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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS - Argentina: comunidades Mbyá Guaraní amenazadas por empresa maderera La selva de Yabotí, 300 km al este de Posadas, en la provincia de Misiones, fue designada Reserva de Biosfera de la UNESCO en 1995. Además de su importancia en materia de biodiversidad, constituye el único refugio y sustento de dos comunidades de la etnia Mbyá Guaraní (Tekoa Yma y Tekoa Kapi'i Yvate), pueblos que solo recientemente entraron en contacto con el mundo exterior y que ahora se ven amenazados por los intereses de la empresa Moconá Forestal S.A. Los Mbyá Guaraní viven en la selva misionera desde hace más de 1.500 años. Las dos comunidades amenazadas por la empresa maderera viven y obtienen sus alimentos, medicinas y materiales en un territorio de 6.500 hectáreas que coincide con los lotes 7 y 8 de la reserva y que están en manos privadas. La empresa ofreció a las comunidades 30 hectáreas para que se conformaran. Pero las comunidades guaraníes rechazaron la posibilidad de que esa tierra tuviera un dueño y que les ofrecieran 30 hectáreas de las tierras comunales en las que antes habían vivido sus ancestros, y en las que viven hoy en día tomándolas prestadas de sus hijos. Con posterioridad, la oferta se amplió a 200 hectáreas. La empresa sigue sin querer entender la esencia de la cultura guaraní. La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), que trabaja junto a las referidas comunidades, denuncia que la empresa Moconá Forestal S.A. está destruyendo una parte de la Reserva Yabotí, habiendo talado recientemente más de un centenar de árboles de gran porte. El presidente de la FUNAM, el biólogo Raúl Montenegro, denuncia que la empresa “cuenta con las autorizaciones que da el Ministerio de Ecología de Misiones sobre la base de normas obsoletas”, y agregó que esas normas "además de obsoletas ignoran el funcionamiento de la selva. Benefician así a las empresas madereras y perjudican la salud de las comunidades indígenas. Es inaceptable que la Reserva de la Biosfera de Yabotí esté tan mal administrada, y que el gobierno misionero ignore las necesidades ancestrales de la cultura Guaraní". "Si la Resolución 020/94 --el Plan de Manejo Forestal que aplica el ministerio de Ecología de Misiones-- no se deroga, y el ministerio sigue autorizando la tala de árboles, indispensables para la vida de los Mbyá y de la selva, correrá peligro la categoría que le dio la UNESCO a la Reserva de la Biosfera de Yabotí. No puede permitirse que este genocidio silencioso continúe tan impunemente", dijo Montenegro en una queja formal presentada ante la UNESCO, en Paris. En la actualidad, las dos comunidades junto a ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), tramitan un juicio en la Justicia de Misiones para que la empresa Moconá Forestal S.A. devuelva las tierras del lote 8 a los Mbyá. Pero hasta ahora la justicia ha fallado a favor de los poderosos y hay en marcha una apelación por parte de los abogados de las comunidades. "Mientras el juicio sigue, los árboles van cayendo, y la salud de los Mbyá se deteriora por falta de medicamentos naturales y de presas que ya no caen en las trampas. El ruido de las motosierras y la caída brutal de los árboles ahuyentó la fauna nativa", indicó Montenegro. Artemio Benítez, cacique de la comunidad de Tekoa Yma, agregó: "No necesitan amenazarnos para que dejemos este lugar. Saben que si nos sacan el monte nos vamos, y eso es lo que están haciendo". Natalino Benítez, perteneciente a esa comunidad, indicó: "Los blancos ya entraron en nuestro monte y se llevaron todos nuestros remedios, los que deberían curarnos. Si ellos se llevan todo nosotros ahora ya no tendremos medicinas, no sabemos más cómo vamos a vivir ¿Dónde vamos a encontrar los remedios que debieran ser para nuestros hijos y nuestras hijas y que ahora faltan?", preguntó. Según datos proporcionados por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, esta etnia emplea más de 150 especies de plantas