"El amargo fruto de la palma aceitera"

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El caso de Ecuador: ¿El paraíso en siete años?
por Ricardo Buitrón

El origen de las plantaciones de palma africana en el Ecuador se remonta a 1953-1954 en Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha y en Quinindé, provincia de Esmeraldas, donde se establecen cultivos a pequeña escala. La expansión del cultivo se inicia en 1967 con un incremento de superficie sembrada de 1.020 hectáreas (Carrión en Nuñez 1998).

Para 1995 la superficie sembrada y registrada en los censos de la Asociación de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA) en el país fue de alrededor de 97 mil hectáreas, distribuidas en las tres regiones naturales del país: Costa, Sierra y Amazonía (Nuñez, 1998) (Ver cuadro en página siguiente). Pero estos cálculos son conservadores. Hay una gran cantidad de plantaciones de compañías y campesinos que no están registradas en las asociaciones de palmicultores, muchas de ellas desarrolladas en los últimos años en el norte de Esmeraldas, por lo que podríamos estimar en la actualidad el total de plantaciones de palma africana sembradas en unas 150.000 hectáreas.

Según los cultivadores de palma africana, el incremento será agresivo en los próximos años. Ellos calculan unas 50 mil hectáreas en total para los próximos 5 años (Hoy, 18/11/98).

En el Oriente, existen grandes extensiones de plantaciones de palma africana en las provincias de Orellana y Sucumbíos (Loreto, Shushufindi y Coca), y en menor escala en la provincia de Pastaza. Entre éstos se encuentran grandes monocultivos y los que pertenecen a medianos y pequeños productores (campesinos e indígenas). En la sierra se ubican principalmente en Santo Domingo de los Colorados, Imbabura y Cotopaxi y en la Costa en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas.

A finales de 1999 la superficie para cultivo de palma africana se había incrementado considerablemente. Sólo en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas ha habido un incremento de más de 15.000 hectáreas. Un informe del Ministerio del Ambiente (MA) habla de 8.000 hectáreas de bosques destruidos en esta zona debido a las plantaciones de palma, y hacen una proyección para los próximos años de que más de 30.000 hectáreas de bosques serán convertidos en palmicultoras. Esta proyección sólo toma en cuenta las hectáreas que se encuentran registradas en ANCUPA o en el MA. La subsecretaría de Medio Ambiente ha planteado que se incorporen unas 30 mil hectáreas al cultivo de la palma africana.

En algunos casos se habla de 60 mil hectáreas de tierras destinadas a monocultivos de palma africana en el norte de Esmeraldas y en otros de 100 mil según ex autoridades de la zona (El Comercio, 30/03/99).

Las principales variedades de palma africana sembradas en el Ecuador son la Nacional (Iniap), HSD (Costa Rica), IRHO (Africa), Chenara (El Comercio, 11/03/2000).

Entre 1990 y 1995 la producción de palma africana contribuyó como materia prima para la extracción de un promedio de 152.473 toneladas (TM) de aceite para la industria nacional de grasas comestibles y jabonería. Las exportaciones de aceite en 1996, alcanzaron las 22.908 TM y su destino fue México (80%) y Europa (20%). El ingreso de divisas por este rubro fue de 11 millones de dólares (Nuñez, 1998). En 1999 las exportaciones crecieron a 22.802.093 dólares (El Comercio, 11/03/2000).

El cuadro siguiente muestra la superficie sembrada de palma africana por región y por provincia:

Fuente: Censo Nacional ANCUPA 1995 en Nuñez (1998).

Ministerio del Ambiente, 1999. Estas cifras son oficiales e inferiores a la superficie sembrada.

Las proyecciones de exportación de aceite de ANCUPA para el año 2000, son de 70 mil toneladas y de alrededor de 30 millones de dólares (Hoy, 18/11/98). En palabras recientes del presidente de ANCUPA "el proyecto es que hasta el año 2007 podamos exportar unas 80 a 100.000 toneladas de aceite, lo que equivaldría a la generación de unos 30 millones de dólares y a la creación de 20.000 nuevas plazas de trabajo directas y permanentes" (El Universo, 11/03/2000). Es imprescindible aclarar, sin embargo, cuales son las características de esos números que se manejan en materia de puestos de trabajo: en su mayoría son temporales, realizados a través de contratistas, bajo pésimas condiciones de trabajo, con bajas remuneraciones y que no cumplen con la legislación laboral vigente. Es importante considerar también las plazas de trabajo que se pierden por el desplazamiento de personas, por lo que las ventajas que parece ofrecer esta actividad son por lo menos dudosas.

En el cantón San Lorenzo, en la zona norte de la provincia de Esmeraldas, desde hace algunos años existe un auge de compra de tierras. Estas son compradas por los negociantes de tierras, a precios irrisorios. Estos a su vez, las venden a mayor precio y en dólares a las empresas palmicultoras. En otros casos, especialmente en la zona de Ricaurte, en la misma provincia, son los mismos empresarios quienes directamente compran la tierra a los campesinos a precios inferiores a los pagados por los intermediarios.

A través de estos mecanismos, las empresas han ido adquiriendo para si los derechos que eran posesorios de campesinos y colonos y ocupando zonas de patrimonio forestal del Estado, en una extensión de 60 mil hectáreas de bosque. Algunas inversiones en esta área son del hermano del expresidente Jamil Mahuad Witt y del presidente del Congreso Nacional, Juan José Pons Arízaga (La Hora, 16/03/2000).

En febrero de 1999, miembros de la Directiva del Frente de Defensa de Campesinos de San Lorenzo, conjuntamente con otros 150 campesinos de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro denunciaron la devastadora tala de bosque primario y secundario realizada por empresas palmicultoras, para sembrar en éstas 60 mil hectáreas de monocultivos de palma africana. Este proyecto se inició en 1998, y hasta el momento, se han talado aproximadamente 8.000 hectáreas de bosque según el Ministerio del Ambiente. Organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo han interpuesto recursos legales para detener la implantación de palma africana en el cantón San Lorenzo (Luna, 1999).

Es importante señalar que los bosques de esta región forman parte del ecosistema del Chocó y son muy importantes en materia de diversidad biológica por el gran número de especies allí presentes y por el elevado nivel de endemismo. Es una de las zonas consideradas como uno de los "hot spot" de más alta biodiversidad en el mundo. Existen en esta región unas 6.300 especies de plantas superiores, y de éstas 1.200 son endémicas regionales. También hay más de 800 especies de avifauna, 40 de las cuales endémicas. Esta zona tiene más de 142 especies de mamíferos, 15 de ellas endémicas. Existen además grupos de vertebrados con alto índice de endemismo regional como quirópteros y anfibios, y es la zona con mayor número de especies en peligro de extinción.

Estos bosques cubrieron en el pasado unos 80.000 kilómetros cuadrados de tierras bajas de occidente, pero de esta cubierta queda poco menos del 6%, lo que hace de esta región la más devastada del Ecuador (Luna, 1999).

