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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS Brasil: Aracruz - ¿sustentabilidad o todo sigue igual? Hace seis meses, un grupo de indígenas Tupinikim y Guaraní reclamaron al gigante brasileño de la celulosa, Aracruz Celulose, poco más de 11.000 hectáreas de sus tierras. Talaron miles de eucaliptos para demarcar su territorio y allí construyeron dos aldeas indígenas con una gran casa comunal y muchas otras casas donde están viviendo varias familias indígenas. Hace pocos días unos 300 indígenas Tupinikim y Guaraní y personas que los apoyan ocuparon durante 30 horas la sede de la administración central del complejo de Aracruz en protesta por la injerencia de la empresa en el proceso de reconocimiento oficial de sus derechos territoriales. Los pueblos Tupinikim y Guaraní han intentado recuperar sus tierras de manos de Aracruz desde 1979. En 1997 la FUNAI reconoció 18.071 hectáreas como pertenecientes a los Tupinikim y Guaraní. Sin embargo, solamente pudieron recuperar unas 7.000 hectáreas de estas tierras a causa de las presiones ejercidas por Aracruz sobre el gobierno federal. Aracruz Celulose inició sus operaciones relacionadas con las plantaciones en el estado brasileño de Espírito Santo en 1967, durante la dictadura militar que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985. "Cuando la empresa llegó, la gente se fue. No pudieron hacerles frente. Los obligaron a irse e incluso los amenazaron”, relató en 1994 Eugenio Francisco, un Tupinikim de la aldea de Lancha, a los investigadores de la FUNAI, el organismo brasileño encargado de los asuntos indígenas. “La empresa se quedó con todo”, añadió. Aracruz construyó su primera fábrica de celulosa en un lugar donde existía una aldea Tupinikim llamada la Aldea de los Monos. Aracruz obligó a aproximadamente 7.000 familias a abandonar la tierra que ocupó. Hoy Aracruz es el mayor productor de pulpa blanqueada de eucalipto del mundo. En 2004 la empresa produjo 2,5 millones de celulosa, el 97% de la cual se exportó. Los mayores clientes de Aracruz son Procter & Gamble y Kimberly Clarke, que conforman el 45% de las ventas de la empresa. Aracruz posee 252.000 hectáreas
de plantaciones de eucaliptos en los estados de Minas Para hacer lugar para sus plantaciones, Aracruz destruyó más de 50.000 hectáreas de la selva conocida como Mata Atlântica. La selva fue atravesada por tractores que avanzaban de a dos unidos por una cadena, destruyendo todo a su paso. Los animales fueron aplastados por las máquinas o los árboles que caían. Aracruz también fue multada por el IBAMA, el organismo brasileño encargado de la protección del medio ambiente, por plantar en zonas protegidas. Se han secado ríos y arroyos a consecuencia de las plantaciones de eucaliptos de Aracruz. La empresa ha construido represas y ha desviado el agua del río Doce hacia sus fábricas, con lo que se agrava más la situación de los cursos de agua de la región. La pesca ha desaparecido en gran medida en muchos de los ríos de la zona. En un intento por mejorar su imagen, en enero de 2004 Aracruz contrató a una empresa consultora basada en el Reino Unido llamada SustainAbility (sustentabilidad). SustainAbility fue fundada en 1987 por John Elkington, autor de libros como “Los capitalistas verdes” y “La guía verde de negocios”, que describe su trabajo de los últimos 25 años como “centrado más que nada en lograr la sustentabilidad con los negocios, mediante los mercados”. SustainAbility está elaborando un plan de sustentabilidad para Aracruz. Jodie Thorpe, de SustainAbility, explicó que la consultora “identificó como prioridades iniciales para mejorar, tres esferas de la estructura de Aracruz: compromiso de los accionistas, transparencia y gobierno”. Pero en el sitio web de SustainAbility hay muy poca información sobre Aracruz y absolutamente nada sobre los antecedentes de la empresa. No se menciona la lucha de los Tupinikim y Guaraní por la tierra. Ninguno de los informes elaborados por SustainAbility está disponible para el público. “Aunque fomentamos y apoyamos la transparencia, espero que Ud. pueda entender que no tenemos la libertad de hacer público este trabajo”, explicó Thorpe. Lejos de criticar a Aracruz, el sitio web de SustainAbility declara que “El compromiso de Aracruz Celulose con la sustentabilidad es de larga data”. Le escribí a Elkington para preguntarle cómo contestaba las