ACUSACIÓN
A COMPAÑÍA PIZANO S.A. Y SU FILIAL MADERAS DEL DARIÉN
S.A.
Tribunal Permanente
de los Pueblos - Audiencia sobre Biodiversidad – Sesión
Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia
1. INTRODUCCIÓN
La Compañía Pizano
S.A., a través de su filial Maderas del Darien S.A., ha mantenido
un férreo monopolio desde hace aproximadamente 20 años
sobre toda la explotación maderera que se realiza en varias
de las cuencas de los afluentes del Rió Atrato, el cual atraviesa
una de las principales Zonas de Reserva Natural: la Zona de Reserva
del Pacifico Colombiano. Pizano S.A y su filial, Maderas del Darién
S.A, son responsables de la explotación intensiva e insostenible
y de la devastación definitiva e irreversible de un área
de 232.012,21 m3 de madera, en las Zonas de Riosucio y del Darién,
y con ella, especies como el cativo (Prioria copaifera), se encuentran
en riesgo de desaparecer.
Esta extracción se ha intensificado
en el último decenio sobre la Cuenca del Río Cacarica,
lugar donde han habitado de manera ancestral comunidades afrodescendientes
consideradas por la Constitución Nacional como minorías
étnicas y culturales . Esta cuenca hace parte del Área
de Manejo Especial del Darién, la cual fue declarada como patrimonio
de la humanidad y reserva de la biosfera en 1983 por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
– UNESCO.
Alrededor del accionar de estas
empresas madereras, la XVII Brigada del Ejército Nacional tejió
la estrategia paramilitar que desde febrero de 1997, ha generado el
desplazamiento forzado de miles de personas, el arrebato de la tierra
para ser repoblada por gente que apoya las iniciativas genocidas y
ecocidas amparadas por dichos victimarios, el desarraigo que ha permitido
la división y el abandono de las prácticas de vida comunitaria
y ancestral de las comunidades afrodescendientes y la comisión
de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y otra serie
de crímenes de lesa humanidad, sobre los cuales se han realizado
las respectivas denuncias públicas nacionales e internacionales,
las acciones judiciales y administrativas por parte de los hombres
y mujeres afectados, base para la realización de varias misiones
de verificación de organismos de control (Defensoría
del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) de dicha
situación.
A la fecha, el Estado colombiano
no ha desarrollado ninguna actuación efectiva e integral dirigida
a detener el desastre ecológico y humanitario que se presenta
en esta zona, a pesar de que la Comisión Interamericana otorgó
Medidas Cautelares a la comunidad de Cacarica, y en cambio, ha emprendido
nuevos tipos de persecución contra ellas, como lo es la judicialización
de sus miembros a través de investigaciones penales que se
adelantan en la actualidad, como por ejemplo la radicada bajo el número
2022 en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía
General de la Nación.
2. RESUMEN DE LOS PUNTOS CENTRALES DE LA DEMANDA
2.1 La presencia de Pizano
S.A en la zona
Pizano S.A . es una de las principales
empresas productoras de Tableros de Madera en América del Sur
y la Region Andina. Dicha empresa se dedica a la fabricación
de láminas de madera Contrachapadas (triplex), tableros de
partículas o astillas de madera crudos (TABLEX®), laminados
decorativos melamínicos (MADECOR®), finish foil (MADEFONDO®),
enchapados (TABLEX® ENCHAPADO), como puertas entamboradas y entableradas
para uso interior.
En Colombia su principal centro
fabril se encuentra localizado en la ciudad de Barranquilla. Allí
opera una fábrica de Contrachapados, dos plantas de Tableros
de Partículas de Madera, una planta de Laminados Decorativos
y una planta de resinas de avanzada tecnología. Su estratégica
ubicación facilita el acceso a los principales puertos marítimos
del Caribe, Centro y Norte América; así como el de las
materias primas desde su propia plantación forestal, que se
encuentra localizada 190 kilómetros al sur de la ciudad sobre
el Río Magdalena.
Según esta empresa su operación
se basa en “el aprovechamiento racional de los bosques naturales
y el cultivo de bosques propios como principal medio para alcanzar
un desarrollo ecológicamente sostenible”.
La Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó,
a través de la Resolución 3596 del 30 de diciembre de
1992, otorgó a dicha compañía un permiso de aprovechamiento
forestal para las zonas de Guamal, Río Sucio y Murindo, por
un plazo de 10 años y con una extensión de 5.869 hectáreas.
