Exploración petrolera en el Bloque Lliquimuni, Amazonía Sur de Bolivia
Geokinetics
se va… el dolor y el descontento se quedan con los Mosetenes
Pablo Cingolani
El Pueblo Indígena
Mosetén habita ancestralmente en la región del Alto Beni, una zona
de selva montañosa en la Amazonía meridional de Bolivia. Como es
de conocimiento público, el año pasado, su territorio comunitario
de origen fue asediado por las labores de exploración petrolera
a cargo de la estatal boliviano-venezolana Petroandina, contratista
a su vez de la empresa norteamericana Geokinetics. Ésta última ya
anunció a los indígenas que se retirará del sector durante este
mes de enero. Petroandina, por su parte, dijo que permanecerá en
la región, pero pocos le creen. Una serie de acuerdos para la construcción
de pequeñas obras en las comunidades afectadas por la labor sísmica
(programas de apoyo social los llama la cuestionada Ficha Ambiental
del proyecto) pueden quedar sólo en promesas desechas.
Daniel Gigasi es el cacique mayor del Pueblo Indígena Mosetén. Es
alto y flaco, pero fibroso. Habla con calma pero se tensa cuando
me dice que “nosotros lo veníamos alertando desde fines de noviembre
del año pasado. Cuando Geokinetics se vaya, los compromisos quedarán
en nada. Ahora que sabemos que se va a ir, está creciendo el descontento
entre nuestros hermanos”.
Vilma Mendoza es la presidenta de la OMIM, la Organización de Mujeres
Indígenas Mosetenes. Es baja de estatura pero de carácter fuerte:
estuve ahí cuando encaró con voz de mando a una improvisada asamblea
de cientos de colonizadores una noche en Tucupi, y cómo llamó a
todos a no enfrentarse entre bolivianos, mientras algunas voces
buscaban enardecer a la turba para quemarla. Sí, leyeron bien, y
sólo porque denunciaba los malos manejos de los funcionarios del
ministerio del ramo y de la empresa. Cuando le pregunto qué siente
por lo que está pasando con las comunidades de su gente y la experiencia
todavía traumática y no cicatrizada con las petroleras, me contesta
con una palabra que la pinta entera y lo sintetiza todo:
—Rabia, eso siento.
* * *
Durante el 2009,
el mundo conoció a los Mosetenes. Ellos se volvieron protagonistas
internacionales de las noticias sólo porque reclamaban el cumplimiento
de las leyes bolivianas y los acuerdos internacionales en defensa
de los derechos indígenas firmados por el país que hoy preside Evo
Morales, frente a los abusos y el avasallamiento —ya denunciados
judicialmente en Bolivia— de las empresas petroleras ya mencionadas.
De nada valió la presión mediática: Geokinetics prosiguió y concluyó
las labores sísmicas dentro de su territorio y está a punto de alzar
sus equipos y levantar sus campamentos y marcharse a Houston, Texas,
donde está su sede matriz. De manera más que acelerada, y en medio
de una nueva coyuntura electoral que se verificará en abril de 2010,
el gobierno de Morales ya anunció que dará a conocer resultados
de la exploración petrolera el próximo 23 de enero, un día después
que Evo reasuma la primera magistratura del Estado.
Como sea, entre los mosetenes, quedan dos sentimientos. Ante todo,
el dolor de haber visto su territorio avasallado, sus bosques lastimados
y sus aguas amenazadas como nunca. El impacto ambiental de los trabajos
ya realizados es una dramática incógnita. Según Gigasi, no hubo
una verdadera medición de los daños. Hay denuncias, como la que
hizo un comunario de Inicua —una de las poblaciones mosetenes afectadas—
que no sólo no se respetó la distancia estipulada entre los cursos
de agua y los sitios donde se efectuaron las detonaciones para las
perforaciones, sino que en el caso del arroyo cercano a la comunidad
—y donde la misma se provee del líquido elemento— se han realizado
no una, sino tres perforaciones. Hay otras denuncias que hablan
de afectación de salitrales y ojos de agua. Cultivos de cacao, plátano
y papaya que han sido dañados, además de los bosques del territorio
comunitario. Éste último hecho fue visto por nosotros en el mismo
terreno.