críticas a SustainAbility por ayudar a “maquillar de verde” a una empresa controvertida. “Esa no es para nada la intención”, respondió. Elkington explicó que el sitio web de SustainAbility se refiere al “claro compromiso empresarial” con la sustentabilidad. “Yo pienso que no se puede negar que Aracruz todavía tiene que trabajar mucho antes de declarar que es algo parecido a una 'empresa sustentable'”, escribió. En este punto, entonces, estamos de acuerdo. Visité Aracruz en agosto de 2001. Estuve allí para participar de un seminario internacional sobre los impactos de las plantaciones de eucaliptos. También se invitó a Aracruz. Yo estaba esperando poder escuchar a los funcionarios de Aracruz respondiendo a cientos de integrantes de las comunidades que conviven con los impactos provocados por la empresa. Sin embargo, Aracruz no concurrió al seminario. Mientras estuve allí visité aldeas Tupinikim y Guaraní y me enteré de los problemas a los que se enfrentaban desde que Aracruz había invadido su tierra. Pude ver vastas zonas estériles, cubiertas de plantaciones industriales de eucaliptos. Una de las aldeas Tupinikim que visité estaba rodeada de plantaciones. Vi la enorme y maloliente planta de celulosa de Aracruz. Me contaron cómo la empresa se deshace de sus aguas residuales por la noche. Y junto a cientos de personas participé de una marcha por Espiríto Santo para protestar contra las actividades de Aracruz. Hace pocos años Elkington escribió que “Gran parte de lo que pasa por desarrollo sustentable se parece mucho a lo de siempre”. Al parecer, la empresa consultora de Elkington, SustainAbility, está demostrando que esta declaración es válida. Por Chris Lang,
correo-e: chrislang@t-online.de
Chile: celulosa lleva la muerte hasta el mar Celulosas Arauco y Constitución, más conocida como Celco, la fábrica de producción de celulosa en Valdivia, perteneciente al grupo chileno Angelini, reabrió recientemente sus operaciones luego de haber cerrado 64 días tras el escándalo suscitado por una mortandad masiva de cisnes de cuello negro en el santuario del río Cruces, donde descargaba sus efluentes. Días antes de la reapertura, la empresa había recibido el espaldarazo del presidente Ricardo Lagos y de las autoridades ambientales locales para tomar esta decisión. Al anunciar la reapertura, la empresa afirmó que "ha sacado experiencia" y pidió "disculpas a la comunidad de Valdivia por las molestias e inquietudes que debió enfrentar". "La planta está en condiciones de reanudar la operación, pero con su capacidad de producción limitada al 80%, debiendo hacer cambios e inversiones tecnológicas para lograr ajustarse a las nuevas exigencias establecidas por la Comisión Regional de Medio Ambiente - X Región y poder volver a su producción originalmente autorizada", comunicó la empresa. Celco adoptó también otras disposiciones. Para empezar, resolvió poner en marcha el proyecto de llevar el ducto al mar, aduciendo que esta solución fue "reiterada por el propio Presidente de la República en su reciente visita a Valdivia" y que cuenta con la aprobación de la Corema (Comisión Regional de Medio Ambiente). La propia gerencia de la Planta Celco reconoció recientemente la alternativa de transportar y verter riles hacia el mar por ductos que desembocarían en algún sector entre las zonas de la caleta Queule o las cercanías de Puerto Saavedra, a cambio de participar en la construcción de un nuevo puerto marítimo en la zona, lo que beneficiaría a las empresas forestales pues podrían sacar directamente sus productos de la zona para la exportación. El proyecto afectaría directamente a las comunidades costeras Mapuche Lafkenche, que se extienden hasta la zona sur de la VIII Región y para quienes el mar es fuente de recursos a través de la pesca. Ya las organizaciones Mapuche y ambientalistas de la IX Región lo habían anunciado en la movilización que se denominó “Encuentro en la diversidad por la defensa de los derechos ambientales” realizada en Temuco el 9 de julio. Por otra parte, una manifestación en el puerto de Valdivia, con la participación de embarcaciones de distintas caletas de la provincia, los sindicatos y asociaciones de pescadores, organizaciones sociales y comunidades Mapuche-Lafkenche de la región, expresó su rechazo a la salida del ducto de la planta al mar. "La bullada tecnología de punta anunciada por la planta de celulosa, ya dejó su evidencia en el río Cruces