En 1974, se promulgó el Decreto Ley 701 como un instrumento económico de incentivo a las plantaciones forestales en Chile y se privatizaron las grandes empresas de celulosa. De esta manera, se generó el desarrollo de una industria forestal dominada por un pequeño grupo de empresas forestales pertenecientes a un grupo aún menor de grupos económicos nacionales. La política de fomento a las plantaciones fue potenciada con la implementación del modelo de economía de libre mercado orientado a la exportación de materias primas y con incentivos para la inversión extranjera. Los grupos económicos controladores del sector forestal se aliaron con capitales transnacionales y las exportaciones de celulosa y trozas creció a tasas sin precedentes en el país e incluso en América Latina.

Luego de 20 años de vigencia de la política de incentivos a las plantaciones forestales, Chile cuenta con más de 2 millones de hectáreas plantadas que están compuestas en un 75% por pino y 17% eucalipto. Progresivamente, los impactos ambientales de este explosivo aumento de las plantaciones se fueron haciendo evidentes en la zona centro sur de Chile.

La sustitución de bosques nativos por plantaciones forestales se convirtió en la primera causa de destrucción para los bosques chilenos, afectando a más de 200.000 hectáreas entre 1974 y 1992. Esto trajo como consecuencia también la fragmentación de los bosques aledaños a las plantaciones que no fueron sustituidos y el ingreso a listados rojos de conservación de numerosas especies de plantas y animales. La Ecorregión del Bosque Valdiviano, prioritaria para la conservación a nivel mundial por su biodiversidad y alto porcentaje de endemismo, se vió fuertemente amenazada por la expansión de las plantaciones forestales.

La utilización masiva del fuego, tanto para quemar los bosques nativos talados como para plantar y eliminar los desechos de la cosecha de las plantaciones se tradujo en una importante fuente de emisiones de carbono a la atmósfera. El carbono almacenado en los suelos orgánicos de los bosques nativos, en las raíces y en los bosques antiguos fue liberado a la atmósfera.

Los cursos de agua se vieron afectados por sedimentación, cambios de caudal, disminución de oxígeno disuelto y contaminación con agroquímicos. Este impacto ambiental se tradujo también en un impacto social para las comunidades campesinas e indígenas aledañas a las plantaciones que se abastecen del agua de las cuencas donde existen plantaciones industriales para consumo humano, animal y para riego.

Los suelos de las plantaciones se vieron afectados por erosión, compactación, deslizamientos y pérdidas de fertilidad. Actividades forestales tales como la construcción y utilización de caminos de madereo, las cortas a tala rasa en pendientes fuertes, la construcción de canchas de acopio para apilar los troncos, el volteo y desramado, el madereo y la quema de desechos se convirtieron en agentes erosivos de gran importancia.

Los caminos secundarios cercanos a las plantaciones y otras obras de infraestructura vial se deterioraron por el paso constante de camiones cargados de las empresas forestales. Se convirtieron en una fuente de accidentes para la población local y su ganado, además de ruido y polvo en suspensión.

La expansión de las plantaciones forestales no siguió criterios de ordenamiento territorial, abarcandos zonas pobladas, terrenos agrícolas, praderas y bosques naturales. Masas uniformes de una sola especie cambiaron el paisaje de una extensa zona del centro sur de Chile.

Las comunidades indígenas entraron en fuertes conflictos de tierras con las empresas forestales. Más de 60.000 hectáreas, actualmente plantadas con pinos y eucaliptos son reclamadas por las comunidades mapuche, lo que se ha generado una importante movilización de las organizaciones que ha incluido ocupaciones de terrenos, manifestaciones en las ciudades cercanas y declaraciones de prensa.

La riqueza generada por las exportaciones forestales, que alcanzó hasta el 11.7% de las exportaciones nacionales no se distribuyó en la población local. Por el contrario, las comunidades rurales solo asumieron los costos de este crecimiento de la industria forestal. Ni siquiera pudieron acceder a empleo debido a la mecanización de las faenas y el sistema emplea obreros que se desplazan. Una de las importantes consecuencias sociales fue el aumento de la migración rural que se expresa en casas abandonadas y escuelas cerradas por falta de estudiantes matriculados.

Se concluye que el importante crecimiento económico generado por la expansión de las plantaciones forestales en los últimos 25 años en Chile tuvo elevados costos ambientales y sociales para el país que afectaron principalmente a las comunidades locales e indígenas y a su medio ambiente. La prolongación de este modelo tanto en el Chile como su aplicación en otros países latinoamericanos ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones ambientalistas e indigenas.

La sustentabilidad de este modelo de desarrollo forestal es dudosa e incluso sus impactos
ambientales y sociales contradicen acuerdos internacionales como la implementación de la Agenda 21, la Declaración de Río y la Convención de Diversidad Biológica. Aspectos fundamentales de estos documentos tales como el reconomiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas, la redistribución de la riqueza, la conservación de la diversidad biológica, la protección de la calidad del agua dulce y la protección de la atmósfera se han visto afectados negativamente por las plantaciones forestales industriales en la zona centro-sur de Chile.