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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS
India: los Adivasi y el manejo de los bosques Los bosques de la India, cimientos de la seguridad ecológica de la nación, están desapareciendo a un ritmo alarmante a manos de una serie de empresas comerciales. Las últimas estadísticas publicadas por la Encuesta Forestal de la India demuestran que el país ha perdido más de 26.000 km² de sus densos bosques durante el período 2001-2003. Más de 3.000 especies de plantas con flores y cerca de 200 especies de animales del país ya fueron clasificadas como amenazadas; es seguro que esta pérdida masiva de bosques colaboró con el proceso que está diezmando la biodiversidad. Esto ocurre en momentos en que el mundo entero, salvo EEUU, cuenta los días que faltan para el año 2010, para cuando deberían lograrse reducciones sustanciales de la pérdida de la biodiversidad mundial a través de la instrumentación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), del que la India es parte. El rotundo fracaso de la India en el manejo sustentable de sus bosques se funda en gran medida en la naturaleza excluyente y jerárquica del régimen de administración forestal, modelado por el legado colonial e instruido por la visión del sistema de castas, que mira con desprecio a los que están en la base de la pirámide social. En la raíz de la crisis de los bosques que se profundiza está el desplazamiento de los Adivasi, los indígenas del país, de su función tradicional de cuidadores de los bosques de la India. Los Adivasi, los guardianes originales de nuestros bosques, que los han defendido de los salvajes asaltos de los colonialistas británicos y que han luchado contra una multitud de explotaciones comerciales a lo largo del orden político poscolonial, han sido sistemáticamente inhabilitados y apartados del manejo de los bosques por el régimen conservacionista, incluidas las leyes sobre vida silvestre y bosques. El proyecto de ley sobre Tribus Registradas (Reconocimiento de los derechos sobre los bosques) que se propone, por lo tanto, no solamente es un medio de deshacer la injusticia histórica contra los Adivasi, como la introducción del anteproyecto de ley declara con razón, sino que también brinda la muy necesaria oportunidad de recuperar la mayor población indígena del mundo como custodios de nuestros bosques. No sorprende que haya quienes atacaron este proyecto de ley, que en cierto modo señala un cambio de paradigma. La doctrina que se opone a la construcción de una asociación con los Adivasi en lo que refiere al manejo de los bosques sitúa a la población autóctona y al resto de los sectores marginados como “el Otro” y no puede aceptar ni siquiera un ascenso infinitesimal de la categoría de los subalternos. La conservación no es más que una coartada de esta doctrina. Porque el mundo ya ha dejado de lado el dogma excluyente de la conservación característico del enfoque que importamos de Occidente. El CDB, que es jurídicamente vinculante, se basa en el triple objetivo de la conservación, el uso sustentable y la distribución equitativa de los beneficios y estipula la participación de los indígenas en la gestión de la biodiversidad. Uno de los tres grupos de trabajo continuos establecidos por el proceso del Convenio debe tratar los asuntos relacionados con el uso y protección del conocimiento tradicional de los indígenas. Sin embargo, la India se ha burlado del CDB con la creación de una ley nacional, la Ley sobre Diversidad Biológica, que se limita a tratar los asuntos relativos a la reglamentación del acceso a la biodiversidad, fingiendo una dichosa ignorancia de la existencia de los indígenas (de una forma que recuerda la derrota del espíritu del innovativo Programa Hombre y Biosfera a través de la simple reclasificación de algunas zonas protegidas existentes sin reformar el sistema de administración). De todos los programas que componen el Programa 21 adoptado en 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), los cuatro que tratan de la administración de recursos para la vida terrestre subrayan el papel de los indígenas y además incluyen un programa temático específico para fortalecer el papel de los indígenas en el manejo sustentable de tales recursos. Además, el plan de instrumentación de la Cumbre de Johannesburgo, realizada diez años después de la CNUMAD, exhorta a dar a los indígenas la posibilidad de contribuir a la