El FMI y la deforestación en Indonesia

Debido a la prolongada crisis económica y la devaluación de la rupia indonesa a comienzos de 1997, el país se vio forzado a buscar la asistencia del FMI. A fines de octubre se acordó el primer paquete de asistencia. Los US$ 43 mil millones del paquete del rescate financiero incluían algunos ajustes o reformas estructurales estipuladas en la Carta de Intención, a los que se obligaba el gobierno de Indonesia. El entonces Presidente Suharto firmó la primera carta de intención con el FMI en octubre de 1997, que planteaba fundamentalmente reformas en el sector financiero, pero no incluía ninguna referencia al sector de bosques ni al medio ambiente.

A comienzos de enero de 1998, el gobierno indonés no había logrado implementar los compromisos de la primera carta de intención y el país se hundía en una crisis económica aún más aguda. A pesar de no haber cumplido con los compromisos de la primera carta, se negoció una segunda carta de intención que se firmó el 15 de enero de 1998. El FMI anunció que esta segunda carta de intención aceleraría y ampliaría los compromisos de reforma ya asumidos.

El primer conjunto importante de reformas que afectó los bosques fue parte de las condiciones de la carta de intención firmada por el gobierno indonés con el FMI en enero de 1998 –donde se establecían las condiciones que debía aceptar Indonesia para asegurarse US$1 mil millones como parte de un paquete de rescate de US$43 mil millones. Un agregado impactante, ausente en la primera carta firmada por Indonesia, fueron las disposiciones relativas a los bosques (6 puntos) y al medio ambiente (4 puntos). Estos puntos incluyen importantes compromisos de “reducir los impuestos a la exportación de rollizos (madera sin procesar), madera aserrada y caña, e imponer impuestos adecuados a la renta de los recursos” (punto 37) y “eliminar las restricciones a la inversión extranjera en las plantaciones de palma aceitera” (punto 39).

Irónicamente, mientras las cartas de intención exigían mayor transparencia y consulta con la sociedad civil, el proceso de redacción de los acuerdos mismos fue en realidad todo menos transparente. Los contenidos de las cartas de intención todavía no se hacen públicos antes de que éstas se firmen. No existe ninguna participación importante de las ONG, ni en particular de las personas mas afectadas por las condiciones que establecen las cartas.

A través de los paquetes de las cartas de intención del FMI, el Banco Mundial ha llevado al gobierno indonés a implementar las recetas del FMI de sus préstamos de ajuste estructural. Las cartas de intención se transformaron en la “santa biblia” que guía la economía del país y las políticas de manejo de recursos.

En 2002, WALHI/AT Indonesia encargó un estudio independiente para evaluar el impacto de la implementación de las Cartas de intención sobre los bosques y el medio ambiente. El estudio fue conducido por un equipo liderado por un eminente experto en economía de bosques del Instituto de Agricultura de Bogor. Según las conclusiones de estudio, el presupuesto estatal de gastos públicos en el manejo ambiental disminuyó y la liberalización del comercio y la economía determinó el aumento de la explotación de los recursos naturales. Algunas conclusiones del estudio se resumen más adelante.

La liberalización de las exportaciones de rollizos (punto 37, carta de intención de 1998) estableció incentivos financieros para la exportación de madera. Aunque la reducción de los impuestos a la exportación de madera puede haber mejorado el precio de la madera subvaluada en Indonesia, lo que podría implicar la mejora de la eficiencia en la extracción de la materia prima y servir de incentivo a los esfuerzos de conservación, esta política ha sido por el contrario catastrófica.

A la vez que se alentó la exportación de rollizos aumentó el déficit en la oferta de madera para las industrias nacionales procesadoras de madera. Irónicamente, a pesar de la escasez de madera en el mercado local, la industria basada en la madera incluso aumentó su producción, en particular, de celulosa y papel. La madera utilizada por la industria provino entonces de fuentes ilegales no registradas. Más aún, en la medida que la oferta de madera de las concesiones madereras disminuyó, aumentó la demanda de madera proveniente de la conversión de bosques.

