República Democrática del Congo: después de la guerra, la lucha por el bosque

Los bosques tropicales de la República Democrática del Congo (RDC, antes Zaire) y los muchos millones de personas que en ellos viven se encuentran en una coyuntura crítica. La mayor parte del país aún no ha sido afectada por el madereo industrial y la tala de bosques a gran escala que prácticamente ha erradicado los bosques tropicales en otras partes de África. Sin embargo, finalizadas las décadas de caos económico y guerras civiles, esto está a punto de cambiar.

Los organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) tienen planes para el ‘desarrollo’ extensivo de los bosques de la RDC. Potencialmente podrían abrirse decenas de millones de hectáreas a las empresas madereras. Los derechos y la subsistencia de millones de personas estarán en peligro.

Ha comenzado un proceso que pronto podría ser irreversible y que podría terminar en la pérdida de gran parte de la segunda mayor zona de bosques tropicales del mundo. Esta bien podría ser la primera gran catástrofe ambiental del siglo XXI.

Después de las décadas de gobierno despótico de Mobutu Sese Seko, la RDC cayó en una ‘guerra civil’ en la que participaron nada menos que nueve poderes internacionales y que, directa e indirectamente, cobró las vidas de unos tres millones y medio de personas. En diciembre de 2002 se llegó a un acuerdo según el cual Joseph Kabila permanecería como presidente, con cuatro ‘vicepresidentes’ de los grupos rebeldes. En junio de 2003 se estableció un ‘gobierno de transición’; se prevén elecciones nacionales para 2005 o 2006.

La carnicería en gran escala que reinó en el país ha retrocedido. Sin embargo, esporádicamente estallan cruentas batallas, y gran parte de la zona oriental de este vasto país sigue bajo el control nominal de grupos ‘rebeldes’, en una compleja trama de alianzas cambiantes entre varias facciones, grupos étnicos y milicias, con apoyo y participación de los ejércitos de países vecinos.

Al menos en parte, la guerra se alimentó con la competencia por el control sobre los recursos naturales. El Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU encargado de examinar la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la RDC informó en octubre de 2002 que “elites corruptas y criminales” tanto dentro de la RDC como de países vecinos como Uganda y Rwanda estaban aprovechando la guerra civil para ganar acceso a minerales, madera y marfil. Las ganancias producidas por la minería y el madereo ilegales se han utilizado para comprar armas y municiones, perpetuando así el conflicto.

Algunos observadores -incluido el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU mediante un informe secreto- temen que la ‘paz’ actual simplemente esté siendo usada por las facciones rebeldes y el gobierno para continuar con el saqueo ilícito de los recursos y así poder reagruparse y adquirir más armas, y que es altamente probable que ocurra otro conflicto importante.

La explotación ilegal e incontrolada de estos recursos ha tenido repercusiones sociales y ambientales devastadoras en algunas localidades. Durante el conflicto, pueblos de los bosques como los ‘Pigmeos’ Twa del este de la RDC han sufrido impactos traumáticos. Además del tratamiento brutal a manos de una u otra facción, que ha incluido casos de canibalismo e informes de ‘genocidio’, el pueblo Pigmeo ha sufrido también el agotamiento de los recursos alimentarios silvestres, explotados por ejércitos, milicias y los millones de refugiados que huyeron del conflicto.

Con el establecimiento del gobierno de transición en 2003, la comunidad internacional pasó rápidamente a reconstruir las instituciones políticas y la economía del país y, en particular, a estimular las inversiones extranjeras. Los bosques de la RDC se perciben como fuente potencial de rápidas ganancias para los extranjeros, y la industria de la madera como forma de ‘dar el puntapié inicial’ a la arruinada economía del país.

Los bosques de la RDC abarcan una superficie de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del tamaño de Francia. Según estimaciones del Banco Mundial, unos 35 millones de personas (el 70% de la población nacional) residen en los bosques del país o dependen de ellos en alguna medida.

Se cree que hace muchos miles de años los pueblos agrícolas Bantú se establecieron en gran parte de la zona boscosa, donde ya podrían haber estado presentes los ‘Pigmeos’ cazadores y recolectores Mbuti y Twa. El Banco Mundial estima que el ingreso per cápita promedio en la RDC es actualmente el más bajo del mundo, US$ 90 por año; es probable que el ingreso en las zonas rurales con cobertura boscosa, sea incluso menor que el promedio nacional.

