Carta
a "El Colombiano" - Agosto 2007
Delegación internacional se solidariza con las comunidades
afrodescendientes e indígenas del Curvaradó y Jiguamiandó
afectadas por las plantaciones de monocultivos de palma aceitera
Att:
"El Colombiano"
Carta al Director
Ref.: “Palmicultores rechazan
corte de los cultivos” (http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/P/palmicultores_rechazan_corte_de_los_cultivos/
palmicultores_rechazan_corte_de_los_cultivos.asp?CodSeccion=53)
Estimada señora
o estimado señor:
Adjunto enviamos carta al director
con la petición de publicarla en su periódico. Creemos
que dada la gravedad de las afirmaciones hechas en el articulo “Palmicultores
rechazan corte de los cultivos” del pasado 8 de agosto de 2007,
en búsqueda de la verdad y por el rigor informativo que siempre
debe guiar a los medios de comunicación, es nuestro deber y
derecho dar nuestra versión de los acontecimientos.
Para cualquier consulta y/o entrevista
estamos a su disposición. Como prueba documental anexamos algunas
fotos.
Muchas gracias de antemano por
su consideración.
Cordiales saludos,
- Deepak Rughani, Biofuelwatch,
Reino Unido
- Elisha Kartini Tenalema Samon, FSPI-La Vía Campesina, Indonesia
- Facunda Alcántara, CONAMUCA, Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones Campesinas (CLOC) - La Vía Campesina, República
Dominicana
- Javiera Manuela Rulli, BASE.Investigaciones Sociales, Paraguay
- Muhammad Yunus Nasution, FSPI-La Vía Campesina, Indonesia
- Octavio Rosas Landa, Centro de Análisis Social, Información
y Formación Popular, México
- Ricardo Carrere, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales,
Uruguay
- Tom Kucharz, Ecologistas en Acción, España
- Zachary Hurwitz, Amazon Watch – Rainforest Action Network,
EEUU
Delegación
internacional se solidariza con las comunidades afrodescendientes
e indígenas del Curvaradó y Jiguamiandó afectadas
por las plantaciones de monocultivos de palma aceitera
Hemos leído su articulo
“Palmicultores rechazan corte de los cultivos” en el cual
se afirma que la empresa “Urapalma insistió en que los
extranjeros que coordinan las acciones de hecho estarían convocando
más personas para continuar los cortes de palma”. Nos
indigna que no se le reconozca a las comunidades su capacidad de pensar,
decidir y actuar por si mismos. Ellos talan la palma, esparcida ilegalmente
en sus territorios, para sembrar la comida que tanta falta les hace
desde hace muchos años, y para rehabilitar la biodiversidad
del medio ambiente destruido. Sembrar en la tierra heredada fue el
sustento legítimo ante la ilegalidad, el crimen y la corrupción.
Este derecho a disponer de su propiedad privada lo reconoció
el propio Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, aunque
también es cierto, que todavía no se ha restituido la
propiedad colectiva e individual como así lo había prometido
el Ministro públicamente.
Queremos aclarar que los abajo
firmantes hemos sido invitados por los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó
y las familias del Curvaradó para visitar las Zonas Humanitarias
de “Caño Claro” y “Cetino” y las plantaciones
de monocultivo de palma aceitera durante los días 9 y 10 de
agosto de 2007. Hemos realizado dos asambleas en la Zona Humanitaria
de “Caño Claro” y dos visitas de campo (al antiguo
pueblo de Andalucía y las plantaciones de palma situadas en
las propiedades de las familias Petro y Renteria). En ningún
momento hemos participado -ni mucho menos “coordinado”-
en el corte de la palma. En cambio, sí hemos participado en
la siembra de maíz en los predios de la familia Petro como
acto de solidaridad y apoyo a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad
y en defensa de la vida y la soberanía alimentaria.
Ante las violaciones múltiples
de sus derechos humanos, estas comunidades han desarrollado procesos
legítimos e innovadores de resistencia civil dentro de sus
lugares titulados colectiva o individualmente, en medio del desarrollo
del conflicto armado interno, de obras de infraestructura y agronegocios.
