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Campaña Plantaciones

Plantaciones forestales:
impactos y luchas
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

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Colombia

Promoción de monocultivos forestales en los Andes

Como sucede en tantos otros países, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está promoviendo el desarrollo de plantaciones para pulpa en Colombia. El Banco acaba de aprobar un préstamo "no reembolsable" de U$S 2.000.000 –a través del Fondo Multilateral de Inversiones- destinado a apoyar la creación del Centro de Entrenamiento y Desarrollo Tecnológico para la Industria de la Pulpa, el Papel y el Cartón (CENPAPEL).

Según informaciones periodísticas, el objetivo del proyectado Centro es generar alternativas para la producción de papel, considerando la destrucción de las abundantes y adecuadas reservas papeleras existentes en los bosques nativos. El mismo estará localizado en Pereira, donde se encuentran también las dos principales papeleras colombianas (Papeles Nacionales y Colpapel). El proyecto había sido presentado hace cuatro años ante el BID por parte de un grupo de empresarios de Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, y ha recibido el apoyo del gobierno local de Pereira y del gobierno de Risaralda.

También la OEA suministrará apoyo financiero al proyecto. Esta organización además ya había allanado el camino para la participación en el mismo de compañías extranjeras, realizando contactos con 25 de ellas, de las cuales seis ya están involucradas.

Teniendo en cuenta que el propósito manifiesto del proyecto es encontrar materias primas alternativas para alimentar a la industria papelera, no es un secreto para las poblaciones locales que ello significa el establecimiento en la región de extensas plantaciones de eucalipto y pino.

Ante esa eventualidad, ambientalistas locales están organizando un encuentro regional de apoyo a los campesinos lugareños, en el que se realizará un análisis de los impactos que el cultivo comercial de pinos y eucaliptos ha de provocar en la biodiversidad, los suelos y las aguas de esta región andina.

Fuente: Margarita Florez, ILSA, Colombia

Chile

Comunidad se opone a proyecto de construcción de planta de pulpa

La comunidad de pescadores de Mehuin, en la 10ª Región de Chile, se opone al proyecto de Celulosa Arauco y Constitución S.A. (CELCO) –una enorme compañía de pulpa y papel- de construir una planta de pulpa junto con una tubería que descargaría los contaminantes tóxicos resultante del proceso de producción en la bahía donde habita dicha comunidad. Se volcarían a las aguas más de 600 lts. de efluentes por segundo, lo que provocaría graves efectos ambientales en la población de peces, que constituye el sustento de esta comunidad y su fuente de ingresos. La comunidad de Mehuin ha declarado que se opone incluso a la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, a lo cual también se opone la comunidad mapuche, según la cual esas tierras están protegidas por el Derecho Indígena. Esto demuestra el creciente descrédito que tienen las evaluaciones ambientales realizadas por consultores –generalmente pagados por la empresa- cuyos resultados son casi siempre básicamente favorables a los megaproyectos y sólo incluyen medidas de "mitigación". En este caso la población simplemente está en contra de la idea en su conjunto y esa es la razón de su oposición a la Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante, el gobierno provincial considera que el proyecto es esencial para el "desarrollo" de la región, severamente afectada por el desempleo, y está decididamente a favor de su puesta en marcha.

Se calcula que el megaproyecto emprendido por CELCO producirá 550.000 toneladas de celulosa por año, con un consumo anual de 2.240.000 metros cúbicos de pinos y 563.000 metros cúbicos de eucaliptos. Esto significaría un mayor aumento adicional del área destinada a plantaciones en Chile, que los campesinos perciben cada vez más como un grave problema.

Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, RENACE.

IEP – Chile.

Bosques nativos son sustituidos por plantaciones forestales

Uno de los argumentos más utilizados para la promoción de las plantaciones forestales con fines industriales es que la plantación de especies de rápido crecimiento ayuda a disminuir la presión de uso de los bosques nativos, colaborando de ese modo a su preservación. Sin embargo, este argumento resulta probadamente falso en todos los casos. Chile no es una excepción a la regla.

Según la ONG chilena CODEFF, la sustitución de bosques nativos por plantaciones de especies exóticas de rápido crecimiento constituye uno de los factores más importantes en el proceso de destrucción de dichos bosques. Un reciente estudio realizado por la entidad gubernamental CONAF muestra que la tasa anual media de deforestación en Chile en el período 1985-1994 alcanzó las 36.700 hectáreas. Casi un 40% de ese área fue deforestado para que esas tierras fueran posteriormente ocupadas por plantaciones industriales.

La propia CODEFF realizó una inspección en la VIII Región -donde se concentra la mayor parte de las plantaciones con fines industriales- la cual reveló que entre 1978 y 1987 aproximadamente un 30% de los bosques de los Andes Costeros fueron talados y sustituidos por plantaciones de pino radiata.

Una destrucción de tales características deriva de un cúmulo de presiones generadas tanto dentro como fuera de Chile. Sin embargo, la causa más obvia radica en la política del propio gobierno, que desde 1974 ha venido subsidiando generosamente este tipo de plantaciones. Son numerosas las compañías forestales que deciden -a veces en el marco de la ley y otras ilegalmente- talar los bosques existentes y replantar con pino o eucalipto como forma de acceder a dichos subsidios.

Fuente: Bosques Templados 6 (6) 1998

Un modelo forestal insustentable

La cubierta forestal en Chile ocupa unos 30 millones de hectáreas, de los cuales 2,1 millones corresponden a plantaciones. Los bosques chilenos –con más de 100 especies nativas- constituyen uno de los ecosistemas forestales templados más ricos en biodiversidad del mundo. En marcado contraste, el 80% de las plantaciones son monocultivos de pino radiata y el 12% de eucaliptos.

El modelo forestal chileno -basado en plantaciones, a pesar de la vastedad y riqueza de los bosques existentes en el país- ha sido promocionado y divulgado como un ejemplo para los países subdesarrollados y como uno de los factores del boom económico en ese país. Dicho modelo está siendo promocionado en diferentes países, desde Uruguay a Mozambique. Sin embargo su lado negativo permanece escondido.

El impulso a extensos monocultivos forestales en Chile comenzó con la dictadura militar en la década de 1970. En concordancia con el modelo económico impuesto, se estipularon subsidios y exenciones impositivas que beneficiaron a un puñado de poderosos grupos económicos. Hoy en día sólo dos grupos -Angelini y Matte- son dueños respectivamente de 470.000 y 340.000 hectáreas de plantaciones. Los mismos comprenden más de 50 compañías forestales en Chile, así como en Argentina, Paraguay y Perú. Al mismo tiempo, los campesinos están siendo expulsados de sus tierras, progresivamente ocupadas por las plantaciones, o afectados por sus efectos sobre el agua y la biodiversidad. Estudios independientes realizados recientemente han revelado que las plantaciones no han colaborado a aliviar la pobreza en las áreas rurales y que las comunidades locales son contrarias a las mismas.

Uno de los argumentos más utilizados para la promoción de plantaciones forestales industriales sostiene que las plantaciones de rápido crecimiento son útiles para aliviar las principales presiones de uso sobre los bosques nativos y que, por lo tanto, sirven a los fines de su preservación. En el caso de Chile, este argumento es probadamente falso. La tasa anual de deforestación en el período 1985-1994 alcanzó un promedio anual de 36.700 hectáreas, 40% de las cuales fueron taladas para dar lugar a plantaciones forestales industriales. En la sureña VII Región -donde se concentra la mayor parte de las plantaciones- entre 1978 y 1987 el 30% de los bosques costeros andinos fueron cortados y sustituidos por monocultivos de pino radiata.

Por otra parte, la industria de pulpa, íntimamente relacionada a este esquema de plantaciones, es un importante agente contaminador . Cinco de las seis industrias de pulpa existentes en Chile provocan fuertes impactos ambientales, en tanto sólo una está adoptando un proceso de producción menos dañino. Por ejemplo, la comunidad pesquera de Mehuín, en la X Región, está luchando contra un proyecto de Celulosa Arauco y Constitución S.A. (CELCO) -una enorme compañía productora de pulpa y papel- para la construcción de una fábrica de pulpa conectada a una tubería que habrá de descargar sus residuos tóxicos en la bahía donde vive dicha comunidad. De este modo afectaría a la población de peces que constituye su base de subsistencia, además de a la salud de los pobladores.

Algunas de las principales consecuencias de los monocultivos forestales en Chile a ser destacadas son: la destrucción de los bosques nativos, el descenso en los rendimientos hídricos de las cuencas, la pérdida de biodiversidad y de los medios de vida de las comunidades, la migración rural hacia las ciudades, la erosión del suelo y la contaminación industrial. Otro efecto también negativo ha sido la concentración en la propiedad de la tierra y de la riqueza. Es obvio que un modelo con estas características no puede se considerado social ni ambientalmente sustentable.

México

El comienzo de la invasión de las plantaciones

El gobierno mexicano, actuando bajo presión de compañías forestales internacionales y agencias financiadoras, está tratando de modificar la ley forestal de manera de promover grandes plantaciones de monocultivos de árboles en varias regiones del país. Sorprendente como pueda parecer, una de estas regiones es Chiapas (uno de las estados más pobres de México), que ha sido el escenario de una gran sublevación armada dirigida por el Movimiento Zapatista. En junio de 1995, Edward Krobacker de International Paper, una compañía interesada en establecer plantaciones industriales de árboles en el estado de Chiapas, envió una carta al gobierno mexicano, en la que presionaba por la introducción cambios a la Ley Forestal, de manera de "crear un marco legal más seguro" para las inversiones de International Paper. Dos años después, ésto parece haber sido plenamente aceptado y el Consejo de Ministros ha presentado un projecto al parlamento, el cual provee enormes facilidades para la inversión extranjera en el sector forestal mexicano, entre las que se encuentra un subsidio del 65% de los costos de plantación.

Otras regiones en la mira de los monocultivos industriales de árboles son Veracruz y Oaxaca. En la primera, un vasto plan de plantaciones de eucalipto está siendo implementado por Temple Island y Simpson (ambas compañías norteamericanas), mientras que en la segunda se trata de la promoción de plantaciones de pinos. El objetivo de dichas plantaciones es la producción de pulpa y papel y de madera. Dicho tipo de "desarrollo forestal" no sólo constituye una amenaza para la sustentabilidad ecológica del territorio, sino que además ignora los derechos de las comunidades rurales e indígenas, ya que sus tierras serán ocupadas por las plantaciones. Como escribió Jaime Aviles, periodista de "La Jornada" el 1 de mayo de 1997: "Sin acuerdos (entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional-EZLN-y el Gobierno), habrá desórdenes que se manifestarán de muchas maneras; aunque el Sr. Krobacker obtenga su Ley Forestal, nadie le podrá garantizar que sea puesta en práctica. Las plantaciones serán invadidas, tarde o temprano y serán fuente de muchos conflictos....Las áreas seleccionadas para las plantaciones de eucalipto están simplemente condenadas a la desertificación".

La "versión mexicana" de las plantaciones para pulpa

La creciente actividad de la industria "maquiladora" –instalada en México y basada en insumos importados utilizados para la producción de bienes para la exportación- ha provocado un enorme déficit de papeles para envasado necesarios para el empaquetado de dichos productos de exportación. Los mismos están siendo importados de EE.UU. y Canadá. Respondiendo a las presiones del sector industrial del país, el gobierno mexicano está allanando el camino para la promoción de plantaciones para pulpa en gran escala. Su producción está destinada a proveer de materia prima para la fabricación barata de pulpa y papel con la finalidad indicada.

La estrategia adoptada consta de tres elementos: 1) introducción de cambios en el marco legal vigente; 2) aprovechamiento de las "ventajas comparativas" de México para la producción barata de pulpa, y 3) promoción de plantaciones mediante subsidios directos e indirectos.

El primero de dichos componentes ya se implementó con la aprobación parlamentaria de la Ley Forestal, en abril de 1997. Dicha norma fue promulgada luego de las fuertes acciones de lobby ejercidas por funcionarios federales de alto rango y parlamentarios vinculados con la industria mexicana del papel, así como por la activa participación del principal ejecutivo de International Paper. La nueva ley ofrece a las plantaciones un marco legal claro, el cual incluye el derecho de las compañías a asociarse con los campesinos dueños de la tierra. Como consecuencias de las presiones que ejercieron organizaciones campesinas, ambientalistas y de la sociedad civil –así como, en menor medida, algunos partidos políticos- se estableció que las plantaciones no pueden establecerse en áreas boscosas y se fijaron determinadas condiciones para las plantaciones a gran escala, incluyendo planes de manejo y evaluaciones de impacto ambiental.

