- Camboya: los engaños del Banco Mundial

En 2004, el director del grupo a cargo del Proyecto Piloto de Manejo y Control de Concesiones Forestales (FCMCPP por sus siglas en inglés) del Banco Mundial describió el sistema de concesiones forestales de Camboya como “inadecuado en el papel, disfuncional en la realidad”. Podría haber agregado que todos los concesionarios han cometido infracciones legales o contractuales y vastos saqueos a lo que el Banco Mundial denominó “el recurso natural de Camboyamás importante en términos de desarrollo”. Estas consideraciones no han evitado, no obstante, que el Banco Mundial invirtiera cinco años en apoyar a este mismo sistema de manejo defectuoso y sus operadores piratas.

En el año 2000, el Banco lanzó el proyecto FCMCPP de U$S 5 millones, con el objetivo de reformar el sistema de concesiones de Camboya a través de la asistencia técnica a la Administración de Bosques y a los concesionarios del madereo. El FCMCPP estuvo asociado a un Crédito de Ajuste Estructural (SAC por sus siglas en inglés) de US$ 30 millones que recibió el país. El Banco condicionó la liberación de la segunda partida de US$ 15 millones de este préstamo al progreso en la reforma del sector forestal.

Vincular el desembolso del préstamo con el desempeño del gobierno en el tema bosques tenía sentido. A la inversa, la hipótesis del Banco de que era posible hacer funcionar el sistema de concesiones existente estaba completamente fuera de lugar. Para el momento en que se inició el proyecto, Global Witness y otros habían estado documentando las actividades de los concesionarios –el madereo ilegal, el abuso de los derechos de la población local y la evasión de las regalías de venta al por mayor- a lo largo de varios años. Al basar los objetivos de su proyecto en el presupuesto de que se debía mantener el sistema, el Banco fusionó imprudentemente sus intereses con los de las compañías madereras y sus patrocinadores gubernamentales.

La decisión del Banco de usar el dinero del préstamo para beneficiar a las compañías madereras infringió su Política de Bosques de 1993. Los arquitectos de FCMCPP, sin embargo, se habían anticipado casi dos años a la introducción de una nueva política más permisiva; de hecho los documentos del proyecto de 2000 predecían que la revisión de la política del Banco de 1993 “debe construir la legitimidad para la participación en la explotación de bosques de producción”. El FCMCPP parece haber sido concebido para justificar los futuros proyectos forestales del Banco que involucren el apoyo directo a la tala comercial.

El principal componente del proyecto ha implicado ayudar a las compañías a cumplir los requerimientos del gobierno de nuevos planes de manejo sustentable de bosques y evaluaciones de impacto social y ambiental. El personal del proyecto evaluó luego los mismos planes que ellos habían ayudado a producir, utilizando un sistema de puntajes que asignaba una importancia abrumadora al volumen de madera en pie y no a la calidad de la planificación o la consulta pública.

Los esfuerzos para reducir las prohibiciones a las compañías y de diluir o evadir las normas han sido la marca característica del FCMCPP. El Banco ha instado a diferir las evaluaciones completas de impacto social hasta que las compañías obtuvieran la aprobación para sus planes de manejo de nivel estratégico (25 años). También ha argumentado en contra de exigirles a las compañías el cumplimiento de los plazos acordados. En diciembre de 2001, luego de que ninguno de los concesionarios enviara sus planes de manejo a tiempo, el gobierno camboyano suspendió la tala y el transporte de rolos. El Banco, sin embargo, presionó con éxito para levantar la prohibición del transporte, erosionando así uno de los pocos puntos de influencia sobre las compañías.

En noviembre de 2002, el Banco aceptó tomar en cuenta la obligación legal del gobierno camboyano de revelar públicamente los planes de manejo de los concesionarios. Sin embargo, cuando los pobladores locales fueron a la oficina del Banco Mundial en Phnom Penh a solicitar los documentos, el personal del Banco les anunció que no disponían de fondos suficientes para las fotocopias. En las semanas siguientes, las compañías y los funcionarios organizaron tardíamente consultas públicas para discutir los planes. Aunque varias consultas fueron imposibilitadas por la intimidación, el vice-presidente regional del Banco las declaró satisfactorias.

Los esfuerzos del FCMCPP por ayudar a los concesionarios en todo el proceso de planificación del manejo de bosques llegó a un punto crítico a mediados de 2004, cuando el equipo de proyecto recomendó que el gobierno camboyano aprobara los planes de nivel estratégico de seis compañías madereras. Los documentos de planificación del FCMCPP establecen que “los planes de gestión y operaciones de las concesiones desarrollados con la ayuda de asistencia técnica servirán como modelos para planes similares a desarrollarse, subsecuentemente, en todas las concesiones en operación”. Dada la calidad de los planes que el proyecto recomendó para su aprobación, uno solo puede desear que esa expectativa no se concrete. Los puntos destacados de los seis “modelos” incluyen la intención declarada de los concesionarios de talar los árboles de resina de los pobladores locales en clara infracción de la ley, propuestas de exclusión ilegal de la población local de las áreas de las concesiones y textos plagiados de planes de otras compañías. El Banco puede argumentar que sus intervenciones han brindado apoyo a un conjunto de objetivos colectivamente acordados sobre la reforma forestal pero en realidad, han servido para socavar las salvaguardas diseñadas para excluir a las compañías predadoras y habilitar a los ciudadanos comunes de Camboya a hacer rendir cuentas a las demás.