aplicación de los objetivos del CDB y reconoce en forma explícita su papel en la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. El Congreso Mundial de Parques, en particular en su sesión de 1962, fue quien en gran medida instrumentó en el mundo en desarrollo que se impulsara la doctrina de zonas protegidas de modo violento y excluyente, siguiendo el ejemplo del Parque Nacional de Yellowstone en EEUU, cuyo establecimiento implicó la muerte de más de 300 indígenas norteamericanos y el desplazamiento de otros varios miles. Dando vuelta la pisada, la sesión de 2003 del Congreso subrayó la importancia de las formas participativas y colaborativas de manejo de las zonas protegidas y exhortó específicamente a la restitución de las tierras tradicionales usurpadas a las comunidades indígenas, que es lo que este proyecto de ley intenta lograr. En los últimos años la cantidad de zonas protegidas en todo el mundo ha aumentado marcadamente y sobrepasa los 100.000 sitios y cubre más del 10% de la superficie terrestre del planeta. Cabe señalar que gran cantidad de las zonas protegidas de creación reciente son realmente reservas de recursos usados en forma sustentable. Al dirigirse a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, donde por primera vez se incluyó al medio ambiente en la agenda política mundial, la difunta primera ministra Indira Gandhi dijo a Occidente que la pobreza era la peor forma de contaminación, declaración que luego se hizo famosa gracias a nuestros burócratas conservacionistas a lo largo de sucesivos foros multilaterales. Sin embargo ella misma contribuyó, pocos meses después de su regreso de la Conferencia de Estocolmo, a profundizar la pobreza y la miseria de una enorme cantidad de indios, irónicamente en nombre de la conservación, a través de la Ley de Protección de la Vida Silvestre. Esta ley puso en peligro la existencia misma de los Adivasi, cuya vida está vinculada orgánicamente con la vida silvestre, como si no hubiera bastado con la ilegítima Ley de Bosques de la India de 1927, que formalizó la apropiación colonial de los bosques indios. La trágica desaparición de los tigres de Sariska, a pesar de que en los últimos 25 años se gastaron diez millones de rupias (US$ 232.500) por cada uno de los tigres, como reveló el órgano encargado de su conservación (Tiger Task Force), es muy educativa en cuanto al fracaso del proyecto de conservación regimentado. No hay motivos para que la India siga prolongando las crisis gemelas que son la aceleración de la degradación de la biodiversidad y el peligro al que se expone a la población Adivasi incluso después de más de medio siglo de independencia formal. La entrada en vigor del proyecto de ley sobre los derechos de los Adivasi al bosque debe verse como el primer paso esencial en la reforma del régimen de manejo de bosques del país para procurar la colaboración de los conservacionistas más originales para la protección y el uso sustentable del patrimonio ecológico más crítico del país. Por S. Faizi,
correo-e: ecology@zajil.net
Indonesia: un parque nacional, su fracaso y su impacto sobre el sustento de la gente La zona de bosques de Monte Merapi fue clasificada como parque nacional; en la región, cuando se habla de esto, a menudo la gente termina preguntándose directamente por qué esta zona fue convertida en parque. El ecosistema de bosques de Monte Merapi se sitúa entre los 600 y los 2.968 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Yogyakarta, República de Indonesia. Tiene una superficie de 8.655 hectáreas cubiertas en su mayoría por la selva tropical de montaña que es fuente de sustento de un millón de personas distribuidas en cuatro distritos. Las aguas superficiales que vienen de Monte Merapi se dividen en tres direcciones: la cuenca de Progo al oeste, la de Opak en el medio y Bengawan Solo al este. Estas cuencas han abastecido agua para el consumo, el riego y la industria de más de cinco millones de personas de las provincias de Jogjakarta y Java Central. El manejo insustentable de Monte Merapi amenaza su existencia misma. La privatización del agua, ahora en manos de una empresa privada, impide que alrededor de mil agricultores puedan cultivar sus tierras. La explotación de las minas de arena produce 3,5 millones de metros cúbicos por año, las fuentes y pozos de agua se han degradado rápidamente y se está destruyendo la flora y la fauna. Pero el paradigma del gobierno sigue siendo el mismo: la