El segundo de los elementos mencionados también ha sido ya abordado por el gobierno federal, mediante la oficina de medio ambiente (SEMARNAP). La misma ha hecho suyos los propósitos de las compañías nacionales e internacionales. En efecto, su influencia ha consistido en formular un discurso destinado a convencer a la opinión pública acerca de las mentadas ventajas para el país que traerán consigo las plantaciones forestales, de hecho subsidiadas con recursos públicos, mano de obra barata y carente de derechos y permisividad en cuanto al control de sus impactos sociales y ambientales. No ha de sorprender por lo tanto que uno de los principales funcionarios de alto rango que promueve esta estrategia sea un ex empleado de una de las mayores transnacionales del papel. Sin embargo, el grueso de su propaganda no ha logrado convencer a la mayoría del pueblo mexicano, en especial a los campesinos. Por ello sus promotores han establecido nuevas alianzas y creado el denominado "Comité Nacional del Arbol al Libro".

El tercer componente se encuentra a medio camino de su implementación. La SEMARNAP ha creado un "Programa de Apoyo al Desarrollo de las Plantaciones Forestales Comerciales". A través del mismo, las plantaciones recibirán subsidios que cubrirán el 65% de los costos de instalación y manejo durante siete años y serán declaradas exentas de tributos. No obstante se generaron algunos problemas. El primero fue que la distribución de recursos no resultó ser tan sencilla como parecía en un principio y algunas compañías quedaron afuera del reparto. Otro punto, relacionado con la caída de los precios del petróleo y los ingresos por este rubro, es que todavía se requerirá un tiempo para que entren en vigencia tanto la exención impositiva como la implementación de algunos subsidios, que, se suponía, existirían desde el arranque. Además, se generó un nuevo e inesperado problema: ahora otras empresas forestales y organizaciones forestales también están demandando subsidios para apoyar sus actividades de cuidado de los bosques, aspirando a recibir por parte del estado un tratamiento similar al otorgado al sector de las plantaciones forestales en cuanto a apoyos.

En suma, la versión mexicana de las plantaciones no aporta nada nuevo. Su propósito es integrarse al proceso productivo transnacional del sector, subordinar la política ambiental a las necesidades de la demanda transnacional del capital industrial orientado a la exportación e ignorar los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos, así como su cultura ambiental. La nueva lógica se ha impuesto como consecuencia del abandono, por parte de las esferas oficiales, de otras alternativas de base popular.

Sin embargo, lo anteriormente señalado es sólo una parte de la realidad. Están surgiendo las primeras reacciones de los campesinos y de los pueblos indígenas. Tal es el caso de la reciente movilización masiva campesina en el estado de Guerrero contra la maderera y papelera estadounidense Boise Casacade, así como también las quejas elevadas por los campesinos de Tabasco como consecuencia de los injustos contratos impuestos por las compañías plantadoras. Eso también es parte de la realidad.

Fuente: Alejandro Villamar.- Datos de la "version mexicana" de la estrategia global de la industria maderera-papelera internacional bajo el TLCAN, abril 1998.

Uruguay

Modelo forestal en Uruguay bajo asedio

Está creciendo en todo el país la inquietud por las consecuencias ambientales que traen aparejados los proyectos forestales que se están llevando a cabo en el Uruguay. La proyectada instalación de una planta de pulpa y papel y en la pequeña ciudad de Fray Bentos, ubicada en la ribera del río Uruguay, ha levantado una ola de protestas. Este hecho es realmente sorprendente, ya que la tasa de desempleo es particularmente alta en esa cuidad.

El WRM está actuando en ambos asuntos (plantaciones y la planta de pulpa y papel) y ha estimulado la creación de una coalición de ONGs apuntando a la generación de conciencia y a la organización de la oposición al modelo. Esta coalición adoptó el nombre de "Guayubira" (Patagonula americana) un árbol nativo del norte del país, que se encuentra casi extinto. La coalición se está volviendo muy activa en diversas áreas del país y está empezando a hacer lobby con parlamentarios para introducir cambios en la presente legislación forestal y para eliminar los subsidios a las plantaciones.

Crece la oposición a las plantaciones para celulosa

La situación en Uruguay, país en el que el Parlamento aprobó unánimemente una ley forestal en 1987 con el objetivo de promover las plantaciones forestales a gran escala y que en su momento no despertó oposición alguna de parte de la sociedad civil, ha cambiado radicalmente desde entonces. A pesar del apoyo casi total del gobierno y del sector académico hacia las plantaciones de eucaliptos y pinos, la acción de la oposición, dirigida desde las ONGs, ha modificado totalmente el escenario. El secretariado del Movimiento Mundial por los Bosques facilitó la creación de una coalición de ONGs (el Grupo Guayubira), que desde entonces ha estado en el centro de un conjunto de actividades contra las plantaciones y la instalación de nuevas plantas de celulosa.

El Grupo Guayubira apoyó activamente una lucha local en el densamente forestado departamento de Río Negro contra la instalación de una planta de celulosa cerca de la ciudad de Fray Bentos, que ha dado lugar a la detención de un proceso que parecía imparable. Los requerimientos crecientes en materia de control ambiental (resultantes fundamentalmente de la presión popular) parecen haber hecho desistir a la empresa de la construcción de la planta de celulosa proyectada.

En el área forestal, el incremento exponencial del área forestada (que pasó de unas 2.000 hectáreas anuales a principios de los 80 a las más de 50.000 hectáreas anuales actuales), la creciente presencia de empresas transnacionales e inversores extranjeros y los impactos sociales y ambientales de tales plantaciones, han dado lugar a un creciente (aunque en gran medida descoordinado) frente opositor, que incluye a ONGs, sindicatos, parlamentarios, ganaderos, agricultores, poblaciones locales y personas individuales. Tal situación ha dado lugar recientemente a contradicciones dentro del propio gobierno, donde el lobby forestal está perdiendo terreno. Hace pocos días, el Ministro de Medio Ambiente formuló declaraciones en el canal estatal de televisión, sosteniendo que las plantaciones parecían estar teniendo fuertes impactos negativos sobre los suelos y el agua y que su ministerio iba a presentar una iniciativa al Parlamento para eliminar todos los subsidios que actualmente se brindan al sector plantador. Un importante, aunque aún insuficiente paso adelante.

Venezuela

Creciente conflicto con Jefferson Smurfit

Smurfit Cartons Venezuela --subsdiaria de la transnacional Jefferson Smurfit, con base en Dublin-- ha estado operando en el estado venezolano de Portuguesa desde 1986. Sus extensas plantaciones de madera para pulpa destinadas a la fabricación de tableros han generado grandes problemas a nivel social y ambiental. Esta situación ha sido analizada por la Comisión de Medio Ambiente del Senado de Venezuela, que recientemente produjo un informe de 120 páginas, en el que se documentan dichos impactos.

Se nos ha informado acerca de algunos de dichos efectos, que incluyen violaciones de los Derechos Humanos, despojo de tierras de las poblaciones locales, corrupción, desconocimiento de la legislación nacional, sustitución de bosques ribereños por monocultivos forestales.

Jefferson Smurfit es una corporación de integración vertical, que comprende operaciones forestales, producción de pulpa a partir de fibra virgen y de papel reciclado, cartón, papel y envases. Sus plantas están localizadas en EE.UU., Europa (Alemania, Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Portugal y el Reino Unido) y América Latina (Argentina, Chile, Colombia, México, Puerto Rico y Venezuela). En mayo de 1998 la compañía firmó un acuerdo para fusionarse con otro gigante de la producción del papel -- Stone Container Corporation-- y crear así uno de los mayores consorcios de producción de cartón y envases de papel y cartón. La nueva megacompañía, cuyas ventas anuales alcanzarían los U$S 8.000 millones, se denominará Smurfit-Stone Container.

Para poder enfrentarse a este gigante, nuestros amigos de Venezuela requieren la mayor cantidad de información disponible sobre Jefferson Smurfit y, en especial:

- impactos negativos registrados en otros países

- expansión planeada en América Latina

- restricciones ambientales y de otro tipo en los EE.UU.

Ellos también están interesados en recibir información acerca de una firma consultora vinculada a Smurfit, llamada Monitor Company, que a su vez podría tener conexiones con la finlandesa Jaakko Poyry.

Si alguno de nuestros lectores puede facilitar la información solicitada, por favor envíenla al Secretariado Internacional del WRM, que nosotros la haremos llegar a Venezuela.

Fuentes: comunicación personal con Venezuela y página web de Smurfit (http://www.smurfit.ie)

Bosques amenazados . . . plantaciones promovidas

La carretera Venezuela-Brasil fue bloqueada por parte de un grupo de indígenas de las regiones de Imataca y la Gran Sabana, con el fin de frenar el tendido de una línea eléctrica de alto voltaje (Macagua II-Santa Elena de Uairén), que está realizándose a través de la Reserva Forestal de Imataca. Es ésta un área especialmente vulnerable y rica en biodiversidad, amenazada por proyectos de minería promovidos por el controversial Decreto nro. 1850, que ha sido muy resistido por comunidades indígenas, ONGs ambientalistas y el sector académico.

A pesar de los esfuerzos realizados frente a sucesivos gobiernos para que se reconozcan sus derechos sobre los territorios ancestrales, las comunidades indígenas de este país han sido siempre ignoradas y engañadas, en tanto su deseo de que la sociedad venezolana se convierta en multicultural y multiétnica está todavía lejos de materializarse. De acuerdo con organizaciones locales, la legislación venezolana es incluso menos progresista que la de otros países latinoamericanos a ese respecto.

Un grupo de representantes de las comunidades indígenas de Imataca, Gran Sabana y Paragua envió una carta, fechada 3 de octubre, al Embajador de Brasil ante Caracas, denunciando frente al pueblo y las autoridades brasileñas los términos del Protocolo de Guzmania –firmado por Brasil y Venezuela en 1994- que promueve la minería, el turismo y la silvicultura en Imataca y Gran Sabana, ignorando así los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre esos territorios e induciendo consecuencias ambientalmente negativas. Los firmantes de la misiva expresan que el Protocolo de Guzmania viola el Artículo 77 de la Constitución de Venezuela, donde se reconoce la existencia de un régimen de excepción para los pueblos indígenas a efectos de garantizar sus derechos territoriales.

Continuando con su movilización, el 22 de octubre un grupo de líderes indígenas, representantes de varios pueblos aborígenes de las regiones de Imataca y Gran Sabana, presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia, reclamando la suspensión definitiva de la construcción del tendido eléctrico, argumentando que el mismo habrá de afectar negativamente el ambiente, sus medios de vida y su cultura. Los reclamantes aducen que, en tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos –cuyo 50 aniversario se celebra este año- establece que todo pueblo tiene derecho a crear y disfrutar de su propia cultura y que la Constitución de Venezuela garantiza un régimen de excepción para los territorios de los pueblos indígenas, los mismos están actualmente sufriendo condiciones de pobreza material y espiritual. La tenencia de la tierra está en el meollo del problema. Los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas, al igual que su régimen de propiedad comunal, no son reconocidos. Mientras tanto, sus tierras son vendidas a compañías transnacionales, dilapidándose el patrimonio nacional. Existen numerosos ejemplos de esta depredación, además del de Imataca. Es así que los territorios indígenas del Delta del Amacuro, Monagas y Anzoategui han sido ocupados por compañías petroleras, en tanto los Bari y los Yukpa, en el Estado de Zulia, están afrontando la explotación de carbón en sus territorios tradicionales.

Sin voluntad de proteger ni a los bosques ni a quienes hacen de él un uso sustentable, el estado venezolano está sin embargo promoviendo activamente el consabido modelo de plantaciones forestales. El denominado Programa Nacional para el Desarrollo de los Recursos Forestales establece una zonificación para las plantaciones, en suelos considerados marginales para otras actividades. Dejando de lado la cuestión de si esta zonificación es o no adecuada (zonas que el estado califica como "marginales", son muchas veces consideradas como muy útiles por las poblaciones locales), el hecho es que existen casos en los cuales la propia ley ha sido ignorada, y se han establecido plantaciones forestales en tierras consideradas aptas para la agricultura y la ganadería. Un ejemplo paradigmático es el de la compañía Smurfit –establecida en 27 países en cuatro continentes- que ha ocupado tierras fértiles en el estado de Portuguesa, plantando pinos, eucualiptos y gmelinas, provocando así graves conflictos con los campesinos locales.

Desgraciadamente, el caso venezolano no es una excepción en América Latina: represión para quienes protegen el bosque y beneficios para quienes los destruyen.

Fuentes: Alfredo Torres (com.pers); AMIGRANSA, 7/11/98; "Contra los pinos, eucaliptos y melinas de Smurfit", Ecología Política, 14, 1997

La lucha contra las plantaciones de Smurfit

Smurfit Cartón de Venezuela, una subsidiaria de la transnacional irlandesa Jefferson Smurfit, que recientemente se fusionó con la norteamericana Stone Container (convirtiéndose así en la mayor productora mundial de papel y cartón), está tanto creando como enfrentando graves problemas en Venezuela.

Una fusión anterior con la también norteamericana Container Corporation en 1986, resultó en que la Jefferson Smurfit se convirtiera en la principal accionista de Cartón de Venezuela, cambiando su nombre al actual de Smurfit Cartón de Venezuela. Hasta ese momento, la planta de la empresa había producido pulpa de papel a partir de bagazo de caña de azúcar. En 1994 convirtió su planta para producir pulpa a partir de madera, a ser abastecida de sus plantaciones e inicialmente de madera de bosque tropical.

