Carta contra el financiamiento de la Corporación Financiera
Internacional de fábricas de celulosa en Uruguay Noviembre
2005
De:
Nombre: Ana Filippini
Organización: Red Latinoamericana contra los monocultivos de
Arboles
Dirección: Palermo 55 71 F
Tel: 598 2 601 3737
Correo electrónico: recoma@internet.com.uy
Para:
Asesor(a) en materia de observancia de las políticas ambientales
y sociales de la CFI/Ombudsman
2121 Pennsylvania Avenue, NW
MSN F 11K-1116
Washington, DC 20433
USA
Fax: 202 522-7400
Email: cao-compliance@ifc.org
Noviembre, 2005
Quien(es) suscribe(n) se presenta(n)
ante Ud. para exponerle los siguientes motivos que fundamentan esta
acción, en calidad de apoyo a los ciudadanos uruguayos que
se consideran afectados y que se han expresado públicamente
y de diversas formas en contra de las repercusiones sociales y ambientales
que tendrían los proyectos que a continuación expondremos.
I. La Corporación Financiera
Internacional está considerando el apoyo financiero a los proyectos
23681 Celulosas de M’Bopicuá, presentado por la empresa
española ENCE y 23817 Orion, presentado por la empresa finlandesa
Metsä Botnia, para la producción de celulosa con proceso
ECF. Ambas fábricas se emplazarían en la República
Oriental del Uruguay, sobre el Río Uruguay, en el departamento
de Fray Bentos, a unos pocos kilómetros una de otra. La magnitud
de la escala las convertiría en uno de las mayores complejos
celulósicos del mundo en uno de los países más
chicos del mundo.
II. De concretarse los proyectos,
las personas que apoyamos se considerarían lesionadas en lo
que la doctrina moderna recoge como derechos humanos, por los siguientes
perjuicios.
Perjuicios sociales: las fábricas
de celulosa desplazarían más empleos de los que crearían,
por dos consideraciones:
1. El proceso industrial comprometería las aguas del río
y la atmósfera cercanas a las fábricas inhabilitando
las actividades de pesca y de turismo de la región y poniendo
en riesgo las actividades de apicultura y agricultura. Alrededor de
300 personas viven en esta zona de la pesca artesanal, y en cuanto
al turismo, aproximadamente el 20% de la ciudad de Fray Bentos está
vinculada a esa actividad. En cuanto a las actividades de apicultura
y agricultura se verían seriamente perjudicadas por la lluvia
ácida producto de las emanaciones industriales.
2. Es necesario considerar que la fabricación de celulosa está
directamente vinculada a la plantación de grandes extensiones
de eucaliptos, de donde se extrae la materia prima. El desarrollo
forestal que ha tenido lugar en el Uruguay para tal fin lo ha sido
a costa del ecosistema de pradera, de la integridad de nuestros recursos
hídricos, de la semi-esclavitud de los trabajadores del rubro,
de un gran traspaso de dineros de la población (más
de 400 millones de dólares) a los grupos de interés
que se vieron favorecidos con este negocio, de un proceso de concentración
y extranjerización de la tierra. La instalación de las
fábricas implicaría aumentar la forestación en
la región –con los referidos perjuicios- y destinar a
las plantaciones forestales campos aptos para otras actividades agropecuarias
que generan más empleo. Según datos extraídos
del Censo Agropecuario nacional 2000, por cada mil hectáreas,
el número de trabajadores permanentes es de: 4,49 en la forestación,
5,84 en la ganadería de vacunos, 9,18 en la ganadería
de ovinos, 10 en los cultivos cerealeros e industriales, 22 en tambos,
128 en la producción de cerdos, 165 en la viticultura, 262
en la producción para autoconsumo.
Perjuicios ambientales:
1. El funcionamiento de las fábricas causará un impacto
ambiental negativo en la calidad del agua del río Uruguay,
por la producción de efluentes (por ejemplo, en el caso de
Botnia, serán de 41.500 m3 diarios de efluentes líquidos)
que contienen tanto sustancias orgánicas como compuestos químicos
muy tóxicos. Por otro lado, el tránsito de barcos también
alterará la calidad de agua del río y la fauna de peces
por la descarga de agua de lastre, ruido, residuos tóxicos
de la combustión de los motores y aumento de la turbidez del
agua.
2. Se producirán emanaciones de gases tóxicos (como
por ejemplo cloro, anhídrido sulfuroso y otros productos sulfurados)
que impactarán negativamente en la atmósfera y también
en los suelos por la formación de lluvia ácida.
3. Se producirán gases de efecto invernadero y peligrosos cancerígenos
como las dioxinas (producto de la presencia de sales cloradas en la
madera de origen) y los furanos policlorados, además de la
combustión de productos azufrados que darán lugar a
olores nauseabundos.
4. Se generará compost a partir de residuos de la producción
sin un estudio previo sobre su posible efecto negativo sobre el suelo.
5. Se producirán ruidos y contaminación vial [reiteramos
la consideración de la gigantesca escala que supone el emplazamiento
cercano de las dos fábricas] sumándose a esto los peligros
derivados de accidentes en este tipo de instalaciones.