Los principales actores de la industria de palma africana pueden ser clasificados de la siguiente manera:

- En primer lugar están los productores transnacionales integrados también con capitales nacionales. Los empresarios nacionales están fuertemente involucrados con la política nacional, usando sus cargos de poder para beneficio de sus grupos económicos.

Grupo INDUPALMA. (de capital colombiano). Agrupa a empresas de producción de palma africana, extracción de aceite comestible y comercialización del producto. Entre ellas se encuentran la empresa Aceitera Industrial Danec (Danec S.A. de Panamá) y Agropalma. En 1975 se constituye Palmeras de los Andes, con inversiones de INDUPALMA (Industria Agraria La Palma), Panameñas Tatiana S.A y Oleaginosas Centroamericanas y el colombiano Salomón Gutt (ex Director del Banco Popular, acusado de quiebra fraudulenta). También integra este grupo la Compañía Palmeras del Ecuador.

Grupo Morisaenz: Mario Ribadeneira es el principal accionista del grupo, habiendo sido embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Febres Cordero (1984-1988) y ministro de Finanzas del ex-presidente Durán Ballen (1992-1996); integrante del grupo es Marcelo Pallares, ex Director del Banco Popular, Ernesto Ribadeneira y el grupo COFIEC (La Internacional y Diario Hoy). Posee capitales en Palmaoriente S.A.

Grupo Granda: Lo inició Antonio Granda, fundador y presidente vitalicio de la Asociación de Cultivadores de Palma Africana ANCUPA (Fierro, 1992). En la actualidad el grupo es manejado por sus herederos.

En 1986 tres industrias monopólicas concentraban la utilización de aceites crudos: Aceites La Favorita (Grupo Noboa Bejarano), Industrias Ales (Grupo Alvarez, la curia y otros) y OLEICA y CEDOSA (Grupo OLJACE), las que concentran más del 83 por ciento del valor de las ventas. A estas empresas se suman Danec y Agropalma del grupo INDUPALMA y Skineer Comercial Co. (Grupo Granda). El actual Presidente del Congreso Nacional Juan José Pons, accionista de la empresa Ales (La Hora, 16/03/2000), estuvo vinculado al grupo OLJACE; como Ministro de Industrias de Borja (1988- 1992), autorizó la duplicación de los precios oficiales de aceites y grasas comestibles (Fierro, 1992).

Las compañías que señalamos a continuación se integran verticalmente a los principales grupos empresariales internacionales y nacionales ligados al cultivo, procesamiento y comercialización de la palma africana y que además tienen otros vínculos e intereses económicos:

Compañía Palmeras del Ecuador. Grupo Indupalma. En ésta también participan empresas nacionales como Industrias Ales y El Comercio, principal diario del país, perteneciente al Grupo Mantilla. Tiene 20.000 hectáreas en Santo Domingo, provincia de Pichincha y cerca de 14.000 en Shushufindi, en la Amazonía ecuatoriana.

Compañía Palmeras de los Andes. Opera al lado derecho de la vía férrea San Lorenzo-Ibarra-Guaysa y Chanul, cerca de los esteros Najurungo y Panadero en la provincia de Esmeraldas. Desde hace unos 30 años viene realizando esta actividad en la zona de Quinindé, provincia de Esmeraldas y Shushufindi (en la región Amazónica). Es responsable de la destrucción de unas 800 hectáreas de bosques en los últimos años en la provincia de Esmeraldas y su proyecto implica la deforestación de 4.600 hectáreas en total (Marín, 1999).

Compañía Palmoriente S.A. Opera en el área del río Huashito, en la provincia amazónica de Orellana. Se formó en 1979. Tiene capitales belgas: Socfin Consultant Service (SOCFINCO); inversionistas ingleses: Commowealth Development Corporation; capitales alemanes: la Deutsche Entwicklungesellshaft (DEG); capitales mixtos: Grupo Morisaenz (Oleaginosas S.A., Servicios Agrícolas S.A.C., United Chemicals Ltd Inv.Extranjera); capitales nacionales: del Grupo Granda Centeno y Grupo Noboa Bejarano, de la Corporación Financiera Nacional, de La Favorita, de Ribadeneira Saenz. Estos últimos estarían detrás de Nicolas Landes, ex gerente prófugo del Banco Popular. Poseen más de 10.000 hectáreas en Coca (Carrión, 1992).

Compañía Agrícola San Lorenzo. Opera en el sector de Ricaurte (en la vía San Lorenzo-Ibarra), provincia de Esmeraldas. Lleva 56 años de operación en la zona de Santo Domingo de los Colorados. Es responsable de haber talado 850 hectáreas de bosque. Su proyecto transformaría un total de 5.000 hectáreas de bosque en plantaciones de palma africana (Marín, 1999).

Compañía AIQUISA (Agroindustrial Quinindé). Opera el sector de la Boca y ha talado 650 hectáreas de bosque en el Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas. Su proyecto es de 2000 hectáreas en total (Marín, 1999). Lleva 20 años cultivando palma en el cantón Quinindé.

Compañía ALES. Es responsable de deforestar 400 hectáreas en la Provincia de Esmeraldas en los últimos dos años (Marín 1999). No existen datos sobre sus proyectos futuros.

Entre ellos se cuentan los siguientes:

Compañía Hacienda Teobrama. Opera en la zona de Ricaurte, sector de labores Mataje, y es responsable de la deforestación de 250 hectáreas y tiene el proyecto de realizar plantaciones en un total de 850 hectáreas adicionales (Marín, 1999).

Compañía PALESEMA. Opera en la zona Campanita-Mataje, sector Robalino, en la vía San Lorenzo-Ibarra, Provincia de Esmeraldas. Destruyó 600 hectáreas y su proyecto implica deforestar un total de 750 hectáreas (Marín ,1999).

Compañía La Fabril (Palmera del Pacífico). Opera en los sitios de Carondelet, San Francisco, Santa Rita hasta llegar a la Boca, en la Provincia de Esmeraldas. Es responsable del desmantelamiento de 600 hectáreas y tiene el proyecto de transformar en monocultivo de palma 947 hectáreas en total (Marín, 1999).

Compañía Ecuafincas. Opera en la vía Mataje hasta el Estero Molinita, de la Provincia de Esmeraldas. Es la responsable de la destrucción de 250 hectáreas. Opera desde hace 7 años en la Concordia y Puerto Quito (Noroccidente de la provincia de Pichincha). Su proyecto implica la deforestación de 1.180 hectáreas en total (Marín, 1999).

Las empresas palmicultoras en su historia en el Ecuador han desarrollado tres estrategias aplicadas simultáneamente en las distintas regiones del Ecuador:

- Concesiones en la Amazonía ecuatoriana por parte del Estado y créditos del Banco Interamericano de Desarrollo.

- Compra de tierras a través de intermediarios o directamente.

