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Número 86 - Setiembre 2004
Indice - Opinión - Africa - Am. del Sur - Oceania


ASIA

LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

- Bangladesh: manglares del Sundarban amenazados por extracción de petróleo y gas por India

El Sundarban, que abarca unos 10.000 km2 de tierra y agua, constituye el bloque contiguo de bosques costeros de manglares más grande del mundo, e integra el mayor delta del planeta formado por los sedimentos depositados por los tres grandes ríos –el Ganges, el Brahmaputra y el Meghna- que convergen en la cuenca de Bengala.

En 1997 una parte del Sundarban bengalí fue declarada Patrimonio Universal por la UNESCO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha financiado proyectos para salvarlo de la degradación.

La superficie total de la parte bengalí del Sundarban es de 5.771 km2 (casi un 62% del total), de los cuales 4.071 km2 son tierra y el resto es agua. La otra parte del Sundarban pertenece a la India, y se extiende a lo largo de la bahía de Bengala.

Ambos países declararon que aplicarían medidas efectivas para conservar el patrimonio del Sundarban. En consecuencia, aprobaron el Proyecto India-Bangladesh de Conservación de la Biodiversidad, que contaba con un fondo de 77 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, en ese mismo momento, ambos países planificaban la extracción de hidrocarburos en el territorio del Sundarban.

Ahora se ha difundido ampliamente la noticia de que India extraerá petróleo y gas en forma unilateral de su parte del Sundarban a partir de enero del año próximo. El gobierno indio ha llegado a un acuerdo con la empresa Indian Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). El presidente y director general de ONGC declaró en una conferencia de prensa el 19 de agosto que ONGC comenzará las perforaciones cerca de la costa de la Bahía de Bengala, a unos 150 km del Sundarban.

El Proyecto India-Bangladesh de Conservación de la Biodiversidad del Sundarban ha demostrado no servir para nada, ya que no ha expresado ninguna reacción ante esta declaración unilateral del gobierno indio.

Los científicos ambientalistas indios han advertido que Bangladesh no será el único que pierda en caso de que India extraiga hidrocarburos del Sundarban; India también sufrirá perjuicios ambientales. Como afirmó Ashraf-ul-Alam Tutu, Coordinador de la campaña Salvemos al Sundarban: “los habitantes del mundo han comprobado que siempre que se realizan exploraciones para buscar hidrocarburos en un bosque de manglares, el resultado ha sido un desastre ambiental”.

Artículo basado en información obtenida de: “India to extract hydrocarbons in Sundarban from January”, Shaun Haque en Dainik Prabartan, Khulna, domingo 12 de setiembre de 2004, enviada por la Campaña Salvemos al Sundarban (Save Sundarban), correo electrónico: cdp@khulna.bangla.net


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- Indonesia: coalición de ONGs rechaza intentos del gobierno de introducir la minería en bosques protegidos

La ley indonesa N° 41/1999 prohíbe las actividades de minería a cielo abierto en bosques protegidos y exige la suspensión de las actividades de varias compañías mineras. En el mes de Julio el parlamento indonesio avaló un decreto presidencial que modifica esta ley (Perpu N° 1/2004), que establece que todos los contratos de minería firmados antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 41/1999 sobre manejo forestal son válidos durante el plazo pendiente de los respectivos contratos. El decreto proporciona la justificación política para que 13 compañías mineras operen en bosques protegidos. Este es el punto de partida de un futuro proceso de destrucción. Como era inevitable, las otras 145 compañías mineras que no figuran en el decreto presidencial exigirán igual trato por parte del gobierno. Esto augura consecuencias desastrosas para las 11,5 millones de hectáreas de áreas protegidas reclamadas como concesiones mineras.

“El conflicto y la destrucción ecológica serán permanentes en los sitios mineros autorizados recientemente por el gobierno. Y eso empeorará el sufrimiento de las comunidades locales cuyo sustento depende de los bosques", concluyó Siti Maimunah, Coordinador Nacional de la organización Red Indonesa de Acción contra la Minería (JATAM).