Las operaciones de la compañía en el Estado de Portuguesa han resultado en confrontaciones abiertas u ocultas con las comunidades locales, cuyas vidas y medios de sobrevivencia han sufrido (y continúan haciéndolo) a resultas de sus actividades. Al origen de toda esta problemática se encuentra el hecho de la concentración de tierras y poder en manos de una transnacional, bajo un trasfondo de carencia de tierras por parte de campesinos pobres locales.

La empresa comenzó adquiriendo tierras en 1986 y en la actualidad es propietaria de quince fincas, con un total de unas 27.000 hectáreas en el Estado de Portuguesa y de otras 7.000 en los Estados Lara y Cojedes. Al menos la mitad de dichas tierras han sido clasificadas como de prioridad agrícola. De acuerdo con la legislación venezolana, dichas tierras no podrían haber sido plantadas con árboles. Sin embargo lo han sido y gran parte de las mismas se encuentran hoy cubiertas de eucaliptos, pinos y melinas.

En 1997, la relación entre la Smurfit y las comunidades campesinas locales se encontraba ya en un nivel crítico a consecuencia de una fumigación aérea con herbicidas realizada por la empresa, que destruyó 190 hectáreas de cultivos de los campesinos e incluso provocó la intoxicación de escolares en la población de Tierra Buena. Súbitamente, la situación hizo explosión. Ese año, la Smurfit había adquirido una extensa finca de 2.700 hectáreas (La Productora), que hasta ese momento había estado dedicada a la producción agrícola comercial y a la cría de ganado. Los campesinos de dos comunidades adyacentes (Morador y Tierra Buena) habían estado a la espera de que se les adjudicara tierras de dicha finca en el marco del programa de reforma agraria del gobierno. Smurfit cambió totalmente la situación, no sólo por la plantación de árboles en esas tierras que los campesinos necesitaban para sus cultivos, sino también porque modificó la relación que los campesinos habían mantenido hasta entonces con el anterior propietario, que les autorizaba el libre acceso a la finca, incluyendo actividades de pesca y de caza. En ese contexto, la Smurfit cercó todo el predio con alambre de púas y contrató guardias para impedir el ingreso de gente a su propiedad.

El 14 de julio de 1997, los campesinos ocuparon La Productora, solicitando que el gobierno les asignara parte de dichas tierras. Como respuesta, se envió a la Guardia Nacional. La represión fue despiadada y cientos de hombres, mujeres y niños fueron brutalmente apaleados, baleados y arrestados. Muchos de ellos aún sufren de los daños físicos sufridos y aquellos sospechados de haber dirigido la operación todavía tienen sus movimientos restringidos y deben presentarse regularmente ante las autoridades. Pese a existir sobrada evidencia de las torturas infligidas a la gente (incluyendo fotografías y testimonios escritos), los responsables no han sido condenados y se mantienen impunes. Por el contrario, la represión continúa presente en la zona y el terror es la herramienta básica para intentar mantener a la gente alejada de las propiedades de la empresa. Se han traído desde Colombia perros especialmente adiestrados (incluyendo sus correspondientes perreros); se disparan ametralladoras durante la noche; el área es patrullada por vigilantes a caballo con sus rostros cubiertos con pasamontañas; se registran casas sin orden judicial; se efectúan disparos contra la gente frente a sus propias casas; las personas son detenidas en la carretera y son golpeadas si se les encuentra una caja de fósforos en sus bolsillos (algo considerado por la empresa como sinónimo de intento de incendio).

Para peor, las plantaciones no sólo están ocupando tierras que los campesinos necesitan desesperadamente, sino que también están impactando sobre otros recursos de los que dependen, tales como el agua, la caza y la pesca. La empresa ha sido tan despiadada con el medio ambiente como lo ha sido con la gente local. Sus impactos sobre los bosques y el agua son una consecuencia directa de sus actividades, en tanto que sus impactos sobre la biodiversidad son un subproducto del modelo de plantaciones industriales.

La deforestación forma parte de la política de la compañía. A pesar de disponer de extensas plantaciones, su planta de pulpa ha sido hasta ahora fundamentalmente alimentada con madera tropical, extraída tanto de sus propias propiedades como de predios de terceros. Aunque tal actividad es ilegal, la empresa logra "legalizarla" con la ayuda de algunos funcionarios públicos. Existe amplia evidencia de que la compañía ha deforestado en muchas de sus fincas. En el caso de la finca La Productora, obtuvo un permiso del gobierno para deforestar 600 hectáreas de bosque tropical altamente diverso. En otras de sus fincas, la tala de bosques se ha llevado a cabo ilegalmente. Además, cualquier persona puede observar camiones cargados de "leña" (designación genérica utilizada para evitar el control de especies legalmente protegidas de la corta), desplazándose de noche por las carreteras en dirección a la planta de pulpa Mocartel (propiedad de Smurfit) en el Estado Yaracuy.

Los impactos sobre el agua no sólo son el resultado (como sucede en el resto del mundo) del elevado consumo de agua por estas plantaciones de rápido crecimiento; en este caso son también el resultado de la destrucción de cursos de agua con bulldozers, que aplanan el terreno para poder así plantar más árboles (en particular melinas). Cada centímetro de tierra debe ser plantado. Los impactos sobre el agua son también consecuencia de la destrucción de los bosques ribereños que protegen los cursos de agua.

Animales, peces y plantas locales, que proveían muchos de los recursos alimenticios de la gente local también están desapareciendo a pasos agigantados a medida que sus hábitats naturales son sustituidos por desiertos verdes de árboles y a medida que se talan más bosques para alimentar la planta de pulpa.

Pese a todos los problemas que está causando, la compañía no parece estar teniendo éxito en cuanto a doblegar la determinación de la gente de oponerse a sus actividades y se abre un gran signo de interrogación respecto a cuanto tiempo podrán sobrevivir sus plantaciones (aún protegidas por alambrado de púas, perros y hombres armados), estando al mismo tiempo rodeadas de cientos de personas que odian a esos árboles y a la empresa que ellos representan. Si las plantaciones forestales son insustentables en general, en este caso parecen ser más insustentables que nunca.

Africa

Gambia

Un tipo diferente de degradación de bosques

Tal como sucede en muchos otros países, Gambia está sufriendo un proceso de degradación de sus bosques, el cual implica la sustitución del bosque nativo por especies introducidas. Sin embargo, no se trata aquí de la situación usual, en la cual las compañías plantadoras sustituyen bosques naturales por monocultivos de eucalipto, pino o palma aceitera. En este caso, el villano es un árbol "bueno", introducido al país por inmigrantes provenientes de la India: el "neem" (Azadirachta indica). En dicho país este árbol presenta una serie de características apreciadas, entre ellas la producción de un pesticida natural muy útil. En cambio, en Gambia se ha convertido en una plaga. Pero no porque las selvas estén siendo taladas para plantar neem, sino porque esta especie va progresivamente invadiendo el bosque nativo, en un proceso cada vez más fuera de control.

Esta situación no es exclusiva de Gambia. Muchas especies de árboles y arbustos no-autóctonos se están volviendo invasoras en numerosos bosques del mundo, produciendo drásticos cambios en la composición florística de los mismos y, como consecuencia, en la fauna y flora locales, así como en los medios de vida de sus pobladores. Para una descripción más detallada de este proceso a nivel mundial, recomendamos leer el capítulo correspondiente a bosques del libro de Chris Bright "Life out of Bounds: bioinvasion in a borderless world" ("Vida fuera de los límites: bio-invasión en un mundo sin fronteras), publicado este año por Norton, New York (http://www.wwnorton.com).

Fuente: Jato S. Sillah (com. pers.)

Ghana

FAO apoya plantaciones privadas en Ghana.

El gobierno de Ghana ha firmado un acuerdo con la FAO para fomentar las plantaciones forestales privadas en el país. El gobierno se beneficiará del acuerdo por la obtención de un paquete de asistencia de US$138.500 para diseñar mecanismos de largo plazo de apoyo a las plantaciones forestales privadas en el país.

En un proyecto conjunto de dos meses de la FAO y el Ministerio de Tierras y Forestación, la FAO aportará el dinero y dos consultores internacionales quienes, junto a expertos locales, investigarán el desarrollo de plantaciones forestales privadas y un proyecto flexible que aportará incentivos a empresas, propietarios de tierras, comunidades e individuos.

Además aportará las condiciones para la necesaria capacidad institucional como para implementar las opciones prácticas y asegurar un monitoreo efectivo de los resultados. Los resultados previstos por el proyecto son por un lado mecanismos de financiamiento de largo plazo, incluyendo incentivos de apoyo a un programa de plantaciones forestales privadas financieramente viables en Ghana y por otro lado, una mejor información sobre administración de plantaciones privadas y la mejor participación de pequeños granjeros en el desarrollo de las plantaciones.

Cletus Avoka, Ministro de Tierras y de Forestación, quien firmó el acuerdo por parte del gobierno, dijo que desde hace un tiempo la atención del gobierno ha estado enfocado en el tema del manejo sustentable de bosques y en la necesidad de mantener un base de suministro de material bruta.

Sostuvo que se han establecido programas razonables para asegurar que las numerosas plantas procesadoras de madera en el país estuvieran capacitadas para producir para los mercados tanto locales como internacionales.

Ghana perdió aproximadamente un tercio de sus bosques en 17 años, entre 1955 y 1977. Desde 1977, los bosques primarios del país se han reducido de 7,44 millones de hectáreas a 1,84 millones de hectáreas, a través de lo que funcionarios del gobierno califican de medios ilegales e no convencionales. La tasa de deforestación anual del 1,71% excede tanto a la de Asia (0,66%) como a la de América tropical (0,84%).

Por: William Appiah, Red del Tercer Mundo, Secretariado Africano.

Sudáfrica

Malayos en Sudáfrica, sudafricanos en Brasil

Una concesión a treinta años podría ser otorgada a compañías forestales malayas, en Sudáfrica, para el establecimiento de 300.000 hectáreas de plantaciones industriales de árboles en Transkei, provincia de Eastern Cape. Dicho proyecto ha planteado ciertas preguntas delicadas y difíciles, ya que ésta es probablemente el área más pobre de Sudáfrica y las plantaciones están siendo presentadas como fuente de desarrollo, puestos de trabajo y de dinero. Las compañías malayas también recibirían los derechos exclusivos a desarrollar balnearios exclusivos y elitistas en las zonas más prístinas de los bosques endémicos costeros. Seguramente esto va ha impedir el acceso de la gente rural a sus propios recursos naturales y degradará los ecosistemas locales.

Del otro lado del océano, Mondi, la compañía de pulpa y de papel sudafricana, se convirtió en mayo de 1996, en uno de los tres mayores accionistas de Aracruz Celulose. Aracruz es el mayor productor mundial de pulpa blanqueada de eucalipto y poseedor de 203.000 hectáreas de tierra en los estados brasileños de Espírito Santo y Bahia. Esas plantaciones han invadido tierras de pueblos indígenas (quienes están luchando por recuperarlas) y han resultado en una degradación ambiental generalizada. Desarrollo, puestos de trabajo y dinero también están siendo usadas como argumentos, pero los verdaderos beneficiarios son los accionistas de la compañía.

Fuentes: Chris Albertyn, EJNF, Sudáfrica; Aracruz Celulose: Facts and Figures 1996.

Más desarrollo en la industria de la pulpa.

Una nueva planta de pulpa (que producirá entre 400.000 y 500.000 toneladas métricas por año, principalmente para la exportación) está siendo planeada para el triángulo Umtata-Kokstad-Ugie. Según el ministro provincial de asuntos económicos, medio ambiente y turismo Enoch Gogongwana, dicho proyecto crearía 600 puestos de trabajo directos y 1000 puestos de trabajo indirectos. La inversión total involucraría unos 1,5 mil millones de rands.

Lo anterior implica un costo de 937,000 rand por puesto creado, ya sea directo o indirecto. En comparación, un proyecto comunitario no relacionado a la forestación implementado en Mkambati, proveerá 138 puestos de trabajo a un costo de 6000 rand cada uno y todos los emprendimientos (son más de 10) que participan en el proyecto, serán propiedad de la comunidad y administrados por ella, con la resultante de que el dinero se quedará en la comunidad.

Otros problemas adicionales son los impactos ambientales y sanitarios asociados a las plantas de pulpa, algo que no es ninguna novedad en Sudáfrica. Se ha dicho que: "es terrible el olor, el sofocamiento y la sensación de quemaduras en la piel al pasar manejando por la planta de pulpa en Nelsurit". De ser establecida esta nueva planta de pulpa en el triángulo Kokstad-Ugie-Umtata, entonces al menos un río puede terminar contaminado, dado que todos los ríos en esa área desembocan en el río Umzimvubu, el cual recibe el 56% del agua de Transkei.

Fuentes: Daily Dispatch 6/10/97; Chris Albertyn y Marlene Powell (com. pers.).

