"El amargo fruto de la palma aceitera"

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Otros casos en los trópicos: Africa

Como se ha señalado en el capítulo 2, las plantaciones de palma aceitera en Camerún cubren más de 80.000 hectáreas, que se dividen en tres sectores diferentes: 1) Plantaciones a gran escala, con aproximadamente 58.000 hectáreas; 2) Plantaciones de aldeas, que abarcan 12.000 hectáreas y 3) Plantaciones "informales", con cerca de 10.000 hectáreas.

Las plantaciones de aldeas fueron promovidas por el estado para abastecer a las grandes compañías plantadoras y procesadoras propiedad del estado. Se trata de plantaciones que están obligadas por contrato a entregar, a precios de mercado, la totalidad de su producción a las plantas procesadoras de las agroindustrias, actualmente en manos privadas. El "precio de mercado" es obviamente fijado por estas empresas, que a nivel local constituyen monopolios absolutos.

Esta situación ha llevado recientemente a una creciente brecha entre los pequeños productores y las grandes plantaciones. Han aumentado las plantaciones "informales" y la entrega de frutos de palma a las grandes plantas procesadoras ha disminuido progresivamente. Los pobladores locales prefieren procesar ellos mismos sus cosechas o venderlas a pequeñas unidades de procesamiento, de las que habitualmente obtienen un precio mayor y pagos en efectivo. Hasta principios de los noventa, el precio establecido por las compañías se consideraba demasiado bajo, lo que llevó a desviar la producción en pequeña escala hacia otros compradores. Cuando resultó evidente que la producción propia de las agroindustrias era insuficiente para cubrir sus necesidades de procesamiento, éstas se vieron forzadas a aumentar el precio ofrecido a los plantadores externos (de 26-31 francos CFA a 40-50 francos CFA), para asegurar el suministro de materia prima de las plantas procesadoras.

Resulta obvio que la complementariedad entre las plantaciones de las aldeas y las agroindustrias no ha tenido éxito y que la relación entre ambas se basa más en la competencia que en la complementariedad. El simple hecho de que los plantadores locales se rehusen incluso a comunicar la superficie exacta de sus plantaciones a las compañías, explica por sí mismo el tipo de relación que mantienen.

Además es importante destacar que el establecimiento de plantaciones a gran escala a menudo ha estado precedido de la expropiación de tierras de los poblados vecinos, sin compensación adecuada. Según las leyes de Camerún, los campesinos no poseen la tierra por derecho tradicional, y de esa manera la expropiación no exige compensación por parte del estado. Esta fórmula de propiedad de la tierra ya fue utilizada en tiempos de la colonización para expropiar la tierra de los campesinos y después transferirla, sin costo, a los nuevos colonos, que de esa forma podían plantar sus cultivos. Después de la independencia nacional, esa práctica se mantuvo vigente, pero ahora en beneficio de las elites locales.

El establecimiento de grandes plantaciones privadas de palma (generalmente ubicadas en las cercanías de los poblados) exige grandes extensiones de tierras, y se han informado varios casos de conflictos con comunidades locales habitantes del área debido a las modalidades y condiciones de adquisición de tierras por parte de agentes externos, quienes, con el apoyo del gobierno, obtienen tierras sobre las cuales no tenían ningún derecho tradicional previo. Sin embargo, el simple hecho de cultivar una planta perenne, como la palma aceitera, les otorga derechos tradicionales permanentes, garantizando sus derechos en perjuicio de la población local.

Por otra parte, las plantaciones de palma aceitera han producido importantes impactos ambientales, entre los que se destacan la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por el uso de productos agroquímicos. Todos estos impactos tienen como consecuencia la pérdida de las formas de sustento de las poblaciones locales y el deterioro del ambiente en que viven.

Es importante destacar que no está permitido cultivar alimentos dentro de las plantaciones, incluso durante el período inicial de las mismas, cuando la población local podría hacer cultivos intercalados entre las filas de palmas. Es necesario investigar los impactos socioeconómicos y ambientales de estas plantaciones sobre los pueblos y aldeas circundantes en torno a los siguientes temas:

- Disponibilidad de alimentos básicos (la comida es más cara en Limbe), alimentos disponibles en el bosque (los productos no madereros del bosque son caros y deben ser importados de otras partes del país), disponibilidad de materiales para artesanías y oportunidades de ingreso alternativas (los ingresos de los trabajadores de las plantaciones son muy bajos).

- Impactos asociados a la deforestación, tales como las inundaciones que ahora son comunes en la zona (los casos de Limbe y Ekondo-Titi, ocurridos respectivamente en 2001 y 1998).

- Impactos de la contaminación con agroquímicos, dado que existen denuncias de que las empresas están empleando productos químicos prohibidos en los países industrializados en aras de bajar los costos y como resultado de la falta de control por parte del Estado.

- Impactos sobre la salud humana, dado que las plantaciones están localizadas cerca de áreas pobladas y las aspersiones aéreas que se realizan en plantaciones asociadas de banana caen sobre los poblados.

- Impactos asociados al ataque de plagas y a enfermedades infecciosas vinculadas a las plantaciones.

- El encerramiento de los poblados y la inexistencia de oportunidades para su expansión, lo que da lugar al fenómeno del poblamiento de las áreas montañosas, con los consiguientes conflictos en la cuenca.

- Impactos sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo como consecuencia de la descarga de efluentes de la producción de aceite de palma, lo que inutiliza la tierra para toda actividad agrícola. Pese a la existencia de posibilidades para convertir los efluentes en productos útiles, los mismos continúan siendo vertidos al ambiente sin tratamiento previo.

Una vez que se haya llevado a cabo una evaluación de impacto de todo lo anterior será posible proponer alternativas a estos monocultivos de palma bajo un enfoque ambientalmente benigno en torno al uso del suelo en la subregión.
 

En marzo de este año, los plantadores de la unidad de plantación de palma aceitera agroindustrial de Ehania, en Costa de Marfil comenzaron una "acción de huelga por tiempo indeterminado" como presión para obtener un aumento en el precio del aceite de palma. La huelga paralizó las actividades de tres fábricas dedicadas a la recolección y procesamiento del aceite de palma. Los plantadores de Ehania, agrupados en una cooperativa agrícola llamada Palm-Ehania, se manifestaban contra la caída del precio de compra de su producción, que desde enero de 2001 cayó de 23 a 19,07 francos CFA (1 dólar equivale a 700 francos CFA). El vicepresidente de la cooperativa, Ahissi Brou, dijo que "la caída del precio puede forzar a los productores a abandonar las plantaciones." Afirmó que estaban determinados a proseguir su huelga hasta que se cumplieran sus demandas, argumentando que resulta "inconcebible" que el precio de la producción de palma baje mientras el precio de los productos terminados como jabón o aceite de mesa aumenta constantemente.

