LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

Camerún: ¿aumentará los beneficios para las poblaciones locales el nuevo apoyo al sector forestal?

La historia de la rápida destrucción de los bosques de Camerún, que viene ocurriendo desde los años 1980, no adolece de falta de atención: se han escrito muchos testimonios, análisis y recomendaciones y se han intentado muchas intervenciones simultáneas, encabezadas por los donantes, para detener la deforestación. Se estima que en Camerún se cortaron cerca de 2 millones de hectáreas de bosques entre 1980 y 1995. La principal causa de esta deforestación radica presumiblemente en las operaciones de madereo industrial, a menudo a cargo de empresas extranjeras que enviaban al mercado europeo sus troncos sin procesar desde el puerto de Douala, actuando en sinergia con el concomitante avance de los asentamientos humanos y el acondicionamiento de tierras para la agricultura. Los diversos programas y reformas iniciados en los años 1990 por el Banco Mundial y el gobierno de Camerún en aras de la gestión sustentable y transparente de los inmensamente ricos bosques de Camerún (Ley Forestal de 1991, Ley Forestal de 1994, Nueva Política Forestal de 1995 y Ley de 1996) fracasaron en gran medida y, según algunas versiones, incluso sirvieron para aumentar la deforestación.

El Banco Mundial y otras agencias se disponen ahora a brindar nuevo apoyo al sector forestal de Camerún, por lo que se impone una revisión de lo ocurrido en la última década tanto a los bosques de Camerún como a los pueblos que de éstos dependen, así como de las lecciones aprendidas. La necesidad de destacar el papel de los pueblos dependientes de los bosques en la toma de decisiones relativas al sector forestal de Camerún es de particular importancia. Como bien se señala en un informe del Banco Mundial, “un determinante clave de la pobreza es la desigualdad en la distribución del poder social de decisión”. Y por lo tanto deben plantearse las siguientes preguntas: ¿Se ha logrado una mayor participación local en la gestión de los bosques con la Ley de Bosques Comunitarios de 1994? En cuanto al nuevo Programa Sectorial para los bosques y el medio ambiente (PSFE), ¿promoverá la igualdad y la mayor participación de los pobladores locales en la administración de los bosques?

En 1991 el Banco Mundial modificó su forma de apoyar el sector forestal, vinculando su apoyo con los préstamos de ajuste estructural por medio de condiciones para los préstamos (en lugar de otorgar préstamos directos al sector, como antes había hecho). Dichas condiciones eran cambios específicos en las políticas para el sector forestal, que el Banco insistía se hicieran. Muchas de estas políticas parecían sensatas en los papeles, pero su concreción en la fase de instrumentación estuvo plagada de dificultades. Según el Departamento de Evaluación de Operaciones del propio Banco Mundial, éste no pudo lograr las reformas deseadas porque, entre otras razones, no ideó una estrategia que pudiera instrumentarse dadas la particular realidad social, política y económica de Camerún. También se señaló que, puesto que al diseñar sus políticas el Banco no se comprometió con un enfoque auténticamente participativo y omitió procurar las opiniones de las comunidades locales, las leyes resultantes no fueron equitativas.

De acuerdo con la tendencia a la devolución en la administración de bosques que se ha visto en el mundo en los últimos años, Camerún, siguiendo las indicaciones del Banco Mundial, aprobó una Ley de Bosques Comunitarios en 1994. Los motivos del Banco Mundial para creer que la Forestería Comunitaria resultaría en una gestión más sustentable de los bosques de Camerún no difieren de los argumentos a favor de la devolución en otros casos:

(1) los residentes locales demuestran más interés a largo plazo en los recursos naturales que la gente de afuera, de modo que el manejo local será más sustentable que aquél controlado por organismos regionales o nacionales (que, en el caso de Camerún, muy a menudo resulta en que el control termina en manos de empresas madereras extranjeras);
(2) los organismos representativos locales tienen más responsabilidad ante las poblaciones locales que los organismos regionales o nacionales, por lo que habrá menos oportunidades de que sea la corrupción quien oriente las decisiones relativas a la gestión de los bosques; y
(3) dada la baja financiación crónica de los organismos de gestión de los recursos naturales en el mundo entero (en particular en los países en desarrollo), la gestión local es más factible administrativa y financieramente, y por lo tanto probablemente más efectiva en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la agencia.