El caos económico de las décadas de Mobutu y la falta de inversión en infraestructura han significado una explotación industrial del bosque relativamente pequeña, aunque unas pocas empresas (en su mayoría extranjeras) han tenido acceso al madereo en grandes extensiones. El grupo alemán Danzer, por ejemplo, ha mantenido durante varios años concesiones para madereo que abarcan 2,4 millones de hectáreas.

En algunas zonas como Kivu del Norte y del Sur, donde hay ricos suelos volcánicos, se han convertido áreas boscosas en granjas, más que nada de subsistencia. En torno a las grandes ciudades, en un país donde escasean otros tipos de energía, la recolección de leña también llevó a la pérdida de cobertura boscosa. Sin embargo, en comparación con otras partes de África central y occidental, las tasas de deforestación han permanecido bajas. Gracias al ‘consejo’ de la comunidad internacional, esto podría estar a punto de cambiar.

En agosto de 2002 el (no electo) gobierno interino de la RDC adoptó el nuevo Código de Manejo de Bosques. Este código establece el ‘marco’ básico de la política forestal del gobierno de la RDC, por ejemplo que el gobierno continúa afirmando que todas las zonas de bosques son propiedad del Estado. Algunas categorías se definen en forma muy amplia, como ‘explotación’, ‘uso comunitario’ y ‘conservación’ de los bosques. La elaboración de este código contó con el apoyo del Banco Mundial.La liberación de un ‘tramo para el sector forestal’ (de US$ 15 millones) de un crédito de ajuste estructural del Banco en mayo de 2002 tuvo como condición la adopción del Código, cuyo modelo fue la Ley de Bosques que el Banco diseñó para Camerún en 1994.

Un indicio de la extraordinaria falta de realismo del pensamiento del Banco es que haya creído que sería posible establecer todo el nuevo sistema legal para el sector forestal, que consiste quizá en veinte nuevos decretos presidenciales y ministeriales, en el correr de unos pocos meses tras la adopción del Código de Manejo de Bosques marco. Esto indica también que, a pesar de las exhortaciones de la Estrategia sobre Bosques del propio Banco sobre la importancia de un ‘desarrollo participativo de la política forestal’, no puede haber habido intenciones serias de consultar al pueblo congoleño sobre las reformas legales pensadas, pues habría sido imposible realizar una tarea así en tan corto período en un país del tamaño de Europa occidental, gran parte del cual sigue estando bajo control rebelde, y prácticamente sin infraestructura que funcione.

En enero de 2003, tras la adopción del nuevo Código de Manejo de Bosques, se estableció un nuevo proyecto de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO), también con financiación del Banco Mundial (y otros donantes), en virtud del cual se elaborarían y adoptarían los decretos específicos para instrumentar el Código de Manejo de Bosques marco. La FAO y el Banco Mundial también están desarrollando un sistema de‘división en zonas’ para los bosques de la RDC, según el cual la totalidad de la zona de bosques del país se dividirá en espacios para el madereo, la conservación y otros usos.

El Banco Mundial ha tomado algunas medidas positivas para reformar la industria de la madera en la RDC. Por ejemplo, el Banco ha presionado al gobierno de la RDC para que cancelara varios contratos de madereo existentes y revocara concesiones para el madereo de 6 millones de hectáreas, otorgadas ilegalmente a una empresa portuguesa. El Banco ha instado también al aumento sustancial de los impuestos a la actividad forestal, de modo de generar mayores ingresos para el fisco congoleño. Sin embargo, la industria maderera ha resistido estos cambios: los impuestos a la explotación forestal siguen siendo muy bajos (US$ 0,10 por hectárea) y el madereo en las concesiones ilegales ha continuado.

A pesar de que el intento de controlar la explotación forestal existente parece haber fracasado, el Banco Mundial ha estado conversando con el gobierno de la RDC sobre la expansión en gran escala de la industria de la madera en el país. La industria decayó durante los últimos años del régimen de Mobutu y la guerra civil, pero los documentos del Banco Mundial hacen referencia a un posible incremento de la producción de madera de 6.000%, hasta alcanzar aproximadamente entre 6 y 10 millones de metros cúbicos de madera por año, y a la “creación de un clima favorable al madereo industrial”. Según el Banco, una zona de cerca de 60 millones de hectáreas (un poco mayor que la superficie de Francia) se considera como ‘bosques de producción’.

