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AMERICA LATINA

Belice

Los pobladores defienden sus manglares

La Laguna Placencia, ubicada en el sur de Belice, separa la península de Placencia de la tierra firme. Los manglares de la laguna constituyen un componente fundamental del sistema estuarino de la península, filtran el agua, protegen la línea de costa y sirven de abrigo a un gran número de especies tropicales. Se está planeando construir una carretera elevada de dos sendas y un puente que conectarán la localidad de Independence con tierra firme y atravesarán la laguna. El proyecto no tiene en cuenta los aspectos ambientales y se ha limitado a considerar que las obras no habrán de alterar el flujo hídrico de la laguna ni amenazar la vida de los manglares.

Por el contrario, muchos de los residentes de la península de Placencia temen que la carretera afectará negativamente y en forma significativa la laguna y el arrecife de coral próximo a ella. Los medios de vida de la comunidad de Placencia dependen en alto grado de la continuidad del buen estado ambiental del área, tanto la pequeña industria comercial pesquera que ha sido la principal actividad económica de la zona durante años, como el ecoturismo. Los lugareños piensan que el proyecto será aprobado sin que previamente se realice una adecuada evaluación de impacto ambiental y que, en ese caso, no se harán cumplir los estándares ambientales durante el diseño y la construcción de la obra. Por lo tanto éstos se organizaron y recurrieron a los medios de prensa para expresar sus reclamos. Consideran que un proyecto para construir una carretera elevada de tres kilómetros de largo, que incluye además un puente de 13 metros de alto, no es el tipo de emprendimiento que pueda ser considerado útil para la comunidad ni tampoco bueno para el ambiente. (Boletín del WRM Nº 23, mayo de 1999).

La industria camaronera amenaza los manglares de laguna Placencia

En 1999 los residentes de la laguna Placencia -un cuerpo de agua superficial bordeado de manglares muy rico en fauna y flora terrestre y acuática, localizado en el sur de Belice- se organizaron para oponerse a un proyecto de construcción de una carretera elevada de doble vía y un puente que atravesaría la laguna. Las obras hubieran ocasionado un impacto ambiental severo, perjudicando el ecoturismo, que es la principal actividad de la zona, así como la pesca artesanal. Ahora una nueva amenaza se cierne sobre este rico ecosistema: la industria del camarón.

La laguna Placencia es en gran parte responsable de la existencia de aguas prístinas y de la abundancia de peces en las proximidades de la Barrera Coralina Mesoamericana, que constituye el soporte material de vida de la mayoría de los habitantes de la zona, siendo a la vez un escenario de elevado valor para el ecoturismo. Ultimamente el área ha atraído la atención de empresas camaroneras y promotores del "desarrollo". Actualmente hay instaladas en la laguna cinco empresas dedicadas a la cría de camarón. Existen proyectos para la instalación de dos más, estando ambos en la etapa de solicitud de los permisos de operación. Asimismo, dos de las ya existentes tienen planes de expandirse y están en la fase final de aprobación de sus permisos.

Teniendo en cuenta el devastador efecto de la industria camaronera en muchos otros países tropicales y las condiciones específicas del ambiente en la laguna Placencia- que dados la composición de sus suelos y geología tiene una baja capacidad de carga y una alta susceptibilidad a la contaminación- puede esperarse que la anunciada expansión lleve a un desastre ambiental. Ya en 1997 un informe preparado por el PNUD para la Oficina de Manejo de la Zona Costera de Belice advertía que la industria camaronera en la laguna Placencia se estaba acercando rápidamente a los límites de producción sustentable.

Ya se están percibiendo signos de lo que puede ocurrir en un futuro próximo. Los pobladores locales han detectado una disminución en la población de peces del área y temen que la expansión de las operaciones de esta industria, junto al incremento del desarrollo comercial y residencial, sigan degradando su ambiente y medios de vida. No obstante, el gobierno parece estar más interesado en la promoción de la cría industrial de camarón que en la protección de los manglares. La industria se beneficia de una política impositiva favorable, así como de la falta de regulaciones en lo atinente al control y la mitigación de la contaminación. En la visión oficial, las divisas generadas por las exportaciones de la industria camaronera son más importantes que la conservación de los manglares. (Boletín del WRM Nº 38, setiembre de 2000).

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Colombia

Comunidades locales afectadas por camaroneras

Desde 1982 la industria camaronera empezó a instalarse en el estuario de la bahía de Cispata, ecosistema que alberga uno de los manglares más exuberantes del Caribe colombiano. En la actualidad cuatro empresas camaroneras se encuentran plenamente establecidas en este lugar, abarcando una extensión aproximada de 700 hectáreas. El sistema productivo semi-intensivo que estas granjas aplican hace que el recambio diario de agua en sus estanques en promedio alcance hasta el 15% de su volumen, lo que obliga al vertimiento diario de grandes cantidades de agua saturada de desechos orgánicos hacia el estuario.

Luego de 14 largos años de realizar sin interrupción esta práctica, en 1996 la ciénaga de Soledad, uno de los cuerpos de agua más importantes asociados al estuario, empezó a dar las primeras muestras de desestabilización: floraciones filamentosas de algas y subsiguiente mortandad de peces y moluscos. Este fenómeno era predecible, si tenemos en cuenta que el estuario de la bahía de Cispata, por sus características hidrodinámicas, presenta un bajo nivel de recambio diario de sus aguas, especialmente las de su extremo sur-occidental. Evidentemente la misma industria camaronera asentada en el área fue la principal afectada al ver disminuir su producción, sin olvidar los graves perjuicios ocasionados a los pescadores artesanales locales.

La respuesta de las camaroneras no se hizo esperar. Lejos de generar un cambio de actitud frente a sus cuantiosos vertimientos de aguas servidas hacia el estuario, promovió e inició, con el aval de las autoridades ambientales, la construcción de un canal artificial que intercomunicaría la ciénaga de Soledad directamente con el mar Caribe para aumentar su capacidad diaria de recambio de agua a partir de los ascensos y descensos de la marea. Sin duda alguna las condiciones de calidad de agua en esta parte del estuario mejorarían, devolviéndoles a las empresas camaroneras la tranquilidad. Sin embargo, el mayor flujo de agua salada, directamente del mar, traería consigo el aumento desmedido de la salinidad en esta parte del estuario y por consiguiente la inminente penetración de la cuna salina (vía nivel freático) hacia las zonas agrícolas circundantes, las cuales sustentan cerca de 2.500 familias en nueve comunidades rurales.

Semejante despropósito motivó a las comunidades locales a denunciar los hechos ante las autoridades locales y regionales, sin lograr ni siquiera su atención. Era tanto el poder de las empresas camaroneras comprometidas, que la obra contaba con el permiso de la autoridad ambiental sin previo concepto técnico y utilizaba maquinaria de propiedad pública. Agotados todos los mecanismos legales posibles y ante la inminencia de la obra, las comunidades recurrieron a la vía de los hechos para detener por la fuerza su construcción, lo que se logró luego de varios días de lucha, en la que participaron alrededor de 400 campesinos. Ante el escándalo público suscitado por las protestas campesinas, las camaroneras desistieron del proyecto.

Vale la pena destacar los argumentos engañosos utilizados por las camaroneras para convencer a las autoridades y líderes locales, de los beneficios de su proyecto. Hablaban de "rehabilitación de caños al interior del estuario" para mejorar su funcionamiento como ecosistema y de la generación de cientos de empleos que beneficiarían a las comunidades locales pobres. Nada de eso era cierto, dado que el interés subyacente del proyecto era el de deshacerse de la basura orgánica que a diario vierten al estuario.

La suspensión del proyecto del canal hacia el mar las obligó a mejorar sus sistemas internos de gestión de desechos orgánicos, llegando inclusive a la construcción de un humedal artificial como biofiltro. A pesar de la cuantiosa inversión y de una agresiva campaña publicitaria que le significó un premio nacional de Ecología, la situación ambiental de la ciénaga de Soledad y el resto del estuario empeora cada día.