Sin embargo, desde la aprobación de la Ley de Bosques Comunitarios en 1994, estas “ventajas” de la gestión local no se han concretado. Muchos de los comités de gestión locales han sido copados por las elites de los poblados (actores externos con mucho poder social que pueden remontar su genealogía hasta el poblado pero que a menudo viven en otra parte). Para estas elites, los Bosques Comunitarios son una oportunidad de obtener ganancias personales; lo que las poblaciones locales han podido recibir es una ínfima porción de los beneficios financieros obtenidos con el madereo de estos bosques. Hasta la fecha no hay pruebas de que este tipo de Forestería Comunitaria bajo la dirección del Banco/gobierno haya resultado en una gestión más sustentable que la gestión centralizada de “mando y control” a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y Bosques (MINEF).

Parece que ahora el Banco Mundial está volviendo a la práctica de los préstamos directos al sector forestal: el 16 de junio de 2005, un perito forestal del Banco Mundial anunció en Camerún que el Banco estará asistiendo a este país en la instrumentación de su programa de gestión de los bosques con una contribución de US$30 millones al presupuesto total del proyecto elaborado por el gobierno de Camerún, que asciende a $115 millones. Se espera también que los gobiernos canadiense, alemán y británico contribuyan con fondos a este programa. Los objetivos del nuevo Programa Sectorial para los bosques y el medio ambiente que apoyarán los donantes abarcan cinco esferas:

1) reglamentación y gestión de la información ambiental
2) gestión de los bosques de producción
3) gestión de las zonas protegidas y la vida silvestre
4) gestión de los recursos de los bosques comunitarios
5) fortalecimiento institucional, capacitación e investigación

Puesto que el componente de gestión de recursos de los bosques comunitarios, tal como se esboza en los documentos del Banco Mundial, incluirá una “revisión del marco legal e institucional”, así como estudios socioeconómicos y apoyo a la instrumentación de los Bosques Comunitarios, vale la pena destacar algunas de las recomendaciones clave hechas por analistas cameruneses. Las reformas de las leyes y prácticas de instrumentación que se recomiendan pueden describirse como un llamado a la verdadera descentralización democrática de los Bosques Comunitarios de Camerún.

(1) Eliminar los obstáculos administrativos con los que actualmente se enfrentan las comunidades que desean establecer Bosques Comunitarios, mediante la descentralización del proceso de solicitud a través de las oficinas provinciales del MINEF.

Entre abril de 1998 y noviembre de 2001, el MINEF recibió 136 solicitudes de Bosques Comunitarios. Para el año 2004 solamente se habían aprobado 30 planes de manejo simplificado. El hecho de que las comunidades tengan que viajar a la capital, pagar elevadas tarifas y contratar un consultor para elaborar el Plan de manejo simplificado es percibido por algunos como una causa del manejo no sustentable. En algunos casos, las comunidades terminan teniendo que pedir dinero prestado a las empresas madereras para financiar estos costos iniciales, y luego se sienten en la obligación de permitir que estas empresas talen sus bosques.

(2)Eliminar los obstáculos técnicos con los que actualmente se enfrentan estas comunidades, simplificando aun más los componentes del “Plan de manejo simplificado” exigidos.

Las complejidades técnicas que los requisitos actuales del Plan de manejo simplificado plantean a las comunidades exacerban las condiciones anteriormente descritas al hacer que las comunidades se vuelvan dependientes de actores externos no solamente en cuanto a los costos irrecuperables sino también para todas las fases de la instrumentación. En tales situaciones, los actores externos son a menudo más dueños de los proyectos de Bosques Comunitarios que las comunidades locales, atentando así contra la toma de decisiones democrática y el concepto mismo de “gestión local”.

(3) Que los comités locales de gestión de los bosques sean más directamente responsables ante las poblaciones locales, exigiendo que en los comités de gestión participen autoridades tradicionales y morales tales como jefes y sacerdotes.

Hasta la fecha, los comités de gestión formados por el MINEF no han tenido en cuenta las autoridades tradicionales presentes en los poblados. En su lugar, según se informa, el MINEF ha facilitado la inclusión de elites externas que a menudo no son responsables ante las comunidades locales ni respetadas por las mismas. Esto ha resultado en algunas instancias de corrupción, donde algunos individuos copan los comités de gestión y usan los Bosques Comunitarios para obtener ganancias personales: específicamente, iniciando proyectos rápidos de desmonte y embolsando luego las ganancias.