Esta no es la primera huelga de este tipo y ha habido acciones similares realizadas por cultivadores externos desde la privatización en 1997 de la compañía Palmindustrie, antiguamente de propiedad del estado. Los activos de esa compañía fueron adquiridos por tres grandes compañías privadas: 1) PALMCI (Blohorn-Unilever y SIFCA-Cosmivoire), que adquirió dos tercios de la capacidad de producción de Palmindustrie, incluyendo 9 plantas procesadoras y 35.000 hectáreas de plantaciones industriales; 2) SIPEF-CI, que compró dos plantas procesadoras y 12.700 hectáreas de plantaciones industriales y 3) PALMAFRIQUE, con tres plantas procesadoras y 7.500 hectáreas de plantaciones.

Las plantaciones de esas tres compañías constituyen sin embargo sólo un tercio del área de plantación de Costa de Marfil, donde los pequeños propietarios tienen un total de 135.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera. Esta situación es el resultado del Plan Palmier lanzado en 1963, que trazó un programa para el establecimiento de plantaciones núcleo propiedad del estado (plantations agroindustrielles) y plantaciones en tierras pertenecientes a pequeños propietarios (plantations villageoises). Los fondos proporcionados por el Banco Mundial y el Fondo de Desarrollo Europeo jugaron un papel importante para permitir la instrumentación de este plan. El estado liberó reservas forestales para las nuevas plantaciones y creó un sistema de tenencia de la tierra según el cual cualquier persona que trabajara la tierra podría tener derecho a la propiedad de la misma. Antes de 1984 las plantaciones operadas por la compañía paraestatal Palmindustrie, constituían el 60,3% del área dedicada a la producción de palma aceitera y 39,7% estaba integrado por pequeños propietarios contratados. La situación actual ha cambiado drásticamente, con las compañías teniendo el 30% y los pequeños propietarios el 70% del área de plantaciones.

Aunque ya existen algunos ejemplos de pequeñas fábricas de procesamiento que son operadas por cooperativas, las grandes compañías son los principales compradores de la producción de los cultivadores externos, lo cual, unido a la caída internacional de los precios del aceite de palma, está dando lugar a conflictos como el de la huelga en Ehania. En este caso, la compañía involucrada es PALMCI, cuyos activos en la zona incluyen 11.600 hectáreas de plantaciones y tres plantas procesadoras de aceite, que también procesan la cosecha de alrededor de 22.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios. Esta cuenta con otros activos en el país, entre los que se incluyen:

- en Toumanguié: una plantación de 2.900 hectáreas y una planta procesadora, con un total de plantaciones de pequeños propietarios de 15.000 hectáreas;

- en Irobo: una plantación de 5.300 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 12.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios;

- en Boubo: una plantación de 4.400 hectáreas y una planta procesadora, con un total de10.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios;

- en Blidouba: una plantación de 3.000 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 10.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios;

- en Iboke: una plantación de 5.700 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 10.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios;

- en Néka: una plantación de 2.700 hectáreas y una planta procesadora, con un total de 12.000 hectáreas de plantaciones de pequeños propietarios.

En este contexto, la huelga de Ehania se puede considerar un síntoma de las aspiraciones de aquellos que ahora constituyen la parte mayoritaria de las plantaciones con relación a las tres compañías que poseen la infraestructura de procesamiento y que establecen el precio para la materia prima. La privatización generó las condiciones para esta confrontación y el gobierno no es siquiera un observador neutral, ya que en este caso es accionista de PALMCI. Es difícil predecir el futuro, pero la hipótesis más plausible parece ser que, a menos que los precios del aceite de palma aumenten en el mercado internacional, la conflictividad seguirá aumentando. Y dada la difundida promoción de las plantaciones de palma aceitera en las regiones tropicales, es poco probable que los precios del aceite de palma aumenten.
 

A través de diversas vías, el Banco Mundial es uno de los mayores y más poderosos impulsores del modelo de monocultivos forestales que prevalece actualmente. La Corporación Financiera Internacional (CFI), que forma parte del Grupo Banco Mundial y tiene como cometido específico la promoción de inversiones del sector privado en países "pobres", ha estado invirtiendo directamente en proyectos vinculados a plantaciones forestales, como ser en Kenia y Brasil.

Recientemente la CFI ha suscrito dos acuerdos para financiar sendas iniciativas en Africa Occidental. Una de ellas consiste en la reapertura de una compañía productora de caucho en Liberia, que había cerrado sus puertas durante la guerra civil, mientras que la otra se trata del establecimiento de una plantación de palma aceitera en Costa de Marfil.

La empresa Liberian Agricultural Company (LAC) recibirá un préstamo por US$ 3,5 millones para desarrollar una plantación de caucho en su establecimiento de 120.000 hectáreas. Entre 1961 y 1984 la compañía ya había plantado caucho en ese lugar, en una extensión de 10.500 hectáreas, que fueron abandonadas debido a la guerra civil. De acuerdo con sus promotores, el proyecto habrá de generar empleo, suministrar servicios de salud y educación y mejorar la infraestructura del medio rural, beneficiando así a 800 pequeños campesinos.

La mayor empresa productora de caucho de Costa de Marfil -Societé des Caoutchoucs de Grand Bereby (SOGB)- recibirá US$ 6 millones como préstamo de la CFI para establecer una plantación de palma aceitera en ese país. La misma habrá de ocupar una superficie de 5.000 hectáreas y en una segunda fase del proyecto, la empresa construirá una planta de fabricación de aceite para procesar la materia prima. Se ha subrayado que las nuevas plantaciones habrán de respetar las zonas ocupadas por bosques tropicales secundarios, cuya protección SOGB ha garantizado. Esta empresa ya maneja 15.000 hectáreas de plantaciones de caucho y procesa la materia prima, principalmente con destino a la exportación.

La globalización del modelo de plantaciones es una realidad, también en lo que respecta al caucho y la palma oleaginosa. La Compagnie Internationale de Cultures (Intercultures) -una filial de la Societé Financière des Caoutchoucs (SOCFINAL S.A.)- es dueña del 75% de las acciones de Liberian Agricultural Company. SOCFINAL es un holding con sede en Luxemburgo, que hace negocios en agricultura, haciendas, banca y finanzas, y posee diferentes empresas productoras de palma aceitera y caucho no sólo en Liberia y Costa de Marfil, sino también en Indonesia, Malasia, Camerún y Nigeria. En el proyecto de producción de caucho en Liberia también participa PROPARCO, que es la oficina encargada de los préstamos al sector privado de la agencia francesa de desarrollo Agence Française de Développement. A su vez tanto Intercultures como PROPARCO son accionistas en SOGB.

