CONTEXTO:
COMUNIDADES VICTIMAS Y RESISTENTES
Las comunidades de resistencia
civil que actualmente habitan en zonas humanitarias y en zonas de
biodiversidad cuyos integrantes son las víctimas de los hechos
que han motivado la presente querella, han sido caracterizadas, en
tanto que integradas por población civil, por su calidad de
no combatientes, es decir, por su condición de sujeto del derecho
a la inmunidad frente a cualquier ataque armado, dada su no implicación
práctica o material con ninguno de los bandos en confrontación
en el conflicto colombiano. Se trata de comunidades de residentes
en lugares de la geografía colombiana sumamente castigados
por la violencia del conflicto armado que padece el país, que
desde hace años se han organizado en torno a su condición
de no beligerantes en dicho conflicto, toma de posición que
les ha supuesto un alto precio en agresiones y vidas humanas. De tal
derecho de inviolabilidad nace su propuesta de una “estrategia
organizativa y comunitaria”, conocida como Zonas Humanitarias
como la Defensoría del Pueblo de Colombia, Ministerio Público,
entre otras instancias, las ha calificado, (Resolución Defensorial
Humanitaria No. 012, del 25 de mayo de 2002) y como son reconocidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre lo que han sufrido estas
comunidades, baste recordar en voz de Robert Goldman (1),
en junio de 2003 (2), uno de
los más autorizados doctrinantes, reconocido en foros mundiales,
sobre el derecho internacional de los derechos humanos, quien expresó
al terminar su visita a Colombia en calidad de miembro de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (3)
y relator para los asuntos de la República de Colombia:
“La delegación de
la CIDH se desplazó también hacia los márgenes
del río Cacarica en el norte del Chocó, con el fin de
visitar la comunidad de vida y de trabajo «Nueva Vida",
cuyos miembros se encuentran protegidos por medidas cautelares desde
diciembre de 1997. Esta comunidad afrodescediente se encuentra reasentada
en territorio titulado colectivamente, tras varios años de
desplazamiento producto inicial de un bombardeo perpetrado en 1996
en la localidad de Riosucio. Durante su estadía la delegación
recibió información y testimonios sobre asesinatos,
torturas, actos de violencia e intimidación perpetrados contra
miembros de la comunidad por parte de grupos paramilitares que operan,
en la zona, a pesar de la presencia de la Brigada XVII del Ejército.
Asimismo, representantes de las comunidades en Dabeiba y Naya -también
protegidos por medidas cautelares- Jiguamiandó y Curbaradó
-cobijadas por medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos- se hicieron presentes con motivo de la visita
de la CIDH con el fin de proveer información sobre su situación
(…) notó con preocupación las consistentes denuncias
sobre agresiones por parte de grupos paramilitares, alegadamente perpetradas
con la aquiescencia y colaboración de la fuerza pública
que opera en la región. Asimismo, recibió información
sobre el fenómeno de la deforestación del territorio
colectivo y sobre los actos de hostigamiento destinados a forzar a
algunas de estas comunidades a plegarse a la siembra de palma africana
como clásico preludio a la introducción de cultivos
de uso ilícito. Asimismo resaltó la vital importancia
de la labor de acompañamiento que las Brigadas Internacionales
de Paz han llevado a cabo a favor de las comunidades afrodescendientes
del Chocó y el positivo efecto que ha tenido en su protección”.
COMUNIDADES DEL CACARICA
Contexto:
Esta zona cubre la parte nor-occidental
del municipio de Riosucio, del departamento del Chocó. Desde
junio de 1996 se comenzó a sentir fuertemente en la zona la
presencia de las ACCU quienes iniciaron una persecución y hostigamiento
contra los campesinos de la zona: los seguían cuando se desplazaban
al puerto de Turbo a vender sus productos o a comprar; les robaban
sus productos y a algunos los asesinaron o desaparecieron, con el
pretexto de que toda la población de la zona simpatizaba con
la presencia de la guerrilla. Como ya pocos se atrevían a salir,
se produjo un bloqueo económico y los alimentos comenzaron
a escasear. El 20 de diciembre de 1996, un fuerte contingente de las
ACCU se tomó el poblado de PUENTE AMERICA; a una de las pobladoras
la hicieron desnudar y bailar desnuda frente a ellos y saquearon las
casas y las tiendas. Allí permanecieron algunos y otros continuaron
hasta la cabecera municipal de Riosucio donde el mismo 20 de diciembre
se tomaron el pueblo, se llevaron a 5 personas, 4 de las cuales fueron
asesinadas luego. A los dos días llegaron tropas de la XVII
Brigada del Ejército, departieron con los miembros de las ACCU
y luego se marcharon dejando al poblado bajo el control de las ACCU
Algunos pobladores calculan que entre el 20 de diciembre de 1996 y
el 10 de enero de 1997 fueron asesinados en la zona cerca de 100 campesinos,
pero sus familias aterrorizadas no pusieron ninguna denuncia y huyeron.