Gracias al FCMCPP, las seis compañías cuyos planes respaldó están ahora en una posición más fuerte que antes que el proyecto comenzara. Es improbable que ninguna de ellas hubiera tenido la oportunidad de pasar la etapa de planificación de nivel estratégico sin la asistencia provista por el FCMCPP, tanto a través del asesoramiento técnico brindado para el bosquejo de los planes como en el enfoque excesivamente complaciente que utilizara para evaluarlos. Además, como ya se demostró, las seis compañías ahora pueden utilizar el respaldo del Banco para desviar las críticas a sus operaciones. Durante los próximos 25 años, o más bien hasta que hayan terminado de liquidar sus concesiones, las seis compañías se presentarán como los concesionarios que han obtenido el sello de aprobación del Banco Mundial. Al mismo tiempo, el Banco no ha logrado introducir ningún cambio en el funcionamiento del sector forestal que pueda persuadir a las compañías a mostrar un poco más de respeto por la ley y los derechos de la población local, una vez que reanuden la tala.

Las desventuras del Banco en la reforma del sistema de concesiones no persuadieron al gobierno camboyano a acatar las condiciones para el desembolso de la segunda partida de US$ 15 millones del SAC. Con la fecha revisada para la liberación de la partida (diciembre de 2003), acechando en el horizonte, seguían sin cumplirse muchas de las condiciones, en particular el requerimiento de que los concesionarios completaran el programa de reestructuración y planificación. Ansioso por pasar raya al conflictivo SAC, el Banco declaró -faltando a la verdad- que el único compromiso que todavía tenía que cumplir el gobierno era la designación de un nuevo monitor independiente del sector forestal. Esta condición fue entonces inmediatamente cumplida al poner el Banco, a través del FCMCPP, el dinero para contratar a la empresa suiza SGS para que cumpliera ese rol. El dinero del SAC fue debidamente desembolsado; sin embargo el juego de manos del Banco agravó seriamente el deterioro de su credibilidad.

La críticas de años no han generado cambios sustanciales en el enfoque del Banco en Camboya. Hay señales de que hay quienes dentro del Banco reconocen que se han cometido errores graves. Sin embargo, resulta crítico que el personal de alto rango se haya rehusado hasta ahora a enfrentar los errores y reparar el daño causado. En febrero de este año, un grupo de camboyanos apoyados por ONGs presentaron un reclamo ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, expresando su preocupación ante el hecho de que el FCMCPP ha aumentado sustancialmente la probabilidad de que las comunidades vuelvan a sufrir daños a manos de los concesionarios madereros en el futuro próximo. Luego de una visita a Camboya a mediados de marzo, el Panel hará una recomendación al directorio del Banco Mundial a comienzos de abril sobre si debe conducir o no una investigación completa sobre las actividades y los impactos del proyecto.

Para obtener más detalles sobre el reclamo presentado ante el Panel de Inspección, póngase en contacto con Mike Davis en mdavis@globalwitness.orgPara obtener un resumen de los temas que rodean a la liberación de la segunda partida del SAC por parte del Banco Mundial, consulte el artículo de Global Witness en http://www.phnompenhpost.com/TXT/comments/c1301-1.htm

Por Global Witness, correo-e: mail@globalwitness.org

inicio

- El gran negocio del "manejo comunitario de bosques" en India: evaluación crítica de un proyecto financiado por el Banco Mundial en Andhra Pradesh

A pesar de años de controversia en torno a los proyectos forestales del Banco Mundial en India, el Banco sigue promoviendo planes importantes para otorgar grandes préstamos destinados a nuevos proyectos forestales en varios estados. En 2005, el Banco inició proyectos piloto de "manejo comunitario de bosques" (CFM) y de manejo participativo de bosques (PFM) en los estados de Madhya Pradesh y Jharkhand. Estos proyectos piloto son la etapa previa de importantes préstamos para proyectos forestales a gran escala en todo el Estado. El Banco Mundial declara que ha aprendido de los errores cometidos con los préstamos para forestería social y manejo conjunto de bosques (JFM) en India. En informes recientes, el Banco destaca que ahora está procurando apoyar al gobierno indio para dejar de lado el anterior enfoque JFM y avanzar hacia un nuevo enfoque de "manejo comunitario de bosques" (CFM) (véase, por ejemplo,PROFOR Periodic Update - marzo de 2005).

Mientras los planes para estos nuevos proyectos forestales van ganando espacio, desde fines de 2002 el Banco ha estado aplicando un proyecto de manejo comunitario de bosques, de cinco años de duración, llamado Andhra Pradesh Community Forestry Management Project (APCFMP). Este proyecto, financiado con un préstamo de US$ 108 millones, es descrito por el Banco como una intervención “dirigida a la comunidad” cuyo fin es reducir la pobreza y "habilitar" a las comunidades para tomar decisiones autónomas en relación con el manejo forestal en zonas asignadas a los comités de los poblados encargados de la protección de los bosques (Vana Samrakshana Samithi, VSS). Muchos de los 5.000 VSS que participan en el proyecto CFM fueron establecidos en virtud de un controvertido proyecto anterior de Manejo Forestal Conjunto (JFM), que contó con asistencia del Banco. Este proyecto, desarrollado entre 1994 y 2000, recibió duras críticas a causa de los desalojos forzados de pobladores tribales que recibieron muy poca compensación o incluso ninguna.