Los "beneficios sociales" de las plantaciones industriales de árboles

La Asociación de Propietarios de Bosques reveló recientemente un informe a partir de los resultados de una investigación realizada durante los primeros nueve meses del año pasado sobre "crimen y violencia" en los llamados bosques sudafricanos (que en realidad son grandes plantaciones industriales de árboles de eucalipto y pino) en la zona de Kwazulu Natal. El estudio abarcó el 54% del área total forestada del país: más de 800.000 hectáreas.

Según un gerente forestal de la empresa, las plantaciones "se han convertido cada vez más en un refugio para quienes viven en las violentas ciudades rurales, que en su gran mayoría se encuentran en las cercanías de las plantaciones".

Crímenes, incendios premeditados y robos fueron los principales problemas que evidenció la investigación. Los delitos cometidos contra particulares arrojaron 380 muertes y 115 personas heridas de gravedad. Según el informe, "las personas eran baleadas durante el trayecto al trabajo, se incendiaban camiones de transporte de madera y la intimidación se estaba convirtiendo en un problema serio". Los incendios premeditados fueron responsables del 74% de los incendios en plantaciones forestales y 2.825 hectáreas fueron dañadas por ese motivo durante ese periodo, en el cual fueron además robadas unas 30.000 toneladas de madera.

La industria está "profundamente preocupada" por el tema y las empresas más importantes (incluso Mondi y Sappi) se reunieron con el Servicio de la Policía Sudafricana y con la Fuerza de Defensa Nacional Sudafricana para encontrar soluciones. También han tenido que invertir cantidades elevadas de dinero en seguridad, armas y equipos de comunicaciones.

Fuente: "Crime joins arson as a threat to forest profitability" (El crimen se une a los incendios intencionales como amenazas a la rentabilidad forestal), Business Report (Sudáfrica), 10 de diciembre de 1997.

Los caminos de la poderosa industria del papel

Las plantaciones madereras han sido un componente del paisaje de Sudáfrica durante más de un siglo. La colonización trajo consigo una gran variedad de especies exóticas. No todas ellas fueron exitosas, pero rápidamente resultó claro que las acacias y los eucaliptos provenientes de Australia se adaptaban bien a las condiciones ambientales reinantes en el este de Sudáfrica.

Se ha aceptado desde siempre que estos dos géneros, junto con especies de pino introducidas más recientemente, juegan un importante papel en la economía local. Dado que los bosques nativos fueron seriamente degradados durante el siglo pasado, se consideró necesario generar alternativas mediante especies de rápido crecimiento, con el fin de satisfacer la creciente demanda de madera para la construcción, puntales para minas, materiales para el envasado y, por supuesto, más recientemente para alimentar las fábricas de papel. La situación empezó a cambiar tan pronto como surgió la percepción de que la demanda externa de productos madereros podría estimular las exportaciones de Sudáfrica.

Por el año 1950 una compañía italiana instaló una fábrica de rayón en el poblado costero de Mkomazi. Los efluentes de la fábrica eran bombeados directamente hacia un río que desembocaba en el mar unos pocos kilómetros aguas abajo. En esa ocasión los sudafricanos degustaron (y olieron) el primer caso de seria contaminación atmosférica y marina.

Posteriormente fue construida la fábrica de SAPPI sobre el Río Tukela en el pueblo de Mandeni. El olor proveniente del establecimiento podía percibirse hasta 50 kilómetros a la redonda, en tanto que los efluentes eran esparcidos por una extensa área próxima a la fábrica.

La opinión pública comenzó a percibir más seriamente la situación recién después de que comenzaron a producir la gigantesca fábrica de SAPPI en Ngodwana y el establecimiento de MONDI en Richards Bay. El surgimiento de una conciencia ambiental le permitió a la gente establecer vinculaciones entre enfermedades respiratorias y contaminación atmosférica. Las alarmantes fotografías publicadas en la primera página de los diarios, mostrando cantidad de peces muertos como consecuencia de un serio derrame de efluentes ocurrido en la fábrica localizada en Ngodwana, hizo que la ciudadanía comenzara a preguntarse acerca del verdadero impacto de esta industria.

Dado que necesitaban forzosamente madera como materia prima para hacer funcionar sus fábricas, las mencionadas compañías SAPPI y MONDI, junto a un número de actores de menor envergadura, empezaron una loca carrera de compra de tierras, pagando altísimos precios por aquellas situadas en las proximidades de sus establecimientos, de forma de poder consolidar sus operaciones en vastos predios y sacar ventaja de los bajos costos de transporte.

En su urgencia por plantar las tierras recientemente adquiridas, prestaron muy poca atención a los impactos ambientales. Se plantaron árboles en humedales y corrientes de agua, al tiempo que se pagaban compensaciones a los administradores de los predios para maximizar la producción en dichas áreas. Se llenó de árboles incluso terrenos públicos, incluyendo reservas viales y tierras comunitarias, sin consideración alguna por las consecuencias que ello acarrearía.

Por entonces el gobierno sudafricano decidió "comercializar" la madera de propiedad estatal y así nació SAFCOL (Compañía Maderera Sudafricana Ltda.). En poco tiempo la propia SAFCOL se subió al carro y empezó a instalar plantaciones sobre praderas naturales que habían sido previamente sustraídas del uso debido a su fragilidad desde el punto de vista ecológico.

Los caminos de las corporaciones forestadoras

Se piensa que las mayores entidades corporativas responsables de la expansión de las plantaciones para pulpa en Sudáfrica en realidad invierten más dinero y esfuerzo en propaganda que en una verdadera protección y restauración ambiental. Su reacción frente a las crecientes críticas por parte de la opinión pública ha sido gastar más dinero en hacer propaganda en revistas y diarios. Están patrocinando una gran variedad de proyectos "ambientales", que abarcan desde libros sobre pájaros y flores, hasta educación y reciclado de basura.

En los últimos años las compañías madereras han incluído en su estrategia la contratación de "ambientalistas" para hacer frente a las críticas. En muchas ocasiones estas personas, que parecen ser fácilmente tentadas por la posibilidad de empleo en el mundo de las corporaciones, son reclutadas de agencias de conservación gubernamentales. Estos "ambientalistas" pagos son utilizados como portavoces, haciendo declaraciones a los medios, hablando en escuelas y clubes, difundiendo el mensaje falso de que sus empleadores están realmente mejorando el ambiente a través de la plantación de millones de árboles exóticos. En shows y ferias se reparten plantines de pino a los escolares como parte de un ejercicio de lavado de cerebro. Personas poco informadas son empujadas a creer que todos los árboles son buenos.

Con la finalidad de apaciguar los ánimos de la opinión pública respecto de la pérdida de agua superficial a causa de las plantaciones, las compañías abren pozos en las áreas afectadas. Gente que hasta entonces disponía de agua de buena calidad prácticamente en la puerta de su casa, ahora tiene que cargar agua desde grandes distancias. A raíz el descenso del rendimiento hídrico, áreas donde antes se realizaba el cultivo de bananas, papas, repollos y otras legumbres sin necesidad de riego, ahora están afectadas por la sequía.

El ganado vacuno y las cabras se ven forzados a apiñarse en los pocos manantiales naturales y ríos remanentes, dañando sus márgenes, pisoteando los suelos y contaminando los manantiales y pozos, haciendo que esta agua sea no utilizable para el consumo humano.

Las dos grandes productoras de pulpa se han embarcado en la promoción de "lotes comunitarios" a escala intensiva en áreas rurales. Engañando a la comunidad, MONDI proclama que el modelo adoptado es parte del Programa Gubernamental de Reconstrucción y Desarrollo (RDP).

Una vez que han convencido a los campesinos de que se volverán ricos en cuanto sus árboles estén listos para la cosecha, tras siete u ocho años de espera, las compañías les suministran los plantines e información acerca de cómo instalar los lotes. Lo que no hacen es informar a los futuros dueños de los lotes acerca de los efectos ambientales y sociales del modelo:

- No les advierten de no plantar en humedales ni en las proximidades de ríos y arroyos

- No les dicen que deberán buscarse otras tierras para el pastoreo del ganado

- No les avisan que perderán ingresos por sus tierras durante por lo menos siete años

- No les previenen que su suministro de agua se verá negativamente afectado

- No les dicen que no hay garantía de que la compañía comprará sus árboles cuando hayan crecido

- No se les informa adecuadamente acerca de los costos de los servicios ofrecidos por la compañía

- No se les menciona lo difícil y caro que será reconvertir sus tierras a pasturas o a uso agrícola

Las alusiones a la creación de empleo para la población local no explican qué sucedió con la gente que antes tenía una ocupación en tareas rurales. Con la expansión de las tierras de propiedad de las compañías plantadoras, muchas personas que estaban empleadas en la producción de hortalizas, de caña de azúcar y ganadera están siendo expulsadas de sus hogares y de las tierras que habían ocupado durante años. Es política de las compañías plantadoras consolidar las pequeñas propiedades en grandes "bloques" que puedan ser manejados por un solo "forestal". Granjas, establos y viviendas de trabajadores están siendo demolidos para dar lugar a plantaciones. La gente que ha vivido en estos lugares toda su vida se ve forzada a mudarse a zonas sobrepobladas, habitadas por poblaciones indígenas, donde deben construir su nueva casa, reubicar a sus hijos en escuelas también superpobladas, y buscar nuevos trabajos en sectores en los que carecen de experiencia y conocimiento.

Para peor, muchas de las oportunidades laborales creadas por las compañías madereras son derivadas a contratistas que no están obligados a ofrecer beneficios sociales asociados con empleo permanente. Muchos de estos contratistas prefieren emplear a inmigrantes ilegales desesperados dispuestos a trabajar por salarios más bajos y que no pueden afiliarse a un sindicato.

Complicidad del estado en el desarrollo de la industria

Las fábricas de pulpa y papel de Sudáfrica se han beneficiado con masivos incentivos fiscales, tanto mediante asistencia directa de la Corporación para el Desarrollo Industrial (IDC) como indirectamente a través del acceso a servicios baratos de agua y electricidad, contaminación libre y leyes de impuestos muy favorables.

Ello otorga a la industria una significativa ventaja, lo que se suma a su propia capacidad de manipular el precio de la madera rolliza dada la vastedad de sus plantaciones. Mantener el precio de la madera rolliza lo más bajo posible, les permite asegurarse el máximo beneficio para el producto terminado en fábrica.

Tanto MONDI como SAPPI han adquirido fábricas en Europa y otros países del Norte. Una sencilla explicación es que necesitan una boca de salida garantida para los productos fabricados en Sudáfrica. La explicación menos obvia podría ser que estas inversiones son una forma de blanquear las ganacias acumuladas a costas del ambiente y del pueblo de Sudáfrica.

La planeada expansión de las plantaciones

La industria tiene la clara intención de aumentar el área de las plantaciones en Sudáfrica en 600.000 hectáreas, que se sumarán al existente millón y medio. Asimismo su propósito es establecer extensas plantaciones en Mozambique.

La intensa investigación que se viene desarrollando sobre variedades de eucalipto resistentes al frío está provocando una seria preocupación. El éxito de esta investigación podría significar que vastas áreas del interior del país, hoy ocupadas por praderas y establecimientos de producción granera, podría ser presa de las plantaciones forestales.

Las áreas interiores de pradera del cinturón costero subtropical son vitales para la producción hídrica en Sudáfrica. Estas zonas pueden absorber lluvia en el verano, que luego es liberada lentamente para alimentar los ríos y los cauces durante el invierno seco. Si allí se establecieran extensas plantaciones forestales, podría ponerse en peligro el suministro de agua para los granjeros y la población de las ciudades ubicadas aguas abajo, así como exacerbarse la erosión edáfica.

MONDI ha importado máquinas cosechadoras mecánicas computarizadas. Estas máquinas trabajan 24 horas al día, cortando árboles, podando, extrayendo corteza, cortando los rolos y apilándolos. Tres turnos de ocho horas empleando tres personas frente a unos 200 trabajadores si se utilizaran métodos manuales. Una simple máquina torna obsoletos a 197 trabajadores

Muchos operadores de las plantaciones han pasado de métodos intensivos en el uso de mano de obra para el control de malezas, a la utilización de herbicidas aplicados por especialistas contratados. Una vez más ello resulta en menos personal empleado directamente en la industria.

En resumen –como en otras partes del mundo- este modelo forestal está demostrando claramente que, siendo muy beneficioso para las grandes corporaciones, sus impactos sociales y ambientales lo hacen insustentable en el largo plazo. La gente de Sudáfrica ya está organizando la oposición al modelo. Sus impactos ambientales y sociales están volviéndose más claros a medida que la industria va ocupando nuevas tierras en el país e incluso en los países vecinos.

Asia

Indonesia

Bosques indonesios bajo amenaza

Está siendo establecida una enorme planta de pulpa (PT TEL) en el sur de Sumatra por un conglomerado de bancos extranjeros, con el apoyo de créditos para la exportación de origen europeo, norteamericano y japonés. El acuerdo, firmado en marzo, fue por casi 1.000 millones de dólares. PT TEL involucra a una cantidad de subsidiarias de Barito Pacific, así como a la hija del presidente Suharto (Tutut) y a compañías japonesas.

