Africa: Bosques en peligro

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CAMERÚN
¿Quién conserva y quién destruye los bosques?

El uso de los bosques de Camerún está guiado por la lógica de la acumulación capitalista y la inversión económica, indiferente a los intereses de la población Pigmea que depende de esos bosques para su sobrevivencia. Los bosques se destruyen con una velocidad alarmante, debido al alto precio que se paga en el mercado internacional por algunos tipos de madera, por el peso de la deuda externa del país y por la connivencia entre los funcionarios del gobierno y la compañías madereras internacionales.
El gobierno y las corporaciones visualizan los bosques como madera para ser vendida por grandes sumas de dinero. Los Pigmeos ven los bosques de una manera totalmente distinta. Como dice una mujer Bakola:

"... estamos en medio de una gran desolación, ya no reconocemos el bosque, ya no comprendemos lo que está sucediendo. Nuestros bosques cambian día a día. ¿Qué futuro espera a nuestros niños? Los asentamientos destruyen los bosques y la caída de árboles nos impide recolectar la miel para alimentar a nuestros niños. El ruido de sus grandes máquinas está provocando que los animales huyan lejos. La caída de los árboles en el río, enloda el lecho de los ríos. Algunos frutos están escaseando y debemos caminar mucho para conseguirlos. Los hongos que habitualmente juntábamos en todas partes se han ido. ...nuestros niños no tienen futuro. ¿Dónde encontrarán animales para cazar? ¿La corteza, las hojas y los frutos para curar y para comer?"

Miel, carne, peces, agua, frutas, hongos, medicinas, leña, madera: todo esto y mucho más es parte de la visión del bosque que tienen estos pueblos indígenas. Madera para la industria es el único producto que el gobierno y las corporaciones ven en el bosque. El primer punto de vista asegura la conservación del bosque, mientras que el último está llevando a la destrucción del mismo. Setiembre de 1997.

La Unión Europea promueve la destrucción de los bosques
La "ayuda internacional para el desarrollo" es en muchos países una de las principales causas de la destrucción de los bosques. Un ejemplo de ello es el caso de Camerún y la Unión Europea. La UE planea conceder al gobierno camerunés un subsidio por 55 millones de ECU para proyectos viales en la región meridional del país. Camerún no ha dado explicaciones acerca de qué carreteras planea construir o rehabilitar, ni se han realizado estudios de impacto ambiental para evaluar esos proyectos.
Esto no es nuevo, puesto que en el pasado la UE ya ha financiado proyectos viales de este tipo. Por ejemplo, concedió 600.000 ECU para la rehabilitación de la carretera Abong Mbang a Lomé, en plena selva. Como consecuencia de ello, la explotación ilegal de madera y la caza furtiva se expandieron rápidamente, utilizando las nuevas carreteras como vías de acceso a la selva. La población pigmea está perdiendo sus recursos vitales, que se encuentran en la selva, en tanto su organización social se está desarraigando. Al mismo tiempo, la caza furtiva ha provocado enormes daños en las poblaciones de gorilas y chimpancés, animales típicos de esta zona del globo.
Un grupo de ONGs ambientalistas europeas está haciendo lobby contra la concesión de este dinero, considerando que las carreteras proyectadas habrán de allanar el camino para que las compañías madereras lleguen a áreas de bosque todavía no explotadas. La concesión será discutida a nivel del Comité Europeo de Financiamiento del Desarrollo a mediados de junio. Estas ONGs invitan a los individuos y las organizaciones del continente europeo a protestar frente a sus respectivos gobiernos y a exigirles que los detalles de los mencionados proyectos viales sean discutidos públicamente, que se realicen exhaustivas evaluaciones de impacto ambiental previamente a la aprobación del subsidio y que las autoridades de Camerún controlen efectivamente la caza furtiva y la tala ilegal de madera. Mayo de 1999.

Remueven restricciones a exportación de madera
Los bosques de Camerún están siendo destruidos a una velocidad alarmante debido a los altos precios que se pagan en el mercado internacional por algunas especies de maderas nobles, al peso de la deuda externa que el país mantiene y a la connivencia de intereses entre algunos funcionarios públicos y las compañías forestales, en especial las francesas.
Hace dos meses el gobierno camerunés estableció una prohibición de exportación de madera, lo cual fue considerado un medio para proteger los bosques de la explotación abusiva. Sin embargo, las presiones ejercidas por algunos influyentes agentes madereros franceses parecen haber sido de tal magnitud, que ahora las autoridades dieron un paso atrás y emitieron un nuevo decreto que permite la exportación de un 30% de la madera extraída del bosque nativo, en tanto el 70% restante habrá de ser destinado al procesamiento a nivel local. Cabe mencionar que para Camerún las exportaciones de madera representan la mayor parte de los ingresos por comercio exterior. Agosto de 1999.

Ajuste estructural promueve la deforestación
La tala comercial es una de las causas directas más importantes de la acelerada pérdida de los bosques tropicales. Sin embargo las estrategias macroeconómicas implementadas por gobiernos del Sur, bajo presión de poderosos actores como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) son un incentivo aún más fuerte para el incremento de las prácticas insustentables de corta. Camerún es uno de los tantos ejemplos que muestran los impactos de tales políticas en relación con la desaparición de las selvas tropicales.
Camerún es conocido como uno de los países con mayor diversidad ecológica en el continente africano. Entre los humedales costeros y el Monte Camerún -la montaña más alta de Africa Occidental- se extiende la región sureña cálida y húmeda ocupada por densas selvas tropicales donde hay caoba, ébano y obeche. Hay en el país más de 9.000 especies de plantas, 150 de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Se estima que los recursos forestales de Camerún alcanzan los 22 millones de hectáreas, de los cuales 14 millones corresponden a selva tropical. El madereo intensivo, promovido por las reformas políticas del FMI, está ahora amenazando las selvas tropicales del país y el hábitat de más de 40 especies de su flora y fauna, incluyendo rinocerontes negros, gorilas y elefantes.
A fines de la década de 1980 el FMI impuso al gobierno un programa de ajuste estructural, que se suponía habría de resolver la crítica situación económica del país. Parte de este programa estaba basado en promover la exportación de productos no tradicionales -comprendida la madera- a través de la devaluación de la moneda. La rebaja en las tasas a la exportación que recomendó el FMI jugaron un importante papel en el incremento de las exportaciones de madera. Entre 1994 y 1995 el número de empresas madereras aumentó de 194 a 351, en tanto las exportaciones de madera crecieron en un 49,6% en el período 1995/96 a 1996/97. Se estima que anualmente desaparecen en Camerún unas 200.000 hectáreas de bosques.
La destrucción de los recursos naturales a la que conduce esta política va acompañada de pobreza. Ya en 1991 un informe del Banco Mundial establecía que hacia 1985, mucho antes de que las medidas de ajuste impactaran sobre muchos ingresos -varios de los cuales relacionados con el acceso directo a productos y servicios prestados por los bosques- el 40% de la población rural se encontraba en estado de extrema pobreza. Una década de ajuste estructural no ha hecho sino agravar la situación de los bosques y de las comunidades que de ellos dependen. En un reciente informe el propio FMI reconoció la precaria naturaleza de la estrategia exportadora de Camerún. Noviembre de 1999.