Dados los problemas que hubo con los proyectos anteriores financiados por el Banco, el segundo préstamo del Banco se enfrentó a una fuerte oposición de parte de muchas ONGs que trabajan con temas relacionados con los bosques y el desarrollo en Andhra Pradesh. Esta situación pudo revertirse solamente cuando, mediante las cartas de protesta de las ONGs, el Banco asumió los siguientes compromisos: (i) fortalecer el diseño del proyecto y la política de reubicación para que prohíban expresamente e impidan nuevas reubicaciones forzadas de familias que dependen de los bosques, y (ii) como condición para acordar el préstamo, compensar en forma justa a aquellas familias que fueron reubicadas sin recibir compensación bajo el proyecto JFM anterior.

Hubo quienes se mostraron escépticos en cuanto al segundo préstamo del Banco; se les aseguró que el proyecto de continuación representaría un cambio significativo con relación al proyecto JFM anterior, pues la intervención CFM estaría encaminada a garantizar que los VSS comunitarios desempeñaran el papel más importante en cuanto a las decisiones sobre manejo forestal, en tanto el Departamento Forestal estatal actuaría principalmente como “facilitador” (Documento de Evaluación del Proyecto – PAD: página 5). Los promotores del proyecto sostuvieron que el CFM ayudaría a reducir la pobreza entre las comunidades VSS participantes al aumentar sus derechos legales a los beneficios de la venta de los productos forestales.

Tras más de dos años de aplicación, ¿cómo ha funcionado este proyecto y cuáles han sido las experiencias de las comunidades afectadas? ¿Hay signos de que el Banco esté promocionando un auténtico "manejo comunitario de bosques"? En julio de 2004 se intentó responder estas preguntas, cuando Samata y el Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP) trabajaron con nueve comunidades en los distritos costeros central y noreste de Andhra Pradesh para documentar las experiencias y visiones sobre el proyecto hasta el momento. El resto de este artículo destaca algunas de las principales conclusiones de esta evaluación independiente.

Las conversaciones mantenidas con comunidades, ONGs que trabajan el tema de los bosques y activistas confirman que, aunque la revisión del plan de acción para la reubicación (RAP) resultó en algunas salvaguardias procesales más fuertes contra el desalojo forzado, quedan huecos que obstaculizarán la correcta compensación en caso de perjuicios e impedirán la compensación tierra-por-tierra. Para mayor indignación de las ONGs que hicieron campaña por las condiciones del proyecto en materia de reasentamiento, el documento final revisado que se publicó en mayo de 2004 afirma que las tierras sujetas al proyecto anterior habían sido entregadas voluntariamente. Sostiene también que se espera que hasta el 50% de las familias potencialmente afectadas entreguen libremente sus tierras al Departamento Forestal. Las ONGs y los dirigentes comunitarios desmienten enérgicamente esta afirmación y señalan que tanto las consultas públicas sobre la RAP en 2001 y en 2003 registran claramente que la mayoría de los pueblos tribales y otras personas que dependen de los bosques, que el Departamento Forestal de Andhra Pradesh (APFD) define como “intrusos”, bajo ninguna circunstancia entregarán voluntariamente sus tierras “invadidas” al VSS. Otra condición clave para el préstamo que hasta ahora no se ha cumplido: después de más de dos años, las familias que sufrieron las repercusiones negativas del anterior proyecto JFM hasta ahora no han sido identificadas ni compensadas.

Además ha habido duras críticas a la Estrategia de Desarrollo Tribal (Tribal Development Strategy - TDS) financiada en virtud del proyecto, que fue escrita por extranjeros sin el consentimiento y con muy poco conocimiento de los dirigentes tribales Adivasi. Los pobladores entrevistados durante la evaluación afirmaron que nunca habían visto el documento final y no conocían su presupuesto ni sus objetivos. Al enterarse del contenido, los dirigentes afirman que rechazan enérgicamente la declarada “filosofía subyacente del componente tribal”, que es “reducir el grado de dependencia para la subsistencia económica de las tribus respecto de los bosques” (mediante empleos asalariados en el departamento forestal y alternativas de ingreso basadas en el mercado).

Las organizaciones de la sociedad civil también son críticas en cuanto a que el proyecto no ha promovido las reformas necesarias para el CFM. Señalan que las revisiones de la Ley Forestal de Andhra Pradesh en virtud del proyecto son estrechas y se limitan a la revisión de las normas para las elecciones VSS, membresía VSS y reparto de beneficios. Destacan que la intervención del Banco no combate las mayores desigualdades e injusticias proclamadas por la legislación nacional, como la Ley de Conservación Forestal (Forest Conservation Act) de 1980, y por lo tanto es incapaz de promover reformas auténticas y de largo alcance y no hace nada para tratar las demandas las comunidades que dependen de los bosques para que se reconozcan sus derechos de propiedad sobre las tierras boscosas y cultivadas.

Además, miembros de las comunidades Adivasi se quejan de que el proyecto no los ha empoderado, pues la mayoría de las decisiones sobre manejo de los bosques siguen estando a cargo del Departamento Forestal de Andhra Pradesh (APFD). La gente está desconforme, porque sus prioridades y decisiones sobre manejo de bosques establecidas en resoluciones de los VSS son rutinariamente ignoradas o descartadas por el Departamento Forestal, en tanto que cuestiones cruciales como los conflictos sobre tenencia de tierras no están siendo abordados por el proyecto. En varios poblados, el Departamento Forestal está presionando a los VSS para que hagan contratos con empresas privadas forestales y de celulosa para establecer plantaciones de eucaliptos y teca en tierra del VSS contra los deseos de los VSS y de los miembros de las comunidades. Los miembros de los VSS que se atreven a desafiar las instrucciones del Departamento Forestal son amenazados con sanciones legales y/o con su exclusión de los beneficios del proyecto. Para los pobladores locales, estos beneficios se han limitado a la obtención de empleos remunerados ocasionales y temporarios con el Departamento Forestal. Resulta además que el componente de “manejo comunitario de bosques” se restringe simplemente a la preparación de planes de pequeña escala para el desarrollo del poblado y para actividades de manejo forestal. La mayoría de esos plantes están siendo elaborados por personal del Departamento Forestal y son considerados como sub-componentes de los planes forestales del propio gobierno.