(4) Facilitar el establecimiento de Bosques Comunitarios por parte de los pueblos Baka, Kola y Aka (‘pigmeos’) tomando en cuenta su realidad social y cultural y ajustando los requisitos para la solicitud en forma acorde.

Actualmente, los Bosques Comunitarios pueden establecerse solamente en el Dominio Forestal No Permanente de Camerún; sin embargo, la mayoría de los grupos “pigmeos” residen en el Dominio Forestal Permanente. También hay incertidumbre en cuanto a la forma en que la legislación define “comunidad”, “aldea” y “jefaturas” y al modo en que la realidad de la vida “pigmea”, con inclusión del tradicional nomadismo y el asentamiento actual cerca de aldeas bantúes, encajan en estas definiciones. En Camerún residen aproximadamente 30.000 “pigmeos”, cuyo poder de decisión es sin embargo escaso. El resumen de la Evaluación del impacto ambiental y social del Banco Mundial señala acertadamente que “sin medidas especiales, los Baka, Kola y Aka no podrán beneficiarse del Plan Sectorial, cuyo alcance es nacional y que por principios e intención está abierto a todos”.

Por Kathleen Lawlor, Amigos de la Tierra, correo-e: klawlor@duke.edu

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Liberia: actualización del proceso de reforma del sector de bosques

Como se ha informado en anteriores boletines del WRM, los bosques de Liberia han sido largamente explotados para alimentar los conflictos en este pequeño país de África Occidental. En Liberia se encuentran los dos últimos bloques continuos del bosque de Alta Guinea, que alberga más de 2.000 plantas con flores, de las que unas 240 son especies madereras, y de las cuales 60 se han cosechado con fines comerciales.

A partir de los años 1990 los bosques de Liberia han sido saqueados por rebeldes y empresas madereras de dudosa reputación e incluso utilizados por el antiguo presidente para financiar la guerra, no solamente en Liberia sino también en Costa de Marfil y Sierra Leona. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoció la función de la madera en la guerra civil de Liberia y en diciembre de 2003 y diciembre de 2004 impuso sanciones al comercio exterior de madera liberiana. Luego de haber estudiado los avances del Gobierno Nacional de Transición de Liberia en relación con las reformas del sector de bosques, el Consejo de Seguridad extendió por un año más las sanciones a la madera liberiana, y las confirmó durante la revisión preliminar, en junio de 2005.

Un informe reciente realizado por un grupo de expertos para el Consejo de Seguridad de la ONU indica que en el gobierno de transición la corrupción es generalizada. Los informes desde el lugar describen a los sospechosos de siempre haciendo un último intento de saquear los recursos antes de las elecciones, que se llevarán a cabo en octubre de 2005. El informe del grupo de expertos indica que el gobierno de transición ha hecho muy poco para cumplir con los criterios elaborados durante la conferencia de Naciones Unidas sobre reconstrucción internacional, que se realizó en febrero de 2004. Entre estos criterios se incluyen aquéllos necesarios para levantar las sanciones a la madera.

La Coalición de organizaciones no gubernamentales de Liberia declaró recientemente, en una carta dirigida al Consejo de Seguridad, que el gobierno de transición no había logrado “prácticamente nada en relación con el restablecimiento de su autoridad sobre zonas clave de producción de recursos naturales”. Actualmente hay aproximadamente 4.000 personas que residen dentro de los límites del parque nacional de Sapo, una de las dos zonas forestales protegidas del país. Al mismo tiempo que gran cantidad de desplazados internos han buscado refugio en los bosques, muchos ex rebeldes han establecido minas ilegales dentro de los límites del parque. Junto con estos campos mineros ilegales llegan pequeñas comunidades que montan “negocios” para ganar el poco dinero que puedan para sobrevivir. Prácticamente siempre estas comunidades temporarias aumentan la demanda de carne de animales silvestres, deteriorando aun más un ecosistema que ya es frágil. Recientemente los desplazados internos se han hecho oír respecto de la injusticia que han sufrido, pues los ex rebeldes, que asesinaron y violaron a sus vecinos, reciben $ 300 para dejar sus armas, además de educación gratuita, en tanto la gente que sufrió a manos de ellos no recibe nada.