Este permiso de acuerdo con las investigaciones adelantadas fueron
ilegalmente otorgados, puesto que los aprovechamientos además
de constituir infracciones al régimen ambiental, se erigen
como delitos contra los recursos naturales y del ambiente (artículo
242 del Decreto – Ley 100 de 1980 – Código Penal
de la época): ilicitud de transporte, comercio, aprovechamiento
de productos forestales de especie declarada amenazada.
A pesar de lo anterior esta compañía
recibió “inexplicablemente” de la certificadora
Smartwood, el sello Fores Stewardship Concil SW-FM/COC-137 en el año
2001, que indica que dicha compañía cumple con las normas
para la Certificación Forestal Voluntaria de Plantaciones Forestales
y Bosques Naturales que tiene como objetivo promover, en los bosques
de todo el mundo “una gestión forestal económicamente
viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable”
2.1.1 El impacto ambiental
de la presencia de Pizano S.A en esta región
El uso irracional en forma mecanizada
de los recursos maderables del Cacarica, por parte de la Compañía
Maderas del Darien S.A., vinculadas al Grupo Empresarial Pizano S.A.,
ha generado un profundo daño en el territorio, los recursos
forestales y en las condiciones de vida de las minorías étnicas
que habitan las zonas de extracción, lo cual bajo ningún
fundamento puede considerarse como resultado de operaciones forestales
que aseguran la sostenibilidad ecológica, económica
y social en las regiones en las que realiza la extracción maderera.
Una de las grandes preocupaciones
es frente al uso de la especie catival que se cataloga como una especie
en vía de extinción, puesto que no tiene una alta capacidad
de regeneración ante la extracción indiscriminada realizada
por esta compañía, generando por tanto un agudo impacto
sobre la vocación forestal de la selva húmeda tropical.
Asimismo, la Compañía
Pizano S.A. no realiza prácticas sostenibles dirigida al cultivo
y la silvicultura de Cativo y de las otras especies forestales, a
pesar de que en sus declaraciones manifiesta que ésta es realizada
por los propios nativos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Sobre este hecho concreto da fe el informe elaborado por la Defensora
del Pueblo Comunitaria del Cacarica, el Director del Parque Natural
de los Katios y las asesoras de Derechos Humanos de la Procuraduría
General de la Nación, en el que se concluye: "Como tal
los Cativales han sido explotados al máximo atentando no solamente
con la renovabilidad del recurso forestal sino que han alterado considerablemente
la dinámica del sistema cambiando los patrones de drenaje de
las aguas, los períodos de inundación, las características
de los suelos y las aguas y la estructura del bosque, bajo esta óptica
el catival está destinado a desaparecer" (Negritas fuera
de texto)
En documento público que
reposa en la Procuraduría General de la Nación, Proceso
161-01435, que contiene un estudio sobre la gravedad del impacto ambiental
en las cuencas del Atrato, folio 225 del cuaderno 4, en especial sobre
el catival, se da cuenta de su exterminio, lo mismo que de la larga
lista de especies forestales y de fauna relacionadas con éste.
En lo que respecta a la explotación a gran escala del Cativo,
refiere el informe aportado a la Procuraduría: "De acuerdo
con las evaluaciones realizadas con el soporte de imágenes
de satélite LANDSAT TM e imágenes de radar ENTERA, se
estima que de las casi 350.000 hectáreas originales de Cativales
de las cuencas del río Atrato y León, quedan en 1987
unas 90.000 hectáreas, situación que representa una
tasa de deforestación estimada en 8.200 hectáreas año,
datos actualizados, tomados en 1997, indican la existencia de 60.000
hectáreas en alto grado de intervención, situación
que obliga a determinar políticas silviculturales muy estrictas
para garantizar la conservación de este tipo de bosques. Todo
lo anterior tiene graves repercusiones ante la desaparición
de este ecosistema de gran valor estratégico para la región"
Toda esta devastación no
solo ha implicado a las comunidades afrodescendientes que hoy son
accionantes de la presente. Años atrás, los territorios
de las comunidades indígenas se vieron afectados por esta explotación
indiscriminada:“Desde marzo de 1987 hasta noviembre de 1990,
la Comunidad Emberá Katio del Resguardo Indígena Chageradó
se vio afectada por explotaciones forestales de magnitud industrial,
sin contar con el debido permiso forestal que debió ser otorgado
por CODECHOCO. Dichas acciones fueron llevadas a cabo con el aporte
financiero, asesoría técnica, maquinarias, personal
propio y total apoyo de la compañía Maderas del Darién
MADERIEN (sic) S.A. Estas explotaciones consistieron en la tala rasa
del bosque húmedo tropical del Resguardo comunitario ubicado
alrededor de los ríos Chageradó y sus afluentes Tebará
y Taparal además de otras zonas aledañas al resguardo,
en una extensión total de 7.247 hectáreas. De esta forma
se afectó y modificó el hábitat de la comunidad
ya que se convirtió en un frágil ecosistema.”