Básicamente la misma tendencia mostró la política de liberalización de inversiones en el sector de plantaciones de palma aceitera (punto 39). Esta política había sido controvertida desde sus inicios, ya que contravenía absolutamente el compromiso asumido con el Banco y el FMI de reducir la conversión de bosque en Indonesia. La eliminación de las restricciones a las inversiones extranjeras en aceite de palma significó un importante aliciente para la expansión de las plantaciones de palma aceitera a expensas de los bosques. Conjuntamente con la política previa del gobierno indonés, esta condición abrió las puertas a una mayor conversión de bosques. De acuerdo al estudio, el 80% de plantaciones de palma aceitera se estableció a partir de la conversión de bosques naturales.

Aunque las mejoras en algunos aspectos de gobernanza y transparencia (por ejemplo, la solicitud de reformas en las reglamentación de las concesiones, la introducción de normas de desempeño y el demantelamiento de los cárteles) podrían ser evidentemente beneficiosas para los bosques y las arcas del estado, otros objetivos planteados, como la reducción de impuestos a la exportación de madera, resultaron claramente negativos, contrapesando estos aspectos positivos. El compromiso de terminar con la conversión de los bosques, resultó totalmente inconsistente con la eliminación de las restricciones a la exportación de aceite de palma y a la inversión extranjera en el sector (una medida cuyo resultado probable era acelerar la conversión de bosques en plantaciones). Entre las medidas no se incluyó ninguna referida a las causas estructurales subyacentes de la deforestación y degradación de los bosques.

Desde el colapso económico de 1997, el Banco Mundial y el FMI han jugado un rol directo en la toma de decisiones que afectan a los bosques y los pueblos de los bosques, mientras presionan a Indonesia a mantenerse al día en el repago de la deuda. Estas instituciones deben aceptar su responsabilidad por la destrucción de los bosques y la marginalización de las comunidades que conlleva, y comenzar a priorizar las necesidades de los pobres por sobre los intereses de las finanzas internacionales.

Por Longgena Ginting, WALHI /Amigos de la Tierra Indonesia, correo electrónico: ginting@foei.org

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Laos: ¿habrá alterado los números el Banco Mundial para justificar Nam Theun 2?

Cuando el 31 de marzo de este año el Banco Mundial aprobó el otorgamiento de US$ 270 millones en fondos y garantías para la controvertida represa hidroeléctrica de Nam Theun 2 (NT2), de mil megawatts de potencia, la mayoría del Directorio tenía la convicción de que los beneficios económicos del proyecto superaban sus consecuencias ambientales y sociales negativas.

El reservorio de la represa de Nam Theun 2 inundará una superficie de 450 kilómetros cuadrados, hogar de 6.000 indígenas y hábitat de especies amenazadas como el elefante asiático y el pato de alas blancas. El agua se transferirá del río Theun al río Xe Bang Fai. El curso alterado del Xe Bang Fai destruirá la pesca y el sustento de más de 120.000 personas que habitan a lo largo de este río.

Pero existen pruebas de que el personal del Banco alteró la valoración económica del proyecto; asimismo, los supuestos erróneos justifican algo más que el beneficio económico neto del proyecto. A lo largo de una nutrida correspondencia con el Banco, un equipo conformado por economistas universitarios tailandeses y un analista del sector de la energía que trabaja por el interés público se dieron cuenta de las suposiciones erróneas del Banco y de los impactos que éstas tendrían.

La evaluación del Banco Mundial concluye que “la decisión de comprar la energía producida por NT2 redundará en ahorros significativos para el sistema energético regional” y los ahorros netos que se lograrán con la construcción de NT2 a lo largo de su vida, en comparación con la producción de la misma cantidad de electricidad mediante gas natural, ascenderá a $188 millones. Cerca del 95% de la electricidad de NT2 se venderá a Tailandia.

El equipo investigó los supuestos sobre los que se calculó el ahorro de $ 188 millones declarado por el Banco, así como los cambios experimentados por dichos supuestos entre el borrador de la evaluación, de amplia circulación, y la versión final publicada apenas una semana antes de la reunión del Directorio. Un descubrimiento impactante es que en la versión final de la evaluación, el personal del Banco había inflado los costos estimados para “operaciones variables y mantenimiento” de la otra alternativa (el gas natural) en 1.240% con relación a la estimación del borrador. El cambio, de $ 0,564 a $ 7,000 por MWh, solamente se percibe al comparar las dos versiones de un cuadro (borrador y documento final) que figuran en la mitad del estudio, uno de ellos en letra tamaño 6 y el otro en letra tamaño 5.5.