La Coalición de ONG también ha declarado que algunos integrantes de la UNMIL (Misión de las Naciones Unidas en Liberia), cuyo mandato es “ayudar al Gobierno de Transición a restablecer el control y la gestión adecuados de los recursos naturales en Liberia”, no solamente no han estado a la altura de este mandato sino que aparentemente están cooperando con operadores ilegales de la madera. Por ejemplo, el aserrado manual fue prohibido en 2000 por la Autoridad Forestal, pero continúa ocurriendo gracias a permisos de origen dudoso; el director administrativo de la Autoridad Forestal declara que en los permisos emitidos en 2003 y 2004 se falsificó su firma. El grupo de expertos, trabajando en colaboración con las ONG locales, informó que camiones cargados con madera aserrada pasaban por los puestos de control tarde en la noche con el apoyo tácito de algunos funcionarios de la UNMIL. También se alega que el personal de la UNMIL ha estado involucrado en el comercio de oro y diamantes extraídos de minas ilegales.

La buena noticia es que una reciente revisión del sistema liberiano de concesiones madereras concluyó que es necesario volver a foja cero y que deberían revocarse todos los acuerdos existentes sobre concesiones forestales. Según la Coalición de ONG, el comité revisor trabajó en medio de formidables dificultades, aplicó las normas más altas en sus investigaciones y entregó los resultados en fecha. Estos resultados deben ahora aprobarse y enviarse al presidente del gobierno de transición, Gyude Bryant, para su aprobación. Muchas de las concesiones fueron otorgadas por el ex presidente Taylor en violación de la legislación forestal nacional.

Aunque ciertamente se trata de buenas noticias para quienes trabajan en la reforma del sector de bosques de Liberia, queda mucho por hacer antes de comenzar cualquier tipo de sistema para el otorgamiento de concesiones. Una investigación ecológica realizada en 1978 recomendó la protección de los parques nacionales de Lofa-Mano, Sapo y Cestos-Senkwehn y las reservas naturales de Nimba, Wonegizi Mountain, Cape Mount & Coastal Forest y Cavally. En aquella época se brindó protección a una sola de estas zonas, y a partir del alto el fuego se acordó otra más debido a las presiones ejercidas sobre el gobierno de transición. Una auditoría de los bosques de Liberia es fundamental para comprender mejor el estado de los ecosistemas y de las personas que de éstos dependen antes de elaborar cualquier tipo de plan de gestión sustentable de los bosques.

El Banco Mundial y el FMI han participado activamente del proceso de reconstrucción de Liberia; sin embargo, Liberia se ha atrasado en sus pagos por más de 3.000 millones de dólares, lo cual le imposibilita de recibir nuevos préstamos del Banco. En mayo de 2005 el FMI publicó un informe que subraya que Liberia necesita asistencia externa e inversiones privadas con urgencia y que cualquier tipo de nueva asistencia dependerá de las medidas que se tomen para fortalecer las instituciones, reducir la corrupción y mejorar la forma de gobierno. El FMI señaló que la economía liberiana creció el 122% en los dos años a partir del tratado de paz de 1996 y que durante este mismo período el madereo aumentó un impresionante 1.300%. En la Nota de Nuevo Compromiso (Country Re-engagement Note, CRN), el Banco señala que a partir de 1977 la actividad forestal ha atraído gran parte de la inversión directa extranjera y que el madereo ha sido la mayor fuente de divisas. Además, la estrategia de “nuevo compromiso” propuesta identifica las cuestiones clave en la recuperación de Liberia: administración económica, rehabilitación de la infraestructura para la gestión de los bosques y desarrollo de las comunidades. El Banco declara también que ha adquirido una experiencia significativa en lo que atañe a estas cuestiones al haber intervenido en otros contextos post-conflicto. Esta información da la pauta del gran interés que tiene el Banco Mundial en los bosques de Liberia y hace sonar la alarma para quienes trabajan en la reforma del sector de bosques: hay que vigilar al Banco. Es fundamental que el Banco no “recorte y pegue” las políticas utilizadas en otros países africanos con el objetivo de colaborar con los intereses de las empresas y que han empeorado la vida de las comunidades que dependen de los bosques.

Como señalan la Coalición de ONG y el grupo de expertos, el gobierno de transición ha avanzado poco en cuanto al control de los recursos naturales de Liberia, y los negocios siguen funcionando como siempre. El grupo de expertos propuso contratar a una organización privada de administración para instrumentar, antes de que se levante cualquier sanción, las reformas del sector de bosques esbozadas por el gobierno de transición y el Consejo de Seguridad. No queda claro cuáles serán los próximos pasos ni si esta recomendación será instrumentada. Obviamente esta propuesta genera serios cuestionamientos de parte de la sociedad civil; se está discutiendo la mejor forma de tratar estas últimas recomendaciones. Lo menos que se puede decir de la situación es que es difícil. Si se instrumenta esta recomendación, será fundamental que el proceso de selección para contratar a una organización privada tal sea completamente transparente e incluya a la sociedad civil y las comunidades locales en cada etapa del proceso.

