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Secretos y mentiras: la nueva política forestal del Banco Asiático de Desarrollo Fundado en 1966, el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) declara “dedicarse a reducir la pobreza en Asia y el Pacífico”. Los préstamos que el Banco otorga al sector forestal indican que en realidad el Banco se centra en la promoción de la industria y las empresas más que en resolver las necesidades de los pobres de la región. El primer préstamo del BAsD al sector forestal ocurrió en 1977, y a partir de entonces el Banco ha otorgado más de mil millones de dólares en préstamos para proyectos forestales. Más del 80% de este total se invirtió en establecer más de un millón de hectáreas de plantaciones forestales, tres cuartos de las cuales son plantaciones comerciales. Éstas brindan pocos beneficios a los pobres, si es que brindan alguno. Durante los pasados dos años el Banco Asiático de Desarrollo ha mantenido discusiones secretas sobre su nueva propuesta de política forestal. El público no tiene acceso a ningún detalle relativo a las discusiones del Banco. El borrador más reciente de la política forestal propuesta disponible para el público data de junio de 2003. El Directorio del Banco rechazó esta versión en julio de 2003. En noviembre de 2004, veinticuatro ONGs de dieciséis países escribieron al entonces presidente del BAsD, Tadao Chino, señalando los defectos del proceso de revisión de la política forestal del Banco. En respuesta, Robert Dobias, director de la División de Agricultura, Recursos Naturales y Sector Social del BAsD, explicó que el Banco había revisado el borrador de junio de 2003 para “incorporar los comentarios recibidos de parte de analistas internos y externos”. En algún momento después de esto, añadió, “se plantearon cuestiones fundamentales relativas al apoyo que el BAsD brinda al sector forestal”. Dobias no dijo cuáles fueron las “cuestiones fundamentales” ni quién las planteó. “Actualmente estamos en un proceso de discusión interna de estas inquietudes”, escribió. “Por favor tengan la certeza”, añadió Dobias al final de su carta, “de que las conclusiones de nuestras deliberaciones internas se harán públicas y se invitará a presentar comentarios”. En enero de 2004 Grant Curtis, un “especialista en ONGs” del Departamento de Desarrollo Regional y Sustentable del BAsD, me dijo, en respuesta a mis preguntas, que “el BAsD piensa poner la versión final del documento de política a disposición del público antes de someterlo a consideración del Directorio”. La información sobre la próxima reunión del Directorio del BAsD es secreta. Sin embargo, se filtró un memorando interno del Banco, de fecha 7 de abril de 2005, donde se menciona un documento R de Política Forestal (la R significa “restringido”) para ser discutido y posiblemente aprobado por el Directorio del BAsD el 5 de julio de 2005. La fecha de reunión del Directorio puede cambiar. Sin embargo, el memorando filtrado confirma que el BAsD ha producido otra versión de su política forestal. Contrariamente a las afirmaciones de Dobias y Curtis, no está a disposición del público. El BAsD comenzó la revisión de su Política Forestal de 1995 en junio de 2000. Se previó que la nueva política forestal se completara para fines de 2002. Para ese momento, según Jan van Heeswijk, entonces director general del Departamento de Desarrollo Regional y Sustentable del BAsD, “los estudios y el borrador de una política estaban listos”. Tras seis meses de “revisión interna y afinación del documento”, el BAsD produjo el borrador de junio de 2003 de su propuesta en materia de política forestal. Durante un tiempo el Banco solicitó comentarios a su borrador a través de su sitio web, sin mencionar que en julio de 2003 su propio Directorio lo había rechazado. Luego el BAsD dejó de solicitar comentarios y prometió que en julio de 2004 publicaría un borrador revisado. En setiembre de 2004 el borrador revisado todavía no había aparecido (y el sitio web del Banco seguía prometiendo que el borrador se publicaría dos meses atrás, en julio de 2004). Escribí entonces a Javed Mir, jerarca del Banco especializado en recursos naturales (forestales) y director de misión para la nueva política forestal, para preguntarle, entre otras cosas, para cuándo podríamos esperar la publicación del próximo borrador. Mir no