Con el fin de establecer la base geográfica para la explotación de bosques en la RDC, el Banco incluyó un componente forestal de US$ 4 millones en un proyecto que lleva por nombre ‘Proyecto de emergencia económica y social y de apoyo a la reunificación’(EESRSP, Emergency Economic and Social Reunification Support Project), aprobado por el Directorio del Banco en setiembre de 2003.En virtud del mismo, el Banco apoyaría la preparación de un ‘plan de división en zonas de los bosques’ que “organizaría las áreas rurales en tres categorías amplias de acuerdo con sus objetivos primarios (desarrollo rural, producción sustentable, protección del medio ambiente)”. Aunque el Banco declaró que dicha división en zonas es “fundamental para garantizar los derechos a la tierra y el acceso transparente a los recursos forestales para TODAS las partes interesadas” (énfasis agregado), este ímpetu aparente se contradice con el segundo elemento sobre bosques del proyecto: “preparar el terreno para instrumentar el sistema de concesiones forestales de la nueva ley”. De hecho, de los únicos dos ‘indicadores de desempeño’ que el Banco se propuso lograr en el componente forestal de este proyecto, uno es “Cantidad de nuevas concesiones [al madereo industrial] otorgadas en forma transparente”.

A pesar de los compromisos generales y las políticas declaradas tanto del Banco Mundial como de la FAO, prácticamente no se ha consultado a la sociedad civil ni a las comunidades de los bosques sobre el nuevo Código de Manejo de Bosques o los decretos legales que lo instrumentarán. En noviembre de 2003, en un seminario en el que participaron las principales organizaciones de la sociedad civil de la RDC, se reveló que casi nadie (fuera de un pequeño grupo de funcionarios gubernamentales y sus asesores y algunas personas del sector privado) estaba al tanto de la existencia del nuevo Código de Manejo de Bosques del país, cuánto menos de los cambios de largo alcance que allí se contemplan.

Para noviembre de 2003 ya se habían redactado o planificado 15 decretos para instrumentar el Código de Manejo de Bosques, seis de los cuales pasaron inmediatamente a la instancia de la autorización oficial, habiéndose considerado que “no se necesitaba una consulta”. Había nueve decretos en varias etapas de “discusión y consulta”, pero solamente tres habían sido puestos a disposición de un pequeño grupo de ONGs cercanas al gobierno.

En febrero de 2004 tuvo lugar una iniciativa sin precedentes: más de 150 ONGs congoleñas, en representación de grupos de todo el país, con inclusión de una amplia gama de grupos étnicos, ONGs para el desarrollo y asociaciones ambientales y de derechos humanos, hicieron una demanda conjunta al Banco Mundial, la FAO y el gobierno de la RDC para que detuvieran su programa de desarrollo en los bosques del país. Reclamaron una moratoria a la formulación de nuevas leyes forestales y al plan de división en zonas de los bosques mientras no se haya llevado a cabo una detallada revisión del Código de Manejo de Bosques y los decretos existentes y mientras en el nuevo ejercicio de división en zonas de los bosques no se hayan tomado en cuenta los derechos consuetudinarios a la tierra de los pobladores locales.

Sin embargo, a fines de 2004 el ministro responsable había redactado o aprobado nuevos decretos. Se destaca el hecho de que todos ellos se relacionaban con el proceso de establecimiento de nuevas concesiones al madereo industrial, en tanto ninguna de las nuevas leyes concernía a los derechos de la comunidad local, los derechos de los Pueblos Indígenas de los bosques, los bosques comunitarios ni la protección del medio ambiente.

El ‘desarrollo’ de los bosques de la RDC que se propone y la forma en que éste se está llevando a cabo presenta una serie de peligros.