y ahora pretenden que eso llegue al mar. Le digo aquí al señor Ricardo Lagos, que ese ducto no va a salir al mar, porque nosotros nos opondremos", expresó Eliab Viguera, del Comité de Defensa del Mar. "La alta peligrosidad del emisario de la planta de celulosa que, aun con tratamiento terciario provocó la muerte del humedal (...) quedó demostrada en el estudio que llevó a cabo la Universidad Austral de Chile, que es el único estudio serio y de rigor científico de dominio público", declaró uno de los manifestantes. Para muchas empresas y gobiernos, esta evidencia representa sólo un problema de relaciones públicas. Contratan así a consultoras de opinión pública, cientistas y asistentes sociales, pero para estudiar "cómo vender mejor el producto", en este caso el proyecto de inversión, porque sus decisiones son inamovibles. Así se postergan las crisis, las empresas lucran y las poblaciones afectadas, para hacerse oír, deben llevar sus movilizaciones a los extremos de la confrontación. Cuando estalla, los poderes se "sorprenden" y piden moderación. Artículo basado en información obtenida de: “Chile, Celulosa Arauco ‘pide disculpas’ y reabre su planta”, Víctor L. Bacchetta, correo electrónico: vbacchetta@redcalc.org, http://www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/celulosa_arauco.htm; “Celulosa Celco ahora va por el litoral Lafkenche”, Alfredo Seguel, Mapuexpress Informativo Mapuche, http://www.mapuexpress.net
Colombia: una ley forestal para negocio de capitales extranjeros De los 3.500 millones de hectáreas de bosques que existen en el mundo, cerca de 63 millones están en Colombia y la mitad de ellos se localizan en los territorios enriquecidos por las culturas indígenas y de comunidades negras. Estos bosques, albergan a su vez una de las más ricas formas de diversidad biológica del mundo y son el soporte de numerosas culturas que los habitan. Son también lugares de regulación climática e hídrica y el hábitat de complejas e irremplazables formas de vida. No obstante, y en lo que constituye un lamentable rasgo común a numerosos países del Sur, la biodiversidad, la relación cultura-selva y las condiciones de vida de numerosas comunidades se han visto dramáticamente afectadas por la puesta en marcha de encadenamientos productivos forestales promovidos por la USAID a través del Programa Colombia Forestal. También han incidido otros factores: el interés del Estado colombiano en convertir la biodiversidad y el resto del patrimonio ambiental de los pueblos indígenas y comunidades negras en mercancía al servicio del capital internacional y especialmente de los Estados Unidos en el TLC; la implementación de megaproyectos de infraestructura vial y portuaria, mineros y de bioprospección; el establecimiento de plantaciones a gran escala de palmicultura sobre territorios y espacios vitales de las comunidades negras e indígenas. En ese marco de políticas se inscribe el Proyecto de Ley Forestal que se viene debatiendo en el Congreso de la República, ha sido aprobado por el Senado y está en último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Diversas organizaciones sociales colombianas han manifestado críticas al proyecto de ley, básicamente en cuanto a que no logra el propósito de poner orden en el caos que hoy vive el país en el aprovechamiento de los recursos forestales y, por el contrario, puede generar mayor caos jurídico dando lugar a la inaplicación tanto de las disposiciones existentes en la materia como de nuevas. Denuncian en primer lugar que, en torno a la formulación del Proyecto, no se ha dado participación ni se ha consultado a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas mestizas, como tampoco a otros actores sociales involucrados. Por otro lado, el Proyecto de Ley Forestal aduce regular el manejo de plantaciones forestales y de bosques, pero las organizaciones sociales declaran que: “Su contenido es ante todo para el fomento en el país de la producción de madera a través de plantaciones, desechando la posibilidad de una ley para bosques naturales. Esta es una política que no tiene una perspectiva ambiental integral, ni contempla tampoco a los bosques como un ecosistema como lo fija la Convención de Biodiversidad puesto que se cambian los organismos que planifican y formulan las políticas del sector y se modifican radicalmente las instituciones correspondientes hasta el punto que buena parte del control queda