medicinales, muchas de ellas árboles que la empresa corta despiadadamente frente a los niños y adultos, quienes ven con espanto cómo su mundo se derrumba. Por ello, la FUNAM exigió que se les devuelva a los aborígenes los lotes 7 y 8 de la reserva. "Hasta tanto esta devolución se produzca, el Ministerio de Ecología de Misiones tiene que prohibir a la empresa Moconá Forestal S.A. seguir talando los árboles del Lote 8", exigió Montenegro. Montenegro indicó que este despojo "es un genocidio silencioso" y agregó que el genocidio tradicional "tiene olor a pólvora y masacre, pero en Misiones se logra sin derramamiento de sangre. El fusil ha sido reemplazado por la motosierra. Las madereras voltean árboles, y al hacerlo dejan a los Mbyá sin su techo y sin sus medicinas, exponiéndolos a más enfermedades y más muerte". Artículo basado en información
obtenida de: “Reserva de la Biosfera de Yabotí en Misiones”,
FUNAM, correo electrónico: funam@funam.org.ar
, http://www.funam.org.ar ; “Argentina:
Misiones: peligra la subsistencia de una etnia aborigen desconocida”,
FUNAM, http://www.biodiversidadla.org/article/articleview/5278/1/15/
; “La empresa Moconá Forestal S.A. arrincona a varias comunidades
indígenas para explotar sus bosques”, http://www.setemextremadura.pangea.org/campana4.htm
- Brasil: la hazaña y la falla del cobre de Carajá El año 2003 comenzó con la tonelada de cobre a 1.800 dólares. A principios de este año, el precio subió a aproximadamente USD 3.600, el doble del valor de 12 meses antes. El déficit en el abastecimiento de ese metal llegó a más de 500 mil toneladas. El escenario, completamente diferente al predominante en los últimos años, no podía ser mejor para el inicio de las operaciones en la mayor mina de cobre que jamás haya existido en Brasil. Inclusive antes de ser inaugurada oficialmente, lo que está previsto para fines de este mes con la presencia del presidente Lula, la mina de Sossego, en Canaã dos Carajás, en el Estado de Pará, ya está vendiendo. La Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), dueña del yacimiento (uno de los cinco que posee en la Serra dos Carajás), realizó, al comienzo del mes, el primer embarque de concentrado de cobre por el puerto de Itaqui, en el Estado de Maranhão. Se embarcaron 16.500 toneladas de concentrado para la empresa alemana Norddeutsche. De esta forma, sin dejar de ser importador, Brasil se volvió exportador de cobre. Una fecha realmente histórica, a pesar de que haya transcurrido discretamente. Dentro de tres años, con la activación de los demás proyectos en Carajás, Brasil se encontrará entre los principales productores y exportadores mundiales. La hazaña realizada por la CVRD, de producir y comercializar cobre inclusive antes de la inauguración del emprendimiento, quedó empañada por otro hecho: la constatación de que la empresa cometió el primer delito ambiental en el área. Agentes del IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) constataron, el día 26 de mayo, el lanzamiento de gran cantidad de deshechos, producidos durante la concentración del mineral, en el área de la Floresta Nacional de Carajás. Los residuos, sin ningún tratamiento previo para reducir su composición agresiva, contaminaron el suelo, que tampoco tenía ningún tipo de impermeabilización. Una vez caracterizada la agresión ecológica, la empresa fue multada por dos millones de reales (USD 700.000), sanción agravada por el hecho de que la CVRD no haya cumplido con las condiciones impuestas por el IBAMA cuando le concedió autorización para deforestar el área utilizada por la minería. En el comienzo, representantes de la CVRD trataron inclusive de impugnar la sanción, pero la empresa terminó reconociendo el error cuando decidió no presentar recurso contra la decisión del IBAMA. La empresa admitió haber subestimado el volumen de deshechos resultantes del procesamiento del mineral, que terminó superando el límite previsto. Pero alegó que el área de bosque contaminado estaba incluido en el área que el IBAMA la autorizara a deforestar en el año 2002, pero