Cinco años después del primer intento de aumentar el flujo y reflujo de agua al interior del estuario, las empresas camaroneras vuelven a insistir en sus intenciones: ¿Qué pasó con el premiado biofiltro? El proyecto en esencia sigue siendo el mismo: "Rehabilitación de caños al interior del estuario", con los mismos propósitos samaritanos: generación de empleo y mejoramiento del funcionamiento del ecosistema. La gran diferencia ahora radica en que el gestor del proyecto no es la industria camaronera, sino la propia autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) y la alcaldía municipal de San Antero.

"Tenemos alrededor de 800 millones de pesos (348.000 dólares aproximadamente) para rehabilitar caños en el estuario", explica un funcionario de la CVS a las comunidades campesinas y de pescadores, en su permanente invitación a participar en el proyecto.

De llevarse a cabo el proyecto, sus efectos en los agrosistemas campesinos de nueve comunidades rurales ubicadas en los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento y Lorica serán devastadores, puesto que la regulación del cauce del río Sinú por parte de la hidroeléctrica URRA I ha disminuido significativamente el flujo de agua dulce hacia el estuario. Ante este nuevo escenario regional, la salinización de las tierras utilizadas por las comunidades locales para sus actividades agropecuarias se acelerará, induciendo el desplazamiento de miles de familias hacia las zonas urbanas adyacentes.

Ahora el interés de la industria camaronera no solo es aumentar la capacidad de flujo y reflujo de agua en el estuario, sino el de expandirse hacia las zonas agrícolas salinizadas por efecto del proyecto hidroeléctrico URRA I y la "Rehabilitación de caños" promovida por la autoridad ambiental.

Es por ello que las comunidades de campesinos y pescadores, afiliados a ASPROCIG, que ancestralmente han hecho uso de las tierras en el Delta del río Sinú, convocan a todas las personas, ONGs y Organizaciones Comunitarias de Base de todo el planeta a solidarizarse con su lucha, enviando comunicaciones de rechazo al citado proyecto ante las autoridades colombianas. (Boletín del WRM Nº 51, octubre de 2001).

Denuncia ante expansión de industria camaronera

El sistema de producción semi-intensivo aplicado en las granjas camaroneras ubicadas en el departamento de Córdoba, en la región atlántica de Colombia, provoca grandes trastornos al ambiente circundante. Entre otras cosas, implica el vertido constante de grandes volúmenes de agua saturada de desechos orgánicos dentro del estuario de la cuenca baja del río Sinú.

Los empresarios de la industria camaronera que se establecieron en este estuario en 1982, ya abarcan unas 700 hectáreas y fueron importantes promotores de la central hidroeléctrica Urrá 1. Esta central ya entró en funcionamiento, y supuso la inundación de más de 7.000 hectáreas de bosques, con un impacto directo en los medios de vida y la existencia misma del pueblo indígena Embera Katío y las comunidades de pescadores del área. Los empresarios no dan puntada sin hilo: la central hidroeléctrica regula los flujos de agua dulce con lo cual logran que aumenten los de agua salada, provocando así la salinización de las tierras adyacentes al estuario de la bahía de Cispata. Se calcula que son unas 7.200 hectáreas de tierras agrícolas las que quedan afectadas por la salinización. Las comunidades locales que las han ocupado históricamente con cultivos tradicionales de subsistencia, terminarán por abandonarlas. Y eso es justamente lo que les sirve a los empresarios: ocupar las superficies agrícolas adyacentes a los ecosistemas de manglar para instalar allí sus piscinas artificiales para la cría industrial de camarones.

Los intentos de expansión de la industria camaronera en la Costa Caribe colombiana cuentan con la complacencia y el apoyo directo del Estado a través del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Comercio Exterior. Recientemente se firmó un convenio entre entidades estatales y empresarios privados para el establecimiento de 9.000 nuevas hectáreas de estanques camaroneros en el departamento de la Guajira, al norte del país, y se prepara otro convenio similar para promover el establecimiento de 8.000 hectáreas en los estuarios de la cuenca baja del río Sinú.

La Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG), está muy preocupada con esta situación, y se plantea elaborar un conjunto de acciones para hacerle frente. Ya ha establecido intercambios con FUNDECOL, de Ecuador, quienes conocen demasiado bien los desastres causados por la industria camaronera en las zonas costeras de ese país.

La depredación es concertada. Basta con mirar cómo se repiten los diferentes sistemas de explotación de los recursos, con las mismas nefastas repercusiones sociales, ambientales y económicas. Por ello, debe también haber una concertación de fuerzas entre los afectados. En esa línea, ASPROCIG lanza su denuncia ante la comunidad internacional y se solidariza con la lucha que oponen a los intereses comerciales que pretenden arrebatarles su presente y su futuro. (Boletín del WRM Nº 59, junio de 2002).

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Ecuador

Acción de Greenpeace en defensa de los manglares remanentes

El 31 de julio de 1998, la Ministra de Medio Ambiente del Ecuador Flor María Valverde, prometió a Greenpeace que garantizaría la implementación de la prohibición permanente de corta de los manglares -a partir de 1994 el Decreto # 1907.94.b declaró ilegal la destrucción de los manglares provocada por dicha industria- por parte de la industria camaronera en el país, e investigaría evidencias de destrucción ilegal de manglares en una reserva nacional protegida.

Durante el encuentro con Greenpeace, la Ministra acordó también pedir responsabilidad al Instituto Ecuatoriano de Bosques, Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) en relación con los 745 casos de destrucción de manglares por operadores camaroneros, cuya existencia ha sido demostrada por la organización ambientalista Fundecol desde 1989. De ellos sólo cuatro han sido investigados.

Por otra parte, Greenpeace viene solicitando al entrante gobierno ecuatoriano que cumpla los acuerdos ya establecidos con la Ministra Valverde previo a la asunción de éste. "La comunidad internacional está esperando ahora ver cómo el actual y los futuros gobiernos del Ecuador habrán de evitar que tantos operadores camaroneros destruyan lo que queda en pie de los manglares del país" manifestó Gina Sánchez, vocera de Greenpeace.

A efectos de destacar frente al público la extensa e ilegal destrucción de los manglares por parte de la industria camaronera, Fundecol invitó al Ecuador a Greenpeace y su barco Rainbow Warrior.

El encuentro entre Greenpeace y la Ministra Valverde siguió a una protesta llevada adelante por activistas de Greenpeace y Fundecol en una granja ilegal de cría de camarón construida recientemente en uno de los manglares remanentes en la región de Muisne, cerca de Esmeraldas. A lo largo de los últimos diez años, la actividad de la industria camaronera determinó que de las 20.800 hectáreas de manglares quedaran en pie sólo 650 hectáreas.

Durante la protesta, el Rainbow Warrior debió permanecer en puerto. Las autoridades ecuatorianas permitieron zarpar al barco luego que el juez que entendía en el juicio contra Greenpeace fue relevado del cargo por el Presidente de la Corte Suprema. Asimismo, fue invalidada la decisión judicial que había establecido orden de prisión contra los directores de Fundecol y miembros de la tripulación del Rainbow Warrior. (Boletín del WRM Nº 14, agosto de 1998).

El gobierno intenta vender los manglares a privados

Ecuador se ve enfrentado actualmente a una situación social extremadamente delicada, resultante de una serie de impopulares medidas económicas promulgadas por el gobierno -en la línea marcada por el FMI y el Banco Mundial- las cuales derivaron en paros del sector obrero, manifestaciones de campesinos e indígenas, bloqueo de carreteras, violencia desatada en diferentes puntos del país, rumores de un posible golpe de estado y un caos generalizado en todo el país.

Entre las medidas referidas, una ha generado la cerrada oposición de parte de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades afectadas, puesto que ella habría de afectar los ecosistemas de manglar, muchos de los cuales ya han sido destruidos por la industria camaronera.