Desarrollo del sector forestal en una difícil economía política
El informe del Departamento de Evaluación de Operaciones (OED, por su sigla eninglés) considera que si bien el Banco ha tenido influencia sobre el actual proceso de reforma de la política forestal en Camerún, no "hizo previsiones para su implementación o para la puesta en práctica de tales previsiones" El documento afirma que el Banco no intentó realizar todo lo positivo y relevante prescrito por su política de 1991, y que cometió varios errores desde el punto de vista estratégico. Como consecuencia, hay un vacío entre las políticas que se formularon y su implementación.
Respecto de la implementación de la Política Forestal en el terreno, el informe de la OED concluye que el error principal en el caso de Camerún no radica en la política en si misma, ni en la coherencia entre la intervención del Banco dentro y fuera del sector forestal y sus objetivos de política forestal, sino en la forma inefectiva e ineficiente en que se hicieron las cosas.
Se subraya el hecho que no se promovió la participación de las comunidades locales en el proceso, a pesar de haber sido ello un objetivo declarado. Se señala que el confiar exclusivamente en la asistencia técnica, unido a la falta de incentivos para el desarrollo institucional a nivel local, han sido errores cometido por el Banco. Según el informe, el Banco tenía buenas intenciones de promover los intereses de las comunidades locales, pero poco hizo para recoger sus puntos de vista y para diseñar los mecanismos que habrían de asegurar que los mismos se tomaran en consideración. Ello resultó claro en el proceso que culminó con la aprobación de la Ley Forestal de 1994. Tal como reza el informe, "las personas comunes, cuyos medios de vida dependen directamente de los recursos del bosque, fueron dejadas de lado de los niveles de decisión". Además, el programa no incluyó actividades destinadas a incrementar la capacidad de la sociedad civil para promover el desarrollo rural, al tiempo que la estrategia careció de una adecuada política de información.
El informe admite que las compañías madereras extranjeras que dominan el sector siguen teniendo plena libertad para explotar y utilizar los recursos forestales en Camerún, siendo actores muy influyentes que se oponen a cualquier reforma del sector forestal que vaya en contra de sus privilegios. De acuerdo con el informe, la corta comercial es uno de los cuatro mecanismos más importantes que llevan a la degradación del recurso y a la deforestación descritas en la Política Forestal de 1991. El madereo es incluso responsable de un porcentaje de la deforestación mayor que el que generalmente se admite. El Informe de la OED identifica claramente la existencia de un conflicto ambiental entre los intereses públicos representados por el gobierno y la sociedad civil, y los intereses privados defendidos por las empresas.
En relación con el efecto sobre los bosques de otras políticas implementadas por el Banco, el informe considera que, si bien el organismo realizó pocas inversiones directas en el sector forestal en la década pasada, cuestiones relativas al mismo han sido parte del Programa de Ajuste Estructural financiado por el Banco desde 1989. Según la OED, "el Banco ha procurado adoptar un enfoque multisectorial en Camerún" e involucrar a las poblaciones locales en el manejo forestal. Sin embargo, los resultados en este sentido pueden considerarse pobres. Lo que es más, son las poderosas compañías madereras que operan en el país las que se han beneficiado de la apertura de la economía que el Banco promueve en todo el mundo. En resumen, en tanto el informe de la OED carga las tintas en gran medida sobre el gobierno por su incapacidad de sacar al país de la crisis económica, también admite con toda claridad que diez años de esfuerzos en el marco del ajuste estructural del Banco no lograron mejorar las cosas, y que los programas de ajuste estructural no colocaron a la pobreza como tema central de su agenda.
El Informe también menciona el apoyo del Banco a la construcción de carreteras y al gasoducto Chad-Camerún. El préstamo para el proyecto de la Carretera Nro. 5 determinó la apertura y la explotación de los bosques primarios de la Provincia del Este, lo que constituye una amenaza para la supervivencia del pueblo indígena Baka, que allí habita, y ha provocado un fuerte impacto sobre la fauna de la región. El Informe admite que el gasoducto Chad-Camerún constituye un asunto polémico y que los argumentos de las ONGs en su contra por temas de corrupción y de derechos humanos son difíciles de rebatir. Considera asimismo que el Banco es muy sensible a este tipo de preocupaciones. Aún así, no se da ninguna explicación sobre qué medidas han sido tomadas al respecto.
Además el informe considera que los resultados de la Política Forestal de 1991 en relación con el mandato del Banco de reducir la pobreza no fueron satisfactorios. La concentración de poder en manos de la industria maderera es otro de los problemas que la política del Banco no ha abordado, si bien constituye un factor de generación de pobreza en Camerún. Por el contrario, la agricultura de los pequeños campesinos contribuye directamente al sustento de más de dos millones de personas. La OED insiste en señalar que, dada la importancia de este objetivo y el hecho que un factor determinante clave de la pobreza es la desigualdad en la distribución de poder a nivel social en lo que respecta a la toma de decisiones, el Banco debería haber insistido en este tema.
En el resumen de su evaluación, el informe de la OED concluye que la cubierta forestal en Camerún no mejoró con la Política Forestal de 1991. La mejora en la forma en que el país aborda temas relativos al sector forestal resultó insignificante, así como el impacto de la estrategia del Banco para superar la pobreza.
Desde nuestro punto de vista, los puntos más interesantes del informe de la OED sobre Camerún son:
- El problema no es la política, sino su implementación;
- A pesar de las intenciones proclamadas por el Banco, se ha descuidado la participación de las comunidades locales y de los pueblos de los bosques;
- Las compañías madereras constituyen un poderoso lobby que se opone a la reforma del sector forestal y que se beneficia de la política económica que el Banco promueve a nivel nacional;
- Otras políticas en las que el Banco ejerce influencia -como las de ajuste estructural, construcción de carreteras, megaproyectos de energía fósil- han tenido efectos negativos sobre la sustentabilidad de los bosques;
- El Banco no ha cumplido con su mandato de disminuir la pobreza, y por el contrario la situación tiende a empeorar;
- El Banco no influyó en el sentido de mejorar la situación de los bosques en Camerún. Febrero de 2000.

