CASOS REGIONALES

- Argentina: un respiro a la arremetida comercial contra los bosques

El 26 de noviembre de 2004, la legislatura de la Provincia de Santa Fe aprobó una ley de emergencia ambiental que constituye una moratoria -suspensión- absoluta de desmonte, tala, deforestación, quema o destrucción de montes y bosques nativos por el término de 180 días, prorrogable por el poder ejecutivo a 180 días más.

Por otra parte, el 17 de diciembre último, el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 a cargo de la Dra. Iride Isabel María Grillo, de la Provincia del Chaco, hizo lugar a una Acción de amparo colectivo interpuesta por comunidades indígenas en defensa de sus territorios. En tal sentido, declaró inconstitucional la reforma de la ley de bosques, que permitía la tala del bosque sin límites, partiendo de la violación del deber de consulta a las comunidades indígenas y la violación de las obligaciones ambientales de parte del Estado chaqueño y por todos los efectos que ello causa, obligando a realizar una evaluación del daño sufrido por el monte chaqueño y a una evaluación de impacto ambiental y social de persistirse en tales acciones.

Para dicho fallo citó, entre sus fundamentos, parte del documento del Foro del Buen Ayre, una coalición de ONGs que estuvo presente en la 10ª Conferencia de las Partes (COP 10) de la Convención de Cambio Climático realizada en Buenos Aires, y que exigió detener todos los desmontes sosteniendo que "tanto por razones de protección de la biodiversidad, como por los múltiples servicios ambientales que ofrecen, también desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático, debemos proteger los últimos bosques que quedan en la Argentina”.

 En el referido documento, el Foro del Buen Ayre reclama al Estado Nacional argentino que actúe para proteger a las comunidades y pueblos originarios que son despojados de sus tierras, y cuyas reservas naturales son licitadas para aprovechamiento particular. “El Estado Nacional no puede continuar ausente en este proceso de devastación de nuestros bosques”, se dice.

En el documento, las organizaciones del Foro del Buen Ayre sostienen que: “Son necesarios planes de ordenamiento territorial que aseguren la preservación de los bosques nativos, su biodiversidad y el uso del suelo con criterios de sustentabilidad. El Estado debe comprometerse con una política activa y responsable y no dejar librada la preservación de los bosques a la desigual correlación de fuerzas entre empresarios, vulnerables comunidades campesinas y gobiernos provinciales”.

Se identifican también las causas de una de las mayores catástrofes climáticas del siglo XXI enfrentadas por la Argentina entre marzo y abril del 2003. La provincia de Santa Fe sufrió una de las peores inundaciones de las que se tenga registro: en 10 días cayeron 400 mm de lluvia que afectaron 220.000 hectáreas, perjudicando a la población y a las principales actividades económicas de la zona. El saldo de la catástrofe fue de 130.000 damnificados, 30 muertos, 28.000 viviendas dañadas y pérdidas por más de 1.500 millones de dólares.

Uno de los factores coadyuvantes para que las inundaciones se transformaran en una verdadera tragedia fue la pérdida sostenida durante las últimas décadas de superficie boscosa en las cuencas de ríos como el Salado (ver boletín del WRM Nº 85). Esta deforestación tiene su principal causa en la expansión agrícola. Desde 1999 el trabajo incesante de las topadoras en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ha permitido la expansión de los cultivos de soja en más de 2.000.000 de hectáreas. En la región chaqueña, que es una de las más afectadas, se estima que de continuarse con esta práctica, para el año 2010 se desmontarán unas 4.300.000 hectáreas.

Dicha deforestación es, a su vez, un aporte notable a las emisiones de carbono y por ende, al incremento del calentamiento global. En un trabajo reciente de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se efectuó una evaluación actualizada de las emisiones provenientes de la deforestación en los distintos ambientes forestales. Los datos presentados señalan que, en la actualidad, Argentina posee una gran fuente de emisiones producto de la deforestación en la región Noroeste del país, Parque Chaqueño y Selva de Yungas.

En una situación desalentadora en la que los bosques nativos ocupan hoy sólo el 14% del territorio nacional -mientras que en el año 1914 ocupaban el 39% de la superficie- las organizaciones locales consideran positivas ambas resoluciones, que siquiera dan un respiro a la arremetida de los intereses comerciales que arrasan con la vida misma.