En primer lugar, mientras se reconoce que las personas pobres de la RDC necesitan desesperadamente el desarrollo económico, el Banco Mundial y la FAO no han tomado en cuenta la inestable situación política de la RDC ni la grave debilidad del gobierno. Las autoridades de Kinshasa todavía no pueden ejercer siquiera un gobierno rudimentario, tal como la recaudación de impuestos, en muchas partes del país (especialmente en zonas remotas y cubiertas de bosques), cuanto menos controlar las actividades de las empresas madereras. Un estudio realizado por la consultoría ARD para la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional(USAID)concluyó que:

“El peligro que hoy se cierne sobre los bosques de la RDC es un gobierno débil, es decir, la probabilidad de que el Estado no sea capaz de reglamentar en forma efectiva el acceso a los recursos forestales o, una vez que se otorguen las concesiones, controlar las actividades dentro de las mismas para garantizar que se respetan los límites de la concesión, etc. Si el Estado demuestra no poder o no desear controlar a los concesionarios de madereo nacionales y extranjeros, este hecho puede señalar el comienzo de una explosión del madereo que podría diezmar rápidamente los recursos forestales del país. A su vez, esto podría desencadenar una serie de consecuencias ambientales negativas”.

El Consejo de Seguridad de la ONU también ha reconocido los peligros y aprobado en forma unánime una resolución que alienta“a los Estados, las instituciones financieras internacionales y otras organizaciones a que presten asistencia... en los intentos de crear estructuras e instituciones nacionales apropiadas para controlar la explotación de los recursos” en la RDC. Hasta ahora esto no ha ocurrido, y hay pocas expectativas de que tales instituciones se establezcan en el futuro previsible.

La experiencia en otros países, por ejemplo en Camerún, ha sido que, sin una reglamentación cuidadosa, la industria maderera es extremadamente susceptible de caer en la corrupción y en las malas prácticas, lo que puede tener un penetrante efecto corruptor sobre el gobierno y las estructuras administrativas en general. Si se permite que esto ocurra en la RDC, podría haber graves resultados negativos de larga duración.

En segundo lugar, el enfoque del Banco Mundial en cuanto al desarrollo de los bosques de la RDC parece basarse en la suposición de que la expansión del madereo industrial traerá necesariamente beneficios económicos a la población pobre del país. Sin embargo, hay muy pocos indicios de que esta suposición sea válida. De hecho, la experiencia de países como Camerún demuestra que las comunidades que viven en los bosques, a menudo las más pobres, se empobrecen aun más, pues la industria del madereo puede destruir los recursos de los cuales los habitantes de los bosques dependen para su mero sustento, como granjas a pequeña escala en los bosques, agua potable, caza silvestre, frutas y aceites y medicinas naturales.

Por lo tanto, el desarrollo de la industria del madereo a gran escala en la RDC podría tener graves repercusiones negativas sobre millones de personas pobres. Como bien señaló el informe de ARD:

“Dada la debilidad del gobierno, una paz sostenida podría desencadenar un período de madereo intenso en muchas partes del Congo, haciendo destrozos en el medio ambiente, reduciendo o destruyendo la biodiversidad y dañando materialmente las posibilidades de vida de los grupos humanos que más dependen de los bosques para su supervivencia, por ejemplo los pigmeos del Congo (que suman unos cuatro millones de personas)”.

En tercer lugar, el enfoque del Banco también parece no reconocer que, al igual que en toda África, las comunidades que han estado presentes durante cientos o incluso miles de años reclaman vastas zonas de los bosques del Congo en virtud de ‘derechos consuetudinarios’. En la RDC, como en todas partes del mundo, el Estado reclama para sí la propiedad de las tierras donde hay bosques, y el nuevo Código de Manejo de Bosques reafirma este reclamo. Sin embargo, la experiencia de países como Camerún es que el no reconocimiento apropiado de los derechos de los pobladores locales puede provocar conflictos sociales graves, persistentes y violentos.

En cuarto lugar, a pesar de la cantidad de ramificaciones ambientales, sociales y económicas de sus intervenciones en el sector forestal de la RDC, hasta el momento no se ha aplicado ninguna de las políticas de salvaguardia internas del Banco, como las relativas al medio ambiente. El apoyo prestado por el Banco a la modificación de las leyes forestales de la RDC en 2002 fue procesado como parte de un crédito de ajuste estructural, y por lo tanto no se sujetó a las políticas de salvaguardia. El Banco también brindó apoyo a la ‘operacionalización’ del Código de Manejo de Bosques en 2004, que en forma similar fue procesado como crédito de ajuste estructural y por lo tanto tampoco se sujetó a las políticas de salvaguardia.

