VENEZUELA

Indice: Introducción Bolivia Brasil Colombia Ecuador Guayana Francesa Guyana Perú Suriname Venezuela Conclusiones: Compromisos y realidad Anexos

La Amazonía Venezolana en sentido estricto comprende parte de los Estados de Amazonas y Bolívar y abarca un territorio de 53.000 km2. A pesar de que es solamente un 6% del total del territorio y un 0,7 % del territorio total de la cuenca amazónica, en la Amazonía Venezolana habitan alrededor de diecinueve naciones indígenas. Los Hiwi, Wotuhjeje, Puinave, Piakoko, Baniba, Warekena, Kuripako, Yeral, Bare, Yanomami, Sanema, Ninam, Pemon y Kapon son sólo algunas de ellas.

En un sentido más amplio, Venezuela detenta parte de la mayor extensión de bosques tropicales vírgenes o no significativamente intervenidos que actualmente quedan en el planeta, de 391.000 km2 de extensión: los bosques tropicales del Escudo Guayanés, que comparte con Brasil, Guyana, Suriname y la Guayana Francesa.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la tasa de deforestación anual promedio en Venezuela, que era de alrededor de 245.000 hectáreas por año durante la década de los 70, aumentó a más del doble durante la década de los 80 alcanzando las 600.000 hectáreas por año (1,2 % anual). A pesar de que la FAO afirma que esta tasa ha disminuido un 10% durante la década de los 90, es de destacar que la tasa de deforestación en Venezuela llegó a ser el equivalente al doble de la de Brasil y tres veces superior a la de Perú. Durante 1981 y 1990 se destruyó una superficie de bosques mayor que el área total de un país como Costa Rica y entre 1992 y 1997 se destruyeron 2 millones y medio de hectáreas, a razón de una hectárea por minuto. De mantenerse esta tasa de deforestación Venezuela se convertiría en un desierto en menos de 40 años.

Es posible que esta altísima tasa promedio de destrucción pueda extrapolarse al área de la sub-región amazónica debido a los intentos de "desarrollo" impulsados por el estado en el área.

Durante los años 60, con el programa denominado "La conquista del Sur", concebido bajo el gobierno de Rafael Caldera como una respuesta estratégica a la "Operación Amazonas" del gobierno brasileño, fue que se inició la apertura de la selva para dar paso a carreteras, creación de poblados, explotación minera e incentivo de plantaciones en zonas selváticas.

A partir de los años 70 la construcción de carreteras en la zona central y sur de Venezuela contó con el impulso económico del capital petrolero. Estas rutas estimularon el desarrollo ganadero por lo que grandes extensiones de tierras indígenas fueron alambradas y pueblos enteros fueron expulsados o quedaron como intrusos en sus propias tierras.

Pero las tasas más altas de deforestación se alcanzaron en Venezuela durante la década de los 80 cuando gigantescas inversiones del tesoro nacional y la banca multilateral de desarrollo se destinaron a la explotación de mineral de hierro, bauxita, fábricas de acero y aluminio, embalses y una multitud de industrias livianas, todas éstas ligadas por una red de caminos y líneas de alta tensión que cruzaron ciudades nuevas fundadas para proveer mano de obra a las industrias.

A pesar de que la propuesta política de los años 80 puso un mayor énfasis en las cuestiones ambientales, las tasas de deforestación fueron las más altas de los últimos 30 años. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables se convirtió en el ministerio más poderoso del sur del país. Como consecuencia, alrededor de un 60% de los Estados de Amazonas y Bolívar fueron definidos como Areas Bajo Régimen de Administración Especial, o sea reservas forestales, reservas hidrológicas, zonas protegidas, parques nacionales, monumentos naturales y reservas de biosfera. Sin embargo, aún áreas delimitadas como bosques permanentes han sido destruidas, ya sea dentro de zonas protegidas, o en reservas forestales oficialmente destinadas a la producción permanente de madera comercial.

