MISIÓN
INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA
Y DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
DECLARACIÓN FINAL
Ante la agudización de
la crisis humanitaria de las comunidades indígenas en Colombia,
las principales organizaciones indígenas de Colombia, congregadas
en el Consejo Nacional Indígena de Paz, convocaron a una Misión
Internacional de carácter independiente para hacer seguimiento
a las recomendaciones hechas en el 2004 por el Relator Especial de
las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Esta Misión
Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria
y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia entre
el 19 y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar
el estado de cumplimiento de las recomendaciones y la situación
actual de los pueblos indígenas, producir un informe para que
la comunidad internacional pueda instar al gobierno de Colombia el
cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales y de orden
nacional, en materia de respeto a los
derechos de los pueblos indígenas.
La Misión estuvo conformada
por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad cívil
de Europa, America Latina, Estados Unidos, y Canadá, con observadores
de las agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de Suiza, la Embajada
de Alemania, la delegación de la comisión europea, y
la MAPP-OEA.
La Misión visitó
cinco regiones: la sierra nevada de Santa Marta, el Alto Sinú
en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del
Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión
sostuvo entrevistas con las comunidades indígenas y sus organizaciones,
recibió testimonios de indígenas víctimas de
violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario,
y se entrevistó con autoridades locales y departamentales,
cívicas, militares y de organismos de control del Estado. En
el ámbito nacional, la Misión se entrevistó con
entidades del Sistema de Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo
Diplomático congregados en el G24, con autoridades del gobierno
central y con los organismos de control nacional.
Adicionalmente, la Misión
participó en el foro nacional de mujeres indígenas y
en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y
tuvo acceso a estudios de caso, informes de violaciones de derechos
humanos a los pueblos indígenas, testimonios, documentos y
análisis de expertos, que le permitieron obtener una visión
integral de la situación actual por la que atraviesan los pueblos
indígenas de Colombia.
Una vez concluida la visita in
situ, la Misión emite la siguiente declaración:
CONSTATACIONES
1. La Misión
constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres,
niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo
víctimas de violaciones a los derechos humanos fundamentales
y de crímenes de lesa humanidad, tales como: asesinatos políticos,
detenciones masivas y arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones
forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones y
acusaciones infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad.
Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a su
autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas
en el marco de la política del actual gobierno, tales como:
la red de informantes, los soldados campesinos, los batallones de
alta montaña, las brigadas móviles, los escuadrones
antidisturbios, y los grupos de operaciones especiales, agravan la
ya difícil situación que enfrentan los pueblos indígenas
y sus territorios.
2. La Misión
constató que los pueblos indígenas están sufriendo
los efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario
cometidas por los actores armados en el contexto del conflicto armado
interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y paramilitares
o desmovilizados). La Misión tuvo conocimiento y pudo observar
en el terreno que la fuerza pública ha construido puestos policiales
y militares, garitas, trincheras y puntos de avanzadas, en medio de
los sitios de vivienda de los indígenas, en lugares ampliamente
poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos indígenas.
Realizan retenes militares y controles en los que se despoja a los
indígenas de alimentos, medicinas y otros implementos necesarios
para su supervivencia. Los grupos armados ilegales practican el reclutamiento
forzado de jóvenes indígenas. Todos los actores armados
han asesinado a hombres y mujeres indígenas y ocupan zonas
humanitarias y sitios de asamblea permanente,
designados por las comunidades indígenas como lugares de protección
frente a los efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares
que no guardan los principios básicos de distinción
y proporcionalidad, afectando gravemente a la población indígena.
3. La Misión
constató que el actual proceso de desmovilización de
los grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan
la verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos
por los paramilitares contra los pueblos indígenas, que continúan
en una situación crítica. La Misión recibió
testimonios que indican que en varios de los territorios indígenas
los paramilitares no se han desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo
crímenes e intimidando a la población; en otros casos,
se informó a la Misión que los paramilitares desmovilizados
han conformado nuevos grupos armados y desarrollan las mismas prácticas
anteriores contra las comunidades; así mismo, se recibieron
testimonios sobre el control social, las actividades de infiltración,
información, y hostigamiento que los paramilitares desmovilizados
realizan contra las comunidades,
organizaciones y líderes indígenas.
4. La Misión
constató que en los territorios indígenas se están
implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de
consulta previa y los criterios para ello establecidos por los convenios
internacionales de la OIT, de las Naciones Unidas y por los propios
mecanismos internos de concertación establecidos entre el estado
colombiano y las autoridades indígenas. Estos proyectos incluyen:
infraestructura vial, fluvial y marítima, extracción
de minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes
proyectos hidroeléctricos, control y explotación de
la biodiversidad, y proyectos agroindustriales como los monocultivos
de palma aceitera y caucho. Estos megaproyectos, además de
generar graves e irreparables impactos ambientales, rompen el equilibrio
natural y espiritual que los pueblos indígenas han mantenido
por años, desestructuran el territorio, perjudican la salud
y afectan los ciclos productivos, alimenticios y la convivencia de
las comunidades
indígenas.