Aunque Liberia no ha sido el único en utilizar los recursos naturales para alimentar una guerra, sí está en una posición única para garantizar la adecuada protección de la enorme biodiversidad que alberga y la creación de un plan de gestión de los bosques verdaderamente sustentable que incluya la participación de las comunidades en todo el proceso de la reconstrucción de este golpeado país. Esperemos que el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional generan las condiciones adecuadas para que sea posible aprovechar esta oportunidad única.

Por Michelle Medeiros, Amigos de la Tierra EEUU, correo-e: MMedeiros@foe.org

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Mozambique: la “sombra china” en la destrucción forestal de la Provincia de Zambezia

Si bien los relatos sobre operaciones ilegales de madereo en los bosques tropicales del sudeste asiático y el centro de África para cubrir la demanda de la floreciente economía china son cada vez más corrientes, este informe es uno de los primeros en documentar la “sombra china” sobre los bosques semiáridos de África Meridional. Entre noviembre de 2003 y octubre de 2004 se llevó a cabo un estudio sobre operaciones forestales en la provincia de Zambezia, Mozambique, que descubre la connivencia entre comerciantes chinos, empresarios locales e integrantes del gobierno y los servicios forestales para extraer preciosas maderas duras tropicales de estos bosques de crecimiento lento a un ritmo que agotará el recurso al cabo de cinco a diez años. La madera se exporta en forma de troncos no procesados, lo que perjudica a la industria local y transfiere todos los beneficios potenciales de uno de los países más pobres del mundo a otro país que se está volviendo uno de los más ricos.

En comparación con los países productores del trópico húmedo, los volúmenes manejados en este negocio son pequeños, lo que ha llevado a una relativa negligencia al respecto en el plano internacional. Sin embargo, aunque los volúmenes sean pequeños, el impacto sobre la economía de este país pobre es importante en términos de pérdida de empleos, pérdida de ingresos, abuso de los derechos comunitarios y degradación de un recurso valioso y de los sistemas de manejo. Más que a la prohibición del madereo, este informe exhorta a la prohibición de la exportación de troncos, con lo que sería posible reducir la tala y promover la gestión sustentable y el desarrollo industrial así como, quizá lo más importante, cumplir las promesas que el gobierno hizo a su pueblo.

El gobierno de Mozambique, sus donantes y las instituciones financieras internacionales (IFI) han suscrito varios programas y políticas en apoyo del principal objetivo del país: la mitigación de la pobreza. El Plan de acción para la reducción de la pobreza absoluta (PARPA), el Programa nacional para la agricultura (PROAGRI, fases I y II) y las políticas, leyes y reglamentaciones forestales recientes citan, todos ellos, el manejo sustentable de los bosques y el desarrollo de industrias forestales para combatir la pobreza rural. En 2003 el gobierno firmó la iniciativa de Aplicación de Leyes sobre Bosques y Gobernabilidad en África (AFLEG) comprometiéndose internacionalmente a combatir el madereo y el comercio ilegales y la corrupción y a promover la gestión adecuada de los bosques.

Este informe demuestra cómo el gobierno, y por asociación también las IFI y los donantes que lo apoyan, han fracasado en el cumplimiento de estos compromisos. El motivo no son las carencias en cuanto a capacidad técnica o recursos, ni la simple falta de voluntad política, sino un conflicto de intereses directo entre las responsabilidades públicas y los intereses privados de funcionarios gubernamentales, en especial los Servicios nacionales y provinciales para los bosques y la vida silvestre (DN/SPFFB), y otros, con inclusión de miembros importantes de partidos políticos (FRELIMO). Junto con los intereses comerciales locales y los comerciantes asiáticos estos funcionarios públicos constituyen una “mafia de la madera”. En lugar de combatir el madereo ilegal, lo que están haciendo al manipular la reglamentación y la información sobre los bosques, aceptar sobornos e involucrarse personalmente en el madereo, es facilitar este negocio y beneficiarse con el mismo. El informe exhorta a gobierno y donantes a rendir cuentas, por el bien de los pobres de Mozambique y de los contribuyentes de los propios países donantes, y a lograr el buen gobierno de los bosques.