El bosque tropical primario, las plantaciones y tierras de la gente local están siendo destruidas para hacer lugar a la planta de pulpa de papel en Tanjung Enim y para las plantaciones industriales de árboles que la abastecerán. Las comunidades locales fueron expulsadas de sus tierras, habiendo recibido escasa compensación y ninguna forma alternativa de ganarse la vida.

Fuente: Down to Earth Newsletter Nº. 32, febrero de 1997.

Proyecto de palma aceitera en Siberut

Los indígenas de la isla de Siberut están siendo presionados por los militares indonesios para lograr que se lleve a cabo una plantación de palma aceitera de 70.000 hectáreas y un proyecto asociado de transmigración, a pesar del hecho de que la isla ha sido declarada reserva de la biosfera por la UNESCO. La industria de aceite de palma de Indonesia, está actualmente experimentando un auge explosivo. El gobierno indonesio quiere que el país supere a Malasia como el mayor productor mundial de aceite de palma a comienzos del siglo entrante. En toda Sumatra, el bosque tropical primario está siendo cortado para hacer lugar a más plantaciones. Hay indicios de que el auge puede haber llegado a su punto más alto. A principios de este año, el gobierno impuso un límite a las inversiones extranjeras en Indonesia occidental en este sector. Pero los especuladores no pueden perder. Planten palma aceitera o no, la madera de los bosques que han talado les habrá aportado miles de millones de rupias.

Fuente: Down to Earth 33, mayo de 1997.

El plan de PT TEL aumenta protestas

La enorme planta de pulpa de papel que la empresa PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) está estableciendo en el sur de Sumatra, continúa generando protestas de la comunidad y de ONGs. Aunque PT TEL aún no ha recibido el necesario permiso del gobierno (aunque ésto se debe tomar como un hecho, ya que la propia hija mayor del presidente Suharto, Tutut, es accionista en el proyecto), la compañía ya ha cortado 800 hectáreas de las 1250 hectáreas de tierras boscosas que ocupará el emplazamiento de la fábrica. El 23 de junio (con una fuerte oposición por parte del Foro Indonesio por el Medio Ambiente, WALHI) fue aprobada la evaluación de impacto ambiental. Este estudio ignoró por completo varios aspectos importantes, como por ejemplo: la fuente de las materias primas; la manera en que los campesinos locales, extractores de caucho y aldeanos fueron forzados por la compañía a entregar sus tierras para el desarrollo del proyecto; el tratamiento a que serán sometidos los desechos antes de su vertimiento en el río Lematang, que constituye la única fuente de agua para uso doméstico en la comunidades circundantes y fuente de sustento de los pescadores locales.

Fuente: Down to Earth. No. 34, agosto de 1997.

UPM-Kymmene y APRIL destruyen bosques tropicales

UPM-Kymmene de Finlandia y la empresa Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), con sede en Singapur, acordaron crear una alianza estratégica para desarrollar conjuntamente sus respectivas actividades en materia de papel de escritura en Europa y Asia. En Europa, UPM-Kymmene tendrá el 70% y APRIL el 30% de una nueva compañía llamada APRIL Fine Paper, que comprenderá las plantas de papel de APRIL en construcción en Sumatra, Indonesia y China. Se calcula que estas fábricas comenzarán a producir en 1997 y 1998.

Aún cuando APRIL afirma que no participa en la tala de bosques tropicales, el hecho es que la base material de la nueva alianza es la vecina planta de pulpa Riau Pulp, cuya producción se basa casi exclusivamente en madera de bosques tropicales. La fábrica, que comenzó sus actividades en 1994, el año pasado produjo aproximadamente 600.000 toneladas de pulpa de fibra corta proveniente de bosques naturales. Hasta ahora la compañía sólo ha plantado 7.000 hectáreas de acacias, que no solamente son totalmente insuficientes para alimentar a la gigantesca fábrica sino que recién estarán listas para ser taladas en el año 2002. Se calcula que la fábrica trabajará con madera de bosques tropicales, y que las necesidades serán de un promedio de más de 3 millones de m3 por año. Esto implica el corte a tala rasa de por lo menos 25.000 hectáreas de bosques tropicales por año, y un total de 200.000 hectáreas.

APRIL también tiene mala reputación en lo social. Las adquisiciones de tierra por parte de la compañía provocaron graves conflictos con las comunidades locales y las condiciones de trabajo en sus plantas de pulpa son malas.

Fuente: Grupo de Bosques de Amigos de la Tierra- Finlandia. Comunicado de prensa del 15.9.97. Por mayor información, sírvase ponerse en contacto con Marko Ulvila +358 3 212 0097; ulvila@iki.fi

Alianza UPM-Kymmene-APRIL en la mira

La alianza entre UPM-Kymmene de Finlandia y APRIL de Singapur para realizar de manera conjunta sus respectivas actividades sobre papel de escritura en Europa y Asia ha sido duramente criticada por grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos.

La carta cuyo texto se incluye a continuación fue enviada a los dueños y administradores de UPM-Kymmene y APRIL, así como a la prensa finlandesa, como parte de una campaña cuyo objetivo es poner fin a la alianza.

Amigos de la Tierra-Finlandia también compiló una página en Internet sobre el caso UPM-Kymmene/APRIL. La página incluye documentos y vínculos a los sitios Web de la compañía así como vínculos a temas relacionados tales como incendios forestales, derechos humanos y asuntos sindicales. La dirección es:

http://www.kaapeli.fi/~maanyst/link-upm.htm

El texto de la carta es el siguiente:

"Amigos de la Tierra-Finlandia y otros 7/12/1997
Presidente y Director Ejecutivo
Sr. Juha Niemelä
UPM-Kymmene
Finlandia

COOPERACIÓN DE UPM-KYMMENE CON APRIL

Estimado Juha Niemelä:

Las organizaciones cívicas ambientalistas abajo firmantes estamos profundamente preocupadas por la alianza que UPM-Kymmene anunció en setiembre con Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL) sobre la producción de papel fino. Como la proyectada empresa conjunta April Fine Paper basaría su producción en la pulpa suministrada por la fábrica Riaupulp de APRIL, y probablemente también de la fábrica Indorayon, UPM-Kymmene tendrá una participación activa en la conversión de los bosques tropicales (algunos de los cuales supuestamente ya sometidos a operaciones de corta) a plantaciones de monocultivos de especies exóticas. Esto provoca una pérdida irreversible de los valores ecológicos y la destrucción del medio ambiente de las comunidades locales. Debido a las reglamentaciones y prácticas laborales opresivas de Indonesia, UPM-Kymmene se hará partícipe de la violación de normas laborales básicas.

Por estas razones consideramos que la alianza de UPM-Kymmene con APRIL es inaceptable.

Por lo tanto, lo exhortamos a que cancele la anunciada alianza y se abstenga de cooperar con April hasta que se realicen los siguientes cambios en sus fábricas de Riaupulp (Riau) e Indorayon (Norte de Sumatra):

1. que no se talen más bosques naturales (incluso los llamados bosques intervenidos o degradados) para convertirlos en plantaciones de monocultivos;

2. que se reconozcan plenamente los derechos de tenencia sobre las tierras tradicionales (adat) de las comunidades locales dentro de la zona de concesión y en otras zonas donde la compañía realiza actividades;

3. si en un proceso democrático y abierto las comunidades acceden a autorizar la tala, la instalación de plantaciones o la construcción dentro de sus tierras, deben ser plenamente compensadas;

4. las tierras enajenadas en el pasado se devolverán a las comunidades o de lo contrario se las compensará plenamente por las pérdidas;

5. en las fábricas se observarán las normas laborales básicas, incluido el derecho a la libre agremiación y la negociación colectiva, y las compañías harán un esfuerzo por promover esa política a escala nacional.

Querríamos recibir una respuesta suya lo más pronto posible, que responda a nuestras preocupaciones e indique sus intenciones con relación a la alianza.

Cordialmente,

[Siguen firmas de 31 representantes de ONGs ambientalistas]"

Sudeste asiático amenazado por nuevos incendios en Indonesia

En Singapur y Malasia crece el temor de que la región sea afectada nuevamente por la contaminación con el humo resultante de los incontrolables incendios forestales de Indonesia. El año pasado, los incendios provocaron problemas de salud generalizados, alteraron el tráfico aéreo y marítimo y afectaron el turismo de la región. Los incendios de Indonesia no pueden ser considerados meramente como un "desastre natural" sino el resultado de la combinación de una política económica basada en la sobreexplotación de los recursos naturales y la corrupción gubernamental.

Si los incendios continúan ganando terreno Kalimantan y Sumatra, entonces Brunei, Malasia, Singapur, el sur de Tailandia y Filipinas podrían volver a sufrir la contaminación que entre agosto y noviembre de 1997 ocultó el sol durante varios días en las zonas más afectadas.

Los funcionarios indonesios identificaron recientemente a través de imágenes satelitales más de 90 zonas de "manchas de calor" en Kalimantan. El pasado mes de diciembre, Malasia, Singapur e Indonesia acordaron un plan de acción conjunto para impedir la reiteración de una contaminación por humo, en el que Jakarta acordó mejorar su capacidad para combatir el fuego. No obstante, la aparente incapacidad de las autoridades indonesias para controlar los incendios -a pesar de una prohibición oficial en materia de uso del fuego- y la evidencia de que la mayoría de los incendios son iniciados deliberadamente por las compañías de plantaciones para despejar la tierra, son un creciente motivo de preocupación en los países vecinos que deben soportar las consecuencias.

El año pasado, cuando hubo que combatir los incendios, no se hizo uso de un fondo de reforestación destinado a ayudar a la replantación y protección de los bosques tropicales del país, que son los segundos en importancia mundial luego de los existentes en Brasil. Según Gerry van Klinken, editor de "Inside Indonesia", una revista publicada desde Melbourne, ese dinero, administrado a través de un decreto presidencial, fue desviado para brindar préstamos baratos a las compañías plantadoras forestales, que replantaron en bosques talados especies de crecimiento rápido como eucaliptos, pinos o acacias para madera destinada a la producción de celulosa.

No obstante, lo que las agencias de prensa internacionales tienden a olvidar son los terribles problemas que enfrentan las poblaciones locales con esos incendios que afectan sus vidas, su salud, sus hogares y sus medios de subsistencia. Tampoco ponen énfasis en el hecho de que las grandes empresas nacionales y trasnacionales se están apropiando de las tierras de las poblaciones locales, convirtiendo bosques y tierras agrícolas en desiertos de árboles para alimentar plantas de pulpa en lugar de gente. La desaparición de los bosques y su biodiversidad y los problemas regionales y mundiales que traen aparejados los incendios indonesios parecen ser más importantes que las vidas y el sustento del pueblo de Kalimantan, al que casi nunca se lo menciona.

Fuente: Michael Richardson, International Herald Tribune, 13/2/1998.
Comentarios: Secretaría del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Pobladores locales incendian campamento de empresa plantadora de palma aceitera

Una disputa territorial entre campesinos de la localidad de Kuala Batee y la compañía plantadora de palma PT Cemerlang Abdi ha derivado en un violento conflicto. Tras varios meses de intentar negociar con la empresa respecto de los derechos territoriales, cientos de encolerizados campesinos llegaron al campamento de la empresa y pidieron al personal allí presente que se retirara. Tras retirar los vehículos, la maquinaria pesada y un generador, prendieron fuego al campamento. También fue incendiado un puesto de policía. Nadie resultó muerto, pero seis personas fueron heridas de bala -dos de ellas seriamente- y 49 fueron conducidas bajo custodia luego de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Los pobladores sostienen que la compañía ha violado sus derechos territoriales, El gobierno de Sud Aceh, donde el conflicto tiene lugar, aparentemente está buscando una solución a la situación planteada. Según el administrador local, el gobierno ha establecido una justa compensación monetaria para los campesinos, que recibirían también 1.000 hectáreas de tierra como compensación por las que les sustrajo la empresa.

Fuente: Down to Earth, nº 37, mayo de 1998.

Jaakko Poyry: más que tan sólo consultores

Jaakko Poyry es uno de los actores implicados en la creación de condiciones favorables para el establecimiento de plantaciones. Esta compañía consultora fue fundada hace 40 años en Finlandia. Creció paralelamente al boom del sector forestal en Escandinavia con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, circunstancia en la cual Finlandia, Suecia y Noruega se convirtieron en superpoderes de la industria forestal. Jaakko Poyry estaba allí, prestando su ayuda. Su papel consistió en proveer su especial competencia en la planificación de fábricas de pulpa y de papel, plantaciones, operaciones de madereo e industriales. Al principio sus clientes eran Suecia, Finlandia, Noruega y el resto de Europa. Pero en las dos últimas décadas comenzó a expandirse en todo el mundo, siguiendo las presiones por expandir las plantaciones en el Sur y por explotar los bosques del Sur. Este fenómeno es el resultado de tales presiones, pero también constituye uno de los factores que facilitaron ese movimiento hacia el Sur. Como firma consultora, Jaakko Poyry juega un importante rol en juntar la tierra con la maquinaria, los funcionarios gubernamentales con los ejecutivos, los consultores con los Departamentos Forestales, de manera que la tierra se convierta en un insumo útil para la industria forestal de la pulpa y el papel.