El Sr. Tei Mante, Director del Departamento de Agricultura de la CFI, ha manifestado que estos acuerdos habrán de llevar a la creación de más empleos y a mayores niveles de vida, y que habrán de promover las exportaciones para obtener divisas, practicando a la vez una agricultura con máxima sensibilidad hacia el ambiente. Todo esto suena increíblemente hermoso ... salvo que la realidad muestra un panorama completamente diferente. Las promesas de una mayor calidad de vida para las comunidades locales, de mejoramiento de las economías de los países pobres, de respeto al ambiente, etc. han estado en flagrante contradicción con las consecuencias negativas para la gente y para el ambiente que traen consigo este tipo de proyectos basados en vastos monocultivos forestales. Los puestos de trabajo escasos y de mala calidad que tales proyectos generan, rara vez mejoran la calidad de vida de la población local. Los impactos ambientales provocados por los monocultivos forestales en gran escala llevan a una profundización del empobrecimiento de ésta. Si el Banco Mundial realmente desea cumplir con su mandato de aliviar la pobreza, debería empezar por reorientar sus préstamos hacia inversiones que ofrezcan oportunidades de empleo mejores que las generadas por este tipo de plantaciones.
 

En más de 125.000 hectáreas de tierra de Ghana se cultiva palma aceitera, principalmente bajo el modelo de plantación núcleo, que consiste en una gran plantación rodeada por plantaciones de menor tamaño establecidas en tierras de campesinos locales.

Las plantaciones a gran escala fueron instrumentadas por el Estado a expensas de las tierras de las poblaciones locales, a los que se pagó poca o ninguna compensación por los viviendas, campos y fincas que perdieron, junto con distintos derechos de uso o propiedad de la tierra. Como era de esperarse, esto produjo resistencia social, como en el caso de la dramática negativa de los emigrantes campesinos Ningo de Atobriso y Okaikrom a permitir la entrada a los funcionarios del gobierno y de la Ghana Oil Palm Development Company a las tierras que habían adquirido. La resistencia de los campesinos también incluyó el robo de frutos de palma de las plantaciones y actos de sabotaje, lo que determinó el reforzamiento de la seguridad a un costo elevado para las empresas plantadoras.

Pero según el investigador ghanés Edwin A. Gyasi, "quizás el efecto negativo más grave ha sido la rápida transformación del ecosistema boscoso y su economía tradicional basada en la ecología, diversificada y resistente, en un sistema de monocultivo artificial vulnerable. La inestabilidad, los riesgos y las incertidumbres son rasgos inherentes del medio ambiente natural, que los campesinos reconocen. Tradicionalmente los campesinos intentan reducir a niveles mínimos estos riesgos ambientales, combatir la erosión del suelo, optimizar la utilización de los distintos nutrientes del suelo y mejorar la seguridad alimentaria combinando cultivos de variable grado de sensibilidad ambiental y valores nutritivos diferentes, y mediante otras formas de diversificación agrícola y minimización del riesgo. La agricultura indígena diversificada, resistente, modelada en el ecosistema forestal y basada en principios de agricultura ecológica, nacida del conocimiento íntimo de los campesinos del medio ambiente natural, está siendo reemplazada por el riesgoso sistema de monocultivo, con consecuencias devastadoras para el ecosistema boscoso".

Entre los impactos principales, se registraron los siguientes:

- escasez de alimentos básicos locales.

- la vulnerabilidad de los monocultivos de palma a plagas de insectos y enfermedades, que han experimentado invasiones de insectos inusualmente masivas y destructivas.

- la dificultad para comercializar el fruto y el aceite de la palma, asociada a carencias para la comercialización de una producción incrementada.

- la deforestación y posterior aumento de costos y escasez de productos forestales como carne de animales nativos, plantas medicinales y madera, un importante material de construcción y fuente básica de combustible.

- el costo alto, el suministro errático y el efecto contaminante de las sustancias agroquímicas utilizadas para aumentar el rendimiento de la palma y para controlar plagas y malezas, especialmente en las plantaciones grandes.

- la contaminación ambiental producida por los desechos del fruto de la palma y los efluentes del proceso de industrialización.

En suma, aunque las plantaciones de palma aceitera a gran escala puedan parecer una opción atractiva debido a su capacidad de acelerar la producción agrícola y el crecimiento agroindustrial, son básicamente vulnerables y tienen efectos adversos sobre los derechos tradicionales de uso y propiedad de la tierra, sobre la seguridad alimentaria y del combustible y sobre el medio ambiente natural.
 

La palma aceitera es nativa de la planicie costera de Nigeria, habiendo migrando después hacia el interior como cultivo básico. En el caso de Nigeria, el cultivo de palma aceitera es parte de la forma de vida (y por cierto de la cultura) de millones de personas. Pero durante las últimas décadas el país se ha convertido en un importador neto de aceite de palma. Mientras que a principios de los años sesenta la producción de aceite de palma de Nigeria constituía el 43% de la producción mundial, actualmente sólo es el 7% de la producción total global.

Al contrario de la situación de los peso pesados de la palma aceitera Malasia e Indonesia (cuya producción se basa en monocultivos a gran escala), en Nigeria el 80% de la producción proviene de pequeños propietarios dispersos que cosechan plantas semi-silvestres y utilizan técnicas de procesamiento manuales. Varios millones de pequeños propietarios están diseminados en una superficie estimada de 1,65 millones de hectáreas en la región sur de Nigeria. La palma aceitera se cultiva en forma mixta con cultivos alimentarios como mandioca, boniato (camote, ñame) y maíz.

En un intento de emular las "historias de éxito" de los dos países mencionados, Nigeria trató de instrumentar plantaciones a gran escala, que fallaron completamente. Fue el caso del proyecto Cross River State en los años sesenta, y del "programa de desarrollo rural del cinturón de palma aceitera" financiado por la Unión Europea en los años noventa. Este proyecto incluía la plantación de 6.750 hectáreas de palma aceitera dentro de un área considerada como uno de los bosques tropicales más grandes que quedan en Nigeria. A pesar de la oposición local, el proyecto avanzó y la financiación de la UE se suspendió recién en 1995, siete años después de su aprobación.

El proyecto fue instrumentado por una compañía llamada Risonplan Ltd., en parte propiedad del gobierno. La compañía se adueñó de tierras propiedad de las comunidades locales sin su consentimiento y con una compensación mínima. Una vez asegurada la tierra, Risonpalm construyó un dique enorme y arrasó con excavadoras muchos miles de hectáreas del área del proyecto para el cultivo. Los bosques, fincas y cementerios de las poblaciones locales fueron destruidos, se envenenaron los estanques de peces, se aplicaron plaguicidas prohibidos en Europa y surgió el problema de la tenencia de la tierra. El dique y los canales de drenaje alteraron considerablemente la hidrología de la zona, lo que ya ha producido la muerte de árboles. La proliferación de carreteras llevó a un aumento del madereo y la caza, y probablemente todos los árboles maderables maduros serán cortados en un futuro cercano. Como reveló la propia revisión a mediano plazo de la Comisión Europea, el uso de maquinaria pesada causó la compactación del suelo. Las poblaciones locales efectuaron huelgas e intentaron obstruir el proyecto, lo que según concedieron los asesores de la Comisión era "el único medio efectivo de expresar su descontento".