Una gestión sensata de los bosques debería fundarse en tres aspectos: un sistema para limitar la tala anual a un nivel que pueda sustentarse en el largo plazo, planes de gestión para las concesiones madereras y una capacidad industrial en equilibrio con la productividad de los bosques. Tras un gran escándalo ocurrido en 2000, los servicios forestales fueron obligados a organizar la producción en torno a cuotas anuales sustentables. El último inventario publicado establece en 18.000 m3 la corta anual permitida de especies actualmente comercializadas en Zambezia. Sin embargo, en los últimos cinco años el SPFFB ha autorizado la tala de más de 28.000 m3 por año, y la cuota para 2004 se acercó a los 50.000 m3. Para justificar la nueva cuota se han mencionado nuevos datos de inventario, que sin embargo nunca se han publicado.

La mayor parte de la cuota no se concede a industrias existentes, lo que brindaría empleos y desarrollo, sino a pequeños operadores vinculados con exportadores asiáticos establecidos en el puerto de Quelimane, que aportan el crédito indispensable para pagar los costos de los permisos. Todos los pequeños operadores son de nacionalidad mozambiqueña, pero son tantos (más de 150 en 2003), sus actividades tan poco controladas y su reinversión en el sector tan baja que se han vuelto parte del problema de la explotación forestal más que parte de la solución. Creen que explotar los bosques es su derecho más que un privilegio acordado a quienes manejan los bosques en forma inteligente.

Tanto la política como la legislación exigen un sistema para las concesiones forestales, pero éste se está estableciendo en forma muy lenta. Más de 40 aspirantes a concesiones, con inclusión de compradores asiáticos, inversores extranjeros, industrias locales y frentes formados por integrantes de los servicios forestales o el gobierno, han solicitado concesiones para más del 50% (un millón y medio de hectáreas) de los bosques. Son muy pocos los que prepararon los planes de gestión o establecieron las industrias que la ley exige, pero mientras tanto todos recibieron permisos para cosechar en su zona. De hecho, los pocos planes de gestión aprobados proponen extraer toda la madera comercial ¡en un período de entre cinco y diez años!

Las comunidades rurales han dado una larga batalla por los derechos a sus tierras, pero no tienen derechos sobre su madera excepto para su subsistencia. Las fuentes alternativas de empleo son pocas, y se ven limitados a trabajar para operadores con permiso por menos del salario mínimo o a abastecer a otros comerciantes con madera que han obtenido en forma ilegal. Se supone que el 20% del costo de los permisos es para las comunidades, pero nunca lo han recibido; de cualquier modo, el total sería muy pequeño. Si se trata de que los bosques beneficien a las comunidades, se necesita una reforma más radical.

Las cuotas y los permisos no indican cuánta madera se está cosechando en realidad, ni en dónde. No existe más que un puesto de control auténtico, la práctica de declarar cantidades menores es generalizada y sistemática, la inspección es laxa, los sobornos son comunes y el sistema informático de permisos y transporte, introducido por el SPFFB luego del escándalo, es en gran medida meramente cosmético. En 2002 la cuota se estableció en 42.000 m3, y el SPFFB solamente otorgó permisos por 33.200 m3 y autorizó la exportación de 28.400 m3. Pero ese mismo año, 17 buques graneleros y 27 buques contenedores cargaron troncos, y el puerto registró la exportación de 51.000 m3. Ninguno de los departamentos gubernamentales encargados de los informes sobre la cuestión forestal presenta los mismos números. Debe investigarse en detalle esta situación.

El mayor problema, puesto que moviliza todo el sistema, es la exportación continuada de madera. Según la ley, las principales especies comerciales deben ser procesadas antes de su exportación y, contrariamente a lo que dicen los madereros, la capacidad industrial de Zambezia es suficiente para procesar toda la cuota anual. Sin embargo, en el momento que la legislación entraba en vigor el Ministerio, presionado por los compradores asiáticos, emitió un decreto interno con una nueva clasificación de las maderas comerciales de modo de permitir su exportación como troncos. Puede que este decreto sea ilegal, pero hasta que no se lo declare como tal la “sombra china” continuará generando problemas.