Su papel principalmente en el Sur -aunque obviamente también en el Norte- es antes que nada de carácter político. Si bien se propagandean como "técnicos", su función principal es, por lejos, la de establecer contactos, vincular a la gente, relacionar a la industria con los gobiernos, vender maquinaria para la industria de la pulpa y el papel, vender maquinaria de origen escandinavo a otros países, vincular a la tecnología con la infraestructura política en cada país. Esto es básicamente lo que hace la compañía, que cuenta con oficinas en 25 países del mundo y emplea alrededor de 5.000 personas.

Indonesia constituye un claro ejemplo de cómo se mueve Jaakko Poyry. Primero fue contratada por el Banco Mundial para realizar informes, evaluaciones y planificación de todo el sector forestal del país. Ello derivó en la consecución de contratos para apoyar a determinadas compañías dedicadas a las plantaciones y a la industria forestal en dicho país, donde actualmente se están construyendo muchas fábricas de pulpa.

En 1988 la consultora hizo un estudio de los recursos madereros de Indonesia para el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), con el fin de identificar sitios aptos para el desarrollo de la industria de la pulpa en ese país. Como resultado de ese estudio hoy en día hay en Indonesia 65 fábricas de pulpa cuya instalación está planeada, además de otras 15, ya con permiso de operar. Desde entonces, las agencias gubernamentales finlandesas han suministrado garantías, préstamos bancarios, asesores técnicos y equipos para el desarrollo del sector pulpa y papel en Indonesia, lo que incluye la instalación de plantaciones, así como de fábricas de pulpa que de ellas obtienen su materia prima. Posteriormente otras agencias y compañías finlandesas se beneficiaron de ello.

Jaakko Poyry se encargó del estudio de factibilidad de Indorayon en el norte de Sumatra. Asimismo asesoró y supervisó las plantaciones, la instalación del vivero y del equipo que siguió a dicho estudio. Participó también en el proyecto de Indah Kiat, un enorme complejo ubicado en Riau, que comprende fábricas de pulpa y papel. Lo mismo para la instalación de la planta de Riau Andalan, iniciativa de la que forma parte UPM/Kymmene, compañía también finlandesa. Jaakko Poyry ha participado también en la instalación de la controvertida fábrica de pulpa PT TEL, así como en el proyecto de Finantara Intiga en Kalimantan Occidental, que es una joint venture entre ENSO -la agencia estatal forestal de Finlandia- y la compañía indonesia de cigarrillos Gutam Garang. Para dicho proyecto se estableció una extensa plantación y se planea construir una fábrica en Kalimantan Oriental.

Los anteriores son apenas algunos ejemplos de proyectos para la industria de pulpa y de las plantaciones de la que ésta depende, que fueron posibles por la actividad desplegada por Jaakko Poyry. Actualmente estas fábricas están utilizando madera proveniente de las selvas, ya que las plantaciones todavía no han alcanzado su turno de corta. En el caso de Indorayon, las plantaciones sí ya están maduras, pero antes de instalarlas se destruyó la selva. Solamente en el caso de Finantara Indiga las plantaciones fueron realizadas previo a la construcción de la fábrica. Pero lo más común es que recorran el camino inverso: primero construir la fábrica, luego obtener la concesión para la explotación de madera, cortar la selva a talarrasa y finalmente establecer la plantación.

A pesar de los hechos mencionados -que, como se señaló, son apenas una muestra en un sólo país- Jaakko Poyry está intentando promoverse ahora como una consultora "verde". Sin embargo, sus actividades están siendo cuestionadas no sólo por la gente directamente afectada, sino también por ONGs en su propio país de origen, las cuales han organizado una serie de seminarios con el propósito de mostrar la realidad a la opinión pública finlandesa, de cuyo apoyo la compañía depende en gran medida.

Un "milagro" económico depredador

Los bosques de Indonesia se extienden a lo largo de 120 millones de hectáreas. Si bien por lo menos entre dos y tres millones de familias de pueblos indígenas viven en o alrededor de los bosques y muchos de los 220 millones de habitantes del país dependen directa o indirectamente de los bosques para ganarse la vida, la tónica del gobierno ha sido considerar a los bosques como tierras "vacías". Las compañías madereras y plantadoras son responsables de las altas tasas de deforestación que afectan al país (1.000.000 de hectáreas por año según el Banco Mundial, pero 2.400.000 de acuerdo con ONGs indonesias). Las actividades depredadoras de estas compañías son una muestra clara de que el "milagro" económico de Indonesia ha sido obtenido gracias a la explotación desconsiderada de los recursos naturales y al uso de mano de obra barata.

Durante los últimos 20 años la tala de la selva y, vinculada a ésta, las plantaciones industriales -para pulpa, compensado y aceite de palma- han estado aumentando en Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, las Molucas y Papua Occidental. El conjunto de las industrias de la madera, la pulpa y el aceite de palma ha estado estrechamente relacionado con la situación política imperante en el país. El anterior Presidente Suharto, su familia y los militares controlaban la economía y obtenían pingües beneficios de ella.

De acuerdo con el Esquema de Plantaciones Industriales (HTI), se supone que las compañías establecen plantaciones de árboles en áreas forestales degradadas. Sin embargo, lo que realmente sucede es que, una vez que consiguen la concesión respectiva, éstas talan la selva, extraen de ella la madera de valor, prenden fuego al resto y luego plantan el área con acacias, eucaliptos o pinos, en régimen de monocultivo. Recientemente el propio gobierno acusó a varias compañías madereras y plantadoras por los destructivos incendios que asolaron a los bosques de Indonesia en el correr del presente año. La actual crisis en el Sudeste asiático ha hecho decrecer la demanda internacional de madera rolliza, compensado, pulpa y minerales producidos en Indonesia. Pero en el largo plazo la crisis económica puede empujar a más y más personas a convertirse en migrantes espontáneos, que se han de reubicar en otras islas y posiblemente establecer plantaciones de bosques en los nuevos predios para suplementar sus magros ingresos.

En la década de 1990 ha habido un boom en la creación de plantaciones de palma aceitera, puesto que Indonesia se propone reemplazar a Malasia como primer productor de aceite de palma en el Sudeste asiático para el siglo XXI. Las plantaciones de palma de propiedad privada están dominadas por grandes compañías. La crisis económica está llevando a pequeños propietarios transmigrantes a establecer plantaciones de palma aceitera, esperando así recibir los beneficios del sistema de contratos de plantación (PIR-trans System)

El caso de Indonesia muestra que el tan publicitado mito de que las plantaciones colaboran en aliviar las presiones sobre los bosques nativos y por lo tanto, sirven para preservarlos, es totalmente falso. Por el contrario, ellas constituyen uno de los principales factores de su destrucción. En realidad los bosques son cortados e incendiados para ser sustituidos por plantaciones para pulpa o de palma aceitera. Desde el punto de vista ambiental, la creciente sustitución de bosques por plantaciones trae consigo una pérdida de la biodiversidad, en este caso acompañada de la contaminación atmosférica provocada por el espeso humo originado en los incendios de la selva. En cuanto al aspecto social, las plantaciones están destruyendo la base material de vida de los pueblos indígenas y de las comunidades que dependen de los bosques, usurpándoles la tierra y minando sus medios de vida, que provienen de la biodiversidad forestal. Además, para muchas otras personas en Indonesia, la selva siempre ha sido un valioso recurso de supervivencia en tiempos de crisis. En la situación actual -en la cual mucha gente está sufriendo a causa de una crisis de la que no es responsable- buena parte de los bosques originales han sido destruidos, muchos de los cuales para dar lugar a monocultivos forestales y no son ya capaces de suministrar prácticamente nada a la gente en cuanto a productos útiles para la supervivencia.

Los cambios ocurridos en mayo de 1998, que llevaron a la renuncia de Suharto, podrían significar el inicio de un período de reformas. Los pueblos indígenas y las comunidades locales se oponen abiertamente a las plantaciones. Una alianza de ONGs formada recientemente, por su parte, está reclamando el cese de las plantaciones y la realización de una revisión acerca de los impactos sociales y ambientales de los proyectos en curso, así como de las concesiones ya otorgadas. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el problema de las plantaciones industriales es parte de una cuestión más amplia, como lo es la reforma agraria. Esta cuestión puede posiblemente ser discutida en un futuro próximo, por lo que es de esperar que el tema de las plantaciones sea analizado desde esa perspectiva más abarcativa.

La lucha contra Indorayon en Indonesia

El 20 de julio ppdo. más de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad llegaron a la fábrica de papel y celulosa para la fabricación de rayon Indorayon (PT IIU), ubicada en Porsea, cerca del Lago Toba, al norte de Sumatra, para romper el bloqueo al acceso a la misma impuesto por pobladores locales y estudiantes. Diversas manifestaciones habían obstaculizado la actividad de esta planta desde mediados de junio. Cientos de pobladores, apoyados por estudiantes universitarios y miembros de organizaciones ambientalistas bloquearon las vías de acceso a la fábrica de PT IIU, cortando sus suministros de madera y combustible, forzándola así a detener su producción.

Tras la violenta confrontación se informó que por lo menos trece personas quedaron seriamente heridas, en tanto que otras están desaparecidas.

La de Indorayon es una larga historia de acciones llevadas a cabo por la población local y grupos de defensa del ambiente. Se transformó en un caso famoso luego de que la ONG ambientalista WAHLI llevara a juicio a la compañía y al gobierno que en 1989 habilitó la construcción de la fábrica, debido al alto nivel de contaminación que estaba provocando. Poderosos intereses enseguida se pusieron en movimiento. Sin embargo, la comunidad local no cejó en su lucha contra la compañía. Se estima que más de 300.000 personas han sido afectadas por la actividad de esta industria y por las plantaciones que la alimentan. Hacia 1997 la firma había plantado alrededor de 41.000 hectáreas de eucaliptos y acacias. La compañía finlandesa Jaakko Poyry fue responsable del estudio de factibilidad para la planta de PT IIU, actuando además como consultora para la instalación de las referidas plantaciones.

En febrero de este año los habitantes de cuatro poblados afectados por la contaminación generada por la fábrica conformaron un grupo de campaña junto a otros provenientes de la isla Samosir en el Lago Toba. Esta es una de las zonas donde se está cortando la selva, dado que la madera de bosques naturales es la segunda fuente de materia prima para la fábrica de pulpa. La compañía ya ha talado 150.000 hectáreas de selva tropical. El grupo, llamado KAPAL, se rehusó a aceptar la conciliación planteada por representantes de la empresa, y también rechazó las intimidaciones hechas por funcionarios locales. El Día Mundial del Medio Ambiente –5 de junio- formuló un ultimátum a PT IIU para que pusiera fin a la tala de bosques en Samosir.

Durante el mes de junio se sucedieron enormes manifestaciones populares frente a la Gobernación de Sumatra del Norte. El propio Ministro de Medio Ambiente, Panangian Siregar, se sumó al debate manifestando que la planta de Indorayon debería ser clausurada debido a las quejas públicas que se vinieron dando durante años. Sus dichos sorprendieron a la opinión pública del país. Sin embargo, la fábrica no cerró. La respuesta de Indorayon fue limitarse a suspender transitoriamente el madereo en Samosir. En vista de la falta de voluntad de la compañía para atender las quejas de las comunidades locales por su accionar, la gente reaccionó bloqueando la ruta a Porsea e impidiendo de ese modo la continuación del suministro de materia prima para la planta de Indorayon.

Las comunidades locales que resisten están enfrentadas a severos problemas en relación con este asunto. Existe cierta tensión entre los activistas locales y las ONGs más grandes, ubicadas en la ciudad. La población local siente que sobre ella han recaído todos los costos, sin haber disfrutado, a su vez, de ninguno de los beneficios en cuanto a generación de empleo y desarrollo, que, según la compañía, la fábrica traería consigo. En cambio, las ONGs de base urbana consideran que el cierre de la planta es un demanda no realista y que la comunidad ganaría más haciendo campaña para que la compañía se haga responsable de los impactos negativos generados. Otro punto ríspido lo constituye la estrategia adoptada por PT IIU desde 1996 para neutralizar la oposición. La misma consiste en establecer nuevas organizaciones comunales a través de las cuales canaliza contribuciones y organiza eventos de carácter social, en lugar de reconocer el estatus de los líderes comunitarios tradicionales.