Al dolor por esas agresiones al medio ambiente y a la Madre Tierra,
se suma el descontento —la rabia diría Vilma— por la falta de cumplimiento
de Petroandina a los compromisos de realización de pequeñas obras
como parte de los que ellos mismos consideraban los impactos (¿positivos?)
“desde el punto de vista socioeconómico”, como dice la Ficha Ambiental:
“se prevé la generación de empleo para mano de obra no calificada,
necesidades comunales satisfechas por la aplicación de programas
de apoyo social y incremento de ingresos por la adquisición de bienes
y servicios en el área del proyecto, así como la compensación a
propietarios privados afectados por la habilitación de las líneas
sísmicas, campamentos volantes o helipuntos”.
La realidad se encargó de poner las cosas en su lugar. Según nuestros
entrevistados, el empleo sólo benefició a una veintena de personas
—2 ó 3 por comunidad—, encargadas por la empresa de hacer el acompañamiento
al monitoreo del impacto ambiental. Sin embargo, asegura Gigasi,
nunca se conoció ni siquiera un informe de los mismos. Los de la
Geokinetics no compraban ni un plátano, me grita y a la vez se ríe
Vilma por aquello que la actividad petrolera atraería ingresos a
las comunidades. La carne la traían sellada desde Santa Cruz, agrega
Daniel. Algunos comunarios fueron compensados por el uso de sus
terrenos donde se instalaron campamentos. Conocimos un caso en la
comunidad Villa Concepción. Sin embargo, cuando se habla de las
compensaciones establecidas por ley por los daños graves y evidentes
al ecosistema, Gigasi asevera que los funcionarios de Petroandina
aclaran que ellas se pagarían sólo si se encuentra petróleo. Finalmente,
en el caso de las obras “de apoyo social”, éstas sólo han avanzado
en 3 de las 9 comunidades y esto es lo que más ha provocado malestar
entre los indígenas. Los mosetenes son bien expresivos para reflejar
cómo se sienten. Un comunario de Inicua me dijo que “nos vienen
falseando hasta ahora. Que ya no vengan a engañar aquí… ¡esa mulita
no entra más a mi corral!”. Se refería a Petroandina, para que quede
claro.
* * *
La inversión total
de las dos fases de la exploración sísmica 2D del bloque Lliquimuni,
según sus propias fichas ambientales, asciende a 82.060.000 de dólares
americanos. Los acuerdos de “apoyo social” con las comunidades,
siendo muy generosos para con las empresas, no exceden los 200 mil
dólares de gasto. Representa el 0.24 por ciento del total erogado
por el gobierno. Desde ya que invitamos a Petroandina a que nos
rectifique si estamos equivocados y muestre sus propios datos. Hablamos
de generosidad para con la cifra ya que, en el conjunto de los acuerdos,
los propios comunarios están obligados a aportar los materiales
de construcción de las obras (madera, arena, grava, piedra, tierra,
etc.), con lo que, según los entendidos en la materia, los presupuestos
pueden ser reducidos a la mitad. Pero lo peor de todo es que ni
siquiera así, las promesas se han cumplido, al menos en las comunidades
más “rebeldes” que son la mayoría.
En San Pedro de Cogotay, el primer acuerdo con Petroandina incluyó
la compra de una peladora de arroz y de una antena para capturar
señal de televisión y el acabado de la construcción y el equipamiento
de una posta sanitaria. El segundo acuerdo incluyó las labores en
la posta y ocho mil dólares en efectivo para el tendido de luz eléctrica
a través de 7 kilómetros. Hasta ahora, nada se hizo.
En Simay, el acuerdo fijó como meta la construcción de una sede
social para la comunidad. A fines de diciembre, un arquitecto vino
de turista enviado por la empresa a visitar la población, y eso
ha sido todo.
En Santa Ana, se acordó la construcción de la plaza. Un arquitecto
llegó, hizo un presupuesto estimado que fue rechazado por la empresa.
Presentó otro proyecto, de más bajo costo y donde ahora se incluía
el aporte comunal de material. Hasta ahora, no se supo más nada.