Plantaciones forestales: falsa alternativa a la deforestación
Durante la década de 1950, cuando el país se encontraba todavía bajo el dominio francés, en Camerún se llevaron a cabo una serie de programas de plantaciones forestales, aduciendo la finalidad de contrarrestar el proceso de destrucción que afectaba a sus ricas selvas. Como consecuencia se instalaron unas 40.000 hectáreas de plantaciones en un lapso de 50 años, 25.000 de las cuales en zonas que habían estado ocupadas por una densa selva y las restantes 15.000 hectáreas en zona de sabana. Para la reforestación de las zonas selváticas se utilizaron especies indígenas, como dibetou, okumé, ilomba e iroko, mientras que en la sabana se usaron nativas y exóticas, entre las cuales eucalipto y acacia.
Si bien la intención de las autoridades era restaurar "el bosque natural" de hecho tales plantaciones no constituyeron una solución, sino que provocaron impactos negativos.
La principal razón de este fracaso es que una plantación de una o dos especies -aunque sean nativas- no es un bosque, ya que carece de la biodiversidad y complejidad que éste tiene. El bosque es producto de un largo proceso de coevolución entre sus distintos componentes -incluidos los seres humanos- y de las condiciones ecológicas del sitio. La recuperación de la selva húmeda en la zona tropical resulta ser una tarea muy difícil y con resultados inciertos, dado que las condiciones originales no pueden ser recreadas artificialmente en forma súbita.
La forestación con eucalipto no ha hecho sino empeorar las cosas. Los eucaliptos plantados por la Oficina Nacional para la Regeneración Forestal -¡cómo si se pudiera "regenerar" los bosques plantando eucalipto!- en los últimos dos años, provocaron acidificación del suelo junto a una drástica caída de la población de peces en los ríos próximos a las plantaciones. Asimismo han aumentado el riesgo de incendios en la sabana y son considerados responsables de la creciente ocurrencia de graves inundaciones.
Dado que en Camerún el Estado se declara propietario de todos los árboles, las plantaciones han generado conflictos por la tenencia de la tierra entre el gobierno y las comunidades locales. Además han causado otros problemas, como en el caso de la región norteña del Sahel, donde los campesinos se quejan de que los pájaros y otros animales que se refugian en las plantaciones han devastado sus cosechas, provocándoles hambre y miseria. Se teme que si la Convención sobre Cambio Climático acepta a las plantaciones como sumideros de carbono estos proyectos se verán estimulados y se implementarán otros por el estilo, aumentando de esta manera el nivel de impactos negativos sobre la gente y el ambiente.
Para frenar el proceso de deforestación y degradación de los bosques en Camerún deberían abordarse y superarse las verdaderas causas del problema, entre las cuales las actividades depredatorias de las empresas madereras y las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que promueven la explotación de la madera para aumentar los ingresos del país por concepto de exportaciones. Las plantaciones no son la solución -ya que no son bosques- y no harán sino agravar el problema. Octubre de 2000.