que ella no llegó a talar completamente (y que se dejó para este año porque la primera autorización ya había vencido). Un alegato que no reduce el grado de la agresión: se causó menos impacto por un error de previsión del área de deforestación efectivamente necesaria para las actividades del proyecto; la CVRD provocó un daño mucho mayor cuando se equivocó en la previsión del volumen de deshechos. Aún más, por no haber cumplido los compromisos establecidos en la primera autorización de deforestación (lo que probablemente va a requerir una segunda autorización, ya en otra coyuntura). Este doble error, con efectos positivos (involuntarios) o negativos (conscientes) revela un margen preocupante de imprecisión y falta de pericia en la operativa de la empresa, tal vez provocada por la prisa en dar inicio al emprendimiento para aprovechar las excelentes condiciones del mercado, abreviando el retorno de la inversión hecha en Sossego, de 423 millones de dólares. Es preciso aclarar si el accidente fue una fatalidad o un imprevisto, o si la CVRD decidió asumir el riesgo en función de sus compromisos comerciales, que tal vez compensen varias veces la multa, que además puede ser transformada mediante un documento de ajuste de comportamiento, en convenio para la inversión del dinero en obras y servicios de interés del IBAMA o de la acción del gobierno en el sector. Además de la sanción a la empresa, el IBAMA tiene que hacer una rigurosa reconstrucción del episodio para que no vuelva a repetirse. La inacción, la connivencia o un examen limitado puede ser interpretado como complicidad con la actividad minera más agresiva que se haya implantado hasta este momento en la Amazonia, que es la beneficiación del cobre, tan o más grave que la minería del oro. Esa gravedad no se expresó en la “Nota aclaratoria” que la CVRD divulgó cuatro días después del anuncio de la multa. Escondiendo más que revelando, la nota se limitaba a decir que los deshechos habían alcanzado un área que, aún no habiendo sido deforestada, “forma parte del área útil de la represa” y que “por lo tanto, no existió ningún daño ambiental en esa región”. Agregaba que la compañía estaba “realizando el nuevo relevamiento topográfico que servirá de base para la renovación del permiso de deforestación”. La evaluación de la existencia o no del daño ambiental es el paso siguiente al hecho ya caracterizado: el delito ambiental. Puede ser que las inspecciones terminen llegando a la misma conclusión que la CVRD: que el área contaminada por los deshechos tendrá que ser deforestada porque la minería precisa de la misma. Pero hasta ese momento, el dato incuestionable es que la empresa previó mal el volumen de deshechos y los depositó en un lugar que no estaba autorizado legalmente con ese fin. Tal vez en el futuro también se llegue a otra constatación: que el Bosque Nacional de Carajás es inconciliable con el uso económico que le fue dado. El bosque fue creado como un cinturón de protección de emergencia (y de oportunidad) contra los invasores de Carajás, que deforestaron casi todas las áreas del entorno de la provincia mineral, la mayor del planeta. Ahora la criatura puede volverse contra el creador: el bosque nacional, como unidad de conservación, ¿estará siempre amenazado por la minería de cobre, por una inadecuación originaria? Es la pregunta que cabe responder. Preferentemente, en forma urgente. Por: Lúcio Flávio
Pinto, junio 2004, correo electrónico: jornal@amazon.com.br