- Adquisición de tierras comunales de posesión ancestral, que según la constitución ecuatoriana no pueden ser enajenadas. Esto ha generado conflictos internos en las comunidades.

En el área de San Lorenzo en Esmeraldas, las palmicultoras están asentadas en Patrimonio Forestal del Estado, lo que en teoría les imposibilita realizar cualquier actividad que sea ajena a la explotación sustentable de recursos naturales. Habrían comprado además tierras en la zona de amortiguamiento y dentro de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, lo que estaría prohibido (El Comercio, 30/03/99).

Ninguna de estas empresas cuenta con permisos para talar bosques. Operan además sin planes de manejo ambiental, violando los derechos colectivos de las comunidades locales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en el Convenio 169 de la OIT, de la que el Ecuador es parte, y que incluye el derecho de las comunidades a ser consultadas cuando se quiere llevar a cabo actividades que les pueden afectar. Talan y continúan talando indiscriminadamente especies maderables y no maderables para dar paso a las plantaciones de palma ante los ojos impasibles de las autoridades forestales.

Una estrategia utilizada por los palmicultores para ser aceptados por la población local es que ofrecen realizar obras de infraestructura tales como la construcción de caminos, escuelas, alumbrado eléctrico, así como de dotar de maestros a las escuelas, promesas que en la mayoría de los casos luego no cumplen.

La presencia de las palmicultoras en el norte de Esmeraldas es reciente. Este éxodo hacia el norte de la Costa Ecuatoriana se debe a que la palma africana ha bajado sus rendimientos en las zonas de Santo Domingo y Quinindé. Según representantes de ANCUPA por "causas ambientales y mal manejo nutricional", los rendimientos han bajado hasta un 25 por ciento y las plantaciones se encuentran en tan mal estado en las zonas de Quinindé, Quevedo y Santo Domingo, que no es posible su recuperación (El Comercio, 11/03/99). Esto significa que los palmicultores necesitan tierras nuevas para su monocultivo. Otra causa es que los precios de las tierras en el norte de Esmeraldas son más bajos y la falta total de control en relación al ambiente y al tráfico de tierras les facilita acaparar más superficie para el cultivo.

Cuando empiezan a instalarse en las diferentes regiones, las compañías palmicultoras prometen empleo, bienestar y riqueza, ganando así la confianza de los habitantes locales, pero a medida que transcurre el tiempo, sus ofertas son incumplidas y se hacen evidentes los impactos de su actividad, entre los que se cuentan:

- Concentración de tierras en manos de las empresas. Esto implica la reducción y despojo de tierras indígenas en la Amazonía y de tierras ancestrales afroecuatorianas en la Costa del Ecuador.

- Desplazamiento de campesinos de la región. Los campesinos abandonan sus tierras, cedidas a las empresas a través de su venta, en muchos casos engañados o presionados por las empresas palmicultoras. Los campesinos se dirigen entonces a las poblaciones más cercanas y a las ciudades más grandes del país o hacia otras zonas de bosques no impactados, que comienzan a talar para satisfacer sus necesidades básicas. En otros casos se establecen en los territorios de comunidades afroecuatorianas o indígenas Awá y Chachi en la provincia de Esmeraldas o en los territorios Quichuas en las Provincias Amazónicas, con los consecuentes conflictos sociales.

- Destrucción de las estructuras sociales y tradiciones indígenas y afroecuatorianas con el consiguiente empobrecimiento cultural.

- Debido a la pérdida del bosque se produce una escasez de material para la construcción de casas, canoas y utensilios. Desaparece la recolección de frutos y la cacería, la medicina tradicional y la agricultura tradicional. Con el fin del autoabastecimiento, surgen los problemas de la desnutrición o nutrición inadecuada (Cedis, 1985).

- Alza de precios de tierras, dependencia del mercado, necesidad creciente de dinero, especialmente para los pequeños productores, campesinos, indígenas y afroecuatorianos, dependencia del capital y la tecnología, dependencia del monopolio del comercio, adelanto de créditos y endeudamiento (Cedis, 1985).

- Agricultores, trabajadores y familias que viven en las plantaciones son afectados por la contaminación de agroquímicos, directamente por contacto con el producto o indirectamente por ingestión o uso de agua contaminada. El 58% de los trabajadores agrícolas de las plantaciones de palma africana presentan síntomas en diferente grado por exposición a pesticidas carbamatos y organofosforados (F. Natura en Nuñez 1998).

- Usuarios de aguas en los ríos Cocola en la Independencia y Cucaracha en la Concordia (cercanos a Santo Domingo de los Colorados, provincia Pichincha), presentan enfermedades hepáticas y dérmicas, causadas por contacto o ingestión de agua contaminada por pesticidas de lenta descomposición procedentes de plantaciones de palma (F. Natura en Nuñez 1998).

- La mano de obra agrícola es controlada por un sistema de contratistas, sobre los que recaen el empleo y pago de los trabajadores. De esta manera las compañías eliminan contratos directos con los trabajadores, favorecen cambios continuos de personal y evitan las obligaciones laborales legales, tales como pago de seguro social y otras bonificaciones, vacaciones, horas suplementarias, etc.

- El trabajo es ocasional, principalmente en la época de cosecha. Mientras más tecnificada y grande es una plantación son menos los trabajadores agrícolas empleados. Los trabajadores no tienen la protección necesaria para la utilización de agroquímicos. Los envenenamientos más comunes ocurren por el manejo de insecticidas carbamatos, organofosforados y organoclorados.

- Destrucción irreversible de grandes extensiones de bosque húmedo tropical y pérdida de biodiversidad en la región amazónica y en los bosques noroccidentales del Ecuador. Si bien no existen estadísticas completas, resulta ilustrativo mencionar que sólo en un cantón (San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas), se deforestaron más de 8000 hectáreas en los últimos años.

- Desaparición de especies en Esmeraldas en los últimos años, entre las que se incluyen los siguientes árboles de madera valiosa: guayacán (Tabebuya guayacan), chanul (Humiria sp.), tillo (Brosimun alicastrum), sande (Brosimun utile ssp. ovatifolium), mascarey (Hyeronima alchorneoides), guión (Pseudolmedia laevis), chalviande (Virola sebifera), laguno (Vochysia ferruginea), maría (Calophyllum brasiliense), matapalo (Ficus insipida), anime (Dacryodes olivifera), cedro (Cedrela odorata), cedrillo (Tapirira guianensis), balsa (Ochroma sp.), guarumo (Cecropia sp.). Entre las especies no maderables se pueden mencionar: tagua (Phytelephas aecuatorialis), chapil (Jessenia bataua), caña guadua (Guadua angustifolia), pambil (Iriartea deltoidea), y otras.

- Ocupación y presión sobre áreas protegidas, especialmente la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje en la provincia de Esmeraldas. El monocultivo de palma africana ocasiona impactos graves a las comunidades locales, a la Reserva y al ecosistema del manglar que se encuentran cercanos al área, así como a las actividades socioeconómicas como la recolección de moluscos y crustáceos, pesquera y otras que se desarrollan en el sector (Luna, 1999).

