- Argentina: destrucción de la selva misionera equivale a genocidio de los Mbya Guaraní

En la provincia de Misiones, ubicada en el nordeste argentino, las autoridades del antiguo pueblo Mbya Guaraní (ver Boletín Nº 87 del WRM), que habitan lo que hoy constituye la Reserva de Yabotí, han recurrido a la justicia penal para denunciar por genocidio al gobernador de la provincia, Carlos Rovira.

Los Mbya Guaraní, antiguos habitantes de la selva misionera que durante siglos vivieron como parte de ella sin sentirse sus dueños, vieron sus territorios amenazados cuando la empresa Moconá Forestal S.A., con el aval del gobierno provincial, comenzó a deforestar lo que constituye su medio de vida y sustento.

En la presentación judicial los Caciques describen cómo están organizadas sus comunidades desde hace siglos, y denuncian al gobierno misionero por querer imponerles organizaciones que los propios funcionarios inventaron "para dividirnos y poder así controlarnos mejor".

Raúl Montenegro, Premio Nóbel Alternativo 2004 y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), afirma que "la gran cantidad de árboles que taló la empresa Moconá Forestal S.A. en Yabotí pese a la veda, muestra que allí continúa el genocidio silencioso y la brutal destrucción de la selva”.

En los últimos meses, varios niños de las comunidades murieron de desnutrición. D esde agosto de 2004, Caciques y miembros de unas 40 comunidades Mbya Guaraní se han turnado en la plaza central de Posadas para pedir el reconocimiento de sus derechos, la devolución de sus territorios ancestrales y la renuncia del Director de Asuntos Guaraníes. Hasta ahora, el gobernador sigue negándose a recibirlos.

"Mientras los niños Mbya Guaraníes mueren de desnutrición porque el hombre blanco tala su selva y los margina, el gobierno de Misiones y varias organizaciones extranjeras construyeron una Estación Biológica con aire acondicionado, calefacción y todas las comodidades", recordó irónicamente Raúl Montenegro. “Conservar no es inaugurar una estación biológica para que los extranjeros, por más reconocidos que sean, jueguen a los exploradores. Conservar es proteger lo poco que queda de selva mediante un trabajo conjunto de comunidades indígenas, gobierno y otros sectores de la sociedad", denunció Montenegro.

Ariel Araujo de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones Indígenas de la Región Chaqueña y Misiones (COPIRECHA), la organización que acompaña a los Mbya en su lucha, expresó que la insensibilidad del gobierno "es agobiante e incomprensible. No les importa ver sufrir a niños, mujeres y hombres. Solo quieren que los indígenas sigan haciendo lo que dice el blanco, lo que dice el gobierno".

En su presentación al tribunal, los Caciques dicen que "nos hemos afincado en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas, que representa 'la libertad' del pueblo blanco, y a la sombra de la estatua que representa 'su libertad' (para) pedir se detenga la masacre de nuestros niños y ancianos".

Los hechos demuestran que la muerte de la selva es la muerte de su gente. Por eso, conservarla es un imperativo social y lo contrario constituye un crimen ambiental y un genocidio, como lo denuncia el pueblo Mbya Guaraní.

inicio

- Brasil: préstamo del Banco Mundial a Aracruz viola política forestal del Banco

El mayor productor del mundo de celulosa blanqueada de eucalipto tiene planes de agrandarse aún más. El año pasado, Aracruz Celulose produjo 2,5 millones de toneladas de celulosa. La compañía está estudiando cinco sitios posibles para construir una nueva planta de celulosa con una capacidad de producción de un millón de toneladas anuales. En los próximos dos años, Aracruz gastará 600 millones de dólares en la modernización de sus plantas de celulosa ya existentes, y ampliará la superficie de plantaciones de eucaliptos, que ahora ocupan 305.000 hectáreas.

El Banco Mundial está muy afín de ayudar a Aracruz con sus planes de expansión. En noviembre de 2004, el Directorio de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), parte del Grupo del Banco Mundial, aprobó un préstamo de 50 millones de dólares para Aracruz. El especialista en medio ambiente del IFC, Meter Neame, me dijo que “El IFC tiene mucho gusto en apoyar a esta compañía brasileña líder en el sector forestal, así como reconocer sus programas ambientales y sociales y el avance que han realizado en esos sectores”.

Las plantaciones de Aracruz fueron establecidas en tierras de comunidades locales, entre ellas de los pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní. Aracruz construyó su planta de celulosa en el Estado de Espírito Santo, en una aldea Tupinikim llamada Aldea de los Monos.

