48.000 aprox.) por infracciones al Código Sanitario, mientras que la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) le cursó dos multas, una por 500 UTM (US$ 24.000) y otra por 400 UTM (US$ 19.000 aprox.) por no cumplimiento de la Resolución Ambiental. Por otro lado, la Municipalidad de San José de la Mariquina, comuna donde está ubicada la planta, clausuró las instalaciones por no tener recepción municipal de las Obras, ni tampoco la patente industrial que la habilita para funcionar en ese territorio. La medida duró solo una semana. Personas y organizaciones ciudadanas presentaron además un Recurso de Protección en los tribunales de Valdivia, donde se solicita la paralización de las faenas de dicha planta, hasta que se den garantías a los recurrentes y en general a los habitantes de la provincia de Valdivia, que la recurrida dará fiel cumplimiento a las medidas de mitigación y monitoreo de la contaminación ambiental comprometidas en la Resolución de Impacto Ambiental. A la fecha, el fallo aun está pendiente.

De todo lo anterior se pueden extraer algunas conclusiones:

- Celco sigue mintiendo, ya que el proyecto que fue evaluado y resuelto por las autoridades era de 550 mil toneladas/año y al momento de iniciar su operación se anuncia una planta de 700 mil toneladas/año sin mediar modificación de la calificación ambiental.

- La única forma de legitimar política y socialmente proyectos de esta envergadura es sobre la base de la desinformación y haciendo ofertas engañosas respecto a los impactos ambientales y sociales.

- El poder de Empresas como Celco es tan grande, que actúan con total impunidad haciendo funcionar una inversión de más de US$ 1000 millones sin tener los permisos correspondientes y sin respetar los compromisos y normas ambientales. Las Multas son tan irrisorias que las incorporan en los costos de operación. Por otro lado está el Estado que permite y facilita la instalación de estas mega inversiones y no tiene capacidad técnica ni voluntad política para poner reales límites a estos proyectos.

- El conjunto de factores económicos y políticos que rodean a estos mega-proyectos nos indican que una vez instalados no es posible mitigar impactos ambientales y sociales que son consustanciales al negocio.

- Experiencias como éstas, demuestran que en Chile los grandes proyectos de inversión ponen en riesgo al ambiente, la salud de las personas y la sustentabilidad. Por su parte la población ya no confía en este tipo de inversiones, cuyos efectos se corroboran con el inicio de las operaciones de cada uno de ellos. La creciente oposición a estos proyectos se manifiesta en sucesivos conflictos ambientales que confrontan intereses económicos ambientalmente inescrupulosos y comunidades que no aceptan ser víctimas de nuevas injusticias ambientales.

Por: Lucio Cuenca Berger, Coordinador Nacional del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, correo electrónico: l.cuenca@olca.cl

inicio

- Uruguay: o con las plantas de celulosa y la forestación o con la gente

Uruguay ha sido uno de los países de la región que mejor y más pronto ha cumplido los deberes que otros le dictaron.

Ya en 1951, una misión conjunta de la FAO y el Banco Mundial hizo una serie de recomendaciones sobre el desarrollo forestal del país, que constituyeron la base de las leyes forestales aprobadas en 1968 y 1987. Su visión implicaba la promoción de plantaciones de especies aptas para la industria de la madera en el marco de un modelo exportador para el cual el manejo forestal es una actividad empresarial o fabril más.

En 1985, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) vino a estas tierras a estudiar la viabilidad económica y financiera de la instalación de una fábrica de pulpa kraft. Tanta fue su incidencia que el Plan Nacional de Forestación promulgado por el gobierno en julio de 1988 se basa explícitamente en el “Estudio de plan maestro para el establecimiento de plantaciones de árboles y utilización de la madera plantada [sic] en la República Oriental del Uruguay" publicado por la JICA en marzo de ese mismo año, que propulsa la forestación masiva con pino y eucalipto.

Fue luego el Banco Mundial quien aportó en 1989 los recursos que hicieron posible el afianzamiento del modelo exportador forestal de troncos de eucalipto para celulosa. Esa inyección de dineros permitió otorgar una serie de beneficios al sector forestal: exoneraciones de impuestos, reintegro parcial del costo de plantación, créditos blandos a largo plazo, desgravación de impuestos a la importación de maquinarias y vehículos, construcción de carreteras y puentes, igualdad de beneficios para inversiones del exterior. La inversión en el sector se catapultó, a expensas de subsidios pagados por el resto de la sociedad (estimados a la fecha en más de 400 millones de dólares) y de la destrucción de las praderas y los pocos ejemplares remanentes de bosque indígena en áreas de serranía. Otra consecuencia fue el aumento de la concentración de la tenencia de la tierra y su profunda extranjerización, sumado a un incremento del despoblamiento del campo.

El modelo de plantaciones forestales al estilo “desierto verde” se instaló en el Uruguay sin cumplir las promesas de empleo que había hecho; según datos oficiales del Censo Agropecuario generó menos empleos permanentes que la propia ganadería extensiva, considerada hasta ahora la más ineficiente en materia de empleos generados por hectárea. Por otro lado, los pocos empleos creados se hicieron a expensas de los que se perdieron en las actividades que se sustituyeron, y con igual o peor calidad de las condiciones de trabajo y la remuneración.