El Ministro de Energía y Recursos Minerales Purnomo Yusgiantoro, había advertido previamente sobre las repercusiones legales a las que se exponía el país si no cumplía con sus contratos mineros. Longgena Ginting, Director Nacional del Foro Indonesio para el Medio Ambiente (WALHI), argumentó: "La amenaza de un arbitraje internacional no debe convertirse en un fantasma que atemorice al parlamento a prohibir la minería a cielo abierto en bosques protegidos. El gobierno de Indonesia debe seguir el ejemplo del gobierno costarricense que tuvo el coraje de enfrentar la amenaza de arbitraje internacional de las compañías extranjeras, para proteger los bosques y defender de esa manera los intereses de la comunidad y el medio ambiente".

Para restaurar las normas legales indonesias, la Coalición de ONGs Contra la Minería en Áreas protegidas emprenderá una acción legal en relación con el Perpu. Esa acción legal también se extenderá a la compañía PT Nusa Halmahera Minerals (propiedad de Newcrest Mining de Australia), que comenzó actividades de minería a cielo abierto en el bosque protegido de Toguraci, después de haber sido prohibidas en 1999 por la Ley forestal mucho antes de la aprobación del decreto Perpu y el decreto presidencial. PT Nusa Halmahera Minerals violó la ley en forma clara, especialmente la cláusula 38(4) de la Ley forestal N° 41/1999 que prohíbe en forma explícita realizar operaciones de minería a cielo abierto en bosques protegidos.

La Coalición de ONGs también ha hecho un llamado a la comunidad en todos sus niveles, tanto en los sitios de minería como al público en general, que sufrirá los impactos de los desastres ambientales producidos por la destrucción del bosque, para que analicen con atención las políticas adoptadas recientemente por el gobierno indonesio, que tienen el potencial de ocasionar grandes pérdidas a la comunidad.

Artículo basado en información obtenida de: “Press Release - NGO Coalition against mining in protected areas”, enviado por WALHI, correo electrónico: walhi@walhi.or.id , http://lama.walhi.or.id/ ; “Indonesia: Legislators say no to mining in protected forests”, Jakarta Post, Kurniawan Hari, http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=33160


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- Malasia: la lucha de las comunidades indígenas Sabah contra el madereo y las plantaciones de palma aceitera

Representantes de los Murut, los Kadazandusun, los Rungus y de otras 30 tribus procedentes de la región remota de Tongod, atravesaron en julio de este año el norte de Borneo para llegar hasta la flamante oficina del Ministro interino de Ordenamiento Territorial de Sabah, Datuk Lajim Haji Ukin, en la ciudad capital de Kota Kinabalu.

El objetivo del grupo era exigir al gobierno que cumpla sus propias leyes, que reconozca los derechos de los nativos de proteger y manejar sus recursos naturales y que detenga la reasignación de tierras a las empresas madereras y de plantaciones.

En Tongod y en todo Sabah, poblados enteros han sido reubicados contra su voluntad. Se han talado vastas zonas de bosques tropicales y de fincas, y se han destruido tumbas y huertos frutales. La replantación de monocultivos de palma aceitera está ocasionando una erosión en gran escala, desprendimientos de tierras, la sedimentación del río y la contaminación generada por plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. La pérdida de alimentos silvestres, de refugio, materiales de construcción y plantas medicinales causa a los pueblos indígenas un perjuicio económico sin precedentes hasta el momento. El gobierno ha respondido a las protestas pacíficas algunas veces con el silencio y otras con represión policial.

Wilster L., jefe de poblado, pronunció un discurso apasionado para el que no hubo oídos receptivos. La respuesta del Ministro interino fue: “Necesitamos este tipo de desarrollo para que la infraestructura de la zona, como las carreteras, resulte más práctica.”

La frustración y la desesperanza cunden en Tongod. Tal como reflexionara Naomi, una mujer del poblado de Wilster, la pérdida de los bosques es también la pérdida de su hogar y su identidad. “¿Cómo pueden venir y llevarse nuestra tierra y talar los árboles que plantó el padre de mi padre? Eso tiene que ser ilegal. No pueden tratarnos de esta forma.”

