COLOMBIA

Indice: Introducción Bolivia Brasil Colombia Ecuador Guayana Francesa Guyana Perú Suriname Venezuela Conclusiones: Compromisos y realidad Anexos

La Amazonía Colombiana, ubicada al sur del país, comprende a los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainia, Guaviare, Putumayo y Vaupes, e incluye a La Serranía de la Macarena, localizada en el departamento del Meta. Cubre una superficie aproximada de 406.000 Km2, abarca el 36 % del territorio nacional y constituye un 5,3 % del total del territorio amazónico.

Colombia tiene una de las cinco mayores tasas de deforestación de bosque húmedo tropical en el mundo. Durante la década de 1980 se destruyeron 15,4 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical, de las cuales el 4,5 por ciento se deforestó en Colombia, principalmente en su región amazónica (Departamento Nacional de Planeación, 1996). Sin embargo, es en la Amazonía donde se encuentran todavía la mayor proporción de bosques sin intervención: 27.409.430 hás.

Uno de los principales responsables del proceso de deforestación en Colombia es el propio Estado colombiano, que ha evadido la responsabilidad de iniciar una verdadera reforma agraria integral y ha desplazado el problema de la tierra, uno de los orígenes de la violencia del país hacia los territorios considerados "baldíos nacionales", zonas de escaso control estatal como los parques naturales, las reservas forestales e incluso los territorios indígenas, dando lugar a la instalación de nuevos problemas, generando más violencia y crisis agraria, marginalidad y favoreciendo indirectamente la concentración de tierras y el establecimiento de cultivos de uso ilícito.

A mediados del siglo XX, grandes colonizaciones, originadas en el terror y la violencia impuestos por los grandes propietarios del interior del país, se abrieron espontáneamente hacia la región Amazónica consolidando un modelo terrateniente de exclusión y expulsión permanente de campesinos del área andina. Durante los años sesenta, dos proyectos de "colonización", el Caquetá 1 y el de El Retorno al campo en el Guaviare impulsados por el INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria), dieron comienzo al proceso de deforestación de la Amazonía. Las tierras adquiridas por los campesinos pobres mediante estos proyectos, deforestadas, convertidas a la agricultura, degradadas y convertidas en pastizales fueron finalmente entregadas como pago de deudas a latifundistas o comerciantes. Entre 1960 y 1996 los grandes propietarios aumentaron el porcentaje de tierras que poseían del 29 al 60% . La concentración de la tierra en Colombia es tan alta que el 0.4% de los propietarios tienen el 60.5% de la superficie rural del país.

El bosque es una reserva territorial para la gran mayoría de la población desplazada y desposeída que nuevamente y ante la incertidumbre de la tenencia de la tierra, aumenta la tala de bosques para destinar las tierras para la agricultura. La falta de incentivo para la producción agrícola, la caída de los precios de los monocultivos a gran escala promovidos por el gobierno como el café y el maíz, hace que los campesinos busquen fuentes más rentables para su producción. Desde mediados de los años setenta, el cultivo de la coca, así como el de la marihuana y la amapola tuvieron un enorme auge, debido entre otros factores a que su rentabilidad es mayor de la de cualquier otro cultivo.

A partir de 1991 el cultivo de coca se ha convertido en una de las principales causas de deforestación debido a la demanda externa de cocaína y la contracción de las áreas dedicadas al cultivo de la coca en otros países (en particular Perú). La superficie cocalera colombiana pasó de 37.500 hás a principios de 1991 a más de 100.000 hás. en 1999. De las 120.000 hectáreas existentes en el país actualmente se calcula que el 90% se encuentra en la Amazonía, concentradas básicamente en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare.

La política de intentar erradicar los cultivos de coca, medida propuesta en el Plan Colombia (un plan casi secreto, dado a conocer a fines de 1998, con apoyo financiero de EUA y que ignora los graves problemas económicos y sociales de la población), no solamente es violatoria de todos y cada uno de los acuerdos internacionales firmados por el gobierno, sino que sólo promoverá mayor deforestación. Mediante la pulverización aérea de herbicidas que tienen efectos muy negativos sobre los cultivos de subsistencia de la población y los bosques circundantes, que resultan tóxicos para los seres humanos y contaminan el agua, lejos de solucionar el problema se ha inducido a los cultivadores a buscar lugares más inaccesibles para desarrollar su actividad. Entre 1994 y 1999 se fumigaron 240.000 hectáreas de coca y amapola (a razón de 30.000 hás por año), con más de dos millones de litros de glifosato. Sin embargo, el área de cultivo se ha casi triplicado y la problemática asociada a esta actividad se ha ampliado a nuevas áreas en la Amazonía. Entre 1996 y 1998 las fumigaciones intensivas en el Guaviare derivaron en la expansión de cultivos hacia el Putumayo, con un crecimiento del 330% en el mismo período.

El control biológico con el hongo Fusarium oxysporum, otra de las medidas propuestas en el Plan Colombia para la erradicación de cultivos de coca de pequeños y medianos productores, además de agravar el proceso de deforestación cierne un gran peligro sobre la Amazonía. El hongo Fusarium que se piensa fumigar con el glifosato, no podrá ser controlado en el ambiente natural como si estuviera en condiciones asépticas en un laboratorio. El hongo es además mutante, dispersándose de un lugar a otro, adopta formas y tamaños necesarios para su desplazamiento y expansión. Una investigación técnica recientemente realizada por el Colegio de Agrónomos de Ecuador, indica que el hongo es un arma química de acción mortal que ataca la flora microbiana del suelo volviéndolo improductivo, ataca a la fauna benéfica, la vida acuática y a través de esto a los humanos. Por su alta peligrosidad es considerado arma de guerra en el Protocolo de armas químicas y tóxicas, por lo que su uso además de ser inconstitucional atenta contra el Convenio de Biodiversidad.

En estas condiciones, el millón de personas que ocupan la región Amazónica se ve enfrentada a un permanente proceso de desarticulación social, de violencia, contaminación ambiental, degradación productiva de la tierra y nuevos desplazamientos forzosos que incrementarán los procesos de deforestación, perjudicando principalmente a los 58 pueblos indígenas que habitan la Amazonía colombiana.

No ha sido menor la eliminación de extensas áreas de selva amazónica por la promoción realizada por parte del gobierno de los grandes monocultivos de maíz, banano y café realizada a partir de la década de los 70 y más recientemente las plantaciones forestales con fines comerciales de pino, eucalipto y de palma aceitera.

Es de notar que hasta el momento la inaccesibilidad de la Amazonía colombiana resultante de la inexistencia de carreteras ha servido para preservarla de los procesos de deforestación ocurridos en otras áreas. Sin embargo, existe la potencialidad de aumentar el número de carreteras, especialmente en Caquetá a partir de Florencia y en la zona del Guaviare, donde ya se ha construido el tramo San José-Calamar.