• Brasil: fin de la tregua, los indígenas tupinikim y guaraní retoman la lucha por la tierra contra Aracruz
• Chile: nuevo mártir mapuche muere víctima de atentado de empresa forestal
• Colombia: expansión de la palma aceitera en un marco de violación de los derechos humanos
• Paraguay: el Congreso no apoyó los derechos de los Ayoreo sobre su tierra
• Uruguay-Argentina: masiva manifestación contra las fábricas de celulosa

- Brasil: fin de la tregua, los indígenas tupinikim y guaraní retoman la lucha por la tierra contra Aracruz

En 1979, al ocupar una de las últimas áreas de bosques de la Mata Atlântica que todavía no había sido cortada por la entonces Aracruz Florestal, actualmente Aracruz Celulose, los pueblos indígenas tupinikim y guaraní del Estado de Espírito Santo iniciaron una larga lucha por recuperar sus tierras. Esta lucha se vio interrumpida, por última vez, en 1998 cuando las comunidades indígenas tupinikim y guaraní, aisladas y bajo fuerte presión, tuvieron que firmar un acuerdo con la empresa Aracruz Celulose.

El acuerdo resultó de una decisión inconstitucional del ex ministro de Justicia Iris Rezende, quien el 6 de marzo de 1998 redemarcó solamente 2.571 hectáreas de las 13.579 hectáreas que fueron identificadas como tierras indígenas tupinikim y guaraní por un grupo técnico oficial de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), órgano del gobierno federal competente para responder por el tema de la demarcación de las tierras indígenas. En desacuerdo con esta decisión, los indígenas llevaron a cabo, por cuenta propia, la demarcación de las 13.579 hectáreas. Sin embargo, luego de transcurrir ocho días desde el inicio del proceso de autodemarcación, éste se vio interrumpido bruscamente debido a la acción conjunta de la policía federal, de la FUNAI y de la Empresa contra los indígenas. Posteriormente fueron presionados para firmar el acuerdo por el que se los obligó a renunciar a 11.008 hectáreas de tierras identificadas como indígenas.

Luego de siete años de convivencia con el Acuerdo, los indígenas tupinikim y guaraní llegaron a la conclusión que éste no está resolviendo sus problemas, sino que todo lo contrario, se han vuelto más dependientes económicamente de la empresa Aracruz. También contribuyó para dividir a las comunidades y debilitó considerablemente la cultura de estos pueblos. Asimismo, las comunidades estaban renunciando al derecho a las 11.008 hectáreas de tierras indígenas, identificadas y reconocidas como tales.

Pero para Aracruz el Acuerdo ha sido muy beneficioso, ya que con el mismo la empresa, además de explotar intensamente las tierras indígenas, ha podido mostrar al mundo que tiene buena convivencia con los indígenas tupinikim y guaraní y que no hay nada que ponga en jaque su buena imagen de “empresa cumplidora de sus responsabilidades sociales y ambientales”. Como fiel integrante de la lógica capitalista, ésta siempre creyó que el dinero puede comprar todo, incluso derechos garantizados en la Constitución Federal del Brasil. Sin embargo, se olvidó que la tierra es condición de supervivencia física y cultural para los pueblos indígenas y que sin ella están destinados a desaparecer, como sucedió con cientos de otros pueblos diezmados por el proceso de colonización del territorio brasileño a lo largo de los últimos 500 años.

Por todo ello, los indígenas tupinikim y guaraní de las siete aldeas indígenas, reunidos en una asamblea general el 19 de febrero de 2005, decidieron retomar la lucha por las 11.008 hectáreas de tierras indígenas no demarcadas todavía. Luego de la asamblea, los indígenas tupinikim y guaraní buscaron en primer lugar el apoyo del órgano legítimo de defensa de sus intereses: el Ministerio Público Federal. Como resultado de las reuniones con caciques y líderes, esta institución abrió, el 31 de marzo, una investigación civil pública para determinar irregularidades en el proceso de demarcación de las tierras tupinikim y guaraní en 1998, con el objetivo de garantizar que todas las tierras identificadas como indígenas sean efectivamente demarcadas lo más rápidamente posible, según establece la Constitución.