En resumen, se está permitiendo a demasiados operadores, grandes y pequeños, apropiarse de demasiada madera en demasiados lugares, de tal forma que el recurso no será gestionable en el largo plazo. El sistema abusa de los derechos de las comunidades locales, negándoles las oportunidades de empleo, una necesidad vital, y el desarrollo de sus capacidades que resultarían del manejo sustentable de los bosques, las industrias procesadoras y las empresas fundadas en la comunidad. La exportación ilegal de troncos está asfixiando a la industria local y amenazando las fuentes de trabajo locales. Los servicios forestales del gobierno presiden estos abusos y actúan en connivencia con los mismos de una forma que parece burlarse tanto de la noción de “gobierno” como de los objetivos de los donantes. No puede haber excusas para el enriquecimiento personal y la pérdida pública a la escala que se están dando.

El objetivo de este estudio no es solamente documentar estos problemas y generar conciencia, sino también proponer soluciones. El informe principal brinda detalles técnicos de las prácticas en el sector forestal para explicar y justificar las cinco reformas clave que se proponen y a la vez refutar los argumentos presentados por la “mafia de la madera” para permitir que la “sombra china” continúe haciendo de las suyas.

Entre las reformas propuestas se cuentan la moratoria inmediata a las exportaciones de madera sin procesar, la revisión del decreto ministerial que permite dichas exportaciones, la suspensión del madereo de parte de pequeños operadores, la suspensión de aprobaciones de nuevas concesiones y la revisión independiente de los planes de gestión forestal existentes. Los derechos de las comunidades locales a sus recursos forestales deben ser garantizados por la ley. Debe brindarse apoyo a las comunidades para que manejen sus propios bosques, y debe obligarse a los operadores que deseen explotar los bosques a asociarse legalmente con las comunidades. Además se propone una serie de medidas para cada uno de los principales grupos interesados. Mientras tanto, aquellas operaciones de cosecha vinculadas con las industrias deben continuar, sujetas a supervisión independiente, con el fin de preservar las fuentes de empleo y cubrir las necesidades internas de madera. Es fundamental detener las operaciones forestales no vinculadas con empleos permanentes de calidad, para poder disponer del tiempo y los incentivos necesarios para que el sector vuelva a estar bajo control. A medida que los problemas se vayan resolviendo podrán levantarse las moratorias, hasta que todas las actividades vuelvan a estar permitidas. Como medidas compensatorias se proponen planes de infraestructura financiados por los donantes, para reducir al mínimo los impactos sobre la economía de la provincia durante la transición a una gestión sensata.

Es importante destacar que el informe exhorta a la acción internacional para presionar al gobierno de China a que asuma su responsabilidad y garantice que su propia bonanza económica no robe a los países pobres y vulnerables los recursos que éstos necesitan para su propio desarrollo.

Por Catherine Mackenzie, correo-e: camackenzie2002@yahoo.co.uk

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Sudáfrica: trabajadoras forestales bajo sistemas de subcontratación

Un estudio reciente llevado a cabo en el sector de plantaciones de árboles en Sudáfrica analiza el impacto de la subcontratación sobre las trabajadoras forestales. El informe señala que la subcontratación en la industria forestal está alineada con las tendencias comerciales globales y sirve para generar condiciones de empleo flexibles para beneficio de la industria. Por otro lado, la subcontratación ahorra en costos de equipos y gastos fijos que representan los empleados de tiempo completo, y evita tener que cumplir con las leyes laborales creadas por el Gobierno.

En Sudáfrica, el sector forestal emplea miles de trabajadores contratados, cuya mayoría son mujeres rurales, pobres, de color, con pocas fuentes de ingreso alternativas. Para evaluar hasta qué punto los empleos por contrato contribuyen a la reducción de la pobreza en el sector forestal, se entrevistó a un grupo de mujeres contratadas por empresarios forestales para trabajar en plantaciones pertenecientes a una empresa en KwaMbonambi.

La entrevista tuvo lugar en la “aldea forestal” de la empresa de plantación, donde fueron alojadas. La aldea está compuesta por sólidas casas de ladrillos e instalaciones comunes de cocina y lavado, ubicadas en lugares atractivos y bien mantenidos. Sin embargo, dentro de estas casas, da la sensación de tratarse más de un espacio para dormir que para vivir, ya que los únicos elementos que se encuentran dentro son colchones o trozos de cartón en el piso cubiertos con una frazada o un trozo de tela. Todo parece indicar que el hogar para estas mujeres es el lugar donde están sus hijos, en el pueblo rural con el resto de la familia. Los niños están autorizados a visitarlas pero no a vivir en la aldea de la plantación. Todas las mujeres son solteras, tienen entre 19 y 40 años y un promedio de cuatro hijos cada una. Son el único sostén para los niños y los otros miembros de la familia que han quedado en las zonas rurales.