Investigación cuestiona mitos acerca de consumo de leña y deforestación
Un estudio publicado por IITA y CIFOR en 1997 sobre la producción y el consumo de leña y la relación entre ese uso de la madera y la deforestación en el sur de Camerún arroja interesantes resultados, que cuestionan algunos de los mitos en relación con la responsabilidad de los pobres rurales en la destrucción de los bosques, así como con los supuestos beneficios de las plantaciones para contrarrestarla.
Estudios previos llevados a cabo en Africa habían demostrado que la agricultura contribuye tanto o incluso más que el uso de leña a la destrucción de los bosques. En Costa de Marfil, por ejemplo, cinco millones de hectáreas de selva fueron convertidas en tierras de cultivo entre 1966 y 1980, período en el que se destruyeron unos tres millones de metros cúbicos de madera -ni siquiera utilizada como combustible- cifra superior al volumen total exportado en ese lapso. Recientes investigaciones centradas en el tema energético llegaron a la conclusión de que la agricultura constituye la principal causa de deforestación en Africa. Un estudio del Banco Mundial del año 1987 señala incluso que si bien la deforestación está vinculada generalmente a la corta de árboles para obtener leña, en realidad lo que generalmente sucede es lo contrario: la leña es un subproducto de la corta practicada para la agricultura. Dicha conclusión es válida para la zona de selva tropical de Camerún, donde amplias superficies de bosque han sido cortadas, roturadas y convertidas en tierras de cultivo. La leña es recogida de los restos de los árboles tumbados. Por el contrario, en la región del Sahel de dicho país, donde el paisaje está dominado por arbustos, la leña se obtiene de cortar las ramas de los pocos árboles existentes, asegurando su conservación.
La referida investigación prueba también que la urbanización, el aumento de las áreas de cultivos y la deforestación para la obtención de leña están correlacionadas. En las zonas densamente pobladas de Yaoundé -la capital del país- y sus alrededores, donde el consumo de leña es mayor y donde ha habido una fuerte presión sobre los bosques por la agricultura, éstos han casi desaparecido. En cambio, en el área más rural de Ebolowa, las reservas de bosques son más abundantes, dado que la oferta de leña supera con creces su demanda. Por otra parte, el trabajo confirma que el consumo de leña en los hogares rurales para cocinar y calefaccionarse no implica un riesgo para los bosques, dado que los volúmenes de madera usados con estos fines son pequeños y además el recurso se regenera rápidamente.
El estudio muestra claramente que no pueden hacerse generalizaciones acerca de la relación entre uso de leña y deforestación, puesto que deben tenerse en cuenta muchas variables, tales como densidad de población -tanto rural como urbana- naturaleza de las actividades realizadas por los pequeños campesinos, proximidad a los centros urbanos, demanda urbana de leña, calidad de los caminos, etc. Por ejemplo, las aldeas próximas a las principales ciudades venden grandes cantidades de leña, tanto obtenida a partir de los árboles cortados para destinar áreas de bosque a la agricultura como de la corta de madera en las reservas forestales. Por el contrario en las área rurales alejadas no hay venta de leña en absoluto debido a que en esas zonas la oferta de leña es mucho mayor que su demanda y los árboles tumbados para liberar tierra para la agricultura -principal causa de deforestación en este caso-son dejados descomponiéndose en el lugar.
Confirmando las conclusiones de estudios anteriores, señala también que las plantaciones no constituyen una medida adecuada para proveer de leña a las poblaciones locales y disminuir así la presión sobre los bosques. Este tipo de soluciones fue promovido por gobiernos y agencias de desarrollo pensando que podría traer consigo efectos colaterales positivos, como la generación de empleo e ingresos. Pero en la realidad esto no se dio. Los pequeños campesinos de Camerún, así como los de la India por ejemplo, prefieren establecer plantaciones de uso múltiple -cuyos productos pueden ser vendidos a buen precio en el mercado- que hacer crecer árboles con el mero fin de producir leña.
En resumen, los procesos de deforestación en Africa no pueden ser explicados a partir de análisis simplistas, utilizados con demasiada frecuencia para culpar a los pobres. Lo mismo es aplicable a las soluciones. Existe una enorme variedad de situaciones al interior de los países del continente, que deben ser tenidas en cuenta antes de hacer generalizaciones e implementar medidas. Febrero de 2001.
Palma aceitera, poblaciones locales y medio ambiente
Las plantaciones de palma aceitera en Camerún cubren más de 80.000 hectáreas, que se dividen en tres sectores diferentes:
1) Plantaciones a gran escala, con aproximadamente 58.000 hectáreas;
2) Plantaciones de aldeas, que abarcan 12.000 hectáreas;
3) Plantaciones "informales", con cerca de 10.000 hectáreas.
Las plantaciones de aldeas fueron promovidas por el Estado para abastecer a las grandes compañías plantadoras y procesadoras propiedad del Estado. Se trata de plantaciones que están obligadas por contrato a entregar, a precios de mercado, la totalidad de su producción a las plantas procesadoras de las agroindustrias, actualmente en manos privadas: SOCAPALM, CAMDEV o PAMOL. El "precio de mercado" es obviamente fijado por estas empresas, que a nivel local constituyen monopolios absolutos.
Esta situación ha llevado recientemente a una creciente brecha entre los pequeños productores y las grandes plantaciones. Han aumentado las plantaciones "informales" y la entrega de frutos de palma a las grandes plantas procesadoras ha disminuido progresivamente. Los pobladores locales prefieren procesar ellos mismos sus cosechas o venderlas a pequeñas unidades de procesamiento, de las que habitualmente obtienen un precio mayor y pagos en efectivo. Hasta principios de los noventa, el precio establecido por las compañías se consideraba demasiado bajo, lo que llevó a desviar la producción en pequeña escala hacia otros compradores. Cuando resultó evidente que la producción propia de las agroindustrias era insuficiente para cubrir sus necesidades de procesamiento, éstas se vieron forzadas a aumentar el precio ofrecido a los plantadores externos (de 26-31 francos CFA a 40-50 francos CFA), para asegurar el suministro de materia prima de las plantas procesadoras.
Resulta obvio que la complementariedad entre las plantaciones de las aldeas y las agroindustrias no ha tenido éxito y que la relación entre ambas se basa más en la competencia que en la complementariedad. El simple hecho de que los plantadores locales se rehusen incluso a comunicar la superficie exacta de sus plantaciones a las compañías, explica por sí mismo el tipo de relación que mantienen.
Además es importante destacar que el establecimiento de plantaciones a gran escala a menudo ha estado precedido de la expropiación de tierras de los poblados vecinos, sin compensación adecuada. Según las leyes de Camerún, los campesinos no poseen la tierra por derecho tradicional, y de esa manera la expropiación no exige compensación por parte del Estado. Esta fórmula de propiedad de la tierra ya fue utilizada en tiempos de la colonización para expropiar la tierra de los campesinos y después transferirla, sin costo, a los nuevos colonos, que de esa forma podían plantar sus cultivos. Después de la independencia nacional, esa práctica se mantuvo vigente, pero ahora en beneficio de las elites locales.
El establecimiento de grandes plantaciones privadas de palma (generalmente ubicadas en las cercanías de los poblados) exige grandes extensiones de tierras, y se han informado varios casos de conflictos con comunidades locales habitantes del área debido a las modalidades y condiciones de adquisición de tierras por parte de forasteros, quienes, con el apoyo del gobierno, obtienen tierras sobre las cuales no tenían ningún derecho tradicional previo. Sin embargo, el simple hecho de cultivar una planta perenne, como la palma aceitera, les otorga derechos tradicionales permanentes, garantizando sus derechos en perjuicio de la población local.
Por otra parte, las plantaciones de palma aceitera han producido importantes impactos ambientales, entre los que se destacan la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por el uso de productos agroquímicos. Todos estos impactos tienen como consecuencia la pérdida de las formas de sustento de las poblaciones locales y el deterioro del medio ambiente en que viven.
Es importante destacar que no está permitido cultivar alimentos dentro de las plantaciones, incluso durante el período inicial de las mismas, cuando la población local podría hacer cultivos intercalados entre las filas de palmas. Es necesario investigar los impactos socioeconómicos y ambientales de estas plantaciones sobre los pueblos y aldeas circundantes en torno a los siguientes temas:
- Disponibilidad de alimentos básicos (la comida es más cara en Limbe), alimentos disponibles en el bosque (los productos no madereros del bosque non caros y deben ser importados de otras partes del país), disponibilidad de materiales para artesanías y oportunidades de ingreso alternativas (los ingresos de los trabajadores de las plantaciones son muy bajos).
- Impactos asociados a la deforestación, tales como las inundaciones que ahora son comunes en la zona (los casos de Limbe y Ekondo-Titi, ocurridos respectivamente en 2001 y 1998).
- Impactos de la contaminación con agroquímicos, dado que existen denuncias de que las empresas están empleando productos químicos prohibidos en los países industrializados en aras de bajar los costos y como resultado de la falta de control por parte del Estado.
- Impactos sobre la salud humana, dado que las plantaciones están localizadas cerca de áreas pobladas y las aspersiones aéreas que se realizan en plantaciones asociadas de banana caen sobre los poblados.
- Impactos asociados al ataque de plagas y a enfermedades infecciosas vinculadas a las plantaciones.
- El encerramiento de los poblados y la inexistencia de oportunidades para su expansión, lo que da lugar al fenómeno del poblamiento de las áreas montañosas, con los consiguientes conflictos en la cuenca.
- Impactos sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo como consecuencia de la descarga de efluentes de la producción de aceite de palma, lo que inutiliza la tierra para toda actividad agrícola. Pese a la existencia de posibilidades para convertir los efluentes en productos útiles, los mismos continúan siendo vertidos al ambiente sin tratamiento previo.
Una vez que se haya llevado a cabo una evaluación de impacto de todo lo anterior será posible proponer alternativas a estos monocultivos de palma bajo un enfoque ambientalmente benigno en torno al uso del suelo en la subregión. Junio de 2001.

Igualdad desigual entre bosques comunitarios y compañías madereras
De acuerdo con las leyes camerunesas, tanto las comunidades locales como las compañías madereras industriales tienen derecho a obtener y manejar una parte de un bosque. Pero esta aparente "igualdad" es extremadamente desigual en relación a la extensión de los bosques en cuestión y las obligaciones legales asociadas con los derechos de tenencia.
Por ejemplo, en relación a las obligaciones de manejo, en el caso de bosques comunitarios se debe presentar el plan de manejo antes de iniciar cualquier actividad. Esto constituye un obstáculo importante, porque las comunidades enfrentan grandes dificultades para recolectar los fondos para elaborar sus planes de manejo, y en consecuencia deberían ser autorizadas a cortar al menos un número limitado de árboles para financiar la preparación del plan.
La situación de las compañías madereras industriales es totalmente diferente, como se puede apreciar en los dos modelos de concesión existentes: "ventas de corta" y UFA (unidad forestal de manejo). La primera, definida como un área de madereo con un tamaño máximo de 2.500 hectáreas a ser taladas en un plazo máximo de tres años, no exige la presentación de plan de manejo alguno. La segunda opción consiste en concesiones renovables cada 15 años que abarcan una superficie de hasta 200.000 hectáreas, y en este caso se debe presentar un plan de manejo dentro de los primeros tres años. Sin embargo, durante ese período la compañía tiene derecho de comenzar a talar (sin ningún tipo de plan de manejo), ¡para asegurar la financiación de la elaboración del plan de manejo! Para empeorar la situación, hasta al momento, la administración no ha aprobado ningún plan de manejo, aunque las primeras concesiones en virtud de la ley forestal de 1994 se efectuaron en 1996.
Las sanciones por actividades ilegales muestran un modelo de desigualdad similar. Por ejemplo, las actividades ilegales de las compañías madereras pueden conducir a distintos tipos de sanciones, como multas, exclusión de futuras licitaciones, o suspensión de operaciones. Pero hasta ahora nunca ha sucedido que se haya retirado un permiso de madereo válido a una compañía como resultado de actividades ilegales. Las sanciones para las comunidades tienen alcances mucho mayores, y cualquier error o infracción que se cometa puede dar lugar a la cancelación del bosque comunitario.
De esta forma, la ley parece beneficiar al madereo industrial, a pesar de que los bosques comunitarios tienen un potencial de sustentabilidad mucho mayor que el madereo comercial. La promoción de bosques comunitarios, por lo tanto, debería ser apoyada como medio de asegurar la sustentabilidad social y ecológica. El llamado "derecho preferente de compra" podría haber ayudado a lograr este objetivo, porque hubiera dado prioridad a las comunidades en el acceso a los bosques en vez de al madereo comercial. No obstante, el proyecto de reglamentación que debiera haber establecido ese derecho en beneficio de las comunidades todavía no ha sido firmado.
En su estudio sobre el sector forestal de Camerún (octubre de 1999), el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial apunta en la misma dirección al afirmar que "las compañías madereras internacionales que dominan el sector siguen teniendo carta blanca para desarrollar y usar los recursos forestales de Camerún. Las comunidades locales han sido excluidas del proceso de reforma, a pesar del objetivo declarado de incluirlas en el manejo de los recursos forestales". Julio de 2001.