Asimismo los indígenas procuraron el apoyo de entidades, movimientos, iglesias y parlamentarios, dentro y fuera del Brasil. Saben que precisan de mucho apoyo de la sociedad civil para acumular fuerzas en la lucha contra una empresa que cuenta con el apoyo del gobierno federal y varios partidos, incluso partidos que se dicen de izquierda. Es bueno recordar que Aracruz Celulose está entre los tres mayores financiadores de campañas político-electorales en el país. En el caso del gobierno federal, el apoyo del gobierno federal se viene dando a través de préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) e incentivos a través del Plan Nacional de “Bosques”. Este último tiene como fin aumentar en dos millones de hectáreas más la plantación de monocultivos de árboles en el país a 2 millones de hectáreas antes de 2007.

Además de la recuperación de las 11.008 hectáreas, en un futuro muy cercano los indígenas tupinikim y guaraní enfrentarán otro gran desafío, que es la reconversión, o sea, ¿qué hacer con una tierra cubierta por eucaliptos? En este sentido, las comunidades organizaron los días 28 y 29 de abril en la aldea tupinikim de Irajá, el Encontro Replantar a Nossa Esperança (Encuentro Replantar Nuestra Esperanza). En este encuentro, diversas comunidades afectadas por el monocultivo del eucalipto –indígenas, representantes de quilombolas (comunidades de descendientes de esclavos) y campesinos- intercambiaron experiencias de resistencia al “desierto verde”. En el propio encuentro los indígenas tupinikim y guaraní comenzaron a elaborar un plan de reconversión de las áreas tomadas por el eucalipto de Aracruz para otros usos, como la reforestación con especies nativas y la producción de alimentos.

Cabe alertar que la tan propagada integración de las comunidades locales al proyecto del agronegocio –que es la propuesta de empresas como Aracruz y del Estado brasileño- lleva en la práctica a la muerte de culturas y de la diversidad. En el Brasil, cada vez más quedan en evidencia dos proyectos antagónicos: uno representado por los sectores hegemónicos que tratan a la tierra como posibilidad de obtención de ganancias fáciles; otro, representado por movimientos como el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), el MPA (Movimiento de los Pequeños Agricultores) y por las poblaciones indígenas y quilombolas que ven en la tierra la posibilidad de sustento y mantenimiento de la vida. En el caso de los indígenas guaraní y tupinikim, la relación con la tierra es todavía más profunda porque la consideran como la Madre Tierra que debe ser cuidada y protegida. En este sentido, uno de los participantes del Encuentro Replantar Nuestra Esperanza formuló bien esa contradicción: “¡Plantar eucalipto no es replantar nuestra esperanza!”

Finalmente, los indígenas tupinikim y guaraní dan una gran lección a las sociedades de Espírito Santo y del Brasil, porque se atreven a soñar y a desafiar las estructuras de poder vigentes. Proponen un camino que garantice su autonomía en el futuro, en base a sus derechos y al fortalecimiento de su cultura.

Por Gilsa Helena Barcellos, Rede Alerta contra o Deserto Verde, e-mail: woverbeek@terra.com.br

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- Chile: nuevo mártir mapuche muere víctima de atentado de empresa forestal

El pasado 10 de mayo, Zenén Díaz Necul, mapuche de 17 años, fue arrollado por un camión mientras participaba en una manifestación en repudio a un atentado efectuado por guardias forestales de la empresa Mininco en contra de simbologías y elementos culturales, espirituales y religiosos Mapuche. La protesta se llevó a cabo en la zona del Viaducto de Malleco (un histórico puente ferroviario en la sureña Novena región de Chile). .

Ante el suceso, la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco declara:

Frente al brutal asesinato del joven mapuche Díaz Necul:

1. Este asesinato se enmarca dentro del conflicto mapuche que mantienen las comunidades que luchan por sus derechos territoriales en contra del Estado y del sistema capitalista, expresada principalmente en las inversiones que tienen las empresas transnacionales (forestales y energéticas) en nuestro territorio ancestral.