- En el control de plagas se utilizan elevados volúmenes de insecticidas, fungicidas y herbicidas. Los insecticidas más usados son: endosulfan (organoclorado) y el carbofuran (carbamato, prohibido en Estados Unidos y Canadá), malathion (organofosforado); el herbicida más común utilizado es el glifosato; de los fungicidas el carboxin; entre otros (Nuñez, 1998). Los insecticidas utilizados han sido clasificados como altamente peligrosos y moderadamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud. Utilizan también fertilizantes químicos. Todo ellos ha resultado en la contaminación del agua. De muestras de agua realizadas en la provincia de Pichincha, en zonas palmicultoras cercanas a Santo Domingo, se establece que la concentración de elementos químicos encontrados sobrepasa los límites recomendados para consumo humano, riego, ganado y vida acuática (Nuñez, 1998). La contaminación por todos estos agroquímicos causa daños a la flora y fauna, daños a la salud de los trabajadores agrícolas y a las personas que viven junto a las plantaciones. Entre estos daños se cuentan:

- Contaminación y destrucción de vida en ríos. El uso del agua de ríos y esteros para preparar las soluciones y lavar el equipo para químicos causa la muerte periódica de peces a lo largo del año y la disminución de la fauna. Los desperdicios de plantas extractoras del aceite de palma con alto contenido de residuos grasos altera los niveles de oxigenación de agua.

- Efectos contaminantes se observan en el deterioro de la salud de animales domésticos y de la fauna y flora de las zona cercanas a las plantaciones. Habitantes de Santo Domingo de los Colorados reportan que han desaparecido especies de peces como guañas (Chaetostoma aequinoctialis), barbudos (Rhamdia wagneri), y otros, con sus consecuentes efectos.

- Debido a las características del cultivo, el suelo queda expuesto a los rayos solares y a las lluvias, lo que lleva a su erosión, compactación y empobrecimiento.

- El monocultivo de palma africana contribuye al cambio climático por la destrucción de los bosques, lo que implica una liberación neta de carbono que contribuye al calentamiento global, que a su vez se suma a otros procesos de deforestación, que en conjunto resultan en una disminución de las lluvias.

- La deforestación y las obras de canalización y desecamiento de esteros previos a la plantación provocan también cambios profundos en el régimen hidrológico.

- Contaminación de aire y agua por las fábricas extractoras de aceite por el humo y los gases despedidos en los procesos de extracción, y por la disposición inadecuada de desechos (Alerta Verde, 1996).

En la provincia de Esmeraldas se comenta que en siete años, cuando estén instaladas las plantaciones palmícolas, la bonanza llegará. Empleo, bienestar y otras maravillas llegarán para beneficio de sus habitantes. El paraíso entonces, estará en la costa del Ecuador. Sin embargo, existe la amarga experiencia de los monocultivos de palma africana en la Amazonía ecuatoriana y su secuela de destrucción.

El monocultivo de palma africana, al igual que otras actividades agroindustriales y destinadas a la exportación, responde a una lógica productiva de un modelo que privilegia la destrucción de la naturaleza, la sobreexplotación de los bienes naturales y la destrucción cultural de pueblos indígenas y afroecuatorianos.

Diferentes gobiernos han implementado políticas de promoción, incentivos, créditos y subsidios a esta actividad. Las empresas, que se benefician de estas políticas, son responsables de provocar severos impactos ambientales y sociales en las zonas en donde se han instalado.

Las cifras oficiales sobre deforestación no evidencian la real magnitud de la misma, entre otras cosas por las pocas inspecciones a las plantaciones de palma africana, el difícil acceso a las zonas, los impedimentos y guardias armados de las empresas y por la falta de decisión gubernamental para realizar un monitoreo a esta actividad económica.

No existe ningún tipo de regulación y control a la violenta expansión de la superficie de cultivo de palma africana, por lo que es necesario adoptar acciones tendientes a apoyar a comunidades y organizaciones que resisten la implementación de los monocultivos de palma africana.

Estas acciones son la difusión de los impactos ambientales y sociales de esta actividad, la presión para el cambio de políticas de gobierno y de agencias multilaterales de crédito que fomentan esta actividad y las medidas oportunas para la protección de los bosques tropicales.

El caso de Indonesia: Bajo la sombra de Suharto.
por Mia Siscawati

Las primeras plántulas de palma aceitera fueron plantadas en el Jardín Botánico de Bogor en Java Occidental, Indonesia, en el siglo XIX. Estas primeras plántulas más tarde se convirtieron en los árboles madre de las primeras plantaciones de palma aceitera en Indonesia y Malasia.

Las fincas de palma aceitera de propiedad del estado fueron establecidas originalmente por el gobierno colonial holandés entre 1870 y 1930. Esto fue posible debido a la Ley Agraria de 1870, que declaró que toda la tierra que no fuera cultivada en forma permanente sería designada "tierra no aprovechada". Los inversores holandeses que deseaban desarrollar la palma aceitera recibieron contratos de arrendamiento por 75 años renovables, con un arriendo nominal. Las primeras plantaciones de palma aceitera en Indonesia se establecieron en 1911, durante el período de administración holandesa, en Sumatra del Norte por la SOCFIN (Société Financière des Caoutchoucs), una sociedad anónima franco-belga. En 1938 la exportación combinada de Sumatra del Norte y Aceh fue la mayor del mundo como resultado de una inyección de capitales holandeses que condujo a la expansión rápida en el área de plantaciones y producción. El sistema de plantaciones se estancó después de la independencia de Indonesia en 1945 debido a que los propietarios holandeses ya no contaban con el apoyo del gobierno colonial. Otra causa del estancamiento fue que el primer presidente indonés Sukarno promovió una política aislacionista durante el período de la Democracia Tutelada (1950-1955), opuesta al ingreso de capitales y préstamos extranjeros.

El sistema de plantaciones comenzó a crecer a partir de 1967 (el comienzo del período del Nuevo Orden, bajo el gobierno del segundo Presidente, Suharto) cuando el gobierno de Indonesia (con asistencia del Banco Mundial) hizo inversiones directas a través de compañías estatales. Desde 1967 a 1977, la expansión de las plantaciones de palma aceitera todavía era lenta, pero a partir de 1978 se intensificó el crecimiento de la expansión en una tasa promedio de 21,7 % para las plantaciones industriales privadas y de 2,9 % para las plantaciones estatales.