Con la ayuda de organizaciones de apoyo a la comunidad, Wilster y otros pobladores de Tongod intentan actualmente una nueva estrategia: han presentado ante los tribunales una demanda contra el Estado y dos compañías plantadoras, Hup Seng Consolidated Berhad y Asiatic Development Berhad. Este caso es la primera prueba deliberada de las leyes de tenencia de tierras de Sabah respecto de los pueblos indígenas.

Los residentes de Tongod fueron alentados por un caso que marcó un precedente en el vecino Sarawak, en el cual el Juez malayo Ian Chan amplió la definición de tierras nativas tradicionales para incluir no solo a las tierras agrícolas cultivadas activamente por los pobladores, sino también las corrientes de agua, los bosques y las tierras de caza tradicional utilizadas por la comunidad. De esa forma sostuvo en su sentencia que los pobladores indígenas de la aldea de Rumah Nor tenían derechos consuetudinarios que debían prevalecer por sobre las concesiones otorgadas por el gobierno. Esta decisión paró en seco las máquinas excavadoras de la empresa Borneo Pulp and Paper Company.

A partir de la victoria legal obtenida en Rumah Nor, decenas de comunidades indígenas de Sarawak han inundado los tribunales con casos similares contra las compañías plantadoras que han invadido sus tierras. Sin embargo, se enfrentan a algunas dificultades: los procesos legales en otros estados de Malasia son penosamente lentos, y también existe el riesgo de que pierdan sus derechos en caso de que los tribunales se pronuncien en su contra.

Una vez más, la concepción de desarrollo dominante se opone al bienestar de los pueblos y del medio ambiente.

Artículo adaptado de: “Sabah Tribes Rally Against Corporate Takeover of Land”, Earth Island Journal,
http://www.earthisland.org/eijournal/new_articles.cfm?articleID=908&journalID=80


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- Tailandia: el gobierno quiere expulsar a las comunidades étnicas Pang Daeng para favorecer al turismo y las plantaciones de árboles

La Sra. Mai, miembro de la comunidad étnica Palaung y madre de tres niños, habitante del poblado de Pang Daeng en el norte de Tailandia, está acampando frente al Ayuntamiento de la ciudad de Chiang Mai desde hace ya varias semanas. Junto con varios cientos de pobladores de su comunidad, solicitan al gobernador de Chiang Mai que libere a su esposo, Tan Bortuk, y a otros habitantes del poblado.

El 23 de agosto de 2004, el Departamento Real de Bosques (RFD, por sus siglas en inglés) arrestó y encarceló a Tan Bortuk y a otros 47 habitantes étnicos del poblado de Pang Daeng, entre ellos ancianos y mujeres embarazadas, acusándolos de invadir en forma ilegal la Reserva Nacional de Chiang Dao. El 9 de setiembre siguiente, el Tribunal Provincial de Chiang Mai liberó a 48 pobladores étnicos bajo fianza y las audiencias preliminares del caso tendrán lugar el próximo mes.

A lo largo de los años, la persecución y represión del RFD contra las comunidades locales se ha generalizado, en particular contra las minorías étnicas que habitan en las reservas nacionales de bosques, mientras el Estado trata de clasificar las tierras boscosas como parques nacionales, o rehacerse de las tierras de los poblados para cederlas a emprendimientos turísticos o para establecer plantaciones de árboles.

Pero para la pequeña comunidad de Pang Daeng, integrada por las minorías étnicas Lahu, Lisu y Palaung, y ubicada en el bosque Chiang Dao de la provincia de Chiang Mai, los arrestos son una pesadilla recurrente.

Los primeros comenzaron en 1988, cuando el RFD encarceló a 19 pobladores Palaung de Pang Daeng. En 1998, el número subió a 56, e incluyó a pobladores Lahu, Lisu y Palaung; después se desestimaron las acusaciones y se liberó a los pobladores con la condición de que la comunidad dejara sus tierras. Ahora, en agosto de 2004, nuevamente fueron encarcelados 48 pobladores de Pang Daeng.