respondió. Más tarde, el 27 de octubre de 2004, el Banco publicó la siguiente explicación en su sitio web: “Luego de haber celebrado consultas internas y externas, durante la segunda mitad de 2003 se preparó y discutió un borrador de documento de trabajo (documento W). Se esperaba la publicación de un borrador revisado del documento en este sitio para hacer posibles los comentarios del público. Sin embargo, discusiones internas recientes (agosto de 2004) han planteado cuestiones fundamentales relativas al apoyo al sector forestal de parte del Banco. Que el borrador de la política continúe progresando dependerá de los resultados de dichas discusiones, que siguen en curso”. En marzo de 2005 volví a escribirle a Javed Mir. Le pregunté por qué el Banco no había publicado el documento de trabajo para la segunda mitad de 2003 y quién, exactamente, había discutido el documento. Le pregunté si había notas disponibles en relación con estas discusiones. Le pregunté qué había ocurrido entre la segunda mitad de 2003 y agosto de 2004. Le pregunté cuáles “cuestiones fundamentales” se plantearon y quién las había planteado. Le pregunté para cuándo anticipaba el Banco la publicación del siguiente borrador de su política forestal propuesta. Una vez más, Mir no respondió mis preguntas. Luego de recibir el memorando filtrado del BAsD que declara que el Directorio discutirá la política forestal en julio le escribí a Rolf Eckermann, director ejecutivo del BAsD para Alemania. Le pregunté sobre la situación actual de la nueva propuesta de política forestal del Banco y para cuándo esperaba el Banco elaborar la nueva política. Le pregunté qué documentos había producido el Banco a partir de julio de 2003. También pedí a Eckermann que garantizara que Javed Mir o alguna otra persona del Banco respondiera mis cartas de setiembre de 2004 y marzo de 2005. Eckermann no respondió. El Banco proclama que la política forestal que propone se basa en un “proceso participativo de revisión”, y esto es totalmente falso. El proceso del BAsD expone al Banco como lo que realmente es: una institución secreta, deshonesta y no democrática. Por Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no tiene una política ni una estrategia sectorial específica en materia de bosques, dado que afirma que ha abarcado el asunto de los bosques en otros documentos de política y estrategia, entre ellos los documentos sobre reducción de la pobreza rural, finanzas rurales, agricultura, recursos hídricos, recursos costeros y energía. El proyecto actual de la Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias del BID también menciona el tema de la protección de los hábitats naturales. En junio de 2005, el BID dio a conocer un Índice de Atracción a la Inversión Forestal (IAIF) que evalúa a los países en base a su situación para recibir inversiones en el sector forestal. El índice evalúa a los países latinoamericanos y del Caribe sobre la base de 80 indicadores, incluidas medidas económicas nacionales, riesgo político, reglamentaciones nacionales y el estado de derecho. Utilizando datos de 2002, el índice identificó que Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica ofrecen el mejor "clima de negocios para la inversión” forestal. También identificó a Haití, Ecuador, Guatemala, Belice, y Paraguay como los países que plantean más dificultades al referido sector. Antes de crear el índice, el BID contrató la realización de tres estudios sobre las acciones del Banco en el sector forestal y de bosques entre 1999 y 2002. El informe más reciente, "Financiamiento Forestal en América Latina: el rol del Banco Interamericano de Desarrollo", brinda recomendaciones para el otorgamiento de préstamos relacionados con los bosques y ofrece el apoyo por parte del BID al desarrollo institucional y de las políticas. El informe afirma que el potencial de financiamiento para el sector forestal en América Latina y el Caribe se estima en US$ 6,8 mil millones al año durante los próximos 10 años, más de dos tercios de los cuales corresponden a plantaciones industriales. Esto obviamente quiere decir que los países identificados como aquellos que ofrecen mejor "clima de negocios para la inversión" forestal se verán más afectados por las plantaciones industriales de monocultivos de árboles financiadas por el BID, que ya han demostrado tener efectos sociales y ambientales