En 1980/1981 el gobierno instrumentó un proyecto financiado por el Banco Mundial sobre las denominadas "Fincas de Núcleo y Pequeños Propietarios" (NES), combinado con un esquema de transmigración, para el sub-sector de plantación de cultivos. En 1984, el Ministerio de Agricultura aprobó una reglamentación para desarrollar plantaciones de palma aceitera mediante el sistema NES. En 1986, el Decreto presidencial N° 1/1986 estableció que el desarrollo de proyectos NES se debía integrar con programas de transmigración. Los campesinos impulsados a emigrar por parte del Gobierno fueron empleados por las compañías industriales de plantación principalmente para abrir áreas boscosas y como fuente de mano de obra barata para las plantaciones. Desde 1986 en adelante, el sector privado de plantación de palma aceitera de Indonesia experimentó un crecimiento rápido.

En 1985, el área de plantaciones de palma aceitera de Indonesia abarcaba 600.000 hectáreas, y se extendió a aproximadamente 2,2 millones de hectáreas en 1996. Cifras más recientes sugieren que actualmente existen 2,4 millones de hectáreas de palma aceitera, de las cuales las compañías administradas por el estado poseen 443.000 hectáreas de plantaciones productivas más antiguas, los pequeños propietarios tienen 824.000 hectáreas y las compañías privadas el resto, principalmente plantaciones nuevas e inmaduras (Potter y Lee, 1998). Además de las plantaciones existentes y en funcionamiento, existen 6,8 millones de hectáreas de tierras que fueron liberadas recientemente para la expansión de plantaciones de palma aceitera (Suara Pembaruan, 10 de octubre de 1997). Esta cifra no incluye las nuevas solicitudes para el desarrollo de plantaciones nuevas, que hasta junio de 1998 habían alcanzado los 9 millones de hectáreas (Suara Pembaruan, 26 de julio de 1998).

Debido al aumento de la demanda internacional de productos de palma aceitera y a los bajos costos de producción en Indonesia -resultado de los subsidios gubernamentales en materia de tierra y capital- el gobierno de Indonesia mantiene su ambición de convertirse en un importante actor del mercado exportador internacional. Como resultado, es posible que el área cubierta por las plantaciones de palma aceitera siga creciendo aceleradamente en el futuro.

Entre 1991 y 1996, las exportaciones de productos de palma aceitera de Indonesia habían aumentado 32% en relación con los cinco años previos, y su valor superaba los mil millones de dólares. Los planes del gobierno plantearon entonces la meta de una producción de 7,2 millones de toneladas de aceite de palma crudo para el año 2000, con un aumento previsto del área de plantaciones a 3 millones de hectáreas. El Ministerio de Agricultura había anunciado en 1998 que se añadirían 1,5 millones de hectáreas adicionales como parte de una nueva política para abordar la crisis económica.

En el marco de la presente crisis económica, el negocio de la palma aceitera parece ser atractivo, porque las necesidades de inversión y los costos operativos se expresan en rupias, pero las ventas de exportación producirán un rendimiento sobre la inversión en dólares. En ese contexto, el 22 de abril de 1998 el gobierno levantó la prohibición vigente a la exportación de aceite de palma. En mayo, el Ministro de Industria y Comercio Rahardi Ramelan y el Ministro de Bosques y Plantaciones Muslimin Nasution, confirmaron su decisión de estimular exportaciones como forma de lograr el ingreso de divisas y Muslimin mencionó específicamente al subsector de aceite de palma como prioritario (Jakarta Post, 5/5/98, 27/5/98). La integración de Bosques y Plantaciones en un solo ministerio en 1998, que facilitó la autorización para la conversión de bosques en plantaciones, se puede ver como una prueba de los ambiciosos planes del gobierno con relación a las plantaciones. En 1999 el Ministro de Bosques y Plantaciones incluso sugirió al Ministro de Industria y Comercio que el gobierno debería reducir el impuesto sobre las exportaciones al aceite de palma del 10% al 0% (Bisnis, 28/7/99). El gobierno indonesio está dispuesto a hacer de la exportación su forma de salida de la crisis y se propone lograr este objetivo retornando a su ventaja comparativa en agricultura y agroindustria. El sub-sector de la palma aceitera será un punto central de esta estrategia y el gobierno buscará minimizar las políticas que pudieran obstaculizar estos planes. Sin embargo, la política de integrar el desarrollo de plantaciones de árboles para producción de madera y otros cultivos de árboles dentro de áreas forestales de producción, y permitir que una sola compañía obtenga derechos de concesión para madereo, plantación de árboles madereros y otros cultivos forestales es contradictoria con otra política gubernamental. En efecto, se contradice con la política que prohibe la talarrasa en áreas de bosques de producción. Bajo la primera política, se permite que empresas plantadoras de cultivos forestales o de palma aceitera talen bosques de producción para sustituirlos por cultivos forestales u oleaginosos, lo cual es ilegal de acuerdo con la segunda política.

El paquete de 50 medidas impuesto a Indonesia por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el contexto de la crisis económica incluye específicamente la liberalización del sector de plantación de palma aceitera. Esto significa que Indonesia deberá volver a abrirse a la inversión extranjera en el sector de palma aceitera: el punto 39 exige que Indonesia elimine "todas las barreras formales e informales para la inversión en plantaciones de palma aceitera". Este requerimiento es claramente perjudicial para el medio ambiente, puesto que aumentará en gran medida la presión para convertir bosques en plantaciones. Pese a que el punto 50 exige que el gobierno "reduzca las metas de conversión de tierras a niveles ambientalmente sustentables hacia fines de 1998", dicho requisito es claramente contradictorio con lo que plantea el punto 39.

En agosto de 1999, el gobierno emitió una nueva reglamentación que permitía a las compañías plantadoras establecer cultivos forestales en "bosques de producción no productivos" (bosques con menos de 20 m3 de madera por hectárea), previamente asignados a las compañías madereras. El cuarenta por ciento de estas áreas pueden ser asignadas a cultivos de finca (entre los que se incluye la palma aceitera) y el resto puede ser asignado a plantaciones para producción maderera. Esta reglamentación de hecho incita a las compañías a realizar actividades ilegales para reducir la cobertura forestal por debajo de los 20 m3 por hectárea o simplemente mediante la manipulación de los inventarios forestales, para después solicitar permisos para la plantación de palma aceitera o de árboles maderables. Una reglamentación similar e igualmente polémica había sido anteriormente puesta en práctica para el fomento de monocultivos forestales madereros y la misma ha sido identificada como una de las causas de deforestación en Indonesia.

En el futuro próximo, el desarrollo de las plantaciones de palma aceitera tendrá un porcentaje mucho más alto de propiedad privada extranjera. Es muy probable que los inversores extranjeros pondrán en jaque a la predominancia actual del capital privado nacional, que a su vez reemplazó a las empresas administradas por el estado durante la década de los 80 y principios de los 90 (Potter y Lee, 1998). En 1997, previo al bloqueo a la inversión extranjera en la plantación de palma aceitera, ya se habían concedido permisos a 93 proyectos de empresas privadas extranjeras correspondientes a más de 2,1 millones de hectáreas de tierra, por un valor total de 3.300 millones de dólares. Dichos proyectos eran parte de un total de 612 proyectos, que en conjunto cubrían un área total de 8,7 millones de hectáreas, representando un valor total de 23.550 millones de dólares. El 71% de los inversores extranjeros eran empresas de Malasia, que habían firmado acuerdos de "joint ventures" para el establecimiento de plantaciones en 1,5 millones de hectáreas de tierra. El particular interés de las empresas malayas en Indonesia se explica por el hecho de que las plantaciones de Malasia se encuentran envejecidas, con una producción en descenso, así como por el hecho de que en Indonesia resulta más fácil realizar el desmonte por la carencia de controles y porque las contrapartes indonesias se encargan de la remoción de los árboles nativos (Bobsien y Hoffmann, 1998).