La Sra. Mai explica que “los métodos son siempre los mismos. Tarde en la noche o temprano en la madrugada, invaden el poblado cientos de soldados y fuerzas de la policía de frontera fuertemente armados, acompañados por funcionarios del departamento forestal. Irrumpen en las casas y se llevan a los pobladores a los camiones que los esperan. A menudo los funcionarios dicen que se los llevan a una ‘reunión’ o que ‘el gobierno les proporcionará mantas gratis’.”

Los arrestos son al azar y nadie está libre de caer en la redada: en 1998, un muchachito de 14 años del poblado vecino de Pang Tong fue detenido cuando regresaba a su hogar tras visitar por un día la comunidad de Pang Daeng para prendar la motocicleta de su familia; este año fue arrestada una mujer Palaung embarazada.

Tan Bortuk, de 45 años, fue arrestado en 1998 y liberado casi un año después. Ahora está nuevamente preso. Mai no podría pagar ni siquiera los 40 bahts (US$1) necesarios para visitarlo en Chiang Mai; la fianza fijada en 200.000 bahts (US$ 5.000), está completamente fuera de sus posibilidades.

La persecución permanente del estado ha impuesto a la población de Pang Daeng una escasez grave de alimentos en la medida que no pueden reanudar sus tareas cotidianas trabajando como mano de obra contratada en huertos y arrozales o en el turismo en Chiang Dao. El miedo ha llevado a muchos a dormir en pequeños grupos en el bosque, en vez de hacerlo en el poblado.

Son varias las razones por las que el estado insiste en cargar sus baterías contra la comunidad de Pang Daeng, pero la principal es la variedad de intereses económicos involucrados: importantes grupos empresariales tailandeses del distrito de Chiang Dao quieren construir centros turísticos y otros tipos de infraestructura en el magnífico paisaje montañoso de esa zona, y además expandir los huertos frutales; el RFD quiere la zona para establecer plantaciones comerciales de árboles de teca y de otras especies; a esto se suma el madereo ilegal descontrolado que llevan a cabo actores influyentes de fuera de la zona.

El turismo se ha expandido rápidamente en Chiang Dao desde 1995. Las montañas Chiang Dao son muy conocidas por su hermoso paisaje; entre los arrozales se yergue hacia el cielo el enorme pico de roca caliza Doi Luang de 2.195 metros de altura; el relieve centenario de piedra caliza de la zona cuenta con vastos túneles y cuevas diseminadas por todas las montañas. Considerando la gran cantidad de dinero que mueve el turismo, el estado y los grupos empresariales preferirían que la comunidad Pang Daeng fuera desalojada de la zona para edificar más centros turísticos, plantaciones frutales y de árboles.

Muchos pobladores Palaung se trasladaron desde Birmania a través de la frontera con Tailandia para escapar al trabajo forzado al que los sometían las fuerzas armadas birmanas. Irónicamente, sin embargo, después de que se instalaron en Tailandia, el RFD comenzó a utilizarlos como mano de obra no remunerada en sus proyectos de “reforestación”.

Aai Sangoii, de 32 años, que fue arrestado una vez en 1998, afirma que: “el RDF nos entregó algunas tierras y nos contrató para reforestar 600 rai (aproximadamente 600 hectáreas) con teca en el poblado de Pang Daeng Nai. Pero aunque plantamos los brotes que nos dieron, solo nos pagaron con algo de dinero para comer, nunca por nuestro trabajo”.

“El año pasado, el RFD proporcionó a los pobladores de Pang Daeng 1.000 brotes de teca y otras especies y les pidió que los replantaran en los bosques circundantes. Los pobladores caminaron largas distancias hasta llegar a las áreas de bosque y la tarea les llevó 5 días. Unos días después el Ministro de Recursos Naturales visitó la zona y dijo que los pobladores eran un buen ejemplo de cooperación con el gobierno. No sabemos si los brotes sobrevivieron”.