Los árboles más allá del bosque
Camerún, con una población de unos 15 millones de habitantes y un territorio de 475,440 km2, tiene alrededor de 22 millones de hectáreas de bosques, 64% de las cuales son bosques tropicales ubicados en el sur del país, en tanto que el 36% restante se encuentra en zonas de sabanas en el centro y norte del país. Los bosques de la costa atlántica crecen en áreas con suelos relativamente fértiles y están entre los de mayor biodiversidad de todo el territorio africano.
Después de que pasó la etapa del boom del petróleo, el gobierno aumentó las exportaciones de madera y se estima que las pérdidas de bosques por deforestación rondan las 130.000 hectáreas por año. La deforestación se ha visto agravada por el desarrollo de megaproyectos, como la construcción de carreteras y represas. Las actividades madereras, desarrolladas tanto por compañías nacionales como extranjeras, se centran en unas pocas especies: Sapelli, Obeche, Iroko, Azobe, Tali, Moabi, Movingui y Ngollon, que se exportan a Europa, Asia y al resto del mundo.
Benoit Ndameu, de Amigos de la Tierra de Camerún, advierte que si no se introducen cambios drásticos, en un plazo de diez años no quedarán bosques primarios en Camerún. Ndameu identifica al madereo como el gran problema y denuncia que el gobierno no hace cumplir sus propias normas: "De las 100.000 hectáreas taladas cada año, al menos el 40% corresponden a deforestación ilegal. Las empresas madereras exceden en forma permanente sus concesiones y exportan tanto como pueden, sin que las autoridades las controlen."
Benoit Ndameu desmitifica el papel que juega en la deforestación la llamada agricultura de "roza, tumba y quema", que es acusada a menudo de ser una causa fundamental de la pérdida de bosques por parte de intereses creados. Según Ndameu, en el este del país, donde tiene lugar la peor deforestación, hay solamente entre uno y tres habitantes por kilómetro cuadrado; son campesinos que permanecen en el mismo lugar durante muchos años. Las compañías madereras, por otra parte, tienen permisos de cinco años para explotar áreas enormes, después de los cuáles no queda nada, y cuentan en muchos casos con la financiación del Banco Mundial.
Bollore, Thanry, Pallisco y Rougier, de Francia, Wijma de Holanda, Alpicam/Grumcam de Italia y Sfil y Sotref de Bélgica son las empresas de madereo extranjeras más importantes que operan en Camerún.
Un nuevo actor está ahora entrando en escena. La industria farmacéutica está crecientemente interesada en el valor medicinal de los árboles de Camerún. Según Benoit Ndameu, el laboratorio francés Plantecam ha identificado la utilidad del árbol Prunus Africana para el tratamiento de cáncer de próstata, y está en curso una investigación para detectar las potencialidades del Ancystrocladus korupensis en el tratamiento del SIDA.
Junto a otras ONGs locales, Amigos de la Tierra de Camerún está tratando de dejar al descubierto las operaciones de las empresas madereras y el incumplimiento del gobierno con sus propias normas. La estrategia conjunta de Amigos de la Tierra de Camerún y Amigos de la Tierra de Francia ha tenido éxito en poner al descubierto las actividades ilegales desarrolladas por las compañías francesas en Camerún, financiadas por la agencia de desarrollo del gobierno francés.
A diferencia de las compañías con fines de lucro, los pueblos del bosque establecen un vínculo de múltiples objetivos con los árboles: éstos les proporcionan fruta, alimentos, cazas, aceite para cocinar, y miel y también medicinas. Los pigmeos utilizan incluso la corteza del Moabi (Baïllonela toxisperma) para elaborar una poción para camuflarse para la caza. Los árboles también representan valores sagrados para los pueblos del bosque: los Bantú creen que los árboles locales Bubinga contienen los espíritus de sus ancestros. La conexión espiritual de estos pueblos con este árbol, que durante siglos ha permitido la conservación de una especie de crecimiento extremadamente lento como ésta, no es tomada en cuenta por los explotadores de los bosques que ven en ella solamente su madera dura de color cobrizo para hacer muebles en Europa y Asia. Agosto de 2001.