(Negritas fuera de texto)
Sobre el arrasamiento de otras
especies del ecosistema en el Cacarica que se apareja a la tala indiscriminada
llevada a cabo por la Compañía Maderas del Darien S.A.
y Pizano S.A., resulta importante destacar lo estipulado en el Proyecto
de Ordenamiento Territorial y Planificación del Uso y Manejo
de los Recursos Naturales en las tierras colectivas de las comunidades
negras del bajo Atrato, elaborado por Codechocó en el año
2001, así: "La vocación forestal de sus suelos,
ha constituido durante muchos años fuente de materia prima
para la producción de madera para el consumo local, nacional
e internacional. Sin embargo, por diversas razones de índole
legal, social, económica, política y técnica
el manejo que se le ha dado a las áreas boscosas no ha estado
orientado por criterios de sostenibilidad. La utilización de
maquinaria pesada y de químicos para inmunizar la madera por
parte de Compañías madereras que explotan el recurso,
ha ocasionado que las especies vivas vegetales y animales se pongan
en riesgo de extinción. Así mismo, la construcción
de canales artificiales para el acarreo de la madera, ha cambiado
el curso natural de los ríos con graves consecuencias para
la movilización de las comunidades allí asentadas".
(Negrillas del texto original)
2.1.2 La monopolización
del sector maderero
Cabe resaltar en este punto que
aunque la explotación maderera directa que realiza Pizano S.A.
es bastante inferior a la que realiza la Compañía Maderas
del Darien S.A, en términos de beneficios directos y suministros
de materia prima, es una única organización empresarial
que ha asumido el monopolio en la compra y transformación de
toda la madera en la región, con lo cual se origina que las
ganancias no se queden en la zona, y en consecuencia, no se generen
beneficios para sus pobladores.
Efectivamente, el Grupo Empresarial
Pizano S.A. a través de su filial Maderas del Darien S.A.,
ha asumido la exclusividad en la explotación maderera en la
región, aprovechando cerca de 232.012,21mts3 desde 1993 a 2002
y junto con el Grupo Dago, aproximadamente 1.697.295 has. de bosque
húmedo tropical en los últimos 30 años, produciendo
con ello un daño ambiental que aún no se ha cuantificado
en toda su magnitud. Esta forma de explotación mecanizada,
extractiva y casi exclusiva de los territorios pertenecientes al Área
Protegida del Chocó Biogeográfico del cual este Grupo
Empresarial es el principal receptor, ha sido abiertamente aceptada
por sus directivas: “Para su aniversario numero 58, la revista
Clase Empresarial le pregunto a Rafael Matallana, presidente de Pizano
S.A., sobre el secreto del éxito. Palabras mas palabras menos,
la explicación argumentaba “... la vinculación
al bosque, a través de una compañía que proporciona
el 100% de su materia prima: Maderas del Darien, en la zona de Uraba,
a través de permisos que otorga el Estado” . (Negritas
fuera de texto).
Estos estrechos vínculos
de orden comercial son posibles además porque Pizano S.A, ejerce
el control total accionario y administrativo sobre la estructura societal
de esta ultima compañía. Esto se prueba con las Actas
de Constitución que muestran que los señores Bernardo
Pizano Restrepo y Bernardo Mora & Cia. Ltda. son socios fundadores
tanto de Maderas del Darien S.A, y de Proyectos Industriales S.A,
la cual se convierte a futuro en Pizano S.A. También se tiene
demostrado que los accionistas que integran o han integrado el grupo
mayoritario de los inversionistas de esta Compañía representan
a su vez, no solo grupos familiares sino incluso Compañías
de otros ramos y grupos empresariales extranjeros como Boise Cascade
Int. Finance Corp, Familia Pizano Brigard Mallarino, Ligia Restrepo
de Correa, Seguros Colombia, entre otros.
Al establecer esta figura de la
filiación, además de adquirir mayores recursos, desvían
su responsabilidad frente a los daños ecológicos, puesto
que ocultan sus beneficios y ocultan su responsabilidad frente al
no incentivo de prácticas forestales y de planes de sostenibilidad.
De acuerdo con las investigaciones realizadas en la región,
hoy sólo el 40% de la superficie boscosa original del Chocó
queda en pie, lo cual ha atentado y sigue poniendo en riesgo el equilibrio
ecológico en la zona de mayor concentración de biodiversidad
del mundo, en cuanto a número de especies por hectárea,
y los más altos niveles de endemismo del planeta , y más
grave aún es el riesgo en que permanentemente se encuentran
los medios de vida y el espacio vital de las comunidades afrodescendientes
que allí habitan.