El 2 de marzo ppdo. el Presidente Jamil Mahuad anunció en cadena nacional el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley denominado Racionalización de las Finanzas Públicas que, entre otras medidas para enfrentar el déficit presupuestal, establecía que los criadores industriales de camarón que utilizaran tierras públicas debían pagar una suma por dicho uso. En los días previos varios periódicos habían advertido que tal medida estaba allanando el camino para que las compañías camaroneras adquirieran 60.000 hectáreas de tierras -aparentemente playas y bahías- ubicadas a lo largo de la costa del Pacífico. Dicha operación devengaría al erario US$ 60 millones. Asimismo el gobierno manifestó que la idea de abrir nuevas áreas para concesiones a la industria camaronera no debería ser descartada. Lo que ha sucedido hasta ahora es que las concesiones a estas empresas en la enorme mayoría de los casos (95% según Fundecol) no son otorgadas en "playas y bahías", sino en zonas de manglares, así como en áreas agrícolas. Ello fue posible gracias a la existencia de informes falsos y de una corrupción generalizada y rampante en la administración pública, que permiten a las empresas -una vez que han construido las piletas- afirmar que en la zona utilizada no existían previamente manglares ni tierras de uso agrícola.

Si bien el texto del proyecto de ley no menciona explícitamente la posibilidad de la venta de áreas costeras a empresas camaroneras, el mismo ha causado una justificada alarma entre las organizaciones ambientalistas del Ecuador y del mundo entero, puesto que no es difícil darse cuenta que es ese su objetivo final. En relación con ello, Sandra Cogliotore, Presidente de la Cámara de Acuicultura, ha manifestado públicamente: "Nosotros seremos los dueños de la tierra". Días previos al anuncio presidencial, la Cámara de Acuicultura había presionado fuertemente frente al gobierno para que el Presidente enviara el proyecto de ley al Parlamento. Representantes de la industria llegaron incluso a discutir los contenidos del texto con el Ministro de Comercio, la Subsecretaría de Pesquería y la Dirección de Marina Mercante (DIGMER).

La sociedad civil reaccionó rápidamente frente al proyecto, solicitando apoyo a nivel internacional para protestar contra tal medida, que empeoraría todavía más la de por sí frágil situación de los manglares en Ecuador y, además, legalizaría la flagrante ilegalidad y las prácticas depredatorias con que la industria camaronera ha venido actuando desde siempre. Paradójicamente, la propia crisis económica en la que el país está sumergido como resultado de las medidas económicas señaladas, ha frenado, al menos por ahora, el proyecto. "Nos parece adecuado pagar US$ 1.000 por hectárea, pero es necesario discutir acerca del plazo y la forma de pago. Actualmente nadie tiene fondos como para pagar US$ 1.000 la hectárea . . ." manifestó la Cámara de Acuicultura. Los graves sucesos políticos acaecidos y la agitación social imperante últimamente han desviado del tema la atención de los políticos. Sin embargo, el riesgo todavía está latente.

Estos hechos dan lugar a algunas reflexiones. En primer término debe destacarse la actitud del gobierno ecuatoriano. El mismo no ha vacilado en literalmente vender al mejor postor los recursos naturales del país -en este caso los manglares- a efectos de mostrar su disposición a cumplir los mandatos de las instituciones financieras internacionales, que están exigiendo un "presupuesto fiscal equilibrado". Desde su punto de vista, la economía del país está completamente divorciada del uso sustentable de los recursos naturales. En cuanto a la propia industria camaronera, debemos decir que tras haber obtenido grandes ganancias a través de la depredación de los recursos costeros, ahora procura mostrar que está cooperando con el "desarrollo", teniendo en cuenta que el camarón es un importante rubro de exportación del país. La actual situación es ideal para la industria, porque puede derivar en que termine siendo dueña de una importante superficie de manglares, condenados a desaparecer para ser sustituidos por granjas camaroneras. Las poblaciones costeras no son tenidas en cuenta en decisiones como las que el gobierno acaba de proponer. Por el contrario, la mayor parte de la infraestructura de la industria camaronera ha ocupado y destruido áreas comprendidas en territorios ancestrales -por ese entonces la ONG ambientalista Fundecol ya tenía registrados 745 casos de destrucción de los manglares- hasta entonces ocupados y manejados en forma sustentable por comunidades tradicionales que allí encontraron alimento y albergue. Lo que es más, el impulso que quiere darse a la industria camaronera -lo que equivale decir, a la destrucción del manglar- ignora que los manglares constituyen barreras naturales protectoras frente al aumento del nivel del Océano Pacífico. Las inundaciones acaecidas durante 1997 y 1998 como consecuencia del fenómeno de "El Niño" han demostrado qué puede esperarse suceda en las zonas costeras si los manglares siguen desapareciendo, debido a la irresponsabilidad de las autoridades y a la codicia de un reducido pero poderoso e influyente grupo de empresarios.

Gracias a la oposición de varias organizaciones ambientalistas y comunitarias, el artículo del proyecto que se refería a la privatización de los manglares fue rechazado por el Parlamento. La lucha se vio facilitada por el hecho que los industriales camaroneros, que se ven enfrentados al problema provocado por la enfermedad de la mancha blanca, entendieron que el precio de US$ 1.000 por hectárea que figuraba en el proyecto de ley -a ser pagado una única vez por un contrato de 25 años de ocupación (US$ 1.500 para lo ocupantes ilegales)- era demasiado alto. Es interesante destacar que un reciente decreto del Ministerio de Medio Ambiente, referido al establecimiento de sanciones a la corta ilegal de los manglares, establece que a los fines de las multas el valor del manglar es de US$ 13.000 al año. Esta cifra es considerablemente mayor que la de US$ 1.500 la hectárea manejada en el polémico proyecto de ley, lo que muestra que el gobierno ecuatoriano tiene dos formas bien diferentes de valorar los manglares. ¿Por qué será? (Boletín del WRM Nº 21, mayo-junio de 1999).

Iniciativa de replantación de manglares

Los exuberantes manglares de la costa del Pacífico ecuatoriano han estado sufriendo durante mucho tiempo los efectos de la producción industrial de camarón, la cual, junto a la visión cortoplacista y el irresponsable comportamiento del gobierno al respecto, es causante de la destrucción de este ecosistema de gran valor en materia de biodiversidad, fuente de medios de vida para las comunidades locales y protección de la costa.

ONGs ambientalistas ecuatorianas e internacionales han expresado reiteradamente su preocupación por este destructivo proceso. Ahora Mangrove Action Project (MAP) y la ONG ecuatoriana FUNDECOL se encuentran llevando a cabo un proyecto para restaurar los alguna vez magníficos manglares de Muisne. MAP es una red mundial que ha conformado una activa coalición para abordar los serios problemas vinculados con la pérdida de los manglares a nivel mundial.

Este proyecto específico se propone llamar la atención a nivel nacional acerca de la destrucción de los manglares y de las necesidades de las comunidades locales; apoyar las iniciativas locales para el uso sostenible de los manglares; llamar la atención de los medios de comunicación respecto de la difícil situación de las zonas costeras; rehabilitar manglares degradados por la industria camaronera; identificar cuestiones que podrían beneficiarse con este tipo de acción; educar a voluntarios provenientes de todo el mundo, quienes ganarán tanto en experiencia como en conocimiento.

El proyecto cuenta con un presupuesto restringido e implica un elevado compromiso voluntario. L@s participantes se integrarán a un importante trabajo de restauración ambiental, a la vez que se encontrarán y trabajarán junto a algunas comunidades locales del Ecuador que ya están dedicadas a la restauración del manglar. (Boletín del WRM Nº 36, julio de 2000).