También existen pruebas de que el gobierno del Estado y el Departamento Forestal están usando a los VSS para manipular a las comunidades y forzar la apertura de las tierras tribales al acceso comercial para la explotación por parte de industrias extractivas privadas, incluyendo empresas plantadoras, de celulosa y mineras. Los funcionarios del Departamento Forestal están haciendo dudosas promesas de esquemas de reparto de beneficios con los VSS en un esfuerzo por establecer concesiones mineras y de plantaciones en tierras comunitarias. Por esta razón, la legitimidad de los VSS como instituciones representativas de la comunidad está siendo puesta en duda. Las ONGs locales que hacen un seguimiento de la política forestal en Andhra Pradesh concluyen que los VSS se están convirtiendo en un instrumento del gobierno, que los usa principalmente para controlar a las comunidades y para neutralizar su oposición a la colonización y expropiación de sus tierras por parte de empresas comerciales.

Dados todos esos problemas, las comunidades y las ONGs que las apoyan que inicialmente aceptaron (con ciertas dudas) el proyecto de Manejo Comunitario de Bosques (APCFM) se están ahora desilusionando amargamente-

“El proyecto CFM es como una píldora recubierta de azúcar que es amarga por dentro. El Departamento Forestal explica que el CFM es distinto de los previos proyectos JFM en Andhra Pradesh –en los que las comunidades fueron tratadas apenas como mano de obra para hacer trabajos para el Departamento Forestal y para proteger los bosques. Pero lo que ahora vemos, luego de dos años, es que el CFM es como vino añejo en una nueva botella. Hay pequeños cambios, pero básicamente este proyecto es JFM con otro nombre y la gente no tiene más poder que antes para decidir como usar el bosque … el Departamento Forestal aún ordena como deben ser usados los bosques y la tierra…”. [Sanjeeva Rao, Velugu Association, Srikakulam District, AP, julio 2004]

“Las ONG de apoyo de AP empezamos a participar en el JFM y el CFM porque realmente creíamos que traería algunos beneficios a los pueblos Adivasi y a otras comunidades que dependen de los bosques en AP. Sin embargo, el primer proyecto JFM asistido por el Banco Mundial tuvo problemas con el reasentamiento forzado y el Departamento Forestal quitó una gran cantidad de tierras a las comunidades tribales en nombre de los VSS. Esto nos cayó muy mal y nos quejamos amargamente al gobierno de AP y al Banco Mundial. Durante la preparación del nuevo proyecto CFM nos aseguraron de que las cosas cambiarían, pero ahora nos damos cuenta de que el proyecto CFM aún otorga casi total control al Departamento Forestal y la institución VSS sigue debilitando a las autoridades tribales del poblado y las comunidades no están bien informadas …”.[Devullu P, Sanjeevini Rural Development Society, distrito de Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, julio de 2004]

Esta evaluación inicial de este Proyecto Forestal del Banco concluye que el Banco está infringiendo sus propias políticas sobre Bosques, Pueblos Indígenas y Reasentamiento. Al mismo tiempo, el acuerdo sobre el préstamo no está siendo respetado y quienes perdieron tierras de cultivo itinerante (podu) bajo el proyecto anterior del Banco se quejan de que padecen una grave y creciente escasez y quieren que les devuelvan sus tierras. Por su parte, el Banco sigue desembolsando fondos para el proyecto, que según mantienen los dirigentes comunitarios y activistas demuestra que el Banco no ha cambiado sus viejas prácticas y que no está aprendiendo las lecciones…

Hasta ahora la principal conclusión de los principales activistas por los bosques de AP es que el enfoque proyecto-por-proyecto del Banco a nivel de los estados está desviando la atención del clamor popular por reformas legales y de gobierno más amplias, necesarias para promover un auténtico manejo comunitario de los bosques a través del reconocimiento de los derechos de propiedad de los Adivasi y otras comunidades que dependen de los bosques en India.

Los activistas destacan que los graves problemas con el proyecto de manejo comunitario de bosques en Andhra Pradesh deberían ser una clara advertencia para aquellas comunidades a las que se les promete un “nuevo enfoque” en los nuevos planes para los bosques propuestos por el Banco para otros estados.

Este artículo fue compilado por Tom Griffiths [ tom@forestpeoples.org] del Programa para los Pueblos de los Bosques junto con Ravi Rebbapragada y Bhanu Kalluri, deSamata [Samatha@satyam.net.in].