2.2 La Operación
Génesis, punto de relación entre los crímenes
de lesa humanidad y el megaproyecto de reforestación maderera.
Dos mil quinientos habitantes
afrocolombianos y mestizos del Cacarica, y más de tres centenares
de indígenas del 24 al 27 de febrero de 1997 fueron blanco
de la “Operación Génesis”, dirigida por
el brigadier general de la Brigada XVII RITO ALEJO DEL RÍO,
justificada como una actuación contra la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo,
FARC-EP, grupo armado que públicamente se sabía, no
accionaba en la Cuenca del Cacarica. La actuación militar combinó
operaciones por tierra y por agua con centenares de efectivos armados
y de “civiles” armados vestidos de camuflado, con armas
largas, y granadas que se dirigieron contra los habitantes de estas
cuencas del bajo Atrato en el Chocó, en los límites
con Panamá, bajo el nombre de “Autodefensas Campesinas
de Córdoba y Urabá - ACCU”, saqueando y quemando
las viviendas de los pobladores.
Con el paso de los días,
mientras el pestilente olor a dinamita transformaba el ecosistema,
los ranchos abandonados se erigían como monumento de la destrucción,
las casas humeantes oscurecían el verano, los ríos hacían
eco del llanto con siembras abandonadas y la espesa selva era templo
del silencio, todos recordaban a MARINO LÓPEZ , campesino de
la comunidad de Bijao quien había sido decapitado delante de
los miembros de la comunidad. Con todo esto quedó claro que
la operación contrainsurgente era contra los pobladores civiles,
quienes obligados a salir de sus territorios, se refugiaron en Panamá
y se desplazaron hacia Turbo y a Bocas del Atrato.
Los paramilitares se posesionaron,
instalaron y ocuparon las propiedades de las comunidades en los caseríos
de La Balsa, La Balsita, La Clarita y desarrollaron medidas de control
perimetral del río Atrato desde Tumaradó hasta Riosucio,
el Parque Nacional de Los Katios – Sautatá- y los accesos
de los ríos Cirilo, La Balsa y Perancho.
Desde La Balsa, se desataron actuaciones
de persecución a las comunidades retornadas, se propició
el saqueo y la destrucción de sus bienes, la quema de sus cosechas
de pan coger, el robo de semovientes y el control de alimentos; se
constituyó el centro de comunicaciones y de comisión
de crímenes como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales; se convirtió en el cimiento de las fosas comunes
de las víctimas inmoladas; se diseñó la estrategia
de apoyo logístico y confrontación con la guerrilla
de las FARC-EP que se desencadenó en el medio Atrato y Bojayá.
La Balsa además, es el
sitio en el que Pizano S.A emprendió su accionar con pleno
conocimiento que allí se estaban afianzando las estructuras
paramilitares de la zona, como proyecto social, político y
económico. Con Pizano S.A., salvaguardada por los miembros
de la Brigada XVII del Ejército Nacional en complicidad con
los grupos paramilitares que en principio se llamaron AUCC, luego
“Autodefensas Unidas de Colombia” y posteriormente Bloque
Elmer Cárdenas, continúo la implementación del
agronegocio del plátano y la proyección hacia la palma
aceitera en el área específica de Balsa, Varsovia, San
José de Balsa y Bendito Bocachico.
De esto dan cuenta los homicidios
de VICENTE FRANCO , LIBORIO RODRIGUEZ , PEDRO CAUSIL , CANDELARIO
QUINTANA y de CARLOS ALBERTO RAMOS MARTÍNEZ , y la desaparición
forzada de MANUEL MARQUEZ .
2.3 Las exigencias de la comunidad organizada con deseos de
retornar a sus raíces.
Por los atentados a la vida e
integridad personal de las comunidades de Cacarica, el 17 de diciembre
de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –
CIDH concedió Medidas Cautelares y conminó al Estado
a que diera efectiva protección frente a las amenazas y señalamientos
por parte de los grupos armados, inclusive en los lugares de asentamiento
provisional.
En el marco de esto, la población
desplazada, se organizó y elaboró un documento en el
que establecieron las condiciones de retorno de 2.500 personas y la
reubicación de 86 familias cuyos aspectos fundamentales se
resumen en: “(1). La construcción de dos nuevos asentamientos
denominados Esperanza de Dios y Nueva Vida; (2) La titulación
colectiva de sus tierras, en los términos de la Ley 70 de 1993;
(3) El establecimiento de las medidas encaminadas a asegurar su protección
y seguridad; (4) La puesta en marcha de acciones de desarrollo comunitario,
y (5) La reparación moral”.