- Brasil: día de lucha contra el monocultivo de eucalipto La Red Alerta Contra el Desierto Verde, entidad que reúne a aproximadamente 100 organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, asociaciones, sindicatos y fundaciones, en cuatro Estados brasileños (Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro y Minas Gerais) convocó a los habitantes del Estado de Espírito Santo, a la prensa y a las autoridades políticas a participar en las manifestaciones a realizarse los días 20 y 21 de setiembre. El objetivo es denunciar los impactos socioambientales causados por el monocultivo de eucalipto destinado a la exportación, en el territorio del Estado de Espírito Santo. La Red Alerta Contra el Desierto Verde exige a las autoridades medidas con relación a las violaciones a los derechos humanos y a los impactos ambientales perpetrados por la empresa Aracruz Celulose. La Red Alerta Contra el Desierto Verde viene denunciado sistemáticamente las violaciones contra los derechos humanos perpetradas por dicha empresa en la comunidad de Vila do Riacho y en las restantes comunidades afrobrasileñas en el municipio de Conceição da Barra, en Espírito Santo. Las entidades también quieren que las autoridades tomen medidas con relación a la contaminación del agua que abastece el distrito de Vila do Riacho, ubicado próximo al complejo industrial de Aracruz Celulose. Para alertar a la población del Estado de Espírito Santo, la Rede Alerta Contra o Deserto Verde realizará el día 21 de setiembre, día nacional de lucha contra el monocultivo de eucalipto, dos manifestaciones en el norte de dicho Estado. Después de una celebración ecuménica con la presencia de líderes religiosos de la Iglesia Católica y de Iglesias Evangélicas, entre otras actividades habrá una manifestación próxima al complejo industrial de la empresa Aracruz Celulose. El “desierto verde” crece. Con el apoyo del gobierno, grandes bancos y corporaciones europeas, el monocultivo en gran escala de eucalipto se expande por las tierras que estarían destinadas a la Reforma Agraria, y por las pequeñas propiedades de agricultura familiar campesina, ocupando las mejores tierras, causando graves impactos sociales, contaminando el aire y el agua e incrementando la represión. La sociedad civil del Estado de Espírito Santo reclama “Es preciso exportar, pero ¿no es preciso vivir? Artículo basado en información
de: Comunicación de Rede Alerta Contra o Deserto Verde, correo
electrónico: fasees@terra.com.br
; Boletim Informativo do Movimento Alerta Contra o Deserto Verde do
ES, MG e Sul da Bahia, Nº 6, setiembre 2004.
- Colombia: U'was exigen salida inmediata de Ecopetrol de su territorio sagrado Parece que no hay tregua para el pueblo U’wa en su larga resistencia en defensa de sus derechos ancestrales a la vida y a sus tierras, y en rechazo a los proyectos de explotación petrolera en su territorio tradicional (ver boletines 10, 22, 29 y 38 del WRM). El Plan Colombia, Ecopetrol y sus empresas petroleras asociadas, el gobierno omiso, son amenazas para el territorio de los U’wa, para quienes “es el corazón del mundo. Por él corren las venas que alimentan el universo. Si se destruye, se desangra el mundo”. Ante la continuación de exploraciones sísmicas por parte de Ecopetrol, el pueblo U’wa ha emitido el siguiente comunicado: “Comunicado a la opinión
pública nacional e internacional” Si Ecopetrol continúa con la ejecución del proyecto Sirirí en territorio U’wa, nuestra cultura pasará a la historia. Con esta afirmación queremos recordar e informar que Ecopetrol y sus empresas asociadas como la Oxy (Occidental Petroleum Corporation) han destruido culturas indígenas y el medio ambiente. Claros ejemplos tenemos: Guahibos en Arauca, Los Motilones Bari en el Norte de Santander, los hermanos indígenas del Putumayo, y ahora nosotros. En estos sitios predomina la violencia, el hambre, el desplazamiento, el abandono estatal y la pobreza absoluta. El Plan Colombia ha facilitado la invasión de nuestras tierras por parte de las empresas transnacionales de petróleo como la Oxy, ya que con la fuerte militarización de nuestras tierras está garantizando las operaciones petroleras como la exploración, explotación y conducción del oro negro del departamento de Arauca a Coveñas, y el proyecto Gibraltar 1. Como respuesta a esta necesidad de seguridad petrolera en Colombia se han creado las dos zonas de rehabilitación, una de ellas en el departamento de Arauca, la cual afecta directamente nuestro territorio. Roberto Afanador Cobaría -Berito Kubaruwa- actual Presidente del Cabildo Mayor, se posesionó ayer 11 de febrero ante el alcalde