Acción por los manglares de Guayas

La cría industrial de camarón constituye una causa directa de la deforestación de los manglares en la zona tropical. En Ecuador, el nivel de destrucción provocado por el boom camaronero de los '70 a mediados de los '80, sigue sin disminuir, pese a que en 1995 se aprobó una ley para la protección de los manglares. Hoy en día hay en ese país 207.000 hectáreas de piscinas de producción de camarón, que han afectado gran parte de la superficie de manglares originalmente existentes y a prácticamente todos los estuarios de la costa del Pacífico. Las economías locales han quedado desarticuladas. Los sucesivos gobiernos han venido apoyando esta destructiva actividad -promocionada como la "Revolución Azul"- otorgando concesiones para el uso del suelo, construyendo infraestructura para permitir el transporte de los productos, ofreciendo subsidios, etc. La Ley "Troley", aprobada en agosto del año pasado, estableció que los actuales beneficiarios de concesiones en manglares y playas donde se han construido piscinas pueden convertirse en propietarios de la tierra. Ello significaba la completa pérdida de soberanía del estado ecuatoriano sobre un recurso tan valioso como éste. En el mes de noviembre, por presión de las comunidades de base, de las organizaciones sociales y ambientalistas esta ley fue llevada al Tribunal Constitucional y en el mes de Diciembre, 22 artículos fueron eliminados por considerarlos inconstitucionales. El artículo 164 fue declarado inconstitucional y por lo tanto removido de la ley.

Recientemente, miembros de una asociación local de cangrejeros han denunciado un nuevo caso de destrucción, esta vez en la Parroquia Naranjal, ubicada en la Provincia de Guayas, al este del país. En una localidad denominada Granja del Mar, cerca del río San Pablo, se están cortando los manglares para construir piscinas camaroneras.
Ello está sucediendo a pesar del hecho de que en julio de 2000 la Asociación de Cangrejeros "6 de Julio" recibió por parte del Ministerio de Medio Ambiente una concesión para el uso de 1.666 hectáreas de manglar. Grande fue su sorpresa al comprobar que su concesión -obtenida en forma legal- estaba siendo invadida por personas presumiblemente vinculadas a la industria camaronera, quienes ya han destruido 70 hectáreas de manglar con la finalidad de instalar infraestructura para dicha producción. Los habitantes de la zona han solicitado la intervención de las autoridades ambientales y de la Oficina Forestal de Guayas, pero hasta ahora nadie ha tomado cartas en el asunto. Entretanto la destrucción continúa.

La Coordinadora Nacional Ecuatoriana para la Defensa de los Manglares -que agrupa a las comunidades organizadas de usuarios ancestrales del manglar de la costa ecuatoriana, algunas ONGs que trabajan en el área y personas solidarias con la defensa, conservación y recuperación de este ecosistema- está solicitando la solidaridad internacional para defender este valioso ecossitema, que constituye también la fuente de vida para una comunidad local. (Boletín del WRM Nº 43, febrero de 2001).

Manglares y camaroneras

Hace más de 30 años se inició la destrucción de los manglares para construir piscinas en playas y bahías. Según datos del ex INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal, de Areas Naturales y de Vida Silvestre) y de la Cámara Nacional de Acuacultura, en enero del 2000 había 207.000 hectáreas o 170.000 hectáreas, respectivamente, de piscinas camaroneras, de las cuales 50.454 hectáreas son las que operan lícitamente. El resto son ilegales. En la provincia de Esmeraldas, donde se encuentran los manglares mejor conservados y más altos del mundo, más del 90 % de las piscinas instaladas son ilegales. Datos oficiales del CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos) muestran que en 1984 había 89.368 hectáreas de piscinas camaroneras, lo que indica que la expansión camaronera en 16 años se incrementó en 117.632 hectáreas.

Los camaroneros no sólo se benefician del patrimonio natural de los ecuatorianos sino también de la debilidad de su política oficial. En junio de 1985, el gobierno declaro de interés público la conservación de los bosques de manglar; en septiembre del mismo año la Subsecretaria de Pesca suspendió cualquier licencia para practicar la maricultura en la región del manglar; en noviembre de 1986, el Gobierno declaró bosques protectores 362.742 hectáreas de manglar y pampas salinas. Pero las regulaciones legales no tuvieron peso, ya que el período que va desde 1984 a 1999 es el de mayor pérdida de manglar y mayor crecimiento de piscinas camaroneras.

En este proceso de depredación del manglar, miles de familias que tradicionalmente han dependido de este ecosistema se ven afectadas por la pérdida de su cultura y del entorno que hace posible su reproducción social y económica. Son más de 30 años de impunidad y de violación de las leyes vigentes en el país.

En los dos últimos años, la industria camaronera se ha quejado de los problemas que afectan a esta actividad, culpando al virus de la Mancha Blanca de todos sus males económicos por la disminución de la producción de camarón. Lo que no se dice y no se quiere reconocer es que la irresponsabilidad con la que se actuó para favorecer el enriquecimiento de los camaroneros provocó la destrucción del manglar.

Hoy los camaroneros se disponen a dar otro asalto contra la naturaleza con la instalación de piscinas camaroneras en tierras altas, lo que provocará la salinización de suelos agrícolas y de agua dulce. De permitirse ese emprendimiento, en muy poco tiempo Ecuador enfrentaría desastres ambientales como la pérdida de tierras agrícolas por salinización del suelo, contaminación de agua dulce superficial y subterránea, cambios en la estructura física, química y microbiológica del suelo, pérdida de la biodiversidad terrestre y acuática, en aras de rescatar al sector camaronero.

La prensa nacional, los agricultores, centros de estudios superiores, autoridades locales, campesinos y ciudadanos de diversos sectores han manifestado su protesta y rechazo a esta actividad que atenta contra el medio ambiente y han reclamado el legítimo derecho de los agricultores a mantener su actividad sin la competencia y el perjuicio ocasionado por los camaroneros.

También hay que advertir acerca de los impactos sociales que se generarían por la competencia entre acuicultores y agricultores, así como los problemas en la utilización del agua para consumo humano y agricultura. Privilegiar lo económico, destinado a satisfacer la demanda de los países desarrollados, sobre la producción de alimentos para el consumo del pueblo ecuatoriano supone un atentado a la soberanía alimentaria nacional.

Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. El consumo de camarón saltó de 0,2 libras por persona a más de 3 libras en 1999, y ha aumentado constantemente desde 1996, cuando el promedio anual era de 2,50 libras.

Con relación a los impactos sobre la salud, Greenpeace Austria, conjuntamente con Greenpeace Alemania, envió a los medios de prensa una publicación denunciando los efectos de los antibióticos aplicados a los camarones, y en especial del cloranfenicol que, independientemente de la concentración, puede causar efectos tan fuertes que provoquen incluso la muerte.

Los diversos elementos de la acuicultura puestos al descubierto dan una perspectiva nefasta de esta actividad:

- Destrucción de los manglares para la construcción de piscinas en playas y bahías
- Piscinas de la industria camaronera que operan ilegalmente
- Treinta años de impunidad y de violación de las leyes vigentes en el país
- Instalación de piscinas camaroneras en tierras altas
- Atentado a la soberanía alimentaria de los pueblos
- Impactos en la salud de los consumidores

En ese contexto, la organización ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica está propiciando el no consumo de camarón producido en cautiverio en los países tropicales, como forma de proteger activa y solidariamente a los manglares y a los pueblos que de ellos dependen. (Por: Alfonso Román, Boletín del WRM Nº 51, octubre de 2001).

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Guatemala

Empresa camaronera genera violencia y muerte

Los pescadores del puerto de Champerico en la costa del océano Pacífico luchan actualmente por su supervivencia contra la empresa Camarones S.A (Camarsa) y su subsidiaria Pesca S.A., dedicadas a la cría comercial de camarón.

Aunque Camarsa ha estado operando en el área desde 1959, fue recién en 1995, con la llegada de un nuevo dueño, Domingo Moreira, que surgió el conflicto, que incluye el cierre del acceso a los esteros utilizados por los pescadores locales, y que les impide acceder a su área de pesca tradicional.

La situación eventualmente dio lugar a la realización de una reunión con los representantes de Comarsa a comienzos de mayo de este año, en el que los pobladores locales solicitaron que la firma retirara el cerco. No se llegó a ningún acuerdo y como resultado, unos quinientos pescadores decidieron en forma inmediata romper el cerco en tres lugares diferentes. Tres pescadores fueron arrestados por la policía y el resto tomó a un representante de la empresa como rehén ofreciendo entregarlo a cambio de la liberación de los tres pescadores arrestados.