El 13 de mayo de 1998 se conformó
la Comisión Mixta de Verificación del Proceso de Retorno
y Restablecimiento Socioeconómico de la Comunidad del Cacarica,
para que realizara el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos
y el acompañamiento de las comunidades. Dicho espacio estaba
conformado por miembros del gobierno nacional (Ministerio del Interior,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría
del Pueblo, Red de Solidaridad – hoy Acción Social);
organizaciones no gubernamentales del orden nacional e internacional
(Episcopado colombiano, Embajada del Canadá, Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Justicia
y Paz, Brigadas Internacionales de Paz) y como miembros facilitadotes
se designó al Comité Internacional de la Cruz Roja y
la Cruz Roja Internacional.
La comunidad del Cacarica que
optó por retornar a su lugar de origen, asumió como
principios y normas que sustentan su proyecto de vida la vida, la
libertad, la solidaridad, la justicia, la fraternidad y con estos
fundamentos en febrero de 1999, un sector de la comunidad se declaró
como “Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad
– CAVIDA-.
Tres años después
del desplazamiento forzado y después de firmar los acuerdos
con el Gobierno Nacional, el 28 de febrero de 2000, se inició
el proceso escalonado del retorno de 270 personas, después
se unieron 84 más. La segunda fase del retorno se dio el 13
de octubre del mismo año, volviendo 450 personas al territorio,
entre las que se encontraban 210 personas que después de ser
repatriadas de Panamá, vivieron en la Hacienda “El Cacique”
en Bahía Cupica; la última fase fue el 01 de marzo de
2001, cuando 150 personas decidieron unirse a este proceso.
2.4 La apropiación ilegal de la tierra y otros actos
de corrupción
Pocos meses después, la
empresa Maderas del Darién se acercó ofreciendo apoyo
para la tramitación del Titulo Colectivo, a cambio de recibir
las firmas de los representantes de las comunidades para la explotación
de recursos forestales. Aunque la mayoría de las comunidades
se negó, el entonces Representante Legal de las Comunidades
del Cacarica, Adán Quinto, de espaldas a la comunidad, aceptó
las dadivas sin que por ello lograra acelerar la entrega del título.
A raíz de lo anterior, la Comunidad de Cacarica en Asamblea
General Extraordinaria decidió revocar el cargo del señor
Adán Quinto por considerar que la gestión adelantada
por él no era la mejor al tomar decisiones que afectaban seriamente
los intereses de la Comunidad.
En medio de la resistencia de
la mayoría a ceder a las pretensiones empresariales, las comunidades
observaron que aún sin contar con el reconocimiento legal de
la propiedad colectiva, la empresa Maderas del Darién promovió
la conformación de cooperativas, como “Dios Proveerá”.
Observaron como al puerto de Turbo maquinarias de la empresas arrastraban
desde La Balsa, por los río Cirilo, Perancho y Atrato millares
de árboles de cativo. Descubrieron cómo a su nombre,
la empresa constituyó cooperativas fachada para hacer aparecer
la explotación mecanizada como aprovechamiento doméstico
y cómo se firmaron contratos de explotación a más
de 30 años.
Los afrocolombianos constataron
cómo desde finales de 1998 mientras estaban desplazados, se
intensificó la extracción irracional, ilegal y mecanizada
de madera por parte de la empresa Maderas del Darién en los
caseríos de La Balsa y San José de Balsa, donde la presencia
paramilitar persistía; conocían de asesinatos de trabajadores
de la empresa por parte de los grupos paramilitares; padecieron insistentes
presiones a través de terceros para que cedieran a las pretensiones
de Maderas del Darién. Dos de los asociados de CAVIDA experimentaron
torturas por paramilitares que presionaban para que cesarán
sus demandas a la empresa y EDWIN SALAZAR, un lugareño, fue
retenido en Tumaradó, trasladado a La Balsa, en donde fue torturado
y asesinado y sus restos fueron dejados allí.
5. Las denuncias de las
comunidades afrodescendientes
Desde 1998 hasta 2000 las comunidades
contaron con comisiones de verificación y desarrollaron acciones
de denuncia nacional e internacional y actuaciones jurídicas
a nivel interno con el fin de lograr restitución de sus derechos.
Sin embargo, se iba deshilvanando una cadena de mecanismos de impunidad
y encubrimiento desde el gobierno Nacional. En medio de las violaciones
a los derechos humanos y el ecocidio, las estructuras militares negaron
una y otra vez la existencia de una base paramilitar en La Balsa,
se negaron actuar, argumentaron una y otra vez que todo era mentira,
“imaginación de las víctimas”, se excusaron
afirmando desconocer las coordenadas de ubicación de La Balsa,
simularon haber hecho presencia en el lugar y levantaron actas desvirtuando
y descalificando la verdad de las víctimas. Por supuesto, como
lo atestiguan habitantes de Río Sucio, en secreto a voces,
allá a la Balsa iban agentes estatales y efectivos de la fuerza
pública a reuniones prohibidas en el combate contra el delito.