en manos exclusivas del Ministerio de Agricultura y de agentes particulares”. También se acusa al Proyecto de Ley de facilitar el acceso de las compañías internacionales al negocio forestal creando figuras legales que permitirían el acceso a los bosques nativos de las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia. Ya hay suficientes historias como para saber que eso implicaría muy posiblemente la violación de los derechos de las comunidades autóctonas en la medida que se afecta resguardos indígenas, territorios colectivos de Comunidades Negras y asentamientos campesinos. Las organizaciones señalan que “el marcado afán en el proceso de discusión y la rápida aprobación de la Ley en el Congreso no se compadece con el inmenso impacto que ella tiene sobre la riqueza forestal del país y sobre los derechos de muchos colombianos. En sentido contrario, es conocida la influencia que han tenido entidades extranjeras y empresas madereras interesadas en la promoción y aprobación del proyecto”. “La expedición de esta Ley, a las puertas de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual promueve el mercado de servicios ambientales, hace todavía más expeditos los previsibles resultados catastróficos sobre los que aquí estamos advirtiendo.” Numerosas adhesiones individuales y de organizaciones han avalado la carta pública en la que se exponen los referidos argumentos y a la que es posible acceder en http://www.censat.org/Biodiversidad_Bosques_PL_Forestal.htm. Quien desee adherir a la misma, puede comunicarse con la organización CENSAT por el correo electrónico bosques@censat.org. Artículo basado en
información enviada por CENSAT: “Declaración sobre
el proyecto de Ley Forestal”, “Carta abierta al Congreso
de la República”, http://www.censat.org/Biodiversidad_Bosques_PL_Forestal.htm
En la Amazonía peruana, la actividad maderera es altamente selectiva, es decir, de la gran diversidad de especies sólo se utilizan unas pocas, lo que ha llevado a la reducción de las existencias de algunas especies. El consumo de determinadas maderas --como la caoba-- no perdona siquiera zonas de reserva. El madereo ilegal que se desarrolla en torno a estas zonas recurre a diversas estratagemas, desde los contratos de extracción en las llamadas zonas de amortiguamiento (franjas de unos 15 km. de ancho en promedio bordeando la zona de reserva, que sirve a los extractores pues hacen pasar como proveniente de ellas la madera talada en su interior), hasta los permisos de tránsito para transportar por ríos dentro de la reserva la madera supuestamente extraída fuera de ella. También se suele “blanquear” la madera: la legalizan aserrándola con sierra cinta para borrar las huellas de haber sido aserrada con motosierra, modalidad prohibida porque implica gran desperdicio de madera, y se le preparan papeles como si saliera de zona bajo contrato. Ahora también la “blanquean” en el terreno, con aserraderos portátiles de cinta. La sonoridad y visibilidad de estas actividades que implican gente en campamentos conocidos y permanentes, chatas que transportan madera y grúas, hacen que esta actividad ilegal sea todo menos clandestina. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ubicada en el triángulo formado por la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, se ha identificado que trabajan un promedio de 20 hombres por campamento, y anualmente funcionan unos 50 de ellos. Es justamente en este sector del madereo ilegal donde abunda un sistema laboral asociado al no pago, a la remuneración en especies, a la prostitución de mujeres en los campamentos madereros y a condiciones de trabajo infrahumanas. La esclavitud del siglo XXI se da con el nombre de trabajo forzoso y sus víctimas son los más marginados --niños, mujeres, comunidades nativas. Esos que parecen invisibles. La competitividad obliga a buscar el abaratamiento en los procesos de producción y entonces se dan estas modalidades de explotación que deberían de ofender las conciencias. Isidoro Chahuán, motosierrista, de la etnia quichua, dice: "Trabajo por un jabón, sal, un cartucho, una camisa". Él es lo que se denomina un trabajador habilitado. En la Amazonía, más de 30 mil peruanos de las comunidades indígenas más alejadas se encuentran en esta situación inhumana. Un informe para la OIT sobre el trabajo forzoso en la extracción de madera en la Amazonía, del antropólogo Eduardo Bedoya y el científico social