explotación de los recursos a cambio de dinero en efectivo sin ninguna consideración sobre el uso a largo plazo. La economía se coloca por encima del ambiente y la sustentabilidad. Muchas personas del lugar expresaron su oposición al plan gubernamental de convertir esta zona en el Parque Nacional de Monte Merapi cuando se inició este proceso en el año 2001. Haciendo caso omiso a la oposición, el 4 de mayo de 2004 el Ministerio de Bosques de Indonesia emitió un decreto que convirtió oficialmente al bosque en una zona protegida. Quienes nos oponemos a la medida denunciamos que el decreto ministerial viola tanto principios legales como principios de transparencia, democracia y derechos humanos y que se trata de una expresión de la arrogancia del gobierno. El decreto se opone a un decreto anterior del mismo ministerio que establece el debido procedimiento previo a la delimitación y el registro de un parque nacional. La decisión contraviene también la Ley Nº 22/1999 sobre autonomía regional porque ignora la autoridad de los gobiernos regionales y consejos legislativos de la zona. El concepto de parque nacional surgió en los países occidentales y fue muy influido por los conceptos clásicos de conservación: una región muy protegida que a nadie se permite tocar. Más tarde evolucionó en un modelo de conservación ecofascista cuya prioridad era la “naturaleza” no perturbada incluso si para eso había que deshacerse de los habitantes del lugar. El primer parque nacional del mundo se estableció en EEUU en 1872 con la delimitación y registro del Parque Nacional de Yellowstone. La administración del parque no permitió que nadie hiciera uso de los recursos naturales del mismo, haciendo caso omiso al hecho de que allí vivían tribus indígenas. Fue imposible evitar los conflictos, que llevaron a la expulsión forzada de las comunidades indígenas de la región. Desgraciadamente muchos países, entre los que se cuenta Indonesia, se inspiraron en ese modelo. En 1980 el gobierno de Indonesia estableció los primeros cinco parques nacionales. El gobierno aplicó el concepto sin considerar su adecuación a las condiciones sociales y económicas del país, prefiriendo al parecer agradar a los países occidentales más que a su propio pueblo. Esto queda demostrado con el hecho de que se han establecido 42 parques nacionales a lo largo y a lo ancho del país, uno tras otro, sin estudios suficientes sobre la forma en que se han manejado los parques existentes. En muchas de las regiones llamadas parques nacionales las condiciones han empeorado a partir de que se las convirtiera en tales. En lugar de preservar la zona y generar beneficios, el establecimiento de parques nacionales a menudo ha provocado daños y desventajas. Los parques nacionales de Monte Leuser, Monte Halimun, Kutai, Bukit Tiga Puluh, Tanjung Puting, Monte Palung, Ujung Kulon, Lore Lindu, Rawa Aopa, Komodo, Lorentz y Wasur son ejemplos de cómo este modelo de conservación lleva a problemas sociales y económicos y a la degradación del medio ambiente más que su preservación. En Indonesia la aplicación del concepto de parque nacional no es solamente teórica sino que ocurre también en las esferas de las políticas y de la administración. En cuanto a las políticas, por ejemplo, a través del organismo de administración de los parques nacionales (National Park Management Body) el gobierno discrimina los derechos del organismo de administración de los derechos de la gente, que se considera subordinado al organismo de administración. Tienen que obedecer al organismo sin chistar mientras éste aplica reglamentaciones fascistas que fueron creadas para servir a los intereses del gobierno. La Ley Nº 5/1990 relativa a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, que no menciona la función ni los derechos de las personas en cuanto a los recursos naturales, es un ejemplo de esta arrogancia. El organismo de administración no es imparcial pero además, al igual que otras organizaciones del Estado, sufre de corrupción. En tanto administrador de los parques nacionales, el organismo de administración goza de autoridad casi total. No hay espacio para los derechos de las comunidades circundantes. Que la administración de parques nacionales cae a menudo en la corrupción es un hecho demostrado por su cooperación con militares e intereses comerciales en actividades de deforestación ilegal, bien conocidas desde hace mucho tiempo. El madereo ilegal masivo que ocurre en