negativos en los cinco países mencionados. La inversión del BID en el sector forestal se redujo durante la década de 1990 de US$ 100 millones a US$ 40-20 millones. Sin embargo, el informe anima al BID a incrementar el financiamiento en el sector para aprovechar las "oportunidades inversión" en lo que llama el "manejo sostenible de los bosques". El informe analiza una gran variedad de fuentes e instrumentos de financiamiento que podrían hacer más viables las inversiones privadas en el manejo de bosques. Continúa diciendo que los préstamos del BID al sector público seguirán siendo importantes para promover el manejo ecológico y social de los bosques y que también pueden utilizarse para crear las condiciones que permitan su explotación industrial. El BID promoverá además la utilización de "instrumentos comerciales para el desarrollo, como las compensaciones de carbono, el cobro de derechos por el uso de agua y los fondos de riesgo" para promover "actividades de manejo sostenible de los bosques". El manejo sostenible incluiría un cambio hacia el manejo "sostenible" de las plantaciones, lo que significa que "se deberá requerir el cumplimiento estricto de las precauciones ambientales y se deberá prestar la debida consideración a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y otros temas sociales". Brasil, Chile y Uruguay son presentados como casos exitosos importantes en el manejo de plantaciones en América Latina. A pesar de lo que dice el informe, el hecho es que en ninguno de esos países se puede definir a las plantaciones como "casos exitosos" para las personas o el medio ambiente. A menos que, por supuesto, la pérdida de medios de sustento, las violaciones de los derechos humanos, la usurpación de tierras de los pueblos indígenas y las comunidades de los bosques, la concentración de la tierra en manos de empresas, el agotamiento del agua, la erosión del suelo y la pérdida de la biodiversidad se consideren logros "exitosos". El otorgamiento de préstamos del BID al sector de las plantaciones sólo contribuiría a exacerbar esos impactos. Varios documentos del BID sobre estrategias y políticas abordan el tema de los bosques en una variedad de formas, pero no llegan a constituir una estrategia integral en materia de bosques. La Estrategia Ambiental reconoce que los bosques son "frágiles y en la mayoría de los casos están en un estado de deterioro", pero no propone medidas específicas para detener la deforestación. La Estrategia de Reducción de la Pobreza Rural establece que uno de los factores clave de las nuevas estrategias rurales es "romper el círculo vicioso de la deforestación, la degradación de los recursos hídricos y del suelo y el crecimiento de la pobreza rural". La instrumentación de esta estrategia debería llevar a que el Banco deje de financiar plantaciones industriales (ya que éstas tienen como resultado precisamente los impactos mencionados) pero obviamente no es lo que ocurre. La Estrategia para el Desarrollo Agrícola incluye la producción forestal en el sector agrícola y afirma que los nuevos acuerdos comerciales presentan nuevas oportunidades de incrementar el comercio de productos forestales. La estrategia exhorta nuevamente a realizar un manejo sostenible de los productos forestales, utilizar de manera sostenible los recursos naturales y aplicar prácticas de reforestación en las cuencas altas. Esto plantea la pregunta: ¿qué se entiende por "prácticas de reforestación"? ¿El establecimiento de plantaciones industriales o la replantación de especies autóctonas diversas? El BID ha tenido la misma Política Ambiental de una página y media desde 1979, y finalmente la revisará este año. El proceso de revisión surgió después de la decisión del Banco de financiar el muy polémico proyecto del gasoducto de gas natural de Camisea en Perú. El gas se extrae de depósitos ubicados en una de las áreas de mayor diversidad cultural y biológica del bosque tropical amazónico, se transporta hasta la costa al otro lado de la cordillera de los Andes, donde se procesa en una planta en la bahía de Paracas, en una zona adyacente a un sitio Ramsar de Naciones Unidas, y luego se exporta. La zona de concesión de Camisea en la Amazonía y la planta de fraccionamiento de gas en la costa fueron algunos de los puntos más controvertidos del proyecto. El setenta y cuatro por ciento de la zona de concesión se