El informe completo de la evaluación, a cargo de Samata y el FPP, estará pronto a la brevedad, y podrá solicitarse a info@forestpeoples.org. Más información sobre los planes para el sector forestal en India propuestos por el Banco Mundial están disponibles en: http://www.forestpeoples.org

inicio

- Indonesia: invirtiendo para el desastre; la CFI y las plantaciones de palma aceitera

Indonesia ocupa el tercer puesto en cuanto a la mayor superficie de bosque tropical en el mundo, y es uno de los centros de diversidad biológica más ricos. Es también el segundo productor mundial de aceite de palma; en 2004 tuvo una producción de más de 11 millones de toneladas de aceite de palma crudo. Los bosques de Indonesia desaparecen a un ritmo de 3,8 millones de hectáreas por año, y la tierra convertida a plantaciones de palma aceitera se ha duplicado durante la última década a casi 5 millones de hectáreas –una superficie equivalente a la de Costa Rica. La mayoría de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia están establecidas en tierras que fueron, hasta hace muy poco, bosques tropicales húmedos primarios. Según un informe encomendado por el Banco Mundial, en Indonesia alrededor de 50 millones de personas viven en bosques que son tierras estatales y 20 millones más viven en aldeas próximas a los bosques, de los cuales cerca de 6 millones perciben gran parte de sus ingresos monetarios a partir de los bosques.No debería causar sorpresa, pues, que la expansión de las plantaciones en gran escala de palma aceitera haya traído consigo destrucción ambiental y conflictos sociales generalizados. Las instituciones financieras que las propiciaron, incluido el Grupo Banco Mundial, deben compartir la responsabilidad por esos impactos adversos.

El Grupo Banco Mundial ha ayudado directa e indirectamente al desarrollo de plantaciones en gran escala de palma aceitera en Indonesia. El Banco Mundial estuvo muy implicado en proyectos de “desarrollo” durante los treinta años del régimen de Suharto. Los programas de explotación forestal de fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, apoyaron la política forestal oficial por la cual más de un tercio de los bosques del país fue entregado a compañías madereras comerciales, y otro tercio destinado a “conversión” para plantaciones. Como de costumbre, los mismos conglomerados dueños de las compañías que destruyeron los bosques por el madereo excesivo son dueños también de las compañías plantadoras que se benefician de la tala de los bosques. Durante el mismo período, el Banco Mundial ayudó a financiar el programa de transmigración de Indonesia. Los transmigrantes auspiciados por el gobierno y otros colonos alentados por la política de reasentamiento de Indonesia, fueron una mano de obra barata y de fácil acceso para el sistema de plantación núcleo (PIR, por su sigla en indonesio). Las plantaciones también se beneficiaron de proyectos de infraestructura financiados por el Banco Mundial. La Corporación Financiera Internacional (CFI), ofreció por lo menos un préstamo a una compañía indonesia durante la década de 1990 para promover plantaciones de palma aceitera y fábricas de aceite de palma crudo.

Cuando la economía Indonesia colapsó en 1998, el FMI y el Banco Mundial impusieron como condicionamiento la aplicación de un “programa de rescate” financiero. En ese programa estaban incluidas medidas para promover el sector del aceite de palma, entre ellas reducciones de los impuestos a la exportación de aceite de palma crudo y el levantamiento de la prohibición a la inversión extranjera en empresas conjuntas de aceite de palma de Indonesia.El acuerdo FMI/Banco Mundial también ayudó a reestructurar el sector bancario del país. Como los conglomerados en bancarrota tenían intereses en la explotación forestal y en la banca, más de 100 compañías endeudadas vinculadas al sector forestal obtuvieron beneficios del orden de por lo menos 2.000 millones de dólares, cuando el Estado asumió algunas de sus deudas privadas. Una evaluación interna de las políticas y prácticas del Banco Mundial en materia forestal, que incluía a Indonesia, llegó a la conclusión terminante de que tanto la deforestación como la pobreza aumentaron durante la década de 1990.

Indonesia continúa extendiendo sus plantaciones. Una de las razones es la de satisfacer las demandas de los gobiernos locales, a los que en 2001 se les dio considerable poder sobre las decisiones en materia de utilización de la tierra y generación de ingreso, cuando se aprobó la autonomía regional. Ya se han destinado grandes superficies para la palma aceitera: 1 millón de hectáreas en Jambi; 1 millón de hectáreas en Kalimantán este; 3 millones de hectáreas en Kalimantán oeste –con objetivos generales de más de 9 millones de hectáreas. Los gobiernos locales y el gobierno central consideran ahora al sector plantador como el motor del desarrollo y un actor importante de generación de ingresos para la economía. Irónicamente, esto reemplaza al sector procesador de la madera –relegado a una industria decadente a medida que los bosques fuera de las áreas protegidas en la parte occidental del archipiélago han sido talados a tal grado que han dejado de interesar desde el punto de vista comercial.

La rama del Grupo Banco Mundial encargada de los préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional, se ha vuelto crecientemente activa en Indonesia. La misión de la CFI es promoverla inversión privada sustentable en países en desarrollo movilizando capital en mercados internacionales y brindado asesoramiento técnico para grupos comerciales y gobiernos. En el contexto indonesio, la CFI desea promover exportaciones –en especial de la agroindustria- y mejorar el clima para las inversiones.Sin embargo, la CFI no tiene una política en materia de palma aceitera como para definir las condiciones según las cuales las compañías plantadoras y sus garantes financieros puedan recibir su apoyo.

Como otras ramas del Grupo Banco Mundial, la CFI comparte el deber de ayudar a mitigar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.Se supone que debería entonces estar tratando de ayudar a las pequeñas y medianas empresas indonesias, a pequeños titulares independientes, para atraer financiamiento, de manera que puedan mejorar la productividad y el manejo de las plantaciones existentes. Pero en lugar de eso, la CFI ofrece apoyo a algunos de los mayores actores del sector de palma aceitera de Indonesia, entre ellos inversionistas y compañías extranjeras con un historial ambiental y social nefasto, que ahora se están expandiendo a nuevos sectores.