2. La responsabilidad política en esta muerte recae en el Estado y las empresas forestales que son los que mantienen una política represiva permanente que se expresa en los planos político, judicial y policial, estableciendo una verdadera cacería a través de la persecución, la militarización de las zonas en conflicto, la represión selectiva e indiscriminada en contra de toda la expresión de movilización y lucha de nuestro Pueblo.

3. Al Estado le cabe responsabilidad por cuanto son los sostenedores y administradores de un sistema que ampara las inversiones de las transnacionales a través de una intervención política que condena a nuestras comunidades a la pobreza, frenando políticas de devolución de tierras, obligando a las comunidades a la movilización, a las cuales aplica fuertes medidas represivas.

4. La responsabilidad directa en este asesinato recae directamente en las fuerzas represivas, principalmente de carabineros, quienes a través de sus fuerzas especiales y grupos tácticos han generado verdaderos campos de batalla en contra de mapuche movilizados. En este caso, ponemos en duda la versión oficial de que se haya tratado de un camionero que se dio a la fuga, conociendo los métodos represivos con los que actúan las fuerzas represivas, sabiendo además que fueron los carabineros del grupo táctico, mas guardias forestales los que allanaron y destruyeron el rehue y los trabajos levantados en el marco de la recuperación llevada por las comunidades de la zona.

5. Por lo anterior es que reivindicamos al joven mapuche Zenón Díaz Necul como un nuevo mártir de la causa mapuche y lo elevamos a la condición de weichafe, porque cayó luchando en el marco de la resistencia por su comunidad y por su Pueblo.

6. Declaramos que compartimos el dolor de la pérdida y solidarizamos con su familia y de las comunidades de la zona, y dejamos en claro que nuestro mejor homenaje a su valor será seguir luchando por la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación Mapuche.

7. Llamamos a las comunidades y a las zonas de conflicto a estar atentos frente a estos hechos y a avanzar en sus procesos de recuperación territorial y política y a no dejarse amedrentar frente a las arremetidas represivas. A su vez, llamamos a nuestros weichafe a rendir homenaje al nuevo mártir caído.

En memoria de Jorge Suárez Marihuan, de Alex Lemun y Zenón Díaz Necul

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- Colombia: expansión de la palma aceitera en un marco de violación de los derechos humanos

El Plan Colombia ha resultado funcional a los grupos económicos de la palma aceitera (ver boletines Nº 47 y 70 del WRM). Operaciones militares y paramilitares de protección o de avanzada del proyecto agroindustrial han incursionado en territorios colectivos, han construido carreteras, talado bosques, excavado canales artificiales. Todo eso, en un entorno de impunidad y violación de los derechos humanos.

Desde el 2001, la organización de derechos humanos Justicia y Paz ha denunciado la siembra ilegal de palma por la empresa Urapalma S.A. en por lo menos 1.500 hectáreas en el Territorio Colectivo del Curvaradó y su proyección sobre el Jiguamiandó. A pesar de años de transitar vías del diálogo, acciones jurídicas, comisiones de verificación, no se ha podido parar el avance de la destrucción del bosque, ni las amenazas de muerte contra los legítimos propietarios. En el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Familias de Curvaradó denuncia que en los últimos 15 días de abril se intensificó la preparación de tierras para la siembra de palma aceitera, con deforestación de bosques nativos de los caseríos Caño Claro y La Cristalina dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y por el sector de Urada en el entorno del Jiguamiandó, en el Bajo Atrato, y en los territorios con títulos individuales de miembros de las comunidades.

A pesar de que el pasado 14 de marzo el Gobierno Nacional se comprometió en la Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar medidas para que las empresas palmicultoras detengan sus actuaciones y a definir mecanismos para resolver el problema de fondo, lo que se ha constatado es un avance acelerado de la preparación de nuevos predios, la destrucción ambiental, la imposibilidad de retorno de las familias afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó y el incremento de amenazas de muerte contra los verdaderos propietarios, que ante la inacción gubernamental, la negligencia del ente investigador y los organismos de control han intentado recuperar las fincas para su supervivencia.