encuentra en la Reserva territorial Nahua - Kugapakori de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, algunos de los cuales evitan celosamente el contacto con intrusos. La planta de fraccionamiento de la bahía de Paracas plantea una amenaza directa a la única área marina protegida de Perú. Los debates que se suscitaron por la construcción en estas zonas parecen haber servido como incentivo tanto para que el BID cambie su Política Ambiental como para que además elabore una Política de Pueblos Indígenas, pero no para que revise el otorgamiento de préstamos a Camisea. Si bien los procesos de consulta de ambas políticas han terminado, ninguna de las dos ha sido aprobada todavía. El borrador de consulta de la nueva Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias contiene una directiva que protege las "áreas de conservación críticas", que es paralela en líneas generales a la política del Banco Mundial que protege los hábitats naturales críticos. Sin embargo, la versión borrador de la política de hábitats naturales del BID es significativamente más débil que la del Banco Mundial y protegería menos áreas. Durante las consultas sobre la política, las ONG instaron al BID a que reforzara la redacción de esta directiva, pero sigue sin quedar claro cómo incorporará el BID este aporte en la versión final. En general, el BID parece considerar la promoción de los "negocios forestales" como un requisito previo esencial para el manejo sostenible de los recursos forestales y en consecuencia promueve las plantaciones y otras inversiones en el sector como una manera de promover la "sostenibilidad". Lamentablemente, lo que el BID entiende por sostenibilidad no necesariamente coincide con el significado que tiene para nosotros ese término. Por Elizabeth Bast, Amigos de la Tierra-Estados Unidos, correo electrónico: ebast@foe.org, www.foe.org Las deliberaciones financieras generalmente tienen lugar entre actores dudosos desde oscuros escondrijos del escenario político. Así se maneja el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que recién en los últimos tiempos ha comenzado a estar en el centro de la atención pública. Ya es hora de revelar los sucios secretos de la institución bancaria de la Unión Europea. Fundado en 1958 para respaldar la integración dentro de Europa, el BEI nunca se sometió al escrutinio de la opinión pública. Esto es bastante increíble si se examinan las cifras. El BEI tiene actualmente un presupuesto anual mayor que el del Banco Mundial: alrededor de 4 mil millones de euros. Tiene un historial de financiamiento de obras de infraestructura a gran escala dentro de la Unión Europea, incluidos numerosos aeropuertos polémicos y la serie de autopistas destructivas conocida como las Redes Transeuropeas. Su gigantesca cartera de préstamos le da gran influencia sobre el desarrollo de los países receptores. Muchos de sus préstamos están destinados a riesgosos proyectos de infraestructura, así como a actividades petroleras, de extracción de gas, de minería y grandes represas hidroeléctricas. A diferencia de otras instituciones financieras, el BEI nunca se molestó en adoptar salvaguardias para asegurar que sus proyectos protegieran a las personas y el medio ambiente. Mientras que el Banco Mundial y otros bancos están reconociendo la necesidad de fijar normas sociales y ambientales, el BEI guarda silencio. Si bien está obligado a cumplir la legislación de la Unión Europea en sus actividades, hay pocas pruebas de que lo haga. La situación jurídica del BEI y sus obligaciones con respecto a la UE nunca han sido aclaradas en forma apropiada. Hay confusión acerca de los procedimientos exactos para hacer que el BEI asuma su responsabilidad en virtud de la legislación de la UE y exigirle que rinda cuentas por la infracción de leyes, políticas y reglamentaciones ambientales y sociales pertinentes. Tanto el Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) como el Parlamento Europeo (2002) han subrayado la necesidad de que el BEI integre las prioridades generales de la Unión Europea en sus actividades. Pero en la práctica la evaluación de proyectos del BEI se realiza en base a consideraciones económicas, financieras y técnicas, sin centrarse en el desarrollo sustentable. Mientras afirma que respalda la política de cambio climático de la UE, el BEI sigue financiando proyectos que