En Inicua, se solicitó la construcción de cinco aulas. Luego se
modificó a dos aulas, dos dormitorios para maestros y una oficina
de dirección. La empresa adjudicó las obras al responsable eclesiástico
del Proyecto Oscar. Pero que se sepa no se movió una piedra.
En Muchanes, se estableció que se refaccionarían la iglesia y la
escuela y se donaría un motor de luz. Se volvió a acordar que sólo
sería donado el motor y que se cablearía el poblado, eso sí: los
comunarios deberían aportar con los postes. Hasta ahora, siguen
a oscuras.
En San Juan, se pidió la construcción de una escuela. No va, dijo
Petroandina. Contraofertaron el pago de dos mil dólares, que incluye
el pago adeudado de los sueldos de cuatro meses de la profesora,
y la dotación de combustible para la apertura de un camino. No se
ha cumplido hasta el presente.
En Covendo, Villa Concepción y San José, Petroandina está acabando
las obras de dos sedes sociales y una infraestructura de salud (“micro
hospital”, dicen nuestros testimoniantes) respectivamente, donde
la contraparte de materiales fue rigurosamente cumplida por los
comunarios. En Covendo, se está iniciando, a la vez, la construcción
de la plaza, pero la gente se queja por qué dicen que la obra está
siendo mal hecha y que nadie la controla.
Como referencia, la sede social de Villa Concepción es una edificación
de una planta de 20 x 8 metros, o sea un total de 160 M2. El precio
final promedio por metro construido para este tipo de proyectos
en el área rural de Bolivia es de 120 dólares (aunque el FPS, el
Fondo Productivo y Social dependiente del gobierno paga sólo 80
dólares a las empresas para hacer lo mismo). El precio total de
la obra sería de 19.200 dólares. La comunidad, insistimos, aportó
los materiales. Mientras Petroandina se manifieste, saquen ustedes
sus propias cuentas. Debo anotar que los más interesados en saber
cuánto cuestan las obras que se están acabando y las prometidas
que hasta hoy no se hicieron, son los propios comunarios. Ellos
también quieren sacar sus cuentas.
* * *
El 29 de diciembre
de 2009, en La Paz, Oscar Coca Antezana, el Ministro de Hidrocarburos
y Energía del gobierno de don Evo Morales, firmó una resolución
(Resolución Proceso de Consulta y Participación. RES. 001/2009…
rara la numeración pero figura así), rechazando la petición de Nulidad
del proceso del proyecto Exploración Sísmica 2D Bloque Lliquimuni
Fase 2, planteado por varios dirigentes de la Central de Pueblos
Indígenas del Departamento de La Paz (CPILAP), Pueblos Indígenas
Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) y la Organización
del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM).
En este asunto del petróleo, los indígenas del sur amazónico, a
llorar al río. Ya lo aclaró, muy enérgicamente, el Vicepresidente
de la República, don Álvaro García Linera, en una entrevista que
concedió a Le Monde Diplomatique-Edición Bolivia, y que se publicó
en su edición de agosto del año pasado: “… hemos ido a negociar
comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las
comunidades para llevar adelante la exploración y la explotación
petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga
lucha de los pueblos por tierra y territorio. En el caso de los
pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado
millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos
de pequeña densidad demográfica, pero junto al derecho a la tierra
de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por
el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés
colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia
delante”.
Las afirmaciones del Vice no tienen desperdicio pero no es el momento
de comentarlas aquí. En todo caso, reconocer que sí, que tiene razón
en lo último que afirma, que así se está procediendo, prueba de
ello es la resolución ministerial firmada por Coca hace apenas unos
días. Procedan nomás. Lo que, en todo caso y si no es molestar tanto,
sería deseable si es que le pueden llamar la atención a los funcionarios
de Petroandina para que de una vez cumpla esos acuerdos con las
comunidades mosetenes y así le pagan los sueldos a la profesora
de San Juan o llega la luz a Muchanes o a San Pedro de Cogotay o
construyen la sede social de Simay. Digo: ¿es mucho pedir a cambio
de todo lo que han sufrido a nombre del Derecho del Estado Plurinacional?
A veces, da rabia, ¿no?
Río Abajo,
6 de enero de 2010