Consecuencias sociales y ambientales de la explotación forestal industrial
En Camerún, como en muchos otros países del sur, se está viviendo un proceso de deforestación causado directa e indirectamente por el madereo industrial intensivo. Este proceso es fomentado por lo general por reformas políticas o préstamos de la Unión Europea, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio para la construcción de megaproyectos, como carreteras o represas.
Como consecuencia de estas "ayudas internacionales para el desarrollo", la explotación ilegal de madera y la caza comercial se han sumado rápidamente al madereo "legal", utilizando las nuevas carreteras como vías de acceso a la selva. Los expertos prevén que ciertos grandes mamíferos de Camerún van a desaparecer a corto plazo si no se acaba con esta caza. Casi todos los tipos de mamíferos y de reptiles se exponen en los mercados urbanos. La carne de gorila y de elefante se vende a altos precios en los mejores restaurantes. Teóricamente está prohibido cazar estas especies y vender la carne u otras partes de gorilas y chimpancés, pero esta prohibición es ampliamente transgredida.
La explotación industrial de los bosques ha sido la verdadera prioridad de los programas de ajuste estructural promovidos por el Banco Mundial. Basados en la promoción de productos destinados a la exportación (entre los que la madera ocupa un lugar muy destacado) y en la rebaja de las tasas de exportación, estos programas han jugado un importante papel en el incremento de las exportaciones de madera. Los resultados han sido la expansión de la pobreza, el aumento del poder de la industria extranjera y la falta de control del Estado sobre la explotación de los recursos. La corrupción e ilegalidad en la explotación forestal en Camerún está muy extendida y los escasos controles favorecen las actividades ilegales en el sector forestal: tala ilegal (fuera de los límites, sin autorización, con subcontratación, de árboles de diámetro inferior al permitido, incumplimiento de las restricciones locales); falsas declaraciones (de la cantidad de producción de madera, del volumen de madera en inventarios); recuperación ilegal de la madera embargada.
Aunque la producción de la madera ha conocido un gran crecimiento, los ingresos fiscales resultantes de la actividad de este sector han caído. Para los controles sobre el terreno, los funcionarios dependen a menudo de los camiones de las empresas forestales que les llevan ellas mismas a sus concesiones, lo que obviamente no favorece la independencia de los controles.
En algunos pueblos, los habitantes bloquean los transportes de la madera porque las empresas no cumplen sus promesas de construcción y/o de mejora de las infraestructuras locales. La ley prevé que el empresario forestal debe organizar una reunión con la población local antes de que comience la explotación. Durante estas reuniones, los empresarios forestales hacen promesas a la población (construcción de un centro de salud, reparación de un puente, acondicionamiento de un campo de fútbol). Pero la materialización de estas promesas se hace a menudo esperar, se realiza solo parcialmente o, directamente, está mal hecha.
El empleo directo generado por las empresas forestales es muy limitado para los llamados "Pigmeos" Bakas, que son a menudo empleados durante algunos días por las empresas como prospectores para indicar las especies de árboles con interés comercial. De esta manera participan inconscientemente en la destrucción de su propio medio. Los trabajadores que operan en los parques de acopio de madera y en los aserraderos son provistos de muy poca o ninguna ropa de protección (guantes, casco, máscaras para el polvo). La madera de los aserraderos es a menudo tratada con productos tóxicos contra los parásitos y los hongos. Se trata en general de pesticidas a base de lindano y de pentaclorofenol, prohibidos en Europa o cuyo uso está sometido a medidas de seguridad muy estrictas. Los obreros que deben trabajar con estos productos no suelen estar equipados con ropa de protección o están insuficientemente informados sobre los riesgos de estas sustancias tóxicas. Los restos de estos insecticidas y fungicidas tóxicos son simplemente tirados después de su uso. Aunque evidente, la importancia de la contaminación de las aguas y del suelo por la presencia de pesticidas no ha sido nunca investigada.
Debido a su estricta dependencia de los bosques primarios, los "Pigmeos" son las principales víctimas de la explotación forestal en Camerún. Según las estimaciones, a fines de los 90, aproximadamente 3.400 Bakolas viven en el sudoeste y 40.000 Bakas en los bosques ecuatoriales del sur y del sudeste de Camerún. En la región de Yokadouma-Moloundou, los Bakas son incluso más numerosos que los Bantúes. Como sus derechos territoriales no están reconocidos por las autoridades, no pueden defenderse contra la expansión actual de la tala industrial en el este de Camerún.
Las actividades madereras, desarrolladas tanto por compañías nacionales como extranjeras, se centran en unas pocas especies de madera de alta calidad (ayous, sapelli, azobé, tali) que monopolizan el 60% de las exportaciones de madera. Algunas especies de árboles, como el moabi y el bubinga, constituyen a menudo un importante punto de referencia en el bosque (por su gran tamaño), además de los usos culturales tradicionales que los lugareños o los "pigmeos" dan a éstas y otras especies de árboles. La ley prohíbe la tala de los moabis en un radio de 5 km. alrededor de los pueblos, pero es abiertamente violada por los madereros. Los bubingas más antiguos tienen un papel social importante en la vida del pueblo: reuniones populares y asambleas locales se organizan debajo de estos árboles, donde los problemas de los lugareños se discuten. Los moabis producen un aceite de gran calidad, el único aceite alimenticio producido en esta región forestal. La producción de este aceite proporciona mucho más provecho que la tala de la madera. Su corteza sirve para la fabricación de numerosos medicamentos para curar hernias, dolores de espalda y otras enfermedades.
En definitiva, la tala comercial en Camerún (legal e ilegal), está afectando gravemente al ecosistema y por ende a los pueblos que habitan los bosques. Quienes se benefician son obviamente las empresas madereras y los intermediarios entre la corta y el consumidor europeo. Y a esto le llaman desarrollo. Diciembre de 2001.

Prácticas ilegales de empresas francesas en los bosques
Cuando funcionarios europeos describen el mundo, éste parecería estar dividido en dos grupos distintos de gobiernos. "Su" mundo parece haber incorporado las preocupaciones ambientales (e incluso sociales), mientras que los gobiernos "corruptos" del sur siguen destruyendo el medio ambiente. Esa lectura simplista no toma en cuenta que las causas de la destrucción ambiental en el sur con mucha frecuencia se originan en el norte. El ejemplo siguiente ayuda a comprender mejor el problema.
Según un informe de Amigos de la Tierra-Francia, el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente de Camerún publicó recientemente una lista de empresas forestales culpables de haber infringido las normas forestales camerunesas en el 2001. Entre ellas se encuentran conglomerados forestales franceses que han sido condenados reiteradamente por sus actividades ilegales.
Tres casos tienen que ver con Doumé Affiliated Forestry Company (SFID) perteneciente al grupo francés Rougier. SFID fue condenada por exportar madera de assamela, protegida por las reglamentaciones camerunesas, dado que no solicitó ni obtuvo un permiso para hacerlo, y también por la falsificación de documentos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Como resultado, se le aplicó una multa de dos millones de francos CFA (que equivale a apenas 3.049 Euros). Evidentemente, esta primera condena tuvo muy poco resultado, por lo que se presentó una nueva demanda contra la compañía, por la misma infracción con la misma sanción financiera, o sea 2.000.000 francos CFA. SFID fue condenada en un tercer caso en 2001 por haber excedido 33% sus cupos de exportación (exceso equivalente a un volumen de 17.653 m3 de madera).
El grupo francés Bolloré también fue hallado culpable de estar involucrado en actividades ilegales. La filial SIBAF del conglomerado Bolloré fue multada por cuatro millones de francos CFA (6.098 Euros) y también se suspendieron sus derechos de exportar madera de assamela por haber falsificado declaraciones de CITES. SIBAF ya recibió una multa en el año 2000 en el entorno de los 9.147 Euros por materialización defectuosa de los límites de tala. Otra filial de Bolloré, Campo Forestry Company (HFC) fue condenada por exceder los límites de tala permitidos y por talar directamente en áreas protegidas. El monto de la multa en este caso todavía no fue decidido.
Increíblemente, al mismo tiempo que SIBAF y los conglomerados HFC son multados en forma periódica por sus infracciones contra la legislación de bosques de Camerún, estos grupos reciben desde 2001 el apoyo financiero de la Agencia Francesa para el Desarrollo para llevar a cabo "planes de manejo forestal sustentable". Sólo el apoyo financiero francés brindado a estas corporaciones parece motivar a estas corporaciones a desarrollar planes de manejo del bosque. Dado que la ley camerunesa establece que las compañías deben elaborar un plan de manejo, Amigos de la Tierra-Francia sostiene que los costos de estos planes deben ser asumidos enteramente por las corporaciones. La asistencia francesa al sector forestal en la cuenca del Congo debe ser reorientada para dejar de servir a los intereses comerciales franceses, y comenzar a brindar beneficio económico real a los pobladores locales, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas de los bosques tropicales húmedos densos y la extraordinaria riqueza de su diversidad biológica. Marzo de 2002.