En junio de 1998, después de levantado el bloqueo a la propiedad extranjera, el Directorio General de Plantaciones declaró que 50 inversores extranjeros (40 de los cuales eran malayos) estaban en proceso de desarrollar plantaciones de palma aceitera que abarcarían 926.650 hectáreas en Sumatra y Kalimantan (Jakarta Post, 12/6/98). Otros inversionistas extranjeros importantes provenían de las Islas Vírgenes británicas, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur.

La Ley Básica Forestal de 1967 y la Ley Forestal revisada de 1999 establecen que el estado es propietario de todos los bosques de Indonesia, sin tomar en cuenta los derechos tradicionales y las tradiciones locales. Estas y muchas otras políticas niegan la existencia de habitantes de los bosques, integrados por Pueblos Indígenas y comunidades locales. De acuerdo con los lineamientos de la Ley Básica Forestal, la Política de Uso de Suelos Forestales de 1970 dividió los bosques en las siguientes categorías: 1) bosques de producción (64,3 millones de hectáreas); 2) bosques de protección (30,7 millones de hectáreas); 3) bosques de conservación y preservación (18,8 millones de hectáreas); 4) bosques de conversión (26,6 millones de hectáreas). Las áreas boscosas asignadas para ser convertidas en plantaciones de palma aceitera se ubican en la categoría de bosques de conversión. Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales que ocupan tierras ubicadas en esa categoría se ven obligados a abandonar sus propias tierras, perdiendo así acceso y control sobre su propia tierra y recursos.

A principios de los años 80, el Banco Mundial introdujo el sistema de "Fincas de Núcleo y Pequeños Propietarios" (NES), que constituyen plantaciones a pequeña escala ubicadas en torno a una plantación de gran extensión. Los campesinos que trabajan bajo el sistema NES se han vuelto totalmente dependientes de un producto y del dueño de la plantación (la compañía de palma aceitera), y no tienen poder de negociación importante. Los que no participan en el NES han perdido su tierra y se ven enfrentados a la pobreza.

De acuerdo con la Fundación Indonesia de Asistencia Legal (YLBHI), durante 1998, un total de 827.351 hectáreas de tierra en 14 provincias fueron transferidas de los pobladores locales a inversores privados. Esta transferencia de propiedad y derechos de ocupación dio como resultado que 214.356 hogares perdieran su fuente de ingresos. Si se asume que un hogar está compuesto por 5 personas, el resultado de ese proceso es un total de 1,1 millón de personas que se enfrentan a la incertidumbre de poder satisfacer sus necesidades básicas. Las ochenta empresas de palma aceitera que operan en Sumatra del Sur tienen conflictos de tierras con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Mientras que los informes oficiales afirman que las áreas en conflicto constituyen el 11% del total del área de plantaciones de palma aceitera de Sumatra del Sur, es ampliamente sabido que de hecho el área en conflicto es mucho mayor.

En la mayoría de los casos de conflictos de tierras, las presiones sobre los Pueblos Indígenas y las comunidades locales se pueden categorizar de varias formas, por ejemplo: 1) violencia física con o sin armas; 2) intimidación y terror; 3) destrucción de las pertenencias de la gente (casas y huertos) con maquinaria pesada; 4) calificándolas con el estigma de organización ilegal (acusándolos de ser miembros del Partido Comunista); 5) privación de derechos civiles.

Además, en todos los casos de conflictos de tierra, siempre existe intervención militar. El caso de la empresa London Sumatra es un ejemplo. Treinta miembros armados del ejército atacaron al pueblo Dayak Benuaq (uno de los Pueblos Indígenas en Kalimantan Oriental) mientras realizaba una ceremonia religiosa Nalitn Tautn en el campamento base de London Sumatra. El objetivo de esta ceremonia era el de negociar con la compañía, con un mensaje que planteaba que si la compañía no podía resolver el conflicto sobre la tierra, entonces debía devolver la tierra al uso tradicional del Pueblo Dayak Benuaq. Como resultado de la intervención militar, siete miembros de la comunidad fueron arrestados y otras personas resultaron desaparecidas.

La participación de los campesinos en el desarrollo de plantaciones de palma aceitera en el marco del sistema NES a menudo se realiza en violación de los derechos básicos al trabajo, a la libre elección de empleo, a una remuneración adecuada para subsistir. Cincuenta líderes de Pueblos Indígenas que asistieron a un taller sobre plantaciones de palma aceitera el 16 de marzo de 1999, previo al Congreso de Pueblos Indígenas del Archipiélago, afirmaron que habían sido obligados a participar por la fuerza en actividades de las plantaciones de palma aceitera, en muchos casos mediante intimidación militar. La mayoría de los líderes fueron arrestados y encarcelados cuando se opusieron al proyecto. También mencionaron que ellos y sus pueblos se habían endeudado por primera vez en sus vidas después de integrarse al sistema NES de plantación de palma aceitera.

La violación del derecho a la tierra de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales ha dado como resultado la pérdida de ingresos que anteriormente les brindaba su tierra. Un estudio efectuado por el Instituto Dayakologi de Investigación y Desarrollo (IDRD) concluyó que 2 hectáreas de selva con caucho manejadas por los Pueblos Indígenas usando un sistema tradicional complejo agroforestal en Kalimantan occidental producían como mínimo el doble de ingresos que la misma área plantada con palma aceitera. En este cálculo no se incluyen los ingresos derivados de frutas, productos no madereros y hortalizas que se pueden cosechar en el área de selva con caucho (KaIimantan Review, mayo de 1998).

El desarrollo de plantaciones de palma aceitera bajo el sistema NES ha generado una situación en la que la compañía juega un papel muy dominante en cierto número de áreas críticas, como la asignación de tierras a los campesinos, proporcionar infraestructura de producción, la compra y procesamiento de la producción de los campesinos y la fijación del precio de los productos. Dado que el interés principal de las compañías es obtener el mayor porcentaje posible de ganancias, tienden a reprimir a sus "socios" campesinos. Esta situación crea una gran brecha económica entre estos dos actores. Por ejemplo, un campesino participante de un sistema de transmigración NES en el distrito de Pasir, Kalimantan oriental, mencionó que ahora tiene una deuda de US$ 2.413 a pagar en 13,5 años. Esto lo coloca en una situación extremadamente difícil, dado que recibe sólo US$ 200 anuales por la producción de dos hectáreas de plantación. En el mismo distrito, entre 1992 y 1993, aproximadamente 3.000 hogares perdieron US$ 5 millones porque la compañía destruyó 800 toneladas de fruto fresco de palma aceitera para mantener el precio en el nivel que deseaba (Wirasapoetra, 1999).