En PUENTE AMERICA los miembros de las ACCU montaron un retén
permanente donde obligaban a todas las embarcaciones a detenerse;
allí todos los varones eran obligados a descender, eran golpeados,
amarrados, despojados de sus productos y las embarcaciones de la gasolina.
Muchos pasajeros eran arrojados al río amarrados.
El 24 de febrero de 1997 la Comandancia
del la XVII Brigada del Ejército puso en marcha la “OPERACIÓN
GENESIS” con dos batallones: el de “Fuerzas Especiales
No. 1” y el de “Contraguerrilla No. 35”. En el desarrollo
de dicha operación fueron bombardeadas varias comunidades de
la zona del río Salaquí y del río Cacarica, dentro
del área rural del municipio de Riosucio. Mientras las tropas
de la XVII Brigada del Ejército lanzaban granadas, morteros
y bombas desde helicópteros y descendían luego para
reunir a las comunidades, seleccionar pobladores, someterlos a todo
tipo de ultrajes y obligar a las comunidades a abandonar sus tierras
y pertenencias. Simultáneamente unidades de las ACCU se desplazaban
por los ríos y llegaban a las mismas u otras comunidades a
hacer lo mismo. Cuando las tropas del Ejército llegaban primero,
anunciaban que “detrás de ellos venían los que
cortaban a la gente en pedacitos” y los que “mochaban
cabezas”. Cuando los paramilitares de las ACCU llegaban primero,
le explicaban a la gente que esta era una operación conjunta
del Ejército y de las ACCU y que de nada les serviría
quejarse ante los oficiales del Ejército, pues iban unidos.
Una comunidad logró negociar con un Teniente que no los obligaran
a irse de la región, pero luego llegó el jefe paramilitar
y derogó la decisión del militar, en su misma presencia.
Cerca de dos mil campesinos de la zona tuvieron que emigrar hacia
el puerto de Turbo en la última semana de febrero. Pocos días
después sumarían cuatro mil. Otros pobladores buscaron
refugio en Panamá, de donde el 21 de abril de 1997 fueron deportadas
297 personas al puerto de Bahía Cupica, en el Chocó,
por un acuerdo concertado entre los gobiernos de Colombia y Panamá
abiertamente violatorio de la Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951.
Desde esta operación militar,
los paramilitares destacaron un base permanente en la comunidad de
Balsa, perteneciente a la cuenca del Cacarica. Desde la Balsa, controlaron
el Bajo Atrato y las comunidades aledañas cometiendo asesinatos,
torturas, desapariciones forzadas, nuevos desplazamientos, mientras
la empresa Maderas del Darién, filial de la empresa Pizano
S.A desarrolló operaciones ilegales mecanizadas de extracción
de madera, en particular de la especie Cativo, canalizó los
ríos, causando un daño ambiental de proporciones incalculables,
tal como lo presenta greenpeace España, en su informe del 25
de enero de 2006.
En la fase actual en medio del
proceso de “desmovilización” de los grupos paramilitares
iniciado en el primer gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez,
dentro del Territorio Colectivo se implementa y desarrolla la siembra
extensiva de banano tipo “baby” y en la proyección
de la siembra en esa área de palma aceitera, caucho y cacao
a través de la CI MULTIFRUITS LTDA, quién a su vez a
suscrito un convenio para la comercialización con la empresa
transnacional DEL MONTE de San Francisco California, USA. El desarrollo
del proyecto ha contado con el transplante de población de
zonas controladas por las estructuras paramilitares al lugar de la
Balsa, Balsita, Varsovia y Bendito Bocachico
JIGUAMIANDÓ, CURBARADÓ y PAVARANDÓ
Contexto:
Las Cuencas de los ríos
Jiguamiandó y Curbaradó se ubican en los límites
del Bajo y Medio Atrato, entre los departamentos de Antioquia y Chocó.