Otros proyectos a gran escala tuvieron como resultado impactos similares y también sufrieron fracasos similares. Es así que la situación parece estar en un punto muerto, en que ni los monocultivos ni las pequeñas fincas parecen dar solución al problema de la escasez de aceite de palma en uno de los países de donde proviene la palma aceitera. Pero según pobladores locales experimentados, sería posible encontrar una solución al problema si se aplicaran e instrumentaran políticas adecuadas, según ciertas pautas, como por ejemplo:

- No se deben instrumentar monocultivos a gran escala porque deterioran el suelo (y en muchos lugares también el agua), destruyen los ecosistemas, socavan la sociedad humana y son una forma ineficaz de producir recursos.

- Se deben efectuar inversiones en términos de tecnología y capacidad de procesamiento. La capacidad de las prensas tradicionales es muy baja. La eficiencia de esos métodos es menor que la de los molinos modernos y las tasas de extracción de aceite varían de 20% a 50%, en comparación con el 90% en Malasia.

- Se deben orientar las inversiones hacia cooperativas de productores y pequeños productores, donde el cultivo de palma aceitera se sigue efectuando mediante la manipulación de pequeños bosques "silvestres", como parte de una agricultura mixta y como plantaciones pequeñas de una o dos hectáreas.

- Se debe maximizar la producción de las plantaciones existentes, para que no se requieran plantaciones nuevas, y devolverlas a los propietarios originales de las tierras bajo la forma de bloques para pequeños propietarios, lo que inevitablemente las convertirá en ecosistemas agrícolas más mixtos y viables.

El enfoque descrito es esencial para la eliminación de la pobreza y para proporcionar poder económico a las poblaciones locales, sirviendo al mismo tiempo a los intereses del país en su conjunto.
 

Malasia es el principal productor y exportador de aceite de palma a nivel mundial, generando el 50% de la producción del globo, el 85% de la cual se destina a la exportación. En el continente africano Nigeria es el país con mayor superficie de plantaciones de palma, contando con por lo menos 350.000 hectáreas de cultivo. De acuerdo con noticias recientes, una empresa malasia habrá de invertir en el sector productor de aceite de palma en Nigeria, con el apoyo de los gobiernos de ambos países.

Sime Darby Plantations -la mayor empresa productora de palma aceitera de Malasia- establecerá próximamente una refinería procesadora en el estado nigeriano de Cross River. La decisión fue tomada como resultado de una visita de cinco días a ese estado por parte de una delegación malasia. La visita siguió a la que realizó el gobernador de ese estado a Malasia hace algunos meses y se efectuó a instancias del Primer Ministro de Malasia.

El jefe de la delegación malasia anunció la intención de establecer la refinería poco después de haber inspeccionado las plantaciones de palma existentes en varios puntos de Cross River. El mismo reveló la intención de Sime Darby Plantations de aportar parte del nuevo know-how tecnológico para el procesamiento de palma aceitera y se lamentó del estado obsoleto en que se encuentra el equipamiento en algunos de los establecimientos que visitó.

Asimismo elogió al gobierno del estado de Cross River por promover y generar el ambiente necesario para este tipo de negocios. La delegación visitó la Zona de Procesamiento para la Exportación, donde el gerente general les aseguró la existencia de importaciones y exportaciones exentas de impuestos. También visitaron el puerto marítimo de Calabar.

De manera que todo parece estar pronto para esta inversión. Hay sin embargo dos preguntas que deben formularse. La primera está relacionada con la propia empresa malasia. ¿Cuál es el negocio de Sime Darby? De acuerdo con la página web de la compañía, se trata de "el mayor y más antiguo conglomerado empresarial de Malasia" y "es propietaria o tiene intereses en más de 270 empresas, especialmente en Asia. El núcleo de sus actividades es la distribución de automóviles (BMW, Ford, Land Rover) y equipo pesado (Caterpillar), la producción de artículos terminados de caucho (principalmente neumáticos), plantaciones (palma, caucho, cocoa y frutales), el desarrollo inmobiliario y el comercio. Sime Darby está también adquiriendo plantas de generación de energía.

En relación con la palma aceitera, lo que se expresa a continuación resulta revelador: "La compañía confía en que la diversificación de sus propiedades le asegurará un crecimiento seguro. En tanto los precios del aceite de palma siguen bajando, lo que afecta al negocio de las plantaciones, hay una demanda creciente de los automóviles y el equipo pesado distribuido por Sime Darby". El gobierno nigeriano debería tener en cuenta lo anterior antes de subsidiar a dicha empresa con "importaciones y exportaciones exentos de impuestos". Si los precios del aceite de palma caen, Sime Darby habrá de ganar dinero con sus otras actividades, pero ¿qué habrá de suceder con Nigeria?

La otra pregunta está vinculada a la palma aceitera en si misma. Las plantaciones de palma se están expandiendo en la zona tropical y en todos los casos en que se establecen plantaciones en gran escala de este cultivo se generan importantes impactos sociales y ambientales. Los puestos de trabajo que genera son pocos, estacionales, mal pagos y con malas condiciones laborales. A las poblaciones locales se las priva de sus medios de vida y a nivel local la tasa de empleo tiende a decaer. Los impactos sobre el agua, el suelo y la biodiversidad son generalizados y en algunos casos van de la mano con altas tasas de deforestación. ¿Puede llamarse desarrollo a esto?

El 13 de junio de este año, Amnistía Internacional emitió un informe titulado "Myanmar. Minorías étnicas: blanco de la represión." El informe afirma que durante los últimos 13 años, esa organización ha documentado "el uso generalizado del trabajo forzado de minorías étnicas por parte del ejército de Myanmar" y añade que "quizás la violación más común de los derechos humanos de las minorías étnicas es el trabajo forzado de civiles, que tienen muchas más posibilidades de ser capturados por el ejército que el grupo mayoritario birmano".

Según Amnistía Internacional, "existen dos grandes tipos de trabajo forzado: el primero es el acarreo de cargas pesadas para el ejército por terrenos difíciles durante días o semanas seguidas. El segundo tipo es el trabajo en proyectos de construcción como carreteras, vías férreas y represas. Hombres, mujeres y niños son tomados como mano de obra y casi nunca se les paga por su trabajo".

Organizaciones como La Unión Nacional Karen y la Coalición Birmania Libre han identificado a las plantaciones de palma entre las muchas actividades llevadas a cabo en forma forzosa por las poblaciones locales. En febrero de 1999, el Vicepresidente del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC por sus siglas en inglés, el régimen militar de Birmania), el General Maung Aye realizó un viaje de campo, acompañado por empresarios nacionales, para ganar "tierras disponibles, vírgenes y en barbecho" para cultivos en la región de Taninthayi. El General Maung Aye afirmó que "la tierra entre Kauthaung y Myeik es adecuada para el cultivo de palma aceitera comestible a escala comercial, y si los empresarios locales establecen plantaciones de palma aceitera en miles de acres, seguramente la región de Taninthayi se convertirá en el "centro de aceite comestible" del país, al igual que en la región de Magway". Aseguró que el gobierno brindaría apoyo para lograr el éxito de los empresarios locales instrumentando los proyectos de acuerdo con los objetivos económicos del Estado. Los empresarios locales también explicaron el plan tentativo para cultivar palma aceitera en 400.000 acres en la región y los sitios elegidos.