La Brigada XVII y la Policía de la región han sido responsables por acción u omisión de dichas violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, personal vinculado con las empresas palmicultoras han intimidado a los pobladores -legítimos dueños- con la advertencia de que matarán a 5 de ellos y quemarán las enrramadas de sus fincas si persisten en trabajar en las propiedades, que ya están destinadas para la siembra de palma.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz expresa, además, que ante la impunidad de lo que ocurre en el Curvaradó y Jiguamiandó no es posible creer en las políticas oficiales en materia de ambiente ni de respeto a los Derechos Consagrados en la Ley 70 de comunidades negras, ni esperar que el circuito de impunidad cese: “se constata nuevamente que Derechos para los empobrecidos no existen sino en la formalidad, en centenares de papeles o de archivos electrónicos. Se constata que el exterminio, la persecución, la destrucción de un grupo humano desarrolla las más diversas técnicas desde la tortura corporal a la psicológica, desde la desaparición forzosa hasta la destrucción de caseríos, desde el asesinato selectivo y la masacre hasta el arrasamiento de todo tipo de vida, desde el desplazamiento forzoso hasta el desarraigo total y absoluto. Se ha impuesto el Estado de Hecho, el Derecho No Existe. La verdad no es posible. La ambición se impone sobre la solidaridad. El odio del poder sobre el amor de los empobrecidos. El Estado está erosionado”.

En un pedido de solidaridad urgente, los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y 9 comunidades del Curvaradó han solicitado, entre otras cosas:

“ Presencia urgente de voluntarios internacionales en las 3 Zonas Humanitarias y apoyo a la presencia permanente de Justicia y Paz en nuestras Zonas Humanitarias "Pueblo Nuevo", "Bella Flor Remacho", "Nueva Esperanza"

Participación de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos en la semana de presencia mundial en los territorios de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó del 1 al 10 de agosto de 2005, con el fin de:

- Constatar las actividades de las empresas palmicultoras durante esa semana, exigir la suspensión de los trabajos en los territorios de las comunidades y realizar un acto de indignación.

- Visualizar la expropiación de tierras, de la que vienen siendo víctimas las comunidades, a través de medios nacionales e internacionales de información que serán convocados a la jornada en terreno”.

Como exigencia al estado y al gobierno, las comunidades solicitan:

“ Dirigir cartas al Presidente de la República Alvaro Uribe Velez, al Vicepresidente Francisco Santos; al Ministro del Interior Sabas Pretel De La Vega, al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias; a la Ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez Pérez; Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, exigiendo:

- Honrar la palabra empeñada ante la Corte Interamericana el 14 de marzo pasado, en San José de Costa Rica, de frenar y de suspender de modo inmediato la siembra de palma aceitera en los Territorios Colectivos del Jiguamiandó y Curvaradó

- Responder integralmente a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo respecto a la asistencia humanitaria, condiciones de retorno de las comunidades, respeto a las Zonas Humanitarias, dotación de los sistemas de comunicación, presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en las Zonas Humanitarias

- Crear una Comisión de Verificación de Medición de Daños Ecológicos en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó y Curvaradó por efecto de la siembra de palma aceitera y las posibilidades de Retorno de las comunidades afrodescendientes”.

Artículo basado en información obtenida de: “Jiguamiandó, amenazas de muerte por la siembra de palma”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, abril de 2005, enviado por Justicia y Paz, correo electrónico: justiciaypaz@andinet.com

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- Paraguay: el Congreso no apoyó los derechos de los Ayoreo sobre su tierra

El Congreso de Paraguay debatió en abril una ley destinada a proteger parte del territorio de origen de un grupo de indígenas Ayoreo-Totobiegosode en aislamiento voluntario. Los Ayoreo-Totobiegosode son uno de muchos otros pequeños subgrupos de la tribu Ayoreo que todavía viven en aislamiento voluntario en distintas partes del Gran Chaco, en Paraguay y Bolivia.