Se considera que una de las principales causas de deforestación en Venezuela es el aumento de lo que se denomina "la frontera agrícola", o sea, la superficie de tierra que se destina a la agricultura a expensas de los bosques. Entre 1980 y 1990, ésta pasó de 24 a 32 millones de hectáreas. A pesar de que el área dedicada a la agricultura sería más que suficiente para alimentar a la población venezolana y obtener beneficios económicos adicionales para el país, Venezuela continúa importando la mitad de los alimentos que consume.

La "conversión" a la agricultura no ha provisto a la población venezolana de alimentos pero ha facilitado el traspaso de gran cantidad de tierras públicas, que originariamente fueron boscosas, a propiedad privada, inclusive dentro de reservas forestales.
El proceso da comienzo con la entrega de parcelas cubiertas de bosque generalmente a campesinos sin tierra que en una primera instancia se dedicaron a comercializar las especies más valiosas.

Diferentes organismos como la Federación Campesina y el Instituto Agrario Nacional han sido utilizados como vehículos de esta pretendida reforma agraria. Luego, los bosques degradados son talados y quemados para convertirlos a la agricultura y de esta forma los agricultores obtienen títulos de propiedad sobre esas tierras. Las tierras con suelos degradados por la agricultura son finalmente vendidas a precios irrisorios a los terratenientes, ganaderos y caudillos que fueron los que en principio propiciaron la "reforma", lo que ha tenido como consecuencia que Venezuela sea uno de los países de América Latina con mayor concentración de tierras agrícolas en pocas manos. Según el censo agrícola de 1988, el 6 % de los propietarios acaparaban el 70 por ciento de las tierras agrícolas del país.

Un 20 por ciento de la deforestación registrada durante la década de los 80 se encuentra relacionada directa o indirectamente con la explotación maderera. A partir de la década de los 50, el gobierno otorgó a las empresas permisos anuales de extracción de madera en áreas reservadas para esos efectos. Esta actividad destruyó totalmente o degradó en forma severa extensas áreas boscosas. Durante la década de los 70 el gobierno entregó a las empresas las primeras concesiones a un plazo de 30 años. Pero fue entre 1987 y 1992 que la superficie dada en concesiones se multiplicó por seis, superando los 3 millones de hectáreas. La mayor parte de estas concesiones se otorgaron en el Estado Amazónico de Bolívar. La destrucción causada en los bosques dados en concesión es casi total dado que, aunque suelen aprovecharse sólo unos pocos árboles por hectárea, durante la explotación generalmente se destruye o se daña la mayor parte del bosque. Según estimaciones de la FAO, en este tipo de operaciones de tala selectiva el nivel de daño afecta al 30 o 40 % de la superficie del bosque, pero si el madereo es intensivo o los métodos de tala descuidados se puede llegar a destruir hasta un 70%.

Los remanentes de bosque severamente degradados son presa de intereses que los conducen a su conversión a la agricultura dando origen nuevamente al proceso al que se hizo referencia más arriba o a la instalación de monocultivos forestales.

Los monocultivos forestales que se establecen en estas áreas de bosque degradado tienen un doble efecto negativo, no permiten la regeneración del bosque natural y por ende facilitan la erradicación de especies nativas y atentan contra la supervivencia de los pueblos que ancestralmente han vivido en ellos y de los cuales dependen, acrecentando de esta forma la población empobrecida y marginada.

Las actividades de minería legal e ilegal de las minas de oro y diamantes y el apoyo del gobierno a la extracción de carbón, emprendimientos de infraestructura y más recientemente eco-turísticos son también causas de deforestación en Venezuela.

El Decreto Presidencial 1850, emitido en mayo de 1997, entregó casi la totalidad de la Reserva Forestal de Imataca, un área de bosque del tamaño de Holanda, hogar de cinco pueblos indígenas, a empresas forestales y mineras. Para proporcionar suministros energéticos a estas empresas, el gobierno está llevando a cabo la construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica Venezuela - Brasil, de unos 200 kilómetros de longitud que atravesará el estado de Bolívar. Este tendido eléctrico ya ha arrasado con cientos de hectáreas de bosque en la Reserva Forestal Imataca y se considera que causará un grave proceso de deforestación y terminará de romper la continuidad de los bosques del Escudo Guayanés.