El Vicepresidente ciertamente ha mantenido su promesa de "brindar apoyo". El 27 de julio de 2000, las tropas del SPDC ordenaron a los pobladores de Thagyet y Kyeinchaung que trabajaran en una plantación militar de palma aceitera en la zona de Kyeinchaung. 70 personas de Thagyet, 50 de Nyaungbingwin, 30 de Thebotleik, 50 de Kamukru, y 30 de Kyauktalone fueron obligadas a ir y trabajar en turnos. La plantación de palma aceitera tiene una extensión de 55.500 acres.

Desde enero de 2001, el SPDC ha iniciado otra plantación de palma aceitera en el municipio de Tanawthiri (Taninthayi), distrito de Mergui, en la región de Tenasserim. El área que se piensa desmontar está en las cercanías de los poblados de Thaboleik, Leikpu, Htihpo-awmay, Kabawplaw al este de la ciudad de Taninthayi y se ordenó a los habitantes de poblados cercanos que desmontaran el lugar de la plantación. Todavía no se conocía la superficie de la plantación. Las autoridades del SPDC están trabajando para la empresa Yan Naing Myint Co. y han ordenado a su milicia local que se responsabilice por la operación. El SPDC ordenó que se plantaran árboles jóvenes de palma aceitera en todas las parcelas de los poblados locales de las cercanías cuando el sitio estuviera preparado. Cada familia debía ir y plantar árboles jóvenes desde el principio al final.

Éste es claramente el caso más extremo de explotación y violación de los derechos humanos relacionado con plantaciones de palma aceitera, y la comunidad internacional debe tomar conciencia de la situación. Las organizaciones que luchan contra los monocultivos de palma aceitera en gran escala deben tomar el caso de Birmania para prestar apoyo a estas comunidades que sufren tales abusos.
 

Plantaciones de palma aceitera en Camboya
por Chris Lang

A principios de 1999 la Autoridad Municipal de Phnom Penh trasladó a 99 familias de un asentamiento informal, ubicado detrás de la embajada rusa en esa ciudad, hacia Monorom 1, una nueva aldea construida a 150 kilómetros de allí. Dado que se les prometió trabajo en una plantación de palma, nueva casa y dos hectáreas de plantación de palma a cada uno, muchos de los ocupantes se mostraron deseosos de mudarse. La publicidad oficial colocada por las autoridades de Phnom Penh, anunciando que parte del área ocupada sería transformada en un parque, alentó aún más a la gente a aceptar el traslado.

Monorom 1 está constituida por 99 casas de madera, construidas en fila, la mitad de ellas con techo azul y la otra con techo rojo, cada una con un pequeño predio adyacente. Las autoridades construyeron también un mercado y una escuela en la aldea.

La compañía que instaló la plantación -Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co. Ltd- es una joint-venture entre Mong Reththy y tres socios extranjeros. Mong Reththy, uno de los hombres más ricos de Camboya, es dueño del 60% de la compañía, en tanto el resto se reparte entre Borim Universal Co. Ltd. (Corea del Sur, 20%), Kim Tat Send Group Pte. Ltd. (Singapur, 10%) y Lavanaland Sdn. Bhd. (Malasia, 10%).

La inversión -de US$ 12 millones- consiste de una plantación de palma aceitera de 3.800 hectáreas y de una fábrica para el procesamiento, que será terminada en el 2002. El 70% de su producción será destinado a la exportación, mayormente a China y Corea del Sur, en tanto el resto irá para los fabricantes locales de jabón.

En febrero de este año, Mong Reththy manifestó a Reuters que las plantaciones habrían de emplear a 3.000 personas. Sin embargo la gente traída de Phom Penh a trabajar en la plantación tiene otra historia que contar.

Long Saran, una de las personas que se mudaron a la nueva aldea, fue despedido en abril pasado. "Cuando las 99 familias se mudaron de Phnom Penh, unas 50 personas consiguieron trabajo en la compañía, en tanto el gobierno nos había prometido que todos tendríamos trabajo allí" manifiesta. Otro de los aldeanos informa que actualmente menos de diez personas de Monorom 1 tiene efectivamente trabajo en la plantación.

Ninguno de ellos recibió las dos hectáreas de palma prometidas. En todo caso la empresa no se las otorgará gratuitamente, sino que ha ideado un mecanismo para mantenerlos cautivos. En efecto, los aldeanos comenzaron su nueva vida en Monorom 1 con una deuda inicial de U$S 4.430 con la compañía, por lo cual ésta retendrá el 30% del ingreso generado por las dos hectáreas de plantación de cada uno de los campesinos hasta que la deuda sea saldada.

Si bien en octubre de 1998, antes de que los aldeanos fueran trasladados, Pho Vuthy -gerente de la plantación- manifestó al Phnom Penh Post que se permitiría el cultivo de arroz, frijol y maíz entre las filas de los árboles, a efectos de complementar el ingreso de los trabajadores durante los tres primeros años, lo cierto es que luego de un año la empresa lo prohibió, aduciendo que ello significaba un riesgo de incendio para las plantaciones.

Los campesinos aspiran a que Chea Sopahara -Gobernador de Phnom Penh- y el Primer Ministro Hun Sen visiten Monorom 1 y se enteren de su problemática. "El gobierno debería cumplir sus promesas y dar trabajo. Conversando con la gente de aquí podrán encontrarse soluciones. En caso de que no se tome ninguna medida, los campesinos elevaremos una protesta al gobierno a efectos de que encuentre una solución al problema", dijo Long Saran.

Mong Reththy estableció sus plantaciones en tierras ocupadas por bosques o utilizadas por los habitantes de una de las cuatro aldeas de la zona. Por ejemplo, casi todas las 300 familias de la aldea de Tanei perdieron sus tierras a manos de la compañía. La aldea tuvo que trasladarse a un área próxima a la Ruta Nº 4, que une Phnom Penh con Sihanoukville, donde mucha gente trata de ganarse la vida vendiendo refrescos y frutas en pequeños comercios ubicados a los bordes de la carretera.

Muchos de los campesinos sienten que han sido engañados por la empresa para renunciar a sus tierras. Uno de ellos, cuya tierra quedó en manos de la compañía, sin haber nunca recibido compensación alguna, manifiesta: "El jefe de la comuna nos hizo colocar la impresión digital en una declaración, pero hasta ahora no hemos recibido nada. El gobierno dio dinero a la empresa, pero todos los meses ésta nos dice que nos pagará al mes siguiente. Esta situación ya lleva un año". Otros campesinos recibieron el pago por sus tierras pero no por los árboles que habían plantado allí.

En julio ppdo. Mong Reththy manifestó al Phnom Penh Post que su compañía todavía tenía la intención de dar tierra a los aldeanos. "Les daremos la tierra cuando ellos tengan dinero suficiente para comprar la semilla para sembrar. Daremos tierra a todos los que quieran cultivarla y tengan dinero para plantar" dijo.