5.1 A nivel nacional
5.1.1 Proceso
disciplinario de la Procuraduría General de la Nación:
en el año 2001 se inició un proceso disciplinario contra
la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional
para el Desarrollo Sostenible del Chocó -Codechocó,
por su complicidad en la actuación ilegal de la empresa Maderas
del Darién S.A – Pizano S.A, mediante el otorgamiento
de permisos de extracción, la legalización de la madera
a través de mecanismos irregulares, la contribución
al enriquecimiento de terceros; lo que llevó a que en agosto
de 2003 se sancionara a todos los integrantes de dicho órgano
directivo , en calidad de autores responsables del concurso de faltas
disciplinarias catalogadas como gravísimas y graves y en consecuencia
se les impuso sanciones de destitución del cargo e inhabilidad
para ejercer funciones públicas por el término de cinco
años.
5.1.2 Primer
Acción de Tutela de 2001: las familias de los Consejos Comunitarios
de Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA, ya
retornadas al Cacarica, interpusieron una acción de Tutela
que falló a su favor. El Juez requirió a Codechocó
realizar las actuaciones necesarias para hacer cumplir un acto administrativo
en el que se ordenó la suspensión de la explotación
maderera. A pesar de la protección a los derechos territoriales
y ambientales, la explotación en el territorio colectivo por
parte de la compañía se mantuvo.
5.1.3 Audiencia
Pública de la Defensoría del Pueblo: adelantada en el
año 2002, se dio a conocer el documento “Explotación
de Madera y Derechos Humanos Bajo Atrato – Chocó Amicus
Curiae”, dónde se evidencia que la explotación
adelantada en el Bajo Atrato por la empresa Maderas del Darién
– Pizano S.A., “desconoce las normas constitucionales
y legales y los compromisos asumidos por el Estado colombiano con
en lo referente a la protección del medio ambiente, los recursos
naturales y la diversidad étnica y cultural del país”
5.1.4 Segunda
Acción de Tutela: a pesar de lo anterior, el Consejo Comunitario
Mayor Cuenca Río Cacarica interpuso una acción de tutela
contra el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Codechocó y Maderas del Darién S.A. puesto que Codechocó
seguía autorizando el corte de maderas en sus territorios,
desconociendo a sus autoridades, a la Junta del Consejo Comunitario
y a la Ley 70 de 1993. El fallo, que es revisado por la Corte Constitucional
en la sentencia T-955 de 2003, obligó finalmente a la empresa
a suspender las actividades de extracción de madera en el territorio
de Cacarica hasta tanto se reglamentaran los procedimientos de aprovechamiento
de recursos naturales.
No obstante el fallo favorable a los derechos de las comunidades,
los incalculables perjuicios ambientales, sociales, morales y culturales,
continuaron sin ser reparados. Como reacción a las exigencias
jurídicas que por Crímenes de Lesa Humanidad en cabeza
del General RITO ALEJO DEL RIO, comandante de las Fuerzas Militares,
fueron interpuestas por CAVIDA, en agosto de 2003, el General JORGE
ENRIQUE MORA RANGEL convocó a una rueda de prensa en la sede
del Ministerio de Defensa, donde una abogada y personas patrocinadas
por la empresa acusaron a los lideres de CAVIDA y a los acompañantes
de Justicia y Paz de crear campos de concentración, amenazar
de muerte, desaparecer, asesinar, traficar con drogas y ser miembros
de la guerrilla de las FARC EP. Así se conoció la existencia
de procesos judiciales sustentados en falsos testigos contra líderes
de las comunidades y las organizaciones acompañantes. Procesos
que precluyeron año y medio después.
La militarización desde
mayo del 2003 del entorno de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza
en Dios”, generó un segundo desplazamiento dentro del
Territorio Colectivo. La impunidad del Estado es gravísima
y se evidencia en la inacción militar de la Brigada 17 contra
la base paramilitar de La Balsa donde se desarrolla una fase de repoblamiento
y reingeniería militar, que se combina con la agroindustria
de la empresa C.I. MULTIFRUITS Y CIA. S.A. en tierras apropiadas ilegalmente
por las estructuras paramilitares.