Después de una larga negociación, las autoridades acordaron liberar a los pescadores arrestados y el representante de la compañía fue dejado en libertad por los pobladores locales. Sin embargo, casi inmediatamente, los guardias de seguridad de la compañía y la policía atacaron a los manifestantes y mataron a un adolescente de 14 años, Moytin Castellanos. Otros cuatro pescadores también resultaron heridos con armas de fuego.

Esta no es la primera vez que pescadores locales son agredidos con armas de fuego. Los bomberos voluntarios de la estación de Champerico informaron que durante los últimos cuatro años han tenido que tratar al menos cinco casos de pescadores heridos por los guardias de seguridad de la empresa. También informaron sobre muchos casos de personas heridas por el "mezquite", una planta espinosa utilizada por la empresa para impedir el acceso a los esteros y a las piscinas camaroneras.

Según las declaraciones realizadas a la prensa local por las personas afectadas, la compañía paga salarios miserables y se ha apropiado de un espacio que no le pertenece. Además, ha cerrado el acceso a esteros públicos, que los pescadores usaban para alimentar a sus familias. La ONG local Trópico Verde ha encontrado pruebas de que la empresa está operando ilegalmente, ya que no ha cumplido con el requisito legal de realizar los estudios de impacto ambiental correspondientes. La empresa ha cortado durante años áreas de manglares, lo que está prohibido por la Ley Forestal de 1996.

Después del grave enfrentamiento en que resultara muerto Moytin Castellanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Champerico estableció un comité de negociación integrado por el Gobernador del Departamento de Champerico, el comandante de la Base Aérea, el Procurador de los Derechos Humanos, seis representantes y una firma de abogados de la firma camaronera y treinta y dos representantes de los pescadores además de Trópico Verde.

El proceso de negociación dentro de la mencionada comisión fue interrumpido el 21 de mayo, cuando los delegados de Camarsa exigieron que los campesinos probaran los daños causados a los esteros por sus actividades. Al día siguiente, cientos de peces aparecieron muertos en uno de los esteros utilizado por Camarsa. Los pescadores temen que la empresa haya envenenado el agua con algún producto químico y enviaron muestras de agua y pescados a distintos laboratorios.

Actualmente Camarsa está gastando grandes sumas de dinero en la prensa acusando a los pescadores por interrumpir las negociaciones, mientras al mismo tiempo, divulga un video sobre los enfrentamientos en Champerico en el que los pescadores son mostrados como delincuentes.

Existe una situación muy tensa hoy en Champerico. Los pescadores están organizando nuevas manifestaciones y los pobladores locales temen que nuevamente tenga lugar una violenta represión policial contra los manifestantes. (Boletín del WRM Nº 46, mayo de 2001).

Seguridad para los camarones, inseguridad para la comunidad local

Desde principios de mayo, la comunidad de Champerico ha estado denunciando la contaminación de los esteros, la tala de manglares (actividad prohibida por la Ley Ambiental), el cierre de acceso a los esteros públicos, la represión contra los pescadores (cerca del 70% de la población local se alimenta de la pesca) y la muerte de peces provocada por Camarones del Sur, S.A. (Camarsa) en sus operaciones.

La comunidad ha venido demandando, desde que se creó la Comisión para la resolución de conflictos integrada por altos funcionarios de gobierno, el cese inmediato de las operaciones de Camarsa debido a las graves irregularidades que la empresa realiza en su operación.

Dicha Comisión se reunió con representantes de la comunidad, sin presentar ningún resultado concreto. Los avances han sido casi inexistentes y la camaronera continúa operando, a pesar del compromiso que adquirió la Comisión de investigar inmediatamente las denuncias realizadas por los pobladores. La frustración del pueblo de Champerico, que exige respuestas contundentes ante la impunidad con que ha actuado Camarsa, no se ha hecho esperar.

En la protesta organizada por la población -que terminó con graves disturbios- murió Fernando Chiyoc y otras siete personas resultaron con heridas de bala, provocadas por los disparos de los encargados de la seguridad de Camarsa. Hasta el momento ha sido detenido el norteamericano Mike Corser, ingeniero de Camarsa, junto con nueve guardias de seguridad de la empresa, acusados de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, la población teme que éste no sea más que otro caso que quede en la impunidad. Los hechos que se han dado son gravísimos, y aún no se han escuchado respuestas convincentes por parte de ninguna autoridad responsable.

Como si ésto no fuera suficiente, los delegados de Camarsa suspendieron las negociaciones exigiendo que los pobladores debían previamente presentar pruebas de los impactos causados por las actividades de la empresa. Sin embargo, la ONG local Trópico Verde, plantea que "según las leyes ambientales guatemaltecas [Decreto Legislativo 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y Ley Forestal, Decreto 70-89, Reglamento, Acuerdo Gubernativo 961-90], la actividad camaronera tiene la obligación de estudiar los impactos que va a causar, proponer medidas de mitigación y llevarlas a la práctica. En otras palabras, las leyes guatemaltecas presumen que una actividad de esta naturaleza puede producir daños al ambiente, por lo que Camarsa no tiene ninguna justificación para pedir que terceras personas demuestren la contaminación que produce.

A pesar de lo anterior, Trópico Verde junto con los pescadores artesanales de Champerico realizaron varias investigaciones en las que se pudo comprobar que existe contaminación en los esteros y un grave incumplimiento de las leyes ambientales del país. El estudio completo "Los impactos de la actividad camaronera en Champerico, Retalhuleu, Guatemala" se encuentra disponible en nuestra página web.

Hasta ahora el gobierno intenta echar una cortina de humo sobre el problema en vez de solucionarlo. Entran aquí en juego los intereses de la empresa, cuyas presiones son evidentes. Mientras tanto, la contaminación de la camaronera y la violación de las leyes de Guatemala continúa y las dos mil familias afectadas de Champerico viven una difícil situación provocada por la impunidad con que actúa Camarsa. (Boletín del WRM Nº 48, julio de 2001).

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Honduras

Acción para proteger manglares y humedales de la cría de camarón

Honduras tiene la obligación, tanto por las leyes nacionales como internacionales, de proteger 75.000 hectáreas de humedales en el Golfo de Fonseca. En mayo de 1999, en la Convención de Ramsar sobre Humedales y a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el gobierno hondureño obtuvo para los Humedales Costeros del Golfo de Fonseca la designación de "Sitio 1000 de Ramsar".

A pesar de eso, Honduras no cumple con su obligación de proteger el "Sitio 1000 de Ramsar". Por lo tanto CODDEFFAGOLF (una organización de base de Honduras) e ISA Net (Red de Acción contra la Producción Industrial de Camarón) están reclamando al gobierno de Honduras que cumpla con las obligaciones que le imponen las leyes tanto nacionales como internacionales. Es difícil hacer un cálculo exacto de la cantidad de hectáreas afectadas por el daño, porque esas zonas están custodiadas por pistoleros a sueldo armados con AK47.

Hasta ahora se han autorizado proyectos de cría de camarones y corte de manglares dentro de las zonas protegidas por la Convención Ramsar. Como consecuencia, se han secado algunos de esos humedales protegidos del Golfo de Fonseca. En "La Aguadera", Punta Ratón, donde se localiza el proyecto "Zona de ordenamiento de hábitats y especies de San Lorenzo", se concluyó un proyecto de cría de camarones que ocupa varias hectáreas de hermosos manglares. Se cortaron árboles en "El Gorrión", sitio del proyecto "Zona de ordenamiento de hábitats y especies de Las Iguanas y Punta de Condega". En la "Zona de ordenamiento de hábitats y especies de La Berberia" se destruyeron varias zonas de manglares y humedales como "Los Comejenes" para construir estanques para cría de camarones. El uso constante de la autopista a lo largo de la laguna de La Berberia, que bordea la frontera con Nicaragua, ha provocado graves daños al ecosistema costero.