Mientras tanto, la mayoría de las familias de Monorom 1 está sin trabajo, sin más alternativa que recoger leña de los bosques vecinos para venderla en Phnom Penh o mudarse nuevamente a la ciudad con la esperanza de encontrar allí trabajo.
 

Camboya: las promesas incumplidas de una plantación de palma aceitera
por Chris Lang

Seis meses después que Mong Reththy realizara sus manifestaciones en el Phnom Penh Post, escribió a la revista Watershed, explicando que: "La promesa de dos hectáreas de plantación de palma aceitera continúa siendo una de las máximas prioridades de la compañía. La compañía procura de todas las formas posibles conseguir un préstamo con bancos nacionales e internacionales a estos fines". Mong Reththy afirmó que esto era una prueba de que su compañía estaba "más que dispuesta a cumplir".

Han pasado más de dos años y los pobladores todavía están esperando las parcelas de dos hectáreas prometidas. En junio de 2001, Bok Chhiv Tor, Coordinador de proyectos de Mong Reththy, quitó importancia al problema, afirmando que "los pobladores pueden hacer libremente lo que deseen para ganarse la vida. Si eligen trabajar para la compañía, les daremos empleo". Añadió que "realmente no sabemos cuántos de los pobladores están actualmente empleados por la compañía".

Las tierras utilizadas para las plantaciones de palma aceitera eran bosques o tierras de cultivo, según afirman los pobladores de la zona. En el poblado de Tanei, casi la totalidad de las 300 familias que lo integran perdieron sus tierras debido a las plantaciones de la compañía. Muchos no han recibido compensación alguna por parte de la compañía. Bok Chhiv Tor afirma que antes de que llegara la compañía, la tierra "estaba vacía, y que fue una concesión otorgada por el Gobierno Real".

En febrero de 2001, se incendiaron más de 6.500 árboles de palma aceitera en las plantaciones de Mong Reththy. Mong Reththy declaró al periódico camboyano Rasmey Kampuchea, que el fuego había sido iniciado en forma deliberada, afirmando que había comenzado simultáneamente en dos lugares distintos. Los árboles de palma aceitera quemados habían sido plantados en 1997, y estaban comenzando a dar fruto. La compañía estimó las pérdidas en unos US$ 70.000.

Hasta el momento, la empresa de palma aceitera no ha obtenido ganancias. Se comenzaron a cosechar los primeros frutos, pero sin una fábrica para procesarlos, la cosecha del primer año simplemente se echó a perder.

Se espera que la planta procesadora, con un costo de 5 millones de dólares, esté finalizada para el 2002, pero no está claro de dónde vendrá el dinero. Mong Reththy actualmente está negociando con el gobierno en un intento de obtener ayuda para financiar la fábrica. En mayo de 2001, Mong Reththy declaró al periódico Cambodia Daily, "Si la planta no se termina, voy a perder otro millón y medio de dólares en 2002". Dijo que hasta ahora el proyecto de la plantación le ha costado 10 millones de dólares, y que este año perdió 1 millón de dólares.

En marzo de 2001, el periódico Rasmey Kampuchea informó que el Ministerio de Agricultura no estaba a favor del proyecto de plantaciones de aceite de palma, argumentando que "no daría resultados positivos". Mientras tanto, las actividades de Mong Reththy se centran en su plantación de mandioca de 1.800 hectáreas.

La compañía no ha logrado beneficiar ni a la población local ni a la gente que trasladó desde Phnom Penh. Los pobladores que habitan en el área de las plantaciones han perdido sus tierras y bosques a manos de la compañía sin recibir ningún tipo de compensación. De las personas trasladadas desde Phnom Penh, supuestamente para trabajar para la compañía, muy pocas recibieron trabajo y ninguna recibió la tierra que la compañía les prometió. Incluso perdieron las formas de sustento precarias que tenían en Phnom Penh. ¿Quién compensará a todas esas personas? ¿Estará la compañía "más que dispuesta a cumplir" con esa responsabilidad?
 

La provincia de Jambi, en Sumatra, es una de varias zonas donde el recientemente investido gobierno regional está impulsando una importante expansión de las plantaciones de palma aceitera. El gobernador provincial anunció planes para desarrollar un millón de hectáreas de palma aceitera en la provincia hasta el año 2005. El año pasado, las autoridades provinciales amenazaron con cancelar las licencias de 49 compañías plantadoras a las que se había asignado más de 700.000 hectáreas en Jambi y todavía no las han plantado con palma aceitera. En diciembre, el embajador de Malasia en Indonesia anunció que las compañías malasias estaban preparadas para hacerse cargo de aproximadamente 356.300 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en la provincia, ante el incumplimiento de los actuales arrendatarios.

Jambi tiene actualmente unas 265.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera, de las cuales 200.000 hectáreas estaban en producción el año pasado. Se produjeron cerca de 320.000 toneladas de aceite de palma crudo en 13 plantas procesadoras con una capacidad total de 640 toneladas por hora.

En enero el gobernador Zulkifli firmó un Protocolo de intención con un consorcio de capitales estadounidenses, británicos y suizos, Asian Jade Venture Ltd, con sede en Johor Baru, Malasia. El contrato cubría inversiones de US$ 500 millones en plantaciones de palma aceitera, industrias de procesamiento de materia prima, un puerto, una ciudad nueva, y también en los sectores de turismo y pesquería.

WALHI Jambi, una ONG ambientalista local, ha emitido una declaración de rechazo al programa que prevé la plantación de un millón de hectáreas con palma aceitera, argumentando que destruiría los bosques y acabaría con las formas de sustento sostenibles de las comunidades que habitan cerca de los bosques. WALHI también acusó a las autoridades de no indicar dónde se desarrollarán las nuevas plantaciones y afirma que no existe tierra disponible para desarrollar un área de cultivo tan grande. Para WALHI el objetivo central debe ser mejorar las condiciones en las plantaciones de palma aceitera ya existentes y resolver los conflictos entre los campesinos y los propietarios de las plantaciones.

Las declaraciones de prensa de WALHI (y las aparentes vacilaciones de Asian Jade Ventures Ltd.) han provocado una respuesta furiosa del gobernador Zulkifli. Éste acusó a la ONG de estar en contra de las inversiones, del progreso y de la autonomía regional. Se cree que el gobernador y sus partidarios están detrás de una campaña de intimidación, iniciada por sospechosas "ONGs" que exigen la clausura de WALHI. Este operativo incluyó el transporte en camión de 300 manifestantes hasta la sede de WALHI, y la emisión de declaraciones de apoyo al programa del gobernador.
 