Estos procesos se denominan Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad
que son lugares específicos de protección de la vida
en el territorio. Las Zonas Humanitarias son lugares perfectamente
visibilizados y habitados por un grupo humano que afirma sus derechos
como población civil y cuyos miembros comparten libremente
un Proyecto de Vida para defenderse de la militarización y
de la confrontación armada. Las Zonas de Biodiversidad son
áreas de protección y de recuperación de ecosistemas
de Territorios Colectivos o privados y de afirmación del derecho
a la alimentación de grupos familiares cuyos predios han sido
arrasados o están en riesgo de ser destruidos por agronegocios,
obras de infraestructura, o explotación insostenible de recursos
naturales. Es necesario que estas experiencias sean valoradas y apoyadas
por la sociedad colombiana en su conjunto y por la comunidad internacional
en cuanto constituyen el camino más firme hacia una paz basada
en el respeto de los derechos humanos.
También queremos dejar
constancia de que (1) no hemos “bloqueado, bajo la amenaza de
quemar los tractores y camiones transportadores, la salida de la fruta
hacia la planta extractora situada en Mutatá”, como se
atestigua en su periódico, (2) no se nos ha acercado ningún
medio de comunicación para pedir información, (3) ni
tampoco hemos observado “el uso de menores” en la siega
de la palma. Lo que sí hemos escuchado fueron los trabajadores
de las plantaciones gritar a los soldados del Batallón Contraguerrilla
–señalándonos-: “sáquenlos de aquí”.
Hemos comprobado una actividad
incesante de la extracción de frutos de palma aceitera en las
plantaciones, los cultivos de palma africana han continuado su expansión
en los territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó,
la realización de obras de infraestructura, cambios de uso
del suelo, tala de árboles y aprovechamiento forestal ilegal,
secado y desviación de fuentes de agua, que impactan negativamente
en el medio ambiente y evitan que se realice la función ecológica,
y contaminación de suelo y agua por la aplicación de
agro-tóxicos. Se ha detectado la disminución de la biodiversidad,
de los recursos hídricos y de bosques principalmente. Así
mismo, la erosión y sedimentación de los ríos
han aumentado como consecuencia de la tala masiva de bosques, daños
de los cultivos en áreas de la reserva forestal y movilización
ilegal de maderas entre Antioquia y Chocó.
En nuestra visita hemos observado
que no se están adoptando las medidas en cumplimiento de la
resolución 039/2005 de la Defensoría del Pueblo y a
la Directiva 008/2005 de la Procuraduría General de la Nación.
Asimismo se está violando el Convenio 169 de la OIT, Convenio
sobre Pueblo Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado
colombiano en 1991 e incorporado en la legislación interna
por medio de la ley 21 de 1991, por violaciones a los derechos a la
vida libre de violencia, a la seguridad, a la paz, al territorio colectivo,
al goce y uso de los recursos naturales y a la integridad étnica
y cultural.
Los campesinos afrodescendientes,
indígenas y mestizos del Curvaradó y Jiguamiandó
han sufrido una violencia descomunal a partir de octubre de 1996,
fecha en la que tuvo lugar la masacre de Brisas (Chocó). Con
este evento se inició una ola de violencia que dura hasta el
presente, en el que los campesinos organizados han logrado regresar
al territorio que se vieron obligados a abandonar hace unos años,
cuando todavía era selva tropical y que, hoy, encuentran convertido
en un “desierto verde” de palma de aceite.
Desde 1996, las comunidades del
Curvaradó y Jiguamiandó han sido agredidas con acciones
que han causado 114 víctimas por asesinatos o desapariciones
y 15 desplazamientos forzados. La casi totalidad de estas violaciones
han sido perpetradas por la Fuerza Pública en acciones directas
o en apoyo a los grupos paramilitares. Seis asesinatos y un desplazamiento
han sido perpetrados por el grupo guerrillero FARC.
Las víctimas nos contaron,
entre otros testimonios, que entre el 5 y 31 de diciembre de 1997
un grupo paramilitar con abierta complicidad de la Fuerza Pública
irrumpió en las veredas Remacho, Urada, Santafé, Llano
Rico, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Nueva Esperanza, Andalucía,
y Puerto Lleras asesinando a 16 campesinos, y haciendo desaparecer
a 11. El 10 y 11 de julio de 2001 en la comunidad de Buena Vista se
presentó el ingreso de militares de la Brigada XVII, los militares
estaban acompañados de hombres encapuchados, algunos llevaban
brazaletes con las insignias de las AUC. El 1 de agosto del mismo
año 250 paramilitares entraron al Curvaradó y descuartizaron
y degollaron al señor Olfides Florez de aproximadamente 63
años de edad. El día 15 de octubre de 2005, fue desaparecido
forzadamente uno de los líderes del Consejo Comunitario del
Curvaradó, Orlando Valencia, por presuntos grupos paramilitares,
en el casco urbano de Belén de Bajirá, a poca distancia
de la estación de policía.