Como se afirmó previamente, en 1970 la Política de Uso de Suelos Forestales dividió los bosques en: bosques de producción, de protección, de conservación y preservación, y de conversión. Un informe oficial de 1997 afirmó que el área de bosques de conversión había disminuido de 26,6 millones a sólo 8,4 millones de hectáreas. El resto de los bosques de conversión están ubicados en Papúa Occidental (31,73 %), Maluku (27,38 %), Sumatra (20,04 %), Kalimantan (9,49 %), Sulawesi (9,21 %), Bali y Nusa Tenggara (2,15 %). Comparando el área planificada para la plantación de palma aceitera con las áreas de bosques de conversión disponibles, en Sumatra y Kalimantan se pueden apreciar déficits, mientras que los bosques de conversión en Papúa Occidental y Maluku están sometidos a una presión cada vez mayor. Al disminuir el área de bosques de conversión, la demanda creciente de tierras para el desarrollo de palma aceitera está ejerciendo presión sobre los bosques naturales restantes (que pertenecen a la categoría de bosques de producción).

La política de integrar el desarrollo de plantaciones de árboles madereros y de otros cultivos de árboles dentro de las áreas de bosques de producción, y permitir que una única compañía obtenga los derechos de concesión para el madereo, plantación de árboles para explotación de madera y plantaciones de árboles para otros fines ha alentado a muchas compañías madereras a solicitar permisos para establecer nuevas áreas de plantación de palma aceitera. Además, esta situación es promovida por el Permiso de Utilización de Madera (Ijin Pemanfaatan Kayu, o IPK), que permite a las compañías madereras efectuar la tala total en áreas previamente sometidas al madereo o en áreas boscosas designadas para conversión por el Ministerio de Bosques y Plantaciones. De esta forma, la madera resultante del desmonte se convierte en el interés principal para que muchas compañías madereras soliciten derechos de concesión para plantaciones de palma aceitera, dado que el IPK permite técnicas de cosecha no selectivas, establece royalties mínimos, y no exige arancel para reforestación. En 1998, el Ministerio de Bosques y Plantaciones permitió que cinco compañías madereras propiedad del estado (Inhutani I a V) establecieran nuevas áreas de plantación de palma aceitera con la expectativa de que este nuevo negocio aumentaría los ingresos de esas compañías en poco tiempo (Neraca, 5 de mayo de 1998).

Los bosques tropicales primarios no alterados generalmente no arden debido al alto nivel de humedad que los caracteriza, y no existen causas naturales de incendios forestales, tales como los rayos. Los habitantes indígenas de los bosques poseen técnicas sofisticadas de uso de la tierra y manejo de los bosques, que se adaptan en gran medida a este medio ambiente sensible. Pero cuando los bosques tropicales primarios sufren alteraciones importantes debido a actividades como madereo, minería, conversión a agricultura en gran escala (por ejemplo, uso agroindustrial de la tierra), plantaciones y áreas de asentamiento, estos cambios en el uso de la tierra modifican muchas características ecológicas. Sólo el impacto ecológico del madereo es lo suficientemente grave para producir un aumento importante del riesgo de incendio, especialmente durante las sequías que se producen periódicamente. En 1982/83, se incendiaron aproximadamente 3,5 millones de hectáreas de bosques indonesios, incluyendo cerca de 378.000 hectáreas en Kalimantan Oriental, un suceso que fue muy poco difundido por los medios internacionales de prensa.

El papel del sector de plantaciones de árboles madereros y de otros cultivos forestales como la causa directa más importante de los devastadores incendios forestales de 1997 fue reconocida oficialmente por el gobierno indonesio. El Ministro de Medio Ambiente afirmó que aproximadamente 80% de los incendios fueron iniciados por propietarios de plantaciones, fincas industriales y desmontes vinculados a proyectos de transmigración. El ex Ministro de Bosques, Djamaluddin, anunció que el 46% de los puntos calientes que aparecieron en las imágenes satelitales el 28 de setiembre de 1997 estaban ubicados en tierras concedidas para plantaciones (Jakarta Post, 9 de octubre de 1997 en Schweithelm, J, 1999). Por primera vez, Indonesia ha identificado públicamente posibles culpables. Hasta el momento, 176 empresas plantadoras, madereras, de construcción y proyectos de transmigración han sido mencionados como posibles usuarios del fuego para la limpieza del suelo, a pesar de la prohibición de quema durante la temporada seca inusualmente larga que se produjo. En Indonesia, la plantación a gran escala de cultivos de árboles recurre al fuego como una forma barata de desmontar, y la escala de la quema está en proporción con la propia escala de las plantaciones. Además, es importante destacar que las plantaciones de monocultivos aumentan enormemente el riesgo de incendio, porque los cambios que introducen dan como resultado un ambiente mucho más seco que el existente en los bosques tropicales húmedos.

Muchas plantaciones de palma aceitera fueron identificadas como habiendo utilizado el fuego para desmontar áreas en 1997. Los incendios no fueron sólo empleados como forma de limpiar el terreno, sino en algunos casos se recurrió deliberadamente a ellos para desdibujar los límites de las concesiones y para adquirir más tierras. De las 176 compañías identificadas como posibles sospechosas de los incendios de 1997, 133 eran compañías de plantación de palma aceitera, de las cuales 43 eran malayas.

La industria indonesia de la palma aceitera está controlada por algunas de las familias comerciales más influyentes de Indonesia. En 1997, el sector privado de plantación de palma aceitera estaba dominado por ocho conglomerados indonesios de propiedad de varios empresarios indonesios, la mayoría de los cuales tenían vínculos muy cercanos con la familia Suharto: el Grupo Raja Garuda Mas, el Grupo Astra International, el Grupo Sinar Mas, el Grupo SIPEF, el Grupo Socfin, el Grupo Napan, el Grupo Bakrie y el Grupo Salim. La mayoría de estos grupos también están involucrados en el madereo, en la industria de la celulosa y en otros sectores, así como también en el procesamiento de aceite de palma.