La suma retocada es 1.310% mayor que la estimada por la autoridad tailandesa encargada de la electricidad de $ 0,5358 por MWh. Los costos estimados de las operaciones y el mantenimiento de la alternativa a la represa (el gas), se disparan a más del triple de los parámetros base tailandeses y a más del doble de los parámetros base internacionales más elevados que los investigadores pudieron encontrar.

Al hacer que la electricidad generada mediante gas natural parezca más cara, las alteraciones a las estimaciones de los costos de operaciones y mantenimiento en el caso del gas justifican US$ 156 millones del declarado ahorro de $ 188 millones que conllevaría la construcción de NT2. Un dato revelador es que esta cantidad corresponde más o menos a la necesaria para compensar el aumento de los costos y la baja de los beneficios que hubo que acomodar en la versión final, con inclusión de un aumento de US$ 101 millones en los costos de desarrollo del proyecto y la supresión de un crédito de $ 20 millones en emisiones de gases de efecto invernadero no concedido a NT2.

Los investigadores descubrieron que el análisis económico de NT2 realizado por el Banco también estaba plagado de muchas otras suposiciones incorrectas que ayudaron a dar una buena imagen de la represa.

En primer lugar, el análisis determinaba hasta qué punto NT2 reduciría realmente los beneficios económicos de la producción de electricidad de otra represa, Theun Hinboun, de donde NT2 desviará agua. Inexplicablemente, el Banco adjudicó a cada unidad de electricidad producida por Theun Hinboun solamente 1/3 del valor de cada unidad producida por NT2. Esto otorga a NT2 un atractivo de entre $ 51 y $ 63 millones que de otro modo no tendría.

En segundo lugar, el análisis del Banco no tuvo en cuenta las cuatro centrales de energía que generarían un total de 2.800 megawatts, que construirá la autoridad tailandesa responsable de la energía eléctrica. En caso de que la futura demanda de electricidad de Tailandia sea baja, la construcción de NT2 significará que estas centrales de energía permanezcan inactivas, acumulando gastos sin generar beneficios. La evaluación económica del Banco considera una situación en que la demanda de energía es baja, pero no toma en consideración estas centrales eléctricas. La inclusión de una sola de estas centrales de energía omitidas (pero no por ello menos reales) reduciría los ahorros totales de NT2 en otros US$ 20 millones.

En tercer lugar, el Banco no incorpora los resultados de un estudio que él mismo encargó, según los cuales sería más barato invertir en 1.225 megawatts de conservación de energía y 216 megawatts de energía renovable que construir NT2. Es difícil determinar con exactitud cuánto se inflan los “ahorros” atribuidos a NT2 con esta omisión, pues el cálculo exigiría pasar revista a todo el modelo económico y el Banco no ha puesto a disposición del público las hojas de cálculo ni la información económica pertinente.

Si sumamos el impacto de todos los errores antes analizados obtenemos un total de por lo menos US$ 227 millones, que sobrepasa por lejos los US$ 188 que supuestamente ahorraría el proyecto.

Además, el Banco declara reiteradamente algo que no es cierto: que su modelo de simulación económico consideró “solamente riesgos de pérdida” que “podían considerarse las pruebas más difíciles para la viabilidad del proyecto, por ejemplo condiciones de demanda menor que la esperada, combustibles más baratos que lo esperado y gastos de inversión más elevados que lo anticipado para NT2”. De hecho, el Banco basó su evaluación del riesgo en la suposición de que los costos de construcción serían “bajos”, con lo que la opción a favor de NT2 ofrece beneficios económicos inesperados. Si el análisis del Banco realmente utilizara las condiciones pretendidas, NT2 parecería $ 51 millones más caro.

Las irregularidades de la evaluación económica de NT2 deben investigarse en forma independiente, y el Banco Mundial debe reconsiderar su papel en el proyecto NT2. Todavía se está a tiempo de corregir los errores y evaluar el proyecto basándose en sus verdaderos méritos. La cancelación del proyecto sigue siendo probablemente una opción mejor que comprometer a los contribuyentes de Tailandia con una opción económicamente inferior. Los inversores también resultan afectados, pues muchas de las cifras falsas del Banco Mundial inflan muchísimo la valoración comercial del proyecto.