Fuente: Basado en una versión extendida de un artículo de "Down to Earth" número 38 (en prensa)

Sawit Watch: una red indonesia para enfrentar las plantaciones de palma aceitera

La palma aceitera (conocida en Indonesia como "sawit") se está convirtiendo en un creciente problema para la población y el ambiente en dicho país. En mayo de este año el Ministro de Bosques y Plantaciones de dicho país informó que el gobierno había destinado 30 millones de hectáreas de bosques para la instalación de plantaciones de palma. Indonesia ya cuenta con alrededor de 3,2 millones de hectáreas de estas plantaciones, la mayoría de las cuales -un millón de hectáreas- en la isla de Sumatra. Cada año 330.000 hectáreas de bosques son destinadas a su reconversión en nuevas plantaciones, al tiempo que 650 inversores –75% de los cuales compañías extranjeras- se están presentando para llevar adelante esa reconversión.

El negativo impacto de las plantaciones de palma aceitera:

Las plantaciones de palma aceitera han provocado numerosos efectos negativos sobre el ambiente, los pueblos indígenas, los medios de vida de la gente y la economía nacional, a la vez que han incentivado la concentración de la tierra en manos de unas pocas compañías.

Tales impactos ambientales negativos son consecuencia de su carácter de monocultivo industrial a gran escala, que reduce por lo tanto la biodiversidad. Por otra parte, la actividad implica altos niveles de utilización de agroquímicos -fertilizantes e insecticidas- que han contaminado muchos ríos, y también ha provocado, directa e indirectamente, deforestación e incendios forestales

Muchas de las tierras asignadas a la plantación de palma aceitera no son siquiera técnicamente apropiadas para dicho cultivo. De acuerdo con un estudio efectuado este año por JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) y BAPENAS (Oficina de Planificación Nacional del Desarrollo) tan sólo el 15% de las 3.200.000 hectáreas destinadas a ese propósito por parte del gobierno provincial de Kalimantan Occidental son tierras aptas para dichas plantaciones. Empero, aún con este reducido porcentaje, los impactos ambientales han de ser enormes: entre 57 y 1.500 toneladas de suelo al año se perderán por causa de la erosión, la pérdida de nutrientes del suelo será de 386.000 toneladas anuales, los 145.000 litros de pesticidas y 5.900 toneladas de otros insumos químicos utilizadas anualmente generarán altos niveles de contaminación.

Los proyectos de plantación ignoran la existencia de pueblos indígenas y los despojan de sus tierras. En Kalimantan Occidental, por ejemplo, las plantaciones ocupan lo que fueron los productivos jardines de los Dayak, en los que se encuentran árboles de caucho, frutales, etc. El gobierno indonesio ha estimulado a las compañías para que talen cientos de miles de árboles de los jardines de los Dayak y los sustituyan por palma aceitera. Como consecuencia, la economía de las poblaciones locales, basada en recursos locales, es destruida.

Si millones de hectáreas de suelo son convertidas en plantaciones de palma, las economías regional y popular se volverán extremadamente dependientes de una sola materia prima sujeta a las fluctuaciones de precio del mercado internacional. Por otra parte, la economía de los sectores populares, que se basa en productos forestales no maderables -como miel, plantas medicinales, frutas- es destruida por este proceso expropiador.

En 1996 la Oficina Central de Estadística hizo notar que 457 grandes compañías plantadoras ya controlaban más de 3,2 millones de hectáreas de tierras. En el futuro, serán 650 nuevas compañías las que controlen otros 30 millones de hectáreas. Ello significa que ya existe y seguirá dándose un alto nivel de concentración de propiedad de la tierra. La experiencia muestra que cuando las tierras de los indígenas y de las comunidades locales son expropiadas con este fin, muchas más personas se quedan sin tierra y se ven por lo tanto empujadas hacia un proceso de pobreza de carácter masivo.

La creación de "Sawit Watch":

Son muchas las ONGs indonesias severamente preocupadas por esta tendencia. Las mismas han realizado diversas actividades a lo largo de los últimos seis años para empoderar a las poblaciones indígenas y locales en la lucha por sus derechos en diferentes regiones del país. Dada la necesidad de trabajar y desarrollar planes en forma conjunta con el propósito de potencializar esfuerzos a nivel local, nacional e internacional, un grupo de ONGs indonesias fundaron Sawit Watch el 25 de juliode 1998. Desde entonces otras ONGs se han unido a la inciativa.

Los tres objetivos de Sawit Watch son:

  1. Apoyar la lucha de los pueblos indígenas y las comunidades locales contra las compañías plantadoras de palma aceitera a gran escala.
  2. Realizar campañas en oposición al Préstamo de Ajuste Sectorial concedido por el FMI y el Banco Mundial para la liberalización de las plantaciones de palma aceitera.
  3. Despertar conciencia pública acerca de los impactos sociales y ambientales de las plantaciones de palma aceitera.

A efectos de cumplir con estos fines, Sawit Watch llevará adelante diversos tipos de actividades, como ser:

1) Apoyo a la lucha de los pueblos indígenas y las comunidades locales contra las compañías plantadoras de palma aceitera a gran escala:

La expropiación de tierras y la destrucción del ambiente causadas por las plantaciones de palma aceitera constituyen un problema para las poblaciones locales e indígenas. Se vienen realizando actividades de defensoría y empoderamiento en apoyo de estas comunidades para que puedan reclamar por sus tierras. El mes pasado más de 10.000 personas retomaron el control de unas 10.000 hectáreas en el norte de Sumatra. Las mismas habían sido otorgadas a militares y burócratas partidarios del régimen. Las actividades de reclamación en Sumatra, Kalimantan, Silawesi y Java en relación con las plantaciones a gran escala y las concesiones forestales van desde la presentación de demandas judiciales a la ocupación directa de tierras. El apoyo que brinda Sawit Watch consiste en suministrar asesoría legal, ejercer presión política sobre los gobiernos provinciales y los militares, y conducir el litigio en la corte. Asimismo se está reclamando a las compañías compensaciones por el daño ambiental que han provocado.

Dado que los afectados son pobres y no tienen medios para cultivas la tierra recuperada, también se están realizando actividades de concesión de fondos para, por ejemplo, adquirir semillas. Se estimulan los cultivos alternativos para evitar la futura dependencia de un solo cultivo (la palma aceitera) y los cultivos mixtos con el fin de incrementar el nivel de biodiversidad. De este modo puede reorganizarse el manejo comunitario de los bosques, destruido cuando la instalación de las plantaciones.

2) Campañas en oposición al Préstamo de Ajuste Sectorial concedido por el FMI y el Banco Mundial para la liberalización de las plantaciones de palma aceitera:

A principios de 1997 el gobierno de Indonesia frenó nuevas inversiones extranjeras en el sector dado que ya se había destinado un millón y medio de hectáreas para plantaciones de palma por parte de inversores malayos y de otras nacionalidades. Sin embargo, el paquete programático de cincuenta puntos formulado por el FMI y el Banco Mundial para Indonesia, cuyo objetivo es el de superar la actual crisis económica, incluye la liberalización de dichas plantaciones. Ello significa que el país deberá abrir sus puertas a nuevas inversiones extranjeras con ese destino. El programa para la crisis indonesia presentado por dichos organismos incluye un préstamo de U$S 4.500 millones, que se dividen en U$S 2.000 millones de apoyo inmediato y U$S 2.500 millones como apoyo crediticio de carácter regular. Esta última partida comprende el Préstamo de Ajuste para el Sector Agrícola, que asciende a U$S 400.000 a ser desembolsados en noviembre de 1998.

Cabe recalcar que este programa de liberalización económica del sector no se basó en ninguno de los estudios sociales y ambientales realizados por el propio Banco Mundial.

De modo que dicho préstamo no hace sino promover el aumento de las inversiones en el sector de la palma aceitera, ignorando los problemas sociales y ambientales que ello ha de generar para la gente. Hacer campaña contra este préstamo constituye por lo tanto una parte importante de las actividades de Sawit Watch orientadas a frenar nuevas inversiones en el sector.

3) Generar conciencia pública acerca de los impactos sociales y ambientales de las plantaciones de palma aceitera:

- Realización de un estudio de carácter político sobre las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. Su propósito es diseñar un completo esquema del complejo "sawit", con fines de monitoreo, campaña y defensoría, así como predecir sus tendencias futuras. El estudio incluye una serie de aspectos, como la ecología (análisis de pérdida de biodiversidad, erosión, contaminación, etc.); aspectos sociales y económicos (análisis de los impactos de las plantaciones de palma sobre las condiciones socioeconómicas de la población a nivel local, regional y nacional); aspectos legales y políticos (análisis de las normas que regulan esta producción, tendencia de la política gubernamental en relación con la intervención de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales); aspectos políticos (análisis de los sectores principales -como ser: gobierno, sector privado, bancos multilaterales- y sus respectivos intereses); análisis de oferta y demanda en relación con los padrones de consumo y el comercio externo.

- Compilación de datos y hechos recabados a nivel local. Muchas ONGs han llevado a cabo investigaciones en zonas de plantaciones de palma que han afectado la vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Con el fin de aumentar la conciencia pública, todos estos datos y hechos serán recopilados como evidencias del impacto negativo de las plantaciones, bajo diferentes formatos, como diapositivas y videos en indonesio e inglés.

- Suministro de datos y hechos (cartas, informes, diapositivas, videos e información en línea en indonesio e inglés) acerca de los impactos sociales, económicos y ambientales de las plantaciones de palma aceitera.

- El 24 de setiembre próximo, cuando se celebra en Indonesia el Día del Campo, habrán de organizarse reuniones en todas las regiones del país por parte de miembros y simpatizantes de Sawit Watch, junto a pueblos indígenas y comunidades locales afectados. Estas movilizaciones forman parte de las actividades destinadas a ejercer presión política sobre los gobiernos provincial y nacional.

- Se está programando un seminario nacional sobre plantaciones de palma para octubre de 1998, en el que se presentará el estudio político, los datos y hechos recabados a nivel local y regional, y los testimonios de las poblaciones indígenas y locales. Durante el seminario se realizará también una conferencia de prensa. El seminario no sólo estará dirigido a aumentar la conciencia pública sobre el impacto provocado por las plantaciones, sino también a ejercer presión sobre el FMI y el Banco Mundial, que, como se indicó, desembolsarán un préstamo de ajuste para el sector agrícola en noviembre de este año, y a influenciar sobre el gobierno para que frene nuevas inversiones en el sector.

Hasta el momento Sawit Watch está integrada por las siguientes organizaciones: Bentayan, Palu, Central Sulawesi; Bioforum, Bogor; Community Based Forest Management (East Kalimantan), Samarinda; Community Based Forest Management (West Kalimantan), Pontianak; Consortium for Supporting Community Based Forest Management (KPSHK), Bogor; ELSAM, Jakarta; Institute for Dayakology Research and Development (IDRD), Pontianak-West Kalimantan; International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Jakarta; Lembaga Alam Tropika Indonesia, (LATIN) Bogor; Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pontianak-West Kalimantan; LRA, Padang-West Sumatra; Plasma, Samarinda-East Kalimantan; RMI-Institute for Forest and Environment, Bogor; WALHI Aceh, Aceh; WALHI, Jakarta; Warung Informasi (WARSI), Jambi; WATALA, Lampung; Yayasan Alam Hijau Indonesia (YAHI), Bogor; Yayasan Evergreen Indonesia, Palu-Central Sulawesi; Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (YALI), Jayapura-Irian Jaya; Yayasan Padi Indonesia, Samarinda-East Kalimantan; Yayasan Telapak Indonesia, Bogor

Fuente: Titi Soentoro, Oficina de Coordinación de Sawit Watch.
Email: euron@indo.net.id

Conflicto en torno a las plantaciones de palma oleaginosa

Dado que el gobierno de Indonesia aspira a que el país se convierta en el primer exportador de palma oleaginosa del mundo --superando a Malasia-- esta industria se encuentra en pleno auge. Para enfrentar los impactos negativos que las plantaciones de palma están teniendo sobre el ambiente, sobre los campesinos locales y sus medios de vida, en julio de 1998 un grupo de ONGs indonesias crearon Sawit Watch. Desde entonces se han llevado adelante una serie de acciones.

Las compañías plantadoras de palma PT Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) y PT Dasa Anugerah Sejati (DAS) expropiaron tierras de los pobladores de las aldeas de Tanjung Katung y Lubuk Bernai en la provincia de Jambi, en Sumatra. Estos demandan que las autoridades deroguen los permisos otorgados a dichas compañías. M. Haris Yatim, uno de los pobladores, dijo que PT DAS expropió las tierras intimidando a la gente, con ayuda de efectivos militares y empleados del gobierno. Los reclamantes también se presentaron ante el Ministro de Agricultura y Presidente de la Oficina Nacional de Tierras. En dicho encuentro el Ministro propuso que los campesinos trabajaran bajo régimen de contrato de plantación para la compañía PT DAS, de propiedad estatal. Teniendo en cuenta que había ya ejemplos de que este esquema --cuya finalidad es la promoción de cultivos de exportación, entre ellos la palma aceitera-- terminó por quitar a los campesinos el control sobre sus tierras y factores de producción, éstos rechazaron la oferta y mantuvieron sus reclamos de que las tierras les fueran devueltas. El Ministro les prometió entonces que enviaría a un equipo de inspección a la zona de los hechos. Tras esperar una semana entera y ante la ausencia de una respuesta efectiva, los pobladores de ocho aldeas concurrieron a la Cámara de Representantes de la provincia de Jambi. Allí también recibieron promesas acerca de que un equipo inspectivo sería enviado a la zona del conflicto.