involucran la utilización de combustible fósil a gran escala. Ha comenzado a otorgar préstamos polémicos para la captura de gases de efecto invernadero a través del llamado "desarrollo forestal sostenible", y participa en la aplicación de los controvertidos "mecanismos flexibles" del Protocolo de Kioto. “El BEI considera que los mecanismos flexibles con asiento en el mercado son fundamentales para los esfuerzos de lograr una mitigación del cambio climático oportuna y eficaz en cuanto a costes”, declaró el Vicepresidente del BEI, Peter Sedgwick, en diciembre de 2004. Actualmente el Banco Europeo de Inversiones dirige cada vez más sus proyectos de inversión hacia los países del sur. Pero no queda claro si cuenta con el mandato necesario para hacerlo. La mayor parte de los préstamos del BEI fuera de la UE están dirigidos a países de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP). El 2 de junio de 2003, el BEI inició un fondo de inversiones que se conoce como la Facilidad de Inversiones del Acuerdo de Cotonou para los países ACP, que canaliza dinero hacia el sector privado. Entre 2003 y 2008, la región de los países ACP recibirá unos 2.200 millones de euros provenientes de este fondo, además de 1.700 millones de euros de recursos propios del BEI. Pero no hay señales de que el BEI preste alguna consideración sustancial al objetivo fundamental del Acuerdo de Cotonou, que es el de erradicar la pobreza en los países ACP. Al mismo tiempo, el BEI tampoco tiene una estrategia de desarrollo propia. El BEI es más explícito sobre sus razones para las líneas de financiamiento en América Latina. Un memorando de diciembre de 2004 para el Banco Interamericano de Desarrollo declara que "La actividad de préstamos en América Latina tiene un objetivo de acción claro, principalmente en apoyar la Inversión Extranjera Directa europea". El BEI es claro acerca de sus ambiciones y afirma que el "alcance político" del Banco Interamericano de Desarrollo hace muy atractiva la cooperación. Actualmente el BEI se ha comprometido a invertir 2.480 millones de Euros en la región de Asia y América Latina. Ambos bancos aspiran a trabajar juntos para implementar la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), un programa regional de alto riesgo para la integración de la infraestructura regional. Los proyectos del IIRSA seguramente pondrán en peligro algunas de las culturas y de los ecosistemas más delicados de la región. Malas noticias, si tenemos en cuenta la falta de todo tipo de garantías en cuanto a que estos proyectos sean adecuados o sustentables. Pero peor aún, el informe continúa diciendo que la preparación de proyectos será delegada generalmente a los patrocinadores. Esto significa que las dos instituciones financieras se eximen de asumir cualquier responsabilidad ambiental y social. Por citar tan solo algunos de los proyectos del BEI que han causado graves impactos en las comunidades y bosques del mundo en la década pasada: el Gasoducto Brasil-Bolivia de Shell (55 millones en 1998), el Oleoducto Chad-Camerún de Exxon (134 millones en 2001), las plantaciones de eucaliptos y fábrica de celulosa de Veracel, en Brasil (98 millones en 2003) y la Represa Nam Theun II en Laos (40 millones en 2004). Entre los principales problemas identificados en las actividades del Banco Europeo de Inversiones se incluyen: - Su confusa condición
simultánea de institución de la UE y entidad independiente; A medida que el Banco Europeo de Inversiones comienza a actuar en todo el mundo, también nosotros lo hacemos. La sociedad civil presentó recientemente un sitio web donde se puede efectuar el seguimiento de todos los proyectos financiados por el BEI en los últimos diez años. Con el "No" a la Constitución Europea, surge ahora un espacio renovado para la protesta civil en el escenario político europeo. Y podemos utilizarlo para denunciar públicamente los secretos de las actividades financieras europeas en todo el mundo. Debemos organizarnos, movilizarnos y plantear propuestas en nombre de nuestros bosques, nuestra dignidad y nuestras vidas. L@s inivitamos a visitar el sitio www.eibprojects.org e informarse. Por Janneke Bruil, Amigos de la Tierra Internacional, correo electrónico: janneke@foei.org. Por mayor información: www.foei.org/ifi/BEI.html, www.eibprojects.org, www.BEI.org
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