Grupo maderero Rougier acusado en tribunal francés
El 22 de marzo de 2002, William Bourdon, secretario general de la FIDH (Federación Internacional de la Liga de Derechos del Hombre) presentó ante los Magistrados Investigadores de París una demanda civil en representación de siete aldeanos cameruneses, alegando cargos por destrucción criminal de propiedad, falsificación, fraude, posesión de mercancía robada y corrupción de funcionarios contra los directores del grupo Doumé Affiliated Forestry Company (SFID) y la Cameroonian Legal Society, así como su empresa matriz Rougier S.A.
Los cargos presentados son el resultado de una investigación minuciosa realizada en el lugar por Amigos de la Tierra-Francia y SHERPA. Los cargos condenan lo que básicamente se resume como saqueo ilícito de recursos forestales en detrimento de los pobladores de Camerún, delitos que motivaron a Amigos de la Tierra-Francia a participar como parte privada en el juicio.
Esta demanda proporciona a los pobladores la posibilidad de identificar y llevar ante la justicia a los responsables de esos delitos, y de recibir compensación por los mismos. Esperan que la justicia francesa garantice un juicio independiente e imparcial para este caso. La corrupción domina la situación local, como resultado del poder que ejercen las compañías forestales para privar a los pobladores de esos derechos fundamentales.
En los cargos, los demandantes afirman que el Grupo Rougier S.A. debe ser considerado cómplice de los actos delictivos cometidos por su filial SFID, al igual que los directores franceses asociados, teniendo en cuenta la clara superposición e interdependencia entre las dos entidades.
Los cargos presentados ante los tribunales franceses contra el grupo Rougier S.A. y sus directores, constituye el primer caso para Amigos de la Tierra-Francia y SHERPA, y demuestra que una acción extraterritorial realizada por parte de entidades privadas no garantiza sistemáticamente su impunidad. Amigos de la Tierra-Francia y SHERPA, en cooperación con asociaciones extranjeras continuarán su asociación a través de una red de defensores legales, y mediante la realización de un estudio de viabilidad, planificarán nuevas iniciativas tanto en Francia como en otros lugares. Por: Frédéric Castell. Abril de 2002.

CHAD - CAMERUN
Amenanzante explotación petrolera

Un consorcio internacional integrado por Exxon, Shell y ELF, está planeando una multimillonaria explotación petrolera en los territorios de Chad y Camerún. Se teme que el proyecto traiga consigo muy serios riesgos ambientales y sociales, que podrían crear un nuevo Ogoniland, la región de Nigeria signada por la devastación ambiental y brutales violaciones a los derechos humanos. El proyecto planea el desarrollo de los campos petroleros de Doba, al sur de Chad, y un oleoducto de 600 millas a través de Camerún, para el transporte de petróleo hacia un puerto del océano Atlántico para su exportación. Para llevar adelante este proyecto se necesitan fondos públicos procedentes de agencias internacionales para el desarrollo-principalmente el Banco Mundial-. El BM pretende financiarlo con créditos de la Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA, por su sigla en inglés) que supuestamente son para ayudar a los países pobres, y de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), que apoya a compañías del sector privado directamente.
El BM proclama que el proyecto aliviará la pobreza pues las divisas que entren por el petróleo al gobierno de Chad y por regalías al de Camerún por el uso del oleoducto, serán invertidas en programas sociales para erradicar la pobreza. Sin embargo, esta estrategia tiene escasa credibilidad, pues ambos gobiernos han evidenciado una completa falta de compromiso ante el problema de la pobreza y porque es notoria su falta de transparencia en las transacciones financieras. Por lo tanto, la adjudicación de fondos para este tipo de proyectos, distrae escasos recursos de las inversiones para bienestar social.
Desde un punto de vista ambiental, las perspectives son igualmente negativas. El oleoducto proyectado atravesará zonas de bosques tropicales ecológicamente frágiles, donde también está el territorio de los Pigmeos, pueblo de cazadores tradicionales y recolectores. Deforestación, caza furtiva y pérdida de tierras de labrantío de campesinos locales, junto con el peligro de contaminación del agua subterránea y del sistema hídrico, debido a las pérdidas de petróleo en el oleoducto mismo, son puntos de gran preocupación. Julio de 1997.

El oleoducto: respuesta del Banco Mundial
En junio de 1998, el secretariado del WRM envió una carta al presidente del Banco Mundial, expresando su preocupación por el arresto de Ngarlegy Yorongar y de dos periodistas a raíz de una declaración de Yorongar en la cual expresaba su oposición a la construcción del oleoducto Chad-Camerún, financiado por el Banco Mundial.
El Sr. Serge Michailof, director del Banco Mundial en Chad, respondió el 22 de junio, expresando que creía que los tres habían sido liberados. Acerca del oleoducto agregó:
"Como seguramente sabrán, apoyamos el proyecto de oleoducto Chad-Camerún debido a su potencial para aumentar en forma sustancial la inversión en Chad -uno de los países más pobres delmundo- en actividades que alivien la pobreza. Permítanme asegurarles que más allá de su potencial para reducir la pobreza, sólo llevaremos adelante este proyecto si se respetan nuestras salvaguardias ambientales y sociales. Esto incluye realizar una consulta amplia a las poblaciones locales de Chad sobre los impactos del proyecto". Agosto de 1998.

