La invasión forestal

Por Darío Aranda

Publicado el 26 de Julio de 2009 en Página 12

Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance.

Verdes, prolijos y en línea. Son como un ejército en formación. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad.
Industria poderosa

Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes y medianas empresas del sector.

La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción.”

Según la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos originarios.
Provincia modelo

Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, alertan sobre el avance forestal.

La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos.

Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas por la desregulación en la producción (las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el perfil productivo, impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales.

Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, participan contratistas que suelen hacer punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la concentración de tierras por parte de privados.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década y en la zona de las pasteras (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agricultura Orgánica (RAOM).

Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas.
Patagonia forestal

La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica.

“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su propia tierra.

“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó la organización en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro territorio sea parte de ese control y saqueo.”

Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras. Toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas.

La empresa Emforsa no respondió las preguntas de este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió los llamados.

En Neuquén, la compañía Corfone planifica sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios provinciales el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.

La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. “La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.

Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.

“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”, resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía: “Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”, entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde la empresa quiere echar las familias.”
Argentina, capital forestal

Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.

A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibilo-ni, el secretario de Ambiente de Nación.

Una ley ventajosa

A lo largo de la Cordillera se multiplican las asambleas ciudadanas que enfrentan el desarrollo minero a gran escala, con denuncias de contaminación. Luego de cinco años de movilización comenzaron a ganar espacio en la agenda porteña y pusieron en evidencia una infraestructura jurídica (Ley 24.196), aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, con enormes ventajas impositivas. De idéntica manera, pero silenciada, las empresas forestales también contaron con la bendición menemista: la Ley 25.080, de Inversiones para bosques cultivados.

La ley beneficia tanto a personas físicas como jurídicas, y subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias.

El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explicita la ley.

El artículo 17 de ley no utiliza la palabra subsidio. Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se cubrirá el 20 por ciento.

La Asociación Forestal Argentina (AFOA) participó, en la década del ’90, en la redacción de la norma. “Tomamos como referencia la ley minera”, admite Jorge Barros, vocero de la entidad, aunque al instante toma distancia: “Nuestro sector no tiene beneficios exagerados.” Dependiendo del producto, las exportaciones forestales tienen retenciones de entre el cinco y diez por ciento. Aunque desde AFOA solicitan su reducción a la mitad.

Raúl Gorriti milita junto a familias campesinas, integra la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) y desde hace una década estudia y denuncia el accionar forestal. En cuanto a la ley 25.080, no tiene dudas. “Es un negocio redondo. Esta expoliación de la naturaleza y los fondos públicos es la misma política que favorece a las petroleras y las mineras”, denuncia.

Eduardo Stirneman, del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform), impulsa la actividad y conoce la ley a la perfección. “El pequeño y mediano productor no tiene grandes probabilidades de ser beneficiados con la ley, sobre todo por la demora estatal en pagar los subsidios. Al pequeño no le sirve”, afirma. Y señala quiénes son los ganadores: “Los grandes productores”.

La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre pasado.

No son bosques

“Las plantaciones de árboles a gran escala se extienden en prácticamente todos los países de la región. Ya sean para celulosa, madera o combustible están implicando una serie de graves impactos que afectan a las comunidades locales, tanto sociales y ambientales, con uso de agrotóxicos y degradación ambiental de suelo, agua, flora y fauna”, denuncia el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). En la misma línea, en septiembre pasado, profesionales y estudiantes forestales de 29 países lanzaron una alerta mundial sobre el cultivo industrial. “Los monocultivos de árboles no son bosques”, advierte desde su título el llamado a tomar conciencia y advierte sobre la pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo hidrológico (tanto agotamiento de fuentes de agua como inundaciones y deslizamientos) y degradación de suelos.

Desde una definición técnica, un bosque es un lugar diverso que presenta tres estratos vegetales: uno en el que predominan los pastos, otro de arbustos y un tercero con especies arbóreas. En el bosque habitan muchas especies animales y de allí los hombres generan soberanía alimentaria, abrigo, calefacción y medicinas. “Eso no se encuentra en un monocultivo de pinos”, explican desde la Mesa Campesina del Norte Neuquino.

“Comienzan sembrando pinos en tierras muy degradadas, pero luego van avanzando sobre otras, destinadas a la cría de animales o agricultura familiar”, explica Diego Solana, de la Mesa Campesina, y se suma al debate ambiental. “Hay arraigado un discurso que dice que ‘el verde es vida’, y no es así. El monocultivo forestal desaloja, empobrece la biodiversidad y no es complementario con otras actividades, como la cría de ganado, característica de la región. En resumen: es como el monocultivo de soja.”

La Patagonia es el segundo polo forestal del país, pero aún no está claro el destino final de su producción futura. Las organizaciones sociales advierten dos posibles usos: futuras (y cuestionadas) plantas de celulosa en la región y el negocio de los “bonos verdes”, una suerte de “acciones ambientales de bolsa” surgidas del Protocolo de Kyoto.

Jorge Barros, de AFOA, explica que aún no existe desarrollo forestal en pos de los bonos verdes, pero advierte que “puede haberlo”. “Es factible, pero los actores protagónicos serían las grandes empresas, con no menos de 5000 hectáreas comienza a ser rentable”, señala.

El Grupo Benetton sembró 6700 hectáreas en Chubut, en sólo cinco años. Las petroleras hacen punta en Neuquén. Chevron lleva sembradas 5.000 hectáreas. Repsol-YPF ya alcanzó las 10.000 y avanzará con otras 5000 hectáreas antes del 2011.