Estos grupos llevan una vida nómada en el denso bosque de matorrales típico del norte del Chaco, donde viven de la caza de presas como jabalíes, osos hormigueros y armadillos. También recolectan miel y plantan cultivos durante los meses de lluvia del verano.

Rechazan todo contacto con extraños y la sociedad moderna. Hace un año se estableció contacto con un grupo de diecisiete Ayoreo-Totobiegosode, cuando salieron del bosque. Pronunciaron un alegato al mundo exterior para que dejaran de destruir su hogar. La mayoría de los Ayoreo ya han sido expulsados del bosque en el curso de los últimos 45 años, pero hay una cantidad desconocida, entre ellos un último grupo de Ayoreo-Totobiegosode, que todavía permanecen, resistiendo el contacto con extraños. Parte del territorio Ayoreo está protegido por medidas jurídicas cautelares, que se supone detendrán la deforestación. Según la ley paraguaya, los indígenas tienen derecho de propiedad sobre sus tierras. Casi todo el territorio Ayoreo está ahora en manos privadas.

La parte específica del territorio Ayoreo que pertenece al subgrupo Totobiegosode, cuya protección buscaba el proyecto de ley del Congreso, es de propiedad de tres compañías privadas, dos brasileñas y una paraguaya, que compraron la tierra ilegalmente y ya han comenzado a talarla. El año pasado, la Cámara de Diputados de Paraguay presentó un proyecto de ley para expropiar la zona en cuestión a las compañías madereras y devolvérsela a los Ayoreo-Totobiegosode. Hubiera significado la restitución de 114.000 Has de los 2,8 millones de Has pertenecientes a los ayoreo-Totobiegosode. Pero, después de fuertes presiones de --entre otros-- una poderosa asociación de terratenientes, la ley fue rechazada por el Senado. Volvió a Diputados, donde el pasado 7 de abril, la influencia de grupos opositores como los madereros y ganaderos, influyó en el Congreso, que terminó rechazando la ley.

Además de la zona de los Totobiegosode, otras partes del vasto territorio Ayoreo son cada vez más afectadas y destruidas por actividades de madereo y cría de ganado. Los terratenientes han violado reiteradamente las medidas cautelares destinadas a proteger a los indígenas y sus recursos naturales, enviando bulldozers para abrir sendas en el interior del bosque.

Artículo basado en información obtenida de: “Congress rejects bill to protect isolated Indians”, 2005, Cultural Survival, correo electrónico: mr@survival-international.org, http://survival-international.org/news.php?id=351; “Paraguay - Congreso rechaza ley que protegería indígenas”, Adital, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/15459; y aportes de Benno Glauser, “Iniciativa Amotocodie”, correo electrónico: coordina@iniciativa-amotocodie.org

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- Uruguay-Argentina: masiva manifestación contra las fábricas de celulosa

Uruguay, territorio beneficiado por una profusa red hídrica y cuyos suelos se extienden sobre parte del acuífero Guaraní -uno de los mayores del mundo- tiene el logo de “país natural”. Podría serlo, con sus extensas praderas de ricos suelos productivos, con la abundancia de agua, el escaso desarrollo industrial y la baja densidad de población.

No obstante, ese paisaje que much@s podrían considerar una especie de paraíso, está amenazado. En efecto, antes de abandonar el gobierno en marzo de 2005, el gobierno saliente autorizó la instalación de dos enormes fábricas de celulosa sobre la margen del Río Uruguay, un río que corre a lo largo de toda la frontera oeste del país, separándolo de la vecina Argentina, con quien lo comparte.

Esa autorización está en entredicho por la oposición de uruguay@s y argentin@s de la provincia de Entre Ríos, vecina a la zona donde se instalarían la española ENCE y la sueco-finlandesa Botnia/UPM/Kymmene. Ambos pueblos se han hermanado para impedir que el río que les es común, el “Río de los Pájaros Pintados” (el significado de “Uruguay” en lengua guaraní), pueda llegar a transformarse en el “Río de los Peces Muertos”. Es que la actividad de las dos fábricas alcanzaría dimensiones gigantescas, con lo cual el riesgo de contaminación es enorme.