Según las Directrices Ambientales y Sociales de la CFI, los proyectos se clasifican de tres formas:

Categoría A: Grandes impactos sociales y económicos

Categoría B: “Puede provocar una cantidad limitada de impactos ambientales y sociales específicos que pueden ser evitados o mitigados adhiriendo a las normas de desempeño, directrices o criterios de diseño reconocidos generalmente”.

Categoría C: impactos mínimos o ningún impacto ambiental adverso.

No queda claro qué sanciones impondrá la CFI –si es que impone alguna- en caso de que se ignoren las Directrices Ambientales y Sociales.

El capital y los préstamos destinados directamente a las plantaciones indonesias de palma aceitera generalmente están calificados dentro de la Categoría B, de manera que es necesario realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En la práctica esto ofrece poca protección. Las EIA en Indonesia a menudo son ejercicios mecánicos y no es poco común que el estudio sea realizado varios años después que se haya establecido una plantación. Además, el cumplimiento de las leyes y las reglamentaciones locales del país receptor implica que es posible ignorar impunemente los derechos de los pueblos indígenas y que haya una aplicación débil de las normas ambientales y laborales.

La situación es aún peor para el financiamiento de la CFI relacionado con el comercio, que es clasificado como Categoría C. En este caso existe la presunción de que no habrá impactos ambientales adversos, si bien ni siquiera se consideran los impactos sociales y mucho menos se verifican en el terreno. Esto significa que la CFI no puede obtener la información necesaria para asegurar el cumplimiento de sus propias normas.

Al respecto, un caso ilustrativo es el apoyo financiero previo a la exportación brindado por la CFI a la compañía Filmar Trading. El Grupo Filmar es el mayor procesador y exportador de aceite crudo de palma de Indonesia. Posee cuatro refinerías en Indonesia y otra en Malasia, con una producción total de 3,3 millones de toneladas de aceite crudo de palma por año. Tiene inversiones en, como mínimo, 85.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera, pero compra aproximadamente el 90% de sus suministros a productores indonesios que pertenecen a otros conglomerados.

La CFI describe que este proyecto “permite a Wilmar cumplir con los requisitos de su capital circulante para comprar aceite crudo de palma de plantaciones en Indonesia y procesarlas en aceite refinado para la exportación”. En otras palabras, la CFI ofrece una garantía de 33,3 millones de dólares, renovable anualmente por tres años, de manera que Wilmar pueda pedir dinero prestado fácilmente a los bancos comerciales para comprar suministros de aceite de palma. Los préstamos son reembolsados después de haber enviado el aceite crudo de palma a los compradores en el exterior, tales como compañías de detergentes o procesadoras de alimentos. Unilever es uno de los clientes de Wilmar.

No queda claro por qué se considera que este proyecto merece el apoyo de la CFI.Wilmar es el segundo comerciante de aceites comestibles del mundo. En 2002, Wilmar Holdings tenía un giro annual de 3.530 millones de dólares y obtuvo una ganancia neta de 52,2 millones de dólares. La CFI justifica su acción diciendo que a los bancos comerciales los pone nerviosos invertir en Indonesia. Sin embargo Wilmar obtuvo préstamos de varias fuentes internacionales, por sí solo y a través de los servicios de Rabobank, el banco internacional con sede en Holanda. Rabobank puede incluso ser un inversionista de Wilmar

No hay dudas que la garantía del crédito de la CFI facilitará las exportaciones del aceite de palma de Indonesia y beneficiará al grupo Wilmar y sus filiales indonesias. Lo que resulta menos claro es si pueden justificarse los argumentos de la CFI acerca de los beneficios positivos para los agricultores locales. En efecto, la CFI no tiene formas de medir el impacto en los aparceros a pequeña escala o en las economías locales, ya que el negocio de Wilmar está calificado como Categoría C.

La CFI nunca dio información básica al público sobre las filiales de Wilmar –incluidas las plantaciones, los molinos de aceite crudo de palma y otras inversiones en Indonesia. Si bien aparentemente Wilmar mantiene esa lista en su sitio web, la misma siempre permanece inaccesible. Por lo tanto, es muy difícil evaluar la extensión total de las responsabilidad de la CFI. Ni la CFI ni Wilmar asistieron a las reuniones de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable. Aún así, ONGs holandesas e indonesias que intentan seguir los pasos de las conexiones de Wilmar, plantearon su preocupación sobre una serie de cuestiones en materia ambiental, social y de derechos humanos.

Entre esas cuestiones se incluyen las siguientes:

- La filial de Wilmar, PT Jatim Perkasa Jaya, en la provincia de Riau, posee una plantación en un área de bosques pantanosos de turba. Ha habido reiterados incendios forestales que quemaron esa parte del distrito de Rokan Hilar. Las autoridades locales y ONGs ambientales están convencidas de que la compañía está implicada en este desmonte ilegal, pero eso todavía no ha sido demostrado ante los tribunales.

- El desarrollo de las plantaciones de palma aceitera en el oeste de Sumatra ha sido el foco de violentos conflictos desde abril de 2000, cuando la policía armada intentó intimidar por la fuerza a la población local para que abandonara sus tierras y las dejara a la filial de Wilmar, PT Permata Hijau Pasaman. Una ONG local supervisó las instancias de intimidación, razzias, secuestros, arrestos y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.