En febrero de 2005, el WRM recibió una copia de un informe filtrado del IFC, en el que el personal de dicho organismo informaba al Directorio sobre el préstamo propuesto. En el informe, el personal del IFC desestimaba las críticas a Aracruz: “Aracruz ha sido objeto de acusaciones relativas a sus prácticas ambientales y sociales, típicamente de organizaciones no gubernamentales (“ONGs”) con fines políticos o anti plantaciones”. El personal del IFC aparentemente no consideró conveniente preocupar al Directorio con hechos embarazosos, tales como una ocupación por parte del MST (Movimiento de los Sin Tierra) de las plantaciones de Aracruz, que tuvo lugar en abril de 2004. El personal del IFC no explicó al Directorio que los pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní continúan protestando contra la conversión de sus tierras en plantaciones de eucaliptos por parte de Aracruz.

El personal del IFC sí le dijo al Directorio que habían realizado una evaluación de las “prácticas de sustentabilidad” de Aracruz, que incluyó reuniones con “autoridades locales, líderes de comunidades, analistas de mercado y ONGs”, según el informe del IFC a su Directorio. Le pedí a Peter Neame, del IFC, una lista de la gente y las organizaciones con las cuales se había reunido el IFC durante su evaluación de Aracruz. También le pedí los apuntes de las reuniones de consulta.

Neame declinó brindar la información requerida y en su lugar me ofreció el Resumen de Evaluación Ambiental. El resumen no brinda información alguna sobre las reuniones. No obstante, la respuesta de Neame revela las carencias de la consulta del IFC con la gente local. Explicó que el Resumen de Evaluación Ambiental “fue dado a conocer públicamente aquí en Washington y también a nivel local en Brasil”. Añadió luego que “Ni los grupos locales ni la sociedad civil plantearon problema alguno en respuesta a esta información”.

El préstamo del IFC infringe la política forestal del Banco Mundial, que exige que “las actividades de extracción comercial a escala industrial” deban “ser certificadas por un sistema de certificación forestal independiente, aceptable para el Banco”. El IFC tiene su propia política forestal, que no hace mención alguna a la certificación. Pero, según el informe del IFC al Directorio, cuando el Banco Mundial elaboró su nueva política forestal en 2002, el IFC “indicó al Directorio … que estaba de acuerdo con el criterio de certificación”.

El personal del IFC no le dijo al Directorio que en 1999 el SCS (Scientific Certification Systems), una empresa certificadora acreditada ante el FSC (Forest Stewardship Council), comenzó una evaluación de una parte de las plantaciones de Aracruz y concluyó que la empresa no cumplía con las normas del FSC. En vez de informar sobre ello, el personal del IFC escribió en su informe al Directorio, que Aracruz tiene como objetivo certificar todas sus plantaciones dentro de un programa de certificación brasileño llamado CERFLOR.

Para ser aceptable ante el Banco Mundial, un sistema de certificación debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Las normas deben elaborarse con la “participación significativa” de ONGs, población local y pueblos indígenas. El sistema de certificación debe basarse en “normas de resultados objetivas y medibles”. Debe ser independiente. Sus procedimientos de toma de decisiones deben ser “justos, transparentes independientes y concebidos para evitar conflictos de interés”.

CERFLOR no cumple ninguno de esos requisitos. CERFLOR ni siquiera menciona a los Pueblos Indígenas. Aracruz formó parte de la formulación de la norma, pero no hubo participación alguna de pueblos indígenas y fueron muy pocas las ONGs involucradas. En lugar de especificar normas de resultado mínimas, CERFLOR exige la aplicación de planes y programas. Para acceder a las normas de CERFLOR hay que pagar una tarifa. Los resúmenes de las evaluaciones no están disponibles públicamente. En lugar de evitar conflictos de interés, CERFLOR parece destinado a fomentarlos. Aracruz representa a la Asociación Brasileña de Celulosa y Papel en el Subcomité Técnico Forestal del Comité Brasileño de Certificación.

El IFC encomendó a un “especialista forestal independiente” que verificara si CERFLOR cumple con la política forestal del Banco Mundial. Neame no accedió a mi solicitud de recibir una copia del informe del consultor.

Neame me dijo que CERFLOR “es en general compatible con los requisitos de un sistema aceptable conforme a lo especificado en la política forestal del Banco Mundial”. Para Neame, los problemas con CERFLOR son simplemente “áreas que pueden ser mejoradas”.