A fines de marzo pasado, varios hombres que estaban cortando árboles con el uso de tractores en la zona de "El Carey", amenazaron a miembros de CODDEFFAGOLF y expulsaron a dos funcionarios del gobierno de la Oficina del Fiscal de Medio Ambiente, quienes intentaron detenerlos. Los funcionarios gubernamentales volvieron cinco días después con un grupo de policías, encontraron a los hombres realizando las actividades de corta con cuatro tractores y lograron detenerlos momentáneamente, pero más tarde los volvieron a encontrar cortando árboles y ahora con seis tractores. Los individuos se ufanaron de que nadie podía detenerlos porque estaban "bien protegidos".

Frente a esa situación, CODDEFFAGOLF e ISA Net exhortaron a participar en una campaña de conservación de estos humedales. (Boletín del WRM Nº 33, abril de 2000).

La oposición contra las granjas camaroneras gana terreno

Después de aproximadamente 9 meses de haber denunciado la destrucción de humedales en "El Carey", Marcovia, Choluteca; después de varios meses de que miembros de CODDEFFAGOLF (una organización ambientalista local), junto con miembros de la Procuraduria del Ambiente fueran expulsados bajo amenazas de ese sitio; después de varios meses de haber solicitado la solidaridad internacional en este caso; después de un par de meses de haber tenido la visita de un funcionario de Ramsar y, a pocos días de anunciar una movilización de pescadores y campesinos hacia la ciudad de Choluteca, cerca de las costas del Golfo de Fonseca, CODDEFFAGOLF ha anunciado una Movilización Pacifica Popular, cuyos resultados hasta el momento han sido los siguientes:

- El 29 de noviembre, una de las propietarias de la finca camaronera en "El Carey" fue arrestada y puesta a las órdenes del juzgado competente en Choluteca. Hay rumores de que su esposo, el Sr. Antonio García podría haberse refugiado en un hospital, alegando ser victima de una grave enfermedad.

- El diputado Victor Argeñal, quien ha cercado varias hectáreas de manglar para hacer granjas camaroneras en Guapinol, Choluteca, dejó saber su interés en conversar con el CODDEFFAGOLF sobre dicho asunto. Se le respondió que el diálogo debía de ser con la comisión para la conservación de los manglares fundada desde hacía unos tres años.

- La compañía camaronera "Granjas Marinas San Bernardo", por medio de su Gerente Ing. Héctor Corrales, ha llamado a ejecutivos de CODDEFFAGOLF, tratando de intimidarlos y expresándoles que las denuncias de CODDEFFAGOLF son mentiras.

- También hay informes no oficiales de que la Sub Secretaría del Ambiente le ha negado por el momento la Licencia ambiental a "Granjas Marinas San Bernardo" y a "Hondufarms"; mientras la Ministra del Ambiente Xiomara Gómez ha expresado su interés en discutir este asunto junto con ejecutivos de las empresas mencionadas y con CODDEFFAGOLF.

- Personal de "Granjas Marinas" ha entrado en contacto con los pescadores para tratar de convencerlos sobre la "necesidad" imperiosa de apoyar a esta poderosa compañía, -que ha contaminado la zona con miles de toneladas de desechos orgánicos provenientes directamente de las aguas servidas de más de tres mil hectáreas de estanques en operación- y al mismo tiempo hostiga constantemente a los pescadores que se acercan a los manglares que limitan con su concesión.

Aunque las granjas camaroneras continúan siendo un grave problema, parece que las cosas están mejorando, por lo menos en lo referente a un control más estricto por parte de la sociedad y en un grado menor por parte del gobierno, que se le está imponiendo a esta industria, que ya ha destruido grandes áreas de bosques en Honduras y a lo largo y ancho de la región tropical. (Boletín del WRM Nº 41, diciembre de 2000).

Involucramiento del Banco Mundial en la destrucción de manglares

La cría industrial de camarón es una de las principales causas de pérdida de los manglares en la zona tropical. Si bien los agentes directos de tal destrucción son las empresas privadas, es importante destacar que los gobiernos y las agencias multilaterales de ayuda juegan un activo papel en allanar el camino para que esto suceda.

La expansión de la empresa camaronera "San Bernardo Marine Farms" (SBMF) en el Golfo de Fonseca, en Honduras, está provocando profunda preocupación. En junio de 1999 la Corporación Financiera Internacional (IFC) -agencia del Banco Mundial para el sector privado- concedió un préstamo por US$ 6 millones a SBMF, compañía cuyas acciones mayoritarias están en manos de inversores estadounidenses. La justificación para el préstamo fue aparentemente la "reactivación de la producción camaronera y la recuperación frente a los daños causados por el Huracán Mitch". Tales argumentos no parecen ser muy sólidos. En primer término, porque tiene poco sentido en relación con la prevención contra catástrofes naturales -tales como huracanes- apoyar una actividad que implica la destrucción del manglar el cual, entre otras valiosas funciones, actúa justamente como barrera natural para la protección de la línea de costa. En segundo término, porque la infraestructura propiedad de la compañía no fue en realidad severamente dañada por este fenómeno climático, de modo que los fondos frescos van a ser utilizados para la expansión de sus operaciones, provocando así más impactos ambientales negativos sobre los humedales vecinos y los medios de vida de las comunidades de pescadores locales.

Como consecuencia de la lucha de los pescadores del Golfo y de las organizaciones que los apoyan en la protección del ecosistema local y para frenar el desarrollo de las camaroneras, el área fue declarada a fines de 1999 como Sitio Ramsar. No obstante la IFC no tuvo en cuenta esto, ni tampoco los propios lineamientos ambientales del Banco Mundial. De modo que la IFC es también responsable por el conflicto social y la destrucción ambiental generados por el proyecto. Recientemente, miembros de las comunidad local, que llevaron adelante una acción de corte de las rutas de acceso a las instalaciones de SBMF, fueron objeto de una salvaje represión por parte de la policía nacional. Por otra parte, la Evaluación de Impacto Ambiental realizada para obtener el permiso ambiental correspondiente con el fin de expandir las operaciones de la camaronera ha sido severamente cuestionada.

El Grupo Banco Mundial -al que pertenece IFC- tiene una serie de lineamientos en materia de protección ambiental. A pesar de ello, al otorgar los fondos para la inversión, la IFC parece haber optado por ignorarlos. ¿El Banco Mundial hará algo para que la IFC cumpla con sus propias reglas? (Boletín del WRM Nº 45, abril de 2001).

La destrucción camaronera

Las aguas del océano Pacífico penetran en territorio de Honduras, Nicaragua y El Salvador por una entrada de 35 km., que forma una masa de agua de 3.200 kms2 conocida como el Golfo de Fonseca, con 261 km. de costa.
En sus costas se observan diferentes tipos de humedales, como los bosques de mangle, irrigados periódicamente por las mareas. Un inventario forestal de 1987 indicaba que en ese año había en el sector hondureño del golfo 47.000 hectáreas de manglares.

A principios de 1973 surge la industria del cultivo de camarón en los humedales del golfo, con un sistema de cultivo semi-intensivo, con densidades de siembra de 10 a 30 poslarvas por metro cuadrado y llevando el cultivo desde la fecundación en laboratorios hasta la cosecha en estanques.

Pocos años duró la aplicación de este sistema de reproducción de "ciclo cerrado", que fue sustituido por la captura de poslarvas silvestres de camarón en los humedales y esteros. En 1995, 3.000 personas, principalmente niños, se dedicaban a la extracción de poslarvas para las fincas camaroneras. Sin embargo, la oferta no alcanzaba para la creciente demanda de poslarva y se establecieron criaderos para satisfacerla.

Surgió entonces la camaricultura, un emprendimiento privado que contó con el apoyo financiero de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), el Banco Mundial y el Gobierno de Honduras. Se inicio así el boom camaronero.