Una vez más el Banco Mundial muestra a quiénes sirve
Enfrentado a una fuerte oposición de representantes de la sociedad civil, el Banco Mundial acaba de aprobar un controvertido proyecto para la explotación petrolera y construcción de un oleoducto, liderado por Exxon-Mobil, el cual habrá de conectar campos petroleros de Chad con la costa atlántica de Camerún. Entre los patrocinantes del proyecto se encuentran también Chevron y Petronas, la compañía petrolera estatal de Malasia. El costo total del megaproyecto, que es uno de los mayores de este tipo en la región subsahariana, será de U$S 3.700 millones.
Si bien el Banco argumenta que el proyecto incluye un programa para canalizar nuevos ingresos a apoyar el desarrollo socioeconómico de Chad y que los impactos ambientales y sociales provocados por el mismo recibirán especial consideración y serán periódicamente monitoreados, grupos ambientalistas y de derechos humanos enfatizan en que este megaproyecto habrá de desplazar en forma forzada a los campesinos que habitan a lo largo del trayecto de más de 1000 kilómetros del oleoducto, así como a los aldeanos de Chad que viven cerca del lugar de localización de los 300 pozos petroleros, que tendrá impactos sobre la fauna de los bosques en las áreas afectadas e incentivará todavía más la corrupción a nivel gubernamental en ambos países. Un problema adicional del proyecto está en que podría promover la reedición del conflicto armado en esta región productora de petróleo y llevar a severas violaciones de los derechos humanos. El pedido de dos años de moratoria para el proyecto, de manera que Chad pudiera desarrollar un marco legal adecuado para manejar los ingresos generados por el mismo y que Camerún pudiera establecer las correspondientes salvaguardas ambientales, fue ignorado.
Teniendo en cuenta los antecedentes negativos en materia social y ambiental de los actores involucrados en el proyecto, así como los comprobados efectos de este tipo de megaemprendimientos que se realizan en el sur en nombre del "progreso", la idea entusiastamente expresada por el Banco en el sentido de que el proyecto constituye "un marco sin precedentes para transformar los ingresos generados por el petróleo en beneficios directos para los pobres, los sectores vulnerables y el ambiente" resulta realmente difícil de creer. A menos que el Banco considere que las petroleras son pobres y vulnerables y que la explotación y transporte de petróleo pueda de alguna manera ser beneficioso para el ambiente. En suma, desgraciadamente una vez más el Banco ha demostrado a quiénes sirve. Junio de 2000.

Ingresos petroleros versus derechos humanos y medio ambiente
"Este es el proyecto más rigurosamente examinado y controlado del mundo" replicó un alto funcionario francés en Chad a los representantes de las organizaciones de Derechos Humanos de ese país que se entrevistaron con él en marzo de 2001. "No hay absolutamente nada de qué preocuparse" agregó. Sin embargo, hay muchas personas preocupadas y que han venido luchando contra este proyecto desde hace mucho tiempo.
En verdad, la campaña internacional contra el proyecto de explotación petrolera y oleoducto Chad-Camerún, liderada por ONGs Africanas y apoyada por ONGs de todo el mundo, ha sido muy exitosa en términos de lograr que el proyecto incluyera numerosas medidas precautorias con el propósito de hacerlo más responsable desde el punto de vista ambiental y social. Por ejemplo, la trayectoria de la obra fue rediseñada para evitar que pasara por algunas zonas ricas en biodiversidad; en Chad se estableció un Comité de Supervisión -incluyendo a representantes de la sociedad civil- para asegurarse de que los ingresos provenientes de la venta de petróleo sean utilizadas en el alivio de la pobreza y, sobre todo, en los documentos oficiales se destacó el papel de la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos indígenas. Más aún, se estableció un Grupo Asesor Internacional, con el cometido de monitorear los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como cuestiones de "buen gobierno", incluyendo el tema de los Derechos Humanos. Por lo menos en el papel, todas estas medidas indican un importante alejamiento del enfoque liberal de partida, según el cual el Banco Mundial y las empresas privadas que cuentan con su apoyo dejarían todo librado a los respectivos gobiernos receptores de los fondos -sin importar cuan corruptos fueran- para que manejaran los proyectos de acuerdo con sus propios intereses.
A pesar de lo impresionante que puedan parecer estos cambios en el papel, existen serias dudas acerca de lo que todas estas medidas puedan significar en la práctica, dado que no pueden ser consideradas aisladamente de la situación política general de ambos países. El último Informe sobre Derechos Humanos realizado por el Departamento de Estado de los EE.UU. confirma que tanto el gobierno de Chad como el de Camerún siguen cometiendo impunemente graves violaciones a los Derechos Humanos y que los ciudadanos de ambos países no tienen acceso a un sistema judicial independiente.
ONGs chadianas y camerunesas exigieron una moratoria sobre la decisión de financiar el proyecto hasta tanto existan las garantías que aseguren que el proyecto no implicará más violaciones de los Derechos Humanos y destrucción ambiental. Pese a ello, los gobiernos, las empresas petroleras y sus financiadores internacionales estaban apresurados y el proyecto fue aprobado en junio de 2000.
Poco después los temores de las ONGs resultaron confirmados, cuando el gobierno de Chad utilizó parte de los fondos del primer pago por parte de las empresas petroleras para adquirir armas. A pesar de las manifestaciones del Banco Mundial en el sentido de que está en funciones un Comité de Supervisión, el marco regulatorio para su accionar todavía no se ha publicado. Además, en el borrador del decreto de implementación del comité, dado a conocer por el gobierno, se propone un proceso de toma de decisiones por mayoría simple, lo que aseguraría siempre la mayoría al gobierno. Lo que es más, reduce sensiblemente el área de intervención del Comité de Supervisión y sólo le requiere que informe al gobierno.
En Camerún la construcción del oleoducto habrá de destruir la biodiversidad, especialmente en la selva litoral, habitada por el pueblo indígena Bakola. Tal como lo exigen las políticas ambientales del Banco, el organismo requirió del gobierno que creara un área protegida a efectos de compensar dicha pérdida de biodiversidad. No obstante, dicha zona de compensación -denominada Reserva de Campo- está siendo amenazada por una compañía maderera francesa que forma parte del muy conocido Grupo Bollore, que mantiene estrechos vínculos con el gobierno camerunés.
El Grupo Asesor Internacional, presidido por un ex Primer Ministro de Senegal, está a punto de realizar su primera visita de campo a Chad y Camerún. La efectividad del trabajo de este grupo dependerá de su capacidad para trascender el ejercicio de relaciones públicas en que puede convertirse su visita y, en cambio, establecer relaciones con las comunidades afectadas y las ONGs en el terreno.
Independientemente de la actividad de este Grupo, recientemente el Panel de Inspección del Banco Mundial ha recibido una demanda presentada por un miembro del Parlamento de Chad, representante de la región productora de petróleo y por 120 residentes locales. En la demanda se plantea que la población local y su ambiente se han perjudicado o son pasibles de perjudicarse como consecuencia de la violación por parte del Banco de sus propias políticas. La Junta de Directores Ejecutivos del Banco habrá de decidir si autorizará o no al Panel de Inspección a investigar la denuncia, sólo luego que la administración del Banco Mundial haya tenido la posibilidad de responder a esas acusaciones. Dada la naturaleza controversial del proyecto y el clima de opresión política reinante en Chad y Camerún, la credibilidad del Banco se vería seriamente perjudicada si no va al fondo de las acusaciones planteadas por los demandantes, quienes corren el riesgo de ser encarcelados, torturados e incluso asesinados por hacer públicamente esas denuncias.
Posiblemente hasta ahora el resultado más positivo de la campaña internacional sobre el proyecto haya sido el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil tanto en Chad como en Camerún. A pesar de las enormes dificultados y los peligros que deben afrontar, hay planes para coordinar esfuerzos a nivel de las ONGs, con el fin de monitorear la situación de los campos petroleros y la construcción del oleoducto, con el objetivo de evitar un desastre desde el punto de vista humano y ambiental. Tales esfuerzos merecen todo el apoyo de la comunidad internacional. Por: Korinna Horta. Abril de 2001.

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