5.1.5 Acción
Popular: en el 2005 las comunidades interpusieron una Acción
Popular contra el Ministerio del Medio Ambiente, Codechoco y la Empresa
Maderas del Darién S.A- Pizano S.A, invocando la protección
de sus derechos colectivos. En la actualidad se encuentra bajo el
conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5.2 A nivel internacional
En el mes de febrero de 2005 se
presentó una queja por parte de organizaciones nacionales e
internacionales a la certificadora Smartwood para levantar el sello
Fores Stewardship Concil SW-FM/CPC-137 que la empresa Pizano S.A exhibe
públicamente, como ya lo dijimos en párrafos anteriores,
desde febrero de 2001.
En ella se solicitó: “Se
revoque la Certificación SW-FM/COC-137 otorgada por el Programa
Smartwood de la Rainforest Alliance a las operaciones forestales realizadas
por la compañía Pizano S.A., sin perjuicio de las demás
acciones legales e internacionales que el programa Smartwood y la
Rainforest Alliance estimen pertinentes en el presente caso. Se declare
y publique que la compañía Pizano S.A. ha realizado
operaciones de manejo forestal ilegales, extractivas, indiscriminadas
y no sostenibles sobre territorios de propiedad colectiva de una minoría
étnica en la Cuenca del Río Cacarica, Chocó,
Colombia. Se declare y publique que la compañía Pizano
S.A. ha generado la destrucción sistemática y a gran
escala de especies forestales frágiles, protegidas y en peligro
de extinción, tales como el cativo (Prioria copaifera) sobre
dichos territorios. Se declare y publique que la Compañía
Pizano S.A. ha generado graves impactos sobre la biodiversidad y el
entorno vital de las minorías étnicas dependientes de
las especies forestales explotadas”.
En seguimiento a esta queja, la certificadora Smartwood, bajo la observación
de Greenpeace de España, adelantó visita a Bogotá
del 5 al 12 de septiembre de 2005, en la que, por primera vez, las
comunidades de autodeterminación, Vida Dignidad del Cacarica
CAVIDA, y organizaciones nacionales de derechos humanos, ambientales,
sindicales, expertos juristas y ambientalistas, presentaron sus análisis
y documentaron la extracción de madera en el Bajo Atrato por
parte de la empresa Maderas del Darién filial de Pizano S.A.
Aunque no se conocen los argumentos de las empresas, seguramente,
como ha ocurrido en otras partes del mundo, los mismos estarán
asociados a desvirtuar las pruebas con falsos señalamientos
y acusaciones contra los denunciantes asociándolos a la guerrilla
o mostrando la legalidad de la ilegalidad.
A la fecha esta queja no ha sido resuelta.
6. Cuestiones finales
para tener en cuenta
La extracción ilegal de
la madera, permitió con facilidad la entrada en el 2001 de
la siembra extensiva del banano tipo “baby” y en la proyección
de la siembra en esa área de palma aceitera, caucho y cacao
a través de la CI MULTIFRUITS LTDA, quién a su vez ha
suscrito un convenio para la comercialización con la empresa
transnacional DEL MONTE de San Francisco California, USA.
A la fecha, la negación
de los derechos de las comunidades afrocolombianas no termina. La
reingeniería paramilitar se ha encargado de asegurar que el
“desarrollo económico” siga atrapando con sus tentáculos
lo poco dejado por el exterminio ecológico y la grave situación
de derechos humanos que se materializa en la zona. Prueba de esto
se encuentra en el artículo de la Revista Semana titulado “El
Fürer de Urabá” , en el cual señalan miembros
del paramilitarismo que:
“"La industria maderera
del Atrato fue nuestra alma". Pues el Élmer Cardenas custodiaba
y supervisaba el negocio maderero de la región, y de ahí
obtenía gran parte de su financiación”.
(…)
“ Uno de los temores de la población frente a los proyectos
económicos de la región, es el origen de las tierras
donde se realiza. Al Élmer Cárdenas se le señala
de ser uno de los grupos que más se ha prestado para despojar
a los campesinos de sus fincas. Las denuncias se concentran en especial
en la zona de Belén de Bajirá, Rió sucio, y Balsa”
(…)
" Otra inquietud es que este tipo de proyectos sirvan como una
forma de control de la población, donde también se les
imponga una carga excesiva de trabajo sin una justa compensación.
Además, se teme que estos modelos de desarrollo puedan servir
para legalizar fortunas mal habidas”.
Evidentemente estas cuestiones
se encuentran en absoluta impunidad. De ahí que las constancias
históricas como la que hoy se pretende dejar consignada en
el establecimiento de este Tribunal, son la base para que la historia
sea contada por las víctimas; son la base para que la realidad
no enmudezca ni desvanezca la esperanza, la resistencia y pervivencia
de las comunidades aforcolombianas que hoy alzan su voz para clamar
verdad, justicia y la reparación ambiental y comunitaria.