- Hay pruebas de que empresas abastecedoras de Wilmar, pertenecientes a los grupos Salim, London Sumatra, Sinar Mas y Surya Dubai, también han participado en la destrucción de bosques, desmonte ilegal por quema, apropiación de tierras y violaciones de los derechos humanos.

- Nuevas investigaciones han revelado que algunas cooperativas dirigidas por compañías comerciales dejaron a los pequeños titulares esperando la asignación de predios. También identificaron casos graves de contaminación de agua por desechos de palma y por lo menos un molino de aceite crudo de palma que ha estado funcionando durante 4 años sin una EIA.

La reacción inmediata de la CFI al estudio de las ONG fue negar que estuviera apoyando la expansión de las plantaciones de palma aceitera o que hubiera problemas sociales y ambientales asociados con las filiales de Wilmar. Rechazó los informes de las disputas en torno a la tierra diciendo que Wilmar no era responsable de la adquisición inicial de tierras para las plantaciones. Wilmar también criticó el documento por considerarlo “incompleto e inexacto” y dijo a Rabobank que PT Jatim fue vendida a fines de 2003. Más tarde Wilmar aceptó contratar un consultor para realizar un estudio independiente de su desempeño social y ambiental. Antes de que fuera llevado a cabo, el Directorio de la CFI anunció en mayor de 2004 que se había aprobado la garantía de 33,3 millones de dólares para Wilmar.

Wilmar Trading es tan solo uno de los numerosos negocios en Indonesia que plantean interrogantes acerca del compromiso de la CFI para promover la sustentabilidad ambiental, la justicia social y la erradicación de la pobreza. Desde 2002, la CFI ha invertido aproximadamente 3,5 millones de dólares y ofrecido compromisos contingentes de participación en el capital social de hasta 16,5 millones de dólares para PT Astra Internacional para la reestructura de la deuda con el fin de apoyar las operaciones actuales y futuras de la compañía. Astra es uno de los mayores conglomerados de Indonesia; además de las plantaciones de palma aceitera, abarca rubros como automotores y negocios bancarios e inmobiliarios. La CFI también hizo un préstamo de 40 millones de dólares a Verdaine –una compañía con sede en Mauricio, creada como vehículo para adquirir y manejar las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. Actualmente controla una plantación de 9.100 hectáreas en el distrito Tapanuli Selatan, de Sumatra del Norte, y una concesión de 5.000 hectáreas en la isla de Belitung, al este de la costa de Sumatra. Uno de sus fundadores es Austindo Nusantara Jaya, otro conglomerado indonesio con intereses en la agroindustria, la generación de energía eléctrica, la minería y los servicios financieros. La CFI ya compró un 7% de acciones en una plantación de palma aceitera en Bengkulu, de la empresa PT Agro Muko, filial de Austindo. La CFI también ayuda al Grupo indonesio Wings a incursionar en el lucrativo mercado de aceite culinario, además de los negocios que ya tiene entre manos en el rubro de productos de tocador, materiales de construcción, cerámica, cemento, amianto, banca y propiedades. Ofreció un préstamo de 10 millones de dólares y ayudó a organizar el préstamo de un consorcio de 11 millones de dólares para tres fincas de palma aceitera en Kalimantan sur, que opera con el nombre de PT Gawi.

La CFI aún sostiene que su participación puede tener un impacto, tanto en términos de impactos económicos generales positivos como en cuanto a mejoras en el desempeño ambiental y social. “La renovada participación de la CFI en la financiación de proyectos en Indonesia envía un mensaje muy positivo a las compañías con un compromiso de buena gestión empresarial, desarrollo sustentable y la creación de oportunidades de empleo para el pueblo indonesio”, dijo uno de los directores de Verdaine. Sin embargo, la cuestión importante aquí es que la CFI niega completamente cualquier responsabilidad de sus inversiones en otros niveles de la cadena productiva. Pero las comunidades locales cuentan una historia muy distinta a la que pintan de color de rosa los representantes de la CFI.

Por Liz Chidley, Down to Earth, correo-e: dtecampaign@gn.apc.org, http://www.dte.org

inicio

- Laos: Banco Mundial financia la represa Nam Theun 2 desconociendo sus propias políticas

En 1989, cuando la compañía australiana Snowy Mountains Engineering Corporation fue contratada para realizar un estudio de factibilidad de la represa hidroeléctrica Nam Theun 2 financiado por el Banco Mundial, el proyecto a estudio era una represa para generar electricidad para exportar a Tailandia.

Dieciséis años más tarde, la generación de electricidad parece ser un producto secundario de un proyecto cuyo objetivo es el alivio de la pobreza. El 31 de marzo de 2005, el directorio del Banco Mundial aprobó US$ 270 millones en garantías y préstamos para la represa. “Nuestro único interés es hacer lo que podamos para ayudar a parte de la población más pobre de Asia a aumentar sus ingresos para que puedan tener una vida mejor –y ése es el propósito del proyecto hidroeléctrico Nam Theun 2", declaró a “La Voz de América”, Peter Stephens, vocero del Banco Mundial en Singapur.

Stephens es plenamente consciente de que el proyecto conducirá a un incremento de la deuda del gobierno de Laos, inundará 450 kilómetros cuadrados de bosques, humedales, campos y poblados. Implicará el desalojo forzado de 6.200 personas y destruirá las pesquerías y los medios de sustento de otras 120.000. El proyecto destruirá enormes áreas del último hábitat restante del elefante asiático y el pato de alas blancas, especies en peligro de extinción.