Kingkorn Na Ayuthaya, de la Fundación de Desarrollo del Norte, en Chiang Mai, declara que “la mayor parte de los proyectos de reforestación del RFD nunca están destinados verdaderamente a recuperar los bosques degradados, sino solamente a obtener un gran presupuesto. Los funcionarios utilizan algo del dinero para los brotes y pagan a los pobladores locales para que los replanten. Pero habitualmente existe muchísima corrupción. No causa sorpresa que muchos proyectos de reforestación fracasen y que los árboles que se plantan no duren mucho”.

Son pocos los habitantes de Pang Daeng que tienen ciudadanía tailandesa plena, ya que la población está compuesta por inmigrantes comparativamente nuevos en la zona. Muchos de ellos arribaron a comienzos de la década de 1980, y por tanto tienen pocos recursos legales en el marco de las leyes que protegen a los ciudadanos tailandeses. Los funcionarios forestales deseosos de cumplir “las metas anuales de reforestación” o de demostrar su celo oficial en la protección de los bosques de montaña, explotan esta situación.

Las políticas forestales en Tailandia tienen un sesgo subyacente de prejuicio racial y étnico. Los funcionarios estatales y los pobladores tailandeses de las tierras bajas encuentran en las minorías étnicas de las montañas un chivo expiatorio conveniente para los problemas ecológicos que afectan a las cuencas del norte de Tailandia. En particular desde fines de la década 1980, el aumento de la escasez de agua ha llevado a las comunidades agrícolas tailandesas de las tierras bajas a presionar a las comunidades étnicas que viven y cultivan las tierras altas para que abandonen la zona como forma de “proteger las cuencas de las tierras altas”. Esto a pesar de que la escasez de agua en general responde fundamentalmente a un aumento de los cultivos comerciales y la horticultura en las tierras bajas y a la expansión de las áreas urbanas, los campos de golf y los centros turísticos, y no a la agricultura que practican las comunidades étnicas que viven en las montañas.

Kingkorn Na Ayuthaya agrega: “la comunidad Pang Daeng es un blanco fácil para que los funcionarios del gobierno, motivados por razones étnicas o raciales, demuestren que están protegiendo los “bosques de montaña” de las “tribus montañesas”.

Esta vez, los arrestos en la comunidad de Pang Daeng sirven además a los propósitos de una agenda aún más insidiosa del RFD. Desde la década de 1990, los movimientos de pobladores rurales aliados con organizaciones no gubernamentales luchan por lograr un reconocimiento más decidido de los derechos de los pobladores de los bosques. La Constitución de Tailandia de 1997 contiene varias disposiciones que protegen a las comunidades dependientes de los bosques y a las minorías étnicas. Pero si el RFD puede convencer a la corte de librar una orden de desalojo de la comunidad de Pang Daeng por invasión del bosque, obtendrían un precedente legal que alentaría al estado a efectuar nuevos arrestos y a continuar con la política de intimidación de las comunidades de los bosques y los grupos de minorías étnicas en todo el territorio de Tailandia.

Los pobladores étnicos de Pang Daeng no están dispuestos a abandonar sus tierras y trasladarse fuera de la zona. La comunidad ha elevado su petición al Primer Ministro, las oficinas de las Naciones Unidas en Bangkok, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Abogados. Las organizaciones de la sociedad civil han apoyado a la comunidad a través de campañas financieras para colaborar con los miembros de las familias de los pobladores detenidos.

La Sra. Anchalee Ponkleang del grupo no gubernamental IMPECT (que trabaja en educación y cultura con las poblaciones de montaña) declaró: “exigimos que el gobierno provincial cree un comité que resuelva los problemas del bosque a largo plazo. El gobierno tiene que dar solución al tema de la ciudadanía y asegurar los derechos a la vivienda y a las tierras de cultivo de la comunidad de Pang Daeng”.

Por: Noel Rajesh, correo electrónico: noelrajesh@yahoo.com , y Helen Leake, International Alliance of Indigenous Peoples (Secretaría de Chiang Mai), correo electrónico: helen@international-alliance.org

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