Asimismo, las poblaciones locales procuraron negociar directamente con PT DAS. Ambas partes acordaron dirimir el conflicto a nivel judicial. Sin embargo la compañía --ayudada por la policía-- comenzó desde entonces a intimidar a los campesinos para hacerles desistir de la idea de recurrir a la vía judicial. Estas acciones intimidatorias llegaron incluso a la detención de algunos de ellos bajo la falsa acusación de haber robado caucho de las plantaciones de la empresa.

Para el mes de setiembre se han programado varios mitines en diferentes lugares del país, desde Jakarta hasta Bali, con el fin de protestar contra la expansión de las plantaciones de palma aceitera.

Fuente: Sawit Watch: Campaña contra las plantaciones de palma aceitera a gran escala en Indonesia, setiembre de 1998.

APRIL promueve conflictos

ONGs finlandesas e indonesias han denunciado en reiteradas ocasiones que APRIL (Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.), compañía con sede central en Singapur y socia de UPM-Kymmene, viola los derechos humanos y provoca severos problemas ambientales en Indonesia. La empresa ha convertido bosques tropicales en monocultivos forestales, que alimentan sus fábricas de pulpa. Las ONGs reclaman que dicho proyecto sea abandonado.

Cuatro representantes del grupo de derechos humanos del parlamento finlandés visitaron recientemente la fábrica de pulpa de APRIL en la Provincia de Riau, a efectos de evaluar la situación in situ. Si bien todos los parlamentarios se encontraban en el mismo lugar, no todos vieron lo mismo. En tanto los representantes de los Verdes y de los partidos de izquierda concluyeron que el madereo practicado en los bosques tropicales densos era atroz, el diputado de los Conservadores consideró que la causa de la deforestación era la presión demográfica y que las plantaciones de acacia en Indonesia se asemejaban a los campos finlandeses en cuanto a su homogeneidad.

Según UPM-Kymmene, los métodos utilizados por APRIL constituyen la mejor opción para alimentar la planta. UPM recordó también que en la primavera pasada APRIL se había comprometido a llevar adelante un concienzudo programa ambiental.

APRIL todavía está afrontando problemas financieros que le han impedido encontrar la forma de lograr créditos para solventar una segunda máquina para la fabricación de papel en Riau. En tanto la máquina no esté funcionando, su completa alianza con UPM no habrá de cristalizar. Si bien en cierta forma los finlandeses ya han acordado otorgar a APRIL un crédito de alrededor de U$S 500 millones, el préstamo todavía no se materializó, posiblemente debido a las condiciones imperantes en los mercados indonesios.

Este no es el único conflicto generado por APRIL en Indonesia. La compañía posee el 61,3% de las acciones de Inti Indorayon Utama, una fábrica de pulpa ubicada en la Provincia de Sumatra del Norte. Indorayon produce 240.000 toneladas de pulpa y 60.000 toneladas de fibra destinada a la manufactura de pulpa y rayón por parte de APRIL. La empresa fue afectada por la crisis económica de 1997, por lo que decidió clausurar dicha planta. Ello significaría la pérdida de 7.000 puestos de trabajo, razón por la cual los trabajadores se oponen a la clausura. Al mismo tiempo, los pobladores de Porsea reclaman que la fábrica permanezca cerrada, dado que sus actividades han provocado lluvia ácida, que ha dañado las fuentes de agua y las pesquerías y ha destruido los bosques. Los residentes de Porsea siguen viviendo bajo la intimidación del ejército. Grupos ambientalistas y organizaciones estudiantiles universitarias apoyan la lucha de los campesinos y sostienen que las plantaciones de eucaliptos de los programas de reforestación de Indorayon están acabando con las reservas de agua. Del otro lado, los accionistas de APRIL en Nueva York recientemente se dirigieron al Presidente Habibie, advirtiéndole sobre los "negativos efectos" que la clausura de la fábrica traería en relación con la imagen de confianza que ofrece Indonesia a los inversores extranjeros. El conflicto ha derivado incluso en enfrentamientos directos entre trabajadores y aldeanos. El 22 de noviembre pasado, éstos dieron fuego a troncos apilados y a instalaciones de alojamiento para los trabajadores en Porsea.

El caso de APRIL puede ser considerado un ejemplo de cómo trabajadores y campesinos son tomados como rehenes de una situación creada por el interés económico de los inversores y las decisiones del gobierno central. En tanto ni la población local ni el ambiente fueron tenidos en cuenta cuando se instalaron la fábrica y las plantaciones en la zona, ello trajo consigo degradación ambiental y conflictos sociales, puesto que los trabajadores, que están procurando conservar sus puestos de trabajo, se enfrentan a los aldeanos, que buscan proteger sus medios de vida. Confortablemente instalados en Yakarta o en Nueva York, los accionistas de APRIL se aprovechan de la situación desesperada de los obreros para defender sus intereses.

Fuentes: Otto Miettinen, Amigos de la Tierra/Finlandia, Grupo Forestal, 8/11/98 (basado en: Minna Asikainen, "MPs disagree about environmental impacts of April. Finnish MPs visited mill of UPM's partner", Helsingin Sanomat, 5/11/98); Tom Bannikoff, "A company copes in post-Suharto Indonesia", Asiaweek, 8/11/98, Liz Chidley, 23/11/98 (basado en la página web de Siar: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html)

Transmigración y plantaciones de palma aceitera en las islas Mentawai

Tal vez por primera vez desde la independencia de Indonesia, las autoridades de Sumatra Occidental convocaron a 120 personas de Mentawai a negociar con el gobierno local en Padang. Se trata de líderes comunales, figuras religiosas y jefes de aldea provenientes de la entera cadena de islas de Mentawai, ubicada al oeste de Sumatra.

El objetivo del encuentro era el de tratar el tema de la traída de 10.800 familias transmigrantes a las islas Mentawai, vinculada a una plantación comercial de palma (PIR-Trans) a cargo de la compañía PT Citra Mandiri Widya Nusa, de propiedad del ex Ministro de Trabajo Abdul Latif.

Sin embargo, alrededor de treinta estudiantes de Mentawai presentes en el encuentro se las ingeniaron para desbaratarlo. Los estudiantes afirmaron que si sus demandas no hubieran sido satisfechas ese mismo día, todo el estudiantado de la Escuela y la Universidad de Padang hubieran concurrido al lugar de la reunión y hubieran forzado su disolución. La cronología de los eventos es la siguiente:

El 8 de diciembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, unos treinta manifestantes (jóvenes y estudiantes de Mentawai, que conforman el GERAM, Movimiento de Reforma de Mentawai) organizaron una protesta en las afueras de un edificio de Padang, donde se realizaba un "encuentro de consulta" organizado por el Departamento de Transmigración y Reasentamiento Forestal de la provincia, directivos del gobierno local y alrededor de 120 representantes comunales y jefes de aldea de todas las islas Mentawai.

La reunión había comenzado a las 8:30 con palabras del jefe de la oficina de transmigración de Sumatra Occidental Dr. Ngumar Prayitno. Estaba prevista la realización de las siguientes presentaciones:

-"El programa de transmigración en las islas Mentawai en el marco del actual Plan Quinquenal", a cargo del Dr. Prayitno.

-"Desarrollo forestal en las islas Mentawai", por el Jefe del Departamento Forestal y de Agricultura de Sumatra Occidental.

-"Desarrollo de las islas Mentawai en la era de la reforma", a cargo de un funcionario del gobierno local.

-"Integración y asimilación cultural", por Yuhirman de SPKM (una ONG elegida por el jefe provincial del Departamento de Transmigración para hablar a nombre de la población de las Mentawai).

-"El desarrollo de las plantaciones de palma en la isla de Siberut", ponencia de Suhaimi (uno de los inversores de PT Citra Mandiri Widya Nusa).

Cuando le tocó el turno al vocero de SPKM, los manifestantes reclamaron que se retirara y que la reunión se diera por terminada. Tanto su ponencia como la del representante de la compañía fueron tapadas por los altavoces de los manifestantes, de manera que el encuentro fue temporariamente suspendido. Fue entonces cuando los estudiantes entraron al edificio y se dirigieron directamente a la audiencia. Dijeron que las islas Mentawai no necesitaban de la transmigración, dado que todos los tipos de transmigración que se habían puesto en práctica hasta ahora no habían ocasionado más que problemas. Asimismo expresaron preocupación por la situación de las comunidades aledañas y sostuvieron que el gobierno utiliza el programa de transmigración como un caballo de Troya para explotar los recursos naturales de Mentawai, en especial la madera. Los representantes oficiales –en este caso pertenecientes al Departamento de Transmigración- cooperan con los concesionarios y las compañías madereras en la preparación del sitio, generando en este proceso todo tipo de problemas.

Los manifestantes del GERAM señalaron que resultaba claro que PT Citra Mandiri Widya Nusa había sido invitada a hablar en este "encuentro de consulta" debido a que dicha compañía plantadora de palma aceitera habría de contratar a transmigrantes en Siberut, aún cuando la comunidad indígena ya había expresado su rechazo a sus planes. El Ministro de Bosques y Agricultura ya había emitido una carta (No 850/Menhutbun -VI/1998), en la que se recomendaba que dicha plantación fuera localizada en algún otro lugar. Los manifestantes amenazaron con que, a menos que la reunión se diera por terminada, ellos continuarían sus discursos e incluso traerían al lugar todavía más personas para protestar.

Algunos de los representantes de Mentawai salieron afuera a efectos de apaciguar a los manifestantes y los invitaron a discutir sobre el asunto con los funcionarios gubernamentales. Los miembros del GERAM se rehusaron absolutamente a ingresar en la sala del encuentro y manifestaron que no cejarían en su protesta hasta tanto el Departamento de Transmigración no saliera a dialogar con ellos y declarara por concluida la reunión de "consulta". El resto de los delegados provenientes de Mentawai comenzaron a juntarse afuera con los manifestantes. Los delegados gubernamentales sugirieron a estos últimos que se unieran a la reunión, pero se rehusaron y reclamaron que el representante de la compañía saliera a conversar con ellos. Cuando éste accedió, los jóvenes comenzaron a bombardearlo con preguntas y le entregaron una copia de la referida carta del Ministro. El Sr. Suhaimi respondió que trataría de hacer ver al Presidente de la compañía que el plan era rechazado. Los manifestantes le respondieron que ni siquiera querían oír hablar del Presidente de la empresa.

Entonces los manifestantes leyeron a los funcionarios de gobierno -que ya habían salido- una declaración, cuyos puntos fundamentales eran:

-Las islas Mentawai deberían convertirse oficialmente en un distrito lo antes posible, de modo que no fueran más administradas como parte del territorio de tierra firme.

-Se niegan a formar parte de cualquier Programa de Transmigración en tanto las islas Mentawai no tengan estatus distrital.

-El Departamento de Transmigración debe resolver inmediatamente los problemas relacionados con los actuales sitios de transmigración en las islas Mentawai.

-Las autoridades deberían retirar inmediatamente todos los permisos de operación concedidos a PT Maharani Puri Citra Lestari, PT Citra Mandiri Widya Nusa y PT Sagu Siberut Perkasa, dado que estas compañías han provocado conflictos y dañado la cultura y el ambiente en la isla de Siberut.

-Todos los jefes de aldea y representantes comunales de Mentawai deberían tener mucho cuidado de no ser engañados con el pretexto de un desarrollo de Mentawai, logrado a expensas de las comunidades indígenas.

El jefe de Transmigración para Sumatra occidental, Dr Ngumar Prayitno Winota, dijo haber entendido la opinión de los manifestantes. En la actual era de reformas, la política de transmigración ha cambiado, dado que las comunidades locales hacen su aporte en todos los casos. Declaró el encuentro oficialmente clausurado y manifestó que la presencia de la compañía estaba por fuera de la competencia de su departamento. Los manifestantes aceptaron su posición y se dispersaron enseguida. En principio el encuentro se había planeado para tener dos días de duración.

(Nota: Los planes del gobierno para abrir las islas Mentawai a las plantaciones masivas de palma aceitera utilizando la fuerza de trabajo de los transmigrantes han estado en el tapete desde principios de la década de 1990. La versión más actualizada es de fines de 1996, cuando el Gobernador de Sumatra Occidental aprobó planes para la instalación de una plantación de palma de 70.000 hectáreas en la zona buffer del Parque Nacional de Siberut. Las protestas provenientes de diversas agrupaciones indonesias e internacionales, hicieron que Jakarta suspendiera momentáneamente este tipo de proyectos. Hoy en día, en momentos en que Indonesia lucha por resolver su crisis económica aumentando las exportaciones, se programan plantaciones de palma a gran escala en muchas zonas forestales de las islas exteriores, en tanto la prohibición de exportar rollizos ha sido levantada).

Fuente: Traducción de Liz Chidley (dtecampaign@gn.apc.org) a partir de noticias recibidas de Indonesia.

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