La participación del Banco Mundial asegura una serie de contratos lucrativospara las compañías internacionales. EDF International de Francia lidera el consorcio que construirá la represa, la compañía Nam Theun 2 Power Company. Los otros miembros del consorcio son el gobierno de Laos, Italian-Thai Development y la empresa pública de generación tailandesa Electricity Generating Public Company. La ingeniería del emprendimiento está a cargo de Lahmeyer Internacional de Alemania.

"Ésta es exactamente la clase de propuesta que los procedimientos de salvaguarda del Banco Mundial … pretenden impedir”, escribió David Hales del Worldwatch Institute. "El riesgo de un empobrecimiento aún mayor de la gente, de corrupción y mal manejo, y de un fracaso financiero del proyecto, es simplemente demasiado alto”.

No es de sorprender que el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn discrepe. Su trabajo, después de todo, implica gerenciar una institución con una inmensa capacidad de autoengaño. "Después de una larga deliberación hemos decidido que los riesgos son manejables; ciertamente, una razón central para nuestra participación es justamente ayudar a manejar esos riesgos" dijo Wolfensohn en una declaración emitida por el Banco luego de la decisión del directorio.

El Banco Mundial ha estado involucrado en el proyecto Nam Theun 2 desde la financiación del estudio de factibilidad en 1989. Desde entonces, una compañía maderera de Laos operada por militares ha hecho millones talando el área del reservorio. Miles de personas en la Meseta Nakai han visto sus medios de sustento destruidos. Aunque los consultores internacionales se han beneficiado con millones de dólares en estudios sobre el proyecto, el Banco Mundial ha fracasado completamente en el “manejo de los riesgos”.

James Chamberlain es un antropólogo que vive en Laos desde 1965. En 1997 dirigía el equipo de un proceso de “consulta” sobre el proyecto Nam Theun 2. Un video del Banco Mundial de 1997 registra sus comentarios sobre tres grupos de pueblos indígenas que habitan el área del proyecto propuesto. "Son principalmente cazadores y recolectores tradicionales, con muy poco desarrollo o ninguno de la agricultura, dependen de las pasturas y tienen un modo de vida nómade”, según Chamberlain. Hablan un lenguaje viético que no está relacionado con los otros grupos lingüísticos del área. Chamberlain los describió como “casi extintos”, con culturas que son "muy pero muy diferentes a cualquier otra con la que nos hayamos cruzado alguna vez”.

En el pasado el gobierno de Laos ha forzado a poblaciones de lengua viética a dejar sus bosques espirituales y a vivir en poblados. "No funcionó" declaró Chamberlain. "La mayoría de ellos murieron, en realidad, como resultado de vivir en poblados, tanto por razones de orden psicológico como físico".

El equipo de Chamberlain recomendó que se les permitiera a estos pueblos indígenaspermanecer en el bosque. "Creemos que se trata de una decisión consciente por parte de estos pueblos en cuanto al estilo de vida que prefieren y al lugar donde quieren vivir. Es una preferencia ecológica" dijo Chamberlain.

"Desde el punto de vista del Banco Mundial, y su política sobre Pueblos indígenas”, agrega, “esto es lo que debe pasar. De acuerdo a la directiva operativa sobre Pueblos indígenas, DO 4.2, los pueblos deben ser consultados sobre lo qué quieren hacer con su propio futuro. Y esto debe ser respetado en las políticas y en la planificación.”.

Pero las recomendaciones de Chamberlain fueron ignoradas. En 2000, tal como lo ha documentado el Panel de Expertos sobre Nam Theun 2 financiado por el Banco Mundial, el gobierno de Laos desalojó 34 hogares de pueblos de habla viética de sus bosques espirituales a un poblado denominado Ban Nakadok. Al año siguiente, diez familias más fueron forzadas a mudarse a otro poblado, Ban Nathon. Muchas familias viéticas murieron luego de haber sido desplazadas a Ban Nathon a mediados de los años setenta.

Habiendo recomendado previamente que no se desplazara a los pueblos viéticos, en su último informe (febrero de 2005), el Panel de Expertos recomienda que los constructores del proyecto contraten a una ONG para trabajar con las comunidades viéticas. Según el Panel de expertos, ello serviría, "a los efectos de comprender mejor su situación actual, para identificar sus preferencias de reubicación y para mejorar sus formas de sustento”. En otras palabras, los constructores del proyecto, el gobierno de Laos, el Panel de Expertos y el Banco Mundial, ni siquiera conocen la “situación actual” de los pueblos de habla viética, ni qué hablar de sus “preferencias de reubicación”.

Esto no es más que la admisión de que los constructores del proyecto no han prestado atención alguna ni a las recomendaciones de Chamberlain ni a la política del Banco Mundial sobre Pueblos indígenas. El desalojo de las personas de habla viética de sus bosques espirituales no solo infringe las políticas de salvaguarda del Banco Mundial. Para quienes están involucrados, se trata de un tema de vida o muerte.

Nam Theun 2 se convertirá en uno más de una larga lista de proyectos absurdos del Banco Mundial. Pero es una prueba concluyente (como si se necesitaran aún más pruebas) de que la única forma de evitar que el Banco Mundial repita los mismos errores es cerrándolo.

Por Chris Lang, correo-e: chrislang@t-online.de

página anterior

inicio

próxima página