casi todos los parques nacionales fuera de Java, incluidos los parques nacionales de Tanjung Puting y Monte Palung, involucra a jerarcas del organismo de administración, empresarios y militares. Esta cooperación lleva también al robo masivo de recursos biológicos, la expulsión de los pobladores indígenas y la apertura de nuevas minas dentro de los supuestos “parques nacionales”. En Indonesia los parques naturales no significan conservación: significan más perjuicios a la naturaleza y el empobrecimiento de las comunidades locales. Deberíamos preguntarnos por qué el gobierno estableció el parque nacional de Mount Merapi sin haber realizado estudios previos amplios y participativos. En mi opinión, los mismos problemas que ocurrieron en otras zonas volverán a ocurrir en Merapi. ¿Por qué? Porque la comunidad local y el ecosistema del Merapi son inseparables e interdependientes. Durante cientos o tal vez miles de años, las comunidades circundantes han protegido Merapi con sabiduría porque garantiza su sustento mediante su agua limpia y sus verdes árboles y porque brinda alimento, refugio y medicinas. El establecimiento del parque nacional de Monte Merapi ¿podrá resolver los problemas causados por la explotación arenera en la ladera del Merapi que a su vez ha dañado su bosque y secado sus fuentes? ¿Se preocupará la administración del Parque Nacional de la suerte de las comunidades expulsadas tras la llegada de los nuevos “inversores”? Realmente pienso que no. El sistema de parques nacionales nunca será capaz de resolver estos problemas; en su lugar, creará problemas nuevos que arruinarán aún más este hermoso lugar. Los problemas de Merapi no pueden resolverse declarando la zona parque nacional. La única forma de solucionar los problemas de la zona es dando verdadero poder a la comunidad local e integrando la administración de la zona de Merapi para que abarque a todos los interesados a través de los principios de cooperación, confianza, participación y conservación. Lo que la zona necesita es un modelo de conservación fundado en las personas, no un concepto de parque nacional que lo único que ha demostrado ser es un fracaso permanente. No dejaremos que Merapi termine engrosando la extensa lista de desastres de los parques nacionales de Indonesia y también de muchos lugares del mundo ¿no es así? Por Mimin Dwi Hartono,
Wana Mandhira-Institute for Advocacy and Environment Conservation,
correo-e: kaliurang@indo.net.id,
wamatour@yahoo.com
Laos: ¿ayuda o incitación? El desplazamiento interno y las agencias de ayuda internacional La sociedad de Laos vive actualmente un proceso de profunda reestructuración. A lo largo de la última década el gobierno de Laos ha desplazado a decenas de miles de Pueblos Indígenas de sus remotos hogares en las montañas para reasentarlos en zonas bajas y cercanas a las carreteras. Mientras que los objetivos de los programas gubernamentales son el “desarrollo” y la “reducción de la pobreza”, los impactos que sufren las comunidades reasentadas en cuanto al sustento, la seguridad alimentaria y el medio ambiente de han sido a menudo devastadores. “Decenas de miles de personas vulnerables de las minorías étnicas indígenas han sufrido y muerto debido a los impactos asociados a las iniciativas de reasentamiento interno mal concebidas y mal instrumentadas en Laos a lo largo de los últimos diez años”, escriben Ian Baird y Bruce Shoemaker en un informe reciente sobre el reasentamiento en Laos. El informe, que lleva por título
"Aiding or Abetting? Internal Resettlement and Baird y Shoemaker, quienes han trabajado en Laos durante muchos años, se preguntan si algunos organismos de ayuda no están en efecto “facilitando las violaciones de los derechos básicos de las comunidades afectadas a través de su apoyo al reasentamiento interno”. Los problemas provocados por el reasentamiento interno en Laos están bien documentados. En 1997 el antropólogo francés Yves Goudineau encabezó un equipo de investigadores que documentó tasas de mortalidad de hasta un 30% en las comunidades de montaña que habían sido reasentadas. El informe fue publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el año 2000 el Banco Asiático para el Desarrollo patrocinó una Evaluación Participativa de la Pobreza dirigida por el antropólogo James Chamberlain. Esta evaluación reveló que muchos aldeanos creen que su pobreza es de creación reciente y debida en gran parte a los programas gubernamentales