Será cuestión de aprovechar ese espacio para trabajar socialmente en la visualización de modelos productivos que restañen la separación entre producción y naturaleza y permitan desenterrar los saberes locales y sus formas de relacionarse con el mundo, que seguramente mucho tienen que aportar para lograr una integración recíproca de los sistemas.

Artículo basado en información obtenida de: “Urgente, Santa Fe declaró la emergencia ambiental y frenó los desmontes por ley”, http://www.greenpeace.org.ar/noticia.php?contenido=4432&item=&seccion=4; “Chaco: fallo a favor de comunidades indígenas”, http://www.argentina.indymedia.org/news/2004/12/248289.php; “El Cambio Climático y la agenda local”, documento del Foro del Buen Ayre, correo electrónico: marem@lq.com.ar, www.foroba.org.ar, enviado por la Dra. Anna Petra, correo electrónico: annapetra@cabledosse.com.ar

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- Brasil: carta abierta de las organizaciones sociales en rechazo de la certificación de Aracruz Celulose

En una carta abierta firmada por varias organizaciones sociales y personalidades de Brasil, la Rede Alerta contra o Deserto Verde (Red Alerta contra el Desierto Verde) denuncia y rechaza la certificación de Aracruz Celulose, gran empresa de plantaciones y una de las mayores productoras de pulpa de eucalipto blanqueada en el estado de Espírito Santo, a través del programa CERFLOR del gobierno brasileño.

La Red Alerta contra el Desierto Verde está indignada con el proceso de CERFLOR para la certificación del "manejo de bosques" de Aracruz Celulose. Esta empresa posee 146.000 hectáreas de tierras en el estado de Espírito Santo, de las cuales 93.000 están ocupadas por monocultivos de eucaliptos.

Una vez más declaramos que un monocultivo industrial, a gran escala, no puede ser certificado puesto que es insustentable. Las plantaciones de eucaliptos son "sustentables" solamente en opinión de Aracruz, que aumenta su productividad a expensas del alto consumo y contaminación de los recursos hídricos, la muerte de peces y animales y muchos otros impactos socioambientales que involucran a comunidades indígenas y quilombolas (descendientes de esclavos africanos) y pequeños agricultores que vivían en la región que ahora se conoce como Desierto Verde . La forma de vida de estas comunidades ha cambiado para el exclusivo beneficio de Aracruz, que ha arruinado la Selva Atlántica, destruyendo así la fuente de verdadera sustentabilidad de estas comunidades.

Pensamos que CERFLOR no merece la confianza de los movimientos, organizaciones, comunidades y ciudadanos de la sociedad civil. La sociedad civil ha sido expresamente excluida de la discusión sobre los objetivos, principios y criterios de este sistema de certificación. Actualmente ni siquiera sabemos cuáles son los principios y criterios que la empresa certificadora, BVQI, utilizará en este proceso de certificación; para enterarnos tenemos que comprar los documentos referentes al proceso de certificación establecido por CERFLOR, lo que lo convierte en un proceso no transparente. Aparte de esto, no hay exigencias mínimas sociales o ambientales en relación con el certificado de CERFLOR, que básicamente hace referencia a leyes brasileñas.

En el caso de Aracruz Celulose, el intento de certificar sus plantaciones en el estado de Espírito Santo parece una provocación para todos aquellos que conocen de cerca la conducta y la posición de los ejecutivos de la empresa hacia las comunidades locales y su medio ambiente a lo largo de los últimos 35 años. He aquí algunos ejemplos de estos conflictos, algunos más recientes que otros:

* Aracruz Celulose continúa ocupando cerca de 10.500 hectáreas de tierras indígenas Tupinikim y Guaraní en la municipalidad de Aracruz. Estas son tierras que ya han sido reconocidas como tierras indígenas por el gobierno federal; sin embargo, fueron excluidas de la última demarcación, realizada en 1998. En aquel momento, el mismo gobierno federal, presionado por Aracruz Celulose, cometió un acto ilegal al reducir la extensión de la tierra que habría de demarcarse. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Cómo puede ser certificada una empresa que ocupa y explota tierras indígenas?