Si bien el personal del IFC reconoció en el informe al Directorio que “CERFLOR todavía no cumple íntegramente con la nueva política del Banco”, decidieron que “para el futuro sería conveniente que tanto IFC como Aracruz trabajasen en forma cooperativa con los organismos brasileños de acreditación y fijación de normas … para mejorar las normas y procedimientos de CERFLOR y que lleguen a ser íntegramente aceptables”.

Este criterio, escribió el personal del IFC, “puede ser tenido en cuenta para estar a la altura del espíritu de la nueva política del Banco”. Pero si el Banco Mundial puede decidir simplemente que los préstamos deben cumplir únicamente con el espíritu y no con la letra de las políticas del Banco, entonces de poco sirven las políticas.

Por Chris Lang, e-mail: chrislang@t-online.de

inicio

- Paraguay: la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental

El 13 de diciembre de 2004 el Congreso paraguayo aprobó la Ley Nº 2524 “De prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura Boscosa”. La misma fue conocida posteriormente como la Ley de Deforestación Cero. Esta Ley menciona que su objetivo principal es “propiciar la protección, recuperación y el mejoramiento del bosque nativo en la Región Oriental” por lo cual, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley y por un periodo de dos años, queda “prohibida la emisión de permisos; licencias, autorizaciones y/o cualquier documento jurídicamente válido, que ampare la transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques nativos, a superficies destinadas a aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades; o a superficies destinadas a asentamientos humanos”.

El Paraguay es un país en el cual los decretos tienen sus historias y por decreto se han declarado, prohibido, permitido o promocionado un sin número de acciones, algunas de ellas beneficiosas y otras con resultados catastróficos para la ciudadanía. El Decreto Ley 2524 /04 no escapa del esquema en el cual son elaboradas y aceptadas las Leyes en el país. Esta situación nos lleva a considerar ciertos puntos que guardan relación con la efectividad de dicha Ley para “propiciar la protección, recuperación y el mejoramiento del bosque nativo” así como el contexto temporal y social en el que aparece la Ley:

- El 2 de noviembre de 2004, un mes antes de la promulgación de la Ley 2524, la Secretaría del Ambiente resuelve mediante la Resolución Nº 1133, que “las Licencias Ambientales o Declaraciones de Impacto Ambiental otorgadas por la Secretaria del Ambiente (SEAM) en el Marco de la Ley de Impacto Ambiental, para planes de uso de la tierra, no contemplan la Autorización de Desmontes, quedando bajo exclusiva responsabilidad del Servicio Forestal Nacional, la aprobación de desmontes propuestos en los planes de uso de la tierra”. De esta manera la SEAM deja en manos del Servicio Forestal Nacional (dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería) la responsabilidad de otorgar los permisos para desmontes.

- La región Oriental del país cuenta con menos de un millón setecientas mil hectáreas de bosques remanentes de las más de ocho millones quinientas mil hectáreas con que contaba hace cuarenta años. Esta deforestación fue impulsada por el propio gobierno a través de planes de extensión de la frontera agrícola, créditos blandos para los grandes latifundistas y con la especulación inmobiliaria tras la construcción de carreteras y dos grandes represas, todas estas acciones enmarcadas dentro de planes y créditos brindados especialmente para estas actividades por instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y con el asesoramiento técnico de la FAO, en la mayoría de los casos. Muchos de estos planes y proyectos continúan hasta hoy sin cambio alguno.

- La Ley tiene un período de duración de dos años inicialmente, tiempo que no permite ver cambios, mejoras o recuperación alguna en la mayoría de las zonas que han sido deforestadas, las cuales están hoy ocupadas por latifundios ganaderos o monocultivos de soja.

- La Ley no hace mención a la Región Occidental del País (la cual representa el 61% del territorio), cubierta en gran parte por bosques sobre suelos sumamente frágiles y donde la deforestación está avanzando a pasos agigantados, dejando tras de sí desertificación, pobreza y expulsión de comunidades indígenas de sus territorios ancestrales.

- La Ley aparece en un momento de gran tensión social y de movilizaciones campesinas que buscan reivindicar su derecho a la tierra.

La rápida promulgación de esta Ley, más los puntos anteriores, nos hacen dudar del objetivo real del decreto y por sobre todo de su efectividad para detener la deforestación, cuando las verdaderas causas no son analizadas, cuando todavía hoy las autoridades responsables de promocionar y hacer cumplir las leyes son las primeras en violarlas.