del municipio de Cubará. Este líder U’wa ha recibido la orden oficial de nuestras máximas autoridades de continuar con la campaña nacional e internacional en contra del proyecto de exploración petrolera que adelanta Ecopetrol en territorio ancestral U’wa. “Los U’wa no negociaremos la exploración petrolera en nuestro territorio sagrado”. Decisión oficial Sexto Congreso de la Asociación U’wa. 19-26 enero de 2003. En razón de que Ecopetrol continúa con actividades de exploración sísmica en territorio U’wa, vemos la necesidad de reactivar la demanda contra el Gobierno colombiano presentada en el mes de mayo de 1997 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Asimismo denunciamos y rechazamos los ofrecimientos de proyectos que Ecopetrol está dando a algunas comunidades como mecanismos y estrategias divisionistas para debilitar la resistencia U’wa. Hoy, al igual que ayer, los U’wa solicitamos a los colombianos y al Mundo pronunciarse ante el señor Presidente de la República de Colombia, doctor Alvaro Uribe Vélez, y sus ministros, exigiendo el respeto al derecho a la vida, la cultura y el medio ambiente en nuestro territorio, pues Ecopetrol está causando daños humanos y medioambientales irreparables para el Pueblo U’wa, Colombia y el Mundo”. A través de su Cabildo Mayor, el pueblo U'wa denuncia también: “* Que desde el pasado mes de febrero Ecopetrol está llevando a cabo en el bloque Sirirí un proceso de quema de gas y extracción de crudo en pequeña escala, sin que se haya firmado acuerdos con el cabildo mayor U'wa. * Que la contaminación generada por la quemadura de gas causa graves problemas de salud a la comunidad indígena U'wa, genera graves problemas ambientales que inciden en el cambio climático y además provoca grandes deslizamientos de tierra”. El pueblo U'wa hace un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los movimientos ambientalistas y las organizaciones de derechos humanos para que “exijan al gobierno colombiano el respeto de los derechos humanos y ambientales del pueblo indígena U'wa, y que ordene a la empresa Ecopetrol la suspensión inmediata de la quema de gas y extracción del crudo”. Desmienten, además, categóricamente los rumores de que el Cabildo Mayor haya adelantado acuerdos de explotación petrolera del territorio U’wa. Artículo basado en información
obtenida de: Comunicados de prensa del Cabildo Mayor de los U’wa,
del 25 de agosto y 6 de setiembre de 2004, correo electrónico:
mozambique84@hotmail.com
- Ecuador: el Parque Nacional Yasuní en peligro por actividades petroleras de Petrobrás La integridad del Parque Nacional Yasuní (PNY), ubicado en el corazón de la Amazonia ecuatoriana, corre grave peligro ante el inminente inicio de actividades petroleras por parte de la empresa petrolera estatal de Brasil, Petrobras (Petrobras Energía Ecuador). El PNY es el mayor parque del Ecuador continental y está situado en una de las áreas más importantes del planeta en biodiversidad. En el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa Walsh para Petrobras se encontró que en una parcela de bosque de 0,25 Ha. se registraron 95 especies de plantas. Por tratarse de bosques amazónicos inundables, las características del suelo hacen del PNY un lugar de extrema fragilidad ecológica. Pero su importancia no sólo radica en su biodiversidad. El PNY es el hogar del Pueblo Indígena Huaorani , que se encuentra en peligro por la actividad de siete empresas petroleras que actúan en su territorio y que han provocado alteraciones profundas en su medio ambiente y su cultura. Derrames de petróleo bruto han contaminado aguas de ríos y pozos donde se bañan los indígenas, de donde extraen agua para beber y lavan sus ropas. La carretera y los oleoductos deforestan la selva y ahuyentan la fauna, además de poner en riesgo y hacer vulnerables las comunidades que viven al costado de la carretera y alrededor de los ductos. Las consecuencias de la contaminación aparecen en la pérdida de calidad de vida de los Huaorani (que ahora deben caminar hasta 12 horas en busca de caza) y