Tal como se señala arriba, el apoyo del Banco a la ‘división en zonas’ de los bosques de la RDC y la preparación del sistema de concesiones para el madereo fue brindado, en setiembre de 2003, en forma de EESRSP. Fue clasificado como proyecto de ‘Categoría B’, lo que puso en marcha las siguientes políticas del Banco: Evaluación Ambiental (OP 4.01), Silvicultura (OP 4.36) y Reasentamiento Involuntario (OP 4.12). Sin embargo, el Banco también aplicó a este proyecto la OP 8.50, directiva concerniente a la ‘Ayuda para la recuperación de emergencias’, posponiendo por lo tanto los requisitos de aplicación de todas las otras políticas de salvaguardia por 12 meses. En abril de 2005 las evaluaciones sociales y ambientales necesarias para este proyecto todavía no habían comenzado. Lo que es aun más grave, a pesar de los potenciales impactos devastadores de la expansión de las concesiones para madereo industrial en la RDC sobre los numerosos pueblos ‘Pigmeos’ del país, el personal del Banco ni siquiera trató de aplicar la Política sobre Pueblos Indígenas (OD 4.20) en este proyecto, quizá por ser consciente de que hubiera sido muy difícil de cumplir.

Además de eludir sistemáticamente las políticas formales de salvaguardia, el personal del Banco se ha negado permanentemente a iniciar un diálogo significativo con la mayoría de las ONGs nacionales e internacionales y ha utilizado tácticas poco limpias para tratar de minimizar las críticas y subvertir o cooptar a las organizaciones críticas. Por ejemplo, en diciembre de 2003la organización Rainforest Foundation envió una detallada carta al Banco Mundial solicitándole que esclareciera su participación en el sector forestal en la RDC y planteando varias de las inquietudes arriba mencionadas. En abril de 2005, 16 meses más tarde, no se había recibido una respuesta sustantiva.

Las primeras ‘reuniones’ entre el Banco y sus críticos nacionales e internacionales consistieron en furiosas conferencias de 90 minutos a cargo del representante del Banco en el lugar. El Banco se negó a discutir los detalles de sus actividades y a ‘cooperar’ con Rainforest Foundation, aduciendo que la fundación había ‘informado mal al público acerca del Banco’, pero cuando se le pidieron detalles sobre lo que consideraba era ‘informar mal’ se negó a hacerlo, alegando que esto sería ‘cooperar’.

Durante un ‘Foro sobre bosques’ nacional organizado en la RDC por el Banco en noviembre de 2004, se descubrió que partes sustanciales del texto de un borrador de ‘declaración de las ONGs’ que tenía que ser entregado por una organización de Kinshasa cercana al Banco habían sido redactadas por el mismo Banco. Este torpe engaño fue rápidamente identificado y resuelto por auténticas ONGs nacionales, junto con ONGs internacionales entre las que se contaban WWF, Greenpeace, Conservation International, Wildlife Conservation Society y CARE, que en su lugar emitieron un llamado a la continuación de una moratoria de hecho al otorgamiento de nuevas concesiones de madereo mientras no se cumplieran varias condiciones estrictas.

Durante 2004 y 2005, el Banco hizo circular una serie de borradores de un informe sobre una ‘revisión del sector forestal’ que evidentemente pretende justificar a posteriori su propuesta de industrialización de los bosques de la RDC. En un esfuerzo desesperado para recuperar algún tipo de credibilidad y demostrar el apoyo de las ONGs, el Banco expresó su reconocimiento a Greenpeace y Global Witness por sus ‘valiosos aportes’ a este informe, aunque rápidamente se supo que Greenpeace ya había declarado por escrito que no compartía el análisis fundamental del Banco y no quería que se la asociara con el informe. En cuanto a Global Witness, ni siquiera habían leído el documento en el que el Banco les agradecía sus aportes. Para marzo de 2005, reconociendo quizás que se estaba enfrentando a graves críticas de parte de los representantes indígenas ‘Pigmeos’ más activos y articulados de la RDC, el Banco empezó a ‘organizar’ otras ‘ONGs pigmeas’ enKinshasa.