PREOCUPACIONES ESPECIALES
5. La Misión
pudo constatar que las violaciones a los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas están acompañados de violaciones
a sus derechos colectivos y que se está creando un marco jurídico
normativo que agravaría esta situación. En este sentido,
la Misión expresa su preocupación especial por las leyes
más recientemente aprobadas y por las que están en trámite,
tales como la ley forestal, la ley de aguas, la ley de páramos,
y ley de desarrollo rural, que retroceden en derechos conquistados
por los pueblos indígenas y apuntan a generar mayores niveles
de exclusión sociocultural y violencia, y configuran claros
escenarios de extinción de los pueblos indígenas.
6. La Misión
pudo observar la situación particular de la educación
y la salud de las comunidades indígenas y manifiesta su preocupación
por la desatención de parte de las entidades regionales y del
Estado central y por la ausencia de mecanismos de concertación
con miras a respetar y apoyar las propuestas de las comunidades indígenas
desde su cosmovisión, sus prácticas tradicionales, su
sabiduría ancestral y sus proyectos de educación y salud
propia.
7. La Misión
escuchó abundantes testimonios sobre la situación específica
de las mujeres indígenas. La Misión quedó altamente
preocupada y denuncia las prácticas de acoso, abuso sexual,
violación, engaño y seducción contra mujeres
y niñas indígenas, por parte de miembros de la fuerza
pública. La Misión recibió testimonios sobre
menores que han quedado embarazadas sin que exista responsabilidad
alguna asumida por los militares y/o policías responsables.
8. La Misión
recibió testimonios e información sobre la fumigación
aérea sobre territorios indígenas, que se llevaron a
cabo sin la consulta previa de las comunidades, donde existían
o no cultivos de uso ilícito dentro de los territorios indígenas
afectadas. Las fumigaciones están agravando la inseguridad
alimentaria que existe en varias comunidades indígenas por
los daños que causa a los productos de pan coger y por los
afectos negativos en la salud. La Misión observó que
las comunidades tienen serias dificultades para acceder a los fondos
de reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones
a sus territorios y cultivos de pan coger. La Misión observa
que no encontró propuestas alternativas reales y concertadas
con las comunidades, por parte de las autoridades responsables.
9. La Misión
constató que los pueblos indígenas han iniciado una
campaña encaminada a la "liberación de la madre
tierra" y que tiene que ver con la necesidad y exigibilidad de
ampliación de sus territorios para garantizar su supervivencia.
La Misión tuvo información y datos sobre los altos índices
de concentración de la tierra y la propiedad en Colombia, en
los últimos años y las muertes que la defensa del derecho
a la tierra y al territorio ha causado para los pueblos indígenas.
De igual forma, la Misión conoció que el Gobierno colombiano
ha incumplido, reiteradamente, acuerdos firmados con las organizaciones
indígenas encaminados a devolver y titular tierras ancestrales
que han sido usurpadas a los pueblos indígenas.
10. La Misión
lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las principales
entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales como la Vicepresidencia,
la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, y el Ministerio
de Minas y Energia. Los miembros de la Misión lo interpretan
como una falta de voluntad política por parte del gobierno
colombiano de cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger
los derechos de los pueblos indígenas de Colombia.
CONCLUSIONES
Por las constataciones anteriormente
señaladas, la Misión concluye:
RECOMENDACIONES
11. La Misión
recomienda al Relator Especial de la ONU para los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas realizar
una pronta visita de seguimiento al cumplimiento de
sus recomendaciones, con miras a exigir al Estado Colombiano respuestas
eficaces ante la gravedad de la situación de estos pueblos.
12. La Misión
recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un seguimiento
más detallado a la situación de los pueblos indígenas,
en el marco de las cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos
humanos y al cooperación internacional en Colombia.
13. La Misión
recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el cumplimiento de acuerdos
con las comunidades y organizaciones indígenas respecto de
la titulación de tierras y territorios e implementar mecanismos
de solución negociada antes que los de la represión
policial y las judicializaciones.
14. La Misión
recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos y lugares
de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y otras
formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo
a la población civil indígena.
15. La Misión
recomienda al Gobierno Colombiano considerar los resguardos indígenas
como territorios de paz y diseñar una política integral
para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.
16. La Misión
recomienda a los grupos armados ilegales respetar los derechos de
los pueblos indígenas a su territorio, vida, y autonomía
y todos los principios del derecho internacional humanitario.
17. La Misión
recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e internacionales
y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en la implementación
de megaproyectos, en territorios y resguardos indígenas, mientras
no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto internacionales como
nacionales, entre ellos, la de la consulta real y efectiva a las comunidades
y organizaciones indígenas.
18. La Misión
recomienda a la cooperación internacional apoyar a los planes
de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección
de las comunidades indígenas.
19. La Misión
extiende su solidaridad a las comunidades afrodescendientes y campesinas
que se enfrentan condiciones similares a las de los pueblos indígenas.
Esta declaración está
acompañada de un informe detallado de la Misión sobre
cada una de las regiones visitadas.
Dada en Bogotá, el
28 de septiembre de 2006