Durante años el pueblo indígena Dayak ha estado defendiendo sus bosques y medios de vida contra las actividades depredatorias del madereo, las plantaciones de palma aceitera y de eucalipto promovidas por el gobierno de Malasia y el del estado de Sarawak. En una lucha desigual, las comunidades locales (apoyadas por ONGs sociales y ambientales de Malasia y de todo el mundo) han resistido la destrucción de la selva y la instalación de plantaciones. El tema de la tenencia de la tierra y del reconocimiento de los derechos tradicionales constituye el telón de fondo de esta disputa. En defensa de sus derechos, los pobladores locales han sido frecuentemente víctimas de presiones y brutalidad por parte de las fuerzas del gobierno.

En el pasado mes de abril, miembros de las "longhouses" (literalmente, "casas largas", donde moran los miembros de la aldea) de Rumah Ketip, Rh Lanyau, Rh. Mulok, Rh. Anchih, Rh. Lipo y Rh. Madak realizaron una acción directa de protesta contra las operaciones de madereo en sus territorios tradicionales en la zona del alto Balingian del Distrito Mukah en la División Sibu, Sarawak. La misma consistió en conformar una muralla humana con la finalidad de impedir que la empresa "Always Yield" siguiera con sus actividades de corta en esas tierras. La acción fue precedida por reiterados e inútiles reclamos ante autoridades gubernamentales y la policía a efectos de frenar la actividad de los intrusos.

Por otra parte, las comunidades de la zona están resistiendo el establecimiento de plantaciones de palma en sus territorios ancestrales por parte de la compañía Novelpac. Malasia es el principal productor mundial de aceite de palma y la invasión de estas plantaciones tiene una historia larga de impactos sociales y ambientales, que comienza con la expropiación de la tierra de las comunidades locales. Si bien las plantaciones pueden parecer a primera vista una actividad positiva en comparación con el madereo, en realidad son peores, dado que la ocupación de la tierra adquiere un carácter permanente. Como dijo un lugareño: "Las madereras destruyen nuestra selva y se van. Las compañías plantadoras destruyen nuestra selva ¡y se quedan!"

En los conflictos entre compañías plantadoras de palma y comunidades locales, el gobierno siempre está de parte de las primeras, forzando así a las comunidades a recurrir a diferentes formas de resistencia. Muchas de esas acciones derivan luego en procedimientos judiciales. Uno de esos casos es el de un grupo de 30 Iban procedentes de diversas aldeas del área del Bakong en Baram. En 1997 impidieron que la empresa plantadora Empressa y su contratista Segarakam se introdujeran en sus territorios tradicionales, donde éstas tenían intención de destruir sus cultivos para instalar una plantación de palma. Tras haber esperado infructuosamente alguna respuesta o asistencia por parte de las autoridades, a los Iban no les quedó otra opción que ejercer su derecho a la defensa propia para proteger sus tierras y cultivos, por lo que detuvieron tres bulldozers de la compañía.

Tras una denuncia presentada por la empresa a la policía, argumentando que los Iban habían robado los vehículos, personal policial intentó ingresar a la aldea de los Iban para detener a su jefe por ese supuesto delito y recuperar los bulldozers. Los Iban resistieron la detención sosteniendo que fue la empresa la que invadió su territorio tradicional y destruyó sus cultivos. En la escaramuza la policía disparó varias veces sobre los indígenas, tres de los cuales fueron alcanzados por los disparos. Uno que recibió un tiro en la cabeza murió en el acto.

No contentas con tener la policía de su lado, las empresas contratan matones para atemorizar a los pobladores. Esta política no ha hecho más que traer consigo más violencia y más juicios. 19 Iban de Ulu Niah fueron acusados de la muerte de cuatro gángsters de nacionalidad china pagados por una empresa plantadora para intimidar y hostigar a los Iban por oponerse a las plantaciones en sus tierras.
 

Malasia es el mayor productor y exportador de aceite de palma del mundo. Sin embargo, el desarrollo de ese sector no sólo no está beneficiando a las poblaciones locales, sino que las está perjudicando gravemente, en particular en el estado de Sarawak. Este cultivo, que genera enormes ganancias para algunas grandes empresas vinculadas al gobierno y a las elites locales, resulta sin embargo en graves impactos sociales y ambientales que afectan a la mayoría de la población, provocando conflictos sociales que casi siempre resultan en violaciones de los derechos humanos.

Las empresas madereras han estado destruyendo el bosque tropical mediante la tala indiscriminada, causándole daños irreparables. Sin embargo, su accionar fue sólo el prólogo de algo peor. En efecto, a medida que los recursos madereros fueron disminuyendo y que la demanda mundial de aceite de palma se incrementó, muchas compañías madereras han ido optando por las plantaciones de palma aceitera. Para las poblaciones locales, ello implica la apropiación definitiva de sus territorios tradicionales por parte de las empresas.

Gran parte de esas plantaciones se están instalando en territorios tradicionales indígenas, privando a las poblaciones locales de sus medios de vida y de sus recursos vitales. En Sarawak, el gobierno ha otorgado permisos a empresas plantadoras de palma aceitera en tierras que las poblaciones locales utilizan para sus cultivos, tales como arroz, árboles frutales, hortalizas, pimienta, etc., que constituyen la base de su alimentación. A ello se suma el hecho de que la destrucción de la selva implica la desaparición de una amplia gama de productos utilizados tradicionalmente por la población local. Privados de sus recursos, los pobladores locales son paulatinamente forzados a ceder todos sus derechos sobre las tierras y a convertirse en asalariados de las empresas, ocupando puestos de trabajo estacionales, con bajos salarios y con malas condiciones laborales.

La creciente ocupación de tierras por las empresas plantadoras de palma ha desencadenado una lucha desigual, donde las comunidades locales se resisten a la destrucción de la selva, al despojo de sus tierras y al desconocimiento de sus derechos tradicionales, siendo entonces víctimas de represiones y hostigamiento por parte de las fuerzas del gobierno que actúan en defensa de las empresas.

Las empresas plantadoras de palma y el gobierno son entonces responsables de la promoción de procesos de deforestación y de la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales que pretenden conservar los bosques. Resulta importante denunciar esta situación, ya que muchas de esas mismas empresas se están expandiendo a otros países tropicales donde seguramente van a repetir el mismo patrón de comportamiento. Representantes del gobierno y de empresas de Malasia visitan países como Filipinas, India, Islas Salomón, Nigeria, Guyana, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Honduras y muchos otros, promoviendo este sistema de monocultivos de palma. Nunca mencionan, por supuesto, los graves impactos sociales y ambientales que están generando en su propio país. Y eso es precisamente lo que la gente debe saber y preguntarse: ¿qué puede esperarse de empresas que en su propio país actúan en desmedro de las comunidades y de los ambientes locales? ¿Se comportarán mejor en países extranjeros? Parece muy poco probable. Es dable esperar que también allí actuarán en nombre del "desarrollo", pero obtendrán su rentabilidad a costa de la destrucción del medio ambiente y de la utilización de mano de obra barata. Esa es la hipótesis con la que deberán manejarse las poblaciones locales de los países donde pretendan instalarse, hasta tanto no modifiquen su comportamiento en su propio país.