La evaluación económica discutida en este artículo es de Robert Vernstrom, Nam Theun 2 Hydro Power Project Regional Economic Least-Cost Analysis: Final Report, marzo de 2005 en: http://siteresources.worldbank.org/INTLAOPRD/Resources/RELC-2005-final.pdf.

El borrador del informe de la evaluación económica se encuentra en: http://siteresources.worldbank.org/INTLAOPRD/491761-1094074854903/20251513/Economic.pdf.

Una versión de este artículo con referencias completas se encuentra en: www.palangthai.org/docs/NT2EconMalfeasRefs.pdf

Los cálculos de los investigadores relativos al impacto de las suposiciones erróneas del Banco están disponibles en: www.palangthai.org/docs/NT2EconMalfeas.xls

El archivo de la correspondencia con el director del Banco Mundial para Laos y Tailandia (con copia al Directorio del Banco) relativa a estos asuntos está disponible en: www.palangthai.org/docs/RemarkableAssumptions.pdf.

Por Christopher E. Greacen, Ph.D., director, Palang Thai, correo electrónico: chris@palangthai.org; y Decharut Sukkamnoed, profesor de Economía, Universidad de Kasetsart, correo electrónico: tonklagroup@yahoo.com

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Camisea es el proyecto energético más grande de la historia peruana. Este proyecto involucra la extracción de gas natural de un área conocida como Lote 88, ubicado en ambas márgenes del río Camisea, una de las áreas más ricas en biodiversidad en el mundo. El costo de la construcción de todo el proyecto será de 1.600 millones de dólares lo que incluye la explotación, el procesamiento del gas y la construcción de dos gasoductos que pasarán por la cordillera de los Andes antes de llegar a la costa para su distribución.

El yacimiento contiene un estimado de 11 trillones de pies cúbicos de gas y 600 millones de barriles de condensado. La mitad de la producción será exportada a Estados Unidos para proveer a los mercados de energía de la costa oeste. El costo de esas exportaciones ya lo están pagando los pueblos indígenas, dado que cerca del 75% de los yacimientos de extracción de gas están localizados dentro de la reserva de pueblos indígenas, quienes ya han sido forzados a tener contacto con el consorcio Camisea, violándose así sus derechos reconocidos internacionalmente.

Asimismo, Camisea es el hogar de los Machiguengas, y de las comunidades nativas en aislamiento voluntario como los Nahua, los Yora o Kugapakori, y posiblemente de los Kirineri. Las comunidades de Camisea Shivankoreni, Segakiato y Cashiari tienen asentamientos cercanos a los pozos, con una población de alrededor de mil habitantes. Para sobrevivir, estas comunidades dependen de la agricultura, recolección, caza, pesca y extracción de los productos del bosque, actividades amenazadas por la expansión de los proyectos de extracción de gas.

Además, la planta de extracción de gas natural del Proyecto Camisea se encuentra en una región de abundante biodiversidad. Según el Smithsonian Institution, se han identificado 747 especies de árboles, 150 especies de mamíferos, 75 de anfibios, 83 de reptiles, 156 especies de peces, 420 de aves y cientos de especies de invertebrados.

Una gran victoria de la campaña contra el proyecto Camisea fue lograr que el Export-Import Bank (la agencia oficial de los EE.UU. para el financiamiento de exportaciones ) negara préstamos vinculados al proyecto Camisea (Lote 88) en agosto del 2003. El directorio de este Banco tomó en cuenta los riesgos sociales y ambientales del proyecto que no pudieron ser minimizados por los proponentes de la inversión.

Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) igual decidió hacer un préstamo por 135 millones de dólares al proyecto. Poco lo importó el hecho de que la empresa no cumplía con estándares internacionales como evitar el contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Tampoco le pareció importante que la planta de fraccionamiento se ubicara en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, que es la única área marina costera protegida del país.

De esta forma, el BID desconoció su propio mandato, que dice que: “Los dos principales objetivos del Banco son reducir la pobreza y promover la equidad social, y lograr el crecimiento económico sostenible”. En efecto, el proyecto ya está incrementando la pobreza, aumentando la inequidad social y haciendo imposible un desarrollo sostenible.

Un acuerdo entre la sociedad civil y el BID ha impulsado la puesta en marcha de un ‘monitoreo independiente’ del Proyecto del Gas de Camisea, el cual aun no garantiza que los impactos del proyecto sean revertidos pero con mayor información sobre estos.