que implican el reasentamiento. El informe declara que al reducir la agricultura itinerante el gobierno de Laos no ha reducido la pobreza sino que en realidad la ha aumentado. Baird y Shoemaker enumeran otros 18 estudios realizados por ONGs, organismos de la ONU y académicos que confirman los impactos sobre las comunidades reasentadas de Laos. “Que sepamos, no hay un solo estudio que informe que el reasentamiento ha beneficiado a las comunidades étnicas indígenas de Laos”, escriben. Algunas organizaciones como la Agencia Sueca para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Concern Worldwide y Canada Fund, resisten activamente los nuevos reasentamientos en Laos trabajando, por ejemplo, en aldeas remotas de montañas y demostrando así que hay alternativas al reasentamiento. Otros, sin embargo, están promoviendo activamente el reasentamiento. Finn Reske-Nielsen, representante residente del PNUD en Laos, parece no darse cuenta de las pruebas que aparecen en informes publicados por su propia organización en relación con los impactos sobre las comunidades reasentadas. Su argumento es que “el reasentamiento voluntario tiene sentido en un país tan poco poblado como Laos, donde resulta difícil acercar a las personas la educación, la salud y otros servicios esenciales”. Baird y Shoemaker señalan que el reasentamiento en Laos no tiene nada de inevitable: “Se está imponiendo a las comunidades mediante una combinación de políticas y acciones específicas en lo político, lo social y lo ambiental”. Algunas agencias de ayuda como ADB exigen que el reasentamiento logre sus objetivos a largo plazo. “La integración regional, la promoción de la forestación industrial y los cultivos comerciales y la apertura de mercados exigen el tipo de cambios demográficos en el Laos rural que el reasentamiento interno está ayudando a concretar”, afirman Baird y Shoemaker. En 2004 Sandro Cerrato, el jefe de la misión de la Unión Europea en Vientiane, elaboró un documento conceptual que exhortaba a un nuevo diálogo sobre reasentamiento entre los grandes organismos de ayuda y el gobierno de Laos. Cerrato propone que las agencias de ayuda apoyen el reasentamiento para poder hacerlo mejor. Baird y Shoemaker señalan que algunas organizaciones han criticado el documento conceptual de Cerrato por fundarse en una serie de falsas premisas. Cerrato supone que el reasentamiento disminuirá la pobreza. De hecho, según los autores el reasentamiento ha “contribuido a la pobreza a largo plazo así como a la degradación del medio ambiente en las zonas de montaña y en las tierras bajas, la alienación cultural y el aumento de los conflictos sociales”. Cerrato supone que las agencias de ayuda pueden distinguir entre reasentamiento voluntario e involuntario. Pero en el contexto de Laos es difícil notar la diferencia, alegan Baird y Shoemaker: “prácticamente todo lo que se clasifica como reasentamiento voluntario en Laos, en realidad, no surge como una iniciativa de las aldeas”. Cerrato supone que el reasentamiento es inevitable y que las agencias de ayuda no pueden proponer alternativas. Supone que más dinero y una mejor instrumentación mejorarían de algún modo el reasentamiento, aunque no hay pruebas que lo respalden. Ignora el hecho de que las comunidades de las montañas tienen derecho a decidir su propio futuro y supone que no son capaces de hacerlo. Los organismos de ayuda internacional operan en Laos sin mucha necesidad de rendir cuentas públicamente. No se enfrentan al examen de los medios de comunicación controlados por el Estado. Las agencias internacionales de ayuda rara vez tienen que justificar sus políticas o acciones ante las comunidades o instituciones locales. No necesitan preocuparse por grupos locales de observación o “guardianes” ni por la posibilidad de demandas legales cuando sus acciones terminan perjudicando a las comunidades locales Aunque Cerrato parece ignorar la gran cantidad de investigaciones sobre los impactos del reasentamiento en Laos, es inaceptable que la UE alegue que no es consciente de las consecuencias potenciales de apoyar nuevos reasentamientos en este país. Baird y Shoemaker señalan que todavía no queda claro el modo en que se desarrollará la iniciativa de la UE. Pero si ésta sigue adelante con la estructura actual, la UE podría percibirse como cómplice activo en la violación de los derechos humanos de las comunidades étnicas de las zonas de montaña de Laos. "Aiding or Abetting?
