BOLIVIA

Indice: Introducción Bolivia Brasil Colombia Ecuador Guayana Francesa Guyana Perú Suriname Venezuela Conclusiones: Compromisos y realidad Anexos

Bolivia es un país mediterráneo, dividido en tres regiones (el altiplano; las yungas y valles subtropicales; y los llanos de selvas y sabanas) que totalizan una superficie de 1.098.581 km2 con una población de 8.142.000 habitantes (Guía del Mundo 2001).

En cuanto a la superficie cubierta por bosques, se habla de 824.000 hectáreas de Amazonía boliviana, lo que implica un 75% del territorio nacional y un 10,9% del territorio amazónico (TCA 1992). Cifras que resultan muy relativas, dado que la deforestación se ha venido acelerando a una tasa estimada de 0.2% anual lo que implica un total de 133.500 hectáreas deforestadas por año (WRI 1994).

A pesar de que en 1998 se habían deforestado 10.000 km2 (José Santamarta, 1999) entre la Amazonía boliviana y venezolana (no se encontraron datos desglosados), valor relativamente menor al resto de los países amazónicos, la degradación que ha sufrido este ecosistema es muy importante.

Las principales actividades económicas rurales de las tierras bajas incluyen la agricultura y la ganadería empresarial, la producción de alimentos en pequeña escala, el cultivo de coca, el aprovechamiento de la madera, la recolección de productos forestales no maderables, tales como la castaña y el palmito, la minería, y la extracción de petróleo y gas natural. La primera expansión importante de los frentes forestales se produjo desde principios de la década de 1960 vinculada a la explotación de maderas preciosas y, ante el agotamiento de las reservas naturales de determinadas especies, las actividades de aprovechamiento se fueron extendiendo hacia una gran parte de las áreas forestales de las tierras bajas, produciendo un efecto intenso de empobrecimiento de los bosques y de pérdida de biodiversidad.

Entre las principales causas directas de deforestación se cuentan las siguientes:

La explotación de caucho, castaña y palmito

Desde fines del siglo XIX comienza la presión colonizadora a partir del auge económico del caucho, lo que implicaba el sometimiento de las poblaciones indígenas y la instalación de empresas extranjeras mediante numerosos centros de explotación (o barracas) a lo largo de los ríos, acompañados de actividades agrícolas y pecuarias. Esto significaba la apropiación y uso irrestricto de todos los recursos que se encontraban en cada unidad o barraca. Una sola empresa inglesa llegó a controlar el 75% del área boscosa del norteño departamento de Pando. Al bajar los precios del caucho tras la Segunda Guerra Mundial, las grandes empresas se desintegraron y pasaron a ser pequeñas y medianas barracas en manos de ex-trabajadores, lo que dio lugar al surgimiento de nuevas comunidades. En las siguientes décadas, pasó a imperar la explotación de la castaña, hasta ahora de menor importancia. El hecho de que la castaña se cosecha tan solo durante cuatro meses al año llevó a los barraqueros a incursionar en el madereo y la explotación del palmito en forma intensiva, con el consiguiente agotamiento del recurso.

Esta lógica con que se realizó la explotación del caucho, de la castaña y del palmito, llevó a la posesión y concentración de la tierra, lo que acarreó conflictos con las comunidades indígenas y campesinas habitantes de esos territorios. A su vez, la relación de dependencia generada por los créditos otorgados a los trabajadores por parte de los patrones a cambio de su trabajo (que nunca ganaban lo suficiente para cubrir los altos precios fijados por el patrón), explica la situación de extrema pobreza de los habitantes de la zona.

La industria maderera

El impulso que se ha dado a la explotación de los recursos naturales en la última década, en parte como respuesta a la crisis económica, ha acelerado la pérdida de fronteras forestales. La libre explotación maderera sin coordinación y en forma selectiva, es una amenaza para los bosques, su fauna y los cursos de agua relacionados. Las maderas que se talan son principalmente mara, caoba, roble y cedro. La falta de control del madereo hace que algunas concesiones se encuentren en áreas de uso restringido para el madereo y que otras actúen también fuera de sus concesiones o incluso sin tenerlas. A pesar de que la tala de mara ha sido prohibida a los pobladores locales, madereros ilegales continúan con sus actividades poniendo en riesgo el agotamiento de esta madera. En la última década el madereo ilegal llegó incluso a las Reservas Nacionales, y aunque se han hecho varias denuncias, los resultados son escasos.

En el departamento de Beni, al norte del país, la extrema pobreza que produce la distribución desigual de la tierra obliga a los campesinos a migrar hacia el bosque. Estas migraciones y luego asentamientos se hacen aprovechando los caminos existentes, generan conflictos entre los nuevos colonos y los pobladores locales por un lado y con los grandes propietarios por el otro. Cada nuevo proyecto de apertura de caminería ya sea para comunicar regiones o para la salida de productos de la zona empeora la situación, ya que se penetran áreas que son el sustento de las comunidades ya establecidas en la zona, además de que incrementa la explotación indiscriminada de los recursos forestales.

Los pueblos indígenas, después de haber soportado en su propia tierra una centenaria discriminación, injusticias, esclavitud y malos tratos por los "pioneros" e invasores de esas tierras amazónicas, esperan con ansias que el Estado cumpla sus promesas de darles títulos de propiedad sobre el Territorio Indígena, lo que significa la recuperación de sus áreas de caza, pesca, recolección y acceso a todos los recursos del bosque, suelo y subsuelo, así como sus aspiraciones de tierra, justicia y dignidad.

La influencia directa de la extracción maderera en la deforestación ha sido poco significativa, pero sus efectos indirectos sobre la deforestación han sido mayores, en tanto las operaciones de aprovechamiento maderero generalmente han precedido a la expansión de otros usos de la tierra.