En relación con la “buena
fe” de los palmicultores y la titularidad de los predios, sentimos
la obligación de aclarar que en el año 2000, a los pocos
meses de recibir la titulación colectiva de su territorio,
de conformidad con la ley 70 de 1993, empezó la siembra de
los cultivos extensivos de palma aceitera en estas tierras. En noviembre
de 2004, el Incoder estableció que 22.022 hectáreas
de los territorios colectivos de las comunidades del Curvaradó
y Jiguamiandó estaban afectadas esencialmente por los cultivos
de palma aceitera (y en menor proporción por ganadería).
Según el Incoder, el 93% de las áreas sembradas con
cultivos de palma aceitera se encuentran dentro de los territorios
colectivos. Según la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, “desde el año 2001, la empresa Urapalma S.A.
ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500
hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades,
con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica
de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”.
Los acompañantes nacionales
e internacionales presentes en las Zonas Humanitarias no están
bloqueando la salida de la fruta palmera sino que están allí
debido a los crímenes de Estado cometidos contra estas comunidades
y porque las medidas cautelares de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos no han sido respetadas. Las comunidades solicitaron
protección ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que instó al Gobierno colombiano, en noviembre de 2002,
a adoptar unas medidas cautelares para preservar el derecho a la vida
y la integridad física de los miembros de las comunidades del
Curvaradó y Jiguamiandó. Sin embargo, el Estado no respondió
de manera efectiva, lo que motivó a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a decretar medidas provisionales de protección
a favor de esas comunidades el 6 de marzo de 2003. En marzo de 2005,
la Corte requirió al Estado colombiano “garantizar la
protección y la seguridad de los beneficiarios sin ningún
tipo de coacción o amenaza” y otorgar protección
especial a las “zonas humanitarias de refugio” establecidas
por los miembros de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó
y las familias del Curvaradó. Durante nuestra estancia han
estado presentes en el Curvaradó acompañantes de la
Red Canaria de Solidaridad con los Pueblos (España), Brigadas
de Solidaridad y por la Paz (Toscana, Italia), PASC (Canadá)
y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Colombia).
El día 10 de agosto hemos
presenciado la conversación de uno de los líderes comunitarios
con el oficial del Ejercito de apellido Escobar que reconoció
“posibles actos de violencia del Ejercito contra las comunidades
y convivencia con el paramilitarismo en el pasado”, asimismo
mostraba “comprensión” por el miedo de las comunidades
ante la presencia de las Fuerzas Armadas pero, según él,
“las cosas habían cambiado y él estaba ahora allí
para protegerlos”.
La comunidad del Curvaradó
se dirigió al campamento militar para hablar con el oficial
Escobar porque habían recibido amenazas ante una posible incursión
del grupo paramilitar “Aguilas Negras” que se habían
movilizado entre las fincas de Nuevo Oriente y de Pavarandocito, dispuestos
a dar respuesta criminal a los afrocolombianos y mestizos por la siega
de la palma. Coincidencialmente, sus futuras actuaciones han sido
anunciadas por los “desmovilizados” o los trabajadores
de las empresas palmeras cuando se acercaron a presionar a los legítimos
dueños del Territorio Colectivo. Estos manifestaron en tono
amenazante: “ese corte de la palma, se le va a cobrar por otro
lado y les va a salir muy caro, así como cortan por pedazos
les va a pasar”, mientras tomaron registros fotográficos
y de video de todos los allí presentes.
A lo largo de los dos días,
los empresarios de la palma transitaron por las vías de Cetino
y Caño Claro hasta Mutatá por lo menos con una docena
de camiones con el fruto de la palma aceitera. En algunos de esos
camiones se transportaron también hombres de civil con radios,
algunos con armas cortas, y hombres con vestidos de camuflado. Nos
informaron que uno de los que pasaban por allí era el conocido
paramilitar “El Gago”.