Internal Resettlement and International Aid Agencies Por Chris Lang,
correo-e: chrislang@t-online.de
Tailandia: el proyecto de “Ley de bosques comunitarios” amenaza con desalojar a las comunidades rurales que habitan zonas de conservación de bosques El proyecto de Ley de bosques comunitarios de Tailandia, que pretendía ser un marco formal para definir los derechos de las comunidades a co-administrar las zonas de bosques, ha dado un giro irónico y ahora amenaza con desalojar a las comunidades rurales, en especial los pueblos étnicos que viven en las montañas y las zonas de conservación de bosques. El 15 de setiembre de 2005, un comité conjunto de ambas cámaras parlamentarias encargado de estudiar el proyecto de ley decidió la prohibición de los bosques comunitarios en las “zonas de bosques primarios”. El comité votó a favor de la propuesta presentada por el ministro de Medio Ambiente, Yongyuth Tiyapairat, de establecer “zonas especiales de bosques” en las que se prohíben las actividades humanas, incluidos los bosques comunitarios. La decisión del comité significa que una vez que el proyecto sea ley todos los asentamientos humanos en esas zonas de bosques deberán ser desalojados. Según Yongyuth, una zona especial de bosques es aquella cuya pendiente es mayor de 30º, tiene gran diversidad biológica y está situada en zona de montaña. Hay cerca de 2,8 millones de hectáreas de ese tipo de bosques en todo el país, la mayoría situados en zonas de conservación de bosques entre las que se cuentan parques nacionales, refugios de vida silvestre, cuencas clasificadas y zonas donde la caza está prohibida. Aunque no existen cifras claras, se cree que en estas zonas, distribuidas en todo el país, viven y se sustentan un millón de familias, incluidas comunidades étnicas. Más de diez años de borradores y negociaciones entre el gobierno, grupos de comunidades locales y organizaciones no gubernamentales (ONG) desembocaron en el proyecto de ley de bosques comunitarios, que significaría que por primera vez se reconoce en la legislación tailandesa la situación legal de las comunidades que viven en y cerca de las Reservas Forestales Nacionales de Tailandia para que utilicen, manejen y protejan sus bosques en cooperación con el Real Departamento Forestal (RFD por su sigla en inglés). El proyecto de ley de bosques comunitarios es también uno de los primeros en utilizar un mecanismo constitucional que permite a las personas del lugar proponer legislación, para lo que se necesita el respaldo de 50.000 firmas. Con la ayuda de habitantes de todo el país se recogieron 52.698 firmas y a principios de 2000 se presentó al Parlamento dicho proyecto. La cámara baja del Parlamento aprobó el proyecto, pero luego la cámara alta (el Senado) lo rechazó y propuso modificaciones. Por consiguiente, éste pasó a estudio de un comité conjunto con integrantes de ambas cámaras. Permsak Makarabhirom es un académico de la Universidad de Kasetsart dedicado a los bosques. También integró otro comité que analizó el proyecto de ley y declaró que la propuesta de “zona especial de bosques” del comité parlamentario conjunto revierte la intención original del proyecto al excluir a las comunidades que viven en las zonas de bosques protegidos y viola los derechos de las comunidades que dependen de los bosques. Makarabhirom dijo que el proyecto “contradice el espíritu de la Constitución de Tailandia, cuyo artículo 46 defiende los derechos de la población local al manejo de los recursos naturales”. Hay más de 8.000 “bosques comunitarios” en todo el país, utilizados, protegidos y manejados por comunidades locales, en algunos casos a lo largo de varias generaciones. Se pretendía que el proyecto de ley legalizara estas zonas de bosques comunitarios y otorgara reconocimiento legal a los esfuerzos