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NUESTRA OPINION
¿La
aplicación de las leyes forestales y el buen gobierno son la
respuesta?
Las empresas y los gobiernos involucrados
en el comercio internacional de maderas tropicales tienen una mala
imagen, bien merecida por cierto. La mayor parte de sus actividades
han provocado la destrucción generalizada de bosques y violaciones
a los derechos humanos en numerosos países, en tanto que la
corrupción ha estado presente en muchas de ellas. Habiendo
sido blanco de fuertes campañas organizadas por distintas ONG,
algunos de esos mismos actores parecen querer ahora mejorar su desempeño,
tanto en el madereo como en el comercio internacional de la madera.
Esto ha dado lugar a los procesos
de Aplicación de las Leyes sobre Bosques y el Buen Gobierno
(FLEG, por su sigla en inglés), que se ocupan de este asunto
particularmente en los bosques de Asia y África, al tiempo
que la Unión Europea ha lanzado una iniciativa similar para
combatir la importación de madera de origen ilegal en sus estados
miembros.
Tal como lo expresa su nombre,
el enfoque del FLEG está centrado principalmente en dos temas:
aplicación de las leyes y buen gobierno. El razonamiento detrás
de esto es que mientras la legislación forestal sea acatada
y los gobiernos cumplan con su rol adecuadamente, el resultado será
positivo para los bosques. Como consecuencia, el comercio internacional
podrá seguir desarrollándose con una imagen limpia,
bajo el estandarte de la legalidad.
Este enfoque está basado
en el supuesto implícito de que las leyes son básicamente
buenas y que los gobiernos son legítimos, simplificando así
la tan compleja cuestión de los bosques y los pueblos de los
bosques, y dejando afuera – o en el mejor de los casos al margen
– el tema crucial de la propiedad de los bosques.
En la mayor parte de los países
tropicales, la ley establece que los bosques son propiedad del Estado,
el cual tiene derecho a otorgar concesiones de madereo a empresas
privadas. Como resultado de ello, las compañías que
operan en dichas concesiones lo hacen dentro de la ley. Si dichas
empresas actúan de acuerdo con las reglas (por ejemplo respetando
la cuota de corte anual permitida, los límites de la concesión
y otros requisitos legales), y si los funcionarios del gobierno aplican
a su vez las normas al controlar las actividades de las empresas privadas,
entonces se considerará que el sector forestal está
actuando “legalmente” y que se ha logrado un “buen
gobierno”.
Sin embargo, desde una perspectiva
comunitaria el panorama es totalmente diferente. Tanto para los pueblos
que habitan los bosques como para los que dependen de éste,
esas leyes son ilegítimas y no deberían ser aplicadas;
fueron creadas en la época colonial y luego adoptadas por los
gobiernos post-coloniales para servir a los intereses de las elites
locales y de las empresas extranjeras, en su mayoría con sede
en las antiguas metrópolis. Para esos pueblos, la aplicación
de las leyes y el buen gobierno en materia de bosques implican el
fortalecimiento de una situación que va en contra de su voluntad
e intereses, y que ellos nunca han aceptado como justa.
Desde su perspectiva, la tala
ilegal y la corrupción a nivel de empresas y gobierno no son
los mayores problemas. El verdadero problema es la explotación
destructiva de sus bosques por parte de actores externos y las violaciones
a los derechos humanos que esta actividad conlleva, más allá
de que la actividad sea legal o ilegal.
Legalidad no es necesariamente
sinónimo de legitimidad, y eso es precisamente lo que se debe
lograr: que ambas coincidan. Para que esto suceda, las leyes deben
ser cambiadas drásticamente. Los gobiernos y la sociedad civil
deben reconocer el derecho legítimo de las comunidades de los
bosques a través de una legislación adecuada que establezca
que los bosques son de propiedad de la comunidad.
Reconocer tales derechos sería
el primer paso en la dirección correcta (aunque no el único).
Sólo entonces las comunidades locales considerarían
positiva la aplicación de las leyes, y un buen gobierno tendría
sentido. Mientras esto no suceda, seguiremos considerando ilegítimo
gran parte del comercio “legal” de maderas tropicales,
y viendo como intrusos en tierras ajenas a las empresas involucradas.
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