Perjuicios económicos:
1. Las empresas que solicitan la instalación de fábricas
de celulosa han sido beneficiadas con régimen de zona franca,
que implica una enorme exoneración tributaria con la consiguiente
pérdida de posibilidades de ingresos al país y que las
coloca en situación de enorme ventaja con respecto a otros
emprendimientos, incluso nacionales.
2. El blanqueado de la celulosa exige el consumo de grandes volúmenes
de agua. Las empresas tomarán el agua directamente del Río
Uruguay, consumo que, en el caso de Botnia solamente, equivale aproximadamente
al de tres veces la población de Fray Bentos. Ese usufructo
gratuito de una de las mayores riquezas de Uruguay coloca a estas
empresas en situación de privilegio con respecto a los ciudadanos
comunes que deben pagar cada litro de agua que consumen y supone un
perjuicio económico en el mediano plazo, agravado por el deterioro
de la calidad del recurso agua.
3. Tanto BOTNIA como ENCE han adquirido tierras en las que han establecido
las plantaciones forestales que serían materia prima de sus
proyectadas fábricas. BOTNIA, con la razón social COFOSA,
tiene 100.000 hás, mientras que ENCE con la razón social
EUFORES, posee 85.000 hás. La producción de árboles
en régimen de monocultivo, con efectos perjudiciales sobre
el suelo, la fauna y las napas freáticas, se hace a expensas
de la pradera pampeana y sus múltiples servicios ambientales
asociados, afectando así de manera bastante irreversible lo
que hasta ahora ha sido la base de un sistema productivo sobre el
que se estructuró la economía y la sociedad uruguaya.
4. Económica y técnicamente, el Estado uruguayo no está
en condiciones de ejercer los debidos controles y para hacerlo tendría
que endeudarse aún más.
5. Las inversiones en carreteras y caminería, servicios de
salud e infraestructura en general como consecuencia de la instalación
de las fábricas, serán aportadas por fondos del Estado.
Eso supondrá un incremento del gasto público y posiblemente
mayor endeudamiento nacional.
III. Hasta el momento los afectados a quienes apoyamos han expuesto
sus consideraciones tanto públicamente ante toda la sociedad,
como personalmente a diversas autoridades responsables de las políticas
nacionales. Si bien es difícil cuantificar el apoyo, pueden
citar como sustento de su representatividad las diversas expresiones
sociales de decenas de organizaciones sociales y población
en general que han hecho explícito su rechazo a este emprendimiento:
más de mil firmas en apoyo a la carta enviada al entonces candidato
electo Tabaré Vázquez desde el Foro Social Mundial 2005
solicitándole que no hiciera lugar a la autorización
dada por el gobierno anterior para la instalación de las fábricas
de celulosa; movilización en el puente General San Martín
con organizaciones argentinas en abril de este año; acto en
la Plaza Libertad con oratoria de Eduardo Galeano en mayo de este
año; numerosísimas charlas y debates en centros barriales
y sociales; expresiones gráficas en sitios públicos;
carta de egresados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
la República, entre otras.
IV. Por todo lo expuesto nuestra
acción apunta a apoyar la reclamación de los grupos
afectados, de que la CAO investigue si los estudios de ENCE y Metsä
Botnia han tenido debidamente en cuenta las preocupaciones expresadas
y que recomiende a la CFI no atender el financiamiento solicitado
para los proyectos 23681 y 23817, en función de los perjuicios
que acarrearía a la sociedad uruguaya y a sus posibilidades
de emprender un camino de desarrollo sustentable, entendido éste
como la posibilidad de acceder de manera equitativa a condiciones
de trabajo dignas sin destruir con ello la riqueza de nuestros recursos
naturales.
V. Queremos agregar, como hecho
relevante a este reclamo, que también apoyamos las consideraciones
expresadas acerca de la situación de postración económica
y social en la que se encuentra Uruguay y que lo hace rehén
de necesidades y apremios inmediatos. Seguramente esta situación
es caldo de cultivo para decisiones que priorizan medidas cortoplacistas
que hipotecarán gravemente no sólo el futuro de los
ciudadanos afectados, sino el de las generaciones que les sucederán.
En momentos en que parte del discurso mundial reconoce la impostergable
necesidad de cuidar los recursos naturales, en que numerosos países
ven que ya es tarde para recuperar sus suelos y naturaleza destruida,
Uruguay puede apostar a ser un “País Natural” y
encontrar además una salida económica en ello. Emprendimientos
como el que se plantean las empresas BOTNIA y ENCE en Uruguay van
en el sentido contrario.
Los puntos expuestos son un resumen
de los peligros que los afectados han venido denunciando. Remitimos
a la documentación que los respalda, la cual puede ser requerida
al secretariado del Grupo Guayubira (info@guayubira.org.uy) o puede
consultarse en la página Web http://www.guayubira.org.uy.
Saluda atentamente,
Ana Filippini
Coordinación RECOMA