Alberto Bedoya, habla de hasta tres formas en las que opera. En dos de ellas el sistema de deudas infladas y los magros pagos por la materia extraída son un denominador común. Si bien se trata de un fenómeno histórico, que data de la época colonial, ahora con el 'boom' del cedro y la caoba la industria maderera ha tenido que ir ganando espacios y por eso se ha visto forzada a internarse en territorios vírgenes, zonas de reserva comunal, parques nacionales y espacios donde hay grupos no contactados o de contacto incipientes. El caso más frecuente es el que se da cuando un “maderero-habilitador” vinculado a grandes empresarios madereros, entrega en la ciudad una cantidad de dinero a “patrones enganchadores” para obtener madera. Estos ofrecen dinero o anticipos de alimentos o bienes (tales como arroz, sal, botas, rifles, motosierras, etc.) al interior de las comunidades indígenas, a condición de que ellos, que conocen la zona y sus árboles mejor que nadie, les entreguen madera cortada. Por lo general estos acuerdos se dan a través de contratos verbales o escritos donde no hay referencia al valor de la madera en el mercado, cosa que desconocen los nativos y son presa fácil del engaño. Así, cuando los trabajadores entregan la madera al “patrón enganchador”, éste esgrime distintos motivos por los que el material no es bueno y arbitrariamente reduce el pago. Como no les alcanza el dinero, los indígenas piden más préstamos y así engrosan su deuda. El campesino queda “enganchado” llegando a firmar contratos de hasta diez años. En el caso de los campamentos madereros se reúnen trabajadores, por lo general ajenos a las comunidades, para que realicen la extracción de la madera. En el referido informe se explica que en las ciudades se les entrega el 10% inicial para reclutarlos y luego se les lleva a trabajar a las zonas más remotas de la Amazonía. Esas regiones son muy lejanas para escaparse, se les quita los documentos, se les aleja de las canoas y se les amenaza con no pagarles si pretenden fugarse. Los salarios son muy bajos y los bienes muy caros. Una gaseosa en un campamento maderero puede costar 10 soles, un costal de azúcar 50, uno de arroz otro tanto. Así se inicia un círculo vicioso de deudas. "El gran problema de estos campamentos es la incapacidad que tienen los trabajadores de movilizarse. Los inspectores laborales no llegan por lo inaccesible de la zona. Los pobladores tampoco pueden pagar su deuda buscando otro campamento porque reciben, en muchos casos, amenazas físicas", indica Bedoya. Se trata de un trabajo forzoso porque hay pérdida de libertad. En muchos casos aquellos que recalan en un campamento maderero, formado por 10 o 40 trabajadores, llevan a su familia. La esposa cocina, los niños ayudan, pero a ninguno se les remunera. De acuerdo con el estudio hay un alto índice de adolescentes hombres y las mujeres generalmente trabajan de cocineras y prostitutas, cobrando por sus servicios en tablones de madera. Éste es el castigo de la madera. Para los “patrones-enganchadores”, que trabajan para los madereros-habilitadores, que a su vez trabajan para grandes empresas madereras, engañar a los campesinos no le resulta tan difícil. Solo tienen que aprovecharse de la miseria generada por el propio sistema de explotación maderera que les ha depredado sus economías locales, los ha desplazado de sus tierras o los ha cercado, quitándoles los bosques que forman parte de su sustento de alimentos, medicinas, vivienda. Sobre esas condiciones de miseria prospera el gran negocio forestal, en una connivencia estrecha entre actividades legales e ilegales hasta el punto de formar una sola, y en ocasiones incluso gozando del aval de sellos de certificación. Artículo basado en información
obtenida de: “30 mil peruanos son víctimas de trabajo forzoso
en la Amazonía”, Gabriel Gargurevich, Diario La República
mayo de 2005, y “Controles y descontroles: Extracción ilegal
de madera en el Pacaya-Samiria”, Alberto Chirif, Actualidad indígena
Nº 99, marzo de 2005, Servicio de Información Indígena
SERVINDI, www.servindi.org, enviados
por Carlos Arrunátegui, FAdAmazon (Fundación de Adhesión
con los Pueblos Amazónicos), correo electrónico: carrunategui@fadamazon.org;
“Esclavos de la madera”, Jimena Pinilla Cisneros, El Comercio,
http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2005-05-12/impCronicas0305152.html
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