Hasta el año 2000, los poblados situados en las riberas de
estos ríos pertenecían a la jurisdicción del
municipio de Riosucio, pero luego pasaron a la de El Carmen del Darién.
Pavarandó es un corregimiento del municipio de Mutatá,
en jurisdicción del departamento de Antioquia.
Hoy, en la cuenca del Jiguamiandó
se encuentran refugiadas, junto con 9 comunidades de Curbaradó,
515 familias que conforman el Consejo Comunitario del Jiguamiandó.
Desde 1996, las comunidades afrodescendientes y las familias mestizas
que pueblan las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó,
sufrieron daños irreparables en vidas, integridad personal
y actividades comunitarias. Se inició el bloqueo económico
desde los puertos de Turbo y Riosucio, por el río Atrato, y
desde Belén de Bajirá, Mutatá y Pavarandó,
por las carreteras que comunican con Antioquia. Se impusieron restricciones
a la circulación de personas y de bienes de supervivencia,
autorizando la compra y la venta de alimentos por un valor no superior
a los 40 mil pesos (U.S $ 15) por familia. También se multiplicaron
las amenazas, señalamientos y el desplazamiento forzado de
todos los habitantes de la carretera que comunica a Chigorodó
con Dabeiba y a Mutatá con el Jiguamiandó, a través
de Belén de Bajirá.
Desde los primeros meses de 1996
los paramilitares ingresaron al municipio de Riosucio y hacia los
alrededores de Belén de Bajirá, en estrecha connivencia
con la Brigada XVII del Ejército. En Bajirá, los militares
adscritos a la Brigada XVII anunciaron persistentemente que venían
“los mochacabezas”; que lo mejor era abandonar el territorio.
Servidores públicos de las comunidades del Jiguamiandó
y del Curbaradó fueron amenazados. La médica, doctora
Luz Marina Arteaga, permaneció secuestrada por un tiempo. Poco
a poco el cerco a los pobladores del Curbaradó y Jiguamiandó
se fue intensificando. Los militares que salían de sus guarniciones
con distintivos de la Brigada XVII, ingresaban, dos horas después,
como paramilitares, a los poblados rurales y al casco urbano de Belén
de Bajirá, intimidando, amenazando y desplazando a los pobladores.
Los campesinos los reconocían pese a que ocultaban su identidad
con algún tipo de camuflaje. Dentro de ellos, los pobladores
aseguran que vieron actuar a SERGIO BURGOS, alias “El Valle”,
como militar, durante la permanencia del ejército en el pueblo,
y días después lo vieron comandando el escuadrón
paramilitar que perpetró la masacre en el caserío Las
Brisas, el 26 de octubre de 1996.
A partir de la masacre y hasta
octubre del 2005 militares y paramilitares han perpetrado 113 asesinatos
y desapariciones, y son responsables de 13 desplazamientos forzados
de 15 que se han presentado en estas comunidades. Desde el año
2000, los empresarios de la palma iniciaron las siembras de los territorios
de las comunidades reconocidos por el Estado mediante titulación
colectiva amparada en la ley 70 de 1993 sin contar con la autorización
del las comunidades y beneficiandose del desplazamiento forzado del
que fueron víctimas. La empresa Urapalma entre otras, han contado
con la protección directa de paramilitares y efectivos de la
Brigada VXII del Ejercito.
1 - Goldman, Robert K. es Profesor de Derecho y becario
Louis C. James, Washington College of Law, The American University,
Washington, D.C. Actualmente es el experto independiente de la Comisión
de los Derechos Humanos de la ONU para la protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista
(2004). Miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (presidente de 1999 a 2000). Anteriormente, fue
miembro del Comité de Política de Vigilancia de los
Derechos Humanos y del Comité Consultivo de Vigilancia de los
Derechos Humanos/América, Oriente Medio y Helsinki.
2 - Comisión Interamericana
de Derechos Humanos - Comunicado de Prensa. Relator de la CIDH finaliza
visita de trabajo a la Republica de Colombia. 27 de Junio de 2003,
Bogotá.
3 - CIDH es un órgano
principal de la Organización de los Estados Americanos con
sede en Washington D.C., con el mandato de promover y proteger los
derechos humanos en la región. La Comisión Interamericana
es un ente colegiado, compuesto por siete expertos elegidos en su
calidad individual por los Estados miembros de la OEA, y su jurisdicción
se deriva de la Carta de dicha Organización y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales Colombia
es parte desde hace ya varias décadas.