en la dependencia (la empresa entrega comida pronta a los indígenas como parte de los acuerdos que realiza con la comunidad con el fin de compensar los impactos de sus actividades sobre la caza y la pesca). La presencia de las compañías petroleras ha ocasionado, entre los Huaorani, nuevas enfermedades hasta entonces casi desconocidas (hepatitis, sífilis, etc.), además de aumentar los casos de enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias en función de la contaminación ambiental. La misión de verificación internacional que realizó una visita al Parque Nacional Yasuní (PNY), concluyó que el tipo de relación establecida por las empresas petroleras Repsol y Encana con las comunidades Huaorani es de control, dominación y dependencia e implica una violación al derecho de ese pueblo a su autodeterminación; afecta la cultura, los valores y los conocimientos que determinan su estilo de vida; y supone una ausencia de protección de este derecho, que debería ser ejercida por el Estado. La misión cree que a partir de lo que fue observado, la entrada de Petrobrás a esta área representa una amenaza para su preservación y la integridad de sus habitantes (el informe de la misión -en Portugués- se puede leer en: http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/Yasuni.html ). Por su parte, Petrobrás
realizó un estudio de impacto ambiental para sus operaciones
petroleras en el Bloque 31. En los comentarios de la organización
ecuatoriana Acción Ecológica a dicho estudio se concluye
que: Las prácticas operativas propuestas en el estudio reflejan que se utilizará una tecnología pobre, que se producirán con descargas de desechos tóxicos al ambiente y que se utilizará una infraestructura barata. Pero lo que es aún más grave, el proyecto violará los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales de todos los ecuatorianos, pues se trata de un área que pertenece al patrimonio nacional del país”. Acción Ecológica identifica una serie de aspectos que revelan que los estudios ambientales del proyecto petrolero de Petrobras Energía Ecuador no representan una garantía para la conservación del PNY, ni para que el pueblo Huaorani ejerza libremente los derechos colectivos reconocidos en la Constitución. Algunos de dichos aspectos son: “ * Se provocará
una deforestación directa de 139,7 hectáreas, si se cumple
de manera estricta el plan de manejo, pero los impactos indirectos de
la operación pueden comprometer cientos de hectáreas más;
la mayoría de las cuales estarán dentro del Parque Nacional
Yasuní. En base a esas consideraciones, Acción Ecológica concluye que: “Estos elementos expuestos revelan que ni el Estudio de Impacto Ambiental, ni las prácticas operacionales propuestas por Petrobras Energía Ecuador constituyen una garantía para la conservación del Parque Nacional Yasuní. Peor aun, no ofrecen ninguna garantía para que las comunidades indígenas impactadas por este proyecto puedan ejercer libremente sus derechos colectivos reconocidos por la Constitución Política del Ecuador y el Convenio 169 de la OIT. El proyecto constituye además una violación al derecho constitucional de todos los ecuatorianos de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Con estos antecedentes recomendamos que el Ministerio del Ambiente no otorgue la licencia ambiental a la empresa petrolera Petrobras Energía Ecuador.” Artículo basado en información
obtenida de: “Petrobrás en el Yasuni. Comentarios al estudio
de impacto ambiental del bloque 31”, Acción Ecológica-Oilwatch,
mayo 2004, enviado por Elizabeth Bravo, correo electrónico: ebravo@hoy.net
; “Petrobrás promoverá injustiça ambiental
ao ameaçar a integridade do Parque Nacional Yasuni e da populaçao
indígena Huaorani”, distribuido por Julianna Maleaba, correo
electrónico brsust@fase.org.br
, y Jeffer Castelo Branco, correo electrónico: jeffer@acpo.org.br