Entre 1973 y 1989 la industria creció rápidamente. No obstante, en 1989 se exportaron 5 millones de libras de camarones frente a los 9 millones esperados, lo que coincidió con la aparición de la enfermedad "síndrome de la Gaviota", que diezmó los camarones. Entre 1990 y 1995 aumentó la explotación industrial a 12.000 hectáreas, pero descendieron las exportaciones -de 20 millones de libras en 1993 a 15 millones en 1995-, atribuible al "virus de Taura". En 1998, la expansión llegó a 16.000 hectáreas, pero la exportación siguió en15 millones de libras.

En 1999 apareció en el Golfo el "virus de la mancha blanca", originario de Asia, que hizo estragos en la producción de camarón. Entre 1999 y 2000, millares de hectáreas de fincas camaroneras fueron abandonadas, varias empacadoras de camarón cerraron y cundió el desempleo. Casi todos los pequeños camaroneros cerraron operaciones y estuvieron a punto de perder sus bienes debido a sus deudas con los bancos. Sin embargo, las grandes camaroneras capearon la situación gracias a los multimillonarios préstamos provenientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

Las enfermedades importadas por la acuicultura no solo impactaron sobre la cría industrial de camarón, sino que también han afectado severamente la diversidad biológica y las pesquerías marinas. A su vez, la pérdida de hábitats para las aves nativas y migratorias ha sido significativa y también ha perjudicado a otras especies de fauna.

La captura de poslarvas de camarón para satisfacer los billonarios requerimientos de las fincas de engorde también tiene graves impactos. Se trata de la captura de poslarvas silvestres de camarón junto con otras especies llamadas "fauna de acompañamiento" (by catch), la cual es aniquilada después de seleccionarla, aplicándole productos químicos que no dañan al camarón pero matan a las otras especies (9 acompañantes por cada poslarva de camarón que se captura). La demanda de la industria puede ser superior a los 4 billones de poslarvas, por lo que el sacrificio de larvas de otras especies ¡supera los 36 billones!

Adicionalmente, los desperdicios que salen de las empacadoras son lanzados directamente a los esteros donde, al acelerar procesos de fermentación, causan mortandades en poblaciones de numerosas especies. Otros desperdicios son lanzados directamente a la orilla de las carreteras o a campo abierto, donde causan contaminación atmosférica.

En varios sitios, la instalación de camaroneras ha implicado la prohibición de ingresar a los manglares, lagunas, estuarios y al golfo. Para las poblaciones locales, ello implica la pérdida de acceso a sus fuentes tradicionales de alimento, de leña y de ingresos, por lo que deben ingresar "ilegalmente" a dichas áreas, evadiendo los controles establecidos por las empresas. El resultado ha sido que entre octubre de 1992 y mayo de 1998, en los manglares y estuarios cercanos a las fincas camaroneras aparecieron nueve pescadores asesinados a balazos. Su muerte se relacionó con los vigilantes de las fincas.

A pesar de las manifestaciones públicas de protesta, de las numerosas denuncias ante las autoridades respectivas y ante la prensa nacional, estos asesinatos ni siquiera han sido investigados y han quedado en la impunidad.

La pregunta que se genera entre los pescadores es: "Nos expulsaron de las montañas, nos expulsaron de los valles y si ahora nos expulsan de las costas y del mar, ¿a dónde vamos a ir"? (Boletín del WRM Nº 51, octubre de 2001).

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México

¿Manglares o camaroneras y canchas de golf?

El municipio de San Blas, en Nayarit, México, está viendo con preocupación cómo el exagerado desarrollo de la cercana localidad de Puerto Vallarta ha atraído la atención de grandes consorcios inversores y estimulado las ambiciones de políticos e importantes funcionarios del gobierno, teniendo como resultado el acaparamiento de tierras privadas y federales, así como de manglares, para darles un destino comercial.

Actualmente ya se están llevando adelante varios proyectos de camaroneras, que abarcan miles de hectáreas. Uno de particular relevancia es el proyecto de "Granjas Aquanova S.A." de la Compañía C.V., que ya ha tenido un efecto devastador sobre el ecosistema de la región, contaminando los estuarios con aguas servidas y deforestando vastas áreas de manglares. Esta compañía tiene además entre manos otro proyecto, que cuenta con el apoyo de los gobiernos estatal y federal, el cual habrá de destruir miles de hectáreas más.

En el sector del turismo se están negociando dos megaproyectos, que ocuparían un área de más de 3.500 hectáreas de Zonas Federales y manglares para la construcción de seis canchas de golf, más de diez hoteles de lujo, marinas, etc. Todo esto habrá de suceder con el consentimiento de las autoridades locales, que actualmente están reprimiendo a las organizaciones locales para que acallen sus denuncias, argumentando que las demandas de las organizaciones de base tienen un tinte político. Durante los últimos dos años las ONGs locales han hecho todo lo posible para obstaculizar y demorar el avance de tales proyectos.

Hace unos treinta años llegaban a estas playas miles de tortugas marinas para depositar sus huevos cada año. Pero ahora se han ido para siempre! Si los manglares son transformados en camaroneras y canchas de golf, lo mismo sucederá con todas las especies de aves migratorias.

A raíz de esta situación, la ONG local "Grupo Ecológico Manglar", con sede en San Blas, solicitó el apoyo de la comunidad internacional:

"Somos concientes de las muchas solicitudes de ayuda que les llegan de todas partes del mundo y del tiempo que les demanda prestarles atención. Pero dado el escaso éxito que hemos tenido hasta ahora formulando denuncias y llevando adelante acciones legales a nivel del gobierno, sentimos que no nos queda otra alternativa y nos damos cuenta que los intereses creados y la corrupción que afrontamos es de proporciones internacionales. Sentimos que nuestra única opción es recurrir a las agrupaciones ecologistas internacionales, abocadas a la defensa de la salud del Planeta, y solicitarles que intervengan por esta causa, dada la importancia que estos humedales tienen en la cadena alimenticia y para el futuro de la vida sobre la Tierra. Les agradecemos su atención y esperamos tener pronto noticias de ustedes". (Boletín del WRM Nº 11, abril de 1998).

El turismo y la industria camaronera destruyen los manglares

La expansión del turismo ha significado un aumento de las posibilidades de disfrute del tiempo libre para muchas personas en el mundo. Sin embargo, el turismo generalmente trae consigo consecuencias negativas desde el punto de vista social y ambiental, más aún en el caso del frágil ecosistema del manglar.

Los manglares y las playas de la costa del Caribe en México -conocida como la Riviera Maya- están sufriendo un proceso de destrucción a causa de la infraestructura turística, que no cesa de crecer a gran ritmo. Hay quienes consideran que esto puede resultar beneficioso -por lo menos temporariamente- para la economía local, dado que se generan puestos de trabajo y se estimula el flujo de dinero. Pero a largo plazo los resultados son realmente devastadores. En un fin de semana, trabajando día y noche, se erige un edificio en el lugar donde antes había un saludable y floreciente manglar. Este ecosistema acuático, que es vital para la manutención de la vida en la costa y en los corales, así como la cadena trófica de tantos mamíferos, está siendo sacrificado para beneficio de los inversores en hoteles, centros comerciales, canchas de golf y salones de convenciones, que son levantados a costa de uno de los más valiosos recursos naturales del mundo. Aún en caso de que estas instalaciones fueran construidas en tierra firme, por detrás de los manglares, sus efectos serían negativos, teniendo en cuenta el flujo superficial de pesticidas y otras sustancias químicas hacia el manglar.

La ONG Pueblo del Corredor Maya de Cancún, con apoyo de Mangrove Action Project, está llevando adelante una campaña para frenar el proyecto de construcción de un hotel de grandes dimensiones que habrá de afectar los manglares de Quintana Roo, en la costa del Caribe.