* Aracruz Celulose invadió las tierras de las quilombolas (comunidades de descendientes de esclavos africanos) en el norte de Espírito Santo, desalojando a miles de personas y plantando eucaliptos. En los últimos años, 34 quilombolas iniciaron un proceso de rearticulación y reorganización para garantizar que se las reconozca y que sus tierras sean devueltas y demarcadas, con el apoyo de Fundação Palmares, INCRA (Instituto para la reforma agraria) y la sociedad civil organizada. Sin embargo, CERFLOR pretende otorgar la certificación a una empresa que ocupa y explota las tierras de las quilombolas.

* Los hornos de los habitantes de Vila do Riacho, que fabricaban carbón con los restos de los eucaliptos de Aracruz Celulose, fueron destruidos en una acción articulada entre el gobierno municipal de Aracruz, la empresa, policías y la "milicia armada" de Aracruz Celulose: Visel. Los restos de eucaliptos (restos de ramas y leños) son la única fuente de ingresos para las comunidades, a quienes se quitó su medio de sustento. Actualmente, esta empresa es considerada sensible desde el punto de vista ambiental porque tiene una máquina que aplasta estos restos de modo que la materia orgánica se reincorpora al suelo. Sería increíble que se otorgue a Aracruz un premio ambiental por eso... Ahora, ¿cómo certificar a una empresa que quita la única forma de ingresos a familias sin tierras, quilombolas y comunidades indígenas, empujándolas al hambre?

* En octubre de este año, Aracruz destruyó cuatro casas de habitantes de la zona de Barra do Riacho, cerca de su complejo industrial. Este acto inhumano y criminal tuvo lugar de acuerdo con una sentencia preliminar emitida por una jueza de la municipalidad de Aracruz. Los abogados de la empresa alegaron que las familias eran "intrusas" en tierras de Aracruz. Tras la destrucción de las casas se probó ante el tribunal que las familias habían vivido en la zona durante más de diez años. En una acción bárbara, Aracruz destruyó las casas y arrancó todos los cultivos de banana, mandioca y ananá. En virtud de una apelación presentada por la defensa de las familias, la jueza consideró que había sido engañada por la multinacional Aracruz y exigió que Aracruz reconstruyera las casas en un plazo de diez días. Aracruz todavía tiene que indemnizar a las familias por daños morales y perjuicios. ¿Es esta una empresa que merezca recibir un certificado de manejo forestal en tanto continúa cometiendo actos violentos contra los pobladores locales, así como contra comunidades indígenas, quilombolas y pequeños agricultores, como lo ha hecho a lo largo de los últimos 35 años, incluso con el apoyo de la dictadura militar?

* En el norte de Espírito Santo, cientos de familias siguen acampando y esperando una parcela de tierra mientras el mayor terrateniente del estado, Aracruz, puede continuar comprando y arrendando tierras a precios superiores a los del mercado y plantando eucaliptos. ¿Cómo certificar a una empresa que obstaculiza aun más la reforma agraria?

Estos son apenas algunos ejemplos de la violencia aplicada por Aracruz, con el apoyo de los gobiernos, contra derechos fundamentales de las comunidades locales, derechos garantizados a dichas comunidades por la Constitución brasileña y por acuerdos internacionales sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, firmados y ratificados por Brasil. Los ejemplos demuestran que si CERFLOR se toma en serio por lo menos la ley brasileña, Aracruz nunca debería recibir este sello.

Y por último, no vale la pena discutir condiciones para tanta insustentabilidad. Las comunidades locales están cansadas de los impactos de los monocultivos de eucaliptos. Lo que quieren son alternativas basadas en la producción de alimentos en la tierra mediante una amplia reforma agraria, quieren la reforestación con especies que mejoren el medio ambiente local y ofrezcan múltiples opciones de uso; las comunidades indígenas y quilombolas quieren que les devuelvan sus tierras y, sobre todo, quieren que se respeten sus derechos más fundamentales.

Por: Red Alerta contra el Desierto Verde, diciembre de 2004, enviado por Winfridus Overbeek, FASE – ES, e-mail: winnie.fase@terra.com.br

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