Entre los impactos sociales ya sufridos por las poblaciones del área de influencia del proyecto se pueden encontrar los siguientes: disminución de los recursos pesqueros, afectando la alimentación de las familias; debido a la contaminación del agua con aceites, grasas, detergentes y residuos inadecuadamente manejados, se ha deteriorado la salud de los pobladores indígenas; las comunidades afectadas por donde pasa el gasoducto manifiestan que las empresas no han pagado derechos administrativos; no han dado trabajo a los pobladores; han destruido caminos, puentes y canales de regadío; y se han dañado las viviendas, etc.

A menos de cinco meses de iniciadas las operaciones del proyecto, el 22 de diciembre del 2004, en el Km. 8,8 se produjo la ruptura del gasoducto del Proyecto Camisea, ocasionándose el derrame del hidrocarburo, que pasó a la quebrada Kemariato y de ahí al río Urubamba. “Nuestras comunidades han sido gravemente afectadas y hasta el 20 de enero, cuando estuve en la zona, se seguían encontrando animales muertos en las orillas del Urubamba”, señaló Roger Rivas del Consejo Machiguenga del Río Urubamba.

Asimismo, entre los impactos ambientales se encuentran: la deforestación por el derecho de vía, la contaminación de los ríos, contaminación por ruido, erosión de los suelos, y la consecuente alteración de la flora y fauna en el área de influencia del proyecto.

Con respecto a impactos sobre el ambiente global, las reservas del yacimiento de Camisea liberarán un estimado de 687,2 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Este proyecto será el sexto en América financiado por una institución financiera internacional, en contar con el más grande potencial de emisiones de dióxido de carbono. Camisea generará, luego de su tiempo de vida, más de 23 veces el total de combustible fósil en relación con el CO2 que actualmente es liberado en el Perú cada año (Caffrey, 2002, Informe de consultoría independiente para COMARU Y AIDESEP). Todo esto en un mundo cuyo futuro está comprometido por el cambio climático relacionado con las emisiones de dióxido de carbono. El BID por ende está contribuyendo al cambio climático.

En el Urubamba, los impactos ambientales y sociales continúan y la capacidad de las poblaciones de defender su territorio es limitada. Para agravar la situación de los ecosistemas, un nuevo proyecto de explotación aumentará aún más los impactos sobre los bosques, reservas de agua natural y la flora y fauna de una región cuyo valor natural es de alcance nacional e internacional.

En efecto, en setiembre del 2004, Perupetro firmó el contrato de concesión del Lote 56 con el Consorcio Pluspetrol de Camisea I. El lote 56 está ubicado también en el Bajo Urubamba, con una extensión de 58.500 hectáreas, al noroeste del actual Lote 88. Dentro del Lote 56 se encuentra un área clasificada como bosque primario y es hogar de los Kirineri, población en aislamiento voluntario altamente vulnerable. Se invertirán 500 millones de dólares en la extracción del gas líquido; asimismo, 1.100 millones de dólares serán destinados a aumentar la capacidad del gasoducto Camisea para transportar el gas a la costa. La explotación del Lote 56 (Camisea II) viene a ser el primer componente de un proyecto de exportación de gas licuado.

El segundo componente consiste en una Planta de Licuefacción (Gas Natural Licuado) que convertiría el gas en líquido para su exportación. Esta planta se construirá en la Pampa Melchorita al sur de Lima.

La lejanía del proyecto imposibilita la difusión pertinente de los impactos que ocasiona; sólo las poblaciones que se encuentran en su área de influencia ven día a día cómo su ambiente natural, el cual les proporciona seguridad alimentaria y social, se va transformando en un cruce de tuberías inmensas, por donde pasa un elemento que quizás para ellos nunca significará mejorar su calidad de vida.

Este proyecto hará desaparecer poblaciones nativas en aislamiento voluntario como los Kirineri y devastará un territorio de inigualable importancia. Peor aún, ahora el gobierno se encuentra impulsando la exploración de más lotes (57 y 58) en la misma zona de Camisea, acumulando aún más impactos a los ya existentes.

¿Financiará el BID también estos nuevos proyectos destructivos?

Por Patricia Patrón, Amigos de la Tierra Perú, correo electrónico: ppatron@labor.org.pe

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Uruguay: campaña ante la CFI contra proyectos de instalación de fábricas de celulosa