La integración de la región tiene su mejor expresión en la Red Socioambiental, que convoca a organizaciones sociales, ambientales y población en general del Uruguay y la Argentina. Allí han unido voluntades y fuerzas para resistir la imposición de megaproyectos contaminantes y nefastos en estas regiones aplastadas por el endeudamiento, el desempleo y la desesperanza.

En el año 2003 los integrantes de la Red intentaron expresaron su oposición a las fábricas de celulosa con un encuentro en el medio del puente internacional que une las costas uruguaya y argentina, en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos. Las autoridades uruguayas no permitieron dicha acción y del lado argentino se autorizó que una pequeña delegación atravesara el puente. A pesar de eso, el tema, hasta entonces prácticamente invisible, comenzó a cobrar estado público hasta convertirse en tema de Cancillería (ver boletín Nº 75 del WRM).

A partir de entonces fueron sumándose voluntades y creció la fuerza de dos pueblos que perseveraron convencidos de la justicia de su causa. Las voces se multiplicaron en miles y miles hasta transformarse en un río humano imparable que hizo posible el proyectado encuentro.

El 30 de abril de 2005 marcó un punto alto en esa lucha de resistencia. Los cientos se hicieron miles y miles; el puente internacional se convirtió en una inmensa columna humana que se extendía en el lado argentino hasta perderse la vista, a la sombra de banderas uruguayas y argentinas (ver fotos en http://www.guayubira.org.uy/celulosa/abrazofotos.html). De las gargantas salían cantos e himnos, había manos que golpeaban bombos y portaban pancartas diciendo al mundo que estos pueblos le dicen SÍ A LA VIDA y por eso no quieren las fábricas de celulosa.

Por debajo del puente, lanchones y barquitos recorrían el manso Río Uruguay, flameando banderas. Como marco de esa jornada histórica, el paisaje parecía indicar la senda. Un cielo azul y límpido, sin gases tóxicos y malolientes. Unas costas de arenas tostadas donde el monte verde se besa con el río, sin efluentes y lodos negros, sin peces muertos.

Emoción, decisión. Ahora sí que la lucha ha ocupado las agendas oficiales y las primeras planas de los medios: las radios, la televisión, la prensa.

La instalación de las fábricas de celulosa fue uno de los temas del orden del día del presidente uruguayo Vázquez y el presidente argentino Kirchner en la reunión presidencial que mantuvieron en Buenos Aires, Argentina, el 5 de mayo. En esa oportunidad el Presidente argentino solicitó la paralización de la instalación de la obra y que técnicos universitarios estudiaran los posibles efectos que conllevaría dicha instalación en la costa argentina. Vázquez dijo haber recibido del Gobierno anterior un hecho consumado y que no podían parar la construcción de las fábricas, pero habría accedido a que desde círculos académicos se realice una investigación.

Cientos de manifestantes y ómnibus con banderas argentinas y uruguayas se congregaron a las puertas del hotel donde estaban reunidos los mandatarios. El Presidente Kirchner recibió un petitorio de 35.000 firmas en contra de la instalación de las fábricas.

La lucha continúa y la resistencia de organizaciones sociales y ambientales y población en general aumenta. No está todo dicho, dicen. También es cierto que Uruguay vive una especial coyuntura política de cambio, que en gran medida ha implicado una recuperación de la esperanza. Esa misma fuerza puede desencadenar otros cambios. Hay un pueblo organizado y decidido que quiere marcar el rumbo de su futuro. El ambiente, que tal vez todavía no está en la mira de los políticos, sí forma parte cada vez más de la preocupación de la gente. Porque sabe que es la base de la vida y de su perpetuación.

Por Raquel Núñez, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, correo electrónico: raquelnu@wrm.org.uy

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