Papúa Nueva Guinea: la lucha del pueblo indígena Maisin

Papúa Nueva Guinea alberga todavía una de las mayores selvas tropicales del mundo, con altos niveles de biodiversidad. Junto a la política del gobierno respecto a los bosques (que los considera meras fuentes de madera rolliza de exportación) y su connivencia con poderosas compañías madereras, las actividades de las empresas madereras extranjeras constituyen una amenaza para estos ricos ecosistemas y para la gente que allí habita.

Teniendo en cuenta que los bosques constituyen el hogar de millones de indígenas, generalmente son ellos quienes deben enfrentar a los intrusos que, en nombre del "desarrollo" y normalmente con el apoyo implícito o explícito de las autoridades, tratan de quitarles sus tierras y recursos. A menudo a la tala de los bosques le sucede la instalación de monocultivos forestales. Este también es el caso de Papúa Nueva Guinea.

El pueblo indígena Maisin actualmente está luchando por una selva localizada tierra adentro de la costa de una isla del Pacífico en la región oriental del archipiélago de Papúa Nueva Guinea. Tradicionalmente los Maisin han practicado el aclareo de porciones de selva para sus cultivos y se han dedicado a la caza para obtener su dieta proteica. De la selva obtienen también materiales para la construcción, medicinas y agua dulce. "La selva es nuestro medio de vida. Es también la herencia que nuestros ancestros nos han legado" manifiesta Johan Wesley Vaso, uno de los líderes Maisin. Su oponente es una gran compañía malasia que sostiene poseer un contrato de arrendamiento y un permiso válidos para cortar los bosques en la zona y para establecer inmediatamente después una plantación de palma aceitera. La empresa sostiene que esta nueva actividad determinará la creación de muchos puestos de trabajo tanto en el madereo como en la plantación y el mantenimiento del cultivo de palma.

Empero, los habitantes de los bosques no creen en estas falsas promesas de desarrollo económico y bienestar. Ellos prefieren conservar en pie su selva y mantener su economía de pequeña escala, basada en la agricultura tradicional y la caza, y en la venta de nueces, sin perder el control de su tierra y sus medios de vida. Por otra parte, las empresas malasias son bien conocidas por su negativa performance en lo que respecta a los recursos forestales y a los pueblos indígenas que viven en el bosque, no sólo en su propio país (que es el mayor productor mundial de madera tropical) sino también en el extranjero. Su actividad depredatoria en la Amazonia brasileña es quizás el ejemplo más claro de ello.

Puesto que, de acuerdo con la Constitución del país los pueblos indígenas son legalmente dueños de sus territorios tradicionales, los Maisin han iniciado una acción legal contra dicha empresa. El juicio ha llegado a la Alta Corte de Papúa Nueva Guinea y a través de él se ha logrado frenar las actividades de madereo. Si bien el resultado final del proceso puede demorar varios meses, en el transcurso de los cuales habrán de aparecer nuevas dificultades, considerando que los demandantes se han quedado prácticamente sin fondos para financiar los gastos del proceso legal, su exitosa acción ha sido considerada un ejemplo a ser imitado en el futuro por otros pueblos indígenas afectados por este tipo de abusos contra sus derechos ambientales y humanos.
 

En Papúa Nueva Guinea (PNG) al menos el setenta y cinco por ciento de su cobertura boscosa original sigue en pie, ocupando vastas regiones de gran riqueza biológica con un área total de 100.000 millas cuadradas. Sus bosques son el hábitat de más de 200 especies de mamíferos, 20.000 especies de plantas, 1.500 especies de árboles y 750 especies de pájaros, la mitad de las cuales son endémicas de la isla. Se ha estimado que entre el 5 y el 7% de las especies conocidas del mundo vive en PNG. Animales y plantas poco comunes como la orquídea más grande, la mariposa más grande, el lagarto más largo, la paloma más grande y el papagayo más pequeño que hayan sido registrados viven en estos bosques. El bosque también es el hogar de los pueblos indígenas. Pero estos bosques y los pueblos que habitan en ellos están amenazados por las plantaciones de palma aceitera y las actividades de madereo a gran escala.

PNG es el séptimo productor mundial y el tercer exportador de palma aceitera. Coloca casi la totalidad de su producción en Europa. El país ha desarrollado la industria de la palma aceitera en los últimos años, principalmente en la provincia de West New Britain, que es la que lidera la producción de aceite de palma en el país, y es conocida como "la provincia de la palma aceitera".

Al principio, las plantaciones de palma aceitera fueron instrumentadas por compañías en las que el gobierno poseía acciones. Pero actualmente la situación ha cambiado con las crecientes inversiones de compañías chinas, malasias e indonesias en plantaciones de palma aceitera que destruyen los bosques para dar lugar a este monocultivo. Como consecuencia, se está produciendo la apropiación de las tierras de las comunidades locales y también la resistencia de los pobladores a esta actividad. Uno de esos casos es el del pueblo indígena Maisin, que habita el bosque tropical de Papúa Nueva Guinea. Los Maisin iniciaron una acción legal contra una compañía malasia que lograron hacer llegar hasta la Suprema Corte de Papúa Nueva Guinea. La compañía argumentó que poseía derechos de arrendamiento, tanto para desmontar los bosques de los Maisin como para establecer una plantación de palma aceitera. Según la constitución de Papúa Nueva Guinea, los Maisin son los propietarios legales de sus tierras tradicionales. Los Maisin afirman que jamás firmaron la entrega de sus bosques y que la compañía malasia tiene en su poder un contrato de arrendamiento que no es válido con firmas falsificadas. La compañía niega los cargos, pero la Suprema Corte de Papúa New Guinea prohibió la ejecución del proyecto hasta la resolución final del caso.

En vez de promover actividades ambientalmente adecuadas y de beneficio social (como el manejo comunitario de bosques), el gobierno de PNG apoya activamente ese tipo de iniciativas. En abril de este año, el Ministro de Ganadería Muki Taranupi anunció planes de incentivos impositivos para el sector de la palma aceitera, destinados a promover el crecimiento y aumentar la producción. El ministro afirmó que se ofrecerán facilidades fiscales a las plantaciones de palma aceitera y se reducirán los aranceles a las importaciones agrícolas. Añadió que también había dado instrucciones a su ministerio de examinar la posibilidad de reducir los aranceles de importación para equipos e implementos agrícolas, incluyendo fertilizantes.

Es importante destacar que este tipo de actividad, que produce el empobrecimiento de las poblaciones locales (que pierden sus tierras y bosques) y el agotamiento de los recursos biológicos e hídricos, recibe fuerte apoyo gubernamental, mientras que otras actividades social y ambientalmente beneficiosas no lo reciben. En el caso de PNG, las plantaciones de palma aceitera ni siquiera están dirigidas a la producción de aceite comestible para la población local, y casi la totalidad de la producción está orientada a la exportación. Una vez más, las ganancias empresariales y los beneficios macroeconómicos parecen ser más importantes que el sustento de las poblaciones locales y la conservación del medio ambiente.