Junto con todo esto, el Banco ha seguido engañando al público y los medios en cuanto a sus intenciones. La única explicación sustantiva de sus actividades forestales en la RDC disponible para el público, un ‘comunicado de prensa’ cuidadosamente redactado en el sitio web del Banco, declara que:

“El Banco no está financiando ninguna actividad de madereo industrial en la RDC. El apoyo financiero actual al sector forestal abarca servicios de asesoría, estudios, talleres, capacitación y fortalecimiento institucional. Este apoyo se brinda a través de varias actividades multisectoriales, entre ellas el Proyecto de emergencia económica y social y de apoyo a la reunificación (EESRSP Cr. 3824DRC). Este proyecto tiene un componente para el sector forestal de 4 millones de dólares, que financiará la revisión de los contratos forestales y la planificación de la utilización delos bosques”.

Esta declaración no menciona el apoyo del Banco, en virtud del proyecto EESRSP, a la ‘instrumentación del sistema de concesiones forestales’,ni el hecho de que la propia documentación del Banco (que lleva el rótulo ‘solamente para uso oficial’) demuestra que realmente evaluará el éxito de este proyecto según la cantidad de nuevas concesiones otorgadas para el madereo.

Mientras que el Banco ha enfatizado su inquietud de que el desarrollo de la RDC beneficie a las personas que allí habitan, no ha hecho nada para ponerla en práctica. En su lugar ha continuado con la creencia fatalmente errónea de que, en medio de una situación casi de guerra civil, con un gobierno que en gran parte es apenas nominal y que más que nada sirve a los intereses personales de sus integrantes, con instituciones financieras que se sabe son completamente corruptas y con las funciones básicas de gobierno aún frágiles, en el mejor de los casos, todavía sería posible establecer una industria de la madera ambientalmente aceptable, socialmente sensata y económicamente beneficiosa.

Pocos observadores creen que esto sea otra cosa que un dogma ideológico impulsado por noveles funcionarios del Banco ávidos de promoción, que al fin de cuenta no rendirán cuentas de sus acciones. Lo más probable es que el enfoque del Banco beneficie a pocos que no sean las empresas madereras extranjeras, en especial alemanas y francesas, que según se sabe han estado presionando al Banco, al más alto nivel, para que éste asuma una postura favorable sobre la industria de la madera.

Con esto no se quiere decir que no haya una función para el Banco en los bosques de la RDC; de hecho, es una de las pocas instituciones que pueden tener la habilidad y el peso financiero para promover un futuro diferente para los bosques del Congo.

Con esto tampoco se quiere decir que no hay lugar para la explotación comercial de la madera en los bosques de la RDC. Sin embargo, el desarrollo de la industria de la madera en el Congo no debe ocurrir a expensas de los derechos y el sustento de quizá decenas de millones de personas pobres que habitan en los bosques. Un enfoque tan apresurado podría resultar en un grave conflicto social de larga duración, tendría efectos negativos sobre los más vulnerables de la sociedad congoleña y provocaría daños ambientales duraderos o irreversibles.

En cambio, el Banco Mundial, la FAO y el gobierno congoleño deberían adoptar un enfoque que reduzca los riesgos de conflicto y de daño ambiental y que al mismo tiempo beneficie directamente a los más pobres del país, los que viven en los bosques. Específicamente, las autoridades nacionales e internacionales deberían, tal como ha sugerido la sociedad civil congoleña y extranjera, mantener rigurosamente la moratoria a la expansión del madereo industrial hasta el momento en que se hayan considerado seriamente las alternativas al madereo industrial, se hayan relevado correctamente las tierras de la comunidad local y reconocido los derechos de las comunidades y se haya examinado y apoyado el desarrollo de los bosques comunitarios.

El Banco debería apoyar, como asunto de máxima prioridad, una investigación independiente sobre las siguientes omisiones de su parte: el no cumplimiento de la resolución 1457 del Consejo de Seguridad de la ONU; la no justificación de la línea de acción que propone para los bosques de la RDC; la no iniciación ni instrumentación de sus políticas internas de salvaguardia; el comportamiento de su personal en relación con las ONGs nacionales e internacionales.

A fines de 2004, los mayores bosques de la Tierra relativamente poco perturbados son los bosques tropicales de la República Democrática del Congo. La comunidad internacional tiene la oportunidad trascendental de explorar e instrumentar nuevos enfoques en lugar de aquéllos que han fracasado tan rotundamente en otras partes del mundo.

Por Simon Counsell, The Rainforest Foundation-UK, correo-e: simonc@rainforestuk.com, http://www.rainforestfoundationuk.org

Fuente: Boletín Nº 93 del WRM, abril de 2005