Con esos antecedentes y en ese contexto se presentan en 2003 dos proyectos --uno de la empresa española Ence y otro de la empresa finlandesa Botnia, a su vez asociada a UPN/Kymmene-- para la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay, que limita con la Argentina, a 5 Km. de la ciudad de Fray Bentos y a poco más del centro turístico de “Las Cañas”.

La propuesta de Ence --con un turbio historial de crímenes ambientales en su país de origen-- de instalar una planta de celulosa ECF (ver en este mismo boletín “La obtención de la celulosa”) ha sido resistida por ambientalistas uruguayos y argentinos de ambas márgenes del Río Uruguay (ver Boletín Nº 75 del WRM). Botnia, de guante blanco y con una oferta de inversión de mil millones de dólares que en el Uruguay devaluado y empobrecido hace brillar los ojos a más de un@, también propone la instalación de una planta ECF. Cuenta a su favor con una imagen “más limpia” producto de las estrictas normativas ambientales impuestas en su propio país y de un abordaje más inteligente, con visos participativos, que le granjeó algunos apoyos. Sin embargo, consciente de los problemas que puede enfrentar, se preocupó por lograr que el Parlamento uruguayo aprobara un “Acuerdo con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la promoción y protección de inversiones”, que en realidad tiene nombre y apellido: Botnia. Mediante este acuerdo, la empresa se asegura el apoyo y la protección constante del Estado uruguayo a sus inversiones, previendo incluso la restitución de posibles pérdidas por causa --entre otras-- de “manifestaciones”.

Es una forma de abrir el paraguas antes de que llueva. Y no en vano. Si bien ante los temores expresados de la posible contaminación del río Uruguay y de la zona se insiste en que la planta proyectada será totalmente inocua, no es posible negar que estos megaproyectos conllevan grandes riesgos. Y más aún en estas latitudes, donde bien se sabe que los controles ambientales de un Estado desmantelado como el uruguayo son débiles.

El fuerte de las empresas y de quienes las apoyan es la promesa de creación de puestos de trabajo en un medio con un altísimo nivel de desocupación. Pero las cuentas están incompletas, pues no contabilizan las fuentes de trabajo locales que se perderían justamente por los posibles impactos de las plantas de celulosa --desde el característico olor a “huevo podrido” hasta la contaminación del río-- en el rubro turístico, la pesca, la horticultura orgánica, la apicultura. Y por otra parte, dicho por la propia empresa Botnia, de los prometidos 300 puestos de trabajo, 292 serían ocupados por personal muy calificado, con lo cual el grueso de la población no cambiaría sustancialmente su situación.

Mientras, la sociedad local, nacional y regional ha hecho oír su disenso. La integración de uruguayos y argentinos preocupados por la posibilidad de la instalación de una planta (o dos) de celulosa que contamine el agua y el aire en la cuenca del río Uruguay, común a ambos países, ha tomado forma en la Red Socioambiental. Entre sus múltiples actividades, en octubre del año pasado, la Red planeó un encuentro de uruguayos y argentinos en el medio del puente internacional que une a ambos países, en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos, para expresar su oposición a la planta. La acción, que fue obstaculizada por las autoridades uruguayas y argentinas, cobró no obstante estado público hasta convertirse en tema de Cancillería, y trascendió a los medios poniendo en primer plano una problemática hasta entonces silenciada (ver boletín 75 del WRM).

A su vez, un conjunto de organizaciones uruguayas, tanto locales como nacionales están empeñadas en impedir la instalación de estas plantas y llevan a cabo distintas acciones con ese objetivo, buscando generar conciencia acerca de los impactos que las mismas implicarían y señalando además que ayudarían a consolidar y profundizar el actual modelo de monocultivos forestales que ha resultado social y económicamente nefasto para el país y su gente.

En ese marco, los ambientalistas también han establecido vínculos internacionales con organizaciones y personas de España, Finlandia y Suecia, con el objetivo de intercambiar información, obtener apoyos y coordinar acciones en los países donde las empresas involucradas tienen su sede.

Al mismo tiempo, las organizaciones que se oponen a las plantas de celulosa han planteado alternativas a las 600.000 hectáreas de monocultivos de árboles resultantes de la promoción de las plantaciones por parte del Estado. En ese sentido, han planteado la necesidad de elaborar un plan nacional para el desarrollo de una industria de la madera (que incluya desde productos de madera a la construcción de viviendas de madera), que genere puestos de trabajo estable para aportar a la gente lo que hoy más necesita: trabajo y mejores condiciones de vida. Que es precisamente lo que estos megaproyectos celulósicos no pueden ofrecer.

Artículo basado en información obtenida de: “Cronología de la lucha desarrollada por diversas organizaciones sociales contra la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos”, Dr. Oscar Galli, http://www.chasque.net/guayubira/celulosa/cronologia.html ; “¿Qué le deja la forestación a la gente?”, Grupo Guayubira, http://www.chasque.net/guayubira/plantaciones/trabajo.html ; “El papel del Sur. Plantaciones forestales en la estrategia papelera internacional”, Ricardo Carrere y Larry Lohmann, 1996.

página anterior

inicio

próxima página