La actividad minera

Esta actividad ocasiona la contaminación de grandes extensiones de suelos y cuerpos de agua, la emisión de gases tóxicos, el vertimiento de residuos líquidos y sólidos así como la transformación del paisaje mediante la destrucción de cerros, construcción de diques, el dragado de ríos, la construcción de carreteras, etc. También impacta en gran medida sobre la biodiversidad y ejerce una gran presión sobre los bosques.

Desde la colonia, la explotación principalmente de la plata ha permitido el enriquecimiento de extranjeros (españoles) en primer lugar y más adelante, a mediados del siglo XIX, la acumulación de capitales nacionales, mediante el trabajo forzado de miles de indígenas que perdieron la vida en las minas bolivianas. Ya en la primera mitad del siglo XX la caída del precio internacional de la plata y la demanda de estaño llevó al cambio del primero por este último. La explotación minera llevó al enriquecimiento de unos pocos mediante la explotación de muchos, lo que derivó en la Revolución de 1952 y en la nacionalización de las minas. Pero los recursos obtenidos de la minería fueron destinados a apoyar a la actividad petrolera y a la construcción de carreteras, por lo que 10 años después la minería decayó y el gobierno favoreció nuevamente a la iniciativa privada. A partir de esta decisión, miles de trabajadores quedaron sin su fuente de ingresos y se vieron obligados a una reconversión no siempre posible. La explotación minera está ahora en manos de empresas extranjeras, cuyas actividades contribuyen a la deforestación y degradación de suelos, cursos de agua y bosques.

La industria petrolera

La prospección y explotación de petróleo constituye otra de las actividades depredatorias que afectan a los bosques de Bolivia y a sus habitantes. Hasta 1920 el gobierno cedió a empresas extranjeras enormes territorios ricos en petróleo, las que exportaban todo lo obtenido. Más tarde, las actividades de exploración y explotación fueron pasando a manos del Estado. El monitoreo y fiscalización de las actividades petroleras en la Amazonía boliviana han sido prácticamente inexistentes o han tendido a favorecer los intereses sectoriales antes que los ambientales.

Con la Revolución de 1952, al nacionalizar las minas, Estados Unidos realizó un bloqueo económico, aprovechado para ofrecer alimentos a cambio de que se revisara la política petrolera, hasta que en 1972, con la Ley de Hidrocarburos se logró nuevamente nacionalizar la producción, con un sistema de concesiones. La nueva Ley de Hidrocarburos de 1996 cambió las reglas del juego para incentivar la entrada de capitales frescos para la exploración de nuevos bloques.

Los impactos y accidentes ambientales ocasionados por la exploración petrolera son muchos y van desde la explosión de un pozo, fuga de gases, hasta la contaminación de las aguas, suelos y ríos por los derrames y la eliminación de desechos tóxicos.

Se ha denunciado recientemente que la empresa Repsol ha entrado en la Amazonía para realizar medidas topográficas previas a la perforación del pozo Eva Eva. La empresa ya se ha adentrado 90 kilómetros en la selva, utilizando una ruta previamente abierta por los madereros. Una vez más las carreteras se convierten en la vía de ulterior destrucción de la selva y una vez más Repsol viola las normas nacionales e internacionales relativas a los derechos de los indígenas y la protección del ambiente.

Este impulso dado a megaproyectos como carreteras (Bolivia - Brasil) o gasoductos (Enron / Shell de Bolivia a Cuiabá/Brasil) en otras partes del país, que por un lado afectan a millones de hectáreas de bosque, en el cual habitan cientos de comunidades indígenas y campesinas y por otro lado afectan indirectamente a la Amazonía. Esta destrucción provocada por el "desarrollo" se disimula con supuestos proyectos de conservación que constituyen un atentado más contra la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales.

La ganadería y agricultura

La conversión de los bosques ha sido el resultado de la presión que ha ejercido principalmente la agricultura y en menor grado la ganadería. La cría de ganado de engorde en grandes haciendas es una de las causas de la destrucción de la Amazonía boliviana, una destrucción calificada como injustificada, dados los bajos rendimientos obtenidos, los destrozos causados, los problemas sociales generados y la viabilidad de otras alternativas (José Santamarta, 1999).

La producción mecanizada de soja en gran escala se ha expandido fuertemente en los últimos diez años y los productos derivados de la soja se han convertido en uno de los principales rubros de exportación.

A pesar de los esfuerzos recientes por aclarar y sanear la situación de la tenencia de la tierra y los bosques, sigue existiendo mucha sobreposición entre áreas protegidas, territorios indígenas, concesiones madereras, propiedades agropecuarias, concesiones mineras y áreas usadas por productores informales de madera y recolectores de castaña y palmito.

El cultivo de coca

Desde los años 80 ha aumentado la producción de coca destinada al narcotráfico, producción que es directamente proporcional al aumento del consumo de cocaína en los países industrializados. La región amazónica es donde se cultiva la coca, en los valles de la Ceja de Selva, en territorios indígenas en los que, instigados por las políticas gubernamentales, se fueron asentando colonos, campesinos sin tierra, provenientes de los Andes. Esto ha ocasionado una constante tensión entre nativos y colonos que se agravaron con la introducción del cultivo de la coca por parte de los colonos.
Las consecuencias de políticas irresponsables, que utilizaron la Amazonía para desviar la atención de los pobres sobre los verdaderos responsables de su miseria, son ahora más patentes que nunca. El narcotráfico ha encontrado en la selva las condiciones ideales para perpetuarse, con los consiguientes impactos sobre las poblaciones indígenas que corren el riesgo de ser expulsadas de sus territorios tradicionales.