6. Fundamentos jurídicos
La violación de los derechos
Humanos Fundamentales de que han sido victima las comunidades de la
cuenca del Jiguamiandó, del Curvaradó y el Cacarica,
ha abonado el terreno a la mercantilización de los territorios
dentro de la lógica del mercado global. La integralidad de
las violaciones se expresa en la implementación de “AGRONEGOCIOS”.
El aprovechamiento ilegal de las
tierras de las comunidades negras ha implicado no sólo la violación
de leyes civiles y penales internas en Colombia, sino que ha conllevado
de manera directa la violación de derechos humanos por parte
de actores armados que operan de manera conjunta o con la tolerancia
de las fuerzas militares de Colombia. Así mismo, se han perpetuado
delitos comunes y se ha propiciado el incumplimiento de tratados por
parte del estado colombiano y se ha afectado gravemente el medio ambiente.
A nivel internacional, las acciones
de la compañía C.I. MULTIFRUITS S.A. generan responsabilidad
para el Estado colombiano en los diferentes sistemas de protección
de los Derechos Humanos
Los crímenes ocurridos
en La Balsa, hacen al Estado responsable internacionalmente, dentro
del Sistema conocido como Sistema ONU, por los crímenes de
GENOCIDIO, TERRORISMO y TORTURA;
Asimismo, se presentan por parte
del Estado, en virtud de sus acciones, omisiones o tolerancia de las
acciones de las compañías y de su componente paramilitar,
violaciones a los artículos 1, 2, 4 (vida), 5 (integridad personal),
6 (prohibición de esclavitud y servidumbre), 7 (libertad),
8 (garantías judiciales); 11 (honra y dignidad), 21 (propiedad),
22 (circulación) de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos.
Capítulo aparte merece
la violación del Convenio 169 de la OIT:
El Derecho de Consulta, contenido
en el Convenio 169 de la OIT hace parte del ordenamiento jurídico
nacional, tanto como consecuencia del llamado “bloque de constitucionalidad”
(artículo 93 C.N.), como por su efectiva aprobación
e incorporación a través de su incorporación
legislativa; este derecho, no se agota en la efectiva consulta con
las comunidades afrodescendientes sobre la utilización de la
tierra y sobre cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en sus
territorios sino, además, como mecanismo para asegurar su integridad
como etnia, como protección de su derecho fundamental a la
propiedad colectiva, a la igualdad y a la vida;
Por último, las actuaciones de PIZANO S.A. involucran la comisión
de numerosas infracciones penales, que se dividen en tres grupos fundamentales:
los delitos contra el medio ambiente; aquellos derivados de su relación
con los grupos paramilitares y aquellos delitos ordinarios destinados
a cumplir sus fines por medios fraudulentos (delitos contra la fe
pública y contra la administración de justicia, contra
la propiedad, entre otros).
7. Acusación
RESPONSABILIZAMOS INDIVIDUALMENTE
A PIZANO S.A Y MADERAS DEL DARIÉN, de haber sido gestora o
causa de los siguientes crímenes de lesa humanidad: TORTURA,
DESAPARICIÒN FORZADA DE PERSONAS, TRASLADO FORZADO DE POBLACIONES,
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, por su colaboración o confusión
con grupos armados paramilitares y por ser los beneficiarios directos
de estos crímenes;
RESPONSABILIZAMOS INDIVIDUALMENTE
A PIZANO S.A Y MADERAS DEL DARIÉN, por los siguientes delitos
en contra de LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE: DAÑO
EN RECURSOS NATURALES (Art. 331 del C.P.); INVASIÒN DE ÀREAS
DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÒGICA (337 del C.P.); ILÌCITO
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (328C.P.); ILÌCITO
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES (328 C.P.);
RESPONSABILIZAMOS INDIVIDUALMENTE
A PIZANO S.A Y MADERAS DEL DARIÉN, en calidad de copartìcipes
o autores directos, por los siguientes delitos comunes: HOMICIDO (103
C.P.), DAÑO EN BIEN AJENO (265 C.P.), USURPACIÒN DE
TIERRAS (261 C.P.), ENRIQUECIMIENTO ILÌCITO (327 C.P.), CONCIERTO
PARA DELINQUIR (340 C.P.); INSTIGACIÒN PARA DELINQUIR (348
C.P.)
RESPONSABILIZAMOS INDIVIDUALMENTE
PIZANO S.A Y MADERAS DEL DARIÉN, por la celebración
de contratos inválidos, la omisión de trámites
administravos, el irrespeto a las normas ambientales y laborales en
el desarrollo de su proyecto agroproduc