Los manglares de la costa del Pacífico también están amenazados. La situación en el área de Marismas Nacionales de San Blás Nayarit sigue siendo crítica, en parte como consecuencia de la indiferencia manifiesta de las autoridades. Los compromisos internacionales para la protección de esta frágil zona no han sido instrumentados. El Grupo Ecológico Manglar ha denunciado que en este caso el responsable directo de la destrucción es la compañía camaronera Aquanova Farms. Tan sólo una vez -en octubre de 1998- las autoridades dieron una respuesta al sinnúmero de quejas expresadas por los ambientalistas, la que consistió de hecho en una mera justificación de las actividades de la mencionada empresa. El dictamen oficial adujo que en la investigación llevada a cabo no se hallaron suficientes pruebas de que hubiera ocurrido violación alguna, por lo que el caso se declaró cerrado. El mismo también fue presentado ante la Comisión de Cooperación Ambiental Canadá-EE.UU.-México, que se comprometió a estudiarlo. Entretanto, día a día se pierde una extensa área de manglares debido al agotamiento de cursos de agua y lagunas provocado por la expansión de las piscinas de cultivo de Aquanova. (Boletín del WRM Nº 22, abril de 1999).

Oposición creciente a la cría industrial de camarón

El camarón, considerado el "oro rosado" del país, se convirtió en el centro de la actividad pesquera de exportación de México debido a su importancia y al valor económico en el mercado internacional, en especial en EE.UU. Cinco estados mexicanos a lo largo de la costa del Pacífico (Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas) y dos en la costa este (Tamaulipas y Campeche) se han dedicado a la acuicultura del camarón.

Sinaloa es actualmente el estado con más cantidad de granjas camaroneras y los niveles de producción más altos de camarón industrial, y donde resultan más evidentes los problemas ambientales asociados con el desarrollo de esa industria. La proliferación rápida del número de granjas camaroneras está afectando los ecosistemas costeros y a las comunidades rurales que dependen de los recursos que proporcionan.

A pesar de las reglamentaciones, existe un consenso de que la industria de la acuicultura está transformando los ecosistemas costeros de Sinaloa en formas que afectan el sustento y la calidad de vida de los habitantes de muchas comunidades costeras rurales.

Los estuarios y lagunas costeras característicos de Sinaloa contienen una diversidad de hábitats que incluyen bosques de manglares, marismas, estanques intermareales, pantanos, lagunas de agua dulce y sistemas de agua salobre y marina. Una preocupación ambiental clave es el impacto de la producción de camarón sobre los ecosistemas. El problema es más importante en la región sur del estado, donde un solo sistema de laguna puede contener varias granjas camaroneras. Durante la estación de lluvias, las lagunas de la región son hábitat y viveros de poslarvas y una variedad de recursos pesqueros que forman la base de la actividad pesquera comercial y que también son explotados por las comunidades costeras rurales como propiedad común. Cuando estas lagunas se secan al terminar las lluvias, tradicionalmente se realiza la extracción de sal, tanto para consumo familiar como por parte de algunas cooperativas.

Actualmente, para garantizar el suministro de agua permanente a las granjas camaroneras, se han construido canales para conectar las lagunas con estuarios o con el océano, lo que produce inundación permanente. El gobierno otorgó concesiones, en su mayoría a inversores privados, para construir granjas camaroneras en estas lagunas costeras. Además, las concesiones han convertido un ecosistema costero de importante diversidad en un sistema de monocultivo. Esto llevó al aumento de la marginación y el desplazamiento de sectores sociales, y generó una desconfianza creciente hacia las agencias gubernamentales a cargo del desarrollo de la acuicultura industrial. Al transformar lagunas de propiedad común en un recurso de propiedad privada, las concesiones exacerbaron los conflictos sociales en Sinaloa.

La descarga de los estanques de camarón es considerada una de las fuentes de contaminación más recientes y graves de las aguas costeras de Sinaloa. Las aguas residuales de las granjas camaroneras contienen grandes cantidades de material orgánico, fertilizantes, sustancias químicas y antibióticos, que producen la eutrofización de las lagunas y sistemas de los estuarios. En Sinaloa, las aguas residuales de las actividades de acuicultura del camarón han estado ligadas además a la formación de afloramientos de fitoplancton, y la aparición de mareas rojas en las aguas costeras marinas.

Otra preocupación ambiental es el impacto de la industria sobre los ecosistemas de los manglares. En México hay aproximadamente 123 lagunas costeras, la mayoría bordeada por pantanos de manglares. México es el hogar de cuatro especies de mangle: rojo (Rhizophora mangle), blanco (Laguncunaria racemosa), negro (Avicennia germinans), y el mangle botón (Conocarpus erecta L.). Los bosques de manglares de México cubren aproximadamente 660.000 hectáreas. Los bosques de manglares de Sinaloa sirven como zona para anidar y de alimentación de un gran número de pájaros residentes y migratorios y como viveros de camarón, base de la industria pesquera costera. Los árboles también son utilizados por las poblaciones rurales como leña y madera. Con el tiempo, los ecosistemas de manglares de Sinaloa han sido transformados por la minería, la agricultura y la ganadería. Actualmente la industria de acuicultura del camarón también contribuye a la transformación ecológica de esos ecosistemas. Se ha estimado que hasta fines de 1994 se destruyeron 10.000 hectáreas de bosques de manglares para construir estanques de producción de camarón. Los efluentes de aguas no tratadas de los estanques de camarón también contribuyen al daño.

La preocupación mundial por el impacto negativo de la producción comercial de camarón sobre el medio ambiente y los seres humanos, contribuyó al surgimiento de varios movimientos sociales de base que resisten la expansión de la industria. Entre las causas que originaron esa resistencia está la preocupación de los pobladores locales por la contaminación cada vez mayor y la pérdida de recursos de los estanques comunitarios. En México, la resistencia a la expansión de la industria está comenzando a aparecer lentamente, y la mayoría de las actividades opositoras son desarrolladas por varias cooperativas pesqueras en el sur de Sinaloa y en el norte de Nayarit. Entre las actividades de las cooperativas pesqueras en estos estados se incluyen confrontaciones con personal de las granjas camaroneras y negociaciones con agencias gubernamentales para limitar la expansión de la industria.

Entre las organizaciones de base más importantes que se oponen a la acuicultura a gran escala del camarón cerca de zonas pesqueras está la Federación de Cooperativas Pesqueras del Sur de Sinaloa (los "Guerreros del Sur"), integrada por 21 cooperativas pesqueras que agrupan un total de 2.000 pescadores. En 1998, los Guerreros del Sur se opusieron abiertamente a la construcción de una granja camaronera en el área que se les otorgó para la pesca, afirmando que siete cooperativas no podrían pescar en la zona porque la granja camaronera invadiría su espacio. La Federación previamente había evitado la construcción de una granja camaronera en otra comunidad cercana. En ese caso, la mayoría de los miembros de esa comunidad apoyaron el esfuerzo, y la granja camaronera no se construyó. Los miembros de esta Federación también se oponen activamente a la recolección de larvas de camarón silvestre en áreas costeras cercanas a las zonas pesqueras. En ciertas oportunidades, se presentaron con porras para enfrentar a los biólogos marinos y otros empleados de las granjas camaroneras para exigir que cesaran la recolección de larvas de camarón. Varias cooperativas pesqueras en el norte de Nayarit también se opusieron a la construcción de una granja camaronera cerca de sus áreas de pesca. En ese caso los pescadores acusaron a una compañía privada de destruir grandes parcelas de manglares con sus operaciones de estanques de camarones. A la lucha de las cooperativas pesqueras se integró una organización ambientalista, el Grupo Manglar.

A medida que una mayor cantidad de personas tome conciencia de los potenciales efectos nocivos de la producción industrial de camarón, las cooperativas pesqueras y los grupos comunitarios que se oponen a la expansión de la industria recibirán más apoyo. No hay dudas de que la cría industrial de camarón ha producido impactos ecológicos y sociales importantes, que a largo plazo llevarán a una mayor erosión de la ecología costera y marina y debilitarán la capacidad de sustento de los hogares rurales. (Boletín del WRM Nº 51, octubre de 2001).

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