- Perú: pobladores de Cajamarca se oponen a la minería En la ciudad de Cajamarca, al norte de Perú, miles de campesinos, estudiantes y organizaciones sociales están luchando contra los planes de la empresa minera Yanacocha (cuya principal accionista es la empresa minera estadounidense Newmont, junto con la empresa peruana Buenaventura y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial) de realizar trabajos de exploración en el Cerro Quilish, cuyas vertientes alimentan a los ríos Grande y Porcón. Los pobladores exigen al Gobierno del Perú que anule la resolución tomada, a través de la cual autorizó a la empresa Yanacocha a iniciar sus actividades. (Los argumentos de las comunidades para su oposición pueden leerse en: http://www.wrm.org.uy/paises/Peru/Quilish.html ) Nos piden nuestro apoyo urgente y nos solicitan que enviemos cartas a las autoridades peruanas rechazando tal decisión. Adjuntamos una carta tipo a ser enviada. Desde ya muchas gracias por el apoyo! CARTA MODELO: Estimado Señor: Queremos expresarle a usted nuestra preocupación ante los casos suscitados en Cajamarca, ciudad ubicada al norte peruano, ahora ampliamente difundidos a nivel internacional, debido al conflicto entre los pobladores de la ciudad y la minera Yanacocha. De acuerdo a medios de comunicación peruana e internacional, de la opinión de organizaciones locales y de varios informes técnicos, el conflicto se ha generado por la insistencia, tanto de la empresa minera Yanacocha (cuya principal accionista es la empresa Newmont junto con la minera Buenaventura y el Banco Mundial), como del Ministerio de Energía y Minas, de realizar trabajos de exploración minera en el Cerro Quilish, a pesar de la oposición de los campesinos del lugar. Los campesinos, y pobladores de la ciudad, conocedores de los daños causados por la empresa en otras zonas de su región -como el derrame de mercurio en Choropampa y otras denuncias que en contra de la empresa Yanacocha han sido interpuestas desde el año de 1993-, ven con temor que la minería en este lugar, afecte severamente los recursos de agua, indispensables para la vida de los pobladores y para la explotación agropecuaria que es fuente de su sustento. Pedimos a usted, encaminar todas las medidas necesarias para lograr la nulidad de la Resolución Directoral 361-2004-MEM/AAM que autorizó el reinicio de las actividades de exploración de Minera Yanacocha en el Cerro Quilish ya que con esta medida administrativa, el Ministerio de Energía y Minas pasó por encima de una decisión local que declaró como Área Protegida Municipal al Cerro Quilish, mediante la ordenanza Nº 012-2000, de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Asimismo, esta resolución contraviene un pronunciamiento del Pleno del Concejo Provincial de Cajamarca, del 3 de setiembre de este año, que responsabiliza tanto al ministerio como a la empresa por la autorización y exige la paralización de actividades y el retiro de la maquinaria del Cerro Quilish. Pedimos también que se evite la represión y la violencia con los campesinos y pobladores que ya han sufrido severos atropellos a su integridad física. Esperamos que el respeto a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, derechos reconocidos tanto por la Declaración Universal de Derechos Humanos como por la legislación nacional, se antepongan a los intereses económicos de la empresa Yanacocha. Tanto el Ministerio de Energía y Minas que usted preside como la empresa deben respetar los derechos de los campesinos a defender sus tierras, al disfrute de áreas protegidas en su provincia, así como el derecho al agua y a un medio ambiente sano; finalmente resaltamos la importancia del derecho a la autodeterminación de los pueblos para decidir qué tipo de desarrollo quieren en Cajamarca, tal como en su momento lo sostuvo el conocido internacionalmente pueblo de Tambogrande en Piura años atrás. Atentamente, Enviar las cartas a: Señor Presidente Alejandro
Toledo Newmont Mining Corporation Señor Carlos Santa Cruz Señor Jaime Quijandría Mandar copias a:
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Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Maldonado 1858
11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
wrm@wrm.org.uy