El trabajo de todas las mujeres consiste en quitar la corteza de los árboles derribados. El descortezado requiere una gran resistencia física e implica un alto riesgo de accidentes. Comienzan a trabajar a las seis de la mañana y regresan a las tres o cuatro de la tarde. El jornal (en Rands, la moneda sudafricana) está actualmente en R42,50 de los cuales R6,50 se descuentan por concepto de alojamiento, dejando un ingreso diario de R36,00. Para ganar dicho jornal, deben completar su tarea, que consiste en pelar 35 árboles. Si no lo logran, deben hacerlo al día siguiente. Muchas de las mujeres comentaron que no llegan a completarla y que entonces utilizan los cuatro sábados del mes para hacerlo. Al final del mes, su recibo de pago refleja el equivalente al trabajo diario realizado y no la cantidad real de días trabajados. Las mujeres entrevistadas dijeron que ganan entre R500 y R700 por mes. Luego de comprar las provisiones para la familia les queda muy poco margen para comprar comida o ropa para ellas. La mayoría depende del crédito del almacén general local para poder alimentarse. Hacen una sola comida formal por día, de noche.

Los gastos mensuales incluyen una lista de alimentos básicos, el transporte a casa al terminar el mes, el transporte a la escuela para los niños; a esto se agrega la matrícula anual de la escuela y los uniformes escolares. Las mujeres gastan, en promedio, el 60% de sus ingresos en alimentos, aproximadamente R400 por mes.

Las mujeres no están sindicalizadas y no existen estructuras de representación de los trabajadores. No tienen acceso a jubilación, crédito ni seguro de salud. Si se enferman deben presentar un certificado médico para tener derecho a licencia por enfermedad. Una visita médica cuesta R100, lo cual está fuera del alcance de la mayoría. Si se accidentan durante el trabajo, el contratante les paga un número limitado de días libres y a partir de allí la trabajadora debe recurrir al seguro de desempleo. Si una trabajadora tiene un rendimiento insuficiente y se retrasa constantemente en sus tareas, o si falta por una semana, es despedida. Las trabajadoras despedidas tienen 10 días para desocupar su alojamiento. Con un porcentaje de infección por HIV/Sida que se estima en un 45% entre l@s trabajador@s forestales, el panorama es desolador: gran cantidad de trabajador@s sin dinero, enferm@s y mal alimentad@s, regresan a morir a las zonas rurales, sin beneficio alguno por sus años de trabajo.

Antes de comenzar la subcontratación, la mayoría de los trabajadores forestales pertenecía a sindicatos reconocidos que se hacían cargo de sus dolencias, asegurando una indemnización en caso de accidentes de trabajo y encargándose de las negociaciones salariales anuales. Pero el cambio a la subcontratación hizo desaparecer los sindicatos forestales. Cuando la cantidad de trabajadores fue reducida, los sindicatos perdieron miembros, los aportes bajaron, y se encontraron con poco dinero en efectivo. Los trabajadores contratados son mucho más difíciles de organizar que los trabajadores de tiempo completo, ya que están dispersos entre varios empleadores y muchos de ellos no tienen un lugar de trabajo fijo.

Hoy en día la mano de obra forestal está desmoralizada y vulnerable. Los trabajadores no tienen una vía para dar a conocer sus problemas o reclamar una compensación. No hay canales de negociación colectiva en lo referente a niveles de remuneración o condiciones de servicio. El único poder que tienen es su trabajo. Pueden trabajar y recibir una paga por el trabajo realizado, o pueden irse y unirse a la masa de desempleados.

El estudio concluyó que la industria forestal no es capaz de sacar de la pobreza crónica a la gran mayoría de los trabajadores forestales, sobre todo mujeres, ni de evitar que se empobrezcan aún más. Los ingresos son inseguros e inadecuados, no hay redes de seguridad financiera como los seguros por enfermedad o las jubilaciones, y los trabajadores están expuestos a un riesgo de incapacidad permanente que podría comprometer sus posibilidades de conseguir un trabajo en el futuro.

Extraído y adaptado de: “What role for forestry in reducing poverty in South Africa? Case studies of contractors in the forestry sector”, Jeanette Clarke and Moenieba Isaacs, Mayo 2004, http://www.wrm.org.uy/countries/SouthAfrica/Final_Report.pdf, enviado por Wally Menne, TimberWatch Coalition, correo electrónico: plantnet@iafrica.com.

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