Según un reciente informe
de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el marco
de las labores de verificación del desmantelamiento de la estructura
militar de las AUC y el seguimiento del orden público, “identifica
un complejo escenario en algunas regiones de Colombia como el Chocó”.
En estos territorios, la población “no parece percibir
un cambio sustancial en las condiciones de seguridad, debido al surgimiento
y permanencia de estructuras armadas ilegales, ligadas a economías
ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control”.
Nuestra delegación ha estado
en Colombia para participar en el Seminario Internacional “Crisis
Planetaria, Derechos Humanos y Agrocombustibles” que se celebró
entre el 6 y 8 de agosto en Bogotá. Allí compartimos,
entre otras preocupaciones, la pérdida de bosques en el mundo
entre 2000 y 2005 que fue de 7,3 millones de hectáreas cada
año o lo que es lo mismo 20.000 hectáreas por día.
El Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó
como causas de la deforestación y la degradación de
los bosques, la falta de reconocimiento por parte del Estado de los
derechos territoriales, el derecho de uso de los bosques y de otros
recursos a los pueblos indígenas y otros pueblos que dependen
de los bosques, como las comunidades afrocolombianas. Otra de las
causas son las políticas gubernamentales de sustitución
de bosques naturales por plantaciones industriales de árboles
–como la palma aceitera-, así como el avance de la frontera
agrícola por las plantaciones de monocultivos para la exportación.
La expansión de la producción
de aceite de palma es la mayor causa de deforestación en Malasia
e Indonesia. Millones de hectáreas de turberas del Sueste Asiático
están siendo drenados o quemados por las plantaciones industriales
de palma. Un estudio reciente de Wetlands International, Delft Hydraulics
y Alterra alerta que la destrucción de las turberas supone
al menos el 8% las emisiones mundiales de CO2 responsables del Cambio
Climático. Estos datos no incluyen las emisiones de gases de
efecto invernadero a causa de la deforestación para plantar
palmas aceiteras. Estas son considerablemente más grandes que
el ahorro de emisiones por la utilización de “biocombustibles”
en vez de combustibles fósiles. Los bosques se componen de
hasta el 70% de todas las especies terrestres conocidas, y son además
estabilizadores eficaces del clima; ¿acaso no merecen toda
nuestra atención y conservación como lo hicieron las
comunidades indígenas y afrocolombianas durante las últimas
décadas? Según Victoria Tauli-Corpuz, que preside el
Forum Permanente de Asuntos Indígenas de las NNUU, 60 millones
de indígenas en el mundo están en riesgo de perder sus
tierras y medios de subsistencia por la expansión de los cultivos
energéticos para producir los mal llamados “biocombustibles”.
La expansión de la agricultura se realiza a expensas de los
hábitat naturales. Existe el riesgo que la deforestación
parcial en las zonas tropicales pueda afectar regiones enteras con
sequías e impactar la totalidad de los bosques tropicales.
Ello originaría la emisión de 120 mil millones de toneladas
de CO2 causando así la extinción masiva de especies
de flora y fauna, alterando las precipitaciones en gran parte del
hemisferio norte y poniendo en riesgo la disponibilidad global de
alimentos.
En ese contexto, lo que están
haciendo las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó
para conservar bosques, agua, clima y biodiversidad constituyen un
ejemplo para el mundo y merecen el apoyo de todos. En nuestra visita
hemos podido constatarlo y por eso nos vemos en la necesidad de hacer
estas aclaraciones, a fin de que la población colombiana esté
bien informada acerca de este proceso.
Firman:
- Deepak Rughani, Biofuelwatch,
Reino Unido
- Elisha Kartini Tenalema Samon, FSPI-La Vía Campesina, Indonesia
- Facunda Alcántara, CONAMUCA, Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones Campesinas (CLOC) - La Vía Campesina, República
Dominicana
- Javiera Manuela Rulli, BASE.Investigaciones Sociales, Paraguay
- Muhammad Yunus Nasution, FSPI-La Vía Campesina, Indonesia
- Octavio Rosas Landa, Centro de Análisis Social, Información
y Formación Popular, México
- Ricardo Carrere, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales,
Uruguay
- Tom Kucharz, Ecologistas en Acción, España
- Zachary Hurwitz, Amazon Watch – Rainforest Action Network,
EEUU