Ejemplos de lo anterior se dan todos los días y el 28 de enero de este año, a poco más de un mes de haber sido aprobada la ley, un “honorable” Diputado de la Cámara Baja del Congreso dio uno de ellos, al ordenar la liberación de un camión que transportaba rollos (madera sin aserrar) de manera ilegal. El camión, el chofer y los rollos no tenían documentos, pero aún así el diputado ordenó su liberación y amenazó a la fiscal, que había detenido el camión, con removerla del cargo. Estas acciones del diputado han motivado la reacción de la sociedad civil, quienes piden en este momento su desafuero. Sin embargo, éste será un trabajo muy difícil, ya que el diputado en cuestión pertenece al partido en el poder y con mayoría en el Congreso.

Todo lo anteriormente expuesto, más otros innumerables casos de abuso de poder y de desidia de las autoridades cuando se trata de temas ambientales y por sobre todo sociales, nos dejan con muchas interrogantes acerca de esta Ley y su efectividad como mecanismo para frenar el proceso de deforestación, ya que además no presenta más alternativa que la prohibición, sin mencionar procesos de uso sustentable, ordenamiento territorial y recuperación de aquellas zonas que han sido deforestadas.

Por: María José López, Sobrevivencia, correo electrónico: bosques@sobrevivencia.org.py , www.sobrevivencia.org.py

inicio

- Perú: Minera Yanacocha retrocede ante resistencia popular

En Perú, los departamentos donde prevalece la minería ostentan los más altos niveles de pobreza del país. Tal es el caso de Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha --51.35% de cuyas acciones las posee la transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Minera Yanacocha actúa en Cajamarca desde 1993 y es la segunda mina de oro más grande en el mundo. Si bien Cajamarca aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país, con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.

El 2 de setiembre de 2004, cerca de 3.000 campesinos marcharon hacia el campamento de la empresa Minera Yanacocha (ver Boletín Nº 86 del WRM), ubicado en el Cerro Quilish, exigiendo que no se realizaran las nuevas labores de exploración proyectadas en Quilish, Yanacocha Sur y Cuenca Porcón . Se trata de una zona con un ecosistema muy frágil, ubicada en una parte alta, en cabecera de cuenca. Quilish está a sólo 8,5km. de la planta de tratamiento de agua potable “El Milagro”. Según estudios e informes técnicos, su exploración y posterior explotación pondría el agua en grave riesgo de envenenamiento, con la consiguiente repercusión en la salud y la vida de la población del área urbana y rural, además de un creciente desabastecimiento de agua.

A los enfrentamientos entre campesinos y efectivos policiales le siguió el ataque desde un helicóptero facilitado por el Ejército, de donde lanzaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes para dispersarlos. El enfrentamiento terminó con varios lesionados, entre ellos un herido de bala, y varias detenciones, incluso de niños y ancianos.

A los pocos días, en una marcha multitudinaria realizada el 15 de setiembre, día de paro regional, la población cajamarquina exclamaba: “Escucha Yanacocha: Cajamarca se respeta”, “Pueblo inteligente defiende el medio ambiente”, “La vida es un tesoro que vale más que el oro”, “Queremos agua limpia y no contaminada”, “¡Si se puede, Sí se puede!”

La contundente protesta cívica del pueblo de Cajamarca por su legítimo derecho a consumir agua limpia, libre de metales pesados, dio sus frutos. Después de dos semanas de movilizaciones y protesta cívica, el Ministerio de Energía y Minas dejó sin efecto la autorización expedida a la minera Yanacocha en el cerro Quilish . Se instalará una Mesa de Diálogo para discutir las alternativas concretas a problemas concretos ocasionados por Minera Yanacocha. La sociedad civil presentará sus propuestas al Estado Peruano.

Queda por delante la tarea de seguir informando y organizando. Pero el pueblo está claro y dice: “Cuando las lagunas de cianuro se filtren por nuestros ríos, no nos salvarán ni el oro ni el dinero ¡despierten cajamarquinos!”

Artículo basado en información obtenida de: “El retroceso de Yanacocha”, Iván Salas Rodríguez, enviado por SERVINDI, Nº 31, correo electrónico: servindi@amauta.rcp.net.pe; “ Cajamarca dignidad”, Iván Salas Rodríguez , http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=13944; “Impacto de la minería en América Latina”, Mines and Communities, http://www.minesandcommunities.org/Action/press545.htm

página anterior

inicio

próxima página