de los residentes locales por conservar los bosques. Sin embargo, el Real Departamento de Bosques y algunos grupos conservacionistas se han opuesto sistemáticamente a la propuesta del proyecto de ley de establecer bosques comunitarios dentro de las zonas de bosques protegidos. En su prisa por convertir bosques de reserva en zonas protegidas, el Real Departamento Forestal demarcó muchas zonas ocupadas y utilizadas por personas del lugar y las declaró parques nacionales y refugios de vida silvestre. La situación resultante es que la mayoría de las zonas protegidas de Tailandia están rodeadas o parcialmente ocupadas por una población local alienada que siente que le han arrebatado sus legítimos derechos de propiedad. El Real Departamento Forestal prefiere desalojar a las personas que viven en los bosques o imponerles severas restricciones en cuanto a su uso. No obstante, hasta ahora el enfoque del Departamento no ha logrado impedir la continua deforestación de los restantes bosques de Tailandia causada por el madereo ilegal generalizado, que involucra poderosos intereses comerciales; tampoco ha logrado brindar apoyo al sustento de las comunidades rurales. Además, los anteriores intentos del Estado de reasentamiento forzado de las comunidades que viven en los bosques más que nada han aumentado el empobrecimiento de las comunidades locales, empeorado los conflictos rurales y provocado mayores pérdidas de bosques, pues las personas desplazadas talan otros bosques de otros lugares. Varias comunidades aldeanas encuentran su sustento en la agricultura combinada con otras actividades entre las que se incluyen trabajos zafrales en zonas urbanas. La potencial generación de ingresos de los bosques comunitarios es aceptada hoy ampliamente, en particular para las familias más pobres económicamente -cuyos ingresos están limitados por sus pequeñas parcelas, el bajo nivel de educación o la edad avanzada-, que pueden acceder a los productos no madereros del bosque. Decho Chaiyapap, coordinador de los Bosques Comunitarios del Norte de Tailandia, una coalición de ONG y agricultores de esa zona, con sede en Chiang Mai, afirmó que los aldeanos no estaban de acuerdo con la resolución del comité conjunto puesto que restringe tanto su acceso a los bosques como su posibilidad de practicar la agricultura en esas zonas. “No queda claro quién ni cómo definirá específicamente las ‘zonas especiales de bosques’. Por lo tanto no podemos decir con certeza cuántas familias se verán afectadas”, dijo. Cabe también preguntarse si el comité conjunto tenía mandato legal para modificar un proyecto de ley que ya había sido aprobado por la cámara baja del Parlamento. La solicitada enviada por grupos de la sociedad civil al primer ministro Thaksin Shinawatra declara que “Las modificaciones del comité conjunto violan el anteproyecto de ley de bosques comunitarios aprobado en el Parlamento, que permite el establecimiento de bosques comunitarios en zonas de bosques protegidos”. La carta afirma también que la propuesta del comité sobre zonas especiales de bosques constituye una violación del espíritu del anteproyecto de ley de “apoyar la administración local de las zonas de bosques tanto dentro como fuera las áreas de conservación de bosques, puesto que la administración de los bosques a cargo exclusivo del Estado no solamente ha demostrado ser ineficaz sino que también ha agudizado la destrucción de los bosques de Tailandia”. Por Noel Rajesh,
Universidad de Chiang Mai, Unidad de investigación social y
ambiental (USER), correo-e: rajesh@sea-user.org
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Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
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11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
wrm@wrm.org.uy