Como se mencionó previamente, la mayoría de las compañías de la industria de palma aceitera tienen vínculos con la familia Suharto. A mediados de los años 80, se formó una joint venture de los Grupos Salim y Sinar Mas en la que participaron dos hijos de Suharto (Sigit Harjojudanto y Tommy Suharto), y el primo de Suharto, Sudwikatmono. Los Grupos Salim y Sinar Mas dividieron su joint venture a fines de los años 80 y cada grupo desarrolló su propia división de aceite de palma. Pero los intereses de la familia Suharto siguieron representados en ambos grupos. Sinar Mas desarrolló entonces su división de aceite comestible en colaboración con el segundo hijo de Suharto, Bambang Trihatmojo, que también tenía participación en una compañía de plantación perteneciente a otro conglomerado, el Grupo Bakrie. También participó en esa colaboración la hermana menor de Bambang, Siti Hediyati. Ella y su cuñado, Hashim Djojohadikusumo, establecieron una joint venture con un magnate sinomalayo, Robert Kuok, para desarrollar una plantación de palma aceitera de 44.000 hectáreas en Sumatra del Sur en 1994. En ese año, la tercera generación de la familia Suharto ingresó en el negocio. Ari Harjo Wibowo, el hijo mayor de Sigit, poseía una compañía que recibía una cuota especial de la Oficina de Logística Indonesia para comercializar 70.000 toneladas de aceite de palma crudo por mes, que es más de la cuota conjunta de los Grupos Salim y Sinar Mas. Cuando Ari decidió que deseaba administrar sus propias plantaciones, el Ministro de Transmigración le proporcionó un contrato para establecer una plantación de palma aceitera de 80.000 hectáreas en Kalimantan Oriental, que utilizaba transmigrantes como mano de obra cautiva. En marzo de 1996, usando sus conexiones de Primera Familia, Ari firmó un protocolo de acuerdo con una corporación comercial paquistaní para exportar aceite de palma crudo por un valor de US$ 1.240 millones a Paquistán (Aditjondro, 1997).

Después de que se levantó el bloqueo a la propiedad privada extranjera en 1998, el Directorio General de Plantaciones declaró que 50 inversores extranjeros (de los cuales 40 eran malayos) estaban en proceso de desarrollar plantaciones de palma aceitera (Jakarta Post, 12 de junio de 1998). Las compañías malayas obtuvieron asistencia financiera de bancos europeos para ampliar sus negocios. Otros inversores extranjeros importantes provenían de las Islas Vírgenes británicas, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur.

Una de las compañías de palma aceitera más rentables es London Sumatra (LonSum), fundada por el grupo británico Harrison and Crosfield en 1906, pero que después fue vendida a una compañía indonesia. A fines de 1997, LonSum administraba 19 plantaciones que abarcaban un total de 54.477 hectáreas, la mitad de las cuales estaban plantadas con palma aceitera. En julio de 1996, LonSum ofreció 38,8 millones de nuevas acciones al público a través de un Ofrecimiento Inicial al Público (OIP) en la Bolsa de Valores de Jakarta y la Bolsa de Valores de Surabaya. LonSum usó los beneficios de la OIP para saldar deudas, financiar una nueva plantación y fortalecer su capital de explotación. Desde entonces ha puesto en práctica nuevos planes de expansión de sus plantaciones. LonSum planea desarrollar 75.000 hectáreas adicionales en Sumatra (70% se plantarán con palma aceitera) y 15.000 hectáreas en Kalimantan (100 % de palma aceitera). Pero el área de tierras será mucho mayor, dado que LonSum establecerá plantaciones del tipo de Fincas de Núcleo, lo que dará a la compañía acceso a un área total de 220.000 hectáreas. Con el apoyo del HSBC Investment Bank de Singapur, LonSum ha obtenido un préstamo de US$ 210 millones de dólares de 29 bancos de diez países diferentes, entre los que se incluyen el Sumitomo Bank de Japón en Singapur, el Bank of Taiwan y Rabobank Indonesia.

Las instituciones financieras internacionales también han mostrado su interés de apoyar la expansión de las plantaciones. El Banco Mundial ofreció proporcionar al gobierno de Indonesia inversiones de apoyo para infraestructura, titulación de tierras y evaluación de riesgos para seguir desarrollando el sector de palma aceitera (Larson, 1996).

En noviembre de 2000, la oferta ganadora de Guthrie Bhd para la adquisición de 24 plantaciones de palma aceitera en Indonesia (por US$ 350 millones), fue un estímulo para algunos inversores. Y en especial para los malayos, que colocaron su inversión mediante la sociedad inversora por obligaciones operada por Permodalan Nasional Bhd (PNB), la organización de inversión más grande del gobierno que controla Guthrie.

Ningún obstáculo impediría que el gigante corporativo estuviera en la lista de seleccionados y finalmente resultara elegido como el comprador de las propiedades que habían caído en poder de la Agencia de Reestructura Bancaria Indonesia (IBRA/BPPN=Badan Penyehatan Perbankan Nasional), de propiedad del estado.

Los activos, que ascienden a un total de más de 260.000 hectáreas en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi, propiedad de un gigante de Indonesia, el Grupo Salim, habían sido transferidos a la IBRA como parte de un acuerdo de liquidar su deuda con el gobierno. El propietario del Grupo Salim, Liem Soe Liong, que ocupara una vez el primer lugar de la lista Forbes de Indonesia, y asociado cercano del ex Presidente Suharto, tuvo que ceder varios de sus activos al IBRA en un acuerdo de canje de deuda, después de ser víctima de la crisis financiera.

El desarrollo de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia ha demostrado con claridad su contribución a la destrucción sociocultural, incluso con violaciones de derechos humanos de los Pueblos Indígenas y comunidades locales. También ha demostrado claramente que contribuye en forma importante al proceso de deforestación y pérdida de la diversidad biológica en Indonesia y otros impactos ambientales, entre los que se incluyen los incendios forestales y la escasez de agua.

Los ambiciosos planes de expansión de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia, promovidos y subsidiados por las políticas gubernamentales y abiertos a la inversión extranjera, contribuirán a aumentar el proceso de destrucción sociocultural y ambiental.

Es necesario tomar en cuenta los puntos de vista de los Pueblos Indígenas que sufren el impacto directo del negocio de la palma aceitera, que resumimos a continuación en las siguientes conclusiones aprobadas durante un taller realizado en Nusantara el 13 de marzo de 1999:

1. Restituir a los Pueblos Indígenas su derecho a los recursos naturales que fueron expropiados, robados y comprados por las compañías de producción de palma aceitera bajo presión armada.

2. Detener la expansión y el desarrollo de plantaciones de palma aceitera a gran escala en los territorios de los Pueblos Indígenas.

3. Detener todo tipo de deuda externa vinculada a la expansión y el desarrollo de plantaciones de palma aceitera a gran escala.

4. Exigir el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas.

5. Crear una red de Pueblos Indígenas de toda Indonesia, especialmente de los pueblos víctima de las plantaciones de palma aceitera.

6. Demandar al gobierno que deje sin efecto todas las reglamentaciones que marginan a los Pueblos Indígenas.

7. Exigir la aplicación de la ley contra las acciones nocivas que deben enfrentar las trabajadoras de las plantaciones de palma aceitera, como comportamientos inmorales y acoso sexual.

8. Demandar a los militares